Decreto 558: Salvamento a los bancos, y mayores cargas fiscales al Estado

Por Carlos Julio Díaz Lotero – Analista Escuela Nacional Sindical

En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el pasado 15 de abril, el gobierno expidió el decreto legislativo 558 “por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones, proteger a los pensionados bajo la modalidad de retiro programado y se dictan otras disposiciones.”

Una de las medidas del decreto es la reducción de los aportes al Sistema General de Pensiones del 16% al 3%; es decir, no se cotiza la parte correspondiente al ahorro pensional, sino solo la parte que debe cubrir el costo del seguro previsional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad o el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia del Régimen de Prima Media, según corresponda, así como el valor de la comisión de administración.

La medida más fuerte y desconcertante que toma el decreto es la determinación de traslado a Colpensiones de aproximadamente, según cálculo de algunos especialistas, de unos 20.000 pensionados, de los casi 100.000 que se encuentran bajo la modalidad de retiro programado a cargo de los fondos privados

La decisión es un reconocimiento de los efectos iniciales del proceso de desintegración del sistema financiero del transatlántico, no a causa, pero si acelerado por la pandemia global del COVID 19.

Recordemos que en nuestro país existen dos regímenes pensionales: El público o de Prima Media (RPM) que administra Colpensiones, y el de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) que manejan los fondos privados bajo la figura de negocio financiero. Los fondos privados utilizan el esquema de los multifondos para que los afiliados puedan escoger que tipo de riesgo quieren asumir en las inversiones de portafolio que hagan las Administradoras de Fondos de Pensiones: conservador, moderado, y de alto riesgo. El fondo conservador tiene más o menos la mitad de los recursos en deuda pública, el moderado el 35% y el de alto riesgo el 15%. La mayoría de los trabajadores, al momento de afiliarse, no dicen el riesgo que quieren asumir, por desconocer el funcionamiento de la llamada economía de casino, y por tanto los fondos deciden por ellos.

Como más de la mitad de los 280 billones de ahorro acumulado, de los más de 6 millones de trabajadores que tenían los fondos privados a diciembre 31 del 2019, se encuentra en el mercado especulativo de valores tanto del país como de Wall Street, el colapso de  esta burbuja ha desvalorizado estas inversiones de portafolio, a tal punto que podrían desaparecer en cuestión de meses, si es que ya no han desparecido.

Como las utilidades de los fondos privados provienen de la comisión que cobran por administrar los portafolios señalados, que es más o menos la mitad del 3% de la cotización que se mantiene, podríamos decir que el gobierno con su política garantiza la ganancia del capital y asume las pérdidas de los trabajadores por los vaivenes del mercado.

Es curioso que hace unos tres meses ASOFONDOS y todos los corifeos neoliberales que exigían rabiosamente acabar con Colpensiones, o por lo menos con el régimen de Prima Media, hoy sea el salvavidas al que le cargan la irresponsabilidad de sus maniobras especulativas. De hecho Colpensiones ya arrastra un déficit de unos $14 billones, que se deben asumir por parte del presupuesto nacional, a lo que hay que sumar otro billón de pesos cuando asuma la totalidad de los pensionados de la modalidad de retiro programado.

Este es un gobierno al servicio de banqueros que han desarrollado un capitalismo parasitario, que ha recibido apoyos por más de $60 billones, mientras reparte  miserias para el sector de la salud, para el sector empresarial de las pequeñas y medianas empresas (MIPYMES),  y para toda la población pobre y sin ingresos.

Lo más sensato que podría hacer el gobierno, si tuviera el liderazgo y la estatura moral para un tiempo de crisis planetaria como la que vivimos, es derogar la ley 100 de 1993, responsable de muchas muertes por la destrucción de la salud pública y el desmantelamiento de la red pública hospitalaria, el deterioro de las condiciones laborales del personal de la salud, la desaparición de los sistemas de prevención de los riesgos laborales, y el robo de los ahorros de toda una vida de una gran mayoría de trabajadores que se dejaron confundir por las artimañas de los mercaderes de ilusiones.

Si tuviéramos un presidente con vocación de justicia social, obligaría a los grupos financieros, responsables de esta monumental estafa contra de la nación y la sociedad, a que asumieran con su patrimonio lo que hoy debemos pagar todos los colombianos.

Pero lamentablemente ese presidente no lo tenemos.

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