Ituango, la guerra contra el pueblo

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 77 EN EL 2012)

En las tierras donde se construye Hidroituango, sus pobladores/as se sienten entre la espada y la pared. Han manifestado que se sienten abandonados por el Estado y, cuando éste actúa, lo hace para perseguir y criminalizar. La misma situación generada por los grupos armados, según las comunidades, beneficia al gran capital y asegura el despojo.

 

Entre la espada y la pared
“Prácticamente el 100% de la población de Ituango tiene que ver con el negocio del narcotráfico y con las Farc”. Ésta es la acusación hecha por el fiscal 29 especializado de Medellín, Luis Amin Mosquera Moreno, a raíz de la captura de 9 personas, sindicadas de rebelión y de concierto para delinquir, el 29 de marzo de 2011 en este municipio. De paso, con este argumento, soldados de la brigada XVIII y miembros del CTI de la Fiscalía realizaron recientemente 22 capturas en diferentes veredas y en el casco urbano de Ituango el 26 de agosto de 2012. Pero el juez de control de garantías consideró que no había pruebas sólidas sobre sus presuntos vínculos con las Farc y les concedió la libertad el 3 de septiembre, aunque los mantiene vinculados a la investigación. Los capturados en marzo del año pasado tienen actualmente detención domiciliaria, con permiso para trabajar desde las 6am hasta las 6pm.

Al contrario de los anuncios por parte de la fuerza pública y la Fiscalía, en donde resaltan la efectividad y la contundencia de los operativos contra las Farc, diferentes organizaciones de productores y comerciantes de Ituango, y gran parte de su población, han rechazado tajantemente estas capturas masivas. “No se trata de actores armados ni delincuentes, se trata de gente de bien, gente del pueblo que no hace más que trabajar por sus familias y por sacar el municipio adelante; son campesinos, comerciantes, transportadores, albañiles, mecánicos, electricistas y hasta discapacitados, gentes con sus manos llenas de callos, con sus pieles tostadas por el sol y con marcas del trabajo por todo su cuerpo”. Así lo expresa un comunicado de la Asociación de Comerciantes de Ituango –Ascomi-, con fecha del 26 de agosto de 2012.

Giovanni Arango Lopera, uno de los comerciantes detenidos en marzo del 2011, piensa que las capturas obedecen a una exigencia de resultados, en medio del abandono estatal. “Estamos entre la espada y la pared, porque nos joden desde ambos bandos. Los desmovilizados señalan a diestra y siniestra”. Él, junto a los 8 capturados en aquel marzo, dijo que han sido objeto de señalamiento por parte de una desmovilizada de nombre Beatriz Elena Restrepo. Para su caso particular, Giovanni contó que esta mujer lo ha señalado de ser amigo del “Flaco”, uno de los mandos del frente 18 de las Farc, y de aportarles dinero que ella misma había recogido del almacén donde trabaja Giovanni. Sin embargo, este comerciante se ha cuestionado por qué la desmovilizada ni siquiera recuerda el nombre de quien fue su jefe, además de asegurar que nunca los vio juntos. “Entonces, ¿Por qué dice que era mi amigo?”.

Giovanni también ha cuestionado las pruebas presentadas por la fiscalía, entre ellas las interceptaciones telefónicas, pues lo que ha conocido hasta ahora son las transcripciones de dichas llamadas, pero hasta hoy no ha conocido los audios. Y otra pregunta que le retumba es por qué no tuvo sanción el fiscal, quien hizo mal el escrito de acusación al no incluir a uno de los detenidos. El tribunal de Antioquia, luego de percatarse de esto, hizo que lo agregaran de nuevo.


A la espera del juicio final, Giovanni y los demás aguardan su absolución, para gozar de la libertad, a pesar de las secuelas. Pero con la zozobra y la incertidumbre, no solo Giovanni siente temor de ser capturado de nuevo, pues hay personas que han sido detenidas hasta 3 veces sin aún concluir sus procesos judiciales anteriores. Algunos pobladores manifestaron que en cualquier momento pueden realizar de nuevo las capturas, pues el ejército ha anunciado que hay pendientes 300 detenciones en Ituango.

Hidroituango avanza a la par del despojo
La imagen del progreso con la construcción del más grande proyecto hidroeléctrico del país, Hidroituango, ha quedado en entredicho para los pobladores de los municipios de la zona de influencia. Si bien se había anunciado una mayor dinamización y estímulo de la economía regional, los resultados no son los esperados.

El desplazamiento forzado, la crisis económica en la parte productiva y comercial, la violación constante de los derechos humanos por parte de los actores armados, la persecución estatal, etc., son problemáticas del conflicto armado, denunciadas por diferentes organizaciones populares de este territorio. Esto, según los habitantes de Ituango, sumado al abandono por parte del Estado en sus obligaciones con la población, está beneficiando al gran capital. “El Estado está fijando toda su atención en garantizar las condiciones para la implementación de proyectos mineros y energéticos”, expresó Gonzalo, representante de Ascomi. Según él, en el municipio hay más proyectos energéticos a parte de Hidroituango, como son la construcción de varias microcentrales sobre el río Cauca y hay solicitadas 7mil hectáreas para exploración y explotación minera en el municipio.

Un sector que se ha movilizado por los impactos de Hidroituango es el de la pequeña minería. La comunidad minera del río Cauca acampó desde el 26 de agosto de 2012 hasta el 7 de septiembre en la zona de las obras de Hidroituango y exigió una mesa de diálogo con las Empresas Públicas de Medellín–Epm- (operadora del proyecto) y el gobierno departamental. Los líderes de la movilización denuncian que estas dos instituciones no han atendido los impactos sociales, económicos y ambientales, generados por el proyecto. En el corregimiento El Valle, del municipio de Toledo, epicentro de las protestas, las obras del proyecto estuvieron paradas. También se registraron varios combates en la zona, y los rumores entre la población sobre la infiltración de las Farc en este movimiento fueron desmentidos por sus líderes.

Y es que a la comunidad minera le han prohibido el acceso al río, que es, para la mayoría, su única fuente de ingresos. EPM sólo ha querido reconocer a 150 personas dedicadas a la minería artesanal; en cambio, las asociaciones mineras han hablado de cerca de 1400 personas. EPM ha señalado que este aumento de personas se debe a que han llegado desde otras partes del país “avivatos” que quieren aprovechar las indemnizaciones. Las asociaciones mineras han rechazado estas declaraciones y por ello persisten en que es necesario realizar de nuevo un censo que determine quién realmente pertenece al lugar.

Pero la negativa de EPM persiste. En la más reciente cita entre representantes de las comunidades, el gobierno departamental y EPM, realizada entre el 10 y el 11 de septiembre de 2012 en la ciudad de Medellín, las/os líderes aspiraban concretar unas garantías para la negociación y de allí empezar a definir los puntos de discusión y su respectiva metodología; pero EPM nunca asistió. Aunque el levantamiento del paro estuvo motivado en parte por la falta de condiciones de seguridad, ya que dos días antes se presentaron combates en la zona del campamento minero, las mismas comunidades mineras aseguraron que están preparadas para salir de nuevo a movilizarse si no se avanza en acuerdos con EPM.

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