Alejandra Imbachí y Gloria Aceneth Cuarán

Alejandra Imbachí y Gloria Aceneth Cuarán

ASONARET le exige a Robinson Sánchez ser multitareas y no cumplir un horario; para combatir megaproyectos como las hidroeléctricas es necesario actuar de manera inmediata. “Nosotros vivimos haciendo cosas urgentes, sin olvidar las importantes”. Ser líder social significó dejar a un lado sus prioridades para trabajar por el bien comunitario. La identidad individual se transformó en una colectiva. El tiempo con su familia y amigos es limitado debido a viajes y trámites. Sus ingresos económicos disminuyeron. Ha sido un reto la visita a Embajadas, Ministerios, Congresos, pues son cosas nuevas. Antes no entendía el lenguaje técnico, eso lo llevó a investigar y formarse en diversos temas. En medio de los retos por la defensa del territorio, ha entendido cómo se maneja la administración pública, cómo pueden interpelar una información e identificar qué tipo de intenciones tienen las personas u organizaciones que se acercan al territorio.

La construcción de una hidroeléctrica en Oporapa, Huila, podría cambiar totalmente las dinámicas económicas, sociales y culturales que hacen parte fundamental de nosotros como oporapences, también las de municipios cercanos. Bajo este argumento, 50 campesinos de la vereda Paraguay que se enteraron del proyecto, crearon en el 2013 la Asociación no a las represas en el territorio (ASONARET) para resistir y defender su territorio.

Para los integrantes de ASONARET la clave está en defender algo con lo que se sienten identificados, pues se reconocen como parte de la naturaleza, no como seres superiores a ella. Consideran que la defensa del territorio es algo macro, va mucho más allá del espacio físico, incluye las comunidades, su cultura, el orden social, el agua y la naturaleza. “Cuando hablan del río Magdalena hablan de nuestra vida, de la vida comunitaria, en cambio para las multinacionales es solo un puente para ingresar a territorios y destruirlo todo, porque el problema va mucho más allá de las represas. Eso nos motiva a seguir resistiendo”.


La preocupación de la comunidad de Paraguay se sustenta en dos antecedentes. El tramo del río Magdalena que atraviesa el departamento del Huila ya tiene dos grandes centrales hidroeléctricas: la Represa de Betania, construida entre los municipios de Yaguará, Hobo y Campoalegre, y ubicada a 38 kilómetros de Neiva, la capital del departamento; y la Represa El Quimbo, construida por la multinacional Emgesa.

La inundación de 7400 hectáreas de tierra de uso agropecuario para la construcción la represa de Betania, que finalizó en el año 1987, dejó serios inconvenientes en la comunidad huilense: redujo la producción local de arroz y generó el desplazamiento de trabajadores agrícolas hacia otras actividades como la pesca artesanal, sin embargo, la sequía del caudal del río disminuyó el número de peces, obligando a pobladores a salir de su territorio en busca de oportunidades.

En el 2009 se repitió la historia. El Ministerio de Ambiente y Vivienda otorgó la licencia a la compañía Emgesa para la construcción de la Represa El Quimbo. Un año después iniciaron las obras civiles y el plan ambiental. Para el año 2015 se realizó el llenado de las 8586 hectáreas que componen el embalse. Una vez encendidas las turbinas hubo muerte de peces nativos debido a la poca oxigenación del agua. No a todos los campesinos se les reconoció la compra de terrenos que hoy están inundados. Tampoco se resarcieron en su totalidad los daños sociales, económicos y culturales que sufrió la región.

En el año 2012, por tercera vez en el departamento, inició la proyección de otra hidroeléctrica, esta vez en Oporapa, municipio netamente campesino y agrícola bañado por aguas del río Magdalena; cuyo motor económico es la producción de café, maíz, plátano y hortalizas.

Ante la incertidumbre de lo que puede pasar con su territorio, los campesinos de la vereda de Paraguay, organizados en ASONARET, manifiestan la importancia de hacerles entender a las personas que este proyecto no solo afecta a la comunidad de Oporapa, sino también a municipios como Elías, Pitalito, Isnos y Timaná. Aseguran que ha sido desgarrador sentir que hay sectores tan indiferentes a esta problemática que es tan real. “Con la organización hemos logrado concientizar personas que no veían la gravedad de la situación, debido a varios aspectos entre ellos la desinformación, pero es necesario crear más consciencia en el departamento”.

Uno de los hechos más representativos que ha marcado la historia de la asociación, fue la movilización del 14 de mazo de 2016. Cerca de 12.000 campesinos se reunieron en el municipio Altamira para exigir que se cumplan los acuerdos municipales que pretenden conocer el sentir de la ciudadanía a través de mecanismos como las consultas populares. Sin embargo, los proyectos de acuerdo han sido demandados debido a las políticas nacionales reguladas por el Ministerio de Minas y Energía.

La organización ha reconocido la importancia de formar a sus líderes para que puedan trascender sus luchas sociales. “Lo más importante —dicen— es educarnos para conocer respecto al tema y su gravedad, solo entendiéndolo podemos cambiar realidades”. Por eso a inicios de este año capacitaron 30 campesinos de siete municipios que conforman la zona sur del Huila con un diplomado en Liderazgo participativo con poder de decisión, que era el cierre de un proyecto cuyo objetivo fue la formación de comunidades, para contribuir a la participación en la defensa por los derechos humanos, también dar a conocer los títulos mineros que se han otorgado en el departamento y visibilizar daños de la explotación minera. Esto lo realizaron con el apoyo de la corporación PODION con sede en la ciudad de Bogotá y con red a nivel nacional.
Actualmente en el municipio de Oporapa, conocido como el pesebre del Huila, la mayoría de la población tiene conocimiento del proyecto. Desde la vereda Paraguay buscan sumar personas y organizaciones que compartan sus ideales, “porque la estrategia de las multinacionales ha sido manejar todo de manera individual para lograr indiferencia y así intervenir en los territorios”.

El departamento del Huila parece estar perseguido por una abominación contra el oficio periodístico independiente. Muestra de ello es el asesinato los periodistas Nelson Carvajal Carvajal el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Pablo Emilio Medina Motta el 3 de diciembre de 1999 en Gigante, Gimbler Perdomo Zamora el 1 de diciembre de 2002 en Gigante, Guillermo Bravo Vega el  28 de abril de 2003 en Neiva, Manuel Macías el 9 de febrero del 2008 en Algeciras, y Flor Alba Núñez el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito.

En medio de las problemáticas relacionadas a la libertad de prensa en el departamento, Pitalito ha sido uno de los municipios más afectados. El asesinato de Nelson Carvajal Carvajal marcó nocivamente y para siempre el oficio periodístico de la región. El periodista, con 37 años de edad, fue asesinado con siete disparos cuando salía de la escuela Los Pinos, de la que también era director y docente. El sicario huyó en una motocicleta que lo esperaba unas cuadras adelante. Para el momento, Nelson trabajaba como director del noticiero ‘Momento Regional’ de la Emisora Radio Sur, en el municipio. Desde allí venía realizando denuncias en contra de empresarios y políticos, y según fuentes él habría conseguido documentos que comprometían a empresarios con redes de tráfico de armas y drogas en la zona; actos ilícitos cometidos bajo el amparo de autoridades locales. En el caso no hubo condena, y solo hasta 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el asesinato fue cometido para silenciar su trabajo como periodista.

La muerte de Nelson puso de manifiesto los poderes oscuros en el municipio y su estrecha relación con entes gubernamentales, la falta de control en acciones delincuenciales y la complicidad estatal en los hechos. Este suceso, que dejó al periodismo de la región herido de muerte, se ha repetido cuatro veces más a lo largo de 18 años. El último episodio y quizá el más recordado por la forma tan contundente en que ocurrió fue el de la periodista Flor Alba Núñez; así, Pitalito volvió a estar en primera plana de medios nacionales, pero esta vez de una forma aniquiladora. De repente el segundo municipio más importante del departamento perdió por segunda vez una de las semillas más prometedoras de periodismo independiente.

Estos dos asesinatos de periodistas en la localidad, y en especial el segundo, hicieron que las dinámicas investigativas e independientes que se tejían empezaran a cambiar, y que en la actualidad se piense mucho antes de publicar cualquier información relacionada con denuncias sobre irregularidades políticas, o termine siendo omitida. Ejemplo de ello es la desconfianza y poca accesibilidad que muestran los medios cuando se les menciona la muerte de la periodista y la posible relación del hecho con la actual administración del municipio.

Al respecto, un periodista manifestó que “en Pitalito ninguno de nosotros quiere hablar sobre el tema y a pesar de saber la verdad sobre el segundo asesinato nadie lo dice. Vivimos en un pueblo en donde no queremos ser el objetivo de quienes ostentan el poder y tienen intereses oscuros, y así ser una tercera víctima. Dos de nuestros compañeros tuvieron que alejarse completamente de la región debido a amenazas, porque investigaban nexos del actual gobierno con la muerte de Flor Alba, y además del lavado de dinero en la zona, la fuerte conexión que tiene este con casas comerciales de la población. El periodismo en Colombia y específicamente en Pitalito nos pone a decidir entre informar con trasparencia o vivir, porque denunciar es estar dispuesto a morir”.

La noche del martes 2 de septiembre de este año, cuando casi se ajustaban tres años del último asesinato, debajo de la puerta de las instalaciones de La Fiera en Pitalito -una emisora reconocida en la región Huilense-, fue puesto un sobre de manila proveniente de las “Águilas Negras” y con dos oficios que titulan “Así comienza la limpieza en el Huila de tantas lacras” y “Águilas negras de Colombia por nuestro país”; en ellos mencionan a cuatro periodistas de la región y además a la fundación FESH. Entre letras se lee “Malparidos ni sus escritos ni sus denuncias nos van a detener”.

En un reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, se advierte que los tres poderes del Estado colombiano siguen siendo los mayores agresores contra comunicadores sociales en el país. En los últimos 40 años han sido asesinados en Colombia 154 periodistas, crímenes que en su mayoría continúan en la impunidad.

De los cinco casos de asesinatos en el Huila, solo hay condenas en el de Flor Alba Núñez, al ser capturado el autor material, Juan Carlos Ortiz, alias ‘El Loco’. Los demás crímenes de periodistas huilenses siguen en la impunidad; pese a que hay indicios de personas muy reconocidas como comerciantes, a la fecha no existe prueba alguna que los haga responsables. Así, ante este panorama ¿quién puede brindar las garantías para que en el municipio se logre hacer un periodismo independiente?

 

AMENAZAS

                 

 

 

 

PERIODISTAS ASESINADOS

 Flor Alba Nuñez -Periodista-                                                                                                 

 

Nelson Carvajal - Periodista-

 

 

   

 

 

 

 

 

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