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Tribunal Permanente de los Pueblos: El genocidio no cesa

A finales del siglo XIX, los artesanos recibieron la represión del Estado, los sastres se organizaron y exigieron que los contratos para fabricar los uniformes de la policía se les otorgaran a ellos y no a una empresa extranjera. Luego los obreros de los enclaves petroleros, bananeros, los de los ferrocarriles, entre otros, tuvieron que soportar la humillación de las multinacionales que los esclavizaban en medio de las peores condiciones de salubridad, cientos morían de paludismo y enfermedades tropicales. Fue necesario reclamar con huelgas que el pago de su arduo trabajo se hiciera con dinero y no con vales para gastar en los comisariatos de las multinacionales, y por ello fueron masacrados.

Históricamente la clase trabajadora no solo se ha opuesto a las prácticas abominables desplegadas desde el Estado, sino que ha sido testigo y víctima de sus instancias gubernamentales, cuyo objetivo ha sido siempre borrar del mapa a los que se organizan y luchan por la construcción de la democracia, la vida digna y la felicidad; como ocurrió con miles de obreros de las bananeras en diciembre de 1928 a manos del ejército y bajo las órdenes del coronel Cortés Vargas, el presidente conservador Miguel Abadía Méndez y la aprobación de la multinacional Fruit Company.

Todos los gobiernos que ha tenido Colombia han defendido los privilegios de la clase alta y la de sus patrocinadores- financiadores derramando ríos de sangre. Se asesinó a los socialistas, a los comunistas, a los religiosos de la teología de la liberación, a los campesinos organizados, a los indígenas que se opusieron a la colonización y al despojo de sus territorios ancestrales, a los pueblos negros que lucharon por un lugar para recuperar su cultura y memoria, a los obreros que organizaron sindicatos y exigieron nacionalizar el petróleo, el carbón y otras riquezas naturales; a los estudiantes por exigir la educación pública, a los profesores y profesoras, a los liberales después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, a los insurgentes de los Llanos Orientales que negociaron su desmovilización con el dictador Rojas Pinilla, a los campesinos del sur y el oriente del Tolima les lanzaron bombas de napalm y los metieron en campos de concentración, luego bombardearon a los de Marquetalia. Asesinaron y descuartizaron a cientos de miles en la época de la violencia de los años 50, luego persiguieron a las guerrillas que reclamaban justicia, igualdad y reparto de la tierra, y a sus seguidores; desaparecieron casi a cien mil durante cuatro décadas, la mayoría, militantes de grupos de izquierda legal e ilegal; y nuevamente a los que se organizaron en la Unión Patriótica, y después a los de A Luchar, y en seguida a los que negociaron con Barco y Gaviria. Lo de hoy es solo la continuidad del proceso genocida, más lideres y lideresas que defienden el territorio, más defensores y defensoras de derechos humanos, más excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz con las Farc.

Se ha hecho de todo para que pare el genocidio, marchas pacíficas y beligerantes, se ha peleado en las calles y carreteras. Se ha denunciado ante la comunidad internacional, ante los organismos como la ONU y la OEA, se han juntado miles para ir en caravanas a los territorios donde se presenta mayor violencia, pero las prácticas genocidas no se detienen, y el Estado ya no solo mira hacia otro lado sino que expone una mueca burlona, cínica y humillante que asiente o niega.

Cerca de 400 organizaciones sociales y populares, defensoras de derechos humanos, partidos y procesos de los territorios, se han juntado para solicitar al Tribunal Permanente de los Pueblos, (TPP), con sede en Roma, que se adelante una audiencia de juzgamiento contra el Estado Colombiano por Genocidio Político, Crímenes contra la Paz y contra la impunidad casi del 100 % que reina en nuestro país. Se trata de un juicio ético, humanista y político.

El TPP nació en el año 1979, fue Lelio Basso, un abogado, humanista y socialista italiano que inspirado en las luchas de Bertrand Russell de los años 60 y en la carta de Argel de 1976, en donde se reivindican los derechos que los pueblos tienen a rebelarse contra las dictaduras y los malos gobiernos quien propuso el Tribunal, que además nació como un homenaje a las luchas que libran los pueblos en el mundo y como una posibilidad para señalar y denunciar las injusticias y arbitrariedades de sus gobernantes. El TPP surge como respuesta a la ausencia de justicia global y ante las componendas que la geopolítica genera entre las potencias mundiales y sus organismos multilaterales que en últimas se arropan con la cobija de la impunidad. Desde 1979 hasta hoy se han adelantado 47 sesiones del TPP, esta última que se instaló el 26 de enero de 2021 en Colombia sería la numero 48.

Aunque los fallos o sentencias del TPP no son vinculantes u obligatorios para los organismos de justicia formales de los diferentes estados, sí tiene un peso específico porque sus jueces, jurados y fiscales son personalidades de la mayor reputación mundial. Entre ellos se encuentran los mejores juristas del mundo, premios Nobel de paz y de literatura, académicos, e investigadores de renombre que con sus fallos han puesto a tambalear algunos regímenes, y logrado que el mundo entero ponga sus ojos en esos pueblos y países oprimidos.

Nada impide denunciar al Estado colombiano y luchar para que sea juzgado por el genocidio político que sus propios agentes de seguridad e inteligencia, sus fuerzas militares y de policía -con el apoyo o no de escuadrones de la muerte-, la policía chulavita, los grupos paramilitares, los carteles de la droga y los mercenarios internacionales han ejecutado durante décadas de manera continua y sistemática. Este genocidio, desarrollado salvajemente a través de prácticas como el asesinato, la masacre, la desaparición, los falsos positivos, la tortura, el desplazamiento, el despojo, la amenaza, la violación y abuso sexual, el exilio, las interceptaciones, entre otras, insólitamente fue legitimada por una sociedad víctima de los medios masivos de comunicación al servicio de las élites que sembraron el discurso oficial del “enemigo interno”, que señala a todos aquellos que están en contra o que quieren cambiar el país y hacerlo más justo, a los que amenazan los privilegios de las élites, como los campesinos, los sindicalistas, los profesores, los negros, los indígenas, los rebeldes…

El 25, 26 y 27 de marzo de 2021 el TPP, juzgará por genocidio al Estado colombiano. En estas sesiones el tribunal trabajará con fuerza y con el apoyo de los colombianos y colombianas dignas, las comunidades y procesos de los territorios se escucharán las voces que desnudarán las prácticas genocidas del Estado Colombiano.

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Acerca del Autor

Olimpo Cárdenas Delgado