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¿Cuáles son las razones del Paro Nacional de este 25 de abril?

Por Oficina de Prensa Congreso de los Pueblos

 

Organizaciones sociales y políticas de Colombia anunciaron jornadas de movilización y Paro nacional para este 25 de abril. Dicho paro, planeado desde el Encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas realizado el pasado mes de febrero, se plantea como la continuidad de las movilizaciones sociales que iniciaron el año pasado con las protestas estudiantiles, y que tuvieron un segundo momento con la Minga del Suroccidente de abril.

Sin embargo, este paro, según expresaron las organizaciones convocantes durante rueda de prensa, busca poner de manifiesto el descontento por las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, así como por el creciente asesinato y judicialización a líderes sociales, y por el incumplimiento de los acuerdos pactados desde años anteriores con las organizaciones sociales.

Algunos puntos problemáticos del Plan Nacional de Desarrollo

Según Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, uno de los puntos problemáticos en el Plan Nacional de Desarrollo “es el fortalecimiento de un modelo económico basado en el extractivismo y sus implicaciones para el campesinado. El sector minero-energético es el tercer sector que más inversión tendría en el PND, con 122,5 billones, con lo que se desconoce la necesidad que tiene el país de hacer una transición energética. Artículos como el 18, que avala la licencia minera exprés de 30 días, dan cuenta del afán por profundizar el modelo extractivista sin medir los daños sociales y ambientales”.

A esto se suma el aparente desinterés del Gobierno por el campesinado al nombrarlo como trabajador rural, y por no haber incluido las propuestas presentadas por este sector en el “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”. Así mismo, en contraste con el presupuesto destinado para el sector minero-energético, para el agro se destinaron 21 billones de pesos.

Otro de los puntos polémicos del Plan Nacional de Desarrollo, según manifestaron las centrales obreras y organizaciones de pensionados, es el recorte a los derechos sociales, específicamente para el caso de la salud y pensiones. “Nos preocupa la reforma laboral contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, porque elimina el contrato laboral como se conoce en Colombia, y elimina el salario mínimo con la formulación de contratación por horas, por lo que es un ataque directo a las convenciones colectivas”, manifestó Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.

Por su parte, Jhon Jairo Díaz, vocero de la Confederación Democrática de Pensionados, manifestó que los pensionados se movilizan este 25 de abril “para rechazar la reforma pensional disimulada que ha propuesto el Gobierno en el PND, que ahora no la llama reforma pensional sino protección a la vejez, para garantizar pensiones por debajo del salario mínimo en el futuro, y llevar a los pensionados a la miseria absoluta. Hay que ponerle cuidado a los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, pues dicen que con estos se superaría la pobreza en adultos mayores en el país, como si con un fondo de 120 mil pesos fueran a resolver la problemática de la miseria”.

Frente al Plan Nacional de Desarrollo, otras de las preocupaciones que mencionaron las organizaciones convocantes al Paro Nacional, tienen que ver con el enfoque que se le dará a la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno nacional y las Farc-Ep, pues desconoce el conflicto armado colombiano, y en ese sentido lo pactado por el Estado y dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2016, como lo es el “Pacto por la construcción de la paz” que no tiene asignación en el plan de inversiones.

La vida y libertad de los líderes sociales

El programa Somos Defensores, en su más reciente informe titulado “La naranja mecánica”, denunció que en 2018 incrementaron en un 43.7% las agresiones a líderes sociales, comparado con el año 2017, para un total de 805 agresiones, de las cuales 155 son asesinatos. Por su parte, organizaciones como la Cumbre Agraria han denunciado que en los dos últimos años alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados. A esto se suman las denuncias del Congreso de los Pueblos de una creciente judicialización y estigmatización a los líderes sociales, en especial de esta organización, con aproximadamente 100 casos en departamentos o regiones como Casanare, Sur de Bolívar, Suroccidente, Antioquia y Bogotá.

En ese sentido, el Congreso de los Pueblos manifestó que “es necesario movilizarse para exigirle al Estado genocida y a la comunidad internacional las garantías que se requieran para impedir la muerte de un solo líder o lideresa en Colombia, y para acabar con la persecución, la criminalización de la lucha social y la judicialización de sus líderes”. Es por eso que en el marco de las jornadas de movilización, también están impulsando el Refugio Humanitario por la vida y libertad de los líderes y lideresas sociales, que se realizará en Bogotá del 28 al 2 de mayo, con la participación de más de 3000 líderes de todo el país.

Acuerdos incumplidos

Otro de los temas importantes que motivan el Paro Nacional es la exigencia al Gobierno para que cumpla los acuerdos que desde años atrás ha pactado con las organizaciones sociales y políticas. Es el caso de los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria tras las movilizaciones del 2014 y 2016, que según Eduardo León, vocero del Congreso de los Pueblos en esta organización, incluye puntos como la creación de un decreto para reconocer otras figuras territoriales campesinas y los derechos del campesinado en Colombia, y que el Dane incluyera la categoría campesinado en el Censo como primer paso para esto; la consulta sobre la reforma a la ley 160 para el tema de tierras; el principio de anualidad respecto a la financiación de proyectos productivos a través del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura; la financiación del Diálogo Nacional Minero-energético, que solo se financió en una primera etapa incumpliendo el acuerdo presupuestal; la creación de la comisión mixta para la revisión de licencias ambientales de los proyectos minero-energéticos, entre otros.

En el caso de FECODE, los incumplimientos tiene que ver con una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, la modificación del modelo de prestación de servicio de salud, en cuanto a calidad y cobertura, y la reforma educativa pública y de calidad, entre otros puntos.

Además de todo lo anterior, las organizaciones que convocan al paro mencionaron que la movilización de este 25 de abril también busca exigirle al Gobierno que reactive los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que cumpla lo pactado con las FARC, y que pare la agresión política y militar contra Venezuela.

 

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