(101)

Elementos de nuestro contexto social y político, como el conflicto armado o la pobreza, entre otros, han marcado notoriamente la manera en que las comunidades en los territorios vivimos la época navideña. Es por eso que en Periferia nos hemos propuesto publicar una edición que nos acompañe durante esta navidad, con el objetivo de resignificar esta época en la que, a pesar de las carencias, se crean también tejidos de solidaridades y alegrías.  

Para este propósito, convocamos a fotógrafos, periodistas y escritores a que nos ayuden a narrar la “Navidad en la periferia”, con contenidos recopilados de años anteriores o de las semanas previas a la navidad de este año (debido a que la publicación impresa se realizará el 1 de diciembre). Buscamos:

 

  • Fotografía acorde al tema para la portada de la Edición 145 de Periferia, acompañada del lugar en el que fue tomada y el autor o autora. No debe traer logos ni marcas de agua, los créditos se darán en la bandera de edición. Tamaño: encuadrable en 20 cm x 23 cm. Resolución: 300 ppp. Fecha límite de envío: 29 de noviembre.

 

  • Fotografías acordes al tema para la creación de un fotoreportaje colectivo, acompañadas de una breve descripción y autor o autora. Resolución: 300 ppp. Fecha límite de envío: 29 de noviembre.

 

  • Microhistorias periodísticas que narren algún aspecto de la navidad en la periferia, debidamente firmadas con el nombre del autor o autora. Extensión: 500 palabras. Fecha límite de envío: 25 de noviembre.  

 

Los contenidos deberán ser enviados al correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., por medio del cual también se notificará a los autores de las fotografías y microhistorias seleccionadas, quienes recibirán como reconocimiento un libro “Crónicas de la Periferia” y una “Agenda Periferia 2019”, además de cinco ejemplares de la Edición 145.

 

Derechos de autor

La Corporación Periferia es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es visibilizar las luchas y apuestas de las comunidades en la Periferia. El propósito de esta convocatoria no es comercial.  Los autores de los contenidos seleccionados aceptan ceder a Periferia –de manera no exclusiva- el derecho de uso y reproducción de los contenidos. El derecho de uso que asume Periferia sobre los contenidos no enajena la propiedad patrimonial e intelectual de los autores y su campo de acción está limitado para fines educativos y sociales. Periferia se compromete a reconocer los respectivos créditos de los autores cuando los contenidos sean publicados.

 

“Más allá de riqueza, queremos vida”, “el agua es de la vida, no del capital”, con estas y otras premisas inició el sábado 27 de octubre el X Festival del Agua en San Francisco, Antioquia. Integrantes de procesos sociales de 13 municipios del Oriente antioqueño, internacionalistas, y delegados de otras regiones del país realizaron en horas de la mañana un acto simbólico al borde de la autopista Medellín-Bogotá para exigir el respeto al sentir y a la permanencia de las comunidades en el territorio.

Además, los asistentes marcharon hasta La Piñuela. Allí rindieron un homenaje a los líderes asesinados en la región, “porque la memoria es el alma de los que no están”. Al medio día las aguas del río Santo Domingo y un sancocho de leña refrescaron los ánimos de las más de 500 personas que asistieron al evento convocado por el Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete).

En la tarde se realizaron recorridos temáticos por San Francisco para visibilizar las problemáticas socioambientales y las propuestas alternativas al modelo de desarrollo extractivo. Entre ellas destacó la visita a la vereda Pailania, uno de los sitios más turísticos del municipio. La llegada masiva de turistas que traían más desechos que beneficios económicos a la zona, motivó a varios adultos a ingeniarse una manera de hacer del río una fuente de recursos, y a la vez promover su cuidado y conservación. “Favorece a los que tienen negocio, y en el tema de medioambiente nos conviene a todos porque el agua no la podemos acabar”, aseguró Ediberto Mesa.

Los asistentes también recorrieron las orillas del río Santo Domingo, donde actualmente planean construir una microcentral que ha despertado el rechazo de la comunidad. Al respecto, Ancizar Morales sostuvo que: “San Francisco está en una zona propensa a movimientos en maza, nosotros decimos: “como se les ocurre que a San Francisco le vamos hacer un fondaje y una represa”. Lo otro es que muchos conocemos la realidad de San Carlos, las vías son pésimas, la energía sigue siendo la más cara, lo mismo que Sonsón, tienen hidroeléctricas pegadas al municipio, eso hace que muchos de nosotros como campesinos nos demos la pelea y digamos que eso no es desarrollo”.

Al mismo tiempo, los asistentes conocieron cómo los jóvenes reivindican la cultura campesina en la vereda El Pajuí. Aquí, gracias al apoyo de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), nació Producciones El Retorno con la necesidad de retratar aquellas historias relacionadas con el conflicto armado. Actualmente este proceso ha transversalizado otros aspectos como la cultura y la memoria. Así surge la Escuela de Creación Documental conformada por jóvenes de diferentes veredas que buscan por medio del arte resistir y permanecer en el territorio. Según Andrés Nava, integrante de El Retorno, el principio fundamental de ellos es hacer obras de teatro, fotografía, y producciones audiovisuales que reflejen “la mirada de nosotros los jóvenes campesinos que sentimos, vivimos, y creamos historias propias en las cuales se unen los lazos comunitarios fragmentados por la guerra”.

Los participantes también visitaron los acueductos comunitarios, los circuitos económicos impulsados por mujeres, y otras experiencias de soberanía alimentaria. El primer día del festival cerró con una marcha carnaval y con un acto cultural. El segundo día, en la casa de la cultura, se desarrolló una plenaria para socializar las reflexiones que surgieron de los recorridos. Las demás subregiones del Oriente antioqueño tuvieron la oportunidad de compartir sus propuestas alternativas al desarrollo. Y para dar cierre a la décima versión del festival se leyó la declaración política en el parque principal.

Son diez años de lucha y defensa de la vida y el agua. Un legado de resistencia histórica dada por las comunidades del Oriente antioqueño que hace diez años heredó el Movete.

Las condiciones políticas, sociales y económicas que ha desatado el gobierno de Juan Orlando Hernández y los grupos delictivos, impulsaron a miles de personas a salir con lo puesto en busca de una mejor vida.

 

Miles de personas iniciaron el sábado una caminata para salir del país centroamericano gobernado por Juan Orlando Hernández. Comenzaron en la central interurbana de autobuses de la norteña ciudad de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante, y se dirigieron por la carretera hacia la frontera con Guatemala, a la ciudad de Agua Caliente.

Decidieron migrar en masa para sortear los peligros del trayecto. Muchos no saben bien a qué van, pero dicen que en Honduras no se pueden quedar porque no tienen trabajo, alimento ni un futuro para sus hijos e hijas.

Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras en su segundo período, es duramente criticado por llegar al cargo con presunto fraude electoral, por subir un 18% la energía eléctrica, por las constantes alzas en combustibles, en el gas y en la canasta básica de alimentos. La falta de empleo, las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios agudizan la situación.

La violencia es otro de los factores que impulsó a las personas a migrar. Según el Observatorio de la Violencia de Honduras, de enero del año 2010 al 2018, se registran 26.403 muertes violentas de la niñez y juventud. Y el 98% de estos no sobrepasan los 30 años. Los universitarios no se escapan de esta ola de violencia, al menos 114 jóvenes han sido asesinados.

Las imágenes son alarmantes. Una delegada de la Cruz Roja que se dirigió a la frontera señaló que ni en la guerra en Nicaragua ni en los conflictos de El Salvador se vio tanto movimiento de personas. Muchos van con sus niños y niñas, sin pasaportes, pues dicen que “solo los ricos tienen”, van sin equipaje, se suben a autos, a buses repletos. Se habla de entre dos mil y cinco mil personas. Y es que se han ido sumando en la caminata luego de enterarse por la prensa o por conocidos.

En un comunicado Guatemala anunció este lunes que no dejará ingresar a su territorio a los miles de hondureños si no cumplen con los requisitos legales. "Guatemala no promueve ni respalda la migración irregular en ninguna de sus formas, por lo tanto rechaza los movimientos organizados con fines ilícitos y que tergiversen la figura de un derecho humano, como es la migración para fines particulares", indicó el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

Sin embargo, luego de bloquear por horas el paso de los migrantes en frontera, los dejaron pasar por las incesantes protestas, la alta aglomeración de personas y problemas de salud de algunas de ellas debido al hambre, la sed y las largas horas de caminata.

Hay quienes esperan solicitar asilo en México, mientras que para otros el destino final es Estados Unidos. Dicho país ya señaló oficialmente que están “seriamente preocupados por la caravana de migrantes que viaja al norte desde Honduras, con falsas promesas de ingresar a los Estados Unidos hechas por aquellos que buscan explotar a sus compatriotas. Los Estados Unidos hace cumplir vigorosamente sus leyes de inmigración”.

Cuando uno estudia en una sede de una universidad pública con déficit presupuestal, como todas las universidades públicas del país, se convierte en un reto hacer cumplir esa bandera de campaña de los gobiernos nacionales llamada: educación gratuita y de calidad. La falta de recursos la convierten en la universidad “PLATANO” porque plata no hay y es la respuesta ante cualquier solicitud que hacemos.

Hoy funcionamos con un presupuesto de hace 25 años, sin tener en cuenta que las condiciones económicas y sociales han cambiado: la universidad atiende a tres veces la población que atendía en 1993; la infraestructura se ha deteriorado o no es adecuada para el número de estudiantes; hay disminución de profesores de planta en las instituciones; las iniciativas de investigación se limitan porque rara vez reciben recursos, siendo esta una de las cualidades principales de la universidad, y no hay dinero para bienestar universitario y así dar mejores condiciones a estudiantes que deben considerarse como prioridad. Otra preocupación latente es el programa Ser Pilo Paga, que funciona con recursos de la universidad pública, pues se estima que con lo que sostienen a 40.000 estudiantes de Ser Pilo Paga en universidades privadas, en las universidades públicas podrían sostenerse a 500.000 estudiantes.

Como resultado a la serie de circunstancias negativas y que pasan por encima de nuestros derechos, el 10 de octubre vivimos una de las marchas multitudinarias de la historia colombiana. La educación superior en el país está colapsada y mientras tanto el Gobierno anuncia más recursos al Ministerio de Defensa; esto hizo que nos uniéramos en una sola voz, y nos movilizáramos tanto en ciudades principales como en pequeños municipios.

Mediante un comunicado, un vocero de esta movilización afirmó que “la educación es la herramienta fundamental para zanjar la abismal desigualdad social, moral e intelectual de la nación. El Movimiento Estudiantil colombiano, nutrido de sueños, vuelve a manifestarse por medio de procesos de organización, movilización y articulación a nivel nacional”.

Las problemáticas nos han hecho entender la importancia de la educación pública y el riesgo en que está, por eso defendemos el derecho a la educación que por ahora parece un privilegio de pocos. Se calcula que alrededor de un millón de personas marchamos en el país en una sola voz, las 32 universidades públicas estábamos en las calles, exigiendo garantías para la educación superior colombiana. Las movilizaciones responden a un déficit en la educación pública, que se estima en 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura, de acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE). 

Las movilizaciones fueron convocadas y organizadas a través de asambleas universitarias; también el “voz a voz” fue un factor clave, y las redes sociales hicieron un gran aporte, pues a través de WhatsApp, Facebook y mensajes de correo electrónico se motivó a los estudiantes de diferentes universidades y a la comunidad en general a la participación en la marcha. Hay algo claro para la comunidad estudiantil de la universidad pública colombiana, y es que si bien la marcha mostró la inconformidad con las políticas educativas del Gobierno nacional, por delante tenemos grandes desafíos en la defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.

 

 

El símbolo de la muerte se hizo presente en la marcha por la universidad pública

 

 En Pitalito Huila cerca de 800 personas se unieron en la movilización por la educación superior.

Jóvenes de Pitalito hicieron un llamado al gobierno nacional para exigir garantías en la educación pública.

Asociaciones y sindicatos se unieron por la defensa de la educación pública.

 

Este martes 9 de octubre, más de 1500 personas se reunieron en el Colegio Claretiano en Bosa, al sur de Bogotá, para dar inicio a la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos, un espacio que busca construir una propuesta de unidad del movimiento social colombiano y una ruta de movilización contra las políticas del actual gobierno. Este evento se desarrollará hasta el 12 de octubre.

 

Organizaciones sociales de derechos humanos, de mujeres, indígenas, afros, estudiantiles, urbanas, entre otras, hacen parte de este encuentro.

El inicio del evento estuvo acompañado por una movilización de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas.

“Guardia: ¡fuerza, fuerza!” – arengaron los hombres y mujeres que garantizarán la seguridad y el buen desarrollo de este evento.

El inicio estuvo acompañado con un ritual de armonización liderado por el pueblo muisca, los dueños ancestrales del territorio de Bakatá, a quienes se les sumaron otras comunidades como los Wayuu.

Eliel Castillo Wuoliyu tocando la fotata en la mística, donde se hizo referencia a los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y tierra.

Durante esta semana las organizaciones sociales plantearán los retos de los sectores populares y una agenda conjunta, en donde también se tendrá en cuenta la participación en las elecciones del 2019.

En el encuentro también se encuentran participantes del movimiento internacionalista de diferentes países como México, Brasil, Ecuador, Venezuela, España, Alemania, Palestina, Guatemala, entre otros.

 

El proceso de privatización de la universidad pública no ha dejado de avanzar desde el momento mismo en que se aplicó la ley 30 de 1994, para adecuar la educación superior a las necesidades del capital internacional en la era del neoliberalismo, bajo la imposición de la OMC. Las 10 mil becas que el gobierno ha destinado para los bachilleres de estratos bajos con mejores pruebas Saber 11° (Icfes) no son más que la estocada para una universidad pública que agoniza. No tienen como propósito facilitar el acceso de los pobres a la educación superior sino todo lo contrario: a través de la transferencia de recursos de la universidad pública a las universidades privadas acelerar el deterioro de las primeras a la vez que debilita la lucha de la sociedad por mantenerlas.

Con esto no se hace más que cumplir el programa propuesto hace quince años por el gobierno de Pastrana, que buscaba desfinanciar la universidad pública, otorgándole créditos a los estudiantes sin importar si se matriculaban en una universidad pública o en una privada. Los créditos educativos, aunque se disfracen de becas como es el caso actual, no son más que una estrategia mediante la cual el Estado se sacude la obligación con la educación y prepara el subconsciente de los colombianos para aceptar la muerte de la universidad pública, al tiempo que fortalece financieramente la universidad privada. Y es que ante las dificultades para pasar a la universidad pública por los estúpidos exámenes de admisión, que no son más que un colador disfrazado de garante de calidad, los estudiantes que acceden a créditos u obtienen una beca terminan matriculándose en las universidades privadas, llevando hasta allí los fondos del Estado.

Todo esto no puede hacernos perder de vista que la verdadera fuerza privatizadora de la universidad pública viene desde adentro. El trabajo más habilidoso del gobierno ha sido nombrar rectores títeres que han terminado por desviar a la universidad en sus objetivos, ignorando sus compromisos con la comunidad académica y con la sociedad en general. Hoy en los consejos superiores de las universidades públicas tienen más peso los empresarios privados que los estamentos estudiantiles y docentes. Y eso se refleja en el hecho de que la lógica de la universidad se asemeje cada vez más a una empresa privada con ánimo de lucro que a una institución educativa.

Por ejemplo, los trabajos de extensión e investigación cada vez tienen menos que ver con servicios concretos a la comunidad que con necesidades del sector empresarial que puede financiarlos. La conexión entre universidad pública y sector privado se está haciendo tan íntima que dentro de poco la Universidad de Antioquia y la Ruta N, un complejo para la investigación y promoción del emprendimiento, serán la misma cosa. De hecho, esta universidad ha construido un sofisticado edificio, separado de la ciudad universitaria, en donde la investigación funciona como un negocio aparte. Como si fuera poco, también los posgrados tienen una sede distinta, y funcionan con una lógica distinta, resguardados de las alteraciones que sufre la ciudad universitaria por los conflictos que todavía se atreven a destapar los estudiantes de pregrado.


En términos generales, los posgrados ya no funcionan en ninguna universidad bajo la lógica de la educación pública. Sus costos ya no tienen nada que ver con los ingresos de los estudiantes y en promedio se acercan cada vez más a los costos de las universidades privadas. Algunos estudiantes de posgrado, incluso para financiar sus investigaciones cuando requieren instrumentos y equipos, deben recurrir a la empresa privada. En concreto, una persona pobre difícilmente puede acceder a un posgrado, pues éstos se han convertido en verdaderos negocios lucrativos para las universidades, públicas y privadas.

Hay además otras formas en que estas fuerzas administrativas actúan desde adentro para aniquilar la universidad pública, transformando su cotidianidad. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en un evento académico en la Universidad Nacional- sede Bogotá, en la Facultad de Ciencias Económicas. En la tarde quisimos entrar a la biblioteca, aprovechando que estábamos justo a la entrada y necesitábamos revisar un material. Pero los celadores nos lo impidieron porque no teníamos carnet de la universidad. El hecho nos sorprendió sobre todo porque creíamos que aquella situación solo se vivía en la Universidad de Antioquia. Aquel día comprobamos que las estrategias de control de la vida cotidiana que se impusieron a la fuerza en la Universidad de Antioquia se estaban adoptando como modelo en el resto del país.

La situación de la Universidad de Antioquia es caso aparte. Hace pocos años la rectoría naturalizó allí la militarización de la vida con el pretexto de acabar con las plazas de vicio que funcionaban adentro. Hoy las plazas continúan allí desarrollando tranquilas su negocio, pero la fuerza pública ha logrado domesticar de alguna manera la vida en la universidad y, sobre todo, la administración logró cerrarle el acceso a los habitantes de la ciudad, que ni siquiera se movieron para defender su alma máter. Hoy para ingresar a algún evento de la universidad sin carnet hay que hacer, con varias horas de anticipación, una serie de trámites para inscribirse en la página de la Universidad, lo que prácticamente disuade a la gente de intentarlo, por más atractivas que sean las conferencias o los foros. A la biblioteca central también le pusieron torniquetes que solo se mueven con el chip del carnet. Así que la situación hoy es que la fuerza pública se puede mover tranquilamente por la ciudad universitaria, tumbando inclusive sus rejas, como ha hecho en múltiples ocasiones, mientras los ciudadanos deben pedir permiso con antelación, sin que sea seguro que lo obtengan.

Pero también a los estudiantes se les estrechan las puertas para su formación. Más allá de las cámaras de seguridad que se han puesto incluso en los baños, la academia misma se ha sometido a las groseras estrategias de control de la administración. Ahora se les ha ocurrido prohibir a los estudiantes asistir a cursos en los que no estén matriculados y a los profesores se les ha prohibido recibirlos. El argumento es de lo más superficial del mundo, pero su aplicación es temeraria. Según la administración la medida se debe a que muchos estudiantes llegan de asistentes a los cursos y después obligan a los profesores a asentarles sus notas. En su burda lógica de control la administración no puede concebir que un estudiante de verdad quiera aprender y buscar el conocimiento allí donde logra identificarlo. La administración cerrada a los escenarios de conocimiento es la máxima expresión de privatización de la educación y tiene hoy su expresión más explícita en la universidad pública.

Hasta ahora los estamentos de estudiantes y docentes se han movilizado fuertemente contra las políticas privatizadoras que se expresan en reformas concretas. Pero no parecen haber identificado todavía la fuerza privatizadora en la transformación de la vida cotidiana en la universidad. Tal vez este sea uno de los frentes donde tenemos que defender hoy con más compromiso no solo la universidad pública sino la vida toda, pues intentan privatizarla y mercantilizarla a cualquier precio.

El departamento del Huila parece estar perseguido por una abominación contra el oficio periodístico independiente. Muestra de ello es el asesinato los periodistas Nelson Carvajal Carvajal el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Pablo Emilio Medina Motta el 3 de diciembre de 1999 en Gigante, Gimbler Perdomo Zamora el 1 de diciembre de 2002 en Gigante, Guillermo Bravo Vega el  28 de abril de 2003 en Neiva, Manuel Macías el 9 de febrero del 2008 en Algeciras, y Flor Alba Núñez el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito.

En medio de las problemáticas relacionadas a la libertad de prensa en el departamento, Pitalito ha sido uno de los municipios más afectados. El asesinato de Nelson Carvajal Carvajal marcó nocivamente y para siempre el oficio periodístico de la región. El periodista, con 37 años de edad, fue asesinado con siete disparos cuando salía de la escuela Los Pinos, de la que también era director y docente. El sicario huyó en una motocicleta que lo esperaba unas cuadras adelante. Para el momento, Nelson trabajaba como director del noticiero ‘Momento Regional’ de la Emisora Radio Sur, en el municipio. Desde allí venía realizando denuncias en contra de empresarios y políticos, y según fuentes él habría conseguido documentos que comprometían a empresarios con redes de tráfico de armas y drogas en la zona; actos ilícitos cometidos bajo el amparo de autoridades locales. En el caso no hubo condena, y solo hasta 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el asesinato fue cometido para silenciar su trabajo como periodista.

La muerte de Nelson puso de manifiesto los poderes oscuros en el municipio y su estrecha relación con entes gubernamentales, la falta de control en acciones delincuenciales y la complicidad estatal en los hechos. Este suceso, que dejó al periodismo de la región herido de muerte, se ha repetido cuatro veces más a lo largo de 18 años. El último episodio y quizá el más recordado por la forma tan contundente en que ocurrió fue el de la periodista Flor Alba Núñez; así, Pitalito volvió a estar en primera plana de medios nacionales, pero esta vez de una forma aniquiladora. De repente el segundo municipio más importante del departamento perdió por segunda vez una de las semillas más prometedoras de periodismo independiente.

Estos dos asesinatos de periodistas en la localidad, y en especial el segundo, hicieron que las dinámicas investigativas e independientes que se tejían empezaran a cambiar, y que en la actualidad se piense mucho antes de publicar cualquier información relacionada con denuncias sobre irregularidades políticas, o termine siendo omitida. Ejemplo de ello es la desconfianza y poca accesibilidad que muestran los medios cuando se les menciona la muerte de la periodista y la posible relación del hecho con la actual administración del municipio.

Al respecto, un periodista manifestó que “en Pitalito ninguno de nosotros quiere hablar sobre el tema y a pesar de saber la verdad sobre el segundo asesinato nadie lo dice. Vivimos en un pueblo en donde no queremos ser el objetivo de quienes ostentan el poder y tienen intereses oscuros, y así ser una tercera víctima. Dos de nuestros compañeros tuvieron que alejarse completamente de la región debido a amenazas, porque investigaban nexos del actual gobierno con la muerte de Flor Alba, y además del lavado de dinero en la zona, la fuerte conexión que tiene este con casas comerciales de la población. El periodismo en Colombia y específicamente en Pitalito nos pone a decidir entre informar con trasparencia o vivir, porque denunciar es estar dispuesto a morir”.

La noche del martes 2 de septiembre de este año, cuando casi se ajustaban tres años del último asesinato, debajo de la puerta de las instalaciones de La Fiera en Pitalito -una emisora reconocida en la región Huilense-, fue puesto un sobre de manila proveniente de las “Águilas Negras” y con dos oficios que titulan “Así comienza la limpieza en el Huila de tantas lacras” y “Águilas negras de Colombia por nuestro país”; en ellos mencionan a cuatro periodistas de la región y además a la fundación FESH. Entre letras se lee “Malparidos ni sus escritos ni sus denuncias nos van a detener”.

En un reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, se advierte que los tres poderes del Estado colombiano siguen siendo los mayores agresores contra comunicadores sociales en el país. En los últimos 40 años han sido asesinados en Colombia 154 periodistas, crímenes que en su mayoría continúan en la impunidad.

De los cinco casos de asesinatos en el Huila, solo hay condenas en el de Flor Alba Núñez, al ser capturado el autor material, Juan Carlos Ortiz, alias ‘El Loco’. Los demás crímenes de periodistas huilenses siguen en la impunidad; pese a que hay indicios de personas muy reconocidas como comerciantes, a la fecha no existe prueba alguna que los haga responsables. Así, ante este panorama ¿quién puede brindar las garantías para que en el municipio se logre hacer un periodismo independiente?

 

AMENAZAS

                 

 

 

 

PERIODISTAS ASESINADOS

 Flor Alba Nuñez -Periodista-                                                                                                 

 

Nelson Carvajal - Periodista-

 

 

   

 

 

 

 

 

No sabemos quiénes son, cuántos, cuáles son sus verdaderos nombres, qué música escuchan, dónde viven, por qué hay tanto odio en su gramática, y por eso nos generan tanto miedo; porque se comportan como la muerte: no sabemos cuándo llegarán, cómo aparecerán, ni en qué lugar.

Se autodenominan águilas –que todo lo ven– negras –el distintivo de su política terrorífica–. Escriben panfletos. Y en uno de sus panfletos, que circuló la semana pasada, prometieron exterminar a los colegas de El Macarenazo, El Turbión, Clarín Colombia, Desde Abajo y Colombia Informa. La sentencia venía firmada por el Bloque Capital, quien justificó que los amenazados son “sapos”, “informantes y voceros de la guerrilla”, “hijueputas traidores de Colombia”, entre otros adjetivos injuriosos escritos con mala ortografía.

No es la primera, ni la última vez que las águilas más negras de Colombia hacen este tipo de advertencias. El nombre de defensores de derechos humanos, líderes comunales y sindicales también ha aparecido en esos dantescos panfletos.

Según un artículo publicado en El Espectador, el vuelo mortuorio de las águilas se remonta a 2006, año en que prometieron desmovilizarse los grupos paramilitares. Desde entonces, 589 personas fueron amenazadas en un total de 282 panfletos, 67 de ellos escritos este año. Cauca con 35, Valle del Cauca con 24, Atlántico con 23, Antioquia con 21 y Cundinamarca con 19, son los departamentos donde más notificaciones fúnebres han circulado. 20 de ellas firmadas por el Bloque Occidental, 10 por el Bloque Norte, y seis por el Comando Central.

En agosto la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó las conclusiones de su investigación sobre las águilas negras. La organización determinó que “no existen como estructura criminal. No hubo ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia (…) Algunos grupos criminales cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean muy violentas, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados (…) Hay sectores en la legalidad, como supuestos empresarios, políticos o particulares, que contratan sicarios para asesinar o amedrantar personas, y se hacen colocar el nombre de Águilas Negras”.

Que sabemos muy poco de ellos –¿ellas? – es la única certeza. Su forma etérea es la prueba de su existencia. La efectividad pedagógica del miedo radica en su misterio.

Los grupos de inteligencia del Gobierno solo ofrecen respuestas a medias, cuya parte más importante es aquella que permanece oculta. En esta negra historia la institucionalidad es arte y parte. En ocasiones se han disfrazado de águilas –o han pagado a las verdaderas– para deshacerse de las piedras que tallan en sus zapatos. Sin embargo, cuantas veces sea necesario, reiteramos que su obligación es hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de aquellos que exigen lo que todos deberíamos: la defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

Es muy diciente la celeridad con la que actuó la Fiscalía cuando periodistas de Caracol y RCN Radio fueron amenazados el pasado mes de julio. Como diciente y sintomático es la falta de solidaridad y colegaje de los líderes de opinión de los grandes medios con los colegas amenazados. ¿Acaso por ser medios con agendas mediáticas alternativas no vale la pena defender su derecho a la libertad de expresión?

El desgobierno y el odio que reina en nuestro país demuestra que Colombia es más territorio que Estado. El Gobierno hace las veces de espectador mientras la sociedad hace justicia con sus propias manos. La clase política socializa su proyecto de país con una pistola en el bolsillo. La violencia se convirtió en nuestro medio y nuestro fin.

Democracia, decía Estanislao Zuleta, es el derecho del individuo a diferir contra la mayoría. La diferencia además de legítima es necesaria. Los derechos humanos no deberían tener dueño, ni color, ni ideología. Por eso, aunque las águilas negras digan lo contrario, ser líder social o periodista independiente no es –ni puede ser– un delito o una razón para justificar la muerte.

 

Page 4 of 13

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.