Manuel Peña

Manuel Peña

El artículo 363 de nuestra Constitución Política define la equidad, la eficiencia y la progresividad como los principios a los cuales debe ceñirse el sistema tributario en Colombia; y en el artículo 95 establece claramente el deber y obligación de todo colombiano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

La eficiencia se entiende como la obtención de la mayor cantidad de recursos al menor costo posible, pero al mismo tiempo se valora como un principio tributario que busca que el pago de impuestos cause el menor costo para el contribuyente que cumple su deber al momento de llevar a cabo el pago del tributo.

La equidad como principio tributario se expresa en la obligación de pagar gravámenes entre los contribuyentes consultando su capacidad económica según la naturaleza y fines del impuesto en cuestión. “Los que ganan más, pagan más y los que ganan menos, pagan menos”.

Y, el principio fiscal de progresividad, se refiere al reparto de la carga y los beneficios tributarios entre los distintos contribuyentes, según su capacidad de pago. De esta forma, se considera progresivo un sistema tributario que reduce las diferencias relativas entre las personas de mayor y de menor capacidad de pago, y valora los tributos observando las condiciones económicas de los habitantes de un país después de efectuado el gasto público.

Lo anterior se resume en que la principal función de la política tributaria, en un Estado Social de Derecho, es la búsqueda de la redistribución del ingreso y por tanto debe cumplir un papel esencial para promover mayores niveles de bienestar y de equidad social.

El proyecto de Reforma Tributaria presentado por el Gobierno al Congreso de la República el día 4 de octubre, tiene toda la intención de perpetuar el sistema de tributación regresivo e inequitativo que históricamente ha prevalecido en Colombia. El vigente, es un sistema tributario que contribuye a mantenernos en el ranking mundial como uno de los países más desiguales, dato corroborado por el DANE y otras fuentes autorizadas como la Cepal 2015.

El proyecto se propone que el recaudo adicional que requiere el ritmo de gastos e inversiones del Estado, es mejor conseguirlo por la vía de impuestos indirectos que por la vía de impuestos directos: ingresos, renta y riqueza. El principal argumento es que “impuestos excesivos al capital desestimulan la inversión” y los impuestos directos son más fáciles de cobrar y su efecto en los sectores más pobres se compensa con “una red de protección social”.

Es una reforma alineada con las propuestas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que aumentará el IVA del 16% al 19%, el Impuesto al Consumo del 8% al 11%, y crea un impuesto llamado monotributo, que pagarán los pequeños comerciantes (tenderos y peluquerías), y como si fuera poco los asalariados que ganen $2.750.000 mensuales estarán obligados a declarar renta y pagarle a la DIAN.

Mientras tanto, el Gobierno y sus ministros se cuidan de no incluir un análisis riguroso sobre la eficiencia del gasto público y, en especial, sobre la corrupción y la burocracia, e insisten en la falsa idea de que la reforma busca generar empleo, impulsar las exportaciones o atraer inversión extranjera directa, entre otros espejismos.

Mientras en los países desarrollados la disminución de la desigualdad se fomenta mediante un sistema tributario progresivo (los que más tienen pagan una parte mayor de sus ingresos), en Colombia se incrementa la inequidad con una legislación tributaria que enfatiza en exenciones tributarias generosísimas. Hábilmente los más ricos utilizan los ingresos no constitutivos de renta, los costos y deducciones y las rentas exentas para trampear el pago de obligaciones. Basta ver cómo una buena porción de las ganancias es deducible de impuestos, así: 1) el 30% para vivienda y pensiones; una porción de las ganancias de capital y las donaciones para partidos políticos. 2) Son deducibles las partidas destinadas a la inversión y obras de caridad, sin límite alguno: donaciones para teatros, museos, becas para pobres y fundaciones sin ánimo de lucro también salen del presupuesto, pero obedeciendo a las decisiones de los más ricos. 3) La exención total de los dividendos, esto es, de las ganancias pulpas por la que los dueños de las empresas no pagan impuestos. También están exentos el 25% de los sueldos de los grandes ejecutivos privados y todas las pensiones, incluidas aquellas de $25 millones y más que ganan ex magistrados, ex presidentes y ex congresistas.
No cabe duda que esta, como las pasadas reformas al régimen tributario, no contribuirá a hacer retroceder la desigualdad, sino que la mantendrá y profundizará. El aumento del IVA y el resto de la carga tributaria indirecta aumentarán la desigualdad por la vía de un incremento en la inflación y la pérdida de la capacidad de compra de los colombianos.

Nos van a imponer una reforma tributaria que en realidad significará más impuestos para alimentar la ambición de la politiquería corrupta, lo cual es injusto cuando la sensatez indica, como primera y contundente acción, arreciar el combate severo a la corrupción tan vigente y dañina como siempre.

¿Cuánto cuesta alimentar la corrupción en Colombia? 9.45 billones de pesos anuales; una cifra cercana a $26.000 millones diarios, equivalente a la mitad del presupuesto asignado a la salud en 2016; un 4% del Producto Interno Bruto (PIB); cerca de $189 billones en dos décadas. Con razón los colombianos opinan que la corrupción es uno de los tres grandes problemas que tiene el país, junto con el desempleo y la delincuencia común; este flagelo depreda al Estado y desangra a los ciudadanos, acomodando y cambiando las leyes o convirtiendo en legal la avaricia irracional de intereses particulares; implica el mal uso del poder delegado para obtener beneficios privados y se expresa con el mal uso del poder por parte de individuos o grupos organizados.

El 88% de los colombianos afirma que la corrupción ha aumentado o permanece igual. Gran parte de los empresarios dicen que si no se pagan sobornos, se pierden negocios. La encuesta realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado deja en claro que las coimas, regalos, pagos para agilizar trámites, contribuciones a campañas políticas, patrocinios y gastos de representación, son las formas más comunes que se usan para sobornar. Esta opinión es validada por el ranking del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, informe que en 2015 posicionó a Colombia en el puesto 83 entre 167 países.

La corrupción azota al país y sigue aumentando año por año gracias al lánguido esfuerzo de algunas autoridades. Muy a pesar del nombramiento de todo tipo de zares, altos consejeros y funcionarios inmaculados, el robo de dineros públicos sigue siendo el pan de cada día en las regiones del país.

Distintos organismos han señalado que la corrupción en Colombia es “un Cáncer para la democracia” en la medida que las prácticas corruptas imposibilitan la realización de los principios y fundamentos de un Estado Social de Derecho, dada la distorsión que genera la concentración de los bienes y recursos que deberían destinarse a la satisfacción de intereses y necesidades de la población, en manos de unos pocos privilegiados que deciden a favor de sus intereses particulares o de grupos empresariales, con lo cual, se incrementan los costos de administración de los bienes y servicios públicos, se deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones, se pierde el respeto por las normas y de paso se socaba la legitimidad del mismo Estado.

¿Y cuál es el papel de las mafias en la corrupción? “La captura y la reconfiguración cooptada del Estado” ha potenciado un mayor soporte al fortalecimiento de la corrupción y su perversa relación con la violencia y el narcotráfico. Una mirada por esta comprobada realidad nos permite explicar la connivencia, la generalizada falta de eficacia de la acción del Estado y la pobre sanción social ante ciertas expresiones de la criminalidad. No cabe duda que esta se ha instalado en la sociedad colombiana progresiva y eficientemente, permeada por un imaginario que hace posible que los delincuentes sean vistos como simples criminales aislados y no como redes complejas que se entrelazan con la institucionalidad, tejen complejas redes sociales, se legitiman en la cultura de la tolerancia al delito y de la ilegalidad, y garantizan su supervivencia más allá de los recambios o caídas de reconocidos capos o jefes.

Dice el economista Luis Jorge Garay que esta captura y reconfiguración del Estado se completa “cuando ya la ilegalidad en asocio con sectores legales, actúa a través de la misma institucionalidad para promover los intereses ilegales”. Para la muestra un botón: 35% de los miembros del Congreso de la República elegidos para el período legislativo 2002-2006 fueron aliados de las mafias paramilitares. Ese es un ejemplo de cómo las mafias del narcotráfico, paramilitares, funcionarios, políticos y sectores del empresariado colombiano se asociaron para refundar la patria, en un episodio que permitió visibilizar la corrupción como una práctica funcional en la organización económica, política y social existente, ejerciendo además "el abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones".

Por supuesto, existen algunas condiciones estructurales del Estado colombiano y del ejercicio político tales como el excesivo presidencialismo, el clientelismo, el alto grado de impunidad, la falta de transparencia en la financiación de los partidos y las campañas, la cultura del todo vale, y la falta de acceso a la información por parte de los ciudadanos, que en su conjunto alimentan la corrupción.

Wednesday, 02 November 2016 19:00

Medellín: el miedo como sentido común

Antonio* es un trabajador y honesto como la gran mayoría de quienes habitan las casas y calles de Castilla, comuna cinco en la ladera noroccidental del municipio de Medellín.  Ahí vive y trabaja, este hombre de 43 años; latonero y pintor automotriz de profesión. Tiene siete hijos, tres de ellos con su actual compañera laboral, de vida y de amores, a quien enseñó el mismo oficio que él aprendió con su cuñado cuando apenas era un niño de once años.

Cuando por fin aprendió todos los secretos del arte de remendar carros, curar abolladuras y maquillar autos envejecidos, inició su propio taller. Puertas y guardabarros son la materia prima de sus trabajos, sobre las cuales aplica martillo, cincel, esmeril, masilla y pinturas para renovar hasta los casos más perdidos. Por ese entonces, su sobrino, jefe de la banda “los ototos”, le “permitió” abrir el taller y le dio su protección para que trabajara en el barrio Kennedy, en los alrededores de la Biblioteca Tomás Carrasquilla, donde poco a poco se dio a conocer y se estableció como uno de los mejores y más reconocidos en su oficio.

No faltaba el trabajo y los ingresos mejoraron, pero… cosas y casos que pasan en el submundo de la barriada en Medellín, donde bandas, combos y delincuentes imponen su ley: el primo-protector-jefe de banda fue asesinado y, claro, a rey muerto, rey puesto; el cambio de de reglas no se hizo esperar.     Debía comenzar a pagar la extorsión al nuevo jefe que, ante la ausencia del anterior y habiendo observado la exención que gozó por varios años nuestro humilde latonero, dictaminó e hizo llegar la sentencia perentoria: “Tío, ya es hora que pagues la cuota, el primo no está, son cuatrocientos mil pesos, así que pagas o te vas”.

Conocedor de lo que le pasa a quienes no atienden ni obedecen a estos delincuentes y ante la imposibilidad de pagar tan alto precio, prefirió mudarse de barrio. –Dios proveerá–, se dijo, y presuroso echó a andar el carro cargado con sus hijos, su mujer, sus pocos enseres y sus herramientas y pasando por La Esperanza, al barrio Alfonso López fue a dar.

Mismo sector, mismos problemas, otra comuna, otra banda, la de los “matecaña” e igual extorsión. Primero cien mil, luego doscientos mil, ahora trescientos mil. Hay que pagar o irse, o morir si se queda y no paga.

Pagar por el derecho a trabajar, para poder ejercer un  oficio, por poseer algo de valor, por seguridad, por ocupar el espacio público. Hay que pagar para no ser víctima de robo o de agresión, para sobrevivir, así sea con miedo, así sea para subsistir de un trabajo informal, sin seguridad social ni pensión y sin aquellos otros lejanos privilegios de un empleo digno. En arriendo, servicios, comida y en la cuota extorsiva que puntualmente debe pagar el primer día de cada mes a la banda del barrio, se va la mayor parte de los ingresos que generan los dos únicos trabajadores con que cuenta el taller: un latonero y una latonera. Es el amo y dueño de un sueño lejano de tener una casita propia, ojalá con garaje para un “localcito” donde tener el taller y poder levantar a los hijos.  La protección en la vejez vendrá por cuenta del retorno del amor y el apoyo que cada día da a sus siete hijos. Esa red solidaria personal que se esfuerza en construir en la cotidianidad.

Al preguntarle por el peor chicharrón que le ha tocado arreglar, recuerda sin mucho esfuerzo y con cierta sombra de temor reflejado en su rostro: “El peor… ah sí, fue ese día que estaba haciendo la reparación de un mofle y me sentí sorprendido por un “jalón” que me sacó violentamente debajo de un chevett y al instante estaba suspendido en el aire, cogido del cuello y recibiendo insultos con una pistola montada en la cabeza. Un sujeto mal encarado y corpulento jefe de una de esas bandas que se mueven en la ciudad me pedía que le devolviera el carro: ¡me devolvés el carro o te mato aquí!”  

Un mes antes este señor había llegado hasta el taller y con un carro muy 'estripado', sin dinero y con una actitud amigable le dijo: “arrégleme el carro y entréguemelo bien arregladito  que yo me voy a Bogotá y cuando regrese le doy su plata completica”.  

Para entregarle el carro bien “armadito y organizadito” pidió plata prestada, gastó de sus propios ahorros, trabajó con el esmero acostumbrado hasta ver terminada su labor restauradora  y qué sorpresa: este señor, el dueño del carro, llegó con cuatro sujetos bien armados, sacaron una pistola y casi lo matan, de no ser por su mamá que intervino por su vida y lo llevó a los empujones para adentro. Además de llevarse sin pagar ni un centavo por el carro flamantemente reconstruido, dejaron en la puerta de la casa, como aterrador recuerdo de la cobarde amenaza, los orificios que hicieron con sus armas.

Pero la cosa no paró allí. Ocho días después ahí estaba de nuevo el paciente, pidiendo que le devolviera el carro. Entre confundido y aterrado el latonero no alcanzaba a entender lo que sucedía. En cuestión de segundos que parecieron una eternidad, una llamada al celular del hampón amenazador interrumpió el asalto.  Aún sin recuperarse de la sorpresa comprendió que otra vez se había salvado; sus amigos le avisaban al agresor que habían recuperado el carro, que estaba en Barrio Triste y que estaba en manos de su mujer. Aun después de aclarada la situación el sicario renovó las amenazas, “si me doy cuenta que sos vos, aquí vengo y te mato”, dijo y se marchó.  

Él, como el resto de los comerciantes informales o formales, transportadores y muchos vecinos ya ven como normal y se acostumbraron a la presencia de las bandas que cobran “vacuna”, extorsionan, amenazan, desplazan, asesinan sin compasión, aterrorizan al vecindario y como complemento establecen y controlan las plazas de expendio de drogas ilícitas.  ¿Y la policía? Ahí está, bien, a cuadra y media en su estación de policía.

“No es justo, pero tiene que ser así. Se hacen al poder por ellos mismos y se acostumbran a vivir del pueblo”, dice él, aunque a su esposa le parece una injusticia: “No es justo pero lastimosamente el miedo se le mete a uno”.  

Cada palabra es medida, no quiere que se mencionen sus nombres, el temor se nota cuando se cruzan sus miradas antes de responder a las preguntas que hacemos, a sabiendas que cualquier indiscreción puede causar una amenaza, un desplazamiento o una muerte. Así es aquí, a quince minutos en bus del Centro Administrativo La Alpujarra y a cuadra y media de la estación de policía. Así es la aplicación de métodos de control social y territorial en la ciudad más innovadora, por parte de bandas criminales que han estructurado un sentido común basado en el miedo y la desconfianza, al que las élites gobernantes de Medellín prefieren evadir en sus intervenciones.

*En el presente artículo hemos recurrido a cambiar los nombres de los personajes y a omitir la referencia a lugares específicos para proteger la seguridad e integridad del entrevistado.

“Oiga señor, con todo el respeto que usted se merece: ¡ábrase de aquí! Porque usted ya nos echó la policía”.

Esta fue la frase con la cual la joven (la hija mayor de Pablo y Gloria), que minutos antes había tocado a la puerta, lo sentenció, en nombre de los que mandan en el barrio. Si no se iba de la cuadra podría ser objeto de cualquier ataque o agresión. La amenaza no era extraña. En días anteriores la había recibido, directa y tajante, de boca del propio Juan David, alias “El Chomo”, después de mostrar su renuencia a pagar la vacuna.

Creyendo que lo podía intimidar con las autoridades le dijo ese día-“Vamos allí a la estación (de policía) para que me cobrés”, pero “El Chomo” le contestó: “Te querés morir viejo hijueputa”. Y él lleno de ira y de ingenua valentía, respondió: ¡Hágale, proceda!

Esa misma noche hicieron fiesta en la cuadra. Un equipo de estridente sonido a muy alto volumen en cada extremo de la angosta calle amenizó el concierto de improperios y amenazas de muerte con la que la horda de maleantes hartos de alucinógenos y alcohol le hicieron sentir. Son los amos y señores del barrio, a quienes se debe obediencia y agradecimiento por brindar su protección. “Yo mato, pico y embolso”, se oyó decir esa noche y madrugada, en medio de tanta algarabía, en la que ningún vecino pudo dormir. Todo esto ocurre a menos de media cuadra de la Subestación de Policía del barrio La María, este punto las personas la distinguen como el hueco, barrio Lenín, nombre con los cuales se designa la cuarta etapa del barrio Francisco Antonio Zea.

Los actores de esa terrorífica escena controlan el barrio, extorsionan a los comerciantes, expenden drogas ilícitas al menudeo, cobran por el servicio de aseo y de vigilancia, atracan, amenazan, expulsan, piden cuotas “voluntarias” para llevarle algo a Juan David, alias “El Chomo”, un delincuente paramilitar desmovilizado y criminal reincidente. Su cónyuge, Liliana, la hija de doña esperanza, administra el negocio de venta de drogas desde su propia casa junto con con sus compinches.

Esto ocurre en el barrio Lenín o Francisco Antonio Zea IV Etapa, sector El Hueco, pero dos cuadras mas allá, de la Carrera 71 A hacia arriba actúa otra banda; los “mondongueros”, enfrentados con “los del hueco” y con otras bandas asentadas en el barrio por el control del territorio y de las rentas ilegales, provenientes del microtráfico y la extorsión, entre otras actividades criminales, como las amenazas, el sicariato y el desplazamiento forzado.

Pero escenas como estas suceden a diario en todo Medellín. No es extraño para los comerciantes de la comuna 10, en la esquina del parque Obrero o en parque Boston; en el parque Berrío, la Candelaria o en los semáforos de la avenida oriental. Puede ocurrir en Belén, las Independencias, el Morro; en las Estancias y la Ladera de la comuna 8, o en la 1. Incluso en todas las esquinas del parque Lleras en el corazón de El Poblado; allí han sido identificadas como una de las mayores plazas de droga y comercio sexual para turistas y estratos altos de la ciudad. Se trata del férreo control que desde hace mucho tiempo comenzaron a ejercer los grupos paramilitares armados y financiados por la élite política e institucional en Antioquia, en principio como instrumento para recuperar el control de las zonas marginales donde las milicias populares y la insurgencia habían echado fuertes raíces. Luego de la muy cuestionada desmovilización, estos grupos se reciclaron y derivaron en nuevos grupos paramilitares, bandas criminales, grupos de delincuencia organizada, y combos que sirven a los mismos propósitos de ejercer control sobre la población al tiempo que se lucran de negocios ilegales.

¿Acción concertada?
La Subestación de Policía fue construida e inaugurada en el sitio que ocupó hace años la casa comunitaria creada con esfuerzo por la gente del barrio, según se lee en la placa de acero grabado puesta en su muro frontal, en el mes de abril de 2010, siendo alcalde de la ciudad Alonso Salazar Molina. Este, a su vez agradeció a la compañía Cementos Argos S.A., mediante otra placa similar “por su invaluable ayuda para la construcción de la subestación de Policía La María, noble gesto que demuestra su responsabilidad social y compromiso permanente con la ciudad”. En esa época fungía como comandante de la policía en Antioquía el Coronel Luis Eduardo Martínez, hoy en día general en retiro, llamado a calificar servicios por denuncias en su contra que lo señalan como colaborador de grupos paramilitares y narcotraficantes.

La puesta en funcionamiento de la subestación y la llegada de su primer comandante, coincidió con la mudanza a la cuadra, proveniente de la comuna 13, según se rumora, de Juan David alias “El Chomo”, en la casa marcada con el número 71A-35 de la calle 92DD. A menos de media cuadra de la Subestación de Policía La María. El “Chomo” es un paramilitar desmovilizado y activo en la delincuencia quien al tiempo que recibía pagos del Estado por encontrarse en el proceso de desmovilización, siguió delinquiendo en el negocio de microtráfico, la extorsión y el secuestro, delito (este último) por el cual hoy paga cárcel.

El laberinto del coronel Luis Eduardo Martínez
En el acto inaugural el coronel Luis Eduardo Martínez, quien para ese entonces era comandante de la Policía Metropolitana, según un artículo de El Colombiano el 26 de abril de 2010, manifestó que "Estamos acá para ayudar, garantizamos 24 horas de presencia, queremos interactuar más con la gente del barrio, que tengan confianza en la Policía".

Más tarde, a comienzos del 2016, al hoy general en retiro, las autoridades de Estados Unidos decidieron retirarle la visa de ingreso a ese país y está involucrado en un escándalo que dio al traste con su ascenso y produjo su llamado a calificar servicios por cuenta de sus supuestos vínculos con la Oficina de Envigado, el narcotraficante Francisco Cifuentes Villa y con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco cuando estuvo en Antioquía; información que la Fiscalía General de la Nación describió como auténtica de las agencias de inteligencia norteamericanas.

En el mismo orden, ha circulado en la prensa nacional información según la cual el general (r) Mauricio Santoyo, hoy preso por narcotráfico en los EEUU y quien fuera jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez en la casa de Nariño, había declarado a la Corte Distrital de Nueva York que tenía pruebas de que el general Martínez tuvo relaciones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Medellín cuando era comandante de Policía de Antioquia. Santoyo, quien para la época de los hechos era director del Gaula en Antioquia, habría relatado que algunos oficiales de la Fuerza Pública sostuvieron relaciones con la Oficina de Envigado y grupos criminales al mando de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, según se señala en un artículo publicado en El Espectador el 1 de diciembre de 2015.

De la empresa cementera y sus vínculos con el paramilitarismo
La empresa cementera Argos, la misma que donó el cemento para construir la estación de policía, hace parte de un grupo de 25 compañías que a partir de 2007 se dedicaron a la compra masiva de las tierras abandonadas por los campesinos desplazados de los Montes de María. Es la misma que en el municipio del Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar, desarrolló “comportamiento negocial que, se dirigió a expandir sus negocios en zonas que fueron azotadas por la violencia y a costa de la situación de desplazamiento y abandono sufrida por los propietarios de los fundos adquiridos”, según señala la sentencia del 17 de febrero de 2016 del Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta. El tribunal definió que dado el despojo jurídico, Argos deberá devolver el predio a los campesinos reclamantes; no tendrá derecho a una compensación porque la cementera no es considerada como una compradora de buena fe exenta de culpa; y no podrá, una vez proferida la sentencia, conciliar con los campesinos afectados con el fin de continuar con su proyecto forestal.

Argos S.A. y su empresa filial Reforestadora del Caribe S.A.S compraron, a través de sus intermediarios marrulleros debidamente autorizados, y englobaron más de 12.500 hectáreas de las tierras de campesinos desplazados de los Montes de María, región en donde se cometieron matanzas conocidas por la opinión pública nacional e internacional, por la crueldad de sus autores. Algunas de estas masacres como las de Palo Alto, Libertad, El Salado, Chengue, y Macayepo, se perpetraron directamente en las zonas, donde hoy Cementos Argos desarrolla sus proyectos de reforestación comercial.

La relación de Cementos Argos con el Paramilitarismo no es nueva ni extraña. Varios de sus altos ejecutivos, entre ellos Ricardo Andrés Sierra Fernández, ex Vicepresidente de Finanzas Corporativas, y Eugenia Restrepo Uribe, gerente de Reforestadora del Caribe, han estado involucrados en casos tan sonados como el de Juan Felipe Sierra (hermano del primero), quien en agosto de 2008 fue capturado y acusado por ser el enlace entre el paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias 'Don Mario', y altos funcionarios de la Policía y la Fiscalía en Antioquia. El mismo individuo fundó la empresa de seguridad Control Total Ltda., que contaba entre su personal con desmovilizados de las AUC y prestaba servicios de seguridad a la empresa Argos S.A. En el mismo orden, Victoria Restrepo Uribe gerente de la Reforestadora del Caribe, está involucrada en las grabaciones realizadas por la Fiscalía, que dieron origen a la captura del ex fiscal Guillermo León Valencia Cossio, el general Marco Antonio Pedreros y el empresario Juan Felipe Sierra por sus nexos con el paramilitarismo en Antioquia.

Los combos de Castilla
En Castilla, hay desplazamientos, microtráfico, extorsión a comerciantes e incluso a los habitantes del común. Es obligatorio pagar a “los muchachos” por el servicio de vigilancia y de aseo. La inseguridad se vive por cuenta de las balaceras entre combos rivales que se disputan el control territorial, robos y atracos constantes.

Las autoridades, llámese Fiscalía, Policía, Alcaldía y Personería, han reconocido la persistencia de los combos que ejercen control violento sobre el territorio a pesar, (o tal vez sea gracias) a la presencia policial en el municipio de Medellín donde ejercen toda suerte de actos delictivos y violaciones constante a los derechos de las comunidades. Entre esos combos, herederos y expresión del proyecto paramilitar, están “Los Mondongueros”, “Los Bananeros”, “Los Lecheros”, “El Hueco de La María”, “El Hueco de La Candelaria”, “La 40″, “La 70″, “Córdoba”, “Los Edificios”, “La 26”, “La Paralela”, “La Fe”, “Florencia”, “Pájaro Azul”, entre otros, que operan a sus anchas en la comuna 5.

Felipe Lopera, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT, afirma que la extorsión al transporte de carga, al transporte público, al comercio, las viviendas, la construcción y como si fuera poco a las personas en vías públicas, por parte de grupos criminales es un secreto a gritos en todas las comunas de la ciudad.

¿Y de Alonso Salazar qué?
El 1 de septiembre de 2005 Amnistía Internacional dio a conocer en Londres el Informe “Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?” en el cual se cuestionaba severamente el proceso de reinserción del Bloque Cacique Nutibara y aseguraba que el paramilitarismo seguía vivo en esta ciudad. Al día siguiente, Sergio Fajardo, quien para ese momento era alcalde de la ciudad, y su secretario de Gobierno, Alonso Salazar, convocaron rueda de prensa para referirse al documento. En ese momento descalificaron el informe y lo tildaron de “burdas evidencias para una generalización mentirosa”.

No valieron las constantes denuncias hechas por organizaciones no gubernamentales sobre las actividades criminales de las estructuras armadas que permanecieron luego de la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, que daban cuenta sobre la vulneración de los derechos humanos de los pobladores de las comunas por parte de esas organizaciones armadas. Por el contrario, fueron desestimadas y desmentidas por Alonso Salazar, quien en varias ocasiones recomendó a estas que no “hicieran tanto escándalo”.

En Agosto de 2013 la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía investigar a Alonso Salazar, exalcalde de Medellín, por su presunto apoyo a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 'Don Berna', durante su paso por la alcaldía, lo cual se basa en una declaración de 'Don Berna' en la que se asegura que influyó en las políticas del exmandatario.

Esta confluencia de intereses y prácticas de los combos delincuenciales herederos del proyecto paramilitar que actúan en connivencia con autoridades locales, mandos policiales y empresarios que exhiben vínculos con organizaciones ilegales, deja planteada la pregunta sobre si el proyecto de dominio paramilitar en los territorios (comunas, barrios y cuadras), apoyado en los provechosos negocios del narcotráfico, el paga-diario, apuestas ilegales, la extorsión y el comercio sexual como fuentes ilegales de jugosas rentas para su sostenimiento, cederá ante la realidad que indica la inminente llegada de un acuerdo de paz con la insurgencia armada y la posibilidad de construir una paz estable y duradera basada en el respeto a los derechos humanos. ¿Estará el Gobierno Nacional y los gobiernos local y departamental, interesados en desmontar estas estructuras criminales y mafiosas que le dan soporte a la cultura del miedo y de la intolerancia, para continuar impidiendo el libre ejercicio de una ciudadanía crítica y consciente de sus derechos? Y en concreto, ¿cuál será la estrategia que se implementará para dar inicio a la construcción de la paz en los territorios urbanos en el área metropolitana de Medellín, donde las élites gobernantes siguen sin dar pasos ciertos para desactivar estos focos de violencia?

Tuesday, 26 July 2016 19:00

Paz ¿para qué?

Que es el acuerdo de paz más completo, dijo uno. El acontecimiento más importante ocurrido en Colombia en los últimos setenta años, dijo otro. “Una paz histórica” dijo el negro. Que “el último día de la guerra”… ¡con las FARC! debió apuntar alguien más. “Fin de la guerra”, gritan esperanzados muchos. Que ¿cuándo será el primer día en paz? preguntan cautas muchas comunidades, en las que también aguardan para que esa paz firmada para callar los fusiles los incluya a ellos que han sido las víctimas inermes de una violencia que no pidieron, ni iniciaron, ni desean, pero que han padecido y que ha dejado centenares de muertos y desaparecidos; casi siete millones de desplazados, pueblos abandonados, cordones de miseria engrosando las ciudades por gentes salidas del campo, que también en la ciudad padecen la violencia cotidiana del hambre, la exclusión y la desesperanza, conjugada con la guerra impuesta por otros actores armados que apenas aparecen en el radar de la justicia y del Estado como aliados de causa en la generación de un sentido común, basado en el miedo y paranoia para impedir que los de abajo se junten.

Hace mucho tiempo un acontecimiento no reunía tantas voluntades de actores tan diversos en el ámbito internacional, desde Naciones Unidas; en coro los países de América, incluido los Estados Unidos, principal determinador de la doctrina del enemigo interno y de guerra contra el narcotráfico que fielmente han adoptado todos los gobiernos desde mucho antes que nacieran las guerrillas revolucionarias por estos lados. También la Unión Europea y el Papa Francisco quien manifestó estar feliz por esta noticia tras más de cincuenta años de guerra de guerrilla y tanta sangre derramada.

Otros, más agudos han señalado que tan solo falta hacer la paz con el ELN, el EPL, las BACRIM, y hasta con las EPS o con la corrupción. Y qué tal los que sugieren al doctor Uribe y su corte de seguidores fanatizados por el odio y la sed de venganza que por favor se desmovilicen. También están los que apoyan el proceso de diálogo para la terminación del conflicto armado pero no al gobierno, y otros más, muchos más, que creen que la paz comienza el día en que el Estado Social de Derecho proclamado en la constitución de 1991 junto con los Fines Esenciales del Estado y principios tales como la dignidad humana, el bien común, la soberanía popular, la vida y el ecosistema comiencen a ser respetados y tomados como norma viva para el ejercicio del poder político, buscando la eficacia del Estado en la construcción de una sociedad prospera, equitativa, incluyente y justa.

No faltan los escépticos que siguen dudando, a fuerza de tantos fracasos en este camino para hacer la paz, que sea posible el fin del conflicto armado, ni con las FARC-EP que ya dejó sentado a lo largo de estos cuatro años su férrea voluntad de abandonar la guerra como método de lucha a cambio de transitar por los escenarios políticos democráticos en el marco de un Estado Social de Derecho, sin renunciar a su propuestas de cambio; ni con el ELN que pese a múltiples esfuerzos y a su decisión manifiesta de encontrar caminos para dialogar como grupo armado con el gobierno, no logra articulase con este para proseguir en dicho intento.

Otros, no sé si llamarlos “enemigos de la paz”, amigos de la guerra o nombrarlos como la caverna conservadora y fascista, entre los que se incluye cierto procurador partidario de la quema de libros “peligrosos” para la juventud al mejor estilo Nazi, han salido a las calles a realizar marchas y recoger firmas en contra de los acuerdos. Han realizado paros armados y todos los días fustigan con saña fiera desde los aclimatados sets de los grandes medios de comunicación. Todos estos ya están montados en el tinglado para convencernos que lo mejor que le puede pasar a los colombianos es que continúe la guerra, quizás porque así no nos percataremos que la corrupción, la avaricia y el despilfarro están causando más muertes, de niños incluso, como en La Guajira y el Chocó, más destrucción del hábitat y por ende la destrucción del futuro de las generaciones venideras como es el caso de la mega-minería y la explotación forestal a gran escala por parte de transnacionales.

Basta ver que buena parte de quienes ladran furiosos contra el proceso de diálogo se beneficiaron del despojo de cerca de seis millones de hectáreas a campesinos mediante la utilización de los más variados métodos violentos entre los que destacan asesinatos, masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos masivos, para entender la razón de tanta bravuconada y de tantas ganas de hacer la guerra con la sangre de hijos ajenos.

Esta guerra les permitiría conservar los privilegios en medio de la peor impunidad a esos que ahora se nombran como terceros de buena fe, pero que en gran parte han sido determinadores, financiadores, actores directos o cómplices del despojo. Por ello recurren al discurso adverso a la paz, le han apostado y hecho esfuerzos ingentes para que los diálogos fracasen. Están empeñados en una suerte de alianza mafiosa cuyo éxito depende de que puedan mantener el control político sobre las instituciones del Estado que han venido cooptando y controlando progresivamente y de la que no se han salvado ni el congreso de la República, ni las Fuerzas Armadas, ni componentes importantes del ejecutivo; ni siquiera la justicia en las altas cortes, en el nivel nacional, ni mucho menos las instituciones del orden territorial han escapado a dicha influencia ejercida mediante la corrupción, el despilfarro y la impunidad puestas al servicio de los intereses de esta élite enemiga del país.

Otra postura es la de aquellas élites que sin duda alguna le han apostado al proceso de paz a bajo costo. Esto es sin grandes transformaciones y “sin comprometer el modelo económico”; de la mega-minería, de la entrega de tierras a grandes inversionistas, preferiblemente foráneos; de la inversión extranjera y los tratados de libre comercio con pérdida de soberanía alimentaria, destrucción del agro y de la industria nacionales. Ah, y claro, ojalá también manteniendo los bajos salarios y las condiciones laborales de tercerización y pauperización de los trabajadores.

De lo que no cabe duda es que la inminente firma del acuerdo con la FARC-EP en La Habana y el muy posible desatranque de los diálogos con el ELN para poner fin al conflicto armado representan una gran oportunidad para que el movimiento social y popular, y los sectores democráticos puedan introducir cambios transcendentales en la vida nacional. Esto, a través de nuevas condiciones como la reforma al sistema electoral y de partidos con financiación de las campañas y mayor control de sus finanzas, aunado a la implementación del voto electrónico y la conformación de un poder electoral dotado de independencia y autonomía presupuestal. También del estatuto de la oposición y regulación de partidos que estimule la participación y la inclusión de sectores sociales y políticos históricamente excluidos.

Así mismo, a través del combate frontal a la corrupción en el marco del proceso de descentralización y desconcentración para el fortalecimiento de las regiones y los municipios, al igual que la elección popular de alcaldes locales, fortalecimiento de las JAL, jueces de paz. Igualmente, la Reforma Rural Integral en su componente de Banco de Tierras y planes específicos para fortalecer la economía campesina y la producción agroalimentaria, junto con la democratización de la propiedad rural. Esto implica además el ordenamiento y/o normalización de la propiedad en especial en aquellas zonas del país donde la violencia ha hecho estragos y facilitar el acceso a la propiedad de la tierra a por lo menos un millón y medio de campesinos sin tierra o con poca tierra.

Esta es una oportunidad para avanzar hacia la profundización de la democracia real y robustecer el poder constituyente primario con cambios sustanciales para construir un país más justo y equitativo, algunos de los cuales tendremos que ganarlos o reforzarlos o quizás “blindarlos” en una eventual Asamblea Nacional Constituyente en cuya tarea debemos esmerarnos desde ya sin dar tregua ni aflojar el paso. “Todos a una”.

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