(159)

Por Juan Camilo Gallego Castro-Agencia de Prensa IPC

 

Los ríos tienen su personalidad, una en la subienda o en la bajanza, en la mitaca o en los días lluviosos. Entre las montañas bajan con prisa y resuenan furiosos; en las sabanas y zonas bajas apenas se escuchan, son parsimoniosos.

El río Nechí es callado y oscuro, es una línea gigante de agua antes de unirse al río Cauca en el municipio de Nechí, en límites entre Antioquia y Bolívar. Visto desde el aire, la margen izquierda está invadida de puntos naranjas, de tierra arrasada por mineros ilegales; a la derecha es propiedad de f una empresa legal colombiana con presencia en Argentina, Chile y Nicaragua, que usa dragas gigantes, que ha desaparecido humedales a su paso y que construyó un jarillón, algo así como un muro de tierra para encerrar un humedal, para evitar que los sedimentos de la actividad minera cayeran a los demás humedales, caños y el río Nechí.

El problema es que lo hicieron sin permiso, eso dice Corantioquia, la corporación ambiental. El problema es que la investigación por esa construcción no avanza en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la autoridad encargada. El problema es que en 2018 ese jarillón se rompió y ocasionó un ecocidio que mató miles de peces. El problema es que hace un   se volvió a romper. El problema, dicen los pescadores, es que no tienen qué pescar.

***

La panga se detuvo en mitad del río, dio la vuelta y se acercó a una orilla. Lo primero que vi fue un gallinazo al lado de una rama, luego me percaté de que el gallinazo estaba picoteando las rodillas de un cuerpo atascado. Escuché que dijeron que días atrás había desaparecido un muchacho de Cuturú, un caserío ribereño. “Ese no es”, dijeron. Nadie dijo más, era un cuerpo más, es la costumbre de los días, cuerpos como troncos que bajan por el río hasta que alguien los rescate. Pero aquí nadie denuncia o informa. El miedo de la gente es callado como el río.

***

—El agua está más oscura, ¿sí ve? —me dice Rigoberto*, mientras sigo pensando en la imagen del cuerpo en la madrugada, flotando en el río Nechí, y el gallinazo que nos siguió con la mirada cuando retomábamos el rumbo.

Le digo que no, que el río y los humedales tienen el mismo color, un ocre, un café. Él dice lo contrario, que en días normales el Nechí es más oscuro que las aguas de los humedales, pero desde hace varios días está más oscuro. Hace un rato nos tomamos un café y aún tenemos los vasos plásticos sobre la lata que hace de lancha, empujada por un motor de quince caballos de fuerza.

Rigoberto recoge un poco de agua, se ve amarilla, pero alcanzo a ver el fondo. Más adelante dice que el agua está más oscura. Y sí, no veo el fondo del segundo vaso. Al final nos detenemos al frente del jarillón que la empresa Mineros Aluvial construyó alrededor del humedal Sampumoso. Al estar roto en decenas de pedazos, el agua mana de su interior como una fuente torrentosa y pantanosa. Así es el agua del tercer vaso: pantano.

Eliana Contreras, bióloga, con posgrados en biología y ecología, dice que son sedimentos: partículas de tierra suspendidas en el agua. Esos sedimentos no solo vienen de la actividad minera de la empresa sino de los mismos jarillones, construidos con tierra. “Desde el punto de vista biológico, podría ser que con el aumento de sedimentos los peces se vean afectados en sus funciones respiratorias”, dice. Como las partículas están mezcladas con agua, los peces abren sus agallas y por allí entran a sus zonas respiratorias que luego pueden taponarse. Si no los asfixia o los mata, como sucedió en 2018, ocasiona problemas respiratorios. Y en ese contexto, los que sobreviven huyen.

Pero en una ciénaga o un humedal hay seis grupos biológicos: macroinverbrados, peces, perifiton, fitoplancton, zooplancton y macrofitas (plantas). Ante el aumento de sedimentos, los dos primeros presentan problemas para respirar, daña los tejidos de las plantas y ante la turbiedad del agua, los microorganismos son afectados ante la imposibilidad de que ingrese el sol.

—La responsabilidad de la empresa Mineros es que el agua no se salga. Esos jarillones están muy bajos. Ellos debieron prever la subida del río, debieron prever el invierno —me dice Rigoberto mientras rodeamos el humedal y nos percatamos de por lo menos seis rompimientos.

Es 12 de junio, tres días después de que se presentó la emergencia. Pasará un mes y el jarillón seguirá roto, las dragas continuarán trabajando y el sedimento seguirá bajando hasta el río Nechí.

***

—La ciénaga es mejor para pescar porque siempre hay pescado, en cambio en el río es por temporadas —me dice Humberto, un hombre de sesenta años y sin varios dientes.

Es 2 de julio, tres semanas después de la primera visita, y voy a bordo de la lata con cinco pescadores.

—Esta agua sigue mala, al pescado no le gusta esta agua —insiste Humberto, que no para de hablar —en un tiempo atrás usted miraba al fondo del humedal y lo veía, era como un espejo.

Les pregunto por los humedales en los que siempre han pescado, mientras escribo en mi cuaderno no paro de reír al escuchar nombres inverosímiles que sus abuelos y padres les dieron. Escribo 18 nombres, como Paratebien, Remedia Pobre, El Pozo de Pila o Lomo Chulo, sobre el que ahora navegamos. Desde que se rompió el jarillón, solo pueden pescar en cuatro de ellos.

Rigoberto interviene y me recuerda que hace poco más de una década, antes de que Mineros se adueñara del humedal Sampumoso, el comerciante de pescado les dejaba de comprar porque no había mercado suficiente para la cantidad de bagres, bocachicos y doncellas que pescaban.

—El daño está hecho —dice pesimista Humberto. —Mire cómo está esa agua, sabiendo que esa agua no es así.

Mientras los escucho pienso que no es necesario que sean biólogos para saber lo que les pasa a los humedales cuando el agua es turbia, puro pantano. Alguien podrá venir a tomar muestras de agua para conocer su calidad, pero para Humberto y Rigoberto y los demás pescadores es suficiente con echar la atarraya al agua: un bulto vacío escurriendo ausencia. 

—La empresa Mineros dirá que somos cansones y peleones. Nosotros estamos viejos y vamos a terminar desplazados. Si no hay ciénagas, ¿dónde vamos a pescar? ¿Con qué nos vamos a mantener? Sabemos que vamos a quedar en la nada —vuelve a intervenir Humberto.

Miro las manos de Rigoberto, como haciendo un nudo, sus uñas llenas de tierra, sus labios apretados y la sombra de la gorra en mitad de la cara. En lo alto cruza un helicóptero del Ejército. Pienso que no es desazón, no es rabia. Me dice que es miedo. Los demás lo miran y se quedan mudos.

—A uno le da miedo venir aquí a denunciar esto. La inseguridad es tanta que aquí mandan a matar muy fácil.

Sobre el río, sobre la tierra, sobre la serranía de San Lucas, que se alza cerca de aquí, hay paramilitares, guerrilleros y soldados. AGC, Caparros, ELN, disidencias de las Farc, Ejército. Hay coca, hay minería legal e ilegal. La guerra se acomoda y no abandona a una región a la que le explotan oro desde hace cinco siglos.

La lata cruza sobre los canutillos y sus hojas sobresalen fuera del agua cubiertas de pantano seco. A nuestro paso alzan el vuelo garzas morenas, patos y pisingos. Los pescadores hablan ahora como si hicieran un coro.

—Por eso muchas personas no vienen acá.

—Mi familia no quería que viniera, que me exponga. Me lo dijeron mi mujer y mis hijos.

—Todo mundo sabe que esto es un riesgo.

—Siempre hemos sido una piedra en el zapato para Mineros.

—Pero si tuviéramos la ciénaga como antes no teníamos que hacer esto.

—Dirán que siempre vivimos en casas de plástico. Es verdad, pero no nos faltaba nada.

Nos detenemos de nuevo frente al jarillón roto. El agua ha bajado de nivel y les pido que entremos al humedal Sampumoso, a pocos metros de donde se rompió en 2018. Nos adentramos y nos topamos con varias dragas que siguen trabajando al lado de montañas de arena y lanzando chorros de agua negra que bajan al humedal. Hubieran visto la tristeza en sus caras, la desazón de ver el humedal en el que por años pescaron, de ver de dónde viene el agua que oscureció durante casi un mes los humedales y el río y que se llevó con ellas el pescado.

—El pescado se cría en el agua, el ganado se cría en la tierra. En esta agua no se cría el pez —sentencia Humberto.

—Nosotros teníamos nuestra empresa, pero Mineros la acabó.

La empresa: los humedales, la pesca.

***

La oficina de Mineros Aluvial es prolija y elegante. En el séptimo piso de un edificio de El Poblado en Medellín aguarda Carlos Londoño, gerente de Sostenibilidad. Es ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia y ocupa su cargo desde hace un par de años. Esconde una barba espesa y entrecana bajo el tapabocas. Se sienta en un extremo de la mesa y se adelanta a las preguntas. Tiene una presentación de 36 diapositivas para explicarme qué es Mineros y por qué se rompió el jarillón.

Mineros es propiedad de 25 grandes accionistas como Colpatria, el Grupo Scotiabank, Banderato Colombia S.A.S. y Corficolombiana S.A.; es dueña de 36 mil hectáreas en los municipios Nechí, El Bagre, Zarazoza y Caucasia, en Antioquia. Eso corresponde a casi la extensión de la ciudad de Medellín. Carlos observa de pie un mapa y explica que la empresa tiene dos áreas de explotación a las que denomina Pit Sur y Pit Norte. En la última se rompió el jarillón, más cerca de la desembocadura del río Nechí en el río Cauca.

En la presentación circulan imágenes de embarcaciones utilizadas por la minería ilegal en la zona y que constantemente están entrando en el área de explotación. Habla de cuatro clases: tipo brasilera, que son dragas gigantes flotantes sobre el río Nechí; draga carifusa, que puede producir la mitad de la primera; draga buzo y canalón. En un sector conocido como Río Viejo-Canchiro, la empresa Mineros, dice Carlos, tiene siete amparos administrativos, algo así como alertas por la intromisión de mineros ilegales.

Todo esto para explicar qué sucedió el 8 y 9 de junio: que mineros ilegales socavaron el jarillón en un punto que denominan Puerto Arenas, un frente de trabajo de Mineros, que tienen cuatro amparos administrativos, el último del 27 de marzo, que esto coincidió con las intensas lluvias en la cuenca del río Nechí, lo cual hizo que el río subiera, por lo menos, tres metros. Si estamos en una sabana, imaginen de cuánta tierra se apropia el agua.

Carlos dice que el agua hizo presión sobre el jarillón, lo rompió y se desbordó sobre la zona de operaciones, la atravesó y cayó sobre el humedal de Sampumoso, en donde rompió el jarillón en varias partes.

Juliana Palacio, directora de la Oficina Panzenú de Corantioquia, encargada del Bajo Cauca, me dijo en una llamada telefónica que un equipo técnico de la corporación visitó la zona y que no se encontraron con posibles infractores. Lo hicieron el 17 de junio, una semana después del rompimiento. La información que tienen es la que les dio Mineros.

Carlos dice que luego del rompimiento y la inundación un equipo de la empresa se desplegó por la zona para atender a las comunidades. Los pescadores con los que hice los recorridos me dijeron que no era cierto, que no los visitaron ni verificaron las afectaciones. A la par, agrega Carlos, retroexcavadoras anfibias y orugas gigantes cerraron el jarillón cerca de Puerto Arenas, por donde empezó el problema.

En 2018, cuando se rompió el jarillón, Mineros hizo un acuerdo transaccional con los pescadores. En ese documento reconocían la afectación y en compensación les pagaron un dinero. Antes de terminar la entrevista le extiendo a Carlos las preguntas que los pescadores me pidieron hacer.

—¿Mineros reconoce que este nuevo rompimiento del jarillón afecta a los pescadores?

—No tenemos elementos suficientes para decir que el rompimiento afecta a los pescadores.

Días antes le pregunté a Juliana Palacio si Corantioquia hizo estudios del agua para determinar su calidad.

—No, esos estudios los realizó Mineros. Nosotros no realizamos ese estudio.

—En un caso como estos —insistí— ¿cómo la autoridad ambiental puede determinar los daños si los estudios y resultados dependen de la empresa?

—Tenemos algunas competencias frente a Mineros. Nosotros hacemos, simplemente, la visita de verificación por la contingencia. No fuimos a mirar toda la afectación, en ese momento no teníamos que hacer el estudio de aguas.

—Entonces, ¿cuál es la competencia de Corantioquia?

—Somos apoyo a la autoridad ambiental.

—¿Qué es ese apoyo?

—Que nosotros hacemos la verificación para entregarle un informe a la Anla y a la directora de Corantioquia.

La Anla, por su parte, dice en respuesta del 30 de junio, que aún no ha visitado la zona y que realizarán una visita de seguimiento “el próximo trimestre, en donde se verificará además de los aspectos generales del proyecto, lo relacionado con la contingencia por el rompimiento del jarillón”.

Es decir, pienso ahora, que no hay cómo determinar que este nuevo rompimiento afecta a los pescadores porque las autoridades ambientales delegaron en la empresa los estudios y las respuestas de lo que sucedió. Y Mineros, un mes después del hecho, dice que aún no tiene los resultados del análisis del agua.

***

En el centro de Medellín Luz Nely Osorno, presidenta del Instituto Popular de Capacitación (IPC), dice que es claro que hay afectaciones reales a las comunidades, “presuntamente por la actividad minera que viene haciendo la empresa Mineros, que no son nuevas”. Esta organización de Derechos Humanos documentó y denunció en el 2018 el rompimiento del jarillón que afectó a las comunidades vecinas a la mina, como El Pital, La Esperanza, la quebrada San Pedro, los humedales El Socorro y Sampumoso. Agrega Luz Nely que “la respuesta frente a esta nueva ruptura es igual, no se verifica a tiempo, no se asumen responsabilidades y no hay preocupación por el bienestar de estas comunidades, por ende, no se han tomado medidas o acciones estructurales, por parte de Mineros y  las autoridades ambientales para resolver la situación y tampoco para restablecer derechos de estas comunidades que se han visto afectadas  por los daños ambientales, en detrimento de la soberanía y seguridad alimentaria”

Desde hace seis años el IPC ha documentado y alertado sobre las afectaciones medioambientales ocasionadas por la minería en la cuenca del río Nechí. Como periodista de esa organización he navegado sobre los ríos y humedales y conversado con mineros, cultivadores de coca y pescadores. Con ellos conversé para hacer de esta historia su grito de auxilio.

***

Un resumen sería: Mineros construyó sin permiso el jarillón.

El contexto sería así: el 3 y 4 de octubre de 2017, profesionales de Corantioquia visitaron a Mineros y luego proyectaron una resolución de medida preventiva para suspender sus actividades “por su presunta responsabilidad en la comisión de infracción ambiental causada por la construcción de un jarillón sobre la ciénaga Sabalito y en el cauce del caño Guamo, ubicados en el corregimiento Puerto Claver, vereda El Guamo, municipio El Bagre”.

El 9 de octubre de 2017 Corantioquia remitió el caso a la Anla, por ser la autoridad competente y legalizó una medida preventiva para suspender la construcción del jarillón. Una resolución del 12 de octubre, tres días después, dice que “el jarillón no solo fue reconstruido en el sitio donde se impuso la medida preventiva, sino que fue extendido a lo largo del caño y sin el respectivo permiso de ocupación de cauce, lo que se configura en un reiterado incumplimiento de la medida preventiva y de la norma.”

Y luego vino el rompimiento del jarillón el 13 mayo de 2018, a las cuatro de la mañana. Corantioquia concluyó que el hecho, contrario a lo que argumentó Mineros, no se dio por la “creciente extraordinaria” del río Nechí. A la par, la empresa ni analizó ni valoró los impactos socioeconómicos, las afectaciones a la salud y a la seguridad alimentaria de los pobladores de la zona; Mineros no informó en las 24 horas siguientes el hecho, como lo pide el decreto 1076 de 2015 ni evitaron el intercambio de aguas entre la poza cerrada, es decir el humedal encerrado por el jarillón, y la ciénaga. Fue así como Corantioquia inició un procedimiento administrativo sancionador ambiental que luego fue trasladado a la Anla, la responsable de investigar el caso y de determinar la responsabilidad de Mineros. Después de tres años, según esa autoridad ambiental, apenas se encuentra en la etapa de formulación de cargos. Y mientras dicen que avanza la investigación por la construcción irregular del jarillón, este ya se ha roto en dos ocasiones.

—¿Por qué Mineros construyó sin permiso el jarillón?  —le pregunté a Carlos Londoño, gerente de Sostenibilidad.

—Es un proceso sancionatorio que tenemos desde el 2018, pero ese caso no ha sido cerrado.

Entonces dijo que Mineros le informó a la Anla sobre la construcción de los jarillones y esta les otorgó el permiso. El 3 de enero de 2018, la Anla respondió, según la resolución 00857 del 12 de junio de 2018, que “no se requiere modificación al Plan de Manejo Ambiental, para la implementación de un sistema de sedimentación teórico denominado ‘poza controlada’”. La construcción del jarillón fue autorizada como una “modificación menor”.

Sin embargo, dice la Anla, Mineros construyó el jarillón “previamente al pronunciamiento emitido por esta autoridad”, en consecuencia, “la misma no se encontraba autorizada por esta Autoridad al momento de su inicio y se realizaron sin contar con los permisos de uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales emitidos por Corantioquia”. La Anla hoy investiga a Mineros por construir el jarillón “sin contar con autorización”, es decir, un jarillón que, una vez roto en 2018, afectó la población de peces “en cantidades no determinadas”.

Luego de la tragedia la Anla observó “que el sistema de poza controlada implementada en el sistema sur no corresponde a lo indicado en la solicitud de cambio menor o de ajuste normal dentro del giro ordinario”, que Mineros no identificó ni valoró “los posibles impactos ocasionados por construcción, operación y mantenimiento de esta estructura, como tampoco las medidas ambientales para su manejo, seguimiento y monitoreo.” Fue así como le recomendó modificar la licencia ambiental.

Desde entonces, Mineros ha hecho cuatro modificaciones de su licencia ambiental y, dice la Anla, les impuso medidas para controlar, mitigar y compensar nuevos impactos identificados desde 2018, como reforzar los monitores hidrobiológicos, iniciar actividades de repoblamiento de especies nativas de peces y realizar el inventario de familias y personas afectadas.

Aun así, el jarillón volvió a romperse.

***

El jarillón no es una estructura uniforme, no tiene la misma altura ni el mismo grosor. Mientras en unas partes supera los cuatro metros de alto en el verano, en otras tiene casi dos metros. En las últimas dos visitas que hice los pescadores se preguntaban por qué Mineros no construía un jarillón lo suficientemente alto y consistente para evitar que el agua del interior de la mina saliera a los humedales. Se lo pregunté a Carlos Londoño.

—Tendríamos que tener una muralla china —dijo.

Durante el invierno y la creciente del río Nechí, el agua rebasó con facilidad la altura del jarillón. Carlos dijo que Mineros construyó el jarillón para ciertas condiciones y que los mineros ilegales lo están socavando, “es como tener un hormiguerito”.

***

Los pescadores con los que viajé tenían más de cuarenta años, me dijeron que pescaban desde que eran niños, de ocho o diez años, sus hijos estudian en colegios o se dedican a pescar. Llevan una vida en el río.

Hace un mes el río Nechí subió de nivel. Rigoberto, Humberto y los demás pescadores se percataron de un cambio en el color del río. No era normal. Se montaron en la lata y se dirigieron hasta el jarillón, para confirmar lo que sospecharon en principio: el jarilllón está roto y al pez del humedal no le gusta esa agua.

 

En las calles de pueblos y ciudades se realiza una masacre a la vista de todo el mundo, que tiene como epicentro a la ciudad de Cali, donde la policía, el Esmad, el Goes y sus círculos paramilitares asesinan a diario a los jóvenes que protestan, a los que califican como vándalos que deben ser liquidados. Mientras eso sucede, los “falsos positivos” vuelven a ser noticia episódica por varias razones coincidentes, en las que destacamos dos: la muerte de Raúl Carvajal, el viajero que denunció durante 13 años el asesinato de su hijo por el Estado y la presentación de Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad para hablar sobre su papel en la realización de esos crímenes cuando fue ministro de Defensa.

El dolor de un padre humilde

En el centro de Bogotá se estacionaba durante semanas un pequeño camión que se distinguía de los demás automotores porque estaba cubierto con fotografías y carteles alusivos al cabo primero Raúl Antonio Carvajal Londoño. Junto a ese camión se veía a un señor con sombrero, que repartía chapolas y hablaba con la gente que por allí pasaba sobre los asesinatos de Estado. Su nombre era Raúl Carvajal, padre del militar asesinado por el propio Ejército, el cual fue presentado como muerto en un combate con las Farc. Días antes de su muerte, el 8 de octubre de 2006, el cabo Carvajal le manifestó por teléfono a su padre que estaba preocupado porque se había negado a matar a civiles desarmados. Con seguridad, Raúl Carvajal decía: "Él fue mandado a asesinar porque no quiso asesinar dos jóvenes en Norte de Santander para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate".

Con la misma certeza que genera la convicción de tener la razón, en medio de la impunidad de los responsables de esos crímenes de Estado, don Raúl Carvajal le dijo en su cara al expresidiario, en 2011: "Ojalá le mataran a un hijo a usted para que supiera lo que duele la muerte de un hijo" y agregó estas sabias palabras, que pocos se atreven a pronunciar: “Ustedes son unos asesinos, si no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo hubieran dejado que se investigara”,

Con ese camión don Raúl Carvajal recorrió durante diez años el país, con el fin de denunciar la muerte de su hijo, y señalar sin eufemismos a los verdaderos y principales responsables, dos expresidentes. Con su voz trémula afirmaba que no le importaba que lo mataran los mismos que habían matado a su hijo, pues ya había sufrido bastante al haberlo perdido.

Don Raúl Carvajal murió el 12 de junio de covid-19, con el dolor de padre que luchó en forma denodada, con valentía pertinaz y denunció el terrorismo de Estado imperante en Colombia. Como le dijeron las Madres de Soacha en un mensaje póstumo: “Ay Don Raúl... se nos fue viejito. Se fue sin encontrar justicia y sin ser escuchado. Pero aquí seguiremos, demostrando que su hijo y muchos otros hicieron parte del horror que creó la política de seguridad democrática”.

Lágrimas de cocodrilo del Premio Nobel de la Muerte

En el mismo momento en que don Raúl Carvajal moría, el expresidente Juan Manuel Santos lavaba su propia imagen ante la Comisión de la Verdad, diciendo que poco tenía que ver con el asesinato de civiles indefensos. Esta afirmación no tiene sustento, porque durante el período 2006-2008, cuando Santos era ministro de Defensa (sic), se presentó la mayor cantidad de asesinatos por parte de las fuerzas armadas.

Con cinismo indicó que había oído rumores, sin fundamento, sobre “los ‘falsos positivos’, pero no les dio credibilidad. Aduce que esas dudas, como se lo enseñó el mentiroso diario El Tiempo, partían del presupuesto que las denuncias sobre falsos positivos hacían parte de “la guerra jurídica y las diferentes formas de lucha”, que adelantan ONG contra el Estado y, por no estar acompañadas de evidencias, “parecían encajar muy bien en esa narrativa”. Por eso, añade, “Me arropé con la bandera tricolor y en varias ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial consideraban malévolas acusaciones”. Estos argumentos son de una pobreza franciscana, porque desde 2002 ya se venían denunciando los asesinatos de Estado, especialmente en Antioquia, referidas a la Operación Orión y a otros lugares del oriente de ese Departamento y es imposible creer que Santos no estaba enterado.

 Santos asegura que hasta 2007 comprendió la dimensión de los falsos positivos y por eso impulso “su política de cero tolerancia con las violaciones de los derechos humanos” por las Fuerzas Armadas y reiteró que “aquellas bajas (sic) que no sean el resultado de operaciones de la Fuerza Pública son absolutamente inaceptables”. Esto es una flagrante mentira, porque 2007 fue el año con más asesinatos de civiles por las Fuerzas Armadas, que alcanzaron la cifra de 986, la más alta de todo el período de la (In)seguridad (Anti)democrática. Mientras Santos dice que hizo todo para impedir los falsos positivos, en la práctica se estaban asesinado a tres colombianos por día. ¿Y seguro que él no tuvo nada que ver con ese incremento de los crímenes estatales siendo Ministro de Guerra, ni se dio cuenta que la cero tolerancia en las Fuerzas Armadas era un mal chiste? Esta es la misma doctrina Uribe de la “Espalda Gigante”: todo se hizo a sus espaldas y nunca se dio cuenta de lo que sucedía. Ahora si que empiecen los cuentos de vaqueros, porque esta fábula de pésima factura de Santos no la cree nadie con dos dedos de frente.

Santos dice que se distanció de la “Doctrina Vietnam”, imperante en tiempos del régimen criminal de Uribe Balas ‒que mide el avance de la guerra por el número de enemigos (supuesto o reales) asesinados y solo piensa en términos de la destrucción física de esos enemigos‒ y por eso combatió los falsos positivos, a lo que tampoco “en honor a la verdad (sic), […] el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden, ni fui desautorizado”. Santos lava su imagen, pero también la del responsable principal, y por entonces su jefe inmediato, el hoy expresidiario del Ubérrimo. Entonces, finalmente, ¿nadie fue responsable en los altos cargos civiles del Estado, incluyendo la presidencia y el Ministerio de Guerra, de los asesinatos de miles de colombianos? ¿Esa criminal practica de Estado cayó del cielo sin que ningún funcionario civil la hiciera posible?

Como en un cuento de hadas, Santos dice que en el 2008 descubrió, como si hubiera sido una revelación divina, la verdadera dimensión del horror de los falsos positivos y llamó a calificar servicios a 20 oficiales y 7 suboficiales implicados. Santos se lava las manos, untadas de sangre hasta el último poro, como si no hubiera sido el principal ejecutor de la política de muerte de la inseguridad antidemocrática. Incluso, en esta intervención se jacta de los asesinatos que él promovió en Ecuador el primero de marzo de 2008 con el bombardeo de Sucumbíos (un crimen de guerra e internacional) y pocos días después de Iván Ríos por uno de sus guardaespaldas, a cambio de una recompensa que el propio Santos se comprometió a pagar, porque sostuvo en ese momento, siendo Ministro de Guerra, que “Estamos pagando por la información y la colaboración que este individuo (alias Rojas) ha dado y eso está dentro de la normativa legal”. En esa ocasión Santos no ocultó su regocijo por el asesinato de este comandante de las Farc, un hecho atroz que el Ministro de Guerra del uribismo normalizó como también lo hizo con el asesinato de los civiles desarmados.  

Y al final, en forma patética, Santos dice: “[…] me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”. Pero, ¿por qué no quiso impedir esos asesinatos, si se desempeñó durante tres años como el principal ministro del régimen uribista y era el segundo jefe civil de las tropas? Esta hipócrita solicitud de perdón estuvo acompañada por unos sollozos, típicas lagrimas de cocodrilo si recordamos que, cuando Santos era presidente y dio la orden de matar a Alfonso Cano, confeso que había llorado de felicidad al enterarse del asesinato del comandante de las Farc.

Esta petición de perdón es un culto a la bandera, porque no viene acompañada de verdad, y mucho menos de justicia, reparación y no repetición. Típico de Santos y las clases dominantes de Colombia, su perdón es falso, fingido y no contribuye a aclarar nada de lo sucedido ni asume de fondo su responsabilidad en esos crímenes. La verdad de Santos es una sarta de mentiras. Junto con él son directos responsables los otros ministros de Defensa de los gobiernos de Uribe Balas: Marta Lucía Ramírez, hoy Canciller y Vicepresidenta de Colombia (2002-2003); Jorge Alberto Uribe (2003- 2005); y Camilo Ospina Bernal (2005 -2006).

Lo de Santos es un claro ejemplo de la connivencia de los civiles con los militares en los asesinatos, para realizarlos y encubrirlos, de acuerdo con las órdenes dadas desde los más altos cargos del Estado, empezando por la Presidencia de la República y el Ministerio de Guerra.  Y, sobre todo, es una clara muestra de lo que es la impunidad y la cobardía de las clases dominantes de este país.

Y ese comportamiento cínico, que rinde culto a la impunidad y la mentira, es más despreciable si lo comparamos con la gallardía, humildad y valentía de don Raúl Carvajal, quien afortunadamente no escuchó las mentiras del Premio Nobel de la Muerte, porque esa prepotencia habría aumentado el sufrimiento que soportó durante 13 largos años, después del asesinato de su hijo.

Una temporada en el infierno, así se titula el célebre y extenso poema del  escritor francés Arthur Rimbaud, publicado en 1873, dejado en el sótano de la editorial hasta que fuera encontrado a comienzos del siglo XX por un crítico literario de la misma nacionalidad, libro que, debo reconocer, poco o nada tiene que ver con este breve escrito; no obstante este podría tener alguna relación con el enrarecido ambiente en el que se desenvuelven los acontecimientos de los que haré mención, que combinan en no poca medida el aroma a psicotrópicos y gases pimienta, que nublan o esclarecen la mente y la razón, tal las circunstancias en que parece Rimbaud concibió su obra, no por lo gases, claro está; así pues, tomo prestado el título de tan magnífica obra, por lo pertinente que pueda resultar ese rótulo para hacer mención de los acontecimientos que embargan a la ciudad de Santiago de Cali desde el día 28 de abril, cuando se alzó como símbolo de la Resistencia en contra de un régimen despótico, cínico y corrupto.

El hecho que presagiaba lo que se vendría con esta temporada, lo configuró el asalto que la fuerza pública hizo de la Universidad del Valle a tempranas horas del día 23 de abril, cuando arremetió en contra de estudiantes que se congregaban en su interior para protestar legítimamente por las deficiencias y deterioro en la prestación del servicio educativo en tiempo de pandemia, y, como no, para reflexionar respecto de las políticas gubernamentales que afectaban el interés de la mayoría de la población favoreciendo los intereses de unos pocos, es decir, de los dueños del capital financiero; ese día se agredieron a estudiantes y miembros de organizaciones de derechos humanos, lesionando entre ellos a la subsecretaría de DDHH de la alcaldía de Cali, Natali González Arce, causándole secuelas que aún no se han podido determinar.

La indignación que se había apoderado del pueblo colombiano para el año 2019 –y que tuvo su máxima expresión en la multitudinaria manifestación del 21 de noviembre–, no pudo ser apagada por el distanciamiento forzado al que nos vimos obligados por la pandemia del covid 19; todo lo contrario, dicha indignación fue creciendo y fluyendo a través de las redes sociales y los medios alternativos de información, que daban cuenta del cinismo y descaro de un gobierno que afrentaba al país con medidas, decretos y proyectos de ley que acrecentaron las desigualdades sociales, en lugar de mitigar la crisis económica que golpeaba en mayor medida a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Así pues, al incumplimiento de los acuerdos de la Habana –que logró un relativa paz, en las previas y momentos posteriores a su firma–; las masacres por goteo de líderes sociales; el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, afros y campesinas; la persistencia en la aspersión aérea con glifosato para controlar el cultivo de coca en los territorios; al empleo del fracking para la extracción de hidrocarburos; el ataque permanente a la JEP, a estos hechos, todos previos a la pandemia, se sumaría una declaratoria de estado de excepción para la toma de medidas que solo beneficiarían a la banca privada y a los dueños del gran capital, así como proyectos de ley altamente lesivos para el gran grueso de la sociedad: reforma tributaria, reforma a la salud, reforma pensional y reforma a la justicia.

El infernal escenario estaría siendo configurado por el propio establecimiento, no solo por la deprimente situación en que fue sumergiendo al grueso de la  población, sino por la reacción violenta y desmedida que tuviera ante las legítimas protestas que se dieran dentro del marco del gran Paro Nacional convocado a partir del 28 de abril, y que tuvo como epicentro de la barbarie la ciudad de Santiago Cali, en compañía de algunas poblaciones del Valle del Cauca como Buga y Yumbo, con algunos impactantes hechos en Tuluá y Jamundí.

Cada acontecimiento debería ser objeto de su propia crónica, más si se le ha vivido tan de cerca, percibiendo el escalonamiento de las acciones, desde lo más sencillo y normal a lo más escalofriante e indignante, soportando la agresiva e intransigente posición de los uniformados que, sin mediar tregua, pasan a esparcir indiscriminadamente su gas pimienta, escuchando aturdidoras y percibiendo el tiro que no acierta en el blanco de tu cuerpo, viendo como una vida se malogra con un tiro en la cabeza o en su pecho, como otra sufre lesiones que pueden resultar discapacitantes, y en medio de la angustiante situación ver como jóvenes se ponen a disposición con sus motos como si fueran éstas ambulancias; en fin, la experiencia vivida, contrastada con la percepción de otros, arrojaría los elementos necesarios para registrar en forma de texto toda esa cantidad de anónimas historias.

Presenciar el comienzo y desenlace de la “operación Zapateiro”, en el popular sector de Siloé (así lo rotularía el historiador del lugar David Gómez Flórez), del 2 de mayo, en donde un descomunal despliegue de policías (ESMAD, GOES, motorizados), acompañados de helicóptero y drones, usando armas de largo alcance y poniendo a funcionar la famosa y cuestionada arma antidisturbios Venom, arremetieron brutalmente en contra de todo ser viviente que se les atravesara en el camino, dejando un saldo de tres muertos (conocidos) y decenas de lesionados (la mayoría por arma de fuego); los eventos del Puente de los Mil días (hoy día de las mil luchas), en donde se conoció de los primeros casos de atentados contra manifestantes realizados desde vehículos particulares, aunque el más destacado en tal sentido fuera el del sector de la Luna, en donde asesinaran a dos (2) jóvenes de primera línea y atacaron el puesto de la misión médica, mientras desde la administración municipal se decía que el vehículo desde el que se perpetraban los hechos estaba identificado y siendo objeto de persecución (sería para escoltarlo, porque nunca se vieron resultados de ello), a partir de ese momento esa sería la nota característica cada noche en diferentes centros de concentración, a donde llegarían civiles en carros y motos para disparar en contra de los manifestantes, dejando muertes y heridos a discreción; ni qué decir de los ataques del paramilitarismo urbano en el sector de Ciudad Jardín, en donde agredieran con arma de fuego a la Minga indígena para posteriormente hacerlo, días después, contra manifestantes pacíficos que conmemoraban con actos culturales un mes de protestas y resistencia en las calles, siendo de recordar dentro de este marco la agresión brutal de la que fue objeto por parte de esos civiles el músico Álvaro Herrera, con la complacencia y coparticipación de personal uniformado de policía.

Así podríamos seguir con una larga lista de acontecimientos de la que harían parte el punto conocido como Calipso (Apocalipso), y en particular el almacén Éxito del lugar, que sirvió de cuartel para la Policía, siendo desde donde se accionaría en contra de civiles, sirviendo a su vez como lugar de retención y probable tortura de personas; el Paso del Comercio (Paso del Aguante) que sumo dos muertos y varios heridos más a la relación de víctimas, en la tenebrosa noche del 4 de junio; la cruenta y violenta noche del 9 de junio en Andrés Sanín con más de 30 lesionados y dos hechos fatídicos más que “aportar a la causa”; los hechos de Aures y Palo Blanco en Guadalajara Buga, en donde agredieron cada noche y de manera constante a la población civil, sin respetar viviendas, mujeres en embarazo, niños y personas de la tercera edad, igual como pasara en Yumbo en los sectores de La Estancia y Las Américas, en todos estos lugares con saldos trágicos al final de cada jornada; y para ponerle la fresa al pastel, tendríamos los atentados terroristas de los que dan cuenta El Palacio de Justicia de Tuluá y la Alcaldía de Jamundí, en donde manos siniestras, claramente al margen de la protesta social, aportaron a la situación de caos reinante.

Esa brutal reacción por parte del establecimiento (la policía sería la cara más visible de él en estas circunstancias) va llevando la situación a niveles de deshumanización insospechados que involucran a una y otra parte de los actores en confrontación; un escalonamiento de los niveles de violencia que va relegando y relevando a unas personas por otras, que va desplazando a los más románticos por los más reaccionarios y temerarios, quedando en la escena, en el terreno, en el territorio, las fuerzas más delirante y belicosas, aunque claro está, muchos escenarios van quedando completamente abandonados, en un repliegue de fuerzas que atiende a la necesidad de concebir nuevas formas de lucha, menos cruentas pero tal vez más eficaces, en la búsqueda de las condiciones que permitan el desarrollo de una vida más digna para todos y todas.

En todo caso allí queda la estructura paramilitar urbana montada, actuando de la mano de las “fuerzas del orden”, con un Estado Policivo y represivo fortalecido, cazando y persiguiendo al “enemigo interno”, que no lo son los narcotraficantes y corruptos (esos son sus aliados), sino aquellos que piensan distinto, y que prefiguran esa sociedad futura que se mueve por lazos de solidaridad (algo que fue dominante en los puntos de resistencia), que respeta la diversidad y la diferencia, que ven en el egoísmo capitalista y la sociedad consumista la simiente de la mayoría de sus males; así pues, quedan igualmente los tejidos sociales dispuestos para llevar a cabo las transformaciones que requiere la sociedad, queda un pueblo que se reconoce así mismo como actor político, como actor de cambio, que tiene un contradictor en común frente al cual, para el logro de sus objetivos, debe trabajar unido, identificándose mutuamente, creando una comunicación efectiva que permita el reconocimiento de todos y cada de los excluidos, de los condenados de la tierra (como diría Frantz Fanon).

Ya cesará la horrible noche, el momento más oscuro es precisamente antes del amanecer, y la temporada en el infierno estaría llegando a su fin. En la medida en que podamos evitar degenerar en ese “Estado de Desorden” que impulsa el Establecimiento como pretexto para un discurso de mano fuerte que congregue en torno suyo centros (de izquierda y de derecha), derecha, extrema derecha e incautos, podremos avanzar en la tarea de arrebatarle el poder, por la vía democrática, a esa clase dirigente que se quiere perpetuar. Por vías más civilizadas y menos cruentas, como lo puede ser la Desobediencia Civil, se tendría un mecanismo alterno para forzar los cambios que la sociedad requiere en caso tal que se nos niegue fraudulentamente esa vía democrática-electoral.

La Resistencia generó todo un movimiento de solidaridad que involucra a toda la población de indignados, quienes, si bien padecieron las incomodidades obvias de las protestas (sin ellas no tendrían sentido), también lo es que reconocen en la razón de ser de esas protestas la verdadera causa de sus males, es decir, no es la protesta, ni el protestante, ni el marchante, ni el congregado en los puntos de resistencia, sino que el responsable lo es una dirigencia política corrupta y cínica que se niega a corregir el rumbo, y encausar al Estado dentro de los fines que la misma Constitución Política le fija, y que se dirige a generar condiciones dignas de vida para el común de la sociedad.

La protesta social de hoy es como el relámpago que anuncia el trueno, no son simultáneos, pero el uno sucede necesariamente al otro.

Iván Duque es un político mediocre al que muchos colombianos comentan, es poco más que un peón del expresidente, ultraderechista, Álvaro Uribe Vélez, quien sigue siendo el verdadero gobernante del país. Cuando llegó a la presidencia en 2018, Duque prometió que reduciría los impuestos a las empresas. El actual paquete es, de hecho, la tercera reforma tributaria de Duque.[i]Una vez que Covid-19 golpeó con fuerza, Duque decidió no desperdiciar una buena crisis e impulsar aún más la agenda neoliberal. Por el momento, las últimas propuestas se han retirado, pero la agenda no.

 

Los movimientos sociales en el centro del Paro Nacional piden, con razón, la renuncia de Duque, pero incluso eso no sería suficiente. Duque es la cara visible de una alianza neoliberal y neocolonial asesina.

La estrecha alianza que rige en Colombia es una dependencia mutua entre, por un lado, la propia clase dirigente del país, compuesta por un cúmulo de grupos de élites económicas, políticos corruptos, militares y sus auxiliares narcoparamilitares; y, por otro, el gran capital internacional respaldado por los militares estadounidenses y del Reino Unido. Los intereses de estos grupos convergen a expensas de la gran mayoría del pueblo colombiano. 

 

 

Fuerte aumento de la pobreza - Una sociedad en colapso

La crisis de COVID ha provocado una recesión en la economía colombiana. Una caída del 6,8% en la producción medida del Producto Interno Bruto (PIB). En medio de la pandemia, se ha producido una mayor polarización de clases.  Además, todos los indicadores muestran una caída en el nivel de vida de la clase trabajadora incluso antes de la llegada del COVID. La tasa de la pobreza oficial subestima el grado de la pobreza real, aun así, muestra un salto del 36,1% al 42,5% de la población entre 2015 y 2020. El aumento de la pobreza es realmente grave en las ciudades, donde otro 10,8% de la población se ha unido a las filas de los pobres. En cifras oficiales, 5,7 millones de colombianos más han sido empujados a la pobreza en sólo los últimos tres años.[ii]

 Los ingresos del Estado se pierden por los enormes flujos de beneficios que salen del país

La causa inmediata del paquete de reformas de Duque es el déficit fiscal del Estado. En 2020 los ingresos fiscales de Colombia eran sólo el 20% del PIB,[iii]mientras que el gasto del Estado era del 28% del PIB. La brecha entre estas dos cantidades, el 8% del PIB, era el déficit fiscal anual. Cada año de déficit empeora el endeudamiento acumulado del Estado, que bajo Duque se ha disparado del 47% en 2018 a dos tercios del PIB en 2021.[iv]

Las últimas propuestas de reforma fiscal de Duque aumentarían los impuestos y reducirían el gasto del Estado. Pero existen profundos problemas estructurales propios de un país neocolonial al que se le drena continuamente la riqueza. Entre otras cosas, porque gran parte de los ingresos del Estado se pierden por los flujos de beneficios que salen del país por dos vías principales: en primer lugar, las exenciones del impuesto de renta a grandes empresas, ya sea de propiedad local o multinacional; y, en segundo lugar, el pago de la deuda pública a los bancos. 

 

  • Exenciones del impuesto de renta

 

La tasa real del impuesto de renta que pagan las grandes empresas es mucho menor que la tasa oficial del 25% de sus beneficios.  Una vez que se tienen en cuenta los distintos regímenes de exención, las multinacionales mineras solo han pagado en torno al 10% desde 2013; y las petroleras aún menos, en torno al 2% desde 2015. Lo que Álvaro Pardo denomina un "’regalito’ tributario a las compañías de minas y petróleos" de 3.300 millones de dólares al año, [v] ha provocado un auténtico agujero que está “desangrando las finanzas de la nación". [vi]

 

En el punto álgido del boom de las materias primas, en 2013, las industrias extractivas proporcionaron un tercio de los ingresos del gobierno al tiempo que obtuvieron beneficios espectaculares. Por ejemplo, la mina de carbón El Cerrejón ha proporcionado al menos 9.200 millones de dólares de beneficios a sus tres propietarios, Anglo-American y BHP con sede en Londres, y la multinacional suiza Glencore. Pero las grandes empresas han recortado sus pagos de impuestos, y el impuesto de renta a empresas sólo representa el 8% de los ingresos del gobierno.[vii]

 Según una estimación, Colombia pierde más de 11.600 millones de dólares al año por el abuso del impuesto de renta a empresas, el segundo país de América Latina después de Brasil (14.600 millones de dólares), pero mucho más alto en términos per cápita.  El impuesto de renta a empresas perdido cada año, son 232 dólares por cada colombiano. En otras palabras, los impuestos perdidos equivalen al 72% de todo el gasto del Estado en salud pública.[viii]

 Gran parte del dinero que no se paga en impuestos en Colombia va a parar a Estados Unidos y al Reino Unido. El centro financiero de Londres juega desapercibidamente un papel principal en el abuso al impuesto de renta a empresas globalmente. Está en el centro de una telaraña de paraísos fiscales que es "responsable del 28,5% de los 245.000 millones de dólares en impuestos que el mundo pierde cada año por el abuso fiscal de las empresas".[ix]

 

  • Pago de la deuda pública a los bancos

Luego hay un segundo gran problema: la deuda pública y la amenaza de tasas de interés aún más altas para saldarla. El alcance en que los ingresos entrantes del estado no están disponibles para uso público, porque simplemente salen de nuevo, se indica en el presupuesto de Colombia para 2021, designado de la siguiente manera:

 

  • Gastos de explotación 59%
  • Inversión 18%
  • Deuda pública y pago de intereses 23%. [x]

 ¡Un 23% de todos los ingresos recaudados va directamente a los bancos! Los pagos de la deuda ascienden a 18.800 millones de dólares al año. ¿Por qué el gobierno no se niega a pagar la deuda? La razón es que representa un interés de clase alineado con los bancos, las corporaciones nacionales y las multinacionales, que prefiere compartir la explotación y la criminalización de su propio pueblo en lugar de enfrentarse a los beneficiarios de la extracción de riqueza, por no decir que le importa poco la destrucción total del medio ambiente que está incorporada al régimen extractivista.

 

Los acreedores internacionales girando el tornillo una vez más

Las instituciones financieras internacionales presionaron por la reforma tributaria que desencadenó las protestas, según reveló el corresponsal en Bogotá del Financial Times (FT) de Londres:

“El estatus de Colombia desde hace una década como nación con grado de inversión se pondrá a prueba cuando el gobierno de Iván Duque intente aprobar un paquete de reforma fiscal para estabilizar una economía que se ha desbarajustado durante la pandemia del coronavirus”.[xi]

El artículo explica que "estabilizar la economía" requiere que el gobierno aumente los impuestos y haga recortes severos en el gasto estatal para cerrar el déficit fiscal si quiere evitar que se le cobre una tasa de interés más alta sobre sus deudas. A menos que se tomen medidas drásticas, las agencias de calificación crediticia rebajarían la calificación de Colombia a un estado de bonos casi basura, “por debajo de un pequeño grupo de países latinoamericanos con grado de inversión que incluye a México, Chile y Perú”.

Por supuesto, el FT no cuestiona el derecho de las agencias de crédito en Wall Street y el centro financiero de Londres a establecer condiciones para el gobierno colombiano, o en cualquier otro lugar del mundo.[xii] Sin embargo, su análisis da una idea de la cadena de control que vincula a los centros internacionales del poder financiero, en un extremo, con las imposibles condiciones de vida en las calles de Cali y de toda Colombia, en el otro.

El plan de reforma tributaria era recaudar 25,4 billones de pesos (6,8 mil millones de dólares) cada año a partir de 2022, de los cuales solo 3 billones de pesos (0,8 mil millones de dólares) provendrían de corporaciones, mientras el resto de gravar a la población.[xiii] Aproximadamente tres quintas partes de los ingresos adicionales que se recaudarán eran pre asignados a la reducción del déficit fiscal, recortando efectivamente los servicios para saldar la deuda, como demandan las agencias internacionales de crédito.[xiv]

Consolidando la desigualdad

Para poner la "reforma" en el contexto de las desigualdades existentes, el salario mínimo en Colombia es, con las concesiones de transporte, de solo 269 dólares al mes. [xv] La distribución de los ingresos es altamente sesgada. Libardo Sarmiento señala que “únicamente 12 por ciento de las personas ocupadas en el país ganan más de dos salarios mínimos”.[xvi] El país tiene una de las distribuciones de ingresos más desiguales del mundo, con el 10% de la parte alta quedándose con el 50% de todos los ingresos. La desigualdad de la riqueza es aún mayor. El 10% de la parte alta posee más del 95% de la riqueza. Casi toda la riqueza material del país se concentra en los súper ricos y súper súper ricos. [xvii]

Los mayores aumentos del impuesto sobre la renta propuestos por la reforma, del 9%, serían para la clase media baja, es decir, para los ingresos de unos 1.500 dólares al mes. Pero el incremento de las tasas impositivas solo sería del 2% para el 10% con mayores ingresos, aquellos que ganan alrededor de 8,000 dólares al mes o más. Los ingresos de la clase trabajadora de hasta 900 dólares al mes no tendrían ningún aumento del impuesto sobre la renta. No obstante, los hogares de la clase trabajadora estarían en peor situación porque, en cambio, se verían afectados por el aumento en la canasta de productos sujetos al IVA a una tasa total del 19%,  incluidas computadoras y teléfonos móviles, y productos básicos como el arroz y la pasta.[xviii] ¡Los pobres solo estarían mejor si dejaran de comer! ¡Y ni que hablar si se atreven a comunicarse a través de las redes sociales!

Así, a pesar de que Duque lo denominó "solidaridad social", el efecto global del paquete sería el contrario, no progresivo sino regresivo; es decir, mayores aumentos de impuestos para los pobres y la clase media baja que para los ricos. Incluso sin el paquete propuesto, el impuesto sobre la renta de Colombia "es sumamente benévola con las personas más ricas". En resumen, el paquete ha arraigado la desigualdad, no la ha reducido. [xix]

Militarización del Estado y del País...

El estado colombiano es un estado de guerra, no un estado de bienestar. Si bien la violencia estatal ha sido principalmente contra su propia gente, como lo estamos viendo una vez más hoy, existe un quid pro quo de apoyo mutuo entre los comandos militares de Colombia y Estados Unidos que involucra el papel internacional de Colombia como pilar para las estrategias imperialistas de los Estados Unidos (y el Reino Unido).

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán por parte de la CIA, las fuerzas de seguridad colombianas han mantenido estrechas relaciones con el ejército estadounidense. Colombia envió tropas para unirse a la guerra de Corea en la década de 1950. Estados Unidos envió personal militar a Colombia a principios de la década de 1960 para detener la expansión de la revolución cubana, y nuevamente de manera masiva bajo el Plan Colombia a fines de la década de 1990. Esta colaboración militar interestatal es profundamente arraigada, institucionalizada y continua. La notoria Escuela de las Américas ha capacitado a más oficiales colombianos que del resto de América Latina.

Renán Vega señala que Estados Unidos mantiene al menos cuarenta bases en Colombia, no las siete que habitualmente se reportan. Las bases son de muchos tipos, pero en general están configuradas como ubicaciones operativas avanzadas desde las que se pueden lanzar ataques contra Venezuela o, de hecho, contra cualquier lugar de América del Sur y el Caribe.[xx] En 2018, Colombia se unió a la OTAN, el único país latinoamericano en hacerlo, en un estatus especial de 'socio global'.[xxi]

A pesar de que el país se encuentra supuestamente en una situación de posconflicto, el ejército no está siendo recortado; al contrario, Duque planea gastar más en ellos. Con 10.600 millones de dólares anuales, el gasto militar de Colombia sigue siendo, con diferencia, el más alto de América Latina en proporción al gasto del Estado. Hay 267 mil fuerzas armadas, 186 mil policías y 24 mil civiles en nómina, casi medio millón de efectivos en total.[xxii]Además de esto, Duque quiere gastar otros 4.5 mil millones de dólares en 24 nuevos aviones de combate F16 de la corporación estadounidense Lockheed Martin. La razón dada es tener un poder aéreo superior sobre Venezuela.[xxiii]

La máquina militar gira tanto internamente como externamente. Un tercio del ejército colombiano, 82.000 militares, está en los batallones de "minería y energía". Se sitúan alrededor de las minas y los yacimientos petrolíferos para hacer cumplir los requisitos de seguridad de estas industrias extractivas, y especialmente de las empresas multinacionales con sede en el Reino Unido, que han predominado en estos sectores. [xxiv]

La insensibilidad del gobierno y los militares colombianos hacia las muertes como resultado de sus operaciones se destacó en la respuesta del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre una operación del ejército el 2 de marzo de 2021. El ejército bombardeó el campamento de un grupo disidente de las FARC en Calamar, departamento de Guaviare. Los informes iniciales indicaron que el bombardeo mató al menos a 10 personas, 4 de las cuales eran menores. La respuesta de Molano fue que estos jóvenes, víctimas, habían sido prescindibles por ser "máquinas de guerra". [xxv] Otro informe del veterano periodista de investigación Hollman Morris identifica al menos a 13 niños y adolescentes, de la edad de nueve años en adelante, fueron asesinados o "desaparecidos" por el ataque aéreo del ejército. [xxvi] Incluso esta información no ha suscitado todavía ninguna disculpa oficial.    

 

Liquidación de la Oposición…Genocidio de la Juventud: juvenicidio.

Supuestamente en una situación de posconflicto desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC en 2016, pero nada más lejos de la verdad. La presencia de larga data del paramilitarismo de ultraderecha fue cada vez más legitimada e integrada con el poder estatal oficial de Uribe. Estos vínculos se han vuelto aún más evidentes con Duque. La violencia combinada estatal y paramilitar de ultraderecha ha continuado sin cesar en un proyecto para eliminar todas las formas de oposición, incluida la movilización social y política. Desde el acuerdo de paz ha habido más de 1.200 activistas sociales y ambientales asesinados, incluidos indígenas, activistas LGBT, mujeres organizadoras, afrocolombianas y sindicalistas, así como guerrilleros desmovilizados de las FARC. [xxvii]

Estos objetivos tienen una lógica clara, la focalización y liquidación de personas que demuestran su oposición al sistema dominante. Es un genocidio político continuo,[xxviii] que ahora ha marcado un nuevo capítulo, el objetivo a una generación política completamente nueva: la juventud.

Las fuertes disminuciones en los niveles de vida desde 2018, especialmente en las áreas urbanas, son uno de los detonantes de la creciente revuelta. El sistema actual simplemente se ha vuelto inaceptable para los millones de jóvenes colombianos condenados a una vida sin apoyo y sin futuro. [xxix]El estado ha declarado la guerra a la juventud, decidido a aplastar su rebelión con un nuevo genocidio político –un juvenicidio– dirigido a los jóvenes de la clase trabajadora que se han lanzado al frente de la resistencia popular porque no tienen nada que perder.[xxx]

En las dos semanas de protestas masivas del 28 de abril al 12 de mayo de 2021, se cree que las fuerzas policiales estatales han cometido 39 homicidios y se han denunciado muchas otras formas de violencia física.[xxxi] Los últimos informes indican que la policía está montando un programa de limpieza social contra los manifestantes.[xxxii]

Por experiencia previa, una vez que sienta que ha recuperado la iniciativa, el Estado colombiano será despiadado.

 

Responsabilidad del Reino Unido por la represión en Colombia

La violencia policial en Colombia es sistemática y se lleva a cabo con total impunidad, tanto a nivel internacional como nacional. Esta es un área en la que el papel del Reino Unido es un pilar fundamental para legitimar la represión estatal colombiana.

Se acaba de revelar que el Colegio de Policía del Reino Unido ha estado capacitando a los agentes de policía colombianos durante los últimos 3 años.[xxxiii] Esta es la punta de un iceberg de colaboración policial y militar encaminada a reprimir los movimientos populares y defender los intereses estratégicos y multinacionales del Reino Unido. No podemos esperar que estos compromisos estratégicos se desvanezcan fácilmente, especialmente porque las ambiciones del Reino Unido se han vuelto aún más imperialistas después del Brexit.[xxxiv]

Persuadir a los parlamentarios británicos para instar al gobierno a detener el entrenamiento de la policía del Reino Unido y equipar a la policía colombiana es un comienzo.[xxxv]

Necesitamos ir más allá en esta dirección y brindar pleno apoyo a todos los movimientos sociales colombianos en primera línea, especialmente a aquellos que enfrentan la destrucción social y ambiental provocada por las multinacionales del Reino Unido.[xxxvi] Se trata de un vínculo directo a la defensa del planeta de un colapso climático, del que son especialmente responsables las empresas de combustibles fósiles del Reino Unido.[xxxvii]

La crisis actual apunta a otra área por abrir, que aborda la extracción encubierta de la riqueza de Colombia por parte de los bancos. Es hora de poner fin a los robos bancarios a la gente. Debemos unirnos a la terrible situación en Colombia con campañas exigiendo la cancelación de la deuda internacional.

 

Colombia se dirige a un enfrentamiento... Tome aquí una postura

Cada uno de estos tres aspectos relacionados con la crisis fiscal del estado colombiano, la no recepción de impuestos corporativos, sus importantes pagos de deuda y el enorme presupuesto militar continuo, hablan de sus relaciones con el imperialismo.

El gobierno de Duque podría negarse a pagar la deuda y no gastar tanto en el ejército, poner el dinero en un programa de salud pública adecuado. Pero, por supuesto, no lo hará, debido al interés de clase que representa. Y si lo hiciera, correría el riesgo de que esos mismos F16 se volvieran en su contra.

Se necesita un régimen completamente nuevo que anteponga las necesidades del pueblo a la alianza financiera-extractivista-militar gobernante. Los problemas son cada vez más claros. El país se está polarizando entre los súper ricos y los súper pobres explotados.  Todo el mundo lo sabe y la gente toma partido. El nuevo ingrediente es la aparición de los jóvenes de la clase trabajadora como actores políticos. Una nueva generación en primera línea de resistencia. Una vez más, Colombia se dirige a un enfrentamiento.

Esto es más que un asunto interno. La situación exige una acción urgente de solidaridad internacional que se movilice para poner fin a las violaciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, aborde a las potencias imperialistas que se benefician y refuerzan la violencia estatal de Colombia. Tenemos que derribar las mismas estructuras que causan la violencia.

Debido a que existe una cadena internacional de intereses mutuos basados en la explotación y la represión, es necesario que haya una cadena internacionalista alternativa. Una cadena de resistencia basada en la solidaridad y el respeto por la vida.

 

Notas

[i] Libardo Sarmiento Anzola, ‘Reforma tributaria 2021:el tercer raponazoduquista’ Le Monde Diplomatique Edición 210, mayo 2021, pp. 4-7

[ii] Libardo Sarmiento Anzola, La miseria, enfermedad social

[iii]https://justiciatributaria.co/el-tiempo-impuestos-a-las-empresas-en-el-pais-que-tan-pesados-son/

[iv] Sarmiento, p.4

[v] https://razonpublica.com/el-regalito-tributario-a-las-companias-de-minas-y-petroleos-us-3-300-millones-anuales/

[vi] Los beneficios tributarios a las empresas están desangrando al país - Razón Pública (razonpublica.com)

[vii] https://razonpublica.com/el-regalito-tributario-a-las-companias-de-minas-y-petroleos-us-3-300-millones-anuales/

[viii]https://actualidad.rt.com/actualidad/374199-brasil-colombia-mexico-impuestos-multinacionales

[ix]https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf

[x]Los beneficios tributarios a las empresas están desangrando al país - Razón Pública (razonpublica.com)

[xi] Gideon Long,Colombia’s investment grade status at stake in tax battle’ 1st March 2021 Financial Times

[xii] Esto forma parte de la pauta general de fuerte aumento del endeudamiento de los países del "Sur Global", véase John Smith ‘La Mayor Crisis de la Deuda de la Historia ha Llegado’ in Nuestra América XXI: Desafíos y Alternativas No 50, pp.2-4 at https://nuestraamericaxxi.files.wordpress.com/2020/12/boletin-50.pdf

[xiii] Estas cifras se han calculado al tipo de cambio de 3.750 pesos colombianos por 1 dólar estadounidense. La convención en Colombia es que un billón de pesos es un millón de millones de pesos. La convención que se sigue en la esfera ingles hablante es que un billón (bn) equivale a mil millones de dólares, y un trillón a un millón de millones.

[xiv]https://www.semana.com/nacion/articulo/como-va-usted-en-la-reforma-tributaria/202109/

[xv]https://www.salariominimocolombia.net/

[xvi] Sarmiento, p.5

[xvii]La reforma tributaria consolida la inequidad - Razón Pública (razonpublica.com)

[xviii] Sarmiento, p.5

[xix]La reforma tributaria consolida la inequidad - Razón Pública (razonpublica.com)

[xx]https://soaw.org/colombia-bases-militares-de-estados-unidos-neocolonialismo-e-impunidad

[xxi]https://www.reuters.com/article/us-colombia-nato-idUSKCN1IR0E8

[xxii]https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-gasto-militar-de-colombia-es-el-mas-alto-de-la-region-supera-los-us10000-millones-2905034

[xxiii]https://www.infobae.com/america/colombia/2021/03/28/gobierno-de-colombia-parece-decidido-en-comprar-los-nuevos-aviones-de-combate-por-4500-millones-de-dolares/

[xxiv]https://soaw.org/colombia-bases-militares-de-estados-unidos-neocolonialismo-e-impunidad

[xxv]https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/11/colombia-defence-minister-children-machines-of-war-diego-molano

[xxvi]https://www.elespectador.com/judicial/son-maquinas-de-guerra-asi-justifico-diego-molano-bombardeo-a-adolescentes-article/

[xxvii]http://www.indepaz.org.co/pazparaliderar/

[xxviii]https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/tag/Javier%20Giraldo.html

[xxix]https://www.leftvoice.org/colombias-national-strike-an-on-the-ground-report-from-bogota

[xxx]https://elturbion.com/16872

[xxxi]http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-CIDH-VIOLENCIA-POLICIAL-PROTESTA-SOCIAL.pdf

[xxxii]https://www.contagioradio.com/en-popayan-se-estaria-organizando-limpieza-social-contra-manifestantes/

[xxxiii]https://www.thecanary.co/investigations/2021/05/01/colombian-police-are-killing-civilians-british-police-are-training-them/

[xxxiv] As set out in:https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy#:~:text=The%20Integrated%20Review%20is%20a,national%20security%20and%20international%20policy.&text=The%20document%2C%20which%20is%20the,a%20vision%20for%20Global%20Britain.   For critique see: https://www.peaceinkurdistancampaign.com/video-imperialism-and-the-liberation-struggle-of-tamil-eelam-an-interview-with-prof-andy-higginbottom/

[xxxv]https://secure.waronwant.org/page/82685/action/1

[xxxvi]www.colombiasolidarity.org.uk  and https://londonminingnetwork.org/

[xxxvii]https://mronline.org/2019/07/17/global-britains-real-climate-changers-big-oil-must-be-taken-down/

El invierno del Patriarca

* El autor de este texto es escritor y sociólogo.

 

Podemos pensar, con el guiño de nuestro Nóbel de literatura, que todos los patriarcas tienen su otoño; eventualmente, tienen también su invierno, y con el movimiento de la historia, sus voces se congelan, aunque permanezcan en la memoria como el eco de una pesadilla dantesca. Vienen a la mente las imágenes de un Pinochet decrépito, expulsado del poder por las voces de la juventud chilena, que, con el recuerdo vivo de sus muertos, tomó la calle por asalto y abrió la puerta a la transición democrática. El cadáver de Mussolini fue desfigurado en plaza pública y Hitler se suicidó, acosado por las fuerzas militares de la Unión Soviética y los aliados. Franco, recibió la extremaunción, en un telegrama del papa Pablo VI, antes de agonizar, un poco más lejos del cielo, en un viejo botiquín como quirófano improvisado, a media luz y agobiado por terribles dolores. Si bien, el patriarca colombiano todavía toma aguardiente con valeriana para poner sordina a las acusaciones, y da charlas en mal inglés sobre cómo gobernar, al tiempo que se bambolean las columnas de la institucionalidad en Colombia, se va llenando de líquenes y pequeños animales de mar como el patriarca garciamarquiano; como barco que no acaba de hundirse.

La decadencia del patriarca es relativa. Aún lo quieren sus hijos, sus caballos inclinan la cabeza en su presencia, aunque a la fuerza; y con más vehemencia, le rezan empresarios, la soldadesca más obtusa y los robo-cops del humo y la paliza. A su lado, la gente de bien, coleccionista de sombreros aguadeños y armas de largo alcance, en la ciudad de los jardines,  y otros ejemplares de una fauna pintoresca, siguen guardando fidelidad a la secta. Hasta el ícono más raído, siempre llevará un séquito a su vera. Sin embargo, desde que una legión de colombianos se dio cuenta de que el virus más letal no nació en Wuhan, sino en Medellín, la dictadura del cubre bocas no bastó para tenerlos en casa, sintonizando las noticias, y las calles se inundaron de música y voces de juventud. La bandera restalló en el cielo, puesta del revés, porque el rojo sangre cubrió su mayor franja, y las cacerolas comenzaron a gritar. Los 1800 pesos del cálculo oficial, no alcanzaban para la docena de huevos que había que fritar para un desayuno continental en el hotel Carrasquilla.

Aunque, se dice que el deporte nacional es el olvido, la legión de la protesta está bien informada sobre los acontecimientos de las últimas dos décadas. Desde que Timochenko se sustrajo de la selva para internarse en otro hábitat de micos, lagartos y conejos, ya no hubo a quién echarle la culpa de todos los males del país. Por eso suenan cumbias y carnavales en las calles, pero también disparos y explosiones. Se supo que, en un momento de saturación hospitalaria, cuando la bandera nacional era un trapo rojo en la ventana de los hogares más pobres, el gobierno del Duque de Edimporco, regaló, como lo han hecho hace años los gobiernos nacionales, medio billón de pesos a la banca privada: casi lo único que crece en el país. Bueno, eso, la indignación y el desempleo, porque en los millones de hectáreas de tierra cultivable, crece hierba para alimentar vacas, casi exclusivamente. La gente está enojada porque acá solo dejan sembrar muertos, se venían quejando, pero no se oía mucho. Por el tapabocas.

Ahora que, no sólo están bloqueadas las vías del "desarrollo" industrial en el país, sino también las de transporte, se impone la necesidad de concretar un programa de reformas para encausar el avance de la sana protesta social hacia la afirmación de políticas que protejan a la población vulnerable; fijen un sistema de tributación que vigile el capital financiero y deje de socializar las pérdidas de la banca privada, y es seguro que conviene un cálculo más sensato de los salarios de congresistas y altos funcionarios del estado. La revisión del rubro financiero dedicado a las fuerzas militares es un deber de la época, porque no se pueden contar las balas equivocadas de blanco y parece que la guerra del estado colombiano es contra los inconformes. Teniendo en cuenta que no estamos en guerra contra Rusia, es probable que el dinero gastado en munición, helicópteros y vehículos de combate pueda emplearse de otra forma.

Si bien, la voluntad de mantenerse en la calle parece ilesa, una de las formas de asegurarnos de que el costo humano de las jornadas no sea en vano, es organizar un pliego mínimo de peticiones y estructurar la movilización en torno de ese documento. Bien notada la magnitud del movimiento, podemos incluir puntos como un alza general de salarios, la renta básica, una reforma laboral –por condiciones dignas de trabajo y estabilidad-, mayor responsabilidad social de empresas como Transmilenio, que producen sumas astronómicas de dinero con una inversión subsidiada en su totalidad con recursos públicos, y apenas un 5% de aportes al estado. Cumplimiento de los acuerdos de paz, desmonte del ESMAD, entre otras medidas, mejor acordadas en asambleas populares y barriales. Se trata de abrir un espacio de concertación con el gobierno nacional, de carácter democrático y horizontal, para evitar los arreglos a puerta cerrada y los pactos espurios, que tantas veces han aplazado soluciones perdurables a las demandas de los movimientos sociales. Solo puede admitirse una negociación pública. La multitud de la esperanza es de protestones, no de protestantes y de su inteligencia en la organización de canales de diálogo descentralizados y en la construcción de un pliego a la altura de la historia, depende que se acelere la llegada del invierno del patriarca.

 

 

 

 

Anorí, Antioquia – El miércoles 20 de mayo del año pasado, una bala disparada por el ejército le atravesó el corazón a Oriolfo Sánchez Ruíz. Los fusiles tronaron en las veredas Los Tenches de Anorí, nordeste de Antioquia. Oriolfo fue otra víctima mortal de los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.

Según la ONU, más de 1000 familias de Anorí aceptaron erradicar voluntariamente sus cultivos de coca. A cambio el Estado colombiano se comprometió a darles seis pagos de dos millones de pesos cada dos meses, un proyecto productivo de millón ochocientos, y otro proyecto productivo de nueve millones.

“El gobierno dice que el cumplimiento es del 90% pero [3 años después] apenas va en un 40%. A los campesinos les dieron gallinas y no les dieron el cuido. A otros les prometieron peces y les llevaron pollos. A otros les llevaron el cuido y no les llevaron gallinas ni peces. Fue un engaño para el campesino”, asegura Homero Hernández, líder comunitario de Anorí.

Los miles de campesinos cocaleros y mineros del nordeste y bajo cauca antioqueño que desde el 25 de abril acampa al sol y al agua en Anorí, piden que el gobierno cese los ataques e implemente el punto 1 –la reforma rural integral– y el punto 4 –la sustitución consensuada de cultivos de uso ilícito– del Acuerdo de Paz.

“Nosotros decimos que la coca no es buena. Pero el gobierno no nos trae bienestar a las comunidades; al campesino le toca echar mano de lo que hay. No hay carreteras ni vías de acceso. Si decimos que vamos a sembrar un cultivo de plátano, desde que amarramos los plátanos a la mula, cuando llegamos al pueblo ya están maduros”, dice Camilo Torres, líder de la Asociación de Campesinos en Vía de Extinción (Ascavex). “Dijimos que si el gobierno cumplía, el campesino jamás volvía a tocar un palo de coca”, complementa Homero.

El gobierno incumplió en materia económica, sacó a muchas familias del programa de forma arbitraria, y tampoco hizo el estudio de suelo prometido ni la titulación de tierras, pues el 90% de los campesinos anoriceños no tienen título de propiedad.

El papel de la ONU, garante del Acuerdo, también queda en entredicho: “Se imaginaban las organizaciones que la ONU era garante. Nos preguntamos por qué la ONU terminó siendo contratista y ejecutando recursos. La ONU le falló a los campesinos”, asegura Camilo Torres.

El gobierno está empeñado en vulnerar al campesinado y mantenerlo subsistiendo de una economía “ilícita”. La plata que debería destinar a las vías terciarías y la creación de cooperativas, prefiere invertirlas en las aspersiones del nocivo glifosato. La reanudación de las fumigaciones que el gobierno anunció hace unos días es otro detonante del paro cocalero: “No vamos a permitir que el territorio vuelva a ser fumigado con glifosato. Lo vivimos entre el 2010 y 2015 y no hubo sino destrucción, envenenamiento, muerte, y abortos en animales y de mujeres gestantes”, asegura Luz Mery López, lideresa del municipio.  

Oro para los nacionales, no para las multinacionales

El otro renglón económico amenazado por la política gubernamental es la minería. Los mineros del nordeste, el bajo cauca antioqueño y parte del sur de Bolívar, están cansados de que el ejército queme sus máquinas y les incaute el oro. Además, les preocupa que con el proyecto de ley 059, el gobierno pueda encarcelar por 10 años a todo minero ancestral que extraiga el mineral y tenga maquinaria amarilla.

“Estamos pidiendo una tregua de dos años para demostrar que somos mineros artesanales. Para mostrarle al gobierno que la ancestralidad no se puede demostrar con una factura; se tiene que demostrar con hechos que tenemos. Anorí fue fundado por mineros ingleses y franceses. No fuimos nosotros, fueron ellos los que vinieron a explotar minas, y nuestros abuelos aprendieron ese oficio”, plantea José David Hernández Gandía líder y vocero de las comunidades cocaleras y mineras.

Los campesinos consultados para esta nota aseguran que la legislación minera colombiana privilegia la concesión del territorio a las multinacionales extranjeras. Los estudios y trámites requeridos para obtener una concesión pueden costar más de 200 millones, una cifra inalcanzable para los campesinos y campesinas que viven del día a día. “No queremos ser peones ni esclavizar el pueblo a una multinacional”, manifiesta Luz Mery.

“Quieren atacar la pequeña y mediana minería metiéndonos a todos al mismo costal de crimínales. Pagamos una vacuna y el gobierno dice que financiamos y pertenecemos a los grupos armados –dice José David–. Pero si la vacuna la paga una multinacional es una extorsión”.

Si el gobierno nacional, departamental y local no escucha, no se comprometa a parar criminalización, y no soluciona los problemas estructurales que tienen a miles de familias en el hambre, la pobreza y la inseguridad, el paro cocalero y minero no termina. Aunque las condiciones en las que protestan no son las mejores, Leidy Johana Sierra, líder de la Asociación de Familias del Bajo Cauca (Afasba), dice convencida que “si no nos dan respuesta, aquí nos quedamos, no tenemos afán; más perdemos cuando el Estado nos ataca”.

 

Texto: Juan Alejandro Echeverri

Foto: David Alejandro Pérez

Puerto Oculto, Cesar - La carretera de tierra cuarteada por la que me lleva Auden, antes era ciénaga toda. Hace más de 10 años no se movilizan en motos sino en las canoas que ahora el tiempo pudre en los solares de Puerto Oculto.

Éste corregimiento de San Martín, Cesar, que colinda con Puerto Wilches y Rionegro, Santander, fue uno de los principales puertos pesqueros del departamento, si no el más importante. Tal era la abundancia, cuentan los mayores y mayoras, que pescaban más de diez arrobas en dos horas, salían camiones atestados para Bogotá, y aún así tenían que botar parte de lo pescado.

La caravana ambiental por la región de los dos ríos, que inició hoy en Puerto Oculto, es el primer grito de auxilio por los crímenes ambientales que privados y multinacionales cometen con la complicidad de las instituciones estatales.

En el caso de Puerto Oculto y alrededores, terratenientes de las familias Téllez y Navarro, alteraron el curso natural de los ríos que tributan a las ciénagas; levantaron jarillones; invadieron el ecosistema con búfalos capaces de destruir la vida biológica que encuentran a su paso; y poco a poco cercaron y se autodeclararon dueños de lo que no puede tener título de propiedad.

Tales agresiones ambientales son una revictimización para las comunidades que fueron desplazadas a finales de los noventas y principios del siglo por el grupo paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra' de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, cuyos familiares ahora están al frente de la Personería, la Unidad de Víctimas, la Inspectoría y otras dependencias de San Martín.

A pesar de esta campaña privada e institucional de revictimización, los procesos sociales de Puerto Oculto y la región de los dos ríos quieren “salvar lo poquito que queda”.

Las familias de Puerto Escondido han recuperado desde hace 6 años cientos de hectáreas que les fueron usurpadas. Una vez recuperada la tierra, también recuperan la posibilidad de sembrar y ser soberanos alimentarios, económicos y ambientales.

En el sur del Cesar, sur del Santander, sur de Bolívar, nordeste y Bajo Cauca Antioqueño -la gran región bañada por los ríos Cauca y Magdalena- saben que “el Estado quiere que las clases sociales golpeadas y campesinas dependan de que el Estado garanticen unos derechos mínimos. “Antes no había plata debajo de la almohada pero había mucha comida; nunca nos enseñaron que eso era riqueza”, afirma Jorge Tafur, vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, sur del Cesar y sur de los santanderes, quien organiza la caravana y está integrada por más de 40 procesos.

Teófilo Acuña líder del Coordinador Nacional Agrario y de la Comisión, plantea que el propósito de estos delitos ambientales “no es abrirle paso al monocultivo de palma de aceite, ni a la cría de búfalo; es sacar a los campesinos para poner en marcha la explotación petrolera por medio del fracking”, cuyos pilotos se harán en San Martín y Puerto Wilches.

La caravana termina el domingo 18 pero la defensa del territorio parece no acabar. Y mientras haya tierra en las manos equivocadas, habrán campesinos empecinados en labrar otro destino.

ISRAEL EN CASA

Miremos la imagen. Una retroexcavadora está destruyendo una casa, es una máquina accionada por orden del Estado. La imagen es bien conocida a nivel mundial porque representa la omnipotencia criminal del Estado de Israel contra el pueblo palestino, al que todos los días los ocupantes sionistas destruyen sus casas. Puede pensarse que la fotografía corresponde a Israel. Pero no, es de Colombia, así como se lee. La fotografía registra el momento en que una retroexcavadora destruye una casa en la localidad de Soacha, un municipio pegado a la capital de la República. Alguien podría indagar, pero qué tiene de especial esa fotografía, si todos los días en cualquier lugar, una retroexcavadora derrumba una casa, como parte de un proyecto urbanístico o de remodelación de vivienda. Sí, pero no se trata de nada de eso. Lo que la fotografía registra es el momento en que una máquina destruye una casa por orden del Ministerio de Defensa (sic), con el argumento que en ella funcionaba una olla expendedora de drogas. Es, por supuesto, una casa de pobres. Junto a la acción destructiva, posa el ministro de Defensa (sic) en persona, quien hace un discurso para explicar y justificar la acción. En el Twitter oficial lo dice de esta forma: “Se derriban casas en Soacha. Volvimos a golpear a los criminales del microtráfico, ya hemos tumbado 64 'ollas' en todo el país. En #Soacha, #Cundinamarca, derribamos expendio de venta y consumo de estupefacientes. #SinTregua contra el negocio de delincuentes que siembran miedo entre los colombianos”.

 

Nos enteramos, entonces, de que es una acción oficial del Estado colombiano, que el Ministerio de Defensa (sic) está derribando lo que cataloga como “ollas”. La imagen se repite y el mismo personaje ‒famoso ya por el bombardeo de colombianos, entre ellos niños‒, recita la letanía: “Acabamos con otro símbolo del mal en #Cartagena. En el piso quedó olla de expendio y consumo de drogas, no descansaremos hasta acabar con el negocio criminal del microtráfico. Cuando una olla cae, llevamos tranquilidad a las familias. #SinTregua en la defensa de los colombianos”.  En otro de sus trinos, el ministro que bombardea niños afirma: “Cumplimos los primeros 30 días del #Plan100ContraElMicrotráfico. Ya acabamos con 68 ollas en todo el país. Hoy derrumbamos la pesadilla del barrio Olaya Herrera de #Cartagena, un símbolo del mal que rodeaba entornos escolares afectando a nuestros jóvenes #SinTregua contra narcocrimen”.

 

Para una mejor comprensión del asunto, miremos en conjunto la secuencia de imágenes:

 

El derribamiento de casas es festejado por el ministro de Defensa (sic) en persona como un éxito en la lucha contra el microtráfico. Muchas preguntas origina este comportamiento estatal: ¿El Estado colombiano está autorizado legalmente para derribar una vivienda cuando se le venga en gana? ¿Por el hecho de que una casa sea un lugar donde se expenden estupefacientes se le puede derribar? ¿Qué leyes lo reglamenta y quién las expidió? ¿Si para desalojar a los habitantes de una vivienda deben seguirse unos procedimientos legales, para derribar casas no operan? ¿Dónde queda el fuero administrativo y judicial de los alcaldes y de personal de la rama jurisdiccional a la hora de derribar viviendas? ¿Pasan a ser entes decorativos? ¿El Ministerio de Defensa (sic) consultó a esas autoridades civiles y judiciales para derribar las casas? Estos son asuntos que el ministro Diego Molano se pasa por la faja, procediendo al estilo mafioso del Estado de Israel. Como se ve, el asunto no es de poca monta, pero al parecer a nadie le importa. ¿Dónde están esas ONG jurídicas para denunciar este grave hecho, que es un antecedente funesto de una práctica y que de generalizarse va a implicar que el Estado dictamine cuáles casas se van a derrumbar, incluyendo las de sus opositores políticos que sean catalogados como narcotraficantes?

 

Para sopesar el sentido antipopular de esta medida es de notar este evidente sesgo de clase: se tumban casas donde habitan pobres y en barrios abandonados y tugurizados, pero jamás se derriban las viviendas de los “hombres de bien”, como lo ejemplifica lo sucedido con el exembajador Fernando Sanclemente, en cuya finca funcionaban tres laboratorios para procesar cocaína, gran cantidad de insumos para procesar estupefacientes y 9 kilos de cocaína, lista para ser puesta en circulación. ¿Por qué no se derribó esta casa-mansión-laboratorio de cocaína de un funcionario del gobierno de Iván Duque? La pregunta en sí misma ofende, porque la respuesta es evidente: por una cuestión de clase, y de estatus, ya que los narcotraficantes de alto vuelo son intocables, y más cuando forman parte del círculo dominante y su narcoestado.

 

 

Narco-finca laboratorio de Fernando Sanclemente, funcionario del gobierno de Iván Duque. Una olla de alto nivel que nunca será derribada.

 

En este país de la ignominia cotidiana a flor de piel, cada cosa que acontece es terrible y pasa de agache, acostumbrados como estamos al terrorismo de Estado. Por eso, un acontecimiento de esta magnitud no es noticia, es casi una anécdota, cuando es la expresión de algo nuevo en la lógica represiva, que replica lo que hace Israel en tierras palestinas. En efecto, esta práctica criminal la efectúa Israel desde hace décadas, sin que al mundo le importe. Los cuerpos represivos de Israel llegan a una vivienda, desalojan a sus habitantes ‒aunque también se han dado casos en que derriba la vivienda con sus moradores adentro‒, les concede diez minutos para que salgan y saquen alguno de sus enseres y luego, con buldóceres y retroexcavadoras les derriban la vivienda, como se registra en esta foto:

 

 

Israel derribando las casas de los palestinos

 

 

Los resultados humanos de esa práctica, el sufrimiento, el dolor, la miseria y desolación de los palestinos no importan, todo por la grandeza criminal del Estado de Israel. (Ver foto).

 

 

En el caso de Israel, uno de los motivos que se suele argüir para justificar la destrucción de las casas de los palestinos es que allí vivía alguno de los palestinos que ataca a las tropas de Israel o alguno de sus familiares. Por eso como parte de una venganza de sangre (al estimo mafioso), el Estado de Israel era el único que recurría a aplicar, sin juicio de ninguna clase, aquello del delito de sangre. Los familiares son culpables de lo que haga alguien de la familia y la familia entera lo paga, en este caso con la destrucción de su vivienda. Pues, en Colombia, que replica el método sionista, las cosas no son diferentes, pues nos enteramos que, en nombre de un patrullero de la Policía que murió en una riña en Bogotá, llamado Edwin Caro, fue demolida una casa en Soacha. Método sionista, puro y simple. Esto no tiene nada de novedad. Es una copa vulgar de una de las modalidades criminales de Israel. 

 

Todo este truculento proceder nos remite otra vez a aquella afirmación de que Colombia es el Israel de Sudamérica, afirmación que puede escandalizar a algunos, en la medida en que dicen con razón que Israel es un país rico, con alto desarrollo de tecnología, que puede vacunar a sus habitantes (aunque mata a los palestinos), mientras que en Colombia no hay nada parecido. Eso es cierto, pero debe agregarse que, Colombia es un Israel subdesarrollado, que replica lo netamente criminal de ese Estado genocida, tales como sus prácticas cotidianas de bombardear las tierras de Palestina, perseguir a sus habitantes, torturarlos, desaparecerlos, encarcelarlos, impedir su libre circulación dentro de su propio territorio y destruir sus viviendas. Por eso, el espíritu criminal de Israel se replica en Colombia. En suma, Israel en casa y derrumbando casas. 

Page 1 of 20

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.