Montaje judicial contra líderes campesinos

El 15 y 16 de diciembre la Fiscalía realizó detenciones arbitrarias contra los líderes agrarios Teofilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, todos integrantes del Coordinador Nacional Agrario, agremiación de carácter nacional que lucha por una reforma agraria integral, alternativas a la crisis ambiental de los territorios, el rescate de la cultura campesina, y el tránsito hacia la paz por medio de garantías democráticas a la oposición.

Los dirigentes campesinos son voceros nacionales de procesos como Congreso de los Pueblos y Cumbre Agraria, también participaron en las diversas movilizaciones que reivindicaban los derechos humanos, económicos, ambientales, culturales y políticos para los campesinos. La labor de los tres es reconocida a nivel nacional. Teofilo Acuña, por ejemplo, desde el año 2006 participó activamente de las caravanas por la vida en el río Magdalena, después de las masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y torturas que cometieron el paramilitarismo, actores del Estado colombiano y los agroindustriales en la ciudad de Barrancabermeja, y municipios como Puerto Wilches, Canta Gallo, Santa Rosa y en general en la Serranía de San Lucas.


Los tres destacan por participar en las mesas de negociación con el Estado en el año 2013, luego de las movilizaciones del paro nacional agrario. Ellos, junto a otras colectividades e identidades políticas, asumieron la tarea de reivindicar soluciones de corto, mediano y largo plazo a la crisis del campo, y de los sectores más excluidos: indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Lo grave de este tipo de detenciones y montajes judiciales, es que hacen parte de una política de Estado que pretende criminalizar, desarticular e intimidar a las organizaciones sociales de oposición, estudiantes, sindicalistas, campesinos y otros líderes sociales han sido víctimas de esta estrategia. En diversos informes se enuncia que en Colombia existen aproximadamente 10.000 presos políticos o de conciencia, 10 millones de víctimas del conflicto armado, 250 ex combatientes de las FARC asesinados, 86 masacres cometidas este año, más el asesinato de 287 líderes sociales. Todo ello hace parte de la radiografiara de la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que ha impedido la consolidación de la paz, la apertura democrática y la consolidación del Estado de Derecho.


La estigmatización, montajes judiciales y persecución política contra los líderes sociales ha quedado en envidencia en casos recientes como el de Julián Gil, líder juvenil del Congreso de los Pueblos quien fue otro "falso positivo judicial", vinculado a hechos de rebelión; de igual manera sucedió con los jóvenes estudiantes universitarios del llamado “atentado al Andino”, y montajes judiciales contra maestros como el profesor Miguel Ángel Beltrán. Todos han sido puestos en libertad después de largos procesos de defensa, que han demostrado que los cargos carecen de fundamento, se basan en la persecución política y buscan amedrentar a las organizaciones sociales.


Desde el año 2018 han aumentado las violaciones a los derechos humanos, la no garantía del derecho a vivir en paz en los territorios y un flagrante ascenso de actores armados paramilitares que buscan consolidar un sistema político autoritario. Es de vital importancia que las organizaciones sociales internacionales visibilicen estas problemáticas, sean solidarias buscando las garantías a los derechos humanos y comprendan que aún en el país hay sectores de extrema derecha que desean minar la posibilidad de generar una transformación política para el pueblo colombiano.

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Dario Rojas

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