Periferia

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Monday, 14 September 2020 00:00

Editorial 160: GENOCIDIO

Más de trescientos mil muertos de la violencia bipartidista de los años 50, casi cien mil desaparecidos, más de ocho millones de desplazados, más de tres mil sindicalistas asesinados, casi diez mil asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate por las fuerzas militares, miles de presos y detenidas políticas hacinados en las cárceles, mil líderes y defensoras de derechos humanos asesinados, 225 excombatientes firmantes de la paz asesinados, más de 105 masacres en territorios militarizados, pero abandonados socialmente por el Estado.

La tragedia humanitaria que cubre con su manto de muerte a Colombia desde hace dos siglos, se recoge en un concepto: genocidio. Una avalancha de la cual no se conoce su origen y tampoco su final, pero se sabe que su objetivo es el exterminio de todo lo que huela a renacimiento, cambio, revolución, transformación, humanismo. Una gigantesca ola de lodo manejada por poderosos criminales que lanzan escombros y esquirlas mortales, que despojan, torturan, desplazan, masacran, desaparecen, encierran, matan, señalan, estigmatizan, espían, producen miedo. Una tecnología de poder que combina, de manera refinada, todas las modalidades de violencia para reorganizar el Estado y adaptar una hegemonía a la medida de sus intereses egoístas y neofascistas.

Las prácticas genocidas han sido diseñadas en el Palacio de Nariño, en los batallones y escuelas militares, en los organismos de inteligencia y “seguridad”, en las oficinas de los entes de investigación y judicialización, en los escritorios de los jueces y las cortes, en los campamentos paramilitares, en las escuelas de sicarios y de militares del comando sur de los Estados Unidos. Todos los que ven amenazados sus privilegios, conseguidos gracias al despojo, la corrupción y la muerte, desatan toda su imaginación para perseguir y exterminar por cualquier medio al que pone en riesgo esos privilegios.

Lo peor del genocidio, de esta tecnología de poder, y del refinamiento de las prácticas genocidas, es que se naturalizan en la sociedad, la cual termina justificando la violencia y el proceder de los poderosos. Es tal el andamiaje ideológico, político, jurídico, mediático y militar, que los genocidas terminan siendo héroes y mesías de sus pueblos.

El negacionismo y la banalización de los graves hechos genocidas por parte de los representantes éticos y morales de la sociedad, bastan para ocultar la magnitud de la realidad y crear una paralela donde los crímenes pasan desapercibidos e impunes. La burla a las víctimas destroza su moral y aspiraciones de justicia. El negacionismo, el engaño y las mentiras de los gobernantes son reproducidas por los medios de comunicación corporativos que posicionan narrativas y relatos afines a su ideología racista, segregadora, violenta, y clasista. Los genocidas se cuidan y apoyan entre ellos.
De nada sirve señalar la torpeza e incapacidad de los gobernantes que han pasado por la casa de Nariño, unos más lúcidos que otros, más o menos brillantes, pero casi todos perversos ante sus compatriotas, débiles ante las provocaciones del dinero, y sumisos ante el poder del imperio yanqui y las transnacionales. Duque no es un tonto como parece, tampoco lo han sido los demás presidentes y sus equipos de gobierno. Todos y cada uno de ellos fueron puestos allí con un propósito. Han entregado el país a pedazos, lo han destrozado culturalmente, no han permitido la construcción de una Nación con referentes éticos y valores humanistas, ni se inmutan ante la muerte o la depredación de la biodiversidad, por el contrario, la justifican.

Las colombianas y los colombianos no podemos seguir dejándonos embaucar por las jugaditas de los que han tomado el poder a la fuerza. Es fundamental empezar a llamar las cosas por su nombre, no son homicidios colectivos, ni falsos positivos, ni líos de faldas, son prácticas genocidas, son masacres. No es un gobierno, es un régimen dictatorial. No luchan contra el narcotráfico, llegan al poder gracias a él. No son águilas negras, son las fuerzas militares encubiertas. Es un gobierno ilegítimo.

Es necesario retomar la calle y darle continuidad a la rebeldía popular que la pandemia enfrió. Hay que denunciar de todas las formas el genocidio. Apoyar masivamente las denuncias internacionales y nacionales que diferentes grupos y procesos han emprendido. Adelantar nuevas denuncias ante la Corte Penal Internacional, y participar con convicción y fuerza en el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionará en febrero de 2021 en Colombia. Apoyar a la Corte Suprema de Justicia y exigirle respeto a los que de manera oportunista la descalifican. Defender la memoria histórica y la verdad de las víctimas del genocidio. Juntarnos, a pesar de las diferencias, para que en 2022 llegue a la Casa de Nariño un gobierno de transición hacia la democracia, esa que no hemos podido saborear jamás. Además, es un deber ético pedir la renuncia de un gobierno traqueto y cómplice del genocidio.

Tuesday, 15 September 2020 00:00

El país de los 3.240 sindicalistas asesinados

Por Juan Alejandro Echeverri

Brasil, Bangladesh, Egipto, Honduras, India, Kazajstán, Filipinas, Turquía, Zimbabue, y Colombia son clasificados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) como los peores diez países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras.

Entre 2019 y el primer semestre de 2020, la CSI contabilizó cuatro intentos de homicidio contra sindicalistas, una desaparición forzada, 198 amenazas de muerte, y 14 líderes sindicales asesinados en nuestro país. El asesinato y la violencia antisindical son un mal del país. A Alcides de Jesús Cotes Jurado, miembro de la Comisión de Quejas y Reclamos del Sindicato de Trabajadores de Transportes de Valores (Sintravalores), lo asesinaron el 14 de abril de 2016 cuando iba a abastecer un cajero automático de Bancolombia en Santa Marta; Alcides sufrió acoso y amenazas por parte de su jefe, el director de la sucursal de la Compañía Transportadora de Valores Prosegur le había dicho que debía “cuidarse en la calle” si no renunciaba al sindicato. A Hernán Ayala Melo, quien trabajó durante 19 años en el Inpec y era jefe de la Policía Judicial de la cárcel de Cúcuta, lo asesinaron el 23 de octubre de 2018; Hernán era reconocido por su activismo sindical, había descubierto procedimientos irregulares en la cárcel y había denunciado amenazas de muerte en su contra. A Óver Enrique Fuentes Villalba, presidente de la subdirectiva de Apartadó del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria (Sinatra), lo atacaron cuatro veces entre 2016 y 2017, el 23 de febrero de 2016 atacaron su casa y debajo de la puerta le dejaron dos balas y un panfleto en el que le ordenaban abandonar el municipio y el Urabá antioqueño.

Los conflictos armados duelen. Rompen sociedades, crean traumas colectivos que cuesta generaciones reparar. Los conflictos no son monocromáticos y las víctimas son diversas y, a veces, duele mirar a las que no son "las tuyas". 

El sindicalismo ha sido uno de los colectivos más victimizados y con mayor cantidad de cicatrices causadas por el conflicto armado interno colombiano. Hasta el cansancio las víctimas han dicho que sin verdad no hay justicia, y que sin justicia no hay paz. Nunca antes, según el comisionado de la verdad Carlos Beristain, una comisión de la verdad en el mundo había recibido memorias recopiladas por el movimiento sindical. El 17 de agosto el sindicalismo le compartió a la Comisión de la Verdad su versión y su interpretación de los hechos. La Escuela Nacional Sindical, centrales sindicales, y otras organizaciones sindicales de base hicieron entrega formal de 13 informes para que algún día Colombia reconozca al sindicalismo como sujeto colectivo de reparación y sujeto clave en la construcción de la paz y la democracia.

 

*****

 

La Comisión Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical definen la violencia antisindical  –violencia que es de naturaleza política– “como el conjunto de los actos que buscan, a partir de la elección de las víctimas, someter, reducir, asimilar y cooptar el sujeto y la acción sindical a partir de la destrucción violenta, el daño emocional o el exterminio físico”.

Desde principios del siglo XIX, empleadores y gobernantes han engendrado un relato y un armazón jurídico que desacredita, sataniza, estigmatiza, rechaza, y sugiere que el trabajador sindicalizado, y por ende los sindicatos, son potenciales agentes desestabilizadores que deben ser corregidos y condenados.

La violencia contra el sindicalismo muta y se adapta con el pasar de los años, también el lenguaje y los imaginarios que son combustible de esa violencia. En la década del cincuenta, por ejemplo, los profesores afiliados a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) eran tildados de “liberales” “alborotadores”, “masones” y “comunistas”, palabras que treinta años después serian reemplazadas por términos como “marxista leninista”, “revolucionario” y “guerrillero”. Un líder sindical de ADIDA cuenta en el informe de la ENS que: “Los maestros conservadores trabajaban en las escuelitas que había aquí en el centro de Medellín y los que eran liberales eran sinónimo de masón, comunista y revoltoso; se iban para la escuela de Niquitao, que era muy lejos del centro en esa época. Yo entrevisté a un director conservador y me dijo que él no recibía sino maestros liberales en esa época para colaborarles porque los iban a echar, pero que le tenían que dar un peso para la cuota del partido conservador […] Y hubo municipios castigo, por ejemplo, los municipios de Urabá y Puerto Berrio, donde el maestro llegaba y la primera semana no compraba toldillo, paludismo fijo”.

En la década del sesenta, y especialmente a inicios de los 70´s, surgieron numerosas organizaciones sindicales en sectores como la agroindustria, la salud, la educación, entre otros. Patronos y gamonales políticos regionales respondieron a tal auge con mecanismos de presión como los procesos disciplinarios, suspensiones, despidos, detenciones arbitrarias, infiltración y militarización de las movilizaciones y las huelgas. El clima se hizo mucho más hostil a finales de los 70's con la emergencia del “enemigo común” y el “enemigo interno”, una doctrina de seguridad que atizó las manifestaciones de violencia física, allanamientos, y amenazas contra los movimientos sociales y sindicales involucrados en protestas y movilizaciones. Julio Cesar Turbay, quien fungió como presidente de 1978 a 1982, sentó las bases de la retórica y la práctica belicista gubernamental al comparar la movilización social y el sindicalismo con palabras y frases como “terroristas”, “subversivos”, “tribu salvaje”, “crimen”, “anarquía”, “revolución social”, “derrumbe del Estado de derecho”.  

En 1990, el presidente Cesar Gaviria ordenó a las centrales obreras suspender el paro programado para noviembre de aquel año, y amenazó con suspender la personería jurídica de los sindicatos que apoyaran el paro y con enviar a la cárcel a sus promotores. Además, su gobierno autorizó que los empresarios despidieran a los empleados que participaran en las movilizaciones y prohibió a los medios de comunicación transmitir información sobre el paro; medios que se dedicaron a difundir y reforzar los imaginarios negativos sobre las actividades sindicales y las protestas ciudadanas.

Las memorias de la ENS y los demás sindicatos demuestran que los apoderados del Estado son los principales responsables de la violencia sindical que vivió y vive el país. Desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2018, se registraron, según la ENS, 14.992 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física de los sindicalistas, 3.240 de esas agresiones fueron homicidios que victimizaron a más de 480 sindicatos.

Violaciones a la vida, libertad e integridad física de los sindicalistas entre 1971 y 2018, según tipo de violencia.

Tipo de violencia

Mujeres

Hombres

Total general

Amenazas

1.878

5.439

7.317

Homicidios

335

2.905

3.240

Desplazamiento forzado

879

1.072

1.951

Detención arbitraria

58

710

768

Hostigamiento

105

577

682

Atentado con o sin lesiones

47

364

411

Desaparición forzada

17

233

250

Secuestro

23

166

189

Tortura

8

101

109

Allanamiento ilegal

15

57

72

Homicidio de familiar

1

2

3

Total general

3.366

11.626

14.992

Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, Sinderh, ENS.

 

El homicidio de sindicalistas arreció a partir de 1979. El informe de la ENS plantea que entre 1979 y 1984 se registraron de 2 a 7 asesinatos cada año. La cifra de asesinatos aumentó de manera sostenida con el pasar de los años, hasta llegar a un primer pico de 138 homicidios en 1988. Este primer periodo se caracterizó por los asesinatos selectivos a gran escala, al tiempo que paramilitares, Ejército y guerrillas se disputaban la hegemonía en territorios como el Magdalena Medio, el Urabá antioqueño, entre otras regiones.

Casi diez años después, entre 1996 y 1997, se vuelve a presentar un pico de casi 300 homicidios, el cual coincide con un aumento exponencial de las amenazas y con la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia, el proyecto armado del paramilitarismo que tuvo un alcance nacional. A partir del 98, los asesinatos mermaron significativamente, y en el 2002 vuelve a presentarse un repunte de este tipo de violencia letal. El informe permite identificar como en los distintos momentos en que mermaron los homicidios, incrementaron las amenazas y el desplazamiento forzado. A partir del quinquenio 2008-2012, a excepción del hostigamiento que experimentó su máximo pico en el 2014, las demás formas de violencia mermaron. Aunque la tendencia es decreciente, si se compara con el total histórico, la base de datos de la ENS muestra cómo la violencia letal se incrementó entre el 2014 y el 2018.

Sindicatos más victimizados en Colombia, 1971-2018.

Sindicato

Mujeres

Hombres

Total

Fecode

2.624

3.568

6.192

Sintrainagro

43

984

1.027

USO

8

775

783

CUT

45

479

524

Fensuagro

103

737

840

Anthoc

136

301

437

Sinaltrainal

16

384

400

Sintraunicol

28

246

274

Fuente: Ibidem

Violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, según departamento, 1971-2018.

Departamento

Mujeres

Hombres

Total general

Antioquia

1.340

3.361

4.701

Valle

393

1.505

1.898

Santander

128

1.248

1.376

Cesar

318

689

1.007

Bogotá D.E.

117

659

776

Cauca

112

589

701

Arauca

156

304

460

Bolívar

32

407

439

Atlántico

46

375

421

Caldas

172

243

415

Tolima

56

257

313

Risaralda

104

203

307

Norte de Santander

53

197

250

Magdalena

52

194

246

Fuente: Ibidem 

Con respecto al lugar dónde se registraron los hechos victimizantes, Antioquia, Valle del Cauca y Santander encabezan la lista de departamentos más peligroso para los sindicalistas colombianos. En 1986 los asesinatos se concentraban en siete departamentos, Antioquia aportaba el 80% del total nacional. En 2010 la violencia antisindical se había extendido a 30 departamentos. Del análisis territorial, la ENS detecta una “dinámica de violencia antisindical dramática y heterogénea en (…) los territorios donde tradicionalmente se ha concentrado el crecimiento económico del país”, mientras que los homicidios cometidos entre el 2016 y el 2018 se concentraron en los departamentos del suroccidente: Cauca (27), Nariño (6), Putumayo (5) y Valle del Cauca (4). 

Violaciones a la vida, libertad e integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia, según sector económico.

Sectores económicos

Total General

Educación

6.768

Agricultura, caza y pesca

2.344

Minas y canteras

1.182

Otros servicios comunales y personales

993

Industria manufacturera

938

Empresas y entes territoriales, municipales y oficiales

708

Salud

603

Electricidad, gas y agua

566

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

380

Construcción

156

Judicial

141

Financiero

103

Comercio

98

Actividad económica no especificada

12

Total general

14.992

Fuente: Ibidem.

En la Colombia rural los hechos demuestran que la violencia antisindical pretendía erradicar reivindicaciones relacionadas con la democratización de la tierra, la economía rural, y la oposición a la implementación de megaproyectos de corte extractivo y a lógicas agroindustriales que, además de concentrar tierra, alteran los ritmos de trabajo “marcados por los ciclos de la naturaleza”.

En los contextos urbanos los hechos violentos están vinculados a conflictos laborales motivados por las precarias condiciones de trabajo y las estrategias de sub-contratación con las que se pretenden ahorrar costos de producción, es decir que “las acciones de los grupos armados han perseguido intereses de disolución o reducción del conflicto en provecho de terceros”. También hay evidencia de que muchos trabajadores han pagado con la vida el hecho de denunciar malos manejos presupuestales u oponerse a la privatización y reestructuración de entidades públicas.

Una de las personas que compartió su testimonio para el informe recordó que todas las subdirectivas antioqueñas del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios (Sintraofan) fueron atacadas, “pero la región del suroeste sufrió más daños en términos de amenazas y renuncias colectivas. De 10 seccionales que existían en esta región, llegaron a quedar 3 (Urrao, Venecia y Andes). […] En el año 1999, los trabajadores de la subdirectiva Concordia fueron obligados a renunciar. Asimismo, los trabajadores de la seccional Betania; allí los trabajadores hicieron caso omiso a la amenaza, después fueron citados algunos integrantes de la Junta Directiva, solamente asistieron tres, los cuales fueron asesinados. Tras los hechos, el presidente se desplazó a Medellín a pedir protección a los organismos estatales, quienes le dijeron que podía regresar y cuando iba de regreso lo bajaron del carro y lo asesinaron”.

 

El informe también sugiere que la violencia en las zonas rurales es mucho más sangrienta y se expresa a través de la tortura, las decapitaciones y los descuartizamientos, mientras que en lo urbano “suelen tener métodos más directos de exterminio o intimidación”.

A pesar de la literatura que existe al respecto, en el país perviven silencios sistemáticos y vacíos de verdad respecto a la violencia contra el sindicalismo, según la ENS, en el 65% de los casos aún no se ha identificado al responsable. Ahora es responsabilidad de la Comisión de la Verdad esclarecer y revelarle al país quiénes son los responsables, quiénes auspiciaron y se beneficiaron de la sistemática violencia y la cultura antisindical.

El Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh) es un insumo de consulta obligada para lograr el propósito mencionado. Según el Sinderh, los grupos paramilitares son el actor armado con mayor cantidad de acciones perpetradas contra el movimiento sindical colombiano.

La forma de violencia más utilizada por los paramilitares fue la amenaza y el desplazamiento forzado. En la década del noventa, el paramilitarismo logró infiltrarse y cooptar cargos públicos e instituciones estatales. Así sucedió en el departamento del Atlántico, los gerentes de varios hospitales, que en realidad eran alfiles del paramilitarismo, promovieron procesos de reestructuración y malversaron dineros públicos. Varias víctimas del paramilitarismo son precisamente aquellos sindicalistas que denunciaron y se opusieron a la cooptación de los servicios públicos.

Violaciones a la vida, libertad e integridad física cometida contra los sindicalistas, según presunto responsable.

Presunto responsable

Total general

No identificado

9.313

Paramilitares

3.862

Organismo estatal

 

Policía

487

Guerrilla

466

Ejército

449

Otro organismo estatal

111

Delincuencia común

110

Empleador

104

CTI

41

DAS

33

Armada

7

Gaula

6

Organismos de Seguridad Privada

3

Total general

14.992


Después de los paramilitares, el Estado, a través de sus organismos y tropas de seguridad, es el segundo mayor victimario del sindicalismo. El testimonio que deja al descubierto los vínculos entre Estado y grupos paramilitares, fue el de Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, quien en 2007 reveló “un plan de exterminio a líderes sindicales orquestado por algunos altos funcionarios del DAS y paramilitares”. Por su parte, Rafael Enrique García, exdirector de informática del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), confirmó que esa institución entregó una lista con nombres de varios líderes sindicales que pertenecían a sindicatos como Sindeagricultores, Fensuagro, Sintraelecol y Anthoc, entre otros, líderes que luego fueron asesinados por los paramilitares. El DAS también interceptó ilegalmente las comunicaciones de sindicalistas, entró a sedes sindicales y sustrajo información que utilizaba como material de inteligencia, hostigó sindicalistas a través de funcionarios que hacían parte de los esquemas de protección e incluso los utilizó para crear falsas pruebas en procesos judiciales. 

Los grupos guerrilleros también hostigaron y asesinaron a sindicalistas con el propósito de imponer directrices o líneas políticas a las organizaciones sindicales.

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Desde el 2018 para acá es evidente un rebrote de la violencia en todas sus manifestaciones y contra todo tipo de mujeres y hombres imprescindibles. La paz entró en un estado de incertidumbre, Colombia está haciendo memoria en medio del conflicto. El día que dejemos de contabilizar sindicalistas asesinados y podamos escucharlos en vida, ese día nuestra democracia dejará de ser una fruta podrida.

Por María Gallego - Huelguista de la Universidad de Antioquia

En medio de una situación no contemplada llamada covid-19, la desigualdad social, la precarización laboral, la violación a los derechos humanos y la represión encontraron camino para agudizarse; el hambre, la angustia y la muerte alimentan con mayor intensidad ese modo de producción que prioriza el capital incluso cuando la vida de quienes lo sostienen está en riesgo. Sobre todo en un país como Colombia, donde el gobierno de turno había “ejercido” la mitad de su mandato en medio de constantes protestas de todos los sectores sociales debido al impulso de políticas neoliberales y la violencia paramilitar.

La pandemia llegó a Colombia tiempo después de las manifestaciones que se presentaron en el país desde lo que se conoció como “El 21N”, protesta  que desbordó cualquier tipo de expectativa y permitió levantar banderas de lucha y exigencias que inundaron las calles de indignación; sin embargo, las medidas, necesarias de bioseguridad  y distanciamiento no permitieron continuar con la movilización  popular. El convocar y participar de acciones en la calle fue algo que no se contempló por los 3 primeros meses del confinamiento, a pesar de los trapos rojos en cada territorio, las herramientas digitales y los debates virtuales que ocuparon la agenda de los procesos sociales. Mientras tanto las políticas implementadas por el Estado, además de ser insuficientes, han priorizado el sector privado y la corrupción imprime su firma en cada mediocre intento por alivianar cargas económicas en los hogares, que no significan soluciones reales mientras no se asegure una renta básica.

El movimiento social tuvo que replantearse los mecanismos para reactivar la  movilización, era indispensable buscar las formas para protestar y la virtualidad, a pesar de su potencial viral, no lo era. Por lo tanto se comenzaron a desarrollar ejercicios de movilización que en lo posible se ajustarán a las condiciones de salubridad para poder denunciar, convocar y manifestarse, mientras nos cuidábamos.

Así es como la Marcha por la Dignidad arrancó desde Popayán, Barranca y Arauca por la vida de nuestros líderes y lideresas sociales;  trabajadores de Ecopetrol se encadenaron en lo que proclamaron el “Machín de la Resistencia” por la defensa de sus derechos laborales; y  estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, Universidad del Valle y Universidad de los Llanos instalaron huelgas de hambre exigiendo medidas para evitar la deserción y garantizar el derecho a la educación, también garantías académicas, herramientas de conexión y sobre un coste cero en la matricula.

Las noticias sobre las victorias de estas huelgas inundaron los espacios nacionales, y un movimiento estudiantil que históricamente se ha movilizado por la educación pública y gratuita comenzó lentamente a presionar y pedir al gobierno nacional recursos que permitiera garantizar la gratuidad de la matrícula en todas las Instituciones de Educación Superior (IES) del país. Es en ese contexto que se instala también la huelga de hambre en la Universidad de Antioquia, a la cuál decidí unirme y con la cual logramos la matricula cero para nuestra Alma Mater. Esta protesta se replica en la Universidad del Tolima, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Surcolombiana, Universidad Nacional  y  actualmente se mantiene en la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Quindio. Sin importar los resultados en las demás IES, demostramos que era una reivindicación en la cual teníamos la capacidad de unidad de acción en todo el territorio nacional.

Mi cronometro inicio en cero el día 8 de julio del 2020, las horas comenzaron a pasar, y claro, yo las comencé a contar.

En mi experiencia pude reflexionar que la mayoría de nosotras a diario realizamos varias acciones que tenemos muy naturalizadas,  esas que no tienen la necesidad de atravesar por un pensamiento o una decisión para hacerse, básicamente están tan incorporadas que son mecánicas; lo paradójico es que son estas acciones las que nos permiten mantenernos con “vida”, si así podemos llamar el hecho de respirar, comer y dormir en un mundo donde hay que defender lo obvio, luchar por lo que nos pertenece, un mundo donde comer para muchos no es tan habitual y por lo mismo dormir no es un descanso.

En este mundo, algunos y algunas estamos eligiendo no comer para exigir nuestros derechos; de manera irónica ponemos nuestro mayor derecho, el derecho a la vida, a disposición y voluntad política de los poderosos para presionarlos a garantizar otros derechos, en mi caso, el de la educación. Por absurdo que suene, no es lo más lamentable, hay personas que ni siquiera pueden elegir y el hambre es su única opción. Este era el pensamiento que me daba vueltas, yo lo estaba eligiendo de forma voluntaria, no me estaba alimentando en un mundo donde hay tantos y tantas tan familiarizados con la sensación de hambre que yo sentía. Nada más me rondaban en la cabeza esas primeras horas de ese miércoles que será imposible de olvidar.

Respirar.
Comer.
Dormir.

Cómo subvaloramos estas acciones, a pesar de ser vitales y necesarias, por el simple hecho de ser tan rutinarias. Notar que precisas hacerlas parte sobre todo de lo que sientes cuando no las realizas por un corto tiempo, quedas sin aire, tienes hambre y estas agotada. Pasadas las 72 horas, no es lo único que reconoces, te das cuenta que para ti pesan más las horas que para el indiferente que solo significa un fin de semana más.  

Cerca de 100 horas pasaron para que sintiera realmente afectada mi salud, se inflamaron algunos cartílagos del pecho; el dolor era intolerable, la incertidumbre insoportable y la preocupación innegable, mi vida estaba en riesgo en el país donde no se asigna dinero para la educación superior, pero si para carros blindados,  publicidad de los mandatarios y para garantizar la represión cuando se eligen otras formas de lucha. 100 horas y el tiempo lo contaba ya también en minutos.

Cada hora me obligaba a no llevar la cuenta en mi cabeza que tenía tan clara en mi estómago; y aun así: 130, 154,181… no podía dejar de hacer cuentas porque estaba contando números vitales para mi salud. Una hora más resistiendo, era una hora menos que podría resistir. “El tiempo es oro” podría resumir la esencia de nuestra relación con el dinero, pero para mí el tiempo era vida.

Fue una situación que no contemplé hasta que fue una realidad. Completé 202 horas de huelga de hambre, fue la forma de protesta más radical en la que he participado, y en la que hoy participan mis compañeros y compañeras en otras universidades.  Fue una forma de gritarle a este mundo que no nos conformamos con respirar, comer y dormir, que lucharemos hasta que nadie se tenga que enfrentar al hambre, que estamos dispuestas a hacerlo desde todas las formas de lucha y que ahora contamos las horas para volver a las calles.   

Tuesday, 08 September 2020 00:00

Hasta la mierda del marrano vale

El día en que Acened Higuita y su familia llegaron a la movilización buscando hacer vales sus derechos violados por la construcción de Hidroituango, nunca se imaginaron que había otra forma de producir energía, sin necesidad de construir grandes represas que traen impactos y huellas llenas de dolor que se quedan en los territorios.

Al pasar los días y los años, tanto Acened como todas las familias articuladas a las Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías (SETAA), decidieron de manera ferviente que la lucha es por la vida digna en los territorios. Y así fue que empezaron a surgir reflexiones sobre lo que les motivaba a pertenecer a un proceso social y ambiental como el que integran. Entre el compartir el dulce de arroz con leche, que es una apuesta para el fortalecimiento económico de la organización, fueron recordando la cantidad de árboles que han sembrado y la mejoría notable en la cantidad de agua de las fuentes hídricas a las que ahora pueden acceder. “Cuando escucharon que tendrían la posibilidad de tener un biodigestor, no imaginaban lo qué era, ni sus beneficios. Entendimos que era algo que producía energía pero más que todo, nos animó porque queríamos tener los cerdos”. 

Cuando llegó el día de la instalación del biodigestor, se hizo de manera colectiva, buscando que generara apropiación y conocimiento para todas las personas. Fue un momento muy importante de participación comunitaria y como se le llama en el territorio: de manos cambiadas. Muchas de las personas que participaron en el montaje expresaban que hasta la mierda del marrano vale plata. Y claro es muy difícil creer que de la mierda de los cerdos pueda salir gas y así poder cocinar. Pero además, otro beneficio, es que del biodigestor también se puede obtener abono líquido o biol, lo que es supremamente útil para abonar los cultivos y así tener cultivos agroecológicos, evitando, en lo posible, que se pierda la producción, pues con Hidroituango hubo cambios extremos en el clima que afectan los cultivos.

Llegada la hora del almuerzo, empezaron a preguntar si con el gas que se iba a generar se podría hacer un sancocho como el de hoy,  y así, entre pregunta y chiste, en cada una de sus cabezas se iban imaginando cuántos comensales podrían tener en su casa, sin tener que deforestar, pasar muchas horas en la cocina inhalando el humo del fogón o gastar plata en la pipeta del gas. Había risas de sorpresa, como cuando se está en frente de algo desconocido, se les escuchaba decir: ¡Eh de eso tan bueno no dan tanto! Pensar que es posible producir su propio gas para cocinar sus alimentos y no tener que pagar por el gas es una gran alternativa que les mejora sus condiciones de vida en el territorio: se ahorran los gastos del gas y del abono, tienen a los cerdos que, en cierto momento, pueden ayudarles con su autonomía alimentaria y, por qué no, económica. También generan autonomía respecto al modelo energético, un modelo que está arrasando con el ambiente, que genera desarraigo, despojo de tierras, fragmenta las relaciones ancestrales de las comunidades y genera pérdida de oficios en los territorios, entre otros impactos.

En las conversas se trató el tema y se llegó a la conclusión colectiva de que la “autonomía energética es poder manejar mi energía sin que me genere un cobro. Nos parece muy importante tener nuestra propia energía y esperamos que llegue el día en que se le pueda decir a la empresa: ¡Quíteme esa energía, llévesela!”.

Esta experiencia nos muestra que desde el ámbito comunitario es posible desarrollar acciones para solucionar necesidades locales y mejorar las condiciones de permanencia en los territorios que fortalecen la perspectiva de entender la energía como Derecho Humano y no como mercancía.

Entusiasmada, la familia Higuita Torres con su biodigestor van a participar en la Exhibición Virtual de Energías Alternativas en América Latina y envían este mensaje: “Invitamos a las personas a tomar consciencia sobre la naturaleza y decir no a la deforestación, no a los proyectos minero energéticos, no a las energías producidas para el capitalismo. Hay alternativas energéticas que no desplazan a la población. Por eso, con mucha felicidad los y las invitamos a inscribirse a la Convocatoria de la Exhibición Virtual de Proyectos Comunitarios de energías”.

 

Mayor información en:

www.transiciones.info o escribe al correo: energíThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comunidades SETAA – Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías

Saturday, 08 August 2020 00:00

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Por Libardo Sarmiento Anzola*

El nuevo coronavirus detonó una crisis con origen y evolución desde los años 1970. Durante las últimas cinco décadas, la oligarquía colombiana de extrema derecha transformó al Estado en un aparato mafioso y de negocios al servicio de sus intereses, caracterizado por el fascismo, la corrupción, el crimen y las instituciones económicas y políticas extractivas. La pandemia colocó en evidencia las nefastas consecuencias del neoliberalismo al privatizar, desmantelar y precarizar la salud pública. El modelo oligárquico-neoliberal hizo de la enfermedad un rentable negocio privado y financiero, con desprecio de la salud como derecho humano universal. La presidencia de Iván Duque (2018-2022) es ejemplo perfecto de tal régimen.

La política diseñada por el gobierno nacional para enfrentar la emergencia económica, social y sanitaria ocasionada por el covid-19 tiene tres ejes: i) el fortalecimiento del sistema de salud y su capacidad de respuesta; ii) ayuda social a la población en condición vulnerable y iii) la protección del empleo y mitigación de la afectación sobre el aparato productivo. A continuación se describe y analiza la manera cómo el gobierno de Iván Duque intenta conjurar esta triple crisis económica, social y de salud. La primera parte de este artículo explica lo que ha sucedido con los recursos financieros que el gobierno destinó para atender la crisis: cuánto fue, de dónde salió, y los posibles vacíos, fraudes y corrupción que se han presentado; la segunda parte expone una prospectiva de los probables impactos  económicos, políticos y sociales.  

Régimen político, injusticia y sufrimiento socio-económico

La crisis económica, energética y social de los años 1970 dio paso a la hegemonía financiera-terrateniente-comercial de extrema derecha. Desde entonces, las estadísticas oficiales reflejan un crecimiento alarmante y sostenido del sufrimiento socio-económico que la oligarquía dominante ocasiona, impunemente, al pueblo colombiano (ver gráfico 1):

  • El ejercicio violento del poder muestra una segunda ola de terror durante el siglo XX que se inicia en la década de 1970 y alcanza su clímax en el año 1990 al registrar una tasa de homicidios de 81,2 por cada 100.000 habitantes. La guerra deja hasta ahora un saldo de 7’816.500 personas que huyen de la violencia, lo que hace de Colombia el país con más desplazados internos del mundo. A ellos –afros, indígenas y campesinos– los “señores de la guerra” (grupos con poder que tienen de facto el control militar y el poder político) les despojaron más de seis millones de hectáreas de tierra y los obligaron a habitar en medio de la miseria y la indolencia en las grandes ciudades. La tasa de homicidios en 2020 se ubica en 23,5, expresión de una violencia más focalizada y selectiva, pero no menos criminal y clasista. El conflicto armado en Colombia sigue siendo político, social, económico, ambiental e ideológico.

    La quiebra de pequeños y medianos empresarios, unido a la destrucción de puestos de trabajo y a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, implicará que, a finales de 2020, por lo menos seis de cada diez connacionales se encuentre sobreviviendo bajo condiciones de pobreza (alrededor de 30 millones de personas). La pobreza por ingresos insuficientes descendió de 92%, a principios del siglo XX, hasta 27% en 2018. Desde 2019 para acá, la indigencia, el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo vienen afectando por igual a pobres (extremos y moderados) y estratos medios vulnerables.

    En medio de los avances del covid-19 en el país y sus cada vez más evidentes daños sobre la economía y el bienestar de millones de hogares, recientemente la universidad del Rosario, la Fundación Konrad Adenauer, El Tiempo, y la consultora Cifras y Conceptos se asociaron con el fin de realizar una encuesta que permitiera conocer los impactos de la pandemia. El resultado de este trabajo muestra que el 22% de la población económicamente activa se encuentra buscando trabajo y que al 73% se le redujeron los ingresos significativamente a partir de mayo.

    El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía colombiana se hundirá este año por lo menos un 7,8%, y podría caer hasta en 10%. Con una tasa de crecimiento demográfico anual de 1,1% el ingreso por persona desciende en 8,9%.

    El choque generado por la crisis es de producción y demanda. Los sectores más afectados son comercio (-11,2%), construcción (-16,1%) y arte, entretenimiento y recreación (-28,2%). Por otro lado, el consumo de los hogares y la inversión caen 6,7% y 17,7%, respectivamente, y el gasto del Gobierno, que crece 4,1%, es el único componente de la demanda interna que contribuye al crecimiento.

    La crisis afecta el mercado laboral, elevando el desempleo. En junio de 2020 la tasa de desempleo nacional fue 19,8%. De acuerdo con el Dane, en junio de 2020 más de 4,2 millones de personas perdieron su trabajo en el país, respecto al mismo mes de 2019; adicionalmente, 2,5 millones de personas se agregaron a la población inactiva a pesar de hacer parte de la fuerza de trabajo potencial del país, es decir que no estaban trabajando ni buscando emplearse en el periodo de análisis debido a la imposibilidad real de encontrar algún trabajo.

    Donde más se registró pérdida de puestos de trabajo fue en las actividades artísticas, con 737.000 personas menos ocupadas; seguido por el comercio y la reparación de vehículos, con 636.000 personas menos; en tercer lugar se ubicó la administración pública, defensa, educación y salud, con 635.000 personas menos ocupadas; y en cuarto lugar, están las industrias manufactureras con 599.000 personas menos. Dos terceras partes de la reducción de la población ocupada en junio de 2020 se dio en empresas de menos de 10 empleados (microempresas). En este tipo de empresas la pérdida de empleo fue de 2,7 millones de personas; las mujeres han sido las más afectadas. Sobre las personas desempleadas, la mayoría tenía educación media y 8,4% contaba con estudios universitarios o de posgrado.

    Al sumar el número de desempleados registrados en junio de 2020 (4.532.731) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que desalentados abandonaron el mercado laboral durante el último año (2.175.817), el número real de desempleados suma 6.708.548 y, por tanto, la tasa de desempleo objetiva es de 29,4%.

    En medio de la pandemia y el crac económico-social, los ricos se hacen más ricos. Los grandes empresarios y banqueros son los ganadores en esta crisis debido a los procesos de centralización y concentración de capital, adquisición de empresas quebradas, monopolización del mercado, el comercio electrónico, el pago de menores salarios y la flexibilización laboral, especulación con los bienes y servicios básicos, y la ampliación de los márgenes de intermediación financiera. El índice de concentración del ingreso volverá a una situación similar a la que registraba a principios del siglo cuando su valor era de 0,6. Una desigualdad superior al 0,4 es un carburante poderoso para aumentar los conflictos sociales y políticos.

    Crisis

    De acuerdo con el índice de seguimiento a la economía –ISE– calculado por el Dane, en mayo de 2020 la actividad productiva del país cayó 13,3%. Por sectores, las actividades primarias descendieron 13% (éstas son la agricultura, caza, silvicultura y pesca; y explotación de minas y canteras), las actividades secundarias se desplomaron en 29,6% (éstas son las actividades de industrias manufactureras y construcción) y las actividades terciarias bajaron 13,3% (éstas son las actividades de servicios, comercio, transporte, financieras y de administración pública).

    La distribución del ingreso nacional es la fase necesaria del proceso económico en cuanto relaciona la producción con el consumo. En Colombia, los sectores capitalistas, esto es, patrones y empleadores, representan el 3,7% de la fuerza laboral y se apropian del 35,3% del ingreso nacional. El ingreso mixto equivale al 20% del PIB, concentrado por los trabajadores independientes, informales y micro, pequeños y medianos empresarios que suman el 46,3% en la estructura de la población ocupada. Los asalariados (obreros, empleados y jornaleros) representan el 50% de la fuerza de trabajo ocupada y, en conjunto, reciben el 34% del PIB. Las familias colombianas perderán, en conjunto, el 6,7% de su ingreso en 2020; el golpe más severo lo reciben las familias de asalariados, trabajadores por cuenta propia y micro, pequeños y medianos empresarios.

    El consumo es la utilización del producto social para satisfacer las necesidades.  Los eslabones de enlace entre la producción y el consumo son la distribución del ingreso, la redistribución y la circulación. La tabla 1 registra el impacto de la crisis en el flujo de gasto del país: la demanda interna (consumo final + inversión) cae en 2020 un 9,1% respecto a 2019. La demanda externa (exportaciones – importaciones) desciende un 10,6%. El consumo final (hogares + gobierno) cae en 6,7%. El consumo de los hogares (integrante de los componentes del consumo final) registra una disminución de menos 1,1% en los hogares de los capitalistas, en los de ingreso mixto la caída es de 2,8%, y de 3,9% en los hogares de los asalariados.

  • El comercio exterior de Colombia ha sido muy golpeado por la contracción de la demanda global. El Dane informó que las exportaciones de Colombia en junio fueron de 2.278,1 millones de dólares, lo que representó una disminución de 26,4% en relación con junio de 2019. De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en mayo de 2020, las importaciones fueron de 2.877,3 millones de dólares y presentaron una disminución de 39,9% con relación al mismo mes de 2019. En el periodo enero-mayo 2020, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana 4.018,6 millones de dólares, en el mismo periodo 2019 se presentó un déficit de 3.659,1 millones de dólares. Toda esta situación es el desencadenante de un profundo desequilibrio macroeconómico que impacta negativamente el gasto público y la deuda del estado.

    Como resultado de la magnitud del choque macroeconómico que experimenta actualmente el país, y la necesidad de utilizar la flexibilidad permitida por la ley 1473 de 2011, el gobierno decidió suspender la Regla Fiscal para los años 2020 y 2021. La estrategia fiscal del gobierno nacional establece que en el 2021 se llevará a cabo un ajuste sustancial del déficit fiscal, desmontando buena parte de los gastos extraordinarios de la emergencia; así mismo, fija las metas de déficit de 2020 y 2021 en 8,2% y 5,1% del PIB, respectivamente.

    Producto de la recesión, los flujos de Inversión Extranjera Directa –IED– disminuirán 38.5% en el presente año. En el financiamiento externo, la caída de estos ingresos sería compensada por el aumento en el endeudamiento externo del sector público para hacer frente a la crisis; lo anterior se reflejará en un mayor déficit de cuenta corriente de 4,8% del PIB.

    Recientemente, la administración Duque llevó al Congreso el proyecto presupuestario para 2021 tasado en $314 billones, con un crecimiento del 15,5% frente al ejecutado en este año ($271,7 billones). En la iniciativa se destaca un mayor nivel de endeudamiento público con más inversión para atender las necesidades causadas por la pandemia del covid-19. El Presupuesto de la Nación para 2021 destinará $75 billones para servicio a la deuda, esto es 6,7% del PIB, debido al alto endeudamiento contraído por el gobierno en 2020. Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el presupuesto para el próximo año se mantendrá en un nivel similar al de la vigencia fiscal actual, cerca del 21% del PIB. En la iniciativa presupuestal de 2021, el gobierno garantiza los recursos para los programas sociales de carácter asistencialista como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción; igualmente, se incluyen recursos para continuar con la devolución del IVA y para seguir atendiendo el programa de Ingreso Solidario, que fue extendido hasta el primer semestre del próximo año.

    Subsidios, población en pobreza y clase media vulnerable

    El 4 de junio de 2020 se aprobó el Decreto presidencial 812 mediante el cual todos los programas de subsidio (enfoque asistencialista) quedaron en cabeza del Departamento de la Prosperidad Social (DPS). Estos son cinco: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución de IVA, Colombia Mayor y el recientemente creado Ingreso Solidario que se implementó para ayudar a 3 millones de familias (actualmente solo llega a 2,7 millones) que no recibían subsidios.

    Según Susana Correa, directora del DPS, los subsidios están beneficiando al 90,7% de los colombianos más pobres y vulnerables, es decir 8,3 millones de familias, algo más de 27 millones de colombianos. Los recursos para financiar estos programas sociales salen del presupuesto nacional en su gran mayoría, sin embargo algunos pagos extraordinarios de Familias en Acción y Jóvenes en Acción, por la pandemia, salen del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

    Para el año 2021, los programas asistenciales de subsidios serán financiados en su totalidad con recursos del presupuesto nacional. El grueso de los recursos que destina el gobierno para financiar el gasto social del Estado, además de los programas asistenciales, se orienta al pago de pensiones, régimen subsidiado de salud, educación pública, vivienda, servicios públicos domiciliarios y saneamiento básico (el total del gasto social –asistencia poblacional + sectorial – representa alrededor del 10% del PIB).

    La tabla 2 muestra que el alcance real de los programas asistenciales es de 21,2 millones de personas netas, es decir 5,3 millones de familias. El número de subsidios brutos es de 27,2 millones; en consecuencia, 6 millones de beneficiarios son receptores de 2 o más subsidios. En promedio, los programas asistenciales subsidian apenas el 40,4% del valor de la Línea de Pobreza y cubren solo el 70,7% de la población en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. El promedio del valor del subsidio individual es de $932.721 al año. La suma total de los recursos públicos ejecutados a través de la política asistencial es de $25,4 billones, esto es, 2,5% del PIB.

  • El análisis del gasto social asistencial permite hacer cuatro inferencias:

    • Si bien las instituciones oficiales publicitaban, por razones de interés político y manipulación de la opinión pública, que el índice de pobreza monetaria era de 27%, la realidad muestra que actualmente las condiciones de pobreza y vulnerabilidad afectan al 60% de los colombianos (alrededor de 30 millones de personas); además, el 73% del total de las personas viene registrando pérdidas de ingresos.
    • Las políticas asistenciales financian parcialmente las necesidades esenciales de consumo de los hogares pobres, sin embargo la inyección de recursos líquidos estimula la demanda interna y en última instancia aumenta las utilidades del capital.
    • El gasto público asistencial reproduce y mantiene a la población prisionera de las condiciones y causas de la pobreza. El objetivo de los subsidios es populista, no busca la superación, el desarrollo y la autonomía de estos grupos sociales marginales y excluidos. El propósito subyacente es la obtención de réditos políticos por parte de los sectores dominantes que controlan al Estado, evidente en épocas de elecciones a través del chantaje con los subsidios sociales y la compra de votos que les garantiza mantenerse el poder.
    • El valor oficial de la línea de pobreza es insuficiente para alcanzar un mínimo de dignidad por parte de las familias pobres. Este valor es definido arbitrariamente, la suma de $275.232 mensuales establecidos por el gobierno como umbral para diferenciar las personas “pobres” de las “no pobres” equivale apenas al 31,4% del salario mínimo legal vigente ($877.803), y representa el 27,9% del valor mensual de la canasta familiar requerido por cada persona de un hogar de ingresos bajos ($898.309).

    Sorteando la emergencia

    El choque generado por la triple crisis ha provocado un retroceso equivalente a la pérdida de las dos últimas décadas de desarrollo en Colombia. Un salto hacia atrás en la pobreza del país, destrucción de puestos de trabajo, quiebras masivas de micro, pequeñas y medianas empresas, pobreza e incertidumbre por el futuro económico que amenaza y hace victimas a 6 de cada diez colombianos y colombianas (entre pobres extremos, medios y clase media vulnerable suman alrededor de 30 millones de personas, es decir 7,5 millones de familias). En resumen, la pandemia, la crisis económica y las políticas del gobierno Duque están conduciendo el país a la ruina.

    El estado de emergencia que vive el país por cuenta de la pandemia mundial se siente en todas las actividades, y el ámbito jurídico no es una excepción. Acudiendo al artículo 215 de la Constitución Política, el presidente Duque ha dictado más de un centenar de disposiciones para conjurar la crisis. Si bien todas las medidas implementadas buscan mitigar los impactos desde distintos enfoques, estas se pueden clasificar de acuerdo con los siguientes objetivos:

    • Medidas de aislamiento y distanciamiento social.
    • Medidas para el fortalecimiento del sistema de salud.
    • Medidas de ayuda social a la población en condición vulnerable.
    • Medidas para la protección del empleo y mitigación de la afectación sobre el aparato productivo.
    • Medidas sobre tributos y aranceles.
    • Medidas fiscales y presupuestarias.
    • Medidas para la provisión de liquidez.

    En el marco del Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico, declarado mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el gobierno nacional vio la necesidad de buscar fuentes que le permitieran contar de manera inmediata con recursos adicionales a los presupuestados ordinariamente para la vigencia fiscal 2020. En este contexto, el gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 444 de 2020, mediante el cual creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), con el objeto de dotar de recursos al Gobierno nacional para contener la sangría económica y social.

    El principal instrumento para el manejo de recursos destinados a atender la emergencia ha sido el FOME. Los ingresos estimados del fondo son ingresos corrientes por $287.000 millones, provenientes del impuesto solidario por el covid-19, y recursos de deuda por un monto estimado de hasta $22,9 billones, de los cuales $11,75 billones provienen de préstamos del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), $9,7 billones de inversiones forzosas del sistema financiero en títulos de deuda pública denominados Títulos de Solidaridad (TDS), $1,3 billones de créditos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) y $202.000 millones de créditos del Fondo de Riesgos Laborales. Las fuentes de recursos del FOME se establecieron en los Decretos Legislativos 444, 552, 562 y 568; y fueron adicionados al Presupuesto General de la Nación de 2020 mediante los Decretos Legislativos 519, 571, 572 y 774 de 2020.

    El FOME ha recibido recursos del orden de $22.546mm (miles de millones), los cuales se encuentran administrados mediante portafolio independiente en la Subdirección de Tesorería de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

    El 5 de agosto de 2020, la Corte Constitucional tumbó uno de los decretos más controvertidos de la pandemia, el decreto 568 de 2020 que creó el impuesto solidario. Para la Corte, el decreto violó los principios de la generalidad del tributo y la equidad tributaria horizontal. Así, consideró el alto tribunal, este impuesto no era generalizado sino que específicamente se aplicaba sobre el empleo público, lo que para la Corte no fue válido. Según el alto tribunal, el impuesto debió haber cubierto a todas las personas naturales que reciben ingresos superiores a los 10 millones de pesos por salarios, pensiones, arriendos, dividendos, rendimientos financieros, etc. Unicamente se les cobró a los trabajadores del Estado. El tributo ordenó que a estas personas se les descontara en mayo, junio y julio desde un 10 hasta un 20 por ciento de su salario o pensión, dinero que sirvió para alimentar con unos 287.000 millones de pesos al FOME.

    A la Corte Constitucional llegaron múltiples demandas de empleados públicos que pedían tumbar ese tributo afirmando que era desproporcionado. A la fecha, el Estado cuenta con 1.198.834 servidores públicos; ninguno de estos ha sido afectado en su empleo o ingresos a causa de la emergencia que enfrenta el país.  Los ingresos de la burocracia son, en promedio, cinco veces superiores al promedio que devengan los trabajadores asalariados. Cada uno de los congresistas devenga 57 salarios mínimos mensuales; este grupo privilegiado también ha sido reacio a donar, o a que le quiten, cualquier peso (inclusive de los gastos de representación que en tiempos de confinamiento no los requieren). La solidaridad que piden los funcionarios del Estado es solo para los ciudadanos comunes y corrientes; es fácil ser generoso con la plata de los demás. 

    El Comité de Administración del FOME ha aprobado usos de recursos del fondo por un total de $21.864mm, discriminados así: $8.243mm para la atención de la emergencia sanitaria, $6.627mm para conjurar los efectos adversos de la pandemia sobre la población en condición de vulnerabilidad y $6.994mm para la protección del empleo y la reactivación económica. De estos usos totales de los recursos, únicamente $17.843mm corresponden a un mayor gasto fiscal del gobierno nacional, mientras que la porción restante corresponde a usos de financiamiento.

    En este sentido, para la atención de la emergencia se han distribuido presupuestalmente $4.669mm a las diferentes entidades del Presupuesto General de la Nación, de los cuales $901mm fueron distribuidos con anterioridad a la creación del FOME y $3.768mm desde el rubro presupuestal FOME.

    Es importante resaltar que, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, la distribución presupuestal no configura una ejecución de los recursos, sino que apropia a la entidad del Presupuesto General de la Nación los recursos para poder ejecutar y comprometer su presupuesto en desarrollo de su autonomía presupuestal (artículo 110 del Decreto 111 de 1996). Así, con información reportada por las diferentes entidades del presupuesto general en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), al 19 de junio de 2020 se han girado recursos para la atención a la emergencia, con cargo al rubro presupuestal del FOME, por el orden de $3.397mm. Dando como resultado un saldo disponible en la caja del FOME de $19.148mm.

    Finalmente, en línea con la proyección fiscal para la vigencia 2020, se estiman usos adicionales para la atención de la emergencia financiados por el FOME del orden de $10,0 billones, a través de los cuales se fortalecerán los programas de ayudas sociales a la población vulnerable y se adoptarán medidas para la protección de las empresas y la infraestructura, y la reactivación económica. Reconociendo las fuentes con las que cuenta actualmente el FOME y los usos aprobados por su Comité de Administración, el Fondo requerirá recursos adicionales del orden de $8,5 billones para la financiación de los usos estimados en lo restante de la vigencia, los cuales serán financiados a través de organismos multilaterales de crédito.

    Considerando lo anterior, el gasto fiscal total realizado a partir de los recursos del FOME asciende a $25,4 billones, destinados principalmente a la atención de la emergencia sanitaria, dar ayudas a la población vulnerable, y proteger el empleo y las relaciones comerciales del tejido empresarial. Por su parte, los usos de recursos de financiamiento ascienden a $6,5 billones, destinados a proteger las empresas nacionales de los efectos de la emergencia económica, dar apoyos de liquidez a otras entidades públicas y financiar los subsidios de los servicios públicos de los estratos 1 y 2 (tablas 3, 4, 5 y 6).

    La asignación realizada en Colombia es mezquina, modesta e insuficiente en comparación con los enormes paquetes fiscales de emergencia de los demás países en el mundo que están inyectando dinero a la economía para mitigar los efectos de una crisis económica global que, según los pronósticos de expertos y organismos internacionales, será la peor desde la Gran Recesión de los años 30. La administración Duque asignó 25,4 billones de pesos para enfrentar la emergencia ocasionada por la pandemia, equivalente a 2,5% del PIB. En contraste, Japón asignó el 21% del PIB, Estados Unidos el 13, Perú el 9, Brasil el 8 y Chile el 5, por mencionar solo algunos.   

  • Frente al plan financiero de 2020 presentado a comienzo de año, la meta de déficit fiscal del gobierno se ampliaría 6,0 puntos porcentuales, hasta llegar al 8,2% del PIB. Esta meta generará más adelante una espiral inflacionaria que terminaran pagando la clase trabajadora y los sectores populares al aumentar el precio de los bienes y servicios de la canasta básica familiar. Por ahora, debido a la caída de la demanda, la economía está cayendo en la deflación que acarreará más quiebras de negocios. En julio de 2020 la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue 0,00%, la variación durante el año corrido fue 1,12% y la anual 1,97%.

    La deuda neta, por su parte, presentaría un incremento de alrededor de 15 puntos porcentuales del PIB, jalonado por el mayor déficit fiscal, el menor PIB nominal y un fuerte efecto de la depreciación, que incrementa el valor de la deuda externa en pesos. En resumen, la respuesta oficial a la crisis generó un aumento desmesurado del déficit fiscal y de la deuda pública que, al finalizar el presente año, alcanzará probablemente el 10 y el 70 por ciento del PIB, respectivamente. Para el año 2021 se viene una riada imparable de reformas estructurales: laboral, pensional, tributaria y de recorte de los recursos de los programas sociales.

    La crisis económica, social y de salud devasta la capacidad empresarial y laboral del país. En particular, micro, pequeños y medianos negocios están en bancarrota. Sin embargo, la segunda encuesta “Pulso Empresarial”, elaborada por el Dane, señala que mientras en abril de 2020 el porcentaje de empresas con normalidad en sus operaciones era de 31,4%, un mes más tarde este había subido al 45,6%. En ese mismo periodo también se registró una leve mejoría en aquellas empresas que mantienen una operación parcial, al pasar del 40,5 al 43,4 por ciento en ese mismo periodo.

    El avance más significativo se registra en aquellas firmas que habían tenido que acudir al cierre temporal o definitivo de sus compañías; mientras en abril el porcentaje de empresas en esa condición era del 28,2%, un mes más tarde descendió al 11%. No obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronostica que en Colombia 140.000 empresas formales están en riesgo de colapsar por la crisis en curso. El Fondo Monetario Internacional advierte que bancarrotas de micro y pymes se triplicarán por el covid-19, es decir que las quiebras de empresas podrían aumentar del 4% registrado antes de la pandemia, al 12%. La incertidumbre generada por la improvisación y arbitrariedad de arranque y freno de la actividad económica, cuarentenas recurrentes, estrategias de “acordeón”, entre otras impuestas por el gobierno nacional y las autoridades regionales y locales, conduce ineluctablemente a la destrucción del sistema económico.

    Pese a que la crisis potenciada por el coronavirus ahondó la debilidad del empresariado por cuenta propia y los pequeños negociantes, las medidas económicas tomadas por el gobierno en medio de la actual recesión son para sus aliados y socios, quienes dirigen parte de los ministerios. Gobierno de ricos para ricos. El 90% de los recursos inyectados por el gobierno en el marco de la atención de la emergencia fluyen a través del sector bancario para mantener la liquidez financiera y apoyar la rentabilidad bancaria.

    De acuerdo con la Superintendencia Financiera, durante mayo de 2020, los 25 bancos comerciales que operan en el país reportaron utilidades por $3,4 billones; las ganancias de los 15 bancos nacionales fueron de $2,57 billones y los 10 bancos extranjeros tuvieron rendimientos positivos por $750.386 millones; con esta tendencia, los bancos colombianos continúan teniendo mayor participación en las utilidades acumuladas del sector y, en mayo de 2020, ganaron 3,4 veces más que las compañías internacionales. Los bancos de Colombia que mayores ganancias obtuvieron son: Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Davivienda, BBVA Colombia y Banco de Occidente.

    Además, mediante la reforma tributaria o “Ley de financiamiento” tramitada por Duque al inicio de su gobierno y en medio de las protestas por la desigualdad, ya le habían “regalado” a los grandes empresarios la suma de $9 billones  mediante exenciones o reducciones tributarias.

    Por otra parte, el gobierno nacional y las administraciones regionales y locales favorecen con la contratación de los recursos para atender la pandemia a los empresarios que les financiaron sus campañas políticas. Según la Contraloría General de la Nación, la entrega de millonarios contratos, bajo la sombrilla de la emergencia sanitaria del covid-19, sigue arrojando anomalías. De acuerdo con los hallazgos del ente de control, los aportantes a las campañas políticas ganadoras logran a través de los contratos que firman con el Estado un retorno del dinero “invertido” cercano al 1.000%.

    La pandemia también ha evidenciado los síntomas de otra plaga crónica en Colombia: la corrupción. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía han denunciado sobrecostos en contratos públicos de entidades del Estado, alcaldías y gobernaciones. De acuerdo con los organismos de vigilancia y control, los sobrecostos alcanzan el 25% en el valor de bienes y servicios.

    Política y disrupción pospandemia por covid-19

    Superar la crisis que amenaza la supervivencia de la clase trabajadora y los sectores populares en Colombia exige una transformación radical del régimen político, el modelo de desarrollo hegemónico y de las relaciones e instituciones sociales. El marco constitucional fundamentado en el Estado social y democrático de derecho ofrece la base jurídica y, a la vez, permite orientar y animar las luchas por venir. Democracia radical y plural, garantía integral de los derechos humanos y un sistema económico justo, sostenible y socialista constituyen los principios básicos para construir una agenda alternativa impulsada por un amplio frente social que enfrente la oligarquía mafiosa, cínica, corrupta y criminal que gobierna al país desde las últimas cinco décadas. Superada la pandemia Duque, el escenario de esta confrontación serán las próximas elecciones presidenciales y de gobiernos locales y regionales.

    Al movimiento social, plural y democrático, en unión con las clases trabajadoras y populares dentro de un gran frente social, le corresponde construir un programa político alternativo que responda a los retos actuales de corto, mediano y largo plazo.

    Durante los procesos electorales del último siglo la abstención registra un promedio del 52% y el voto por los candidatos de izquierda promedia 13,2%. En las elecciones presidenciales de 2018 la abstención descendió al 47% y el voto por la izquierda aumentó a 42%. Los resultados de procesos sociales cada vez más activos y demandantes de mejores condiciones de vida, trabajo digno y democracia real, y los resultados electorales de los últimos comicios presidenciales, son una evidencia empírica que muestra un mayor grado de conciencia política y de confluencia de los movimientos sociales inspirados en la creación de formas de existencia humana más decentes, sostenibles, inclusivas y dignas.

    Las elecciones presidenciales de 2022 se ubican en medio de una coordenada espacio-temporal favorable a los programas de la izquierda democrática y plural, con opción de ser gobierno por primera vez desde que existe el sufragio universal en el país. Según las encuestas realizadas dos días después de que el 21 de noviembre de 2019 se declarara el Paro Nacional y se iniciaran las movilizaciones, el 70% de los colombianos se mostraba favorable a las protestas y a la creación de un gran frente social.

    Adicionalmente, tras cumplir los  primeros 100 días de gobierno, solamente el 27,2% de los encuestados aprobaba el desempeño del presidente Iván Duque. Estos resultados reflejaban el ánimo que vivía el país a finales de 2019 y comienzos de 2020: el 73,8% de los colombianos encuestados por Invamer para SEMANA, Blu Radio, y Noticias Caracol, afirmó que sentía que las cosas iban “por mal camino”. Para los colombianos, en aquel momento, la corrupción (26.9%), el desempleo (21.7%) y la inseguridad (9.6%) eran los principales problemas del país; le seguían  la calidad y el cubrimiento de la educación (7.7%), la salud (6.8%) y los efectos de la situación de Venezuela (5.5%).

    En Colombia, la pandemia se ha usado por el gobierno para tender cortinas de humo sobre la crisis social, laboral y económica, la impunidad respecto a la corrupción, el terrorismo de Estado y la ilegitima elección del presidente Duque debido a los votos comprados con recursos financieros proveídos por narcos y paramilitares. La crisis social, económica y de salud le permitió a los partidos y grupos de derecha bloquear la movilización social e imponer una dictadura civil constitucional. Una dictadura cualquiera sea la forma que ella adopte, es siempre el peor de los males y debe ser combatida por todos los medios legales y pacíficos.

    En agosto de 2020, a mitad de camino de su administración, la aprobación de la gestión del presidente Iván Duque está en el 61%, según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Uno de los asuntos en los que no le va muy bien al gobierno es el relacionado con la corrupción, en el que la mitad de los encuestados consideran que es mala su gestión. Y si bien en el ideario popular se podría pensar que el principal problema del país es el coronavirus, los encuestados creen otra cosa. La mayoría, el 37%, estimó que es la corrupción, seguida, eso sí, por la pandemia, con el 27%. Otro problema relacionado con el covid-19, como es el desempleo, se ubica en el tercer lugar con el 14%.

    Como insumo político convocante de un frente social, plural y democrático se debe retomar la “agenda del comité nacional de paro para la negociación con el gobierno nacional”, la cual está integrada por 13 capítulos: i) garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; ii) derechos sociales; iii) derechos económicos; iv) anticorrupción; v) paz; vi) derechos humanos; vii) derechos de la madre tierra; viii) derechos políticos y garantías; ix) agraria, agropecuaria y pesquera; x) cumplimiento de acuerdos entre el gobierno, procesos y organizaciones; xi) retiro de proyectos normativos; xii) derogatoria de normas; xiii) construcción normativa. Está claro que es necesario actualizar esta agenda, la disrupción pospandemia por covid-19 así lo exige.

    En la perspectiva estratégica es necesario el rediseño del Estado, la política y el modelo de desarrollo. Es necesario destruir el actual estado oligárquico,  mafioso, corrupto, cínico y violento para hacer realidad el Estado social, democrático y garantista de los derechos humanos que quedó plasmado en la Constitución de 1991.

    La coyuntura plantea la urgencia de mitigar la destrucción de las capacidades sociales, económicas y laborales, sin olvidar la necesidad de aumentar de manera sostenida la productividad, generar encadenamientos productivos e incrementar el aprendizaje y la generación y difusión de innovaciones. La economía colombiana tiene la oportunidad de ahondar en su diversificación productiva en nuevos escenarios de comercio internacional, reforzar la industria manufacturera, recuperar el agro, incentivar el trabajo digno y decente, y fomentar la creación de cadenas de valor ambientalmente sostenibles. Un programa de izquierda democrática tiene que plantearse la necesidad de transformar las formas de propiedad privada sobre los medios de producción hacia un proceso cooperativo y socialista; adicionalmente, se deben transformar radicalmente las relaciones sociales de producción capital-trabajo hacia nuevas formas más humanas, dignas, solidarias y justas.

    La crisis sanitaria ha sacado a relucir todas las debilidades de una economía dependiente de la exportación de materias primas, y una economía extractiva que, además de estar monopolizada por una oligarquía financiera y mafiosa que pareciera no importarle esa debilidad, no cuenta con un sujeto social organizado y consciente que empuje una estrategia dirigida a enfrentar esa situación. Es necesario, en el corto plazo, fortalecer el sector público en la provisión universal de los bienes y servicios sociales básicos: trabajo, salud, educación, vivienda, servicios domiciliarios, comunicación y transporte. El sector financiero, el crédito y el control monetario deben volver a ser públicos y regulados democráticamente.

    Sin embargo, el modelo debe ser esencialmente socio-céntrico. Las alternativas estado-céntricas y mercado-céntricas neoliberales han fracasado en el último siglo. Las soluciones no pueden partir desde el Estado o desde el capital transnacional. El motor de estas estrategias de cambio debe provenir de la misma sociedad auto-organizada. Existen experiencias exitosas que deben escalar a nivel nacional y macroeconómico, tales como las empresas asociativas o cooperativas de producción, comercio y financieras.

    Además, localmente se vienen construyendo desde las bases sociales algunas experiencias productivas comunitarias y cooperativas que combinan la más alta tecnología y eficiencia, con la participación de profesionales y científicos comprometidos con las causas populares, sin dejar de lado los temas de tipo ecológico-ambiental, o de seguridad, autonomía y soberanía alimentaria. La autogestión y la autonomía libertaria, democrática, plural y socialista, deben animar y orientar estos procesos.

    En el corto plazo, los colombianos deben enfrentar las reformas que vienen en camino: tributaria, laboral, pensional y de políticas sociales. Es necesario contar con propuestas de reformas inspiradas en el espíritu de cambio señalado. La renta básica es una reivindicación importante en el corto plazo; ésta debe ser universal y equivalente al valor real de la canasta básica familiar para garantizar a cada persona un mínimo de vida digna y de seguridad en su existencia cotidiana.  

    La alianza en un frente popular democrático y plural, que articule a la clase obrera, los pueblos originarios, la pequeña burguesía tradicional (campesinos y pequeños empresarios) y la nueva clase media (trabajadores del sector terciario) cambia radicalmente la relación de fuerzas entre la oligarquía mafiosa, criminal y cínica, y la clase trabajadora plural, democrática y socialista. En efecto, la relación de fuerzas entre los partidos y movimientos de extrema derecha y la clase trabajadora no puede ser estructuralmente modificada sino a medida que se establezcan las alianzas de la clase obrera y campesina con las demás clases y fracciones de clase media y populares; articuladas y animadas por un profundo proyecto digno y emancipador.

     

    *Economista y filósofo. Escritor e investigador independiente

    Thursday, 30 July 2020 00:00

    El riesgo de la privatización de Cenit

    Por: Miguel Rojas

    La mesa de negociación entre la Unión Sindical Obrera (USO), Ecopetrol y Cenit, concertada por la posible venta de esta última, aún no ha llegado a un acuerdo. El conflicto inició con la expedición del decreto presidencial 811 del 2020, que permite la enajenación de empresas en las que el Estado colombiano tiene participación, como es el caso de Cenit, empresa que transporta crudo y combustibles en Colombia.

    La instauración de la mesa se dio el 11 de julio luego de que dos miembros de la USO se encadenaran en el Machín de la Resistencia en Bogotá, ubicado cerca de las instalaciones de Ecopetrol, además más de 400 trabajadores se encuentren en protesta permanente en 54 plantas de los oleoductos de Ecopetrol, así como una movilización nacional del sindicato. Que no hayan llegado a un acuerdo se debe a los intereses de las partes, tal como expresa Fabio Díaz, representante de la USO en la mesa por parte de la USO, “es una negociación compleja, la administración de Ecopetrol y Cenit intentan que la discusión solamente sea en el plano laboral, es decir, el cambio de contrato de Ecopetrol a Cenit, pero este conflicto tiene un contenido político que es: cuál es el futuro de la empresa”.

    Si la venta de Cenit se concreta, lo cual el gobierno no ha confirmado, se tendrían que cambiar alrededor de 870 contratos de Ecopetrol a Cenit, perdiendo estos empleados beneficios acordados con la empresa, y quedando en riesgo la estabilidad laboral de más de 22.000 trabajadores tercerizados, es decir, quienes son subcontratados por Ecopetrol a través de otra empresa.

    Cenit tiene una gran importancia en un país dependiente del crudo como lo es Colombia. Gracias a esta empresa, Ecopetrol, además de recibir el 40% de sus utilidades, es dueña del 82% de la capacidad de transporte de petróleo y del 100 % del transporte por poliductos de gasolina, diésel y jet fuel, siendo el principal transportador de hidrocarburos con 8.467 kilómetros de tubería. Igualmente, es el mayor inversor del sector: para el 2018 representó 3.500 millones de dólares y el año pasado 4.000 millones de dólares.

    En palabras de Fabio Díaz, que Cenit pase a manos de privados implicaría “que ese ingreso permanente para la nación ya no se tendrá. Segundo, que un sector estratégico, como son los oleoductos, estaría bajo el control del capital privado. Tercero, vender Cenit hoy pone en dificultades a Ecopetrol dado que los crudos que explota se encarecerían porque dependería de las tarifas que un privado le imponga.”

    La opción de vender la participación del Estado en empresas como Cenit surge como una medida dentro del Plan Fiscal de Mediano Plazo con el propósito de recaudar 12 billones de pesos para el 2021. Los recursos provenientes de estas ventas irán directamente para el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), creado para afrontar la crisis económica debido al covid-19.

    También es importante resaltar que Cenit no es la única opción para vender, y debería considerarse como la última debido a su importancia. El Estado colombiano tiene presencia en 105 empresas cuyo valor suma poco más de $170 billones.

    Que el país se vea en la necesidad de vender se debe no solo a la crisis, sino al manejo de la política fiscal que le han dado gobiernos pasados. De acuerdo con Mauricio López González, coordinador del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, Colombia ha tenido una política fiscal procíclica, es decir que los gobiernos no han ahorrado en periodos de auge económico para así tener una fuente de recursos que pueda utilizar en momentos de crisis o recesión. 

    Actualmente, según cifras del Viceministro de Hacienda, se estima que el PIB puede tener una caída del 5,5% y el déficit fiscal puede ascender a 8,2%. A la par, de acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo está en un 20 % y antes de la pandemia el empleo informal se acercaba el 50%.

    Con este panorama, explica el profesor Mauricio López: “No tenemos ahorro para aplicarlo a la economía. Nuestras empresas públicas no están generando una rentabilidad que pudiese capturar el Estado, como es el caso de Ecopetrol, que con un barril de petróleo a cuarenta dólares apenas si logra sostenerse la empresa. No podemos aumentar los impuestos porque la economía está caída, y la deuda ya está en niveles que superan el 50% del PIB. ¿En esas circunstancias que le queda al gobierno? enajenar o vender activos”.

    Otro de los inconvenientes de la enajenación es que representa un ingreso que se tiene una sola vez, más no un flujo constante como sucede con los impuestos o las rentas de las empresas estatales. Además, como expresa el Representante de la Cámara por el Polo Democrático, Jorge Gómez, se estaría vendiendo Cenit a "precio de huevo", pues debido a la crisis el precio de sus acciones se encuentra a la baja.

    Desde el Congreso ya se presentó, por parte del Polo, un proyecto de ley para derogar el decreto 811 que abre la puerta a la enajenación. Otra preocupación que existe es la posible venta también de ISA, la empresa de interconexión eléctrica de Colombia. Para el Representante Jorge Gómez que se contemple la venta de estas dos empresas es preocupante: “Es vender un patrimonio que es rentable para el Estado, supuestamente para atender la crisis, y no recurrir a otras fuentes. Es que hay más fuentes para atender la crisis. El gobierno se ha negado a usar reservas transnacionales, Colombia tiene 53 mil millones de dólares en reservas internacionales ociosas, es plata que tenemos en el exterior, una fiducia que no le resta nada al estado, o sea es un plata ociosa que podríamos gastar una parte, no toda porque son reservas”.

     

     

    Por: Yuliana Salazar Duque Integrante Comité Organizador en Pereira de la semana de los Líderes Sociales, Comité por la Defensa del Territorio de Risaralda.

    Colombia, un país sin memoria, ha naturalizado la muerte, como si esta hubiese penetrado lo más hondo del ser e hiciera parte de la mentalidad colectiva de una sociedad en la cual la vida o la muerte no representa más que una cifra o una nota fría y amarillista del noticiero.

    Cada día, tras la pantalla, nos narran la nueva pérdida de alguno de nuestros líderes sociales. Sin embargo, con la indiferencia que caracteriza a nuestro colombiano promedio, el hecho queda en un recuerdo fugaz que poco o nada nos interesa porque no afecta nuestra vida cotidiana o porque percibimos aquellas vidas como lejanas o distantes a nuestra realidad concreta.

    Pero ¿qué pasaría si a quien asesinaran o amenazaran fuera tu hijo o tú hija, un amigo cercano, un miembro de la familia, un primo, un hermano o tú mismo? Quizás allí la indiferencia no sería una opción y tendrías que usar tu voz de protesta para decir basta ya del exterminio: deben cesar las muertes.

    En Colombia, el asesinato selectivo, la violencia sistemática, el amedrentamiento y la tortura, han sido dispositivos para eliminar la diversidad de pensamiento y las renovadoras tendencias ideológicas de diferentes individuos o grupos sociales. Estas estrategias de exterminio han sido naturalizadas en el país con el conflicto político, social y armado más largo del mundo. Una Colombia con más de 8 millones de víctimas, entre ellas 7,7 millones desplazados, de los cuales muchos han terminado revictimizados por la incapacidad del Estado para restablecer los derechos vulnerados.

    Es importante resaltar que somos el país con más desigualdad social de América Latina, donde 9,9 millones de personas viven en condición de miseria, situación manifiesta en el incremento de las brechas sociales, el 1% más rico de la población concentra el 20% del ingreso, así como el 1% de los propietarios concentra el 80% de las tierras rurales. No podemos perder de vista que la tierra ha estado en el centro del conflicto político, social y armado., y que han sido las comunidades rurales las más afectadas por estas disputas.

    Ahora bien, entre los nuevos campos en confrontación se encuentra el ambiental, anclado a la pugna por la apropiación de las riquezas naturales de nuestros territorios. No es gratuito entonces que, para el año 2014, el grupo EJOLT señalara que Colombia era el país con más conflictos ambientales de Latinoamérica.

    ¿Qué relación tiene la situación anterior con los más de 868 líderes sociales y más de 200 excombatientes asesinados después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP?.

    Foto: Miguel Ángel Romero

    Recordemos que en Colombia han sido reiterativos los intentos de acuerdos de paz. Entre los más sobresalientes se encuentra la propuesta realizada en los años 80 por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar que derivó en los acuerdos de la Uribe. En 1985, la Unión Patriótica (UP), un partido de izquierda con gran acogida por el pueblo Colombiano, fue exterminado por la clase dirigente del país tras percibir las posibilidades reales de poder de este grupo político.

    Ahora, después de casi 24 años del genocidio político de la UP, se incurre en un nuevo intento de proceso paz cuyo incumplimiento se refleja, entre otros aspectos, en el asesinato selectivo. Entre enero de 2016 y mayo de 2019, han sido asesinados más de 837 líderes y excombatientes, cuyas principales reivindicaciones son de carácter social y político. En lo que llevamos del 2020 son 202 líderes asesinados y 7 de sus familiares.

    Como lo señala el informe "Todos los nombres, Todos los Rostros”, hecho por del Movimiento Marcha Patriótica, la Cumbre Agraria Étnica y Popular e INDEPAZ, en el 2018, el 80% de los homicidios fueron a causa de conflictos por la tierra, el territorio y las riquezas naturales, mientras que 17,69% estuvieron asociados a pactos de sustitución o erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. De los 245 casos registrados para ese año, 44 correspondían a comunidades indígenas, 21 a comunidades afrodescendientes, 40 al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, 140 a procesos campesinos, ambientales y comunales.

    Según este informe, de los 245 casos, el “30,97 % de los homicidios fueron cometidos en contra de integrantes de las organizaciones nacionales que conforman la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Proceso de Comunidades Negras, Autoridad Nacional Afro Colombiana (ANAFRO), Congreso de los Pueblos, Ríos Vivos, Movimiento por la Constituyente Popular, y Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia-COMOSOC)”. Asimismo, la mayoría de los asesinatos fueron a defensores de derechos humanos.

    Estas cifras revelan que el asesinato de nuestros líderes y lideresas sociales, incluyendo allí a los excombatientes, no son casos aislados que se configuran por “líos de faldas” como señaló, de forma irresponsable e irrespetuosa, el exministro Luis Carlos Villegas. El asesinato de los líderes sociales es reflejo de la realidad de nuestra Colombia, un país con profundas desigualdades sociales en el que el rigor de la guerra y de las injusticias recae sobre las poblaciones más vulnerables, quienes día tras día reinventan formas de reexistencia para hacer frente a la difícil crisis social que se ha venido erigiendo desde tiempos históricos en la nación.

    En el año 2019, en el marco de la convocatoria a la jornada de movilización nacional, en la ciudad de Pereira diversas organizaciones, procesos y personas decidimos hacer bonitas juntanzas para desarrollar una agenda conjunta en memoria y homenaje a nuestros líderes sociales. Durante la semana del 21 al 28 de julio, en diversos escenarios de la ciudad se llevaron a cabo múltiples actividades que tuvieron como propósito sensibilizar y denunciar el genocidio que estamos presenciando, y que se recrudeció desde la Firma de los Acuerdos de la Habana.

    Este año para continuar elevando nuestra voz de protesta e indignación por las amenazas, hostigamiento y asesinato de los líderes sociales, queremos extender la invitación para que nuevamente realicemos una Gran Jornada Nacional por nuestros Líderes Sociales del martes 24 al 31 de Julio.

    En homenaje a ellos, extendemos un llamado a la sociedad colombiana a romper el silencio y la indiferencia y defender la vida desde todos los ámbitos de la existencia cotidiana. Será nuestra indignación una de las posibilidades para frenar el genocidio: ¡Porque la vida Germina donde la lucha continua!

    Por Sergio López

    Bajo la exigencia de matricula cero para las Instituciones de Educación Superior (IES) del departamento Antioquia, estudiantes de la Universidad de Antioquia se tomaron la portería de la Avenida Ferrocarril el 8 de julio, luego de que la vigilancia privada no permitiera el ingreso al campus.

    A la 1:30 de la tarde se decretó huelga de hambre por parte de una de las estudiantes, horas después se unieron 3 personas más. Al día siguiente, cumplidas las 24 horas en huelga, pactaron una reunión con el rector en la que lamentablemente no escuchó  a los estudiantes y dejó a otros administrativos a cargo del diálogo, quienes claramente señalan que en manos de ellos no está la gratuidad de la matrícula.

    Este no es el único punto que reclaman los estudiantes. También piden que se congelen las reformas al Estatuto General que se están llevando a cabo por parte de la administración. Reformas que se activaron en el mes de mayo, donde la comunidad estudiantil y profesoral no se encontraba presente para discutirlas. Además de llevarla a cabo, la información de los cambios no llega a toda la comunidad, se anuncia que es una reforma que se ejecutaría a puertas cerradas y a espaldas de toda la comunidad universitaria. 

    Transcurren las horas y los días en la portería de la Unversidad de Antioquia y se suman dos estudiantes más a la huelga, para un total de 6 huelguistas. Las condiciones en las que se encuentran no son las mejores, pues duermen al lado de un alcantarillado donde es constante la reproducción de bichos que pueden afectar gravemente su salud y la de los y las campistas que los acompañan. A parte de esto, el baño que ofrece la administración de la Universidad no cuenta con suficiente espacio y las condiciones necesarias para la cantidad de personas que allí se encuentran en manifestación y resistencia.

    La consigna de Educación Pública, Gratuita y de Calidad no es de ahora, es una bandera que ha hecho parte del movimiento estudiantil colombiano y latinoamericano. La crisis sanitaria, ambiental y económica deja en evidencia la necesidad de ejecutar esta propuesta, puesto que los niveles de deserción aumentan debido a las dificultades de diversa índole que enfrentan sus hogares y comunidades. 

    La UdeA no es la única que ha emprendido este mecanismo como herramienta de presión, exigencia y resistencia, también lo han llevado a cabo en la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de los Llanos y la Universidad del Tolima. Estas acciones que ejecutan unos pocos representan toda una comunidad universitaria que no busca un pago por estratificación, sino una gratuidad que no diferencia clases socioeconómicas. 

    Se hace el llamado a las administraciones locales y nacionales para que inyecten recursos económicos a las diferentes IES del país y se siga construyendo una Educación Pública, Gratuita y de Calidad que siga aportando a la construcción de un mejor país con paz y vida digna.

    Por Escuela Nacional Sindical

    Max Yuri Gil es el coordinador de la Comisión de la verdad para la Macro Región Antioquia – Eje Cafetero. Pero además es un estudioso de la violencia en esas regiones y el país. Conoce como pocos la minucia del trabajo que realiza la Comisión de la Verdad y los órganos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR).

    Conversamos con él sobre violencias coyunturales como el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC. También le preguntamos por los imprevistos efectos que tiene la pandemia en el cronograma y la metodología de trabajo de la Comisión, cuyo mandato culmina el próximo año. Max Yuri nos contó que el propósito de la Comisión es entregar el informe final en los tiempos establecidos en el Acuerdo de Paz:   

    ¿Cómo ha sido el trabajo de la Comisión en medio de la crisis por el coronavirus?

    Nos tocó adaptarnos y eso ha implicado un alto componente de virtualidad. Desde mediados de marzo no hemos podido realizar el trabajo de campo que teníamos previsto. Ya hicimos una reorganización, para poder realizar en el segundo semestre algunas de estas actividades de manera virtual; entrevistas individuales, entrevistas a profundidad, y organizar protocolos para que las personas se acerquen a las oficinas y a nuestros equipos, y puedan dar cuenta de sus expectativas de aportar la verdad a la Comisión. También en el tema de diálogo social estamos pensando hacer muchas cosas a través de redes sociales, internet y comunicación pública. Nos hemos adaptado, pero no es el escenario más favorable.

    ¿Esta crisis cambia en algo los objetivos de la Comisión?

    Nosotros tenemos tres ámbitos que deberían estar relacionándose, teníamos dos y llegó un tercero: primero, la agenda de la democracia en el país. Las discusiones sobre participación política, equidad, reconocimiento, derechos, etc. Segundo, la agenda de la paz que tiene que ver con el cumplimiento del Acuerdo de Paz, los seis puntos que se establecieron. Nosotros estábamos en ese punto de la paz, de la transición, pero ahora se nos viene encima la agenda de la atención de las victimas del coronavirus, no solamente las victimas del contagio sino las del impacto económico que todo esto está teniendo.

    ¿Cuál es el problema? Cómo hacemos para que esas tres agendas en vez de competir se articulen, que podamos encontrar las intersecciones de esas agendas para que no terminemos sacrificando una cosa en aras de la otra. En esa medida nosotros hemos expresado, como entidades del SIVJRNR, y como Comisión de la Verdad, nuestra preocupación porque la agenda de la transición termine hundiéndose en el marco de la agenda de la atención a las víctimas de la covid-19.

    Teniendo en cuenta esa eventualidad, ¿será necesario ampliar el plazo de trabajo de la Comisión?

    Esto tiene una dimensión normativa y una práctica. La dimensión normativa implica que para ampliar el periodo se requiere una reforma constitucional, se necesitarían 8 debates en el parlamento en dos legislaturas, nosotros lo vemos muy difícil. La otra opción sería una demanda ante la Corte Constitucional de un grupo de organizaciones sociales que, dados los efectos sobrevinientes del Coronavirus, pidan una ampliación del mandato de la Comisión. Eso requeriría que las organizaciones se pusieran de acuerdo, lo presentaran ante la Corte y que la Corte declarara exequible [constitucional] ampliar el periodo.

    Desde el punto de vista fáctico, creemos que en el Congreso las prioridades son otras, no creemos que sea fácil sacarlo adelante, esto requiere una mayoría parlamentaria, y tampoco tenemos certeza de que la Corte acepte una posible demanda para ampliar el plazo de la Comisión.

    Además, esta es la postura unánime en el pleno de comisionados y comisionadas, la decisión es terminar en noviembre del 2021. Se pretende que el informe de la Comisión sea un insumo para el debate público de cara a los debates electorales del 2022. No nos queremos meter en la coyuntura presidencial del 2022 arriesgando ser objeto de rapiña política-electoral. Esa es la decisión, es muy difícil que ese periodo se amplié.  

    ¿Con qué dificultades se ha encontrado hasta ahora la Comisión?

    Nosotros nos imaginábamos un escenario mucho más favorable cuando empezamos nuestra labor. Teníamos la expectativa que, con la firma del acuerdo de paz en 2016, íbamos a tener un periodo realmente post conflicto, más estable, más tranquilo. Somos conscientes de que ese no era el fin de todas las violencias, que había un conjunto de violencias que no obedecían a las dinámicas del conflicto armado, pero creíamos que sí íbamos a tener una transformación del ambiente político como consecuencia del acuerdo de paz logrado con las FARC. Pero eso rápidamente comenzó a mostrar sus debilidades, por ejemplo el proceso con el ELN se rompió, luego el incumplimiento, justificado o no, hace aparecer las disidencia de las FARC.

    Además de eso, se le había advertido al estado colombiano la importancia de una presencia integral en el territorio para evitar que otras organizaciones delincuenciales cooptaran el espacio dejado por las FARC, eso no se hizo, de tal manera que terminamos teniendo un escenario muy violento.  Hay unos territorios a lo largo y ancho del país donde el conflicto armado no terminó, sino que se reconfiguró.

    En muchas de esas regiones se dificulta la labor de la Comisión, no nos podemos ir para Caucasia a obtener testimonios, ni a Ituango, ni a Briceño, ni a Toledo. También hay dificultades en Segovia, Remedios, Vegachí y Yalí

    Hay otro tema que tiene que ver con la opinión pública y la política. Obviamente el triunfo del Centro Democrático en las elecciones presidenciales es un golpe muy duro a la implementación. Aunque los acuerdos de paz son de Estado, en la práctica funcionan como acuerdos de gobierno. El hecho de que llegara un gobierno que no cree en el Acuerdo de Paz, quita mucho respaldo político a la transición y al funcionamiento de las instituciones de la transición. Hay una falta de respaldo político y esto nos genera problemas de legitimidad, nos pone en serias dificultades.

    ¿Y los recursos económicos?

    Nosotros en el pasado tuvimos algunas dificultades de recursos, este año ha sido más normal, pero desde ya sabemos que el problema de los recursos va a golpear muy duro el año entrante. Calculamos un recorte mínimo del 50%, no solo en gastos de inversión y actividades, sino también en funcionamiento y nómina. Y tenemos un agravante: nosotros habíamos podido contar con el colchón de la cooperación internacional. Tenemos mucha inquietud sobre si ese colchón es lo suficientemente grueso para que podamos caer tranquilos. La cooperación va a tener que dedicar plata a todo el mundo, incluyendo países de Europa, y el mismo Norteamérica, que van a requerir altos flujos de inversión para la reactivación económica y la atención a las víctimas. Estamos en un panorama bastante complicado.

    ¿Cómo ven desde la Comisión el asesinato de líderes sociales?

    Es un tema muy grave, muy preocupante. La Comisión se ha expresado de manera permanente sobre este tema porque nos preocupa profundamente.  

    Nos preocupa mucho y es una pregunta de fondo que nosotros tenemos en nuestra labor: ¿cuáles son las razones para que el conflicto armado en Colombia no termine a pesar de los sucesivos acuerdos de paz? En muchos países los conflictos armados terminan con la negociación, aunque sean malas negociaciones y aunque el fin del conflicto armado sea más complejo. Nosotros hemos tenido acuerdos de paz toda la vida, los del 89, 90 con las guerrillas, luego los del 94, los del 2006 y 2007 con paramilitares, y ahora este con las FARC. Lo que encontramos es una constante reconfiguración de los ciclos de violencia y esa reconfiguración incluye el asesinato de líderes sociales o de líderes políticos, y el asesinato de excombatientes.

    En una nación que no le cumple los acuerdos a las personas que se someten a ellos, es muy difícil que el Acuerdo de Paz funcione como un acto de refrendación y consenso, porque el consenso no se forma sobre los muertos.

    ¿Qué debería hacer la sociedad para proteger más a los líderes sociales?  

    Yo creo que hay un tema que tiene que ver con la necesaria sensibilidad de la sociedad frente a esto. Desafortunadamente, para la inmensa mayoría de la población colombiana o no importa, o, peor aún, justifican los asesinatos de líderes sociales.

    El principal problema es que esta es una sociedad indolente, una sociedad que ha materializado, ha legitimado y ha justificado el asesinato de unos por cualquier razón. Todo lo que nos ha pasado ha sido delante de nuestros ojos, no nos pueden decir que eso es pasado, eso pasó hace muy poco tiempo. El 60 o 70% de la población ya estaba viva cuando nos pasaron la mayoría de las cosas como sociedad. El periodo más intenso de la guerra en Colombia es del 95 al 2007, y para ese entonces la inmensa mayoría de los colombianos ya habíamos nacido. No estamos hablando de cosas que pasaron en las selvas más profundas, el conflicto se vivió en La Comuna 13 [Medellín], en Ciudad Bolívar [Bogotá], en Agua Blanca [Cali] y obviamente en las zonas rurales.

    Es evidente que somos una sociedad indolente y legitimadora del exterminio social, y eso tiene que ver con la cultura, con la prolongación del conflicto y su degradación, con la formulación de discursos justificando la violencia y una violencia buena, como necesaria.

    En segundo lugar, la institucionalidad se ha resignado o considera que este no es un tema central y que no merece una atención especial. Desde la firma del Acuerdo de Paz, hace menos de 4 años, la cifra de líderes sociales asesinados oscila entre 700 y 900, dependiendo de quién dé los datos. Estoy seguro que si fuera otro sector social que hubiera puesto esa cantidad de muertos en 4 años, estaríamos preocupados, si fueran periodistas, dirigentes económicos, empresariales, integrantes de un partido político de derecha o extrema derecha. El hecho de que sean líderes sociales los hace ver como seres grises para la institucionalidad, realmente no representa un tema central de preocupación, además hay un negacionismo del fenómeno; lo minimiza, lo banaliza cuando lo compara con otras dinámicas de violencia, eso no ayuda. 

    ¿Y qué debemos hacer frente al asesinato de excombatientes?

    Con respecto al tema de los excombatientes pasa una cosa similar, agravada. De alguna manera el estigma negativo sobre el desmovilizado y el reinsertado es una cosa constante en la historia colombiana, aún con paramilitares. Es una sociedad que no le da una segunda oportunidad a este tipo de personas, que siempre justifica el hecho de lo que les pasa. Se les aplica el proverbio bíblico de que “el que a hierro mata, a hierro muere”, y todos terminamos justificando.  Yo creo que es una muestra más de la decadencia moral que tiene la sociedad colombiana.

    Para la Comisión el asesinato, tanto de líderes sociales como de excombatientes, es un pésimo mensaje, le resta credibilidad al momento de implementación del acuerdo, debilita la voluntad de los excombatientes de cumplir lo mínimamente acordado. Es un desangre para la democracia colombiana, –la muy precaria y maltrecha democracia colombiana–.

    ¿En que ha trabajado la Comisión de la Verdad en Antioquia y el Eje Cafetero?

    Nosotros tenemos una visión muy clara: trabajar con la fecha del cierre de la Comisión, que es el 29 de noviembre del 2021. En ese sentido avanzamos en los dos grandes objetivos que nos hemos propuesto: de un lado el informe de esclarecimiento, y del otro lo que hemos llamado diálogo social, que incluye el reconocimiento, la convivencia y la no repetición.

    ¿Cómo estaba planeado el trabajo de la Comisión para este año?

    En la Comisión teníamos previsto, de acuerdo a nuestro plan de trabajo, que en el primer semestre terminábamos la labor de escucha, el trabajo de campo. Para el segundo semestre teníamos planeado avanzar en la profundización de las hipótesis y en la documentación de unos casos específicos que nos interesan en relación de patrones y contextos explicativos. Y pensábamos que el año entrante era de escritura y ajuste para tener el informe a tiempo.

    En el tema de diálogo social teníamos la pretensión de avanzar en el reconocimiento de responsabilidades, en el fortalecimiento de procesos de convivencia alrededor de la verdad, y en la identificación de las garantías de no repetición como esas reformas que la sociedad debería hacer, tanto institucionales como en la educación para que el conflicto armado termine y no se repita.

     

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