La lucha por la vida y permanencia en el Sur de Bolivar es urgente

En el marco de la campaña contra el despojo y con la intención de denunciar su complicada situación humanitaria y reforzar espacios de solidaridad y tejido social, habitantes y organizaciones del Sur de Bolívar, junto a la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER) facilitaron la II Caravana Internacional por la Vida y Contra el Despojo en el Sur de Bolívar cumplida del 4 al 12 de agosto pasado, y finalizada en el municipio Santa Rosa del Sur. La necesidad de escuchar a las comunidades directamente y darnos cuenta de su suerte nos llevó hasta allí, donde nos adentramos a los calores que bañan la región del ancho Magdalena Medio.

 

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Ibamos acompañados por habitantes asociados en Fedeagromisbol (Federación Agrominera del Sur de Bolivar), quienes navegaron con nosotros esa mirada que el manto del despojo no ha cubierto. Al rato de salir de Gamarra (Cesar), distraídos que estábamos con grandes ramas rotas en el caudal y aves de cuello largo revoloteando en las riberas, nos percatamos de un muelle de control policial llamado “bodegas”, centro de terror paramilitar desde finales de los años 90 y gran parte de la década pasada. Al arrancar de nuevo la chalupa, nos sentimos ya salpicando las ciénagas que bañan el oriente del cono sur del departamento de Bolívar. Allí, un hondo socavón ha pesado en la memoria colectiva, y es el cerco (político, paramilitar, informativo, social, alimentario y económico) que no permitía a los pobladores salir de los asentamientos.

Recuerda un habitante de Santa Rosa del Sur, que al momento de la primera caravana, hace 10 años, en el país decían que detrás de cada árbol existente en esos 18 millones de hectáreas, había un guerrillero o un delincuente que se protegía. Esto, era avivado por el estado y los paramilitares, eso sí, en relación estrecha con intereses empresariales. Todavía hoy no da tregua la persecución a las comunidades que subsisten como trabajadoras de la minería artesanal, la pesca, y la economía campesina primordialmente.

Si bien la crisis humanitaria no se supera plenamente, entre los tantos voceros de Fedeagromisbol, piensan que dinámicas como la primera caravana les contribuyeron a romper el cerco, recuperar amistades que tenían en las cabeceras municipales, fortalecerse organizativamente y sobrevivir en el Sur de Bolívar. Mordiendo la rabia y su nerviosa mirada en la socialización de informes, un representante agrominero nos hace sentir los más de mil casos de habitantes desaparecidos, torturados y asesinados solitariamente en lugares lejanos de la región, muchos por su labor al lado de las comunidades.

En la federación han distribuido el Sur de Bolívar por diferentes zonales, en vista del trabajo con las comunidades, y de lo que nos enteramos durante la partida de grupos de caravanistas hacia tres de ellos. Y resulta significativo nombrar, por ejemplo, Zonal Oso (municipios de Tiquisio, parte de Norosí y de Montecristo), en memoria de 3 agromineros asesinados por el Batallón Nariño el 27 de enero del 2004 en Cerro el Oso; Zonal Orlando Caamaño (parte plana de Norosí, de Arenal, de Morales, El Peñol, Regidor, Río Viejo), asesinado por paramilitares en 1997; la Zonal Edgar Quiroga (Simití, San Pablo y Cantagallo) en homenaje a quien desaparecido por el ejército fue entregado a los paramilitares en el corregimiento Cerro Azul (San Pablo) en 1999, zonal con gran porcentaje de tierras “compradas” por “los paisas”, “los araujo” entre otros grupos. También nos tiembla el eco al oír el caso del Zonal Alejandro Uribe Chacón, vocero minero mostrado como guerrillero muerto en combate por tropas del batallón Nueva Granada el 19 de septiembre del 2006. Con decidida voz, el representante no pasó por alto nombrar al profesor Tílson, “quien con la dificultad y el bloqueo hacia la parte rural, facilitó el sonido y la dinamización de la caravana en 2001”, siendo después asesinado en la cabecera de Santa Rosa.

Un Plan De Vida Enredado En Los Rieles Del Manto Despojador
Cuando la contrainsurgencia arremetió masivamente asesinando, aporreando, robando comida y quemando casas de campesinos, arrieros y mineros, muy exhaustos estos dijeron, “vamos a resistir, no salir ni dejarnos matar”, y en medio de la operación, corrían a la selva y retornaban a reconstruir las casas. Ahora resisten al olvido, resistencia fundada en la construcción de lo que allí hay mediante jornadas colectivas, de esfuerzo de cada poblador y algún apoyo material de organizaciones civiles amigas. Esta resistencia ha sido continuada en propuestas de Plan de Vida y Proyectos de Desarrollo Integral en beneficio de la población, donde Fedeagromisbol apoya los procesos organizativos con el fin de validar derechos y generar garantías de vida digna en la región. Al respecto José, habitante de las minas, expresa: “durante los años que hemos luchado por la vida y la defensa del territorio, hemos buscado el plan estratégico desde nosotros mismos, no esperando que el Estado venga y diga cuál es”. Como colonos, campesinos y mineros “hemos ido formando parte, nos hemos ido organizando y en la medida que vamos avanzando se ha ido acomodando a nuestras necesidades”. Los pobladores ponen sobre la mesa no sólo la capacidad de construir por si mismos a pesar del abandono estatal, sino el hecho de que las regalías por la riqueza que generan, se concentran en Bogotá o Cartagena, algo enfocado a dificultar la vida en el Sur de Bolívar.

Cabe destacar que ningún municipio de la región tiene acueducto ni alcantarillado (operan cisternas, quebradas o tanques), la administración municipal ha hecho supuestas inversiones en vías, salud, educación, pero el representante agrominero, conocedor de esta región, advierte a sus vecinos “si no está garantizada la vida y permanencia, de nada sirve tener la buena escuela, el buen centro de salud, la buena carretera, que entre otras sirve para sacarnos”. Las trochadas vías de algunas zonas, reflejan una tradición de “hermandad” en situaciones difíciles y es de lo que más temen perder.      
                                                         
Los sutiles pero efectivos rieles del despojo
Como enfatiza el discurso de algunos mineros, “aparentemente hay una calma, pero hay un trabajo de disociar, donde las multinacionales están haciendo un avance”, no vaya a ser que en algún momento no encuentren resistencia. Este trabajo, además, está relacionado con esa cantidad de dinero de dudosa procedencia entrado a la región, dinero posiblemente del narcotráfico que controla el negocio de oro, combustible, e incluso el transporte. “Y eso parece ajustarse a la normatividad”, a la vez que distrae y divide a quienes padecen la falta de medios económicos
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Por cosas así es que los voceros agromineros deducen más dificultades y peligro de despojo que hace 10 años. Ya no es sólo el temor que los maten a tiros o machetazos, sino también ese trabajo político e ideologico, tanto de la fuerza pública como de entidades civiles del Estado. Porque el manto del despojo que tiene a paramilitares como punta de lanza en su signo pesos, tiene oficinas. Ejemplo, en muchas partes, el mismo alcalde señalando a los campesinos y organizaciones sociales de guerrilleros. La misma secretaria de minas de Bolívar e INGEOMINAS concediendo de forma desbordada tierras a empresas como ECOPETROL (por medio de Sismopetrol hace nuevas exploraciones en San Pablo, Cantagallo y Cienagas de Morales), a empresas de palma aceitera (Grupo Agroindustrial Daabon Organic de Colombia), a las de gran minería  (AngloGold Ashanti o Mineros S.A), e imponiendo además el “plan de choque contra la minería ilegal”, en sí, contra mineros artesanos, pues las condiciones del código minero sólo las pueden cumplir las multinacionales que despojan y cercan a los habitantes en el 1% del Sur de Bolívar restante.

Se supo de la declaración de 7km como Zona Franca, alrededor de San Pablo, donde las grandes empresas se posicionan sin mucho gasto. En Rio Viejo construyen sus oficinas. En tierras bajas o fértiles de municipios como Arenal, Norosi, Guamoco (en medio del bagre Antioquia y Santa Rosa del Sur), no es raro ver marranotes corriendo por arrumes de arena, entre gruesas mangueras y cerca a brazos de retroexcavadoras que escarban oro, máquinas tan caras y pesadas que destrozan vías de acceso y atragantan con escombros y arena la vida en ríos y ciénagas. Dragas de Mineros S.A y más de 46 retroexcavadoras han venido incursionando, mínimo 20 pertenecen a bandas criminales (paramilitares) y muchas otras a dueños ligados con ellas, según testimonios recogidos por los caravanistas.


En Guamoco, por ejemplo, operan fachadas como Mineros S.A, pues la maquinaria y el personal prácticamente son canadienses, según cuenta un delegado. El manto, ya con colmillos de retroexcavadora, sólo deja hoyos a cielo abierto, agua estancada y epidemias como el paludismo. Mientras, los puestos de salud siguen sin dotación, una brigada gubernamental de salud cada 2 años no resuelve la situación, según analiza un habitante de La Garita (en Norosi), donde “había 0% de paludismo, y ahora está entre el 50 y 60%”. En el marco del plan de vida, al zonal de oso nos acompaño una brigada de salud de personas del país formadas en el exterior. Vinculados con los proceso de comunidades, buscan persistir y “ver cómo ir ganando la conciencia de que desde las comunidades es posible hacer salud y retomar la visión de prevenir antes de curar, porque el negocio necesita que nos enfermemos y lleguemos al hospital”.

El combustible de la rapaz locomotora minera
La mayoría de tierras fértiles aledañas al Magdalena en municipios como El Peñón, Regidor, Rio Viejo, Morales, San Pablo, Simiti, Cantagallo, se están quedando en desiertos de “oro verde”. A través de la tecnología de “tierra arrasada” (derrumbar y arrasar con tractor la cobertura vegetal de sabanas nativas) las grandes empresas de palma aceitera están devorando la diversidad de flora y fauna, la comida, la vida y la permanencia de todos los campesinos que habitan esa zona. Rafael, un delegado agrominero, llevando el poncho con el símbolo de la Fedeagromisbol, revela cómo la estrategia inicial de las empresas palmeras fue llamar a los agricultores “a asocio para sembrar palma”. Estos, con 18 mil pesos de ganancia al día, meten abonos y gastos de los 5 años que necesita el cultivo de palma (incluida la guadaña, gasolina y afiliación a salud), y al final no tienen cómo pagar gastos y préstamos, entonces sus tierras son arrebatadas “por las mismas empresas que los llamaron a asocio”. Asegura Rafael que ya no están llamando a asocio, pero aparecen testaferros presionando la venta de la parcela.

José, con evidente preocupación, habla de la extensión de la empresa palmera aprovechando la situación que pasan muchas familias viviendo de la siembra de yuca, plátano o maíz en parcelas de 2 o 4 hectáreas, sin rentabilidad por el tambaleo de los precios. Apenas se endeudan con préstamos, al llegar las cosechas no alcanzan a pagar, quedando el banco o el Estado con la tierra, “o si no viene un testaferro y compra a bajo precio, diciéndole al finquero que va a tener trabajo garantizado”; unos aceptan y quedan sólo como administradores de la finca, otros se van. En el momento los paramilitares no ofrecen plata, llegan advirtiendo “queremos esta finca y váyanse”, y si se pone muy rebelde el finquero, queda bajo “su” tierra, ahora “ajena”. ¡venden o venden!.

Las organizaciones sociales en la zona han realizado alertas ante el crecimiento acelerado de los grupos paramilitares en algunas veredas, declarando además no conocer ningún tipo de acciones efectivas por parte de la Fuerza Pública para combatirlos, más cuando vienen apretando, igual como los colmillos de las retroexcavadoras. Un habitante del corregimiento el Hatillo en de Rio Viejo, con cierta inquietud comenta sobre un grupo de vecinos que pusieron una denuncia en Rio Viejo, donde el teniente de la policía “bandido aliado con los matones que son los paramilitares no desertados” les paso los datos de los denunciantes, tras lo cual fueron asesinados dos y desplazados el resto. Declara además que “los tenientes de la policía prácticamente son los enemigos que tenemos acá, lo que hacen es jodernos, aplastarnos”.

A dicha estrategia violenta de despojo, se unen instituciones encargadas por el gobierno nacional del tema de tierras: el Ministerio de Agricultura dilata procesos de restitución reclamados por campesinos como en el caso de la hacienda las Pavas (Regidor), rectificándole títulos a Aportes San Isidro S.A. y Comercializadora Internacional Tequendama, ambas del Grupo Agroindustrial Daabon Organic mayor proveedor de aceite de palma de cera y café hacia Europa y Estados Unidos. Estas empresas han interpuesto una denuncia penal contra 3 líderes de ASOCAB (Asociación Campesina vereda Buenos Aires) por el supuesto delito de invasión de tierras. Campesinos y pescadores agrupados en ASOCAB retoman constantemente las tierras de las Pavas que, según afirman en un comunicado, “como consecuencia del delito de desplazamiento forzado, fueron cultivadas con palma”.
Nos cuentan los campesinos también del daño que está haciendo Cormagdalena con la construcción de murallas en humedales y estanques de ciénagas en toda la vía del Magdalena. Los secan para expandir el monocultivo de palma, obligando a la sustitución de cultivos de pancoger y de la pesca. Además con esas murallas, cierran los caños y han provocado graves inundaciones en invierno: aún están los habitantes buscando cómo hacer diques de contención.

Ni hablar de las fumigaciones, en particular en el corregimiento de Micoahumado (Morales) donde, según testimonios de campesinos, ya no hay coca. Una asistente a la socialización comenta sobre la ultima fumigación, en febrero, exponiendo la angustia de “un señor que tenía 7 hectáreas sembradas de aguacate, cacao y guanábano, y le tocó soquear todo; ahora anda sembrando nuevamente con la angustia de si van a seguir fumigando”, ya que “el glifosato ha acabado y secado en particular árboles frutales”. Al decir de los campesinos, “el nivel de abastecimiento en productos agrícolas ha bajado considerablemente”.

En lo alto de las sierras no hay mucho terreno apto de agricultura, pero además de proyectos de minería más limpia, algunas familias cultivan en pequeña escala para algo de autoconsumo. En la parte media y baja, aportando al plan de vida, emergen proyectos agroalimentario como los trapiches de caña (producción de panela o dulce), las fincas donde siembran maíz, arroz, café, frijol, yuca entre otros productos. Son procesos que, explican sus habitantes, “son alternativos y proponen otros modelos económicos beneficiosos para la región”, considerando así mismo que “rompen con el monocultivo a la vez que se organizan contra las multinacionales”.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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John Jairo Duque

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