Equipo de Comunicación. Trochando sin Fronteras

Equipo de Comunicación. Trochando sin Fronteras

Saturday, 07 July 2018 00:00

Sin hambre

Una mezcla de sentimientos se dejaba entre ver en las caras curtidas de los campesinos, algunos con ruana y sombrero, y otros con poncho y cotiza. Eran las caras de los campesinos que se reunieron en Curití, Santander el 7 y 8 abril del presente año. Provenían de Casanare, Meta, Vichada, Arauca, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Guainía y Guaviare. Una diversidad de saberes, de experiencias, de alegrías y tristezas.

Muchos desprevenidos no entendían qué hacían tantos campesinos juntos, ¿qué podría juntar al llanero y al paramero? No era otra cosa que el problema agrario del campo colombiano. Don Juan y don José Domingo, un par de campesinos boyacenses, compartían su preocupación por el abandono del campo por parte del Estado, la concentración y acaparamiento de la tierra, la importación de alimentos, los conflictos por el uso del suelo y el apoderamiento de los grandes capitales del sector agropecuario (insumos, tecnología y distribución de alimentos).

A las preocupaciones de estos dos campesinos, se unían las discusiones que se avivaban en el auditorio: “En Colombia un pequeño grupo de terratenientes y los grupos capitalistas son los verdaderos dueños del territorio nacional”. “Los campesinos cada vez somos menos, tenemos fincas más pequeñas y menos medios de trabajo, lo que nos empobrece aún más”. “Estas condiciones de vida en el campo empujan a que los campesinos nos volvamos obreros, a lo que se suma la presión de la violencia”. “Los campesinos nos vamos para la ciudad, aumentando la cantidad de desempleados”.

En medio de un café, cultivado en sus propias tierras, los campesinos se preguntaban qué hacer frente a ese panorama. Por eso, don Hermes, un campesino araucano, con su voz gruesa y su risa burlona sentenció: “nosotros los campesinos tenemos que tener nuestra propia propuesta, esa que hemos venido construyendo al calor de las movilizaciones, donde nos hemos juntado como clase campesina. Recuerden el paro del 2013, 2014 y la Minga Campesina Étnica y Popular del 2016, nos hicimos escuchar por el Gobierno y seguimos caminando hacia otra gran movilización”.

Así, su conclusión fue construir una propuesta agraria, con un nombre llamativo y significativo, naciente de las entrañas del campesinado: SINHAMBRE o Sistema Integral Nacional Agroalimentario y de Materias Primas.

¿En qué consiste esta propuesta?
Es un sistema nacional de producción y comercialización de la producción agrícola, pecuaria y de materias primas, en el que participan el Estado y organizaciones de los asalariados agrícolas y campesinos, orientados por los principios de la gestión popular, que garantice la soberanía alimentaria de la Nación. Como parte del SINHAMBRE, se propone crear una cadena nacional de distribución de productos e insumos agropecuarios, así como una cadena nacional de restaurantes en las escuelas, colegios, zonas industriales y barrios populares.

Don José Domingo, echándose la ruana negra al hombro, se cuestiona: ¿y la tierra para cultivar? Don Juan se acomoda el sombrero y afirma: pues el SINHAMBRE propone que se destine y reserve por lo menos el 50% de la tierra con vocación productiva agrícola (10 millones de hectáreas) para garantizar la alimentación de los colombianos y colombianas.

Don Hermes les recuerda el alcance de la propuesta campesina: “no olviden que debemos pensarnos en lo grande para aumentar la productividad, y para esto debemos crear empresa”. “¿Empresa?”, preguntaba José Domingo. “Sí, una Empresa Nacional Estatal de Gestión Agraria, que coordine los distintos procesos que componen el SINHAMBRE. Además, desarrollará un sistema de crédito condonable para el fortalecimiento de los proyectos productivos desarrollados en los territorios. Desarrollará y promoverá redes de consumo municipal y urbano con el fin de facilitar la logística y evolución de los productos de consumo”, responde don Hermes.

Estas iniciativas populares se juzgan ambiciosas, pero los campesinos se organizan y recrean la política para hacerlas realizables. “¿Cómo vamos a lograr concretar esta propuesta?, que por supuesto permitirá afrontar el problema agrario que vivimos los campesinos”, pregunta don Juan. “Avanzando en la organización de campesinos, indígenas, comunidades negras, obreros del campo y la ciudad, toda la clase popular”, concluye don Hermes.

“Nos toca irnos para los territorios a trabajar fuerte, continuar con la lucha por la tierrita y la comida, promover un reordenamiento del territorio rural que permita la defensa de la clase campesina, pero que a la vez la encamine hacia formas de producción social superiores, mediante la expansión de las fuerzas productivas y en el marco de una economía popular. Mucho trabajo sobre los hombros de nosotros los campesinos, pero ese es nuestro reto para lograr una vida digna”, concluye José Domingo, en medio del apretón de manos y las sonrisas que reflejan la alegría y el entusiasmo de avanzar en una propuesta campesina, para afrontar el problema agrario de Colombia.

En El Socorro – Santander, las mujeres son protagonistas de historias contadas a viva voz en su revista radial “Mundo mujer”.

El ocho de marzo de 2017 se escuchó por primera vez la voz de las mujeres comuneras en la revista radial “Mundo mujer”. Este programa, hecho por mujeres para la sociedad colombiana, es un espacio de expresión de la Unión de Mujeres Comuneras de Santander –UMCOSAN–, que surge como fruto de cinco años de participación de la mujer santandereana en la vida orgánica de la Cooperativa Nuevo Amanecer que cuenta con 520 asociados, donde el 85% es participación femenina.

Victoria Delgado, quien hace parte de la Cooperativa Nuevo Amanecer y es la presidenta de UMCOSAN cuenta que la cooperativa “es una entidad sin ánimo de lucro, construida hace 16 años. Reivindica el derecho a la obtención de una vivienda propia y digna para familias excluidas socialmente. A esta Cooperativa le dan vida familias que por su situación económica no están en capacidad de adquirir vivienda mediante créditos bancarios y con mínimas posibilidades a los beneficios y programas por parte del Estado colombiano. La Cooperativa Nuevo Amanecer desde la reivindicación de este derecho fundamental hace esfuerzos por la formación política de sus asociados que conlleva a la comprensión objetiva de cada una de sus necesidades materiales, espirituales e intelectuales”.

Luego de varios espacios de reflexiones de las mujeres que integran la Cooperativa, se dieron cuenta que faltaba un espacio propio de mujeres, y nació así UMCOSAN en el 2017. Según Victoria “a este proceso de mujeres también le faltaba un espacio de expresión masiva que permitiera desde el ideal de la mujer llevar la voz a todas las mujeres de la población en pro de concienciar sobre el flagelo del capitalismo, el patriarcado y machismo que culturalmente predomina en la sociedad colombiana”.

Es de esa manera como en marzo de 2017, y después de varios ejercicios reflexivos y gestión de recursos, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se gestionó una emisión todos los viernes de 8 a 9 am. en la emisora comunitaria La Cúpula, y se creó “Mundo mujer”, el programa que expresa y reivindica los derechos plenos de las mujeres.

Luego de evaluaciones y valoraciones, el propósito de estas mujeres es llevar la experiencia a otros municipios del departamento de Santander y constituir un fuerte movimiento femenino, articulado al contexto regional y nacional, unido a las luchas campesinas, estudiantiles, indígenas y en general al pueblo, donde se incida en las políticas públicas del país, permitiendo las transformaciones necesarias para un país con vida digna para hombres y mujeres.

Este ocho de marzo del 2018 “Mundo mujer” celebra su primer año al aire, y el compromiso y trabajo ha permitido que desde la visión de la mujer santandereana se aborden las diferentes problemáticas, pero también las propuestas y alternativas de defensa y permanencia del territorio, y los mecanismos para avanzar en una vida libre de violencia para las mujeres.

Un nuevo espacio que se abre para las mujeres es la articulación de las experiencias comunicativas y organizativas como movimiento social de la región Centro Oriente, que permitirá que las propuestas de trasformación social en voz de las mujeres traspasen fronteras y se escuchen a una sola voz.

Desde Trinidad hasta La Venturosa hay tres horas de carretera destapada, en medio de morichales y cultivos de arroz. Cada cierto tiempo aparece un carro tanque. Unos van a recoger el crudo y otros ya regresan cargados. Hemos ido compañeros de Asonalca, la asociación campesina filial del Coordinador Nacional Agrario CNA en la región del centro oriente, y compañeros de la Unión Sindical Obrera.

Es un trabajo conjunto que empezamos hace años, con el propósito de avanzar propuestas unitarias entre trabajadores y campesinos. En la reunión trabajamos sobre las necesidades de la zona y la construcción del pliego. Eran las primeras reuniones, hacia mediados del 2017; mezcla de talleres y diálogos sobre las alternativas que podía tomar el comité de Asonalca y las Juntas de Acción Comunal frente a los abusos de la industria.

Las denuncias de la comunidad no se hicieron esperar. Los trabajadores se quejaban de los cambios en las condiciones de trabajo, los salarios precarios y la falta de posibilidades de transporte para ir a los lugares a desempeñar sus funciones. Las juntas denunciaban los daños ambientales y los incumplimientos en materia de inversión social. Por eso no fue difícil comprender el titular del noticiero de Caracol Televisión cuando anunció las protestas y los 'maltratos' de los campesinos hacia los miembros de la Policía.

Como era de esperar, los del noticiero no llegaban cuando las compañías petroleras abusaban de los trabajadores, ni cuando se presentaron las denuncias por los daños ambientales o los incumplimientos en materia de inversión social. No. Ellos llegaban solo cuando la Fuerza Pública se veía agredida, esa misma Fuerza Pública que escoltaba las tractomulas que sacaban el crudo y a los trabajadores prestigiosos de la compañía.

La historia no era nueva, ni en la provincia del Pauto ni en el departamento. Hacia el 2010, los trabajadores de Tauramena habían liderado protestas y establecieron los derroteros de un pliego que ha venido emergiendo en diferentes lugares del departamento: inversión social, compensación ambiental, derechos humanos, bienes y servicios y condiciones laborales. Se trataba de aspectos que habían sido vulnerados por las compañías de manera sistemática desde el momento en que irrumpían en las veredas. Era justamente el revés de las promesas con las que llegaban y con las cuales habían vencido las resistencias de las comunidades.

En el 2012 unos campesinos de la zona adelantaban protestas por incumplimientos de las compañías. La represión no se hizo esperar. En adelante, los miembros del ESMAD utilizarían, pagados por las compañías petroleras, las instalaciones del internado de Trinidad para prevenir cualquier levantamiento en contra de las operaciones de las compañías.

Hacia el 2015 fuimos junto con Daniel Abril al corregimiento de El Convento. Los casos de violaciones de derechos humanos por miembros de la SIJIN aparecieron ante la misión de verificación, encabezada por compañeras de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia. Alentados por las compañías, miembros de la SIJIN habían seguido a campesinos de la zona, los habían amedrentado señalándolos de responsables de las acciones de protesta, y algunos fueron judicializados. Lo mismo sucedía para ese año en Paz de Ariporo y El Morro, donde algunos procesos de judicialización contra líderes comunales continúan vigentes. Daniel Abril fue asesinado el 13 de noviembre de 2015 en el municipio de Trinidad, lugar en donde había liderado diferentes denuncias por contaminación al río Pauto por parte de compañías petroleras y por la negligencia de las autoridades ambientales.

Por eso, después de la persecución liderada por las autoridades, y de las denuncias y el lento proceso de recomposición que se había iniciado, acompañado por las organizaciones sociales que hacíamos presencia en el departamento, no era raro que las protestas se presentaran nuevamente.

En Yopal, durante el 2017, campesinos se manifestaban en contra de un pozo petrolero ubicado a escasos 200 metros de la zona urbana, amenazando los pozos profundos que surten de agua a más del 60% de los habitantes del municipio. En Aguazul, Orocué, Trinidad y Paz de Ariporo la situación era igual. Las compañías, avaladas y blindadas por las instituciones y autoridades del Estado, trataban con arrogancia las demandas de los trabajadores y habitantes de sus zonas de influencia.

El Estado, de manera descarada negaba la posibilidad de las consultas populares, avalaba el Fracking en contra de las protestas lideradas por los habitantes de San Martin en Cesar, y restringía aún más, a través del nuevo Código de Policía, las posibilidades del ejercicio de la protesta social. En estas condiciones, la democracia representa más la posibilidad de elegir un títere que de pensar un modelo económico distinto, como lo ha venido proponiendo la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y cuyos pliegos han sido sistemáticamente negados por el Gobierno. Otra democracia sólo es posible al calor de la organización, la unidad y la lucha decidida en las calles y las veredas.

Monday, 05 February 2018 00:00

Guainía, otro mundo para muchos

¡Tierra de muchas aguas Guainía!,
(significado en lengua indígena)

El Guainía, departamento al extremo oriente de Colombia, entre los ríos Guaviare, Atabapo y Negro, es un territorio de selvas y paisajes exuberantes. La mayor parte de su población es indígena (65%, según datos del censo de 2005), pero los gobernantes y administradores son mestizos. Para llegar allí, se puede viajar desde Bogotá o Villavicencio en Satena, o en aviones de carga DC3 Douglas, dados de baja desde los años 30's en la segunda guerra mundial, y que hoy llevan carga y pasajeros a los lugares más recónditos del país.

A pesar de la belleza de sus paisajes, en los cuales se aprecia la selva, las formaciones rocosas, la alfombra verde que forma el Carurú, y los ríos junto a la manigua que se entremezcla con las comunidades indígenas, este territorio hoy afronta un desolador panorama social. Su población está inquieta por los conflictos que se avecinan a causa de la explotación de recursos minerales como el coltán, el oro y el uranio, y las comunidades han empezado a juntarse.

Con grandes esfuerzos económicos y logísticos, debido a las precarias vías de comunicación y a los altísimos costos del combustible, necesario para navegar decenas de kilómetros por río, realizaron a finales del 2017 el Primer Encuentro de Saberes de los Pueblos, en la ribera Atabapo. Allí participaron delegados de las comunidades asentadas a lo largo de los cinco principales ríos que surcan el departamento: Guaviare, Guainía, Inírida, Atabapo y Negro, así como capitanes y gobernadores de las etnias Sikuani, Puinave, Piapoco, Curripaco, Guariquena, Baniva, Piaroa, Yerales, Guanano, Piratapuyo, Tukano, Cubeo y Desano. También hicieron presencia invitados fraternales, los líderes U'wa y Betoy de Arauca, delegados del vecino departamento del Vichada y del Congreso de los Pueblos, capítulo Centro Oriente.

Este espacio de Encuentro permitió recordar y compartir las experiencias de organización y lucha; analizar y reflexionar sobre la realidad actual de Colombia, de la región y del departamento de Guainía. Fue un espacio para reconocer colectivamente el territorio, identificando sus principales elementos y los conflictos e intereses que hay sobre él; así mismo, retomar la sabiduría ancestral para continuar la defensa y la permanencia en el territorio.
Durante tres días de compartir, la Guardia Indígena fue ejemplo de disciplina y trabajo. Eran los encargados de la seguridad del evento y quienes traerían el pescado, casabe y mañoco, alimentos propios de la cultura nativa.

El trabajo humanitario en Guainía
En el marco del encuentro, se realizó también una misión humanitaria. Mientras mucha gente estaba pensando en la llegada de diciembre y sus festividades, un grupo interdisciplinario conformado por médicos, abogados, comunicadores sociales, hombres y mujeres de la región Centro Oriente, Congreso de los Pueblos y acompañantes internacionales, llegó a Guainía con la única misión de compartir su conocimiento con las comunidades indígenas, principalmente en temas relacionados con la salud. La labor inició en el resguardo de Siare, la comunidad más alejada del Guainía, y continuó en los resguardos Carpintero, Palomas, Concordia, Altamira, Cumaral, Cumaralito, Guaco Bajo y Laguna Cejal.

El panorama no es el mejor. El abandono por parte del Estado se ve reflejado en los niños indígenas que padecen enfermedades respiratorias, parásitos, desnutrición y anemia, entre otras. La lista de niños para ser atendidos era extensa, pero la misión humanitaria solo contaba con medicamentos para atender alrededor de 700.

El paisaje, y esa mezcla única entre naturaleza y seres humanos no deja más que la motivación de seguir defendiendo el territorio y su belleza ante la arremetida de los proyectos minero-energéticos y el abandono estatal.

Los informes de la autoridad de salud del departamento (Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca-UAESA) confirman que las empresas comunitarias de acueducto ocupan los primeros lugares en la calidad del agua que abastecen, y que el municipio de Saravena toma la mejor agua del departamento.

 

Los resultados del informe
La Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena, ECAAAS-ESP, obtuvo el primer lugar en el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, IRCA, Índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano, IRABA, y Buenas prácticas sanitarias, BPS.

Por su lado, la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Fortul  obtuvo el primer lugar en el IRABA en los años 2014-2015 y el tercer lugar en los años 2014-2016 para Buenas prácticas sanitarias.

De igual manera, ECAAAS-ESP recibió de parte de la Unidad de Salud, UAESA, un reconocimiento especial por obtener el mejor Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA del departamento de Arauca en los últimos cinco años.

Bernardo Arguello, presidente de la junta administradora de ECAAAS-ESP, expresó que “los resultados obtenidos permiten evidenciar que las comunidades organizadas sí tienen capacidad de administración y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Elogio la labor de trabajadores y profesionales de la planta de tratamiento de agua potable quienes laboran continuamente los 365 días del año”.

Juan Rocha, presidente de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Fortul, dijo que “esta empresa comunitaria en los últimos nueve años ha dado pasos agigantados para posicionarse como una de las mejores en el departamento de Arauca; este es resultado de la alianza y asociación de las empresas comunitarias en el departamento”.

¿Por qué es importante este reconocimiento?
Es significativo el reconocimiento porque las empresas comunitarias de servicios públicos en el país son vistas como empresas pequeñas que no suplen las necesidades de las comunidades. Se dice además que no tienen capacidad para administrar y operar los servicios públicos, en conclusión, que tienen muchas necesidades. De hecho sí tienen necesidades dado que el Estado colombiano ha incentivado la privatización.

Con los resultados expuestos queda demostrado que las comunidades organizadas administran eficientemente los recursos. Ejemplo claro es la forma como las Juntas de Acción Comunal, y los sectores y organizaciones sociales han desarrollado empresas comunitarias a través del trabajo colectivo, para mejorar la calidad de vida de las personas y generar satisfacción en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, como acueducto y alcantarillado de manera idónea, oportuna, eficiente y continua.

Es importante porque la gente en el municipio de Saravena puede tomar agua de la llave y saben de antemano que no representa un riesgo para su salud. De esta manera las empresas comunitarias aportan a mejorar la calidad de vida de las personas.

Las empresas comunitarias han sido un estorbo para los intereses privatizadores del Gobierno y las multinacionales. La existencia de estas empresas que demuestran eficiencia en la prestación de los servicios públicos es un paso hacia adelante para que se fortalezcan estos proyectos en el país.

ECAAAS-ESP en años anteriores sufrió allanamientos, persecución, asesinatos y judicialización  de sus trabajadores. Incluso se manipulaban las pruebas del agua para descalificar su labor. La empresa capacitó a sus operarios y  profesionales, mejoró su laboratorio y logró controvertir dichas pruebas haciendo inevitable el reconocimiento de su buen desempeño.

Las comunidades organizadas y su articulación regional
Para que las empresas comunitarias  hoy obtengan resultados reconocidos por las entidades del Estado fue necesaria la organización y asociación de las empresas comunitarias y acueductos. Esta asociación, junto al Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, en años anteriores mantuvo una férrea defensa de los acueductos comunitarios y estatales. Arauca fue el único departamento del país que no firmó el Plan Departamental de Aguas que buscaba facilitar la privatización de los bienes de consumo colectivo (acueducto, alcantarillado y aseo) propuesto por el Gobierno nacional.

Esta posición del Movimiento Social y las empresas dio otro enfoque al Plan Departamental de Aguas. La conjugación de la actuación política y la administración eficiente de los servicios hacen que hoy en día el Estado se vea obligado a reconocer el excelente papel de las empresas comunitarias.

Estas empresas son proyectos del Plan de Vida de Equilibrio Regional gestado por el Movimiento Político. Los resultados obtenidos por estas en Arauca alientan a las comunidades organizadas para avanzar en el fortalecimiento y unión de estos proyectos en la región  y el país.

La empresa comunitaria ECAAAS-ESP nació en el año 1967 en el municipio de Saravena. Es un proyecto gestionado por la comunidad y tuvo sus orígenes mucho antes que Saravena fuera elevado a la categoría de municipio. Desde esa época en el departamento de Arauca las comunidades vienen construyendo proyectos comunitarios de administración y operación de los servicios públicos.

 

El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano,  IRCA,  determina el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.

El Índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano, IRABA, es la ponderación de los factores de tratamiento y continuidad del servicio de los sistemas de acueducto y la distribución del agua en el área de jurisdicción del municipio correspondiente. Estos dos parámetros pueden afectar indirectamente la calidad del agua para consumo humano y por ende la salud humana. Este índice tiene por objeto asociar el riesgo a la salud humana causado por los sistemas de abastecimiento y establecer los respectivos niveles de riesgo.

Buenas prácticas sanitarias, BPS, son los principios básicos y prácticas operativas generales de higiene para el suministro y distribución del agua para consumo humano, con el objeto de identificar los riesgos que pueda presentar la infraestructura.

El pasado Primero de mayo del presente año, las comunidades organizadas de Arauca salieron a las calles y carreteras para confrontar  la crisis del sistema de salud.

 

Causales como la cartera morosa que tienen las EPS's (Entidades Prestadoras de Salud) y la UAESA (Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca) con los hospitales, que oscila alrededor de 60 mil millones de pesos; la negativa de las EPS's para contratar lo de ley con los hospitales y el desconocimiento de la red de referencia y contra referencia, son algunos de los aspectos que motivaron el ejercicio de reclamación de derechos por parte de la comunidad araucana.

Dicho ejercicio se desarrolló por medio de tres fases, la primera de estas fue la movilización. En ese primer momento la comunidad araucana se concentró en once puntos estratégicos del departamento. Durante ocho días los manifestantes se movilizaron, a partir del primero hasta el ocho de mayo. Las comunidades le exigieron al gobernador solución a la crisis de salud del departamento. De esta manera se logró presionar para instalar la mesa de salud de Arauca, en Bogotá, con presencia del Gobierno nacional y representantes de las EPS's, entre otros actores gubernamentales. Así se dio paso a la siguiente fase.

En un segundo momento se desarrolló la instalación de la mesa de salud de Arauca en Bogotá, el ocho de mayo, día en el que los voceros del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia, como representantes del pueblo araucano, desarrollaron acuerdos y compromisos con el Gobierno. Unos de los acuerdos que se establecieron fueron: trabajar en materia de garantías de la protesta social, con el ánimo de que ninguno de los líderes concentrados en los puntos fuera señalado. También se logró comprometer a las EPS's a pagar la cartera corriente y que no se sume a la deuda.

Otro de los compromisos fue que cada EPS que se encuentra en el departamento (Salud Vida, Cafesalud, Uaesa, Comparta, Nueva EPS y Caprecom) debe pagar a las ESE's (Hospital del Sarare, Hospital San Vicente de Arauca, Moreno y Clavijo y Jaime Alvarado y Castilla) el total de la deuda en acuerdos de pagos que se harán efectivos desde este mes.

Finalmente las comunidades organizadas se encuentran evaluando y verificando el cumplimiento de los acuerdos firmados en la mesa de salud. De esta forma el tercer momento en el cual se encuentra el departamento está caracterizado por un cese momentáneo de las movilizaciones, ya que si no se cumplen los aspectos señalados anteriormente, las comunidades realizarán un paro, que se extenderá hasta tanto el Gobierno departamental, nacional y EPS's  cumplan de manera inmediata.

El pueblo araucano que se encuentra en resistencia y realizando ejercicios de reclamación está alerta ante cualquier acción que afecte el camino para la vida digna de los habitantes del departamento.

De esta forma los araucanos enfrentan la crisis del sistema de salud, y el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia como la máxima expresión organizativa del departamento está dispuesto a salir nuevamente a las calles exigiendo condiciones de salud digna, pública y soberana.

Ángel María Salinas, vocero de este movimiento expresó que se lograron acuerdos tangibles cuantitativos, además que la receptividad del gobernador facilitó la realización del objetivo de las concentraciones, y reafirmó la decisión de las comunidades de levantar temporalmente las concentraciones, mientras en las mesas de evaluación se realiza el seguimiento a los acuerdos.

En medio de la zozobra que se vive en la región a causa de los múltiples hechos de violencia, es amenazado el líder social y defensor de derechos humanos JOSÉ VICENTE MURULLO TOBO.

Luego de participar el día domingo 02 de marzo de 2017 en la mesa de intercambio cultural para la interlocución y concertación entre la nación U´wa, el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y voceros del gobierno nacional. Llegó a su celular un mensaje de texto en el que una persona identificada como “Camilo” y quien dice ser el comandante de la estructura paramilitar Águilas Negras, le dice.

    “necesitamos hablar con ud, sabemos de sus movimientos, sabemos para quienes trabaja, necesitamos que coopere con las indicaciones que le vamos a dar sino será nuestro objetivo”.

Tras conocer la amenaza de inmediato se pronunció el líder quien expreso en su cuenta de twiiter: “La Paz del Gobierno de Santos; eliminar mediante la guerra sucia a quienes defendemos el Territorio”:



JOSÉ VICENTE MURILLO TOBO, es líder del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia , voceros nacional de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, miembro del Congreso de los Pueblos y de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, desde donde ha defendido de manera contundente la vida, la permanencia en el territorio y rechazado el despojo y saqueo que realizan corporaciones transnacionales y el Estado colombiano en la región y el país, afectando los bienes de la naturaleza y poniendo en riesgo la existencia misma del planeta y las especies.

Ha dedicado toda su vida al trabajo social y a hacer otra mundo posible a través de la construcción del Plan de Vida en el departamento de Arauca. Nació en el municipio de Arauquita, de origen humilde y trabajador. Estudió en la institución educativa Juan Jacobo Rousseau. Fue el primer presidente de la Asociación juvenil y Estudiantil Regional ASOJER, por amor a su territorio, a la justicia, labró caminos de esperanza en el trabajo social juvenil. Es un fuerte crítico del abandono estatal en la región.

El conflicto armado ha evidenciado que en Colombia, especialmente en el departamento de Arauca, las Organizaciones Sociales y Defensoras de Derechos Humanos han sufrido cualquier tipo de agresión por el Estado Colombiano y sus aparatos militares, policiales y judiciales, de igual forma por el aparato de guerra sucia “paramilitar”.

“Esta amenaza contra Murillo Tobo, ocurre en un contexto de agudización de la violencia política. Que desde el año 2016 deja más de 120 muertes selectivas de líderes y lideresas sociales, así como de Defensores de Derechos Humanos en todo el territorio colombiano. Cuando en la región se han presentado casos de amenazas a nombre de paramilitares en medio de fuertes controles militares, desaparición de campesinos, homicidios selectivos, atentados contra dirigentes.” Así lo afirmo la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en la emisión de una alerta temprana una vez conocida la amenaza.

Las reacciones de indignación, solidaridad y rechazo de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos se han hecho saber al gobierno y estado colombiano exigiendo que se investigue y castigue a los responsables de estos actos:

 

 

Los ecosistemas de páramos solo existen en seis países (Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Costa Rica), siendo Colombia el poseedor del 50% de ellos, lo que comprende casi 3 millones de hectáreas repartidas en 36 de estos ecosistemas, que además están en jurisdicción de 8 departamentos y 64 municipios.

En la región Centro Oriente está ubicada una gran parte de los páramos existentes en Colombia, y es Boyacá el departamento que posee el 43 % de los páramos del territorio nacional.

Los páramos son ecosistemas estratégicos. Estos abastecen de agua al 66% de la población colombiana y ahorran al Gobierno Nacional millones de pesos en tratamiento de agua y en infraestructura para transportarla. En las actuales condiciones de racionamiento y ahorro de energía, los páramos se convierten en proveedores de servicios ecosistémicos que hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos y agua limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales. Los páramos representan un acumulado de riqueza para la humanidad.

Pese a esto, el Gobierno ha permitido el desarrollo de actividades de explotación en los páramos, lo que ha ocasionado el descontento de la población activando la movilización social. Por ejemplo, desde febrero del 2011 se han presentado manifestaciones públicas de las comunidades en rechazo a la licencia de explotación acuífera otorgada a la multinacional Anglo Gold Ashanti en el páramo de Santurbán. También, en marzo del 2015 se produjo una movilización en defensa del nevado del Cocuy. Esto provocó una reacción del Gobierno Nacional, en el sentido de empezar a delimitar los páramos y prohibir la minería en ellos.

En marzo del 2016 se inició una nueva delimitación de ocho páramos: Miraflores, Los Picachos en Huila, Sonsón, Belmira - Santa Inés, Páramos del Sol - Las Alegrías, Paramillo - Antioquia, Frontino y Urrao, y Farallones de Cali, Tatamá, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. Esta delimitación fue realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien según la resolución 1554 de 2016, “hará la delimitación de las áreas de páramos al interior del área de referencia definida en la cartografía generada por el Instituto Alexander Van Humboldt a escala 1:100.000 o 1:25.000. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá delimitar el área de páramo, con base en criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos”.

Sin embargo, esta delimitación realizada por el Gobierno Nacional, no está teniendo en cuenta a las comunidades que habitan los páramos y pone en igualdad de condiciones las actividades mineras, petroleras y agropecuarias.

La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-035/16, ordenó la protección real y efectiva de los páramos en Colombia, prohibiendo de manera expresa la realización de actividades mineras en los mismos y ordenando su delimitación. Al respecto dijo: “Una delimitación inadecuada, o que no consulte sólidos criterios científicos puede llegar a afectar los ecosistemas de páramo (…) con ello se podría causar un riesgo para la disponibilidad y la continuidad de servicios ambientales de los cuales depende el derecho fundamental al agua. Más aun, una delimitación inadecuada, podría llegar a permitir la utilización del suelo de los páramos para realizar actividades de minería y de hidrocarburos en estos ecosistemas”.

Las comunidades que habitan en los páramos se reunieron en una audiencia ambiental realizada en Tasco (Boyacá) en julio de 2016. Allí participaron delegados de Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Boyacá, y acordaron propuestas tales como la permanencia campesina en el territorio, las prácticas agrícolas armónicas con el medio ambiente, la construcción de un plan de vida o plan de desarrollo comunitario, la prohibición de las actividades extractivistas como la minería y la explotación de hidrocarburos, el ecoturismo enmarcado en el plan de vida y de manejo colectivo por medio de cooperativas, y la implementación de la figura de “Territorios Campesinos Agroalimentarios”.

Estas propuestas de la comunidad son acompañadas por la Asociación Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA-, que desde la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular viene exigiendo la instalación de una mesa de negociación entre comunidades campesinas y Gobierno Nacional, sobre el tema específico de los páramos.

En el marco del encuentro de defensores de páramo realizado en Tasco el 13, 14 y 15 de agosto, en el que participaron organizaciones que han estado trabajando en la delimitación de páramos en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá, se presentó la propuesta de la mesa de comunidades campesinas y fue acogida por las diferentes delegaciones.

ASONALCA ha hecho peticiones, oficios y requerimientos a instituciones relacionadas con la delimitación, exigiendo la mesa y recogiendo algunas respuestas base para la defensa de los derechos del campesinado, pero la respuesta institucional ante estas exigencias ha sido mínima.

Los campesinos, comprendiendo la importancia de los páramos, se declaran protectores y guardianes de estos ante las actividades mineras y petroleras, la ganadería extensiva, el monocultivo y el latifundio. Por eso es que exigen al Gobierno Nacional que se les garantice la permanencia en el territorio y el reconocimiento como guardianes legítimos de los páramos.

Más de 1000 indígenas se concentraron en Puerto Carreño, capital del Vichada, en respuesta al llamado del paro nacional. Hasta ese remoto lugar, ubicado en el oriente del país sobre la frontera con Venezuela, llegaron las consignas de la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular, jornada que se desarrolló entre el 30 de mayo y el 12 de junio de este año.

En la memoria de ese olvidado departamento no se registraba una movilización de esa naturaleza. Por esa razón, la Minga en Vichada sorprendió a las autoridades civiles y militares, que dieron respuestas erráticas ante la actividad del pueblo. Amenazaron con llevar al ESMAD y desalojar a los manifestantes; luego el gobernador del departamento les ofreció una res para la alimentación y expresó su respeto a la protesta; también hubo anuncios de judicialización contra los líderes y, finalmente, se acordó la expedición de un decreto para conformar una mesa permanente de interlocución.

“Fue una experiencia importante – dice María Carreño, líder indígena de Puerto Carreño– pues nos enseñó que los derechos se exigen uniéndonos para presionar al gobierno. Es que aquí la costumbre era buscar beneficios o ayudas a través de los políticos”. Con la Minga inició una nueva época para el pueblo del Vichada; un despertar de la gente que sobrevive allí entre el abandono estatal y la corrupción político administrativa.

En ese departamento, que es el segundo más grande de Colombia (después de Amazonas), gran parte de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas. Según datos oficiales (DANE 2010), el 95,8% de la población no cuenta con alcantarillado y el 56,5% no tiene agua potable. No hay redes eléctricas en las zonas rurales, por lo cual los habitantes deben usar plantas que funcionan con gasolina.

Según María, la gente ya se está cansando de esa situación y empieza a preguntarse de qué forma hacer efectivos sus derechos. Por esa razón decidieron participar en el paro nacional.
A raíz de la protesta que se dio en el marco de la Minga, las autoridades tradicionales y delegados de comunidades indígenas de todo el departamento fueron convocados a presenciar la firma del anunciado decreto. El hecho se produjo en el municipio Cumaribo, el pasado 30 de agosto, en presencia de delegados de más de 50 comunidades y resguardos indígenas de los pueblos Amorúa, Sáliva, Sikuani, Piaroa, Curripaco, Puinabe, Cubey Piapoco. Allí el gobernador Luis Carlos Álvarez Morales firmó y publicó el acto administrativo que crea la “Mesa Permanente de Concertación Interinstitucional de los Pueblos Indígenas del Vichada”, y cada pueblo eligió su delegado a ese espacio.

“Aunque tenemos claro que el decreto es sólo un papel, nos parece un gran logro haber conseguido que se creara ese espacio para que las autoridades departamentales nos escuchen. Es un primer paso hacia el fortalecimiento de nuestras organizaciones indígenas y también sirve para encontrarnos con otros sectores sociales como campesinos y comunales”, concluyó María.

Toledo, Norte de Santander, mayo 30 de 2016. 150 indígenas U'wa se instalan en predios aledaños a la planta de gas Gibraltar I, operada por Ecopetrol.

Las autoridades civiles alertaron sobre una 'vía de hecho' que impediría el normal funcionamiento de la planta en la que se extrae gas natural. Se encendieron las alarmas en Ecopetrol y Gases del Oriente, empresas que extraen el gas natural y lo transportan, respectivamente, para ser vendido en Bucaramanga a aproximadamente 300.000 usuarios.

Los U'wa vienen reclamando hace décadas la devolución de su territorio ancestral, que les fue arrebatado por el Estado para otorgarlo a particulares e impulsar la colonización de esta zona del país, o a empresas para el saqueo de recursos naturales.

Primero fue el petróleo, lo que generó una lucha a muerte de los U'wa contra la compañía estadounidense Occidental de Colombia, más conocida como OXY. A muerte, literalmente, porque el pueblo ancestral amenazó con un suicidio colectivo si la petrolera seguía agrediendo su territorio. La pelea, que inició en 1992, se llevó a escenarios internacionales, se despertó la solidaridad en muchos sectores sociales y, finalmente, la OXY se retiró en 2001.

No obstante, la sombra del petróleo continúa sobre el territorio de los U'wa. En primer lugar, porque el oleoducto que lleva el petróleo desde el campo Caño Limón (Arauca) hasta Coveñas (Sucre), pasa por el territorio aborigen, ocasionando contaminación y riesgo para la población, dado que en algunos tramos se encuentra sobre la superficie. Constantemente se presentan derrames de crudo, bien sea por atentados de la insurgencia o por accidentes propios de la precaria calidad de la infraestructura.

Más recientemente, Ecopetrol perforó un pozo petrolero llamado “Magallanes”, a escasos 200 metros del río Cubugón, una de las principales fuentes de agua de los indígenas y campesinos que habitan esa región. De inmediato los U'wa iniciaron una protesta, a fin de evitar la entrada de maquinaria a ese sitio y aprovecharon que días antes había explotado un tramo cercano del oleoducto Caño Limón – Coveñas, para impedir su reparación. Eso fue en el 2014. Los U'wa levantaron la protesta con el compromiso del gobierno de parar la explotación en Magallanes y devolver unos terrenos al pueblo indígena. Pero a los U'wa nunca les entregaron las tierras y además, Ecopetrol abandonó la maquinaria e infraestructura de Magallanes en el sitio.

Por esas razones, hoy dos años después, se retomó la protesta. Primero impidieron la entrada de trabajadores y maquinaria a la planta de gas Gibraltar I y el arreglo de otro daño en el oleoducto. Pero luego de 50 días sin respuesta sería del gobierno, los indígenas, con acompañamiento de campesinos de la región decidieron tomarse la planta de gas. Allí hicieron apagar las máquinas y aparatos de extracción y bombeo de gas. Toda la operación de esa infraestructura fue suspendida.

Según Jimmy Aguablanca, integrante de AsoU'wa, se trató de una acción colectiva de recuperación y control del territorio ancestral del pueblo U'wa, consistente en la toma de lugares como el Zizuma (Nevado del Cocuy), la planta de gas Gibraltar, el 'callejón de la muerte' sobre el río Cubugón y el sector La China.

Las exigencias de la comunidad siguen siendo la devolución de territorios ancestrales a los indígenas y la protección del medio ambiente; también pidieron el arreglo de la vía o 'trocha' de la Soberanía y la distribución del gas natural a centros poblados aledaños al yacimiento, tales como Cubará y Saravena. En ese sentido, la nación U'wa encamina su movilización hacia la defensa de la vida y la permanencia en sus territorios, y hoy se deciden a neutralizar uno de los principales enemigos de su territorio, como lo es el negocio de extracción de recursos naturales.

La protesta se suspendió con compromisos por parte del gobierno y Ecopetrol frente a las exigencias indígenas y campesinas, producto de una reunión de más de 12 horas efectuada el pasado 27 de julio.

En palabras de Aura Tegría, abogada y también integrante de AsoU'wa, “se lograron avances importantes para la garantía de la pervivencia de nuestra nación ancestral y de los campesinos de la región del Sarare y del piedemonte araucano, tales como la suspensión del turismo en el Zizuma, la constitución del resguardo de Cuituba, el saneamiento del resguardo unido U'wa en el área de superposición del Parque Nacional El Cocuy, el mantenimiento de la vía de la soberanía por el término inicial de un año y el inicio de los estudios para la gasificación de las poblaciones de Cubará (Boyacá) y Saravena (Arauca)”.

Pero la pelea no termina ahí, dicen. La lucha por la defensa del territorio es incansable y durará lo que dure la amenaza que se cierne sobre él.

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