(14)

Mucho se ha hablado últimamente sobre la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, específicamente por la gran cantidad de asesinatos, amenazas y procesos judiciales en su contra. Aunque esto no es algo nuevo, el alarmante crecimiento de estos casos está en el foco de la opinión pública. Esta visibilización es importante y necesaria para movilizar al Estado, la sociedad civil e incluso a la comunidad internacional en torno a la protección de estas personas y el apoyo a los procesos que desarrollan, pero también trae especulaciones e información contradictoria. Por esta razón, es importante establecer qué es verdad en esta situación, cuáles son los mitos a su alrededor y qué preguntas hacerse como sociedad frente a este fenómeno.

VERDADES

Entre los grupos de personas olvidados por el Estado colombiano e invisibilizados en el conflicto armado están los líderes sociales y defensores de derechos humanos. A lo largo del tiempo los gobiernos de turno han hecho poco o nada por apoyar el liderazgo social y desconocen la violencia sistemática que la afecta. De acuerdo con Carlos Guevara, coordinador del programa Somos Defensores, la tasa de homicidios focalizada en estos activistas se disparó y viene en aumento sostenido desde el inicio y la implementación del proceso de paz con las FARC.

Guevara señala que los activistas que reportan mayor número de afectados son líderes campesinos, comunitarios, de juntas de acción comunal, indígenas y afro de diferentes zonas de los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó. En este sentido, se evidencia una violencia concentrada en representantes de minorías con pocas oportunidades de acceso a la ayuda estatal y en lugares donde la guerra ha sido una constante, hay algún tipo de interés económico y político o se llevan a cabo luchas de reivindicación social.

Denuncias
Organizaciones como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y popular, la Marcha Patriótica e Indepaz, en alianza con el instituto Heinrich Böll Stiftung Colombia, presentaron en mayo de 2018 un Informe Conjunto Especial de Derechos Humanos-Situación de lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las FARC y sus familias, ampliado y actualizado en julio del mismo año por Marcha Patriótica en su rueda de prensa sobre el tema.

En este informe se habla, hasta el cinco de julio de 2018, de 123 líderes y/o defensores de DDHH asesinados en lo que va transcurrido del año. Dicha cifra fue ampliada en el comunicado oficial de Marcha Patriótica del 17 de julio, al considerar datos desde enero de 2016 hasta julio 2018, para una cifra final de 445 líderes asesinados, de los cuales 169 pertenecían a Marcha Patriótica y 22 de estos eran mujeres.

Entre los datos relevantes presentados por el informe están: en el 2018 las organizaciones que reconocen como suyos a los asesinados son en su mayoría la Cumbre Agraria (ONIC, Marcha Patriótica, PCN, Congreso de los Pueblos y Ríos Vivos) y la Confederación Comunal de Colombia; el 81,5% de las personas afectadas pertenecen a organizaciones campesinas, étnicas o a JAC; los relacionados con cultivos de coca (pactos de sustitución o erradicación forzada) son el 12,6%; los conflictos por tierra, territorio y recursos naturales representan el 83,19% de los asesinatos en 2018; el 15,12% de los homicidios fueron mujeres y desde la elección presidencial el 17 de junio del presente año, hasta el cinco de julio, se han asesinado a 22 líderes y/o defensores de DDHH, y la cifra aumenta día a día.

Así mismo, el informe señala que “La presencia de grupos paramilitares, del ELN y disidencias se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacía presencia las Farc-Ep y actualmente las amenazas contra miembros de organizaciones sociales es permanente”. Con lo anterior, se pone de manifiesto el peligro en el que están los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos de paz. Además, concluye que se observa un número significativo de asesinatos de personas pertenecientes a los mismos grupos sociales o políticos ocurridos en un mismo periodo de tiempo y en los mismos espacios geográficos, evidenciando una sistematicidad en la que se destacan los actores que las ejecutan y los modos de ejecución de acuerdo con el territorio y los fines que persiguen.

Frente a esto, las organizaciones sociales piden al Estado, entre otras cosas, investigar el origen de las amenazas y los asesinatos para evitar más casos, y esclarecer los ya existentes; una ruta de concertación para garantizar la vida e integridad; medidas de prevención y de protección territorial y colectiva, como fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección, entre los que están las guardias indígenas, cimarronas y campesinas; pactos regionales de no violencia; cumplimiento de los acuerdos de paz, e implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial y los pactos de sustitución.

Otras organizaciones se han visto afectadas en lo que podría considerarse una ampliación de esta violencia hacia sectores sociales. Es el caso de los integrantes del movimiento político Colombia Humana asesinados y amenazados. Al respecto, Jorge Rojas, gerente de la campaña política de este movimiento señaló en varios medios de comunicación que se han recibido amenazas, en su mayoría, en zonas de interés político, y que se trata de un “plan de exterminio” aprovechando el momento de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, espacio en el que ninguno se responsabiliza sobre la problemática.

Amenazas, judicialización y otras formas de violencia
No solo se trata de asesinatos. Existen otras formas de violencia recurrentes y caracterizadas en contra de los activistas sociales que dan cuenta de una sistematicidad en las acciones. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo están las amenazas, que se presentan de manera individual y colectiva mediante panfletos, llamadas, mensajes o redes sociales y buscan intimidar y servir de advertencia. Las violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad con toma de fotografías no autorizadas y robo de información, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias, el desprestigio, las desapariciones y el desplazamiento forzado son las maneras recurrentes en las que se ataca a los líderes sociales y deben ser consideradas como parte de la problemática.

Por su parte, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos –GIDH y el Programa Somos Defensores, realizaron un informe para la Comisión de la Verdad, titulado Defender la Vida. En este muestran cinco patrones claros de agresión: la represión por entidades de inteligencia del Estado a través de vigilancia ilegal, hostigamiento, sabotaje, difamación, amenazas y asesinatos; la criminalización infundada a través del sistema de justicia criminal; las ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad del Estado; las ejecuciones por grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización que actuaron con la connivencia, aquiescencia o tolerancia de las fuerzas de seguridad del Estado; y el uso excesivo de la fuerza contra defensores de derechos humanos en protestas sociales, especialmente por el ESMAD de la Policía Nacional.

¿Qué dicen el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional?
Frente a la problemática, el Estado ha manifestado su posición de diferentes formas. A finales de 2017 el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que no había una organización asesinando líderes sociales y que la “inmensa mayoría” de estos asesinatos eran producto de problemas de linderos, rentas ilícitas y líos de faldas. A esta declaración se suma la del presidente Juan Manuel Santos en octubre de ese mismo año, en la que afirma que no hay un patrón sistemático y que se trata de hechos aislados.

A julio de 2018, con el obvio incremento de las muertes, el ministro Villegas señaló que “le preocupa enormemente el asesinato de líderes” y que se están tomando las medidas necesarias. La Fiscalía General indicó que las investigaciones están en curso y el ministro del Interior informó que se empezó a implementar un modelo de “protección colectiva”. Por otro lado el presidente electo Iván Duque prometió “cero tolerancia” frente a la violencia que sufren los líderes sociales, y el presidente Santos condenó enfáticamente los hechos de violencia y pidió a la fuerza pública actuar con contundencia.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, reconoció la sistematicidad en el caso de los asesinatos de líderes de tierras, afirmó que la defensa debe hacerse desde los territorios, con esquemas de protección rural, colectiva y con enfoque diferencial. En cuanto al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, este afirma que: “No puede haber ni un líder social o defensor de derechos humanos más asesinado en Colombia y por eso reiteramos la obligación que tiene el gobierno de reforzar su seguridad y de garantizar la labor social que ellos realizan en todo el país”.

La sociedad civil se ha mostrado inquieta y solidaria con la situación de los líderes sociales y se ha manifestado de diferentes formas, por medio de performances artísticos en diferentes partes del país y movilizaciones en las calles y redes sociales. Entre las diferentes manifestaciones se destaca la Velatón del pasado seis de julio, en la que miles de colombianos salieron a las plazas principales de diferentes pueblos y ciudades, tanto en Colombia como en el extranjero, para sentar su voz de protesta en contra de la violencia y por el derecho a la vida.

En cuanto a organismos internacionales, Amnistía Internacional, le ha llamado la atención al gobierno de Santos por la situación de seguridad que hay en algunos territorios y que representa un riesgo para la vida de los líderes. 38 Diputados del Parlamento Europeo dirigieron una carta a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de seguridad, Federica Mogherini, en la que manifiestan su profunda preocupación por la situación de los líderes sociales en el país y hacen un llamado urgente y de carácter humanitario para la inmediata intervención, con el fin de salvar la vida de los líderes. Por parte de la ONU, Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en entrevista a medios de comunicación expresó que: "la defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio" y que la situación es tan grave que se ha normalizado el riesgo y el miedo en la defensa de los derechos humanos.

MITOS

¿Por qué hay diferentes cifras de asesinatos?
Para muchos, la discrepancia en las cifras sobre asesinatos a líderes sociales genera dudas respecto a la credibilidad del problema, y para otros representa intereses específicos de las entidades que las presentan. Lo cierto es que la diferencia en cifras se debe a dos factores: las metodologías para verificar los casos y los periodos analizados.

Algunas organizaciones reportan solo los casos que tienen que ver con sus miembros y las diferentes denuncias que se realizan, otras tipifican la función del líder social para determinar si realmente lo era o no, y de qué forma se presentó su fallecimiento (si tuvo o no relación con su labor social), y otras tienen en cuenta de qué forma ejercía su liderazgo y qué cargo tenía.

Así mismo, en cuanto a los periodos de tiempo reportados, algunas organizaciones establecen como fecha de inicio enero de 2016, otras el día D de los acuerdos de paz, algunas reportan año a año y no un total, y otras amplían su espectro de análisis hacia el 2015 o años anteriores. La frecuencia de reporte de víctimas también es un factor, ya que organizaciones como la ONU o la Defensoría del Pueblo presentan informes oficiales cada trimestre, mientras que otras organizaciones van actualizando las cifras día a día.

Por esta razón se encuentran cifras que van desde los 200 hasta los más de 400 líderes asesinados. Lo que no se puede perder de vista es que más allá de los diferentes reportes, se trata de vidas humanas valiosas e importantes, que debieron ser respetadas y a las que se les debió dar garantías para el trabajo social que desempeñaban.

PREGUNTAS

Las dimensiones de una problemática que pudo haberse atendido con celeridad y contundencia han alcanzado los niveles de crisis humanitaria. La situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es insostenible, y en este punto coyuntural en el que es tan evidente que existe un problema, vale la pena preguntarse: ¿Por qué se llegó tan lejos? ¿Qué hay detrás de las muertes sistemáticas de los líderes y defensores humanos? ¿Acaso no todos los ciudadanos son potenciales líderes sociales? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué exigirle al gobierno y cómo? ¿Qué nos dice como sociedad los alcances de esta problemática? Ahora es momento de reflexionar y de reconocer que la sociedad en su conjunto debe actuar con responsabilidad y sin indiferencia ante algo que está pasando y que afecta a todos.

Una de las regiones más afectadas por los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos es el Pacífico colombiano. En esta región, el contraste entre la abundancia de bienes naturales y económicos de los puertos y la extrema pobreza de sus habitantes, es un paisaje habitual. Esta desigualdad que afecta a la población, la moviliza y la pone en pie de lucha por sus derechos.

Como ejemplo de la lucha de los pueblos del Pacífico está Buenaventura, una tierra que, según Arturo Grueso, docente experto en educación popular y coordinador del Nodo de Pensamientos Ancestrales de la Corporación de Educación e Investigación Intercultural para los Pueblos (CEIP), contiene una gran cantidad de imaginarios culturales que configuran a su población, en su mayoría afro, alrededor de sus raíces y de la tierra, a pesar de las difíciles situaciones que enfrentan.

Las problemáticas que afectan a esta población y por las cuales se han generado protestas y levantamientos de líderes sociales son la falta de infraestructura, la precaria atención en salud, el escaso acceso a la educación y la mala prestación de servicios públicos. Al respecto, Grueso señala que existe un abandono total del Estado y que cuando hace presencia afecta mucho más a la población. La población los reclama, pero a la vez desconfía absolutamente de sus intenciones y de su accionar.

En mayo de 2017 la comunidad, a través de diferentes organizaciones sociales, convocó a un paro cívico que mantuvo 22 días en parálisis al puerto. Con la organización de un Comité ejecutivo del Paro Cívico, que agrupaba las demandas de las organizaciones, se generó un pliego de peticiones. Después de días difíciles de negociación, problemas de orden público y desacuerdo entre las partes, se logró la sanción de la ley de diciembre de 2017, que garantiza recursos para cumplir las obras prioritarias de la ciudad: se aprobaron recursos para el desarrollo de una ciudadela hospitalaria y una Unidad de Cuidados Intensivos, inversión en acueducto, agua, saneamiento y educación. En la actualidad se mantienen los acuerdos y el Comité ejecutivo verifica su implementación.

El profesor Arturo señala que aparte del hambre y la pobreza que sufren los bonaverenses, la población se ve afectada por diferentes máquinas de guerra que quieren el control territorial. En este sentido, además de estas condiciones sociales vinculadas con el abandono estatal, Buenaventura sufre por el narcotráfico, el paramilitarismo, la corrupción, la privatización del puerto, la segregación racial y el desplazamiento forzado. “En el puerto la violencia se da por oleadas. Hay momentos de letargo, de calma, en la que los actores de alguna manera están calmados o han hecho acuerdos para realizar sus acciones y de repente vuelve la violencia”, afirma Grueso.

Todas la anteriores problemáticas sociales traen violencia a la población y entran en conflicto con el trabajo social desempeñado por líderes. Entre los casos más notorios de líderes sociales afectados está el de Temístocles Machado, del Proceso de Comunidades Negras e integrante de la mesa que promovió el paro cívico, quien fue asesinado el 27 de enero de 2018 por hechos relacionados con su liderazgo, que aún se encuentran en investigación. Otro caso es el de Orlando Castillo, quien ha recibido cerca de 37 amenazas por parte de grupos armados, y desde hace cuatro años está con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque este panorama social no difiere del que se presenta en diferentes partes del país, Buenaventura es un lugar especial en el que el territorio es la vida misma, porque genera una identidad cultural a partir del imaginario de lo afro. Por esta razón, explica Grueso, hay una rebeldía en la comunidad y, aunque soporta condiciones difíciles, en su ADN está la protesta social que los impulsa a luchar por su territorio y por su identidad afro.

Por lo mismo, la ancestralidad es algo que ha sido atacado por parte de diferentes actores armados en busca de la ruptura del sistema de creencias de la población. Ejemplos documentados de este tipo de violencia son las casas de pique, en las que por medio de la desaparición de los cuerpos de los muertos se impedía a la comunidad sus ritos y así se destruía la ancestralidad. También es el caso de las “sabedoras”, mujeres con saber ritual propio de la cultura afro que, según el profesor Arturo, han sido atacadas y estigmatizadas por su saber y su papel dentro de los imaginarios que fortalecen la cultura de la población.

De esta forma, en una radiografía general de Buenaventura, es posible identificar problemáticas sociales generales que aquejan a sectores rurales y regiones apartadas de los centros de poder; pero también problemáticas específicas que pertenecen a esta comunidad en particular y que deben ser comprendidas y atendidas en su particularidad. Por esta razón, son tan importantes los enfoques diferenciales en los territorios para la implementación de los acuerdos de paz y la construcción de un país en el que todos puedan vivir.

Lo asesinaron de cuatro impactos de bala y luego lo degollaron. Así relataban los medios de comunicación la muerte de Nelson, así llegó aquella trágica noticia al coliseo de la Universidad de Antioquia, donde se encontraban sus compañeros de lucha. Dura, fría, sin anestesia, sin tacto, así de fuerte como se lee al inicio fue su muerte para quienes le conocieron.

Nelson Giraldo Posada hacía parte de Ríos Vivos Antioquia, un movimiento social que lucha por la defensa del territorio, del agua, los ríos y la biodiversidad. Se había sumado a la defensa del río Cauca, lo amaba, y fue justo ese amor el que lo llevó a retornar a Sardinas, una de las tantas playas que están a lo largo del cañón del río Cauca y que pertenece al municipio de Ituango. Había llegado allí en busca de oportunidades para el retorno. Lideraba un grupo de más de 50 barequeros que se encontraban, desde hacía meses, alojados en el coliseo de la Universidad de Antioquia en Medellín, en espera de respuestas por parte del Gobierno frente a las afectaciones del megaproyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango – Hidroituango, el mismo que hoy se derrumba ante los ojos del país.

Desesperado por no tener soluciones y por las malas condiciones en las que se encontraba su familia, se aventuró, pese a las amenazas que habían recibido, a viajar a aquella playa. “Nelson amaba a su familia”, relata con nostalgia Stella, una de las voceras del grupo de barequeros y pescadores que hoy se encuentra en el Coliseo de Ituango afectados por el megaproyecto y su mala planeación. Stella fue compañera de Nelson, e igual que él ama el río, le hace falta. Mientras termina de coser un bolso en una vieja máquina a la que le falta el motor, va contando lo poco o mucho que se acuerda de aquel hombre de 31 años, a quien todos consideraban un líder innato y que hoy se ha convertido en un símbolo de resistencia. Ese hombre luchador aún se refleja en los ojos de Elver, un niño de más o menos 10 años, hijo de Nelson, que a veces los visita en el coliseo de Ituango.

Falta poco menos de dos meses para que se cumpla el quinto aniversario de su muerte. A eso de las 6:30 p.m., un 17 de septiembre de 2013, se escucharon los disparos. El cuerpo sin vida de Nelson cayó a orillas del río, del “mono”, como cariñosamente le llaman al Cauca quienes desde niños han vivido de lo que su arena y sus aguas les proporciona. Han pasado cinco años ya desde su muerte y los asesinatos en contra de sus compañeros y otros tantos líderes que defienden sus territorios como un día lo hizo él, no paran. Asistimos todas las semanas a ver cómo la muerte se pasea por nuestros campos y ciudades, así como un día se paseó por Sardinas.

Desde inicios de la construcción del proyecto en el 2010, barequeros, pescadores y campesinos se opusieron a que se desarrollara. Sabían que represar el río no solo iba a traer consecuencias para su economía, sino que era algo fuera de cualquier proporción. Hoy saben que tenían la razón. Más allá del silencio cómplice de los medios y de la falta de claridad en la información que EPM entrega, hoy lo que ha quedado demostrado es que la construcción de la represa cambió sus vidas, las cambió a tal punto de dejarlos en la calle, con solo la ropa que llevaban puesta el día de la inundación. Más allá de las pérdidas materiales, los cañoneros perdieron su arraigo cultural, cambiaron a la fuerza su paisaje: “es como si a uno le arrancaran un pedazo del corazón, porque el Cauca era todo para nosotros y ahora ni verlo podemos. Ahora hasta amenazados nos tienen”, dice Conrado de Jesús Correa “Chucho”, mientras revuelve unos frijoles que cocina para el almuerzo de todos.

La muerte de Nelson se pudo evitar. Eso es lo que sus compañeros mencionan, es lo que abogados y defensores de derechos humanos que acompañan a Ríos Vivos han manifestado. Días antes de que le cegaran la vida, el nueve de septiembre del mismo año, el Tribunal Superior de Medellín había emitido un fallo en el que ordenaba, en un plazo de seis días, que se solucionaran y se dieran las medidas de protección que el movimiento había solicitado. Nelson había denunciado las amenazas en su contra y el Estado no hizo nada para protegerlo. A aquel hombre alto, moreno, robusto, de cabello corto negro y gran sonrisa, que manoteaba al hablar, lo dejaron sin ver crecer a Elver y a Mariana, sus dos hijos, por los que fue capaz de arriesgarse para darles la vida digna y estabilidad que EPM les había quitado y que jamás podrá reparar.

El recuerdo de Nelson sigue vigente. Su nombre (junto al de otros compañeros y al de muchos desaparecidos, cuyos restos se cree que están en el cañón) lo han pintado en una tela por la memoria para así honrarlo. Su muerte sigue impune, como muchas de las muertes de líderes en este país del “sagrado corazón”. Nelson Giraldo sigue vivo en la memoria de Ríos Vivos; camina entre ellos en cada marcha; está en la fuerza del grito que exige con vehemencia que se detenga Hidroituango; acompaña a Elver y a Mariana en cada caminar. Nelson seguirá en nuestra memoria, como permanecen los hombres que nunca dejan de luchar.

Volvieron a ver su tierra después de muchos años en el exilio. La curva del camino, ya reconocida hace tiempo, les indicó que estaban cerca de la parcela en donde alguna vez fueron felices. Manuel acarició la cabeza de su hijo mientras miraba los ojos melancólicos de Martha, tratando de contagiarle esa esperanza que hoy sin embargo se dibujaba solo como una promesa. Caminaban lentamente como buscando desandar los pasos que la violencia les había obligado a dar, abandonando todo lo que poseían.

Hacía ya un año que la guerra había terminado. La paz se firmó entre los aplausos de unos y la indiferencia y el escepticismo de otros. El perdón y el olvido se impusieron por decreto. Se habló mucho de víctimas y de reparación. Miles de hombres y mujeres colmaron las oficinas del gobierno buscando que el Estado les reconociera sus muertos y les devolvieran la tierra que hacía mucho tiempo los poderosos les habían arrebatado.

–Desde aquí ya queda poco para el rancho. Lo primero será acomodar la cerca, yo me acuerdo que antes se nos metían mucho los animales del compadre José y nos dañaban las matas.

–Estoy cansado y tengo hambre.

–No se preocupe Esteban, apenas lleguemos su mamá nos prepara algo, más bien súbase al caballo y ayúdenos a guiar las demás bestias.

Martha levantó los ojos y vio su antigua casa al final del sendero. Era solo una ruina. Cuatro paredes seguían en pié en medio de una tierra gris que daba testimonio de tiempos de violencia y muerte. Amarraron los caballos y las mulas, entraron respirando largamente como quien despierta de un terrible sueño y ahora solo quiere reconocerse en el mundo de los vivos.

–En esta habitación nació usted.

Martha y Manuel acariciaban las paredes y acercaban el oído como queriendo que estas les reconocieran y les dieran la bienvenida.

–Aquí en este patio mataron a su hermano Julián, le dispararon tres veces.

Se detuvieron mirando un árbol muerto, abrazándose y sabiendo que lo que seguía era lo más duro. Recuperar la tierra también es añorar a los muertos, seguir adelante a pesar de la tristeza.

En la mañana, Braulio y José saludaron desde el recodo del camino. Encontraron a la familia entre herramientas acomodando el techo y descargando las últimas cosas que traían consigo.
–Compadre, esta tierra está enferma. Ya no crece nada. Los de la oficina del Gobierno nos dicen que es mejor venderla.

Manuel miraba un puñado de ceniza que se encontraba bajo sus pies. La tomó en sus manos tratando de olerla.

–Sembraron palma los últimos quince años, el señor que compró todo esto tenía mucha plata, trajo maquinaria, trabajadores y muchos químicos. La tierra se agotó y ahora es un puñado de ceniza. Solo ceniza Manuel, solo eso nos dieron.

– ¿Y entonces que van a hacer ustedes?

–La cosa va muy mal Manuel, con otros hemos decidido vender, veníamos a decirle a usted, para ver si siendo muchos nos pagan un poco más.

– ¿Y nuestros muertos? ¿Los que nos mataron? Esta tierra es nuestra y no la vamos a dejar.

–Compadre, no es cosa de muertos, es cosa de vivos. Si nos quedamos aquí va a ser para morirnos de hambre.

Manuel sintió que el sol castigaba su cuerpo. Miraba con pena a su familia, pero con más pena y dolor a los dos hombres que ahora solo hablaban de vender todo y volver a una ciudad que no les pertenecía, que siempre los había tratado como extraños.

–Gracias compadres pero yo me quedo. Si alguien les pregunta le dicen que prefiero el hambre aquí en mi tierra que en los tugurios de la ciudad. Sí, para mi esa hambre es peor.

Las semanas que vinieron fueron terribles. Efectivamente la tierra agotada se había convertido en un puñado de ceniza y sal. Sembraron primero las semillas que les dio el Gobierno pero ni un brote hacia avizorar que la situación cambiaría. Ahora solo les quedaba el maíz, el mismo que Martha recogió en un tarro el día que mataron a su hijo, el día que abandonaron todo.

Manuel y su hijo tomaron los azadones y cavaron lo más profundo que pudieron. Al fondo la promesa de una tierra negra y fértil nunca los esperó. Todo era igual, un hollín que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. Esa tarde una camioneta lujosa se estacionó afuera del rancho. En ella un hombre obeso y una mujer joven, que a Esteban le pareció hermosa, los miraban con desprecio y lástima. No se bajaron del vehículo, no hablaron con nadie, solo esperaban como buitres a ver que la familia cayera, para apoderarse del miserable terreno que habitaban.

–Yo creo que no es la sal lo que mató esta tierra, fue la sangre de tanto muerto. La sangre de su hijo y el mío que nos mataron en este mismo patio.

Sembraron el maíz, lo regaron trayendo el agua de muy lejos porque incluso los ríos se negaban a dar su consuelo. Los días pasaron y solo se veía el mismo paisaje triste. Cuando se agotó el alimento supieron que tal vez habían vuelto a esta tierra solo para morir.

-Martha, amor, ¿qué nos queda?
-Un puñado de harina y unas cucharadas de café.
-Entonces llegó la hora, prepare la comida, después solo nos queda morirnos.

Comieron amargamente, no dijeron nada, solo se miraban pensando que la vida se había ensañado siempre con ellos, que eran los condenados de la tierra. Salieron del rancho y contemplaron las estrellas. Se acostaron en medio del campo y esperaron así que Dios cerrara sus ojos. Cuando despertaron, los primeros brotes se levantaban orgullosos. Habían vencido.

*Miembro colectivo literario Surgente. Texto ganador del primer premio del concurso cuento corto Agenda Latinoamericana 2017

No hay un cine tan necesario en este momento como el de Duni, ni un cine tan invisible en el pasado como el mismo. Sus películas son reflejo de esa realidad turbada y negada en Colombia, y su vida es una epopeya que raya a veces con la ficción, y es sustentada en el testimonio de sus pupilos y amigos, que, tras su muerte, reconstruyen su aporte al cine de un país sin aparente interés en él.

 

Finalizaba la década del 60 cuando Dunav Kuzmanich –o Duni– trabajaba en la producción del noticiero “Chile en marcha”, el cual se grababa en formato cine y se proyectaba cada semana en teatros antes del inicio de las películas del momento. En este noticiero quedó registrado ese país en tránsito hacia la unidad popular, que luego sería gobierno con Salvador Allende. Durante esta época, Duni terminó trabajando en el Ministerio de Comunicaciones, luego de su experiencia en varias producciones televisivas y cinematográficas.

Pero pronto estalló la tragedia que acabó con el proyecto democrático de Allende y con la vida de miles de personas que le apostaron a este, y que cambió también la de otros miles, que en el exilio tuvieron que dejar lo que hacían en su país. Sin embargo, aunque el destino de Duni cambiaría de patria, continuó por los caminos del cine. Después del golpe de Pinochet, Duni fue capturado en Antofagasta por agentes de la DINA, pero afortunadamente consiguió que diplomáticos cercanos a amigos intercedieran por él, y así terminaría por aterrizar en Colombia para el año de 1974.

Este otro país del sur no era extraño para él. Conocía parte de su historia, gracias a su amistad con el escritor y director Pepe Sánchez. Ambos habían participado anteriormente, en 1965, del rodaje de “Riochiquito”, el emblemático documental de Jean-Pierre Sergent y Bruno Muel que retrató aquel germen de resistencia de las autodefensas campesinas en territorios autónomos, que darían paso a las guerrillas colombianas como las conocemos. Durante este rodaje, Duni asistió la realización, y desde entonces se interesó por el perfil de estos hombres que tomaron las armas, pero específicamente quien llamaba su atención era la figura del guerrillero liberal de un par de décadas atrás, Guadalupe Salcedo, con su gesta durante el periodo de la Violencia.

Fue así como, al radicarse en Bogotá, apostó todas sus energías en retratar el conflicto y violencia, y entonces comenzó a rodar la historia que retomaría su inquietud por Guadalupe Salcedo y por las negociaciones de paz entre la guerrilla y el Estado. De esta manera en 1981, vería la luz de los cinematógrafos “Canaguaro”, la historia dirigida por Duni sobre el viaje de un grupo de guerrilleros liberales por los llanos orientales, que en medio de un proceso de negociación de las élites resultan traicionados.

En pleno Estatuto de Seguridad, solo 15 días bastaron para que el entonces presidente, Julio César Turbay Ayala, comprara la conciencia del productor, y a su vez protagonista de esta película, Alberto Jiménez, quien terminaría por sacarla de circulación y archivarla en el olvido para el beneplácito de Turbay. Durante muchos años se habló de Canaguaro como una película que partió la historia del cine colombiano y de la cual solo existía una copia desgastada, que alguien consiguió grabar con una betacam mientras duró su exhibición en cines, la cual fue compartida clandestinamente de generación en generación.

Así fue como se inscribió el destino trágico en la vida de Duni en Colombia: ser un director no visto, y vivir la paradoja de ser talentoso y meticuloso en la producción cinematográfica, pero sin suerte para los negocios, menos con una clase empresarial como la colombiana. "Duni era un loco que no sabía hacer negocios, sabía hacer cine, era un soñador", afirma Rafael Escobar, quien fue su pupilo y ahora hace parte de la corporación Dunav Kuzmanich, encargada de recoger y difundir su legado. Para Rafael, Duni era un hombre adelantado a la época que tenía una visión 30 años en el futuro, y por esto considera que sus películas son de especial importancia en este momento que atraviesa el país.

Un maestro de la coherencia
Si bien a la delgada figura de Duni hay que seguirle el rastro en diferentes momentos de la historia colombiana y de su cine, del relato de Rafael toma mucha más fuerza su personalidad a partir de su traslado a Medellín a mediados de los 80's. Y es que en esa ciudad es que lo conoce un par de años después, cuando Duni llega ante una camada de realizadores rebeldes como profesor en un curso de vacaciones de la UPB.

Como maestro pasó por varias instituciones con su propuesta “De la idea a la realización”, en la cual se apreciaba todo el conocimiento y experiencia que construyó en torno a la realización audiovisual. Su apuesta era aprender haciendo, y a partir de un tema construir una idea. De allí nació una nueva generación de cineastas antioqueños alentados en sus enseñanzas.
El grupo de estudiantes del que hizo parte Rafael pronto se convirtió en su círculo de amigos, y luego, cuando Duni se pasó a vivir a un parqueadero en el occidente de la ciudad, lo acompañarían constantemente en la que llamaron “La Dunicueva”, en donde se hablaba de cine, de política y de fútbol. A modo de anécdota, Rafael cuenta que curiosamente solo vio una vez una película de Duni con él en vida, y es que, para él, el maestro más que el cineasta, fue el hombre. "Duni era un tipo absolutamente consecuente, con un sentido de la dignidad, pero muy grande y coherente", dice.

Este hombre que hizo de Colombia su hogar era de izquierda, pero se definía como uno del pueblo. Odiaba la burocracia, la tramitología, que le robaran la comida al pobre; tenía como filosofía que un Estado debía responder por los derechos básicos, y fue consecuente al punto de que su vejez la pasó sin poder contratar como profesor por no renovar la cédula, ya que consideraba que un ciudadano no tendría que pagar por esto. También sin salud, porque creía que el Estado debía cubrir este derecho y no podía ser un negocio de privados.

Y esta consecuencia le generó todo tipo de problemas. Una vez diagnosticado de cáncer en 2007, comenzó a enfermar, y en una ocasión que tuvo una decaída física, al no tener servicio de salud, un grupo de amigos lo ingresaron al hospital con el único poder que ostentó alguna vez Duni: el de una cámara en la mano. Así lo recibieron bajo el nombre de “Daniel Guzmán”. Pero los vicios del oficio de contar historias nunca los perdió, y mientras estuvo en el hospital todo el tiempo planeó su fuga, cual película, haciendo cómplice de esta a todo quien lo visitaba.

Tampoco perdió la disciplina, por esto al saber de su enfermedad comenzó a escribir las últimas escenas de su obra. Entonces dejó la Cartilla de Narrativa Audiovisual, donde intentó condesar su propuesta para el proceso de realización de una historia, y el guion, según Rafael, del posconflicto titulado “Vuelta a Colombia”.

“El cine es el mensaje, no la estética”
A pesar de los problemas en la realización de cine propios del contexto, sus películas se concretaron. Aunque según cuenta Rafael, no faltaron las ocasiones en que algunas de las personas que participaron del rodaje, o inversores del mismo, se llevaban las latas con el material filmado creyendo que con esto no se terminaría la película. Por esto, algunas de ellas salieron con problemas de montaje, pero Duni con su conocimiento logró llevar a cabo sus historias. La experiencia de Duni en la realización y su método fue un importante aporte a la siempre naciente industria cinematográfica colombiana ya que, como él, pocos cineastas han conseguido dirigir cinco películas en un corto periodo de cinco años, y muchos ni siquiera durante toda su vida.

De esta forma, en la década del ochenta y con la existencia de FOCINE, Duni consiguió sacar adelante, con algunos tropiezos, cinco películas que le hablan a Colombia de sí misma: después de “Canaguaro” (1981) realizó “La agonía del difunto” (1982), la historia de la triquiñuela de un latifundista para burlar la toma de tierras de un grupo de campesinos en la costa; luego sacaría “Ajuste de cuentas”, sobre la terrible relación entre el poder político y el narcotráfico; posteriormente “El día de las mercedes”, sobre un pueblo que vive bajo el control militar y que un día decide rebelarse; y finalmente realizó “Mariposas SAS”, sobre unas prostitutas que llegan a un pueblo y sus confrontaciones al llegar a este. Estas historias suceden en cualquier pueblo de Latinoamérica, pero retratan en específico la violencia que ha afrontado y aún afronta Colombia. Para Duni, el cine tenía ese quehacer, el de contar una historia para mostrarle al espectador una realidad, hacia dónde se dirigía la sociedad.

La media vida de Duni en Colombia la entregó también a otros proyectos, como la realización del conocido programa televisivo Don Chinche; a la escritura de guiones de otras producciones cinematográficas como “Cóndores no entierran todos los días” (1984), “La nave de los sueños” (1996), “San Antoñito” (1986), y a la producción de otras como “Apocalipsur” (2007).

El cine de Duni es un compromiso con mostrar la realidad social. En palabras del crítico de cine Oswaldo Osorio, escritas en el marco de un homenaje que se le realizó a Duni en el 12° Festival de Cine Colombiano de Medellín, para él “hacer películas es apenas una parte y la consecuencia de una visión mayor, ante la vida, ante sus obsesiones o preocupaciones y ante la historia del cine en general y el poder de la imagen en movimiento en particular. Dunav Kuzmanich era este tipo de cineasta, así como un misterioso personaje de cuyas contradicciones emanaba el talante de su obra y la mística de su personalidad: era librepensador y radical, comprometido ideológicamente y escéptico, generoso con todo aquel que se le acercaba y huidizo de las convenciones sociales e institucionales”.

***


El pasado 10 de julio, la plazoleta de San Ignacio, en el centro de Medellín, se llenó de sillas plásticas en fila y de una pantalla, que hicieron las veces de teatro. Allí se proyectó Canaguaro, la cual tomó por sorpresa a varios de los asistentes por lo actual que parece en este momento la historia de traición del Estado. Duni murió sabiendo que su cine no era visto, pero convencido de que este tendría su momento. Ahora Rafael, y un grupo de amigos, están en la tarea de que aquel hombre tenga un lugar en la memoria del cine de este país, que también fue el suyo, y a pesar del olvido, ahí están sus películas para retarnos como colombianos a mirarnos en el espejo del cine.

Por lo visto, al presidente Duque no le dio ni cinco de vergüenza nombrar en su gabinete a personajes como Alberto Carrasquilla, Nancy Patricia Gutiérrez, María Victoria Angulo González, entre otros, a pesar de haber estado involucrados en escándalos de corrupción o procesos penales por paramilitarismo. El cinismo afloró muy rápido; en tan solo semanas el joven Iván Duque olvidó los compromisos que hizo ante el país el 27 de mayo, cuando ganó las elecciones: combatir la corrupción, renovar la política y acabar con la práctica de repartir mermelada.

Sin embargo, ya el tarro de mermelada está casi vacío: los empresarios, los corruptos, los militares implicados en falsos positivos, y los representantes de gremios como Guillermo Botero, recibieron su untada. Botero, reconocido empresario de las flores y hasta ahora presidente de Fenalco, fue nombrado ministro de Defensa, y como buen godo, lo primero que ofreció fue represión y control hacia la protesta social, un anuncio muy particular en un país que espera que alguien con autoridad haga algo para detener el genocidio contra líderes y lideresas sociales, cifra que supera 400 asesinatos en los últimos 30 meses.

Alberto Carrasquilla fue nombrado ministro de Hacienda. Este señor es un conservador ortodoxo, según lo definen en el diario El Tiempo, o un godo, como nosotros le diríamos, que se caracteriza como todos ellos por practicar la doble moral. Por un lado, lanzan a los cuatro vientos lecciones de moral y de comportamiento para los demás, pero aplican para sí mismos otras reglas, más flexibles, para beneficiarse de su poder y su cargo con los grandes contratos, o practicar la corrupción y el arribismo abiertamente contra los pobres. Carrasquilla estaría vinculado, por lo menos por omisión como ministro de Hacienda de Uribe, en el caso de contratación de la construcción de la refinería de Cartagena, Reficar, en la que se robaron más de ocho mil quinientos millones de dólares.

Su nombre se encontró en la lista de los papeles de Panamá, eufemismo usado para referirse a los paraísos fiscales en donde personajes como él esconden el dinero que se roban del erario público, o la plata que perciben por facilitar o recomendar meganegocios, práctica muy desarrollada y aplicada por los ricos de todo el mundo, casi siempre respetadísimos empresarios. Recientemente, y como si tuviera las manos y la imagen limpia, el polémico señor Carrasquilla manifestó en el diario económico La República, que el salario mínimo era “ridículamente alto” por lo que habría que rebajarlo. Carrasquilla además lidera el equipo de 295 personas que están haciendo el empalme con el saliente gobierno de Santos. Los multimillonarios, los godos, y las mafias que se apoderaron del Estado en los dos periodos de Uribe, manejarán la línea política y económica del gobierno de Duque. Más mano dura para los pobres.

Por otro lado, la nueva ministra del Interior es ni más ni menos que Nancy Patricia Gutiérrez, excongresista uribista, acusada e investigada por parapolítica y tráfico de influencias. Gutiérrez fue señalada de haber recibido apoyo de los paramilitares en su campaña, por personajes como Andrés Vélez del bloque centauros, Luis Alberto Medina alias “Cristo Malo”, y por la polémica Rocío Arias, ex representante a la cámara, uribista hasta los tuétanos, también condenada por parapolítica. El delito de tráfico de influencias fue por recibir información confidencial del DAS con la que Gutiérrez desprestigió a Piedad Córdoba. Todas estas ilegalidades fueron respaldadas por Uribe y la famosa exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Aunque la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia inhibitoria en favor de Gutiérrez, el expediente y el proceso siguen vivos, pues aunque el asunto jurídico tiene debilidad probatoria, podría activarse con nuevas pruebas.
María Victoria Angulo González, nueva ministra de Educación, aunque no es tan conocida se desempeñó en la Secretaría de Educación de Bogotá. Es una mujer muy estudiada, economista de la Universidad de los Andes, que desde 2011 dirigió la fundación Empresarios por la Educación. Según La Silla Vacía, esta fundación “promueve la vinculación activa del sector privado en el mejoramiento de la educación y tiene o ha tenido en su junta directiva a empresarios superpoderosos como David Bojanini, presidente de Suramericana, Antonio Celia de Promigas, Alberto Espinosa de Alpina y Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, entre otros”.

Nada de esto es ilegal, el problema es que cuando se presentaron los escándalos de corrupción por los carteles de los alimentos escolares, se pudo observar que la entonces secretaria de Educación del distrito firmó contratos con la Cooperativa de Suministros de Alimentos de Colombia, la misma empresa que con otro nombre le vendía las pechugas de pollo más caras del país a los cartageneros, platica destinada para alimentar a los niños y las niñas más humildes de esa ciudad.

Pero las acciones del nuevo gobierno y sus bancadas en el Congreso también han mostrado, con rapidez, el objetivo central de hacer trizas los acuerdos de paz, como lo había prometido uno de sus máximos voceros, el corrupto Londoño Hoyos. Para ello han atacado con virulencia la Justicia Especial para la Paz - JEP. En realidad a nadie le cabe duda que el fin primordial es la protección de Álvaro Uribe, ya que reconocidos y altos mandos militares se han acogido a la JEP, y allí tendrán que contar la verdad sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos y ordenados por el expresidente, o por lo menos con su complicidad o su omisión, y con el apoyo de importantes empresarios. Interesante observar el enredo y los conflictos que van a tener entre sí los áulicos del uribismo. Tal vez en esta oportunidad algunos no querrán pagar los crímenes del patrón.

Por otro lado, tampoco está tan fácil para Duque hacer trizas lo que queda de los acuerdos con las FARC, o patear la mesa con el ELN, pues la directora del FMI, Christine Legarde, advirtió a Duque que la inversión y el crédito dependen de la paz de Colombia. Y como el presidente electo se fue a recibir instrucciones, seguramente se devolvió con preocupaciones al respecto.

No se puede negar que se ha consolidado un gobierno tirano y cruel en contra de los más necesitados, uno con mano de hierro para atacar a la oposición social y política; así lo demuestran los más de 400 asesinatos y los cientos de judicializaciones y acciones de intimidación y amenazas contra los líderes sociales y sus organizaciones. Sin embargo, el viernes seis de julio cientos de miles de personas en Colombia, en más de 50 plazas públicas y en otros países, se congregaron para rechazar los asesinatos y la violencia contra los líderes y lideresas en una velatón por la defensa de la vida. Con esta acción de humanismo dijeron al movimiento social que no estaban solos.

Esta iniciativa democrática provocó el impulso de un pacto por la vida y la paz, que suscribió incluso el nuevo presidente Duque. Pero como desde entonces la violencia no ha parado, diferentes organizaciones sociales y populares, la bancada alternativa del Congreso de la república y la Colombia Humana reaccionaron con una propuesta de carnaval por la vida y la paz: una monumental movilización de millones de personas que se llevará a cabo el siete de agosto en Colombia y en todo el mundo, un mensaje claro para el uribismo y para los asesinos encubiertos. La vida, la democracia y la paz se disputarán y se ganarán en las calles.

Page 2 of 2

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.