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De tanto en tanto las negociaciones del gobierno con las FARC entran en crisis, casi siempre por las mismas razones: alguna acción militar de la insurgencia contra el Ejército que merodea y ha jurado combatirlas mientras no entreguen las armas. Entonces los medios masivos de comunicación multiplican la voz de la derecha recalcitrante para manipular el sentimiento nacionalista de algunos sectores del país y demandar del gobierno un rompimiento del proceso o endurecimiento de las condiciones. No obstante, con toda la alharaca mediática que busca reducir el proceso de negociaciones a una simple desmovilización de la insurgencia, parece que esta vez las negociaciones llegarán hasta el final, no tanto por la voluntad del gobierno, sino porque lo exige la comunidad interna-cional, acaso en favor de las multinacionales que demandan condiciones más tranquilas para terminar de saquear este país.

 

Lo que pasó con los informes de la Comisión Histórica del Conflicto es una señal del rumbo que la élite de este país, apoyada en sus intelectuales, periodistas y medios de comunicación quiere darle al proceso de paz y al posconflicto. La idea es que los guerrilleros se desmovilicen, sin que el Estado y los empresarios  se tengan que incomodar siquiera un poco, sin que tengan que reconocer ninguna responsabilidad en esta negra noche que ha vivido Colombia ni pagar nada por ello. Eso mismo parece estarse jugando hoy con la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad.

 

El gobierno empezó por acomodar en la Comisión la mitad de sus integrantes con la función de exculpar al Estado y a los empresarios de su responsabilidad en esta la guerra. Cuando la calidad de dichos informes mostró la flojera intelectual de sus autores, éste optó por manipular las relatorías que daban cuenta de los informes y los debates. Particularmente lo hizo así el relator Eduardo Pizarro León Gómez, desconociendo las observaciones de Renán Vega Cantor y desestimando los puntos centrales de su informe, anteponiéndole el informe de otros autores como si fueran suficientes para refutarlo.

El 9 de marzo de 2015, Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, firmó una orden en la que declaró a su país en “emergencia nacional” debido a que Venezuela representa “una inusual y extraordinaria amenaza a la Seguridad Nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”. No es la primera vez, y tampoco será la última, en que los Estados Unidos declaran como un peligro para su seguridad al gobierno de un país de nuestra América, y todas las veces en que eso ha sucedido, el país acusado ha sido sometido a brutales intervenciones militares, saboteos, asfixia económica, guerra interna y/o golpes de Estado. Por esta declaración de guerra –porque en el fondo es eso lo que acaba de determinar el Premio Nobel de la Paz (sic) Barack Obama– resulta necesario recordar dos de los dramáticos momentos que han vivido países de América Latina, luego de ser considerados como “peligrosos” para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Con frecuencia se considera que entre más información consumimos sobre un tema, más nos acercamos a la realidad de los acontecimientos, sin embargo, este exceso de consumo envuelve, satura, paraliza y provoca impotencia. Por eso el oligopolio informativo dominante marca una agenda común y un ritmo abrumador a los medios hegemónicos e incluso a los alternativos. Un ejemplo claro de ello es la forma como se presenta el fenómeno ISIS (Estado Islámico de Irak y Siria  por sus siglas en inglés) en los grandes medios de comunicación.

En Colombia el 32% de la población vive en el campo y su calidad de vida es inferior a la de quienes viven en sectores urbanos. Pese a ello, son los pequeños productores rurales en condiciones de gran vulnerabilidad, los que aportan cerca del 70% de los alimentos que aún se consumen en nuestro país. Aunque esto es muy importante para la seguridad y soberanía alimentaria nacional, cada vez es menor el área cultivada por los pequeños campesinos así como la proporción de alimentos producidos a nivel local. En parte por la importación de alimentos al país (más de 10 millones de toneladas), pero también por la concentración y especialización de los espacios productivos orientados a la exportación (café, frutales, bananos, palma, flores).

En Colombia las estadísticas oficiales de muertes por el conflicto social y armado que ha padecido nuestro país por más de 50 años, y las que pone la delincuencia común, opacan las producidas por una guerra económica que se nos aparece como silenciosa, pero no menos devastadora: la del hambre. En el periodo del 2009 al 2014, según el Instituto Nacional de Salud, cerca de 240 niños menores de 5 años han muerto en nuestro país por causas de desnutrición; y en enero de este año se reportó que seis familias habrían enterrado a sus hijos a causa del hambre, tres de ellos no habían cumplido siquiera un año y los otros tres tenían entre 12 y 15 años. Las tasas más altas de desnutrición se presentan en los departamentos de la Guajira, Córdoba, Magdalena, Risaralda, Nariño, Meta y Vaupés, la mayoría regiones que se han caracterizado, además, por tener altos niveles de pobreza.

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