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“Trujillo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”

Palabras de Cordell Hull, Secretario de los Estados Unidos, hablando  del dictador de República Dominicana.

 

El título principal de este artículo puede parecer de entrada como injurioso y fuera de tono, pero adquiere sentido porque parafrasea lo dicho por altos funcionarios de los Estados Unidos en varias ocasiones cuando se referían en conciliábulos privados a algunos dictadores de América Latina que ellos patrocinaban. Quien originalmente pronunció la palabra “hijo de puta” para referirse a uno de los dictadores apoyados por Washington fue Cordell Hull, en 1938. Después la repitió el mismísimo presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt para referirse al dictador de Nicaragua Anastasio Somoza a quien también considero como “nuestro hijo de puta”. Esta última referencia es la que más se suele citar, porque apareció en un número de la Revista Time de 1948. La palabra soez se usaba para señalar la verdadera catadura criminal de los dictadores apoyados por Washington, algo que al final poco interesaba en la medida en que ellos fueran sumisos e incondicionales a los Estados Unidos. Que esos dictadores mataran, torturan, desaparecieron a miles de personas en sus respectivos países, poco le interesaba a Estados Unidos, siempre y cuando no fueran a tocar los intereses del capital estadounidense. Traducida la afirmación sobre los dictadores quería decir: sí, son asesinos y criminales, pero nos sirven y los necesitamos, y por eso si hay que matar y torturar para mantener incólumes nuestros intereses, poco importan esos métodos tan poco refinados. Y para camuflarlos un poco, y que no salpicaran sangre hasta el territorio de los Estados Unidos, a esos dictadores se les calificaba por parte de políticos y medios de desinformación en Estados Unidos, como campeones de la libertad y amigos del mundo libre.

El término ofensivo, sobre todo con las pobres madres de los dictadores Rafael Trujillo y Anastasio Somoza, ha vuelto a cobrar actualidad en estos días, pero en un sentido diferente, en términos geográficos y políticos, a raíz de la absolución que se le hizo a Donald Trump en el segundo juicio político, relámpago por lo demás, que se le hizo en el Senado de los Estados Unidos, para juzgarlo por la toma del Capitolio el 6 de enero de este año. 

Algunos liberales, admiradores de Estados Unidos y que son ignorantes, ingenuos o cándidos, que tanto han aplaudido la ida de Donald Trump de la Casa Blanca y elogian a su nuevo inquilino, Joe Biden (el “bonachón” que bombardea), se hacen cruces de incredulidad al enterarse del resultado de ese juicio relámpago y comprobar que Trump ha salido indemne, a pesar de que haya sido promotor de un intento de golpe de Estado, para perpetuarse en el poder, y que dejó un saldo fatal de cinco muertos.

Las preguntas más bien son otras: ¿De qué se sorprenden? ¿Acaso creían que a Trump lo iban a acusar de ser golpista, lo iban a sentenciar a cadena perpetua o a la pena capital y de forma inmediata lo iban a encarcelar? Si Estados Unidos nunca ha hecho eso con los dictadores que ha fabricado mientras le son útiles, mucho menos lo iba a hacer con uno de los suyos. Si el Congreso de los Estados Unidos hubiera condenado a un golpista, hubiera roto con la tradición que forma parte de los principios centrales de la política exterior de los Estados Unidos: apoyar a cuanto hijo de puta le sirva al American way of life, un axioma, tanto “teórico” como sobre todo práctico, que ha caracterizado la actuación de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX en el mundo y particularmente en América Latina.

Recordemos que en listado interminable de golpes de Estado y de dictadores que Estados Unidos ha patrocinado se encuentran criminales de la talla de los ya nombrados Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza, a los cuales hay que agregar Augusto Pinochet (Chile), Jorge Rafael Videla (Argentina), Efraín Ríos Montt (Guatemala), Maximiliano Hernández Martínez (Salvador), Tiburcio Carias (Honduras),  François Duvalier (Haití), Alfredo Stroessner (Paraguay)Ferdinand Marcos (Filipinas), Hahi Moamaed Suharto (Indonesia), Mobuto Sese Seko (Zaire) y una interminable cadena de otros hijos de mala madre del imperio, a lo largo y ancho del mundo, cuya lista es tan larga que se requieren muchas páginas para mencionarlos.

La novedad “politologica” del caso de Donald Trump no es que Estados Unidos tenga hijos malnacidos en casa, porque la casi totalidad de los presidentes y altos funcionarios de ese país lo son, sin duda alguna, sino que ahora uno de ellos se haya atrevido a atentar contra ellos mismos. Es decir, el gran crimen de Trump no radica en los múltiples crímenes que realizó fuera de los Estados Unidos, algo que es perfectamente normal en cualquier presidente de ese país, sino en que se haya realizado en casa lo que se hace y aplaude en el exterior. Al respecto, resulta diciente y cínico que Nancy Pelosi, del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, una de las más beligerantes contra Donald Trump por su intento del golpe en el Capitolio, sea la misma que aplaudió a rabiar y recibió personalmente al golpista venezolano Juan Guaidó, otro hijo de puta Made in USA.  (Ver fotos).

Aunque no se le perdone a Donald Trump por lo que hizo el 6 de enero, esto tampoco podía llevar al Parlamento de Estados Unidos ‒una institución criminal, untada de sangre del resto del mundo, hasta los tuétanos‒ al peligroso extremo de condenarlo. Eso sería sentar un precedente funesto y de alguna forma cerrar las puertas a que futuros golpes de Estado, en los que se encuentre la mano asesina de Washington, salieran deslegitimados de antemano y alguien se atreviera a juzgar a los golpistas. No, no se puede abrir la Caja de Pandora, con una condena judicial a un golpista, que ha sido presidente de Estados Unidos. No, ahora hay que proceder en el ámbito doméstico de la política de Estados Unidos, como se ha hecho con los golpistas y dictadores que manufactura Estados Unidos en el exterior (y Juan Guaidó es uno de los últimos), decir en voz baja que es un malnacido, pero afirmar en publico que es un demócrata, un genuino luchador por la libertad, un combatiente por la justicia y mil mentiras por el estilo.

Por eso, más bien hay que decir en adelante que Donald Trump, como lo deben murmurar políticos, periodistas y académicos del establecimiento en los Estados Unidos, es “un hijo de puta, pero al fin y al cabo es nuestro hijo de puta”.

 

 

 

La historia de la infamia vol 2021

En la  tarde en que la mujeres en medio de una pandemia donde se han agudizado las múltiples violencias que vivimos diariamente, salimos en juntanza a tomarnos las calles, si, en la Marcha del 8 marzo día donde no celebramos nada, sino que reivindicamos las luchas de las mujeres,  si, en la marcha del 8 de marzo, nos juntamos, sin dinero para convocar, sin el poder de los “medios de comunicación”, sin el poder político de las estructuras verticales que obligan a sus cuadros a llenar las marchas, en medio de una pandemia donde nos condenan a aislarnos en nuestras casas – para muchas su campo de batalla-,  si, salimos a denunciar que hemos sido asesinadas, violadas, golpeadas, maltratadas,  abusadas en casa, empobrecidas  y fragmentadas. La tarde en que salimos a luchar las voces de la godarria y la ética del Sagrado Corazón de Jesús, salen a condenarnos, negando las arengas, la solidaridad, los gritos que nos salen de nuestras cuerpas y nuestros corazones que se han roto múltiples veces, negaron a las mujeres reunidas cantando y haciendo un homenaje a las mujeres que han matado, negaron la #Emergencianacionalporfeminicidios, negaron a la compañera que hizo arte con nuestros cabellos en un oficio predominantemente masculino, están negando lo más importante que son las razones, y como siempre las han negado, pues hoy no tenemos miedo a sus acusaciones.

 

Hoy  salen a condenarnos, en todas las redes sociales, nos bombardean con publicaciones de más de l400 comentarios  juzgándonos, y lo que emerge es una pregunta:  ¿en serio?, ¿después de siglos de violencias? –porque si, somos histéricas e históricas,- y por esos salimos a la calle, porque no hemos olvidado, no olvidamos a Rosa Elvira Celis, ni a Yuliana Samboní, ni las niñas indígenas violadas por militares, no olvidamos la mujer tirada en la cuneta, ni a la policía que su compañero de vida - un  militar-  mato, somos históricas y por eso decidimos tomarnos la calle, esa misma calle que por años se nos ha sido negada con prejuicios, miedos y violencias. ¿Nos están condenando?, ¿nos condenan con la bendición de la Santa Inquisición?, con la historia de genocidios en la época de la Colonia, la pederastia, abusos y negación de las mujeres en una institución que ha perpetuado, socializado, propagado e impuesto a través de la muerte  la ideología patriarcal?, esa misma ideología de dominación que lleva la vida de las mujeres y de la Pachamama a la destrucción. Nos están condenando desde una institución que ha condenado a niñas a ser madres sin importar si han sido violadas; solo porque creen desde su moralidad que nuestro cuerpo le pertenece, ¿nos están condenando desde una institución de pederastas?, ¿en serio?. ¿Nos están condenando por las paredes de una institución que mató en hogueras a las mujeres sabias curanderas?, que quemó, marcó, expulsó y reprimió a mujeres por disfrutar de sus cuerpos.  

 

¿Nos están condenando desde la “autoridad” de un gobierno municipal que en plena pandemia infló los precios de los mercados que repartió como “ayuda humanitaria” ?, que repintaron sin necesidad los espacios públicos de azul para imponer su simbología de derecha y así representar su dominio macabro sobre un territorio que tiene de las tazas más altas de desempleo y de informalidad del país. Si, hemos  estudiado, leído y sobretodo VIVIDO, hemos vivido las violencias en nuestras mentes y nuestras cuerpas, han venido de tantos lados que llenaríamos todas las paredes de la alcaldía o de la iglesia registrándolas, SOMOS NOSOTRAS MISMAS y nos ha costado muchas batallas, por eso, si querían desde su PODER condenarnos, juzgarnos y callarnos, pierden su tiempo, ¿nos han escuchado?, lo hemos cantado múltiples veces: “nos  sembraron miedo, nos crecieron alas” y somos hermanas, ya no somos rivales como ustedes querían, nos tenemos unas a las otras y en manada somos más fuertes, así que NUNCA MAS tendrán la comodidad de Nuestro Silencio.

 

El 15 y 16 de diciembre la Fiscalía realizó detenciones arbitrarias contra los líderes agrarios Teofilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, todos integrantes del Coordinador Nacional Agrario, agremiación de carácter nacional que lucha por una reforma agraria integral, alternativas a la crisis ambiental de los territorios, el rescate de la cultura campesina, y el tránsito hacia la paz por medio de garantías democráticas a la oposición.

Los dirigentes campesinos son voceros nacionales de procesos como Congreso de los Pueblos y Cumbre Agraria, también participaron en las diversas movilizaciones que reivindicaban los derechos humanos, económicos, ambientales, culturales y políticos para los campesinos. La labor de los tres es reconocida a nivel nacional. Teofilo Acuña, por ejemplo, desde el año 2006 participó activamente de las caravanas por la vida en el río Magdalena, después de las masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y torturas que cometieron el paramilitarismo, actores del Estado colombiano y los agroindustriales en la ciudad de Barrancabermeja, y municipios como Puerto Wilches, Canta Gallo, Santa Rosa y en general en la Serranía de San Lucas.


Los tres destacan por participar en las mesas de negociación con el Estado en el año 2013, luego de las movilizaciones del paro nacional agrario. Ellos, junto a otras colectividades e identidades políticas, asumieron la tarea de reivindicar soluciones de corto, mediano y largo plazo a la crisis del campo, y de los sectores más excluidos: indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Lo grave de este tipo de detenciones y montajes judiciales, es que hacen parte de una política de Estado que pretende criminalizar, desarticular e intimidar a las organizaciones sociales de oposición, estudiantes, sindicalistas, campesinos y otros líderes sociales han sido víctimas de esta estrategia. En diversos informes se enuncia que en Colombia existen aproximadamente 10.000 presos políticos o de conciencia, 10 millones de víctimas del conflicto armado, 250 ex combatientes de las FARC asesinados, 86 masacres cometidas este año, más el asesinato de 287 líderes sociales. Todo ello hace parte de la radiografiara de la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que ha impedido la consolidación de la paz, la apertura democrática y la consolidación del Estado de Derecho.


La estigmatización, montajes judiciales y persecución política contra los líderes sociales ha quedado en envidencia en casos recientes como el de Julián Gil, líder juvenil del Congreso de los Pueblos quien fue otro "falso positivo judicial", vinculado a hechos de rebelión; de igual manera sucedió con los jóvenes estudiantes universitarios del llamado “atentado al Andino”, y montajes judiciales contra maestros como el profesor Miguel Ángel Beltrán. Todos han sido puestos en libertad después de largos procesos de defensa, que han demostrado que los cargos carecen de fundamento, se basan en la persecución política y buscan amedrentar a las organizaciones sociales.


Desde el año 2018 han aumentado las violaciones a los derechos humanos, la no garantía del derecho a vivir en paz en los territorios y un flagrante ascenso de actores armados paramilitares que buscan consolidar un sistema político autoritario. Es de vital importancia que las organizaciones sociales internacionales visibilicen estas problemáticas, sean solidarias buscando las garantías a los derechos humanos y comprendan que aún en el país hay sectores de extrema derecha que desean minar la posibilidad de generar una transformación política para el pueblo colombiano.

Con las botas puestas

Este contenido hace parte de #HablemosDeConsumidoresDeDrogas, una conversación promovida por @MutanteOrg, que busca hablar, comprender y actuar frente a las violencias sufridas por los consumidores de drogas en la historia reciente colombiana. Es también un proyecto producido gracias al apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo.

 

Texto: Juan Camilo Gallego Castro

Ilustración: María Duque

23 de agosto de 2004. Lunes.

Reinel se ríe en la cocina mientras escucha a un hombre que pregunta por él a su hermana Gladys.

¿Dónde está el Pájaro?

Espere muchacho, yo miro si vino a amanecer.

Reinel suelta el pegante de su boca y se ríe. El hombre lo ve debajo de la mesa.

No no no, muchacha, ya lo encontré.

Luego sabrán que le dicen Chacho al hombre que toma de un brazo a Reinel y le dice que lo necesita para descargar unas llantas. 

Salen por el patio de la casa, entre alambres de púas. Reinel mira hacia atrás por última vez. Está su hermana Gladys. Ella piensa que quiere decirle algo. Lo ve cruzar el potrero, a las 6:15 a.m., con los pies descalzos, y saber que él siempre cantaba que moriría con las botas puestas, como dice la canción de los Ángeles del Infierno.

Con las botas puestas.

*** 

Tómese el último tinto, Pajarito le dice Chacho a Reinel al entrar a una cafetería.

Una tía de Reinel sale a buscarlo y lo encuentra a media cuadra. Se acerca al negocio y disimula tocar la puerta de otra casa. Se miran. Él levanta una de sus manos y le dice adiós. Ella llora de inmediato y comprende que no lo verá de nuevo. 

Salen sin pagar de la cafetería y el dueño reclama. Chacho le dice a un vigilante que pague por ellos. Se dan cuenta que Chacho es uno de los paramilitares del pueblo, en La Ceja, Antioquia, a unos 42 kilómetros de Medellín

A Reinel lo ven marcharse descalzo y amarrado. Lo ven perderse en una camioneta oscura. 

*** 

Mija, ¿dónde está mi muchacho? le pregunta a Gladys su mamá, postrada en la cama, enferma de cáncer.

Amá, está jugando por ahí fútbol.

Mija, ¿dónde está mi muchacho? insiste más tarde.

Amá, está lavando un carro.

Han pasado dos días y Reinel no regresa a casa. A Gladys le dicen que lo vieron en la cafetería, que lo vieron por el barrio Payuco, en la salida al corregimiento San José,  donde los paramilitares del Bloque Héroes de Granada tienen su base. Que lo tienen los paracos, que lo tiene Cachama, que lo tiene Polocho, que lo tiene Jhon.

Mija, búsqueme mi muchacho suplica la madre al saber que se llevaron a su hijo.

Gladys toma una bicicleta y busca a Reinel en los caños, en las calles, en el hospital. En la cantina donde atiende, van Cachama, Polocho y Jhon, los duros del pueblo. Qué iba a saber que ese relato de muertos y desaparecidos que les escuchaba entre tragos también puede incluir a su hermano. 

Sale de La Ceja en bicicleta en la dirección en la que vieron la camioneta oscura, y la carretera se empina. La vía se extiende 43 kilómetros hasta Abejorral —otro pueblo de la región— pero se detiene en los primeros kilómetros, en un sitio que llaman Rancho triste, no cree que Reinel haya ido muy lejos. Ahí está el comandante Jhon, el jefe del grupo..

Pájara, ¿usted que hace por acá? Usted se está metiendo en terreno ajeno.

Jhon, estoy buscando a mi hermano porque mi mamá se está muriendo también sin saber dónde está. 

Pájara, tranquila, que nosotros se lo vamos a mandar.

*** 

Aló, ¿está Claudia? pregunta Dragón por teléfono. 

Claudia, la prima de Reinel, toma la bocina. 

¿Ya apareció el Pájaro? pregunta el paramilitar.

No. ¿Usted por qué sabe mi nombre, por qué me está llamando?

El hombre se ríe y cuelga.

Llama tres veces por día durante tres días. ¿Ya apareció el Pájaro? ¿Ya apareció el Pájaro? ¿Ya apareció el Pájaro?

Gladys y Claudia más se angustian. Un conductor cercano a la familia les dice el sábado, cinco días después de la desaparición, que en su viaje a Abejorral supo que el Ejército presentó dos guerrilleros muertos. 

¿Cómo que guerrillero? le contesta Gladys por teléfono, si el Pájaro no es guerrillero. 

Les sugiere que llamen al comando de Policía para que averigüen. Ese no es nuestro hermano, se dice Gladys. Aun así llama al final de la tarde, al otro lado de la línea alguien le escucha la historia: Reinel, la búsqueda, los paramilitares. El policía pregunta por sus características.

Él tiene 24 años, es flaco, mide 1.75, es mono, tiene varios tatuajes: un indio piel roja, su nombre y el apodo.

Mona, según parece, sí es, porque el que teníamos acá en Abejorral decía Reinel y en la otra mano decía Pájaro, los tatuajes que usted dice que tenía ese muchacho. Pero ese cuerpo ya se lo llevaron para Rionegro. 

*** 

Si a Reinel se lo llevaron los paramilitares, cómo es que el Ejército termina con él y lo presenta como guerrillero, se pregunta Gladys. No entiende qué pasó en esa semana. 

¿Guerrillero? Si Reinel no sale del barrio Fátima, si está consumiendo pegante y marihuana desde hace varios años, si está bien flaco, si se mantiene trabado, si ya ni se baña ni trabaja.

Gladys lo comprenderá con el tiempo cuando un abogado le diga que lo de su hermano fue un falso positivo. Esa práctica en la que los militares asesinan a sus víctimas y las presentan como guerrilleros muertos en combate, los visten con prendas militares, les dejan armas de fuego y material de intendencia para simular un combate.

El informe La responsabilidad del hombre de atrás en ejecuciones extrajudiciales habla de la manipulación generalizada de la escena del crimen, la adulteración de las evidencias y el despojo de la identidad de las víctimas; el traslado de los cuerpos a los cascos urbanos de los municipios, no precisamente donde ocurrieron los hechos. 

En el oriente de Antioquia, hubo 97 ejecuciones extrajudiciales en menos de un año, entre el 17 de diciembre de 2003 y el 27 de noviembre de 2004. Entre esas víctimas estaban nueve menores de edad, siete mujeres y 90 hombres, como Reinel. De todas estas, 18 aún no han sido identificadas, por lo que a esto se le suma otro delito: la desaparición forzada.

Los responsables de esas muertes, según este informe, fueron varios batallones de la Cuarta Brigada:  Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), Grupo de Caballería Mecanizada No. 4 “Juan del Corral”, Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro Nel Ospina, Batallón de contraguerrilla Granaderos No. 4-BCG04-, Batallón Especial Energético y Vial No. 4 BG Jaime Polanía Puyo, y el Gaula Oriente.

Pero volviendo a esa semana de agosto de 2004, Gladys no sabe por qué mataron a su hermano, sigue pensando por qué lo llamaron guerrillero, por qué terminó en Abejorral, por qué le quitaron la vida. 

Gladys madruga el domingo y recorre 18 kilómetros hasta Rionegro, el municipio más grande e importante de esa región. Le dicen que vaya al día siguiente, que el médico forense está descansando, que no la puede atender la Fiscalía ni Medicina Legal. Vuelve, entonces es 30 de agosto, ocho días desde que Reinel desapareció. 

La acompaña su prima Claudia. Piden un permiso en Fiscalía y luego van a Medicina Legal, en donde les muestran un libro donde están las fotografías de las personas sin identificar. Lo primero que nota Claudia es que Reinel ya no tiene cabello, está a ras. El médico le explica que cuando lo recibió vio que le habían cortado el cabello con una cuchilla, por eso las cortadas, las líneas rojas que vio en su cabeza. Reinel no tenía uñas, Reinel recibió un disparo que por poco le desprende un brazo, Reinel tenía una cortada en el cuello, Reinel tenía marcas de ácido en su cuerpo. 

El cuerpo de Reinel, les dicen, fue torturado. El protocolo de necropsia dice que tenía heridas en todo su cuerpo y que le dispararon a una distancia de un metro y veinte centímetros.

Su cuerpo, como el del otro supuesto guerrillero, los ubicaron en dos bóvedas del cementerio de Rionegro marcados como NN. 

Desde que el gobierno de Álvaro Uribe inició en 2003 la Operación Marcial en el oriente de Antioquia para acabar con las guerrillas Farc y ELN, no han parado de llover cuerpos que traen los helicópteros del Ejército hasta ese cementerio. Monseñor Adolfo Duque le pide al Ejército que dejen de llevarles los cuerpos de los supuestos guerrilleros muertos en combate que llegan desde pueblos como Sonsón, San Francisco o Granada, pues en el último año ha tenido que trasladar parte de esos cuerpos hasta el cementerio de San Antonio de Pereira, también en Rionegro. 

En el cementerio municipal hoy, tres lustros después, están los cuerpos de 165 personas sin identificar y el de dos personas identificadas que no fueron reclamadas. Entre tanta tragedia, a lo mejor es una fortuna encontrar a Reinel en ese cementerio el 30 de agosto de 2004, exhumarlo y trasladarlo hasta la bóveda 104 del cementerio de La Ceja, el pueblo del que se lo llevaron descalzo.

*** 

Han pasado 16 años. Gladys dice ahora que 2004 fue el peor año de su vida. El peor.

El cuerpo de Reinel lo enterraron en el cementerio del pueblo y al día siguiente hicieron una misa. Su papá, el que los abandonó siendo adolescentes, desapareció en una creciente del río Arma, que desemboca en el río Cauca, cuando iba de camino al entierro de su hijo. 

La mamá de Reinel dejó de comer, renunció a vivir, se resignó a llorar la ausencia de su muchacho. Al final, el cáncer la venció y en octubre de ese año, un par de meses después del entierro de su hijo, la familia regresó al cementerio a juntar en la misma bóveda los restos de Reinel, su mamá y su abuela. 

*** 

El informe elaborado por el Sargento Viceprimero Pedro Tobías Apolinar Guevara describe la supuesta muerte en combate de dos personas. Dice que el 27 de agosto de 2004 hubo un enfrentamiento entre una tropa del Grupo de Caballería Mecanizado No 4 "Juan del Corral” de Rionegro, al mando del teniente Juan Pablo Hurtado Mariño, y el Bloque Héroes de Granada en la vereda El Morrón de La Ceja. Que dieron de baja a dos personas. Uno de ellos identificado como Reinel de Jesús Osorio Ríos y el otro, apodado como Currulao. Que se les incautó “un fusil AK 47, 11 cartuchos calibre 7.39 mm, 52 cartuchos calibre 5.56, 7 proveedores para fusil AK 47, una escopeta de repetición charanga 12mm Nro.1009898, 2 cartuchos, calibre 12mm, 1 granada tipo piña, 2 minas antipersonal, 1 brazalete AUC "Héroes de Granada” y equipo de compañía".

Pero en 2008 y 2010, ante los fiscales de Justicia y Paz, varios ex paramilitares dijeron que entregaron sus víctimas al Ejército y que este luego las asesinó y las presentó como “positivos”. 

Jhon Mario Cardona Rico reconoció que él era Chacho, el que se llevó con engaños a Reinel. Fue condenado a 18 años de cárcel.

Edwin Yamit Alzate Correa, conocido como Cachama o Monaín, dijo que ese día en la noche lo llevaron a una casa abandonada en la vereda La Loma, en donde lo mantuvieron amarrado y vigilado. Fue condenado a 18 años de cárcel.

Luis Alfonso Sotelo Martínez, alias John, dijo que ordenó la muerte de Reinel y Currulao, quien había sido miembro de su grupo. Fue condenado a 24 años de cárcel.

Julián Esteban Rendón, alias Polocho, y alias Javier, entregaron al Ejército a Reinel y Currulao. Polocho contó que las personas que le entregaban a los militares eran del barrio Obreros de Cristo, conocido como Palenque, uno de los más pobres y con más drogadictos del pueblo, por eso justificaban la captura y desaparición de los “desviados”, como homosexuales y drogadictos. 

En la sentencia del Bloque Héroes de Granada uno de los paramilitares dice que “la orden mía era hacer limpieza, cinco o seis diarios”. Por eso la sentencia del Tribunal Superior de Medellín concluye que los miembros de ese grupo asesinaron indiscriminadamente “a personas con base en señalamientos sociales que los tildaban de colaboradores de la guerrilla, consumidores de estupefacientes, de haber cometido hurtos u otra clase de relatos”, por lo que “sentenciaban” a sus víctimas a morir. 

Reinel encajaba en ese perfil. Fátima, el barrio en el creció, es uno de los más humildes del pueblo y donde también asesinaron a varias personas por consumir droga, entre ellos tres amigos que consumían pegante. Razón tiene Walter, un amigo del barrio, cuando dice que en Fátima “siempre ha habido consumidorcitos”, además porque el expendio de drogas del pueblo, Palenque, estaba a tres cuadras.

Cuando internaron a Reinel en Medellín en 2002 para que dejara la droga ya era tarde. Al día siguiente apareció en La Ceja y le dijo a la familia que él no estaba loco como para que lo encerraran. Gladys supo que no había vuelta atrás, “ya no había nada que hacer, uno le decía ‘Pájaro, venga coma’, pero ni la comida le hacía falta”.

Él se sentaba al lado de una virgen en la entrada del barrio o se quedaba bajo la mesa de la cocina inhalando el pegante y escuchando a los Ángeles del Infierno.

Ha llegado el momento / De que hablemos de una vez / De que esmeres tu lenguaje / Y que te comportes bien.

*** 

Te pide que seas buen chico / Y tengas educación / Que no salgas por las noches / Y ser en todo el mejor. 

Con la versión de los paramilitares, en abril de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura dijo que Reinel no pertenecía ni a la guerrilla ni a los paramilitares y que no había razón para que este crimen lo siguiera investigando la Justicia Penal Militar. 

En el 2016 la Fiscalía detuvo al mayor Juan Pablo Hurtado Mariño y lo llamó a juicio. Más de dos años después, el 2 de octubre de 2018, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a quien le describirá la historia de Reinel.

Gladys y su familia fueron indemnizados por el Estado, y con ese dinero remodelaron sus casas. Sentada en la sala, Gladys aún recuerda a su hermano escuchar la canción Con las botas puestas, sobre todo cuando dice: Digas lo que digas / Hagas lo que hagas / No les importa / En esta cadena nunca habrá final.

El ser adicto a las drogas, el ser una persona “desviada” como decían los paramilitares, ubicaba a Reinel fuera del orden y, en consecuencia, en alguien que debían eliminar.

El día que los paramilitares se lo llevaron, Reinel tenía una camisa anaranjada, un jean claro y caminaba descalzo.

Él no más escuchaba esa canción Moriré con las botas puestas y murió con las botas puestas, porque murió con unas botas pantaneras de guerrillero.

Por Juan Miguel Álvarez

El crimen

En las horas de sol de un sábado sencillo, Jorge Luis Saldarriaga Calle estuvo dedicado a preparar los últimos detalles de un desfile de modas que iba a realizar con las niñas de la Colonia Escolar, colegio en el que se desempeñaba como profesor de artes. Se trataba de una obra benéfica que había despertado mucho interés porque nadie recordaba que antes hubiera habido un acto de esos en un escondido pueblo neblinoso como El Carmen del Atrato.

Al final de la tarde, con el escenario listo, Jorge Luis salió de su casa vistiendo el atuendo de la ocasión: pantalón y camisa de manga larga blancos, chaqueta verde y zapatos negros. Lucía el pelo ondulado corto y un suave bigote que le confería un aire de dandi. Las mujeres coincidían en que era un flaco guapo de piel color caramelo, con una mirada comprensiva de apacibles ojos miel entre unas pestañas respingadas.

 

Esa tarde yo estaba en la casa de un amigo mutuo llamado Juan Fernando Monsalve. Jorge Luis llegó todo cachaco y contento, hablamos un rato y quedamos en que después del desfile nos encontraríamos todos. Antes de salir, Jorge Luis le pidió prestado a Juan Fernando un corbatín negro de cuero, luego se metió a la cocina, se tragó una cucharada de aceite y me dijo: “para que no me caiga mal el aguardiente, si me da por tomármelos esta noche”.

Gloria Margarita Jiménez, amiga.

 

Ese sábado, antes de salir para el desfile, pasó a saludarme. Todos los días él iba a hacerme visita a mi sitio de trabajo. Éramos muy amigos. Yo atendía un almacén de venta de sombreros. Me comentó del desfile, me dijo que él iba a ser el maestro de ceremonias. Yo no lo pude acompañar porque había que pagar la entrada y no tenía plata. Además, tenía que seguir atendiendo la sombrerería. El desfile comenzaba a las ocho de la noche y Jorge Luis se fue para allá unos minutos antes. Quedamos en que nos íbamos a reunir todos apenas él terminara.

Rosa Sánchez, amiga.

 

Pasada la medianoche, los amigos se reunieron en una discoteca llamada Paladio. Era el lugar de moda juvenil para bailar. Con ellos también se encontraba una hermana de crianza de Jorge Luis llamada María Helena Zuleta.

            Cuando Jorge Luis llegó a Paladio, ya se había bajado unos tragos. Le había ido muy bien en el desfile. Había sido muy felicitado por los padres de familia de las niñas. Se sentía satisfecho y feliz. Quería comerse el amanecer celebrando el buen momento. 

            Apenas cerraron la discoteca, el grupo caminó un par de cuadras. Luego se dividió: Gloria Margarita se fue por su cuenta para su casa y Rosa, Jorge Luis y su hermana continuaron calle abajo en dirección a la casa de ellos. Al pasar por un piqueteadero llamado La Choricería, en el que las personas comían fritanga o tomaban consomé luego de la fiesta, alguien llamó a Jorge Luis. Era un amigo suyo apodado Rafagol.

 

Cuando lo llamaron de La Choricería, Jorge Luis le dijo a mi hermana María Helena: “Sigan que yo ya voy. Quiero comerme algo, tengo hambre”. Mi hermana no quería que se quedara en la calle y le dijo: “Vámonos para la casa, yo allá le preparo algo”. Pero Jorge Luis quería quedarse un rato más: “Sigan, que yo no me demoro. Tranquilas”.

Olga Saldarriaga, hermana.

 

Le dijimos que no se quedara, estaba muy tomado. Pero no hizo caso. María Helena y yo seguimos para la casa.

Rosa Sánchez, amiga.

 

Jorge Luis estaba luchando por dejar el licor. En el desfile le fue muy bien a la hija de un señor de aquí que estaba bebiendo aguardiente. Ese señor empezó a ofrecerle a Jorge Luis y como él tenía la inclinación por la bebida le recibió unos tragos. Por eso, cuando salieron de Paladio, a Jorge Luis le dio por quedarse en la calle.

Néstor Saldarriaga, hermano mayor.

 

Amaneció domingo. Fue una mañana de nubes cremosas que amenazaban lluvia. Antes de las diez, una mujer que pasaba por la calle que va orillando el río Atrato vio el cuerpo de una persona tirado boca abajo dentro del agua y atajado por unas rocas. No se acercó mucho. Lo suficiente para distinguir que era un hombre. Creyó ver que no tenía camisa, que del cuello pendía algo negro parecido a una corbata y se fue a dar anuncio en la policía.

                

Yo manejo unas finquitas con ganado ajeno. Ese domingo tenía que hacer un movimiento de ganado. Fui e hice el movimiento y a las diez o diez y media de la mañana me dijeron que habían encontrado el cadáver de Jorge Luis en el río. Yo sí había sentido unos tiros como a la una y media de la madrugada, pero estaba lejos de imaginarme que se los habían pegado al hermano mío.

Néstor Saldarriaga.

 

Yo alcancé a escuchar los disparos muy cerca de mi casa. Pero nunca imaginé que había sido la muerte de Jorge Luis.

Iven Mosquera, profesora de la Colonia Escolar en 1988.

 

Esa mañana, mi mamá se despertó y empezó a lamentarse: “Ay, Jorge Luis por qué no llegó, por qué no llegó”. Todavía no sabíamos nada, pero era el presentimiento de madre. La señora que nos ayudaba en la casa dijo: “No, Doña Tulia, no se preocupe, él debe estar por llegar o se quedó durmiendo donde algún amigo”. Y resultó que no.

Olga Saldarriaga

 

Yo estaba en la casa de Juan Fernando Monsalve, que era hijo del inspector de policía del pueblo, don León Monsalve. Vi cuando llegaron a llamarlo para decirle que habían encontrado un cadáver en el río. Él dejó de desayunar y fue a ver. Nosotros lejos de pensar que el muerto era el amigo de nosotros.

 

Gloria Margarita Jiménez.

 

Esa mañana yo salí de mi casa para el almacén y noté que la gente me miraba. Un amigo me atajó y me dijo: “Le voy a decir algo, pero tranquilícese”. Quedé asustada. “¿Qué pasó?”. Me dijo que habían encontrado muerto a Jorge Luis. ¡¿Qué?! Quedé en shock. Y me tocó ver cuando estaban llevando el cuerpo en una camilla; no lo habían tapado y le alcancé a ver las manos. Me dio muy duro, fue muy triste ese momento. 

Rosa Sánchez.

 

No sabíamos qué había pasado. Y a las tres de la tarde encontraron otro cuerpo en el río, pero más abajo. Lo había arrastrado la corriente. Era el de Rafagol, el amigo con el que Jorge Luis se había encontrado en La Choricería.

 

Olga Saldarriaga.

 

La víctima

Jorge Luis cayó asesinado el 23 de octubre de 1988, a sus 27 años. Había nacido como el séptimo de catorce hermanos, en una familia de origen campesino oriunda del Carmen del Atrato. Su padre se ganó la vida como conductor de vehículos de transporte de carga y pasajeros, y más tarde como operario de máquinas de construcción. Su mamá se dedicó a los oficios domésticos y a criar a los hijos. No fueron adinerados, pero los hijos nunca pasaron necesidades por falta de atención de los padres.

            Luego de terminar noveno de bachillerato en un colegio privado del pueblo llamado Seminario Corazón de María, Jorge Luis se fue a iniciar su formación como sacerdote en el Seminario Mayor de Jericó.

 

Él era mayor que yo. Y en el seminario estaba dos o tres grados antes que yo. Todos lo distinguíamos como el mejor de nosotros. Él iba a ser sacerdote, pero tenía cualidades diversas, era artista y muy guapo, y su familia lo apoyaba.

Padre Albeiro Parra, Diócesis de Quibdó.

 

De Jericó salió para Bogotá en donde comenzaría a ejercer el sacerdocio, pero en la capital del país se dio cuenta de que realmente no quería el camino de privaciones que le imponía la religión. Transcurrieron unos meses en los que ejerció oficios varios en otras regiones del país —como mesero y bartender— hasta que terminó situándose en Medellín donde ya residía buena parte de su familia. En esta ciudad se matriculó en bellas artes y se empleó en Empresas Públicas. En algún momento, que sus hermanos no saben cómo ni por qué, a Jorge Luis se le encendió la adicción al licor y, con ello, perdió el trabajo y el estudio. Fueron días en picada. 

 

Un hermano me dijo que Jorge Luis le había hecho muchas cosas a mi mamá y que ella se las había aguantado.

Olga Saldarriaga.

 

Alguna vez Jorge Luis me contó algo de esa parte de su vida. Que en Medellín él había tocado fondo, que alguna vez había dormido en los andenes, como habitante de calle. No le pregunté más cosas porque no me importaban. Yo lo quería a él como amigo sin que me afectara lo que hubiera pasado en su vida.

Gloria Margarita Jiménez, amiga.

 

Jorge Luis regresó al Carmen del Atrato en 1985, dispuesto a empeñarse en el arte como forma de reactivar su vida. Las curas del seminario Corazón de María, que lo querían como a uno de ellos y lo respetaban como artista, le dieron la mano empleándolo como pintor: le encargaron un cuadro de la Última cena para colgar en el comedor general, le pidieron que restaurara las pinturas de las estaciones del Viacrucis que había en la parroquia, le contrataron unos murales y le consiguieron un trabajo estable.

 

Yo no conocía al profesor Jorge Luis y pudo haber sido el cura rector del seminario quien influyó para que yo lo contratara como profesor de arte en los grupos de tercero a quinto. Nosotros, además, le pagamos para que hiciera tres cuadros que decoraran las paredes de la institución. Eran pinturas abstractas y había una que era un típico paisaje chocoano: un río, una canoa, el bosque.

            Elizabeth Mora Chinchilla, rectora de la Colonia Escolar en 1988.

 

En la docencia, Jorge Luis se reveló como una persona entrañable capaz de tocar la sensibilidad de las personas y de despertar el fuego de las artes en sus alumnas. Se desenvolvió como un buen compañero de trabajo y admirado profesor.

 

Era muy creativo, muy dinámico. Hablábamos de las niñas, de sus desempeños académicos; hablábamos de la actualidad del pueblo y nos compartíamos experiencias de trabajo. Siempre hablaba con mucha gracia, era divertido y nos hacía reír.

Iven Mosquera, profesora.

 

Me acuerdo de que a las estudiantes les fascinaba esa clase de artes. Cada vez que les tocaba era una alegría. A él todo el mundo lo quería allá en la Colonia: desde las mujeres de servicios generales, los directivos, los profesores, los padres de familia también.

Elizabeth Mora Chinchilla.

 

En esta nueva etapa, Jorge Luis procuró mantener aplacado el espectro del alcoholismo y alejar las emociones que le menoscabaran la autoestima. No estaba dispuesto a dejar que nuevamente lo habitaran impulsos de abandono y desenfreno. Así que hizo de la pintura un oficio cotidiano y su método de rehabilitación.

 

Le gustaba pintar paisajes. En el centro de la casa tenía un taller con ventanales en el que se encerraba a pintar. La familia respetaba y apoyaba ese gusto. Yo iba casi todos los días a verlo pintar.

Rosa Sánchez.

 

Vestía muy bien. Siempre bien puesto. Nunca lo vi descuidado en su aspecto ni mal vestido. Nunca lo vi abandonado, sucio o con la ropa ajada. Si hubiera sido así, nunca lo hubiera contratado como profesor.

Elizabeth Mora Chinchilla.

 

Le gustaba mucho el traguito y fumaba en demasía. Pero como el guayabo le daba bastante duro, se arrepentía de haber bebido en la noche anterior y se encerraba a pintar. Duraba días sin salir de la casa.

Rosa Sánchez.

 

En la tarde del domingo luego de que el inspector de policía hubiera levantado el cuerpo de Jorge Luis, y el lunes siguiente, cuando ya todo el pueblo sabía del crimen y su familia y sus amigos y sus alumnas lo habían llorado en un sepelio multitudinario, la pregunta esencial de la gente era: ¿por qué?, ¿qué culpa le cabía a una persona buena y virtuosa que mereciera la muerte?


El pueblo

El Carmen del Atrato es el primer municipio chocoano en la frontera con el suroeste antioqueño. Queda a cinco horas de Medellín y a unas ocho de Quibdó, sobre las fértiles laderas de la cordillera occidental. Un resumen de la violencia que ha sufrido esta localidad diría que ha sido asediada y atacada por todas las fuerzas regulares e irregulares del conflicto armado colombiano.

Durante los años ochenta reinó la guerrilla del ELN. En los noventa se sumaron las Farc y una disidencia del ELN llamada Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). Algunos testimonios señalan que en esa misma década grupos paramilitares como los Doce Apóstoles o Dignidad Antioqueña también cometieron delitos allí. Más tarde, ya en la década del dos mil, aparecieron dos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): el Metro y el Elmer Cárdenas. Y desde la primera época hasta este momento, no pocos carmeleños han denunciado abusos de autoridad y graves violaciones de derechos humanos —como torturas, homicidios y desaparición forzada— por parte de la policía y el ejército.

Hasta antes del asesinato de Jorge Luis, sin embargo, la violencia sucedía en las veredas y era achacada a los guerrilleros del ELN. Pero luego de que en ese 1988 llegaran unos policías a la cabecera municipal, supuestamente para adelantar tareas de inteligencia contra el avance guerrillero, los homicidios selectivos en vía pública se volvieron asunto cotidiano.

 

Después del asesinato de Jorge Luis y de Rafagol empezamos a sentir miedo en el casco urbano, pero no por lo que nos pudiera hacer la guerrilla como sí la policía. El miedo por la guerrilla lo vinimos a sentir más adelante.

Néstor Saldarriaga, hermano.

 

Menos de dos días después del asesinato de Jorge Luis, un hombre mayor llamado Antonio Correa que laboraba como celador en un colegio apareció calcinado. Si las muertes de dos jóvenes arrojados al río Atrato habían consternado a los carmeleños, este tercer homicidio inundó todo de terror. Tanta sevicia resultaba incomprensible. Al parecer, a Correa lo sacaron a la fuerza de su puesto de trabajo en el trance oscuro de la madrugada, lo llevaron a las afueras del pueblo y le prendieron fuego estando vivo.

            La explicación de los tres crímenes circuló rápidamente, como si los asesinos se hubieran preocupado por dejar claro el mensaje: a Jorge Luis y a Rafagol los habían ajusticiado como una acción de “limpieza social”, endilgándoles que eran consumidores de drogas. Y al celador lo habían matado por haber atestiguado los momentos previos de aquel doble homicidio y haber reconocido a los sicarios.

 

Dijeron que estaban haciendo limpieza social en el pueblo y que Jorge Luis había caído por haber estado acompañado de ese muchacho Rafagol, que sí fumaba marihuana. Yo a Jorge Luis nunca lo vi fumando marihuana. Bebía y fumaba cigarrillo, pero nunca lo vi en otra cosa. Pero como lo mataron por limpieza social, la gente del pueblo creyó que entonces sí había sido un vicioso.

Rosa Sánchez, amiga.

 

A mí no me consta que Jorge Luis hubiera consumido drogas. Un sábado él podía llegar amanecido y tomado, pero yo nunca me di cuenta de que fumara marihuana. No estoy negando que fuera o no vicioso. Ahora, lo que encontraron en el sitio donde los mataron fue cigarrillos y aguardiente. No había marihuana.

Olga Saldarriaga, hermana.

 

            Sobre los responsables de estos crímenes corrieron dos versiones laterales, aunque sin mucho éxito. Una de ellas le echaba la culpa al ELN, como si esa guerrilla estuviera ejecutando la limpieza social. Y parecía creíble: eran los hombres armados que se movían a su placer por las áreas rurales del pueblo vendiendo su ideología y matando sin compasión a quien los confrontara. La otra versión sostenía que había sido una fuerza paramilitar, una organización civil armada como las que se escuchaban en otras regiones del país, que venía asesinando gente por todo el suroeste de Antioquia y había entrado al Chocó.

            La versión que se impuso, finalmente, nació de las primeras averiguaciones que hicieron por su cuenta y riesgo los hermanos de Jorge Luis. Néstor, el mayor, escuchó de las personas que estuvieron esa noche en La Choricería que fueron los agentes de policía recién llegados al pueblo quienes habían retenido a las dos víctimas.    

 

Esa misma semana ya se decía que de camino para su casa, al profesor Jorge Luis lo habían detenido unos policías y luego había aparecido muerto en el río.

Elizabeth Mora Chinchilla, rectora de la Colonia Escolar.

 

En esos años el ejército no hacía mucha presencia en el Carmen del Atrato. La policía sí tenía un grupo que era de la “mano negra”. Los llamaban “Los Matones”. Había uno que le decían el Trotón, vestía de civil y vivía en la cabecera municipal. Cada vez que salía a trotar era porque iba a matar a alguien. El comandante de ese grupo era un teniente de apellido Noriega. Fue muy malo. En las investigaciones de la Diócesis de Quibdó tenemos que la zona de esta región en que la policía mató más gente inocente fue en este pueblo.

Padre Albeiro Parra.

 

           

En las semanas sucesivas, otros homicidios tuvieron lugar en la cabecera municipal del Carmen del Atrato. Jóvenes y adultos. Cada muerte era explicada y justificada como un acto de “limpieza social”: un exterminio calculado de gente a la que se le imponía una condena moral cuya pena era la muerte. Un conjunto de crímenes sistemáticos perpetrados por la fuerza pública o por civiles, replicado en muchas partes del país. En el área metropolitana de Medellín había oficinas de orden público adscritas a las alcaldías —como el DOC o el DSC— que la ciudadanía distinguía como responsables de perseguir y matar habitantes de calle y consumidores de drogas. En la ciudad de Pereira estos homicidios fueron tan frecuentes en la década del ochenta y tan descarados —a plena luz del día y en lugares visibles— que el obispo Darío Castrillón Hoyos inculpó varias veces a la policía como autor material, en el sermón de las misas centrales en la catedral. En Barranquilla, empezando los años noventa, fue desmantelada una red de tráfico de cadáveres de habitantes de calle orquestada por empleados de una universidad privada. Fue la época en que a los indigentes adictos a drogas se les empezó a llamar “desechables”: descartables vidas humanas de corto uso.

            La familia Saldarriaga Calle no pudo poner la denuncia ni exigir que investigaran a los agentes de policía. Néstor dice que ni siquiera sabía en dónde contar lo averiguado porque la única oficina que recibía denuncias ciudadanas era, precisamente, la inspección de policía. Y en caso de que hubiera tocado la puerta de la Alcaldía, nada le hubiera garantizado que su queja no hubiese ido a parar a oídos de los asesinos y dejarlo a tiro de pistola. 

            Hay que tener en cuenta el contexto.

            En esos años ochenta y hasta antes de la Constitución de 1991, el estado colombiano no contaba con instituciones garantes de los derechos humanos, como luego fueron la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, ni con instituciones encargadas de realizar investigaciones judiciales con potestad sobre la policía, como vino a ser la Fiscalía General de la Nación. La entidad que recibía denuncias de violaciones de derechos humanos era la Procuraduría, pero su alcance era tan limitado que apenas operaba desde unas cuantas ciudades capitales. Para habitantes de pueblos o zonas apartadas el Estado empezaba y terminaba en las alcaldías.

            En los municipios catalogados como zonas de conflicto armado, caso El Carmen del Atrato, la impunidad era aún más grave porque la fuerza pública actuaba con un control casi nulo. Cada crimen cometido por la policía o por las fuerzas militares podía ser disfrazado como operativo de “seguridad nacional”. Los ciudadanos estaban a merced de la doctrina del “enemigo interno”. Cualquier persona que se expresara públicamente en contra del orden establecido o que se dejara pillar con un discurso rebelde o que hiciera parte de organizaciones sociales podía ser espiado, retenido y desaparecido.

            Conscientes de ser intocables, los hombres del teniente Noriega se movían a placer por las calles del Carmen del Atrato.

 

Esa policía tenía varias justificaciones: que eran marihuaneros, que estaban dañando a la niñez, que eran guerrilleros. Cuando no les funcionaba por un lado, les funcionaba por el otro. Así mataron a mucha gente que no tenía nada que ver con eso. Y hay que tener en cuenta que quienes llevaron las drogas al Carmen del Atrato fueron los agentes de policía. Aquí se comprobó que los que repartían y consumían droga eran los policías.

Padre Albeiro Parra.


Los detalles

Veinticuatro años después de sucedido, luego de que el Gobierno Nacional hubiera promulgado la ley 1448 de 2011 conocida como Ley de Víctimas, la Fiscalía conoció el homicidio de Jorge Luis por denuncia interpuesta por Néstor Saldarriaga, el hermano mayor.

En el acta de la denuncia se lee, apenas, una somera descripción del hecho central: a Jorge Luis se lo llevaron unos policías activos, lo mataron a tiros y arrojaron su cuerpo al río Atrato. No existe un solo documento oficial que haya dejado constancia de cómo sucedió el homicidio ni en qué estado —con qué heridas— fue levantado el cadáver. Mucho menos existe la certeza judicial de que este crimen se hubiera debido a un acto de “limpieza social”.

Hay dos razones para ello. Una, que el 5 de agosto de 2000 las Farc se tomaron la cabecera municipal del Carmen del Atrato y, entre otras locaciones, saquearon y destruyeron la inspección de policía y la Alcaldía. Todo el archivo que almacenaba la documentación judicial quedó en cenizas o reducido a trozos de papel entre los escombros. Si alguna vez existió una carpeta dedicada al homicidio de Jorge Luis, en esa toma se perdió.

La otra razón es de procedimiento judicial. El concepto limpieza social no ha sido una categoría de imputación penal y, difícilmente, se ha podido establecer como una probada motivación para cometer homicidios.

 

Dijeron que lo habían asesinado por una limpieza social, pero ¿cuál limpieza social? Él únicamente tomaba aguardiente. No fumaba marihuana ni nada.

Néstor Saldarriaga.

 

Se dijo que a Jorge Luis y a Rafagol los habían perseguido y los habían sorprendido fumando. Y por donde los mataron se encontraron restos de cigarrillo.

Iven Mosquera, profesora.

 

En aquella madrugada, luego de que Jorge Luis le dijo a su hermana María Helena y a su amiga Rosa que siguieran para la casa, que él no iba a demorar ahí en La Choricería, ocurrieron unos hechos que no fueron esclarecidos del todo. Se supo que las dos víctimas comieron algo, compraron aguardiente y cigarrillos, y se sentaron en la berma del andén a conversar. Al cabo de unos minutos, se pararon y empezaron a caminar calle abajo, despreocupados e inocentes de lo que les iba a suceder.

A partir de aquí empiezan las especulaciones.

Se dijo que unos agentes de policía —no hay precisión de cuántos— llegaron a La Choricería y la mujer que atendía el mostrador dijo señalando a Jorge Luis y a Rafagol: “Véalos, allá van, ellos son viciosos”. Fue como si la policía hubiera mantenido un acuerdo con esta mujer para que le informara sobre quiénes eran los consumidores de drogas en el pueblo. Especulación posible porque los carmeleños sabían que en La Choricería vendían drogas con las empanadas y la fritanga. La mujer que atendía el mostrador y dos de sus hermanos pagaron cárcel por ese delito en diferentes momentos.

            Tampoco hay certeza de cómo procedieron los agentes de policía minutos después. Una versión dice que los agentes caminaron detrás de las dos víctimas y que, al darles alcance, las encañonaron y se las llevaron para la orilla del río de manera silenciosa. Otra versión dice que cuando las alcanzaron y las encañonaron, les dijeron que arrancaran a correr porque las iban a matar. Jorge Luis y Rafagol cayeron en la trampa porque al emprender la huida facultaron a los agentes para perseguirlos y dispararles. Según parece, todo esto lo hubiera podido aclarar el celador Antonio Correa.

            Lo que sucedió en la orilla del río también quedó irresuelto. Hoy no se sabe si los policías dispararon a quemarropa o a cierta distancia. Si dispararon de frente o por la espalda. Hasta las heridas en el cuerpo de Jorge Luis dieron para varias conjeturas. A la mañana siguiente, apenas vieron el cuerpo en el río, creció el rumor de que el pintor había sido decapitado. Otros dijeron que lo habían torturado cortándole la lengua, como castigo simbólico por ser marihuanero y atreverse a ser docente de primaria. Lo que no cuadra es que quienes sintieron los disparos muy cerca de su casa no recuerdan haber escuchado gritos o alaridos de alguien al que están mutilando o degollando vivo.

 

Imagínese el impacto cuando me dijeron que a Jorge Luis le habían cortado la cabeza. Pero no. Cuando el inspector Monsalve fue a ver, comprobó que no. La camisa inflada por el agua le había tapado la cabeza y se veía sujetada del cuello con el corbatín que se había puesto para el desfile.

Gloria Margarita Jiménez, amiga.

 

Al hacer la denuncia, la familia quiso cumplir con el requisito para que Jorge Luis fuera considerado víctima del conflicto armado interno, lo incluyeran en el Registro Único de Víctimas dispuesto con la ley 1448 y el Estado se viera obligado a cumplir con una reparación económica y otra simbólica. Sin embargo, la Unidad para las Víctimas determinó que este homicidio no se ajusta a un evento del conflicto armado interno porque —palabras más, palabras menos— no hay manera de determinar que los responsables hubieran sido grupos armados ilegales. Y en caso de que se hubiera comprobado la autoría de los agentes de policía, se hubiese debido contar con indicios que sugirieran un homicidio doloso y no un resultado positivo derivado de un operativo legal. “No se logra evidenciar abuso o fuerza por parte de la autoridad competente”, acota la resolución.

 

Para mí, el caso de Jorge Luis fue parte de la campaña de exterminio de los jóvenes del pueblo por parte de la fuerza pública. El Carmen del Atrato fue uno de los primeros lugares del país en donde se presentaron falsos positivos. A todos los jóvenes del Carmen que estuvieran en otros pueblos se los veía como guerrilleros. A Jorge Luis lo quisieron enlodar, pero nunca se tuvo una versión exacta. Hace poco hablamos de presentarle este caso a la Comisión de la Verdad para que se pueda investigar qué fue lo que pasó.

Padre Albeiro Parra.

 

El rastro

Hoy, agosto de 2020, Jorge Luis Saldarriaga tendría 59 años. Su historia sigue siendo un tema de conversación en el pueblo. Primero, porque su homicidio junto con el de Rafagol y el del celador, como se dijo líneas antes, marcó el inicio de la fase más cruda de la violencia en la cabecera municipal. Cada vez que alguien —un periodista, una oficina del Estado— llega preguntando por los hechos del conflicto armado recibe el recuento de este caso como inevitable punto de referencia. Y segundo, porque a Jorge Luis le bastaron pocos años de vida y de obra como docente y pintor para marcar su huella en la memoria de quienes lo conocieron y en las paredes de los colegios y de la parroquia. 

 

No solo mataron a un joven valioso, sino que mataron los ideales de muchos jóvenes que lo tenían a él como referente.

Padre Albeiro Parra.

 

La muerte de Jorge Luis me dio muy duro. Me tocó irme dos meses del pueblo. Me sentía culpable porque esa noche no me había quedado con ellos. Yo me decía que, si a Jorge Luis le daba por quedarse en la calle, yo lo hubiera impedido, me lo hubiera llevado para su casa y le habría evitado la tentación del licor.

Gloria Margarita Jiménez.

 

Luego de que lo mataron, nos quedamos sin profesor de artes. No había otra persona que pudiera hacer lo que Jorge Luis hacía. No volvimos a contratar a nadie más como profesor de artes.

Elizabeth Mora Chinchilla, rectora de La Colonia Escolar en 1988.

 

Los cuadros del Viacrucis que él restauró duraron colgados por más de veinte años en el mismo lugar; también, las pinturas que hizo para La Colonia Escolar. Quizás el cuadro que más lo distinguió fue la Última cena, que estuvo en el comedor principal del seminario Corazón de María hasta hace unos tres años. Era la imagen de Jesús sentado a la mesa pero acompañado solo por dos apóstoles. Era una pintura en batik, técnica con lienzo y tinta china, que podía medir 1 metro de alto por 1.20 metros de ancho.    

 

Yo llegué al Carmen del Atrato dos años después de que hubieran matado a Jorge Luis. Y me fui en 2008. En ese lapso, la historia de este pelao era una historia general. Por todo el pueblo uno podía escucharla. No faltaba el que llegaba por primera vez al comedor del seminario y, al ver el cuadro, preguntaba por el autor y entonces alguien le contaba la historia. Y todo lo que contaban era bueno, hasta el punto de que yo llegaba a sentir dolor por alguien que no conocí y me decía: qué rico haberlo conocido, qué triste haberme perdido de una persona tan buena.

Adelson Mena, profesor y luego rector del seminario Corazón de María.

 

A la familia Saldarriaga Calle le quedaron los recuerdos y las fotos en el álbum. Olga cuenta que cuando un hijo suyo se deja crecer el pelo, la gente le dice que queda muy parecido a Jorge Luis. Y por el tono en que rememora los hechos, se nota que hizo el duelo y logró tramitar la ausencia. Otros de los hermanos, sin embargo, todavía cargan consigo cierto resentimiento, la impotencia y la indignación.

Durante un tiempo, Néstor guardó las páginas de un periódico de Cali en el que informaban sobre la muerte a tiros, en calles de esa ciudad, del agente de policía que había asesinado a Jorge Luis. Su alias era “Chica”. Luego, Néstor se desentendió de aquella noticia justiciera y dice que ese periódico se le embolató. Transcurrido todo este tiempo luego de aquella madrugada de 1988, Néstor acepta que no espera nada del Estado: 

 

Con esas fuerzas tan oscuras que hay en la policía, uno no ve posibilidades de nada.









Para ese entonces la policía había pasado el reporte como le había dado la gana.

 

Por Juan Alejandro Echeverri

Brasil, Bangladesh, Egipto, Honduras, India, Kazajstán, Filipinas, Turquía, Zimbabue, y Colombia son clasificados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) como los peores diez países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras.

Entre 2019 y el primer semestre de 2020, la CSI contabilizó cuatro intentos de homicidio contra sindicalistas, una desaparición forzada, 198 amenazas de muerte, y 14 líderes sindicales asesinados en nuestro país. El asesinato y la violencia antisindical son un mal del país. A Alcides de Jesús Cotes Jurado, miembro de la Comisión de Quejas y Reclamos del Sindicato de Trabajadores de Transportes de Valores (Sintravalores), lo asesinaron el 14 de abril de 2016 cuando iba a abastecer un cajero automático de Bancolombia en Santa Marta; Alcides sufrió acoso y amenazas por parte de su jefe, el director de la sucursal de la Compañía Transportadora de Valores Prosegur le había dicho que debía “cuidarse en la calle” si no renunciaba al sindicato. A Hernán Ayala Melo, quien trabajó durante 19 años en el Inpec y era jefe de la Policía Judicial de la cárcel de Cúcuta, lo asesinaron el 23 de octubre de 2018; Hernán era reconocido por su activismo sindical, había descubierto procedimientos irregulares en la cárcel y había denunciado amenazas de muerte en su contra. A Óver Enrique Fuentes Villalba, presidente de la subdirectiva de Apartadó del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria (Sinatra), lo atacaron cuatro veces entre 2016 y 2017, el 23 de febrero de 2016 atacaron su casa y debajo de la puerta le dejaron dos balas y un panfleto en el que le ordenaban abandonar el municipio y el Urabá antioqueño.

Los conflictos armados duelen. Rompen sociedades, crean traumas colectivos que cuesta generaciones reparar. Los conflictos no son monocromáticos y las víctimas son diversas y, a veces, duele mirar a las que no son "las tuyas". 

El sindicalismo ha sido uno de los colectivos más victimizados y con mayor cantidad de cicatrices causadas por el conflicto armado interno colombiano. Hasta el cansancio las víctimas han dicho que sin verdad no hay justicia, y que sin justicia no hay paz. Nunca antes, según el comisionado de la verdad Carlos Beristain, una comisión de la verdad en el mundo había recibido memorias recopiladas por el movimiento sindical. El 17 de agosto el sindicalismo le compartió a la Comisión de la Verdad su versión y su interpretación de los hechos. La Escuela Nacional Sindical, centrales sindicales, y otras organizaciones sindicales de base hicieron entrega formal de 13 informes para que algún día Colombia reconozca al sindicalismo como sujeto colectivo de reparación y sujeto clave en la construcción de la paz y la democracia.

 

*****

 

La Comisión Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical definen la violencia antisindical  –violencia que es de naturaleza política– “como el conjunto de los actos que buscan, a partir de la elección de las víctimas, someter, reducir, asimilar y cooptar el sujeto y la acción sindical a partir de la destrucción violenta, el daño emocional o el exterminio físico”.

Desde principios del siglo XIX, empleadores y gobernantes han engendrado un relato y un armazón jurídico que desacredita, sataniza, estigmatiza, rechaza, y sugiere que el trabajador sindicalizado, y por ende los sindicatos, son potenciales agentes desestabilizadores que deben ser corregidos y condenados.

La violencia contra el sindicalismo muta y se adapta con el pasar de los años, también el lenguaje y los imaginarios que son combustible de esa violencia. En la década del cincuenta, por ejemplo, los profesores afiliados a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) eran tildados de “liberales” “alborotadores”, “masones” y “comunistas”, palabras que treinta años después serian reemplazadas por términos como “marxista leninista”, “revolucionario” y “guerrillero”. Un líder sindical de ADIDA cuenta en el informe de la ENS que: “Los maestros conservadores trabajaban en las escuelitas que había aquí en el centro de Medellín y los que eran liberales eran sinónimo de masón, comunista y revoltoso; se iban para la escuela de Niquitao, que era muy lejos del centro en esa época. Yo entrevisté a un director conservador y me dijo que él no recibía sino maestros liberales en esa época para colaborarles porque los iban a echar, pero que le tenían que dar un peso para la cuota del partido conservador […] Y hubo municipios castigo, por ejemplo, los municipios de Urabá y Puerto Berrio, donde el maestro llegaba y la primera semana no compraba toldillo, paludismo fijo”.

En la década del sesenta, y especialmente a inicios de los 70´s, surgieron numerosas organizaciones sindicales en sectores como la agroindustria, la salud, la educación, entre otros. Patronos y gamonales políticos regionales respondieron a tal auge con mecanismos de presión como los procesos disciplinarios, suspensiones, despidos, detenciones arbitrarias, infiltración y militarización de las movilizaciones y las huelgas. El clima se hizo mucho más hostil a finales de los 70's con la emergencia del “enemigo común” y el “enemigo interno”, una doctrina de seguridad que atizó las manifestaciones de violencia física, allanamientos, y amenazas contra los movimientos sociales y sindicales involucrados en protestas y movilizaciones. Julio Cesar Turbay, quien fungió como presidente de 1978 a 1982, sentó las bases de la retórica y la práctica belicista gubernamental al comparar la movilización social y el sindicalismo con palabras y frases como “terroristas”, “subversivos”, “tribu salvaje”, “crimen”, “anarquía”, “revolución social”, “derrumbe del Estado de derecho”.  

En 1990, el presidente Cesar Gaviria ordenó a las centrales obreras suspender el paro programado para noviembre de aquel año, y amenazó con suspender la personería jurídica de los sindicatos que apoyaran el paro y con enviar a la cárcel a sus promotores. Además, su gobierno autorizó que los empresarios despidieran a los empleados que participaran en las movilizaciones y prohibió a los medios de comunicación transmitir información sobre el paro; medios que se dedicaron a difundir y reforzar los imaginarios negativos sobre las actividades sindicales y las protestas ciudadanas.

Las memorias de la ENS y los demás sindicatos demuestran que los apoderados del Estado son los principales responsables de la violencia sindical que vivió y vive el país. Desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2018, se registraron, según la ENS, 14.992 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física de los sindicalistas, 3.240 de esas agresiones fueron homicidios que victimizaron a más de 480 sindicatos.

Violaciones a la vida, libertad e integridad física de los sindicalistas entre 1971 y 2018, según tipo de violencia.

Tipo de violencia

Mujeres

Hombres

Total general

Amenazas

1.878

5.439

7.317

Homicidios

335

2.905

3.240

Desplazamiento forzado

879

1.072

1.951

Detención arbitraria

58

710

768

Hostigamiento

105

577

682

Atentado con o sin lesiones

47

364

411

Desaparición forzada

17

233

250

Secuestro

23

166

189

Tortura

8

101

109

Allanamiento ilegal

15

57

72

Homicidio de familiar

1

2

3

Total general

3.366

11.626

14.992

Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, ENS.

 

El homicidio de sindicalistas arreció a partir de 1979. El informe de la ENS plantea que entre 1979 y 1984 se registraron de 2 a 7 asesinatos cada año. La cifra de asesinatos aumentó de manera sostenida con el pasar de los años, hasta llegar a un primer pico de 138 homicidios en 1988. Este primer periodo se caracterizó por los asesinatos selectivos a gran escala, al tiempo que paramilitares, Ejército y guerrillas se disputaban la hegemonía en territorios como el Magdalena Medio, el Urabá antioqueño, entre otras regiones.

Casi diez años después, entre 1996 y 1997, se vuelve a presentar un pico de casi 300 homicidios, el cual coincide con un aumento exponencial de las amenazas y con la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia, el proyecto armado del paramilitarismo que tuvo un alcance nacional. A partir del 98, los asesinatos mermaron significativamente, y en el 2002 vuelve a presentarse un repunte de este tipo de violencia letal. El informe permite identificar como en los distintos momentos en que mermaron los homicidios, incrementaron las amenazas y el desplazamiento forzado. A partir del quinquenio 2008-2012, a excepción del hostigamiento que experimentó su máximo pico en el 2014, las demás formas de violencia mermaron. Aunque la tendencia es decreciente, si se compara con el total histórico, la base de datos de la ENS muestra cómo la violencia letal se incrementó entre el 2014 y el 2018.

Sindicatos más victimizados en Colombia, 1971-2018.

Sindicato

Mujeres

Hombres

Total

Fecode

2.624

3.568

6.192

Sintrainagro

43

984

1.027

USO

8

775

783

CUT

45

479

524

Fensuagro

103

737

840

Anthoc

136

301

437

Sinaltrainal

16

384

400

Sintraunicol

28

246

274

Fuente: Ibidem

Violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, según departamento, 1971-2018.

Departamento

Mujeres

Hombres

Total general

Antioquia

1.340

3.361

4.701

Valle

393

1.505

1.898

Santander

128

1.248

1.376

Cesar

318

689

1.007

Bogotá D.E.

117

659

776

Cauca

112

589

701

Arauca

156

304

460

Bolívar

32

407

439

Atlántico

46

375

421

Caldas

172

243

415

Tolima

56

257

313

Risaralda

104

203

307

Norte de Santander

53

197

250

Magdalena

52

194

246

Fuente: Ibidem 

Con respecto al lugar dónde se registraron los hechos victimizantes, Antioquia, Valle del Cauca y Santander encabezan la lista de departamentos más peligroso para los sindicalistas colombianos. En 1986 los asesinatos se concentraban en siete departamentos, Antioquia aportaba el 80% del total nacional. En 2010 la violencia antisindical se había extendido a 30 departamentos. Del análisis territorial, la ENS detecta una “dinámica de violencia antisindical dramática y heterogénea en (…) los territorios donde tradicionalmente se ha concentrado el crecimiento económico del país”, mientras que los homicidios cometidos entre el 2016 y el 2018 se concentraron en los departamentos del suroccidente: Cauca (27), Nariño (6), Putumayo (5) y Valle del Cauca (4). 

Violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, según sector económico.

Sectores económicos

Total General

Educación

6.768

Agricultura, caza y pesca

2.344

Minas y canteras

1.182

Otros servicios comunales y personales

993

Industria manufacturera

938

Empresas y entes territoriales, municipales y oficiales

708

Salud

603

Electricidad, gas y agua

566

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

380

Construcción

156

Judicial

141

Financiero

103

Comercio

98

Actividad económica no especificada

12

Total general

14.992

Fuente: Ibidem.

En la Colombia rural los hechos demuestran que la violencia antisindical pretendía erradicar reivindicaciones relacionadas con la democratización de la tierra, la economía rural, y la oposición a la implementación de megaproyectos de corte extractivo y a lógicas agroindustriales que, además de concentrar tierra, alteran los ritmos de trabajo “marcados por los ciclos de la naturaleza”.

En los contextos urbanos los hechos violentos están vinculados a conflictos laborales motivados por las precarias condiciones de trabajo y las estrategias de sub-contratación con las que se pretenden ahorrar costos de producción, es decir que “las acciones de los grupos armados han perseguido intereses de disolución o reducción del conflicto en provecho de terceros”. También hay evidencia de que muchos trabajadores han pagado con la vida el hecho de denunciar malos manejos presupuestales u oponerse a la privatización y reestructuración de entidades públicas.

Una de las personas que compartió su testimonio para el informe recordó que todas las subdirectivas antioqueñas del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios (Sintraofan) fueron atacadas, “pero la región del suroeste sufrió más daños en términos de amenazas y renuncias colectivas. De 10 seccionales que existían en esta región, llegaron a quedar 3 (Urrao, Venecia y Andes). […] En el año 1999, los trabajadores de la subdirectiva Concordia fueron obligados a renunciar. Asimismo, los trabajadores de la seccional Betania; allí los trabajadores hicieron caso omiso a la amenaza, después fueron citados algunos integrantes de la Junta Directiva, solamente asistieron tres, los cuales fueron asesinados. Tras los hechos, el presidente se desplazó a Medellín a pedir protección a los organismos estatales, quienes le dijeron que podía regresar y cuando iba de regreso lo bajaron del carro y lo asesinaron”.

 

El informe también sugiere que la violencia en las zonas rurales es mucho más sangrienta y se expresa a través de la tortura, las decapitaciones y los descuartizamientos, mientras que en lo urbano “suelen tener métodos más directos de exterminio o intimidación”.

A pesar de la literatura que existe al respecto, en el país perviven silencios sistemáticos y vacíos de verdad respecto a la violencia contra el sindicalismo, según la ENS, en el 65% de los casos aún no se ha identificado al responsable. Ahora es responsabilidad de la Comisión de la Verdad esclarecer y revelarle al país quiénes son los responsables, quiénes auspiciaron y se beneficiaron de la sistemática violencia y la cultura antisindical.

El Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh) es un insumo de consulta obligada para lograr el propósito mencionado. Según el Sinderh, los grupos paramilitares son el actor armado con mayor cantidad de acciones perpetradas contra el movimiento sindical colombiano.

La forma de violencia más utilizada por los paramilitares fue la amenaza y el desplazamiento forzado. En la década del noventa, el paramilitarismo logró infiltrarse y cooptar cargos públicos e instituciones estatales. Así sucedió en el departamento del Atlántico, los gerentes de varios hospitales, que en realidad eran alfiles del paramilitarismo, promovieron procesos de reestructuración y malversaron dineros públicos. Varias víctimas del paramilitarismo son precisamente aquellos sindicalistas que denunciaron y se opusieron a la cooptación de los servicios públicos.

Violaciones a la vida, libertad e integridad física cometida contra los sindicalistas, según presunto responsable.

Presunto responsable

Total general

No identificado

9.313

Paramilitares

3.862

Organismo estatal

 

Policía

487

Guerrilla

466

Ejército

449

Otro organismo estatal

111

Delincuencia común

110

Empleador

104

CTI

41

DAS

33

Armada

7

Gaula

6

Organismos de Seguridad Privada

3

Total general

14.992


Después de los paramilitares, el Estado, a través de sus organismos y tropas de seguridad, es el segundo mayor victimario del sindicalismo. El testimonio que deja al descubierto los vínculos entre Estado y grupos paramilitares, fue el de Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, quien en 2007 reveló “un plan de exterminio a líderes sindicales orquestado por algunos altos funcionarios del DAS y paramilitares”. Por su parte, Rafael Enrique García, exdirector de informática del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), confirmó que esa institución entregó una lista con nombres de varios líderes sindicales que pertenecían a sindicatos como Sindeagricultores, Fensuagro, Sintraelecol y Anthoc, entre otros, líderes que luego fueron asesinados por los paramilitares. El DAS también interceptó ilegalmente las comunicaciones de sindicalistas, entró a sedes sindicales y sustrajo información que utilizaba como material de inteligencia, hostigó sindicalistas a través de funcionarios que hacían parte de los esquemas de protección e incluso los utilizó para crear falsas pruebas en procesos judiciales. 

Los grupos guerrilleros también hostigaron y asesinaron a sindicalistas con el propósito de imponer directrices o líneas políticas a las organizaciones sindicales.

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Desde el 2018 para acá es evidente un rebrote de la violencia en todas sus manifestaciones y contra todo tipo de mujeres y hombres imprescindibles. La paz entró en un estado de incertidumbre, Colombia está haciendo memoria en medio del conflicto. El día que dejemos de contabilizar sindicalistas asesinados y podamos escucharlos en vida, ese día nuestra democracia dejará de ser una fruta podrida.

Por María Gallego - Huelguista de la Universidad de Antioquia

En medio de una situación no contemplada llamada covid-19, la desigualdad social, la precarización laboral, la violación a los derechos humanos y la represión encontraron camino para agudizarse; el hambre, la angustia y la muerte alimentan con mayor intensidad ese modo de producción que prioriza el capital incluso cuando la vida de quienes lo sostienen está en riesgo. Sobre todo en un país como Colombia, donde el gobierno de turno había “ejercido” la mitad de su mandato en medio de constantes protestas de todos los sectores sociales debido al impulso de políticas neoliberales y la violencia paramilitar.

La pandemia llegó a Colombia tiempo después de las manifestaciones que se presentaron en el país desde lo que se conoció como “El 21N”, protesta  que desbordó cualquier tipo de expectativa y permitió levantar banderas de lucha y exigencias que inundaron las calles de indignación; sin embargo, las medidas, necesarias de bioseguridad  y distanciamiento no permitieron continuar con la movilización  popular. El convocar y participar de acciones en la calle fue algo que no se contempló por los 3 primeros meses del confinamiento, a pesar de los trapos rojos en cada territorio, las herramientas digitales y los debates virtuales que ocuparon la agenda de los procesos sociales. Mientras tanto las políticas implementadas por el Estado, además de ser insuficientes, han priorizado el sector privado y la corrupción imprime su firma en cada mediocre intento por alivianar cargas económicas en los hogares, que no significan soluciones reales mientras no se asegure una renta básica.

El movimiento social tuvo que replantearse los mecanismos para reactivar la  movilización, era indispensable buscar las formas para protestar y la virtualidad, a pesar de su potencial viral, no lo era. Por lo tanto se comenzaron a desarrollar ejercicios de movilización que en lo posible se ajustarán a las condiciones de salubridad para poder denunciar, convocar y manifestarse, mientras nos cuidábamos.

Así es como la Marcha por la Dignidad arrancó desde Popayán, Barranca y Arauca por la vida de nuestros líderes y lideresas sociales;  trabajadores de Ecopetrol se encadenaron en lo que proclamaron el “Machín de la Resistencia” por la defensa de sus derechos laborales; y  estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, Universidad del Valle y Universidad de los Llanos instalaron huelgas de hambre exigiendo medidas para evitar la deserción y garantizar el derecho a la educación, también garantías académicas, herramientas de conexión y sobre un coste cero en la matricula.

Las noticias sobre las victorias de estas huelgas inundaron los espacios nacionales, y un movimiento estudiantil que históricamente se ha movilizado por la educación pública y gratuita comenzó lentamente a presionar y pedir al gobierno nacional recursos que permitiera garantizar la gratuidad de la matrícula en todas las Instituciones de Educación Superior (IES) del país. Es en ese contexto que se instala también la huelga de hambre en la Universidad de Antioquia, a la cuál decidí unirme y con la cual logramos la matricula cero para nuestra Alma Mater. Esta protesta se replica en la Universidad del Tolima, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Surcolombiana, Universidad Nacional  y  actualmente se mantiene en la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Quindio. Sin importar los resultados en las demás IES, demostramos que era una reivindicación en la cual teníamos la capacidad de unidad de acción en todo el territorio nacional.

Mi cronometro inicio en cero el día 8 de julio del 2020, las horas comenzaron a pasar, y claro, yo las comencé a contar.

En mi experiencia pude reflexionar que la mayoría de nosotras a diario realizamos varias acciones que tenemos muy naturalizadas,  esas que no tienen la necesidad de atravesar por un pensamiento o una decisión para hacerse, básicamente están tan incorporadas que son mecánicas; lo paradójico es que son estas acciones las que nos permiten mantenernos con “vida”, si así podemos llamar el hecho de respirar, comer y dormir en un mundo donde hay que defender lo obvio, luchar por lo que nos pertenece, un mundo donde comer para muchos no es tan habitual y por lo mismo dormir no es un descanso.

En este mundo, algunos y algunas estamos eligiendo no comer para exigir nuestros derechos; de manera irónica ponemos nuestro mayor derecho, el derecho a la vida, a disposición y voluntad política de los poderosos para presionarlos a garantizar otros derechos, en mi caso, el de la educación. Por absurdo que suene, no es lo más lamentable, hay personas que ni siquiera pueden elegir y el hambre es su única opción. Este era el pensamiento que me daba vueltas, yo lo estaba eligiendo de forma voluntaria, no me estaba alimentando en un mundo donde hay tantos y tantas tan familiarizados con la sensación de hambre que yo sentía. Nada más me rondaban en la cabeza esas primeras horas de ese miércoles que será imposible de olvidar.

Respirar.
Comer.
Dormir.

Cómo subvaloramos estas acciones, a pesar de ser vitales y necesarias, por el simple hecho de ser tan rutinarias. Notar que precisas hacerlas parte sobre todo de lo que sientes cuando no las realizas por un corto tiempo, quedas sin aire, tienes hambre y estas agotada. Pasadas las 72 horas, no es lo único que reconoces, te das cuenta que para ti pesan más las horas que para el indiferente que solo significa un fin de semana más.  

Cerca de 100 horas pasaron para que sintiera realmente afectada mi salud, se inflamaron algunos cartílagos del pecho; el dolor era intolerable, la incertidumbre insoportable y la preocupación innegable, mi vida estaba en riesgo en el país donde no se asigna dinero para la educación superior, pero si para carros blindados,  publicidad de los mandatarios y para garantizar la represión cuando se eligen otras formas de lucha. 100 horas y el tiempo lo contaba ya también en minutos.

Cada hora me obligaba a no llevar la cuenta en mi cabeza que tenía tan clara en mi estómago; y aun así: 130, 154,181… no podía dejar de hacer cuentas porque estaba contando números vitales para mi salud. Una hora más resistiendo, era una hora menos que podría resistir. “El tiempo es oro” podría resumir la esencia de nuestra relación con el dinero, pero para mí el tiempo era vida.

Fue una situación que no contemplé hasta que fue una realidad. Completé 202 horas de huelga de hambre, fue la forma de protesta más radical en la que he participado, y en la que hoy participan mis compañeros y compañeras en otras universidades.  Fue una forma de gritarle a este mundo que no nos conformamos con respirar, comer y dormir, que lucharemos hasta que nadie se tenga que enfrentar al hambre, que estamos dispuestas a hacerlo desde todas las formas de lucha y que ahora contamos las horas para volver a las calles.   

Hasta la mierda del marrano vale

El día en que Acened Higuita y su familia llegaron a la movilización buscando hacer vales sus derechos violados por la construcción de Hidroituango, nunca se imaginaron que había otra forma de producir energía, sin necesidad de construir grandes represas que traen impactos y huellas llenas de dolor que se quedan en los territorios.

Al pasar los días y los años, tanto Acened como todas las familias articuladas a las Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías (SETAA), decidieron de manera ferviente que la lucha es por la vida digna en los territorios. Y así fue que empezaron a surgir reflexiones sobre lo que les motivaba a pertenecer a un proceso social y ambiental como el que integran. Entre el compartir el dulce de arroz con leche, que es una apuesta para el fortalecimiento económico de la organización, fueron recordando la cantidad de árboles que han sembrado y la mejoría notable en la cantidad de agua de las fuentes hídricas a las que ahora pueden acceder. “Cuando escucharon que tendrían la posibilidad de tener un biodigestor, no imaginaban lo qué era, ni sus beneficios. Entendimos que era algo que producía energía pero más que todo, nos animó porque queríamos tener los cerdos”. 

Cuando llegó el día de la instalación del biodigestor, se hizo de manera colectiva, buscando que generara apropiación y conocimiento para todas las personas. Fue un momento muy importante de participación comunitaria y como se le llama en el territorio: de manos cambiadas. Muchas de las personas que participaron en el montaje expresaban que hasta la mierda del marrano vale plata. Y claro es muy difícil creer que de la mierda de los cerdos pueda salir gas y así poder cocinar. Pero además, otro beneficio, es que del biodigestor también se puede obtener abono líquido o biol, lo que es supremamente útil para abonar los cultivos y así tener cultivos agroecológicos, evitando, en lo posible, que se pierda la producción, pues con Hidroituango hubo cambios extremos en el clima que afectan los cultivos.

Llegada la hora del almuerzo, empezaron a preguntar si con el gas que se iba a generar se podría hacer un sancocho como el de hoy,  y así, entre pregunta y chiste, en cada una de sus cabezas se iban imaginando cuántos comensales podrían tener en su casa, sin tener que deforestar, pasar muchas horas en la cocina inhalando el humo del fogón o gastar plata en la pipeta del gas. Había risas de sorpresa, como cuando se está en frente de algo desconocido, se les escuchaba decir: ¡Eh de eso tan bueno no dan tanto! Pensar que es posible producir su propio gas para cocinar sus alimentos y no tener que pagar por el gas es una gran alternativa que les mejora sus condiciones de vida en el territorio: se ahorran los gastos del gas y del abono, tienen a los cerdos que, en cierto momento, pueden ayudarles con su autonomía alimentaria y, por qué no, económica. También generan autonomía respecto al modelo energético, un modelo que está arrasando con el ambiente, que genera desarraigo, despojo de tierras, fragmenta las relaciones ancestrales de las comunidades y genera pérdida de oficios en los territorios, entre otros impactos.

En las conversas se trató el tema y se llegó a la conclusión colectiva de que la “autonomía energética es poder manejar mi energía sin que me genere un cobro. Nos parece muy importante tener nuestra propia energía y esperamos que llegue el día en que se le pueda decir a la empresa: ¡Quíteme esa energía, llévesela!”.

Esta experiencia nos muestra que desde el ámbito comunitario es posible desarrollar acciones para solucionar necesidades locales y mejorar las condiciones de permanencia en los territorios que fortalecen la perspectiva de entender la energía como Derecho Humano y no como mercancía.

Entusiasmada, la familia Higuita Torres con su biodigestor van a participar en la Exhibición Virtual de Energías Alternativas en América Latina y envían este mensaje: “Invitamos a las personas a tomar consciencia sobre la naturaleza y decir no a la deforestación, no a los proyectos minero energéticos, no a las energías producidas para el capitalismo. Hay alternativas energéticas que no desplazan a la población. Por eso, con mucha felicidad los y las invitamos a inscribirse a la Convocatoria de la Exhibición Virtual de Proyectos Comunitarios de energías”.

 

Mayor información en:

www.transiciones.info o escribe al correo: energíThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comunidades SETAA – Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías

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