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Anorí, Antioquia – El miércoles 20 de mayo del año pasado, una bala disparada por el ejército le atravesó el corazón a Oriolfo Sánchez Ruíz. Los fusiles tronaron en las veredas Los Tenches de Anorí, nordeste de Antioquia. Oriolfo fue otra víctima mortal de los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.

Según la ONU, más de 1000 familias de Anorí aceptaron erradicar voluntariamente sus cultivos de coca. A cambio el Estado colombiano se comprometió a darles seis pagos de dos millones de pesos cada dos meses, un proyecto productivo de millón ochocientos, y otro proyecto productivo de nueve millones.

“El gobierno dice que el cumplimiento es del 90% pero [3 años después] apenas va en un 40%. A los campesinos les dieron gallinas y no les dieron el cuido. A otros les prometieron peces y les llevaron pollos. A otros les llevaron el cuido y no les llevaron gallinas ni peces. Fue un engaño para el campesino”, asegura Homero Hernández, líder comunitario de Anorí.

Los miles de campesinos cocaleros y mineros del nordeste y bajo cauca antioqueño que desde el 25 de abril acampa al sol y al agua en Anorí, piden que el gobierno cese los ataques e implemente el punto 1 –la reforma rural integral– y el punto 4 –la sustitución consensuada de cultivos de uso ilícito– del Acuerdo de Paz.

“Nosotros decimos que la coca no es buena. Pero el gobierno no nos trae bienestar a las comunidades; al campesino le toca echar mano de lo que hay. No hay carreteras ni vías de acceso. Si decimos que vamos a sembrar un cultivo de plátano, desde que amarramos los plátanos a la mula, cuando llegamos al pueblo ya están maduros”, dice Camilo Torres, líder de la Asociación de Campesinos en Vía de Extinción (Ascavex). “Dijimos que si el gobierno cumplía, el campesino jamás volvía a tocar un palo de coca”, complementa Homero.

El gobierno incumplió en materia económica, sacó a muchas familias del programa de forma arbitraria, y tampoco hizo el estudio de suelo prometido ni la titulación de tierras, pues el 90% de los campesinos anoriceños no tienen título de propiedad.

El papel de la ONU, garante del Acuerdo, también queda en entredicho: “Se imaginaban las organizaciones que la ONU era garante. Nos preguntamos por qué la ONU terminó siendo contratista y ejecutando recursos. La ONU le falló a los campesinos”, asegura Camilo Torres.

El gobierno está empeñado en vulnerar al campesinado y mantenerlo subsistiendo de una economía “ilícita”. La plata que debería destinar a las vías terciarías y la creación de cooperativas, prefiere invertirlas en las aspersiones del nocivo glifosato. La reanudación de las fumigaciones que el gobierno anunció hace unos días es otro detonante del paro cocalero: “No vamos a permitir que el territorio vuelva a ser fumigado con glifosato. Lo vivimos entre el 2010 y 2015 y no hubo sino destrucción, envenenamiento, muerte, y abortos en animales y de mujeres gestantes”, asegura Luz Mery López, lideresa del municipio.  

Oro para los nacionales, no para las multinacionales

El otro renglón económico amenazado por la política gubernamental es la minería. Los mineros del nordeste, el bajo cauca antioqueño y parte del sur de Bolívar, están cansados de que el ejército queme sus máquinas y les incaute el oro. Además, les preocupa que con el proyecto de ley 059, el gobierno pueda encarcelar por 10 años a todo minero ancestral que extraiga el mineral y tenga maquinaria amarilla.

“Estamos pidiendo una tregua de dos años para demostrar que somos mineros artesanales. Para mostrarle al gobierno que la ancestralidad no se puede demostrar con una factura; se tiene que demostrar con hechos que tenemos. Anorí fue fundado por mineros ingleses y franceses. No fuimos nosotros, fueron ellos los que vinieron a explotar minas, y nuestros abuelos aprendieron ese oficio”, plantea José David Hernández Gandía líder y vocero de las comunidades cocaleras y mineras.

Los campesinos consultados para esta nota aseguran que la legislación minera colombiana privilegia la concesión del territorio a las multinacionales extranjeras. Los estudios y trámites requeridos para obtener una concesión pueden costar más de 200 millones, una cifra inalcanzable para los campesinos y campesinas que viven del día a día. “No queremos ser peones ni esclavizar el pueblo a una multinacional”, manifiesta Luz Mery.

“Quieren atacar la pequeña y mediana minería metiéndonos a todos al mismo costal de crimínales. Pagamos una vacuna y el gobierno dice que financiamos y pertenecemos a los grupos armados –dice José David–. Pero si la vacuna la paga una multinacional es una extorsión”.

Si el gobierno nacional, departamental y local no escucha, no se comprometa a parar criminalización, y no soluciona los problemas estructurales que tienen a miles de familias en el hambre, la pobreza y la inseguridad, el paro cocalero y minero no termina. Aunque las condiciones en las que protestan no son las mejores, Leidy Johana Sierra, líder de la Asociación de Familias del Bajo Cauca (Afasba), dice convencida que “si no nos dan respuesta, aquí nos quedamos, no tenemos afán; más perdemos cuando el Estado nos ataca”.

 

Texto: Juan Alejandro Echeverri

Foto: David Alejandro Pérez

Puerto Oculto, Cesar - La carretera de tierra cuarteada por la que me lleva Auden, antes era ciénaga toda. Hace más de 10 años no se movilizan en motos sino en las canoas que ahora el tiempo pudre en los solares de Puerto Oculto.

Éste corregimiento de San Martín, Cesar, que colinda con Puerto Wilches y Rionegro, Santander, fue uno de los principales puertos pesqueros del departamento, si no el más importante. Tal era la abundancia, cuentan los mayores y mayoras, que pescaban más de diez arrobas en dos horas, salían camiones atestados para Bogotá, y aún así tenían que botar parte de lo pescado.

La caravana ambiental por la región de los dos ríos, que inició hoy en Puerto Oculto, es el primer grito de auxilio por los crímenes ambientales que privados y multinacionales cometen con la complicidad de las instituciones estatales.

En el caso de Puerto Oculto y alrededores, terratenientes de las familias Téllez y Navarro, alteraron el curso natural de los ríos que tributan a las ciénagas; levantaron jarillones; invadieron el ecosistema con búfalos capaces de destruir la vida biológica que encuentran a su paso; y poco a poco cercaron y se autodeclararon dueños de lo que no puede tener título de propiedad.

Tales agresiones ambientales son una revictimización para las comunidades que fueron desplazadas a finales de los noventas y principios del siglo por el grupo paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra' de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, cuyos familiares ahora están al frente de la Personería, la Unidad de Víctimas, la Inspectoría y otras dependencias de San Martín.

A pesar de esta campaña privada e institucional de revictimización, los procesos sociales de Puerto Oculto y la región de los dos ríos quieren “salvar lo poquito que queda”.

Las familias de Puerto Escondido han recuperado desde hace 6 años cientos de hectáreas que les fueron usurpadas. Una vez recuperada la tierra, también recuperan la posibilidad de sembrar y ser soberanos alimentarios, económicos y ambientales.

En el sur del Cesar, sur del Santander, sur de Bolívar, nordeste y Bajo Cauca Antioqueño -la gran región bañada por los ríos Cauca y Magdalena- saben que “el Estado quiere que las clases sociales golpeadas y campesinas dependan de que el Estado garanticen unos derechos mínimos. “Antes no había plata debajo de la almohada pero había mucha comida; nunca nos enseñaron que eso era riqueza”, afirma Jorge Tafur, vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, sur del Cesar y sur de los santanderes, quien organiza la caravana y está integrada por más de 40 procesos.

Teófilo Acuña líder del Coordinador Nacional Agrario y de la Comisión, plantea que el propósito de estos delitos ambientales “no es abrirle paso al monocultivo de palma de aceite, ni a la cría de búfalo; es sacar a los campesinos para poner en marcha la explotación petrolera por medio del fracking”, cuyos pilotos se harán en San Martín y Puerto Wilches.

La caravana termina el domingo 18 pero la defensa del territorio parece no acabar. Y mientras haya tierra en las manos equivocadas, habrán campesinos empecinados en labrar otro destino.

ISRAEL EN CASA

Miremos la imagen. Una retroexcavadora está destruyendo una casa, es una máquina accionada por orden del Estado. La imagen es bien conocida a nivel mundial porque representa la omnipotencia criminal del Estado de Israel contra el pueblo palestino, al que todos los días los ocupantes sionistas destruyen sus casas. Puede pensarse que la fotografía corresponde a Israel. Pero no, es de Colombia, así como se lee. La fotografía registra el momento en que una retroexcavadora destruye una casa en la localidad de Soacha, un municipio pegado a la capital de la República. Alguien podría indagar, pero qué tiene de especial esa fotografía, si todos los días en cualquier lugar, una retroexcavadora derrumba una casa, como parte de un proyecto urbanístico o de remodelación de vivienda. Sí, pero no se trata de nada de eso. Lo que la fotografía registra es el momento en que una máquina destruye una casa por orden del Ministerio de Defensa (sic), con el argumento que en ella funcionaba una olla expendedora de drogas. Es, por supuesto, una casa de pobres. Junto a la acción destructiva, posa el ministro de Defensa (sic) en persona, quien hace un discurso para explicar y justificar la acción. En el Twitter oficial lo dice de esta forma: “Se derriban casas en Soacha. Volvimos a golpear a los criminales del microtráfico, ya hemos tumbado 64 'ollas' en todo el país. En #Soacha, #Cundinamarca, derribamos expendio de venta y consumo de estupefacientes. #SinTregua contra el negocio de delincuentes que siembran miedo entre los colombianos”.

 

Nos enteramos, entonces, de que es una acción oficial del Estado colombiano, que el Ministerio de Defensa (sic) está derribando lo que cataloga como “ollas”. La imagen se repite y el mismo personaje ‒famoso ya por el bombardeo de colombianos, entre ellos niños‒, recita la letanía: “Acabamos con otro símbolo del mal en #Cartagena. En el piso quedó olla de expendio y consumo de drogas, no descansaremos hasta acabar con el negocio criminal del microtráfico. Cuando una olla cae, llevamos tranquilidad a las familias. #SinTregua en la defensa de los colombianos”.  En otro de sus trinos, el ministro que bombardea niños afirma: “Cumplimos los primeros 30 días del #Plan100ContraElMicrotráfico. Ya acabamos con 68 ollas en todo el país. Hoy derrumbamos la pesadilla del barrio Olaya Herrera de #Cartagena, un símbolo del mal que rodeaba entornos escolares afectando a nuestros jóvenes #SinTregua contra narcocrimen”.

 

Para una mejor comprensión del asunto, miremos en conjunto la secuencia de imágenes:

 

El derribamiento de casas es festejado por el ministro de Defensa (sic) en persona como un éxito en la lucha contra el microtráfico. Muchas preguntas origina este comportamiento estatal: ¿El Estado colombiano está autorizado legalmente para derribar una vivienda cuando se le venga en gana? ¿Por el hecho de que una casa sea un lugar donde se expenden estupefacientes se le puede derribar? ¿Qué leyes lo reglamenta y quién las expidió? ¿Si para desalojar a los habitantes de una vivienda deben seguirse unos procedimientos legales, para derribar casas no operan? ¿Dónde queda el fuero administrativo y judicial de los alcaldes y de personal de la rama jurisdiccional a la hora de derribar viviendas? ¿Pasan a ser entes decorativos? ¿El Ministerio de Defensa (sic) consultó a esas autoridades civiles y judiciales para derribar las casas? Estos son asuntos que el ministro Diego Molano se pasa por la faja, procediendo al estilo mafioso del Estado de Israel. Como se ve, el asunto no es de poca monta, pero al parecer a nadie le importa. ¿Dónde están esas ONG jurídicas para denunciar este grave hecho, que es un antecedente funesto de una práctica y que de generalizarse va a implicar que el Estado dictamine cuáles casas se van a derrumbar, incluyendo las de sus opositores políticos que sean catalogados como narcotraficantes?

 

Para sopesar el sentido antipopular de esta medida es de notar este evidente sesgo de clase: se tumban casas donde habitan pobres y en barrios abandonados y tugurizados, pero jamás se derriban las viviendas de los “hombres de bien”, como lo ejemplifica lo sucedido con el exembajador Fernando Sanclemente, en cuya finca funcionaban tres laboratorios para procesar cocaína, gran cantidad de insumos para procesar estupefacientes y 9 kilos de cocaína, lista para ser puesta en circulación. ¿Por qué no se derribó esta casa-mansión-laboratorio de cocaína de un funcionario del gobierno de Iván Duque? La pregunta en sí misma ofende, porque la respuesta es evidente: por una cuestión de clase, y de estatus, ya que los narcotraficantes de alto vuelo son intocables, y más cuando forman parte del círculo dominante y su narcoestado.

 

 

Narco-finca laboratorio de Fernando Sanclemente, funcionario del gobierno de Iván Duque. Una olla de alto nivel que nunca será derribada.

 

En este país de la ignominia cotidiana a flor de piel, cada cosa que acontece es terrible y pasa de agache, acostumbrados como estamos al terrorismo de Estado. Por eso, un acontecimiento de esta magnitud no es noticia, es casi una anécdota, cuando es la expresión de algo nuevo en la lógica represiva, que replica lo que hace Israel en tierras palestinas. En efecto, esta práctica criminal la efectúa Israel desde hace décadas, sin que al mundo le importe. Los cuerpos represivos de Israel llegan a una vivienda, desalojan a sus habitantes ‒aunque también se han dado casos en que derriba la vivienda con sus moradores adentro‒, les concede diez minutos para que salgan y saquen alguno de sus enseres y luego, con buldóceres y retroexcavadoras les derriban la vivienda, como se registra en esta foto:

 

 

Israel derribando las casas de los palestinos

 

 

Los resultados humanos de esa práctica, el sufrimiento, el dolor, la miseria y desolación de los palestinos no importan, todo por la grandeza criminal del Estado de Israel. (Ver foto).

 

 

En el caso de Israel, uno de los motivos que se suele argüir para justificar la destrucción de las casas de los palestinos es que allí vivía alguno de los palestinos que ataca a las tropas de Israel o alguno de sus familiares. Por eso como parte de una venganza de sangre (al estimo mafioso), el Estado de Israel era el único que recurría a aplicar, sin juicio de ninguna clase, aquello del delito de sangre. Los familiares son culpables de lo que haga alguien de la familia y la familia entera lo paga, en este caso con la destrucción de su vivienda. Pues, en Colombia, que replica el método sionista, las cosas no son diferentes, pues nos enteramos que, en nombre de un patrullero de la Policía que murió en una riña en Bogotá, llamado Edwin Caro, fue demolida una casa en Soacha. Método sionista, puro y simple. Esto no tiene nada de novedad. Es una copa vulgar de una de las modalidades criminales de Israel. 

 

Todo este truculento proceder nos remite otra vez a aquella afirmación de que Colombia es el Israel de Sudamérica, afirmación que puede escandalizar a algunos, en la medida en que dicen con razón que Israel es un país rico, con alto desarrollo de tecnología, que puede vacunar a sus habitantes (aunque mata a los palestinos), mientras que en Colombia no hay nada parecido. Eso es cierto, pero debe agregarse que, Colombia es un Israel subdesarrollado, que replica lo netamente criminal de ese Estado genocida, tales como sus prácticas cotidianas de bombardear las tierras de Palestina, perseguir a sus habitantes, torturarlos, desaparecerlos, encarcelarlos, impedir su libre circulación dentro de su propio territorio y destruir sus viviendas. Por eso, el espíritu criminal de Israel se replica en Colombia. En suma, Israel en casa y derrumbando casas. 

“Trujillo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”

Palabras de Cordell Hull, Secretario de los Estados Unidos, hablando  del dictador de República Dominicana.

 

El título principal de este artículo puede parecer de entrada como injurioso y fuera de tono, pero adquiere sentido porque parafrasea lo dicho por altos funcionarios de los Estados Unidos en varias ocasiones cuando se referían en conciliábulos privados a algunos dictadores de América Latina que ellos patrocinaban. Quien originalmente pronunció la palabra “hijo de puta” para referirse a uno de los dictadores apoyados por Washington fue Cordell Hull, en 1938. Después la repitió el mismísimo presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt para referirse al dictador de Nicaragua Anastasio Somoza a quien también considero como “nuestro hijo de puta”. Esta última referencia es la que más se suele citar, porque apareció en un número de la Revista Time de 1948. La palabra soez se usaba para señalar la verdadera catadura criminal de los dictadores apoyados por Washington, algo que al final poco interesaba en la medida en que ellos fueran sumisos e incondicionales a los Estados Unidos. Que esos dictadores mataran, torturan, desaparecieron a miles de personas en sus respectivos países, poco le interesaba a Estados Unidos, siempre y cuando no fueran a tocar los intereses del capital estadounidense. Traducida la afirmación sobre los dictadores quería decir: sí, son asesinos y criminales, pero nos sirven y los necesitamos, y por eso si hay que matar y torturar para mantener incólumes nuestros intereses, poco importan esos métodos tan poco refinados. Y para camuflarlos un poco, y que no salpicaran sangre hasta el territorio de los Estados Unidos, a esos dictadores se les calificaba por parte de políticos y medios de desinformación en Estados Unidos, como campeones de la libertad y amigos del mundo libre.

El término ofensivo, sobre todo con las pobres madres de los dictadores Rafael Trujillo y Anastasio Somoza, ha vuelto a cobrar actualidad en estos días, pero en un sentido diferente, en términos geográficos y políticos, a raíz de la absolución que se le hizo a Donald Trump en el segundo juicio político, relámpago por lo demás, que se le hizo en el Senado de los Estados Unidos, para juzgarlo por la toma del Capitolio el 6 de enero de este año. 

Algunos liberales, admiradores de Estados Unidos y que son ignorantes, ingenuos o cándidos, que tanto han aplaudido la ida de Donald Trump de la Casa Blanca y elogian a su nuevo inquilino, Joe Biden (el “bonachón” que bombardea), se hacen cruces de incredulidad al enterarse del resultado de ese juicio relámpago y comprobar que Trump ha salido indemne, a pesar de que haya sido promotor de un intento de golpe de Estado, para perpetuarse en el poder, y que dejó un saldo fatal de cinco muertos.

Las preguntas más bien son otras: ¿De qué se sorprenden? ¿Acaso creían que a Trump lo iban a acusar de ser golpista, lo iban a sentenciar a cadena perpetua o a la pena capital y de forma inmediata lo iban a encarcelar? Si Estados Unidos nunca ha hecho eso con los dictadores que ha fabricado mientras le son útiles, mucho menos lo iba a hacer con uno de los suyos. Si el Congreso de los Estados Unidos hubiera condenado a un golpista, hubiera roto con la tradición que forma parte de los principios centrales de la política exterior de los Estados Unidos: apoyar a cuanto hijo de puta le sirva al American way of life, un axioma, tanto “teórico” como sobre todo práctico, que ha caracterizado la actuación de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX en el mundo y particularmente en América Latina.

Recordemos que en listado interminable de golpes de Estado y de dictadores que Estados Unidos ha patrocinado se encuentran criminales de la talla de los ya nombrados Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza, a los cuales hay que agregar Augusto Pinochet (Chile), Jorge Rafael Videla (Argentina), Efraín Ríos Montt (Guatemala), Maximiliano Hernández Martínez (Salvador), Tiburcio Carias (Honduras),  François Duvalier (Haití), Alfredo Stroessner (Paraguay)Ferdinand Marcos (Filipinas), Hahi Moamaed Suharto (Indonesia), Mobuto Sese Seko (Zaire) y una interminable cadena de otros hijos de mala madre del imperio, a lo largo y ancho del mundo, cuya lista es tan larga que se requieren muchas páginas para mencionarlos.

La novedad “politologica” del caso de Donald Trump no es que Estados Unidos tenga hijos malnacidos en casa, porque la casi totalidad de los presidentes y altos funcionarios de ese país lo son, sin duda alguna, sino que ahora uno de ellos se haya atrevido a atentar contra ellos mismos. Es decir, el gran crimen de Trump no radica en los múltiples crímenes que realizó fuera de los Estados Unidos, algo que es perfectamente normal en cualquier presidente de ese país, sino en que se haya realizado en casa lo que se hace y aplaude en el exterior. Al respecto, resulta diciente y cínico que Nancy Pelosi, del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, una de las más beligerantes contra Donald Trump por su intento del golpe en el Capitolio, sea la misma que aplaudió a rabiar y recibió personalmente al golpista venezolano Juan Guaidó, otro hijo de puta Made in USA.  (Ver fotos).

Aunque no se le perdone a Donald Trump por lo que hizo el 6 de enero, esto tampoco podía llevar al Parlamento de Estados Unidos ‒una institución criminal, untada de sangre del resto del mundo, hasta los tuétanos‒ al peligroso extremo de condenarlo. Eso sería sentar un precedente funesto y de alguna forma cerrar las puertas a que futuros golpes de Estado, en los que se encuentre la mano asesina de Washington, salieran deslegitimados de antemano y alguien se atreviera a juzgar a los golpistas. No, no se puede abrir la Caja de Pandora, con una condena judicial a un golpista, que ha sido presidente de Estados Unidos. No, ahora hay que proceder en el ámbito doméstico de la política de Estados Unidos, como se ha hecho con los golpistas y dictadores que manufactura Estados Unidos en el exterior (y Juan Guaidó es uno de los últimos), decir en voz baja que es un malnacido, pero afirmar en publico que es un demócrata, un genuino luchador por la libertad, un combatiente por la justicia y mil mentiras por el estilo.

Por eso, más bien hay que decir en adelante que Donald Trump, como lo deben murmurar políticos, periodistas y académicos del establecimiento en los Estados Unidos, es “un hijo de puta, pero al fin y al cabo es nuestro hijo de puta”.

 

 

 

La historia de la infamia vol 2021

En la  tarde en que la mujeres en medio de una pandemia donde se han agudizado las múltiples violencias que vivimos diariamente, salimos en juntanza a tomarnos las calles, si, en la Marcha del 8 marzo día donde no celebramos nada, sino que reivindicamos las luchas de las mujeres,  si, en la marcha del 8 de marzo, nos juntamos, sin dinero para convocar, sin el poder de los “medios de comunicación”, sin el poder político de las estructuras verticales que obligan a sus cuadros a llenar las marchas, en medio de una pandemia donde nos condenan a aislarnos en nuestras casas – para muchas su campo de batalla-,  si, salimos a denunciar que hemos sido asesinadas, violadas, golpeadas, maltratadas,  abusadas en casa, empobrecidas  y fragmentadas. La tarde en que salimos a luchar las voces de la godarria y la ética del Sagrado Corazón de Jesús, salen a condenarnos, negando las arengas, la solidaridad, los gritos que nos salen de nuestras cuerpas y nuestros corazones que se han roto múltiples veces, negaron a las mujeres reunidas cantando y haciendo un homenaje a las mujeres que han matado, negaron la #Emergencianacionalporfeminicidios, negaron a la compañera que hizo arte con nuestros cabellos en un oficio predominantemente masculino, están negando lo más importante que son las razones, y como siempre las han negado, pues hoy no tenemos miedo a sus acusaciones.

 

Hoy  salen a condenarnos, en todas las redes sociales, nos bombardean con publicaciones de más de l400 comentarios  juzgándonos, y lo que emerge es una pregunta:  ¿en serio?, ¿después de siglos de violencias? –porque si, somos histéricas e históricas,- y por esos salimos a la calle, porque no hemos olvidado, no olvidamos a Rosa Elvira Celis, ni a Yuliana Samboní, ni las niñas indígenas violadas por militares, no olvidamos la mujer tirada en la cuneta, ni a la policía que su compañero de vida - un  militar-  mato, somos históricas y por eso decidimos tomarnos la calle, esa misma calle que por años se nos ha sido negada con prejuicios, miedos y violencias. ¿Nos están condenando?, ¿nos condenan con la bendición de la Santa Inquisición?, con la historia de genocidios en la época de la Colonia, la pederastia, abusos y negación de las mujeres en una institución que ha perpetuado, socializado, propagado e impuesto a través de la muerte  la ideología patriarcal?, esa misma ideología de dominación que lleva la vida de las mujeres y de la Pachamama a la destrucción. Nos están condenando desde una institución que ha condenado a niñas a ser madres sin importar si han sido violadas; solo porque creen desde su moralidad que nuestro cuerpo le pertenece, ¿nos están condenando desde una institución de pederastas?, ¿en serio?. ¿Nos están condenando por las paredes de una institución que mató en hogueras a las mujeres sabias curanderas?, que quemó, marcó, expulsó y reprimió a mujeres por disfrutar de sus cuerpos.  

 

¿Nos están condenando desde la “autoridad” de un gobierno municipal que en plena pandemia infló los precios de los mercados que repartió como “ayuda humanitaria” ?, que repintaron sin necesidad los espacios públicos de azul para imponer su simbología de derecha y así representar su dominio macabro sobre un territorio que tiene de las tazas más altas de desempleo y de informalidad del país. Si, hemos  estudiado, leído y sobretodo VIVIDO, hemos vivido las violencias en nuestras mentes y nuestras cuerpas, han venido de tantos lados que llenaríamos todas las paredes de la alcaldía o de la iglesia registrándolas, SOMOS NOSOTRAS MISMAS y nos ha costado muchas batallas, por eso, si querían desde su PODER condenarnos, juzgarnos y callarnos, pierden su tiempo, ¿nos han escuchado?, lo hemos cantado múltiples veces: “nos  sembraron miedo, nos crecieron alas” y somos hermanas, ya no somos rivales como ustedes querían, nos tenemos unas a las otras y en manada somos más fuertes, así que NUNCA MAS tendrán la comodidad de Nuestro Silencio.

 

El 15 y 16 de diciembre la Fiscalía realizó detenciones arbitrarias contra los líderes agrarios Teofilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, todos integrantes del Coordinador Nacional Agrario, agremiación de carácter nacional que lucha por una reforma agraria integral, alternativas a la crisis ambiental de los territorios, el rescate de la cultura campesina, y el tránsito hacia la paz por medio de garantías democráticas a la oposición.

Los dirigentes campesinos son voceros nacionales de procesos como Congreso de los Pueblos y Cumbre Agraria, también participaron en las diversas movilizaciones que reivindicaban los derechos humanos, económicos, ambientales, culturales y políticos para los campesinos. La labor de los tres es reconocida a nivel nacional. Teofilo Acuña, por ejemplo, desde el año 2006 participó activamente de las caravanas por la vida en el río Magdalena, después de las masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y torturas que cometieron el paramilitarismo, actores del Estado colombiano y los agroindustriales en la ciudad de Barrancabermeja, y municipios como Puerto Wilches, Canta Gallo, Santa Rosa y en general en la Serranía de San Lucas.


Los tres destacan por participar en las mesas de negociación con el Estado en el año 2013, luego de las movilizaciones del paro nacional agrario. Ellos, junto a otras colectividades e identidades políticas, asumieron la tarea de reivindicar soluciones de corto, mediano y largo plazo a la crisis del campo, y de los sectores más excluidos: indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Lo grave de este tipo de detenciones y montajes judiciales, es que hacen parte de una política de Estado que pretende criminalizar, desarticular e intimidar a las organizaciones sociales de oposición, estudiantes, sindicalistas, campesinos y otros líderes sociales han sido víctimas de esta estrategia. En diversos informes se enuncia que en Colombia existen aproximadamente 10.000 presos políticos o de conciencia, 10 millones de víctimas del conflicto armado, 250 ex combatientes de las FARC asesinados, 86 masacres cometidas este año, más el asesinato de 287 líderes sociales. Todo ello hace parte de la radiografiara de la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que ha impedido la consolidación de la paz, la apertura democrática y la consolidación del Estado de Derecho.


La estigmatización, montajes judiciales y persecución política contra los líderes sociales ha quedado en envidencia en casos recientes como el de Julián Gil, líder juvenil del Congreso de los Pueblos quien fue otro "falso positivo judicial", vinculado a hechos de rebelión; de igual manera sucedió con los jóvenes estudiantes universitarios del llamado “atentado al Andino”, y montajes judiciales contra maestros como el profesor Miguel Ángel Beltrán. Todos han sido puestos en libertad después de largos procesos de defensa, que han demostrado que los cargos carecen de fundamento, se basan en la persecución política y buscan amedrentar a las organizaciones sociales.


Desde el año 2018 han aumentado las violaciones a los derechos humanos, la no garantía del derecho a vivir en paz en los territorios y un flagrante ascenso de actores armados paramilitares que buscan consolidar un sistema político autoritario. Es de vital importancia que las organizaciones sociales internacionales visibilicen estas problemáticas, sean solidarias buscando las garantías a los derechos humanos y comprendan que aún en el país hay sectores de extrema derecha que desean minar la posibilidad de generar una transformación política para el pueblo colombiano.

Con las botas puestas

Este contenido hace parte de #HablemosDeConsumidoresDeDrogas, una conversación promovida por @MutanteOrg, que busca hablar, comprender y actuar frente a las violencias sufridas por los consumidores de drogas en la historia reciente colombiana. Es también un proyecto producido gracias al apoyo del Fondo para Investigaciones y Nuevas narrativas sobre Drogas de la Fundación Gabo.

 

Texto: Juan Camilo Gallego Castro

Ilustración: María Duque

23 de agosto de 2004. Lunes.

Reinel se ríe en la cocina mientras escucha a un hombre que pregunta por él a su hermana Gladys.

¿Dónde está el Pájaro?

Espere muchacho, yo miro si vino a amanecer.

Reinel suelta el pegante de su boca y se ríe. El hombre lo ve debajo de la mesa.

No no no, muchacha, ya lo encontré.

Luego sabrán que le dicen Chacho al hombre que toma de un brazo a Reinel y le dice que lo necesita para descargar unas llantas. 

Salen por el patio de la casa, entre alambres de púas. Reinel mira hacia atrás por última vez. Está su hermana Gladys. Ella piensa que quiere decirle algo. Lo ve cruzar el potrero, a las 6:15 a.m., con los pies descalzos, y saber que él siempre cantaba que moriría con las botas puestas, como dice la canción de los Ángeles del Infierno.

Con las botas puestas.

*** 

Tómese el último tinto, Pajarito le dice Chacho a Reinel al entrar a una cafetería.

Una tía de Reinel sale a buscarlo y lo encuentra a media cuadra. Se acerca al negocio y disimula tocar la puerta de otra casa. Se miran. Él levanta una de sus manos y le dice adiós. Ella llora de inmediato y comprende que no lo verá de nuevo. 

Salen sin pagar de la cafetería y el dueño reclama. Chacho le dice a un vigilante que pague por ellos. Se dan cuenta que Chacho es uno de los paramilitares del pueblo, en La Ceja, Antioquia, a unos 42 kilómetros de Medellín

A Reinel lo ven marcharse descalzo y amarrado. Lo ven perderse en una camioneta oscura. 

*** 

Mija, ¿dónde está mi muchacho? le pregunta a Gladys su mamá, postrada en la cama, enferma de cáncer.

Amá, está jugando por ahí fútbol.

Mija, ¿dónde está mi muchacho? insiste más tarde.

Amá, está lavando un carro.

Han pasado dos días y Reinel no regresa a casa. A Gladys le dicen que lo vieron en la cafetería, que lo vieron por el barrio Payuco, en la salida al corregimiento San José,  donde los paramilitares del Bloque Héroes de Granada tienen su base. Que lo tienen los paracos, que lo tiene Cachama, que lo tiene Polocho, que lo tiene Jhon.

Mija, búsqueme mi muchacho suplica la madre al saber que se llevaron a su hijo.

Gladys toma una bicicleta y busca a Reinel en los caños, en las calles, en el hospital. En la cantina donde atiende, van Cachama, Polocho y Jhon, los duros del pueblo. Qué iba a saber que ese relato de muertos y desaparecidos que les escuchaba entre tragos también puede incluir a su hermano. 

Sale de La Ceja en bicicleta en la dirección en la que vieron la camioneta oscura, y la carretera se empina. La vía se extiende 43 kilómetros hasta Abejorral —otro pueblo de la región— pero se detiene en los primeros kilómetros, en un sitio que llaman Rancho triste, no cree que Reinel haya ido muy lejos. Ahí está el comandante Jhon, el jefe del grupo..

Pájara, ¿usted que hace por acá? Usted se está metiendo en terreno ajeno.

Jhon, estoy buscando a mi hermano porque mi mamá se está muriendo también sin saber dónde está. 

Pájara, tranquila, que nosotros se lo vamos a mandar.

*** 

Aló, ¿está Claudia? pregunta Dragón por teléfono. 

Claudia, la prima de Reinel, toma la bocina. 

¿Ya apareció el Pájaro? pregunta el paramilitar.

No. ¿Usted por qué sabe mi nombre, por qué me está llamando?

El hombre se ríe y cuelga.

Llama tres veces por día durante tres días. ¿Ya apareció el Pájaro? ¿Ya apareció el Pájaro? ¿Ya apareció el Pájaro?

Gladys y Claudia más se angustian. Un conductor cercano a la familia les dice el sábado, cinco días después de la desaparición, que en su viaje a Abejorral supo que el Ejército presentó dos guerrilleros muertos. 

¿Cómo que guerrillero? le contesta Gladys por teléfono, si el Pájaro no es guerrillero. 

Les sugiere que llamen al comando de Policía para que averigüen. Ese no es nuestro hermano, se dice Gladys. Aun así llama al final de la tarde, al otro lado de la línea alguien le escucha la historia: Reinel, la búsqueda, los paramilitares. El policía pregunta por sus características.

Él tiene 24 años, es flaco, mide 1.75, es mono, tiene varios tatuajes: un indio piel roja, su nombre y el apodo.

Mona, según parece, sí es, porque el que teníamos acá en Abejorral decía Reinel y en la otra mano decía Pájaro, los tatuajes que usted dice que tenía ese muchacho. Pero ese cuerpo ya se lo llevaron para Rionegro. 

*** 

Si a Reinel se lo llevaron los paramilitares, cómo es que el Ejército termina con él y lo presenta como guerrillero, se pregunta Gladys. No entiende qué pasó en esa semana. 

¿Guerrillero? Si Reinel no sale del barrio Fátima, si está consumiendo pegante y marihuana desde hace varios años, si está bien flaco, si se mantiene trabado, si ya ni se baña ni trabaja.

Gladys lo comprenderá con el tiempo cuando un abogado le diga que lo de su hermano fue un falso positivo. Esa práctica en la que los militares asesinan a sus víctimas y las presentan como guerrilleros muertos en combate, los visten con prendas militares, les dejan armas de fuego y material de intendencia para simular un combate.

El informe La responsabilidad del hombre de atrás en ejecuciones extrajudiciales habla de la manipulación generalizada de la escena del crimen, la adulteración de las evidencias y el despojo de la identidad de las víctimas; el traslado de los cuerpos a los cascos urbanos de los municipios, no precisamente donde ocurrieron los hechos. 

En el oriente de Antioquia, hubo 97 ejecuciones extrajudiciales en menos de un año, entre el 17 de diciembre de 2003 y el 27 de noviembre de 2004. Entre esas víctimas estaban nueve menores de edad, siete mujeres y 90 hombres, como Reinel. De todas estas, 18 aún no han sido identificadas, por lo que a esto se le suma otro delito: la desaparición forzada.

Los responsables de esas muertes, según este informe, fueron varios batallones de la Cuarta Brigada:  Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), Grupo de Caballería Mecanizada No. 4 “Juan del Corral”, Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro Nel Ospina, Batallón de contraguerrilla Granaderos No. 4-BCG04-, Batallón Especial Energético y Vial No. 4 BG Jaime Polanía Puyo, y el Gaula Oriente.

Pero volviendo a esa semana de agosto de 2004, Gladys no sabe por qué mataron a su hermano, sigue pensando por qué lo llamaron guerrillero, por qué terminó en Abejorral, por qué le quitaron la vida. 

Gladys madruga el domingo y recorre 18 kilómetros hasta Rionegro, el municipio más grande e importante de esa región. Le dicen que vaya al día siguiente, que el médico forense está descansando, que no la puede atender la Fiscalía ni Medicina Legal. Vuelve, entonces es 30 de agosto, ocho días desde que Reinel desapareció. 

La acompaña su prima Claudia. Piden un permiso en Fiscalía y luego van a Medicina Legal, en donde les muestran un libro donde están las fotografías de las personas sin identificar. Lo primero que nota Claudia es que Reinel ya no tiene cabello, está a ras. El médico le explica que cuando lo recibió vio que le habían cortado el cabello con una cuchilla, por eso las cortadas, las líneas rojas que vio en su cabeza. Reinel no tenía uñas, Reinel recibió un disparo que por poco le desprende un brazo, Reinel tenía una cortada en el cuello, Reinel tenía marcas de ácido en su cuerpo. 

El cuerpo de Reinel, les dicen, fue torturado. El protocolo de necropsia dice que tenía heridas en todo su cuerpo y que le dispararon a una distancia de un metro y veinte centímetros.

Su cuerpo, como el del otro supuesto guerrillero, los ubicaron en dos bóvedas del cementerio de Rionegro marcados como NN. 

Desde que el gobierno de Álvaro Uribe inició en 2003 la Operación Marcial en el oriente de Antioquia para acabar con las guerrillas Farc y ELN, no han parado de llover cuerpos que traen los helicópteros del Ejército hasta ese cementerio. Monseñor Adolfo Duque le pide al Ejército que dejen de llevarles los cuerpos de los supuestos guerrilleros muertos en combate que llegan desde pueblos como Sonsón, San Francisco o Granada, pues en el último año ha tenido que trasladar parte de esos cuerpos hasta el cementerio de San Antonio de Pereira, también en Rionegro. 

En el cementerio municipal hoy, tres lustros después, están los cuerpos de 165 personas sin identificar y el de dos personas identificadas que no fueron reclamadas. Entre tanta tragedia, a lo mejor es una fortuna encontrar a Reinel en ese cementerio el 30 de agosto de 2004, exhumarlo y trasladarlo hasta la bóveda 104 del cementerio de La Ceja, el pueblo del que se lo llevaron descalzo.

*** 

Han pasado 16 años. Gladys dice ahora que 2004 fue el peor año de su vida. El peor.

El cuerpo de Reinel lo enterraron en el cementerio del pueblo y al día siguiente hicieron una misa. Su papá, el que los abandonó siendo adolescentes, desapareció en una creciente del río Arma, que desemboca en el río Cauca, cuando iba de camino al entierro de su hijo. 

La mamá de Reinel dejó de comer, renunció a vivir, se resignó a llorar la ausencia de su muchacho. Al final, el cáncer la venció y en octubre de ese año, un par de meses después del entierro de su hijo, la familia regresó al cementerio a juntar en la misma bóveda los restos de Reinel, su mamá y su abuela. 

*** 

El informe elaborado por el Sargento Viceprimero Pedro Tobías Apolinar Guevara describe la supuesta muerte en combate de dos personas. Dice que el 27 de agosto de 2004 hubo un enfrentamiento entre una tropa del Grupo de Caballería Mecanizado No 4 "Juan del Corral” de Rionegro, al mando del teniente Juan Pablo Hurtado Mariño, y el Bloque Héroes de Granada en la vereda El Morrón de La Ceja. Que dieron de baja a dos personas. Uno de ellos identificado como Reinel de Jesús Osorio Ríos y el otro, apodado como Currulao. Que se les incautó “un fusil AK 47, 11 cartuchos calibre 7.39 mm, 52 cartuchos calibre 5.56, 7 proveedores para fusil AK 47, una escopeta de repetición charanga 12mm Nro.1009898, 2 cartuchos, calibre 12mm, 1 granada tipo piña, 2 minas antipersonal, 1 brazalete AUC "Héroes de Granada” y equipo de compañía".

Pero en 2008 y 2010, ante los fiscales de Justicia y Paz, varios ex paramilitares dijeron que entregaron sus víctimas al Ejército y que este luego las asesinó y las presentó como “positivos”. 

Jhon Mario Cardona Rico reconoció que él era Chacho, el que se llevó con engaños a Reinel. Fue condenado a 18 años de cárcel.

Edwin Yamit Alzate Correa, conocido como Cachama o Monaín, dijo que ese día en la noche lo llevaron a una casa abandonada en la vereda La Loma, en donde lo mantuvieron amarrado y vigilado. Fue condenado a 18 años de cárcel.

Luis Alfonso Sotelo Martínez, alias John, dijo que ordenó la muerte de Reinel y Currulao, quien había sido miembro de su grupo. Fue condenado a 24 años de cárcel.

Julián Esteban Rendón, alias Polocho, y alias Javier, entregaron al Ejército a Reinel y Currulao. Polocho contó que las personas que le entregaban a los militares eran del barrio Obreros de Cristo, conocido como Palenque, uno de los más pobres y con más drogadictos del pueblo, por eso justificaban la captura y desaparición de los “desviados”, como homosexuales y drogadictos. 

En la sentencia del Bloque Héroes de Granada uno de los paramilitares dice que “la orden mía era hacer limpieza, cinco o seis diarios”. Por eso la sentencia del Tribunal Superior de Medellín concluye que los miembros de ese grupo asesinaron indiscriminadamente “a personas con base en señalamientos sociales que los tildaban de colaboradores de la guerrilla, consumidores de estupefacientes, de haber cometido hurtos u otra clase de relatos”, por lo que “sentenciaban” a sus víctimas a morir. 

Reinel encajaba en ese perfil. Fátima, el barrio en el creció, es uno de los más humildes del pueblo y donde también asesinaron a varias personas por consumir droga, entre ellos tres amigos que consumían pegante. Razón tiene Walter, un amigo del barrio, cuando dice que en Fátima “siempre ha habido consumidorcitos”, además porque el expendio de drogas del pueblo, Palenque, estaba a tres cuadras.

Cuando internaron a Reinel en Medellín en 2002 para que dejara la droga ya era tarde. Al día siguiente apareció en La Ceja y le dijo a la familia que él no estaba loco como para que lo encerraran. Gladys supo que no había vuelta atrás, “ya no había nada que hacer, uno le decía ‘Pájaro, venga coma’, pero ni la comida le hacía falta”.

Él se sentaba al lado de una virgen en la entrada del barrio o se quedaba bajo la mesa de la cocina inhalando el pegante y escuchando a los Ángeles del Infierno.

Ha llegado el momento / De que hablemos de una vez / De que esmeres tu lenguaje / Y que te comportes bien.

*** 

Te pide que seas buen chico / Y tengas educación / Que no salgas por las noches / Y ser en todo el mejor. 

Con la versión de los paramilitares, en abril de 2011 el Consejo Superior de la Judicatura dijo que Reinel no pertenecía ni a la guerrilla ni a los paramilitares y que no había razón para que este crimen lo siguiera investigando la Justicia Penal Militar. 

En el 2016 la Fiscalía detuvo al mayor Juan Pablo Hurtado Mariño y lo llamó a juicio. Más de dos años después, el 2 de octubre de 2018, se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a quien le describirá la historia de Reinel.

Gladys y su familia fueron indemnizados por el Estado, y con ese dinero remodelaron sus casas. Sentada en la sala, Gladys aún recuerda a su hermano escuchar la canción Con las botas puestas, sobre todo cuando dice: Digas lo que digas / Hagas lo que hagas / No les importa / En esta cadena nunca habrá final.

El ser adicto a las drogas, el ser una persona “desviada” como decían los paramilitares, ubicaba a Reinel fuera del orden y, en consecuencia, en alguien que debían eliminar.

El día que los paramilitares se lo llevaron, Reinel tenía una camisa anaranjada, un jean claro y caminaba descalzo.

Él no más escuchaba esa canción Moriré con las botas puestas y murió con las botas puestas, porque murió con unas botas pantaneras de guerrillero.

Por Juan Miguel Álvarez

El crimen

En las horas de sol de un sábado sencillo, Jorge Luis Saldarriaga Calle estuvo dedicado a preparar los últimos detalles de un desfile de modas que iba a realizar con las niñas de la Colonia Escolar, colegio en el que se desempeñaba como profesor de artes. Se trataba de una obra benéfica que había despertado mucho interés porque nadie recordaba que antes hubiera habido un acto de esos en un escondido pueblo neblinoso como El Carmen del Atrato.

Al final de la tarde, con el escenario listo, Jorge Luis salió de su casa vistiendo el atuendo de la ocasión: pantalón y camisa de manga larga blancos, chaqueta verde y zapatos negros. Lucía el pelo ondulado corto y un suave bigote que le confería un aire de dandi. Las mujeres coincidían en que era un flaco guapo de piel color caramelo, con una mirada comprensiva de apacibles ojos miel entre unas pestañas respingadas.

 

Esa tarde yo estaba en la casa de un amigo mutuo llamado Juan Fernando Monsalve. Jorge Luis llegó todo cachaco y contento, hablamos un rato y quedamos en que después del desfile nos encontraríamos todos. Antes de salir, Jorge Luis le pidió prestado a Juan Fernando un corbatín negro de cuero, luego se metió a la cocina, se tragó una cucharada de aceite y me dijo: “para que no me caiga mal el aguardiente, si me da por tomármelos esta noche”.

Gloria Margarita Jiménez, amiga.

 

Ese sábado, antes de salir para el desfile, pasó a saludarme. Todos los días él iba a hacerme visita a mi sitio de trabajo. Éramos muy amigos. Yo atendía un almacén de venta de sombreros. Me comentó del desfile, me dijo que él iba a ser el maestro de ceremonias. Yo no lo pude acompañar porque había que pagar la entrada y no tenía plata. Además, tenía que seguir atendiendo la sombrerería. El desfile comenzaba a las ocho de la noche y Jorge Luis se fue para allá unos minutos antes. Quedamos en que nos íbamos a reunir todos apenas él terminara.

Rosa Sánchez, amiga.

 

Pasada la medianoche, los amigos se reunieron en una discoteca llamada Paladio. Era el lugar de moda juvenil para bailar. Con ellos también se encontraba una hermana de crianza de Jorge Luis llamada María Helena Zuleta.

            Cuando Jorge Luis llegó a Paladio, ya se había bajado unos tragos. Le había ido muy bien en el desfile. Había sido muy felicitado por los padres de familia de las niñas. Se sentía satisfecho y feliz. Quería comerse el amanecer celebrando el buen momento. 

            Apenas cerraron la discoteca, el grupo caminó un par de cuadras. Luego se dividió: Gloria Margarita se fue por su cuenta para su casa y Rosa, Jorge Luis y su hermana continuaron calle abajo en dirección a la casa de ellos. Al pasar por un piqueteadero llamado La Choricería, en el que las personas comían fritanga o tomaban consomé luego de la fiesta, alguien llamó a Jorge Luis. Era un amigo suyo apodado Rafagol.

 

Cuando lo llamaron de La Choricería, Jorge Luis le dijo a mi hermana María Helena: “Sigan que yo ya voy. Quiero comerme algo, tengo hambre”. Mi hermana no quería que se quedara en la calle y le dijo: “Vámonos para la casa, yo allá le preparo algo”. Pero Jorge Luis quería quedarse un rato más: “Sigan, que yo no me demoro. Tranquilas”.

Olga Saldarriaga, hermana.

 

Le dijimos que no se quedara, estaba muy tomado. Pero no hizo caso. María Helena y yo seguimos para la casa.

Rosa Sánchez, amiga.

 

Jorge Luis estaba luchando por dejar el licor. En el desfile le fue muy bien a la hija de un señor de aquí que estaba bebiendo aguardiente. Ese señor empezó a ofrecerle a Jorge Luis y como él tenía la inclinación por la bebida le recibió unos tragos. Por eso, cuando salieron de Paladio, a Jorge Luis le dio por quedarse en la calle.

Néstor Saldarriaga, hermano mayor.

 

Amaneció domingo. Fue una mañana de nubes cremosas que amenazaban lluvia. Antes de las diez, una mujer que pasaba por la calle que va orillando el río Atrato vio el cuerpo de una persona tirado boca abajo dentro del agua y atajado por unas rocas. No se acercó mucho. Lo suficiente para distinguir que era un hombre. Creyó ver que no tenía camisa, que del cuello pendía algo negro parecido a una corbata y se fue a dar anuncio en la policía.

                

Yo manejo unas finquitas con ganado ajeno. Ese domingo tenía que hacer un movimiento de ganado. Fui e hice el movimiento y a las diez o diez y media de la mañana me dijeron que habían encontrado el cadáver de Jorge Luis en el río. Yo sí había sentido unos tiros como a la una y media de la madrugada, pero estaba lejos de imaginarme que se los habían pegado al hermano mío.

Néstor Saldarriaga.

 

Yo alcancé a escuchar los disparos muy cerca de mi casa. Pero nunca imaginé que había sido la muerte de Jorge Luis.

Iven Mosquera, profesora de la Colonia Escolar en 1988.

 

Esa mañana, mi mamá se despertó y empezó a lamentarse: “Ay, Jorge Luis por qué no llegó, por qué no llegó”. Todavía no sabíamos nada, pero era el presentimiento de madre. La señora que nos ayudaba en la casa dijo: “No, Doña Tulia, no se preocupe, él debe estar por llegar o se quedó durmiendo donde algún amigo”. Y resultó que no.

Olga Saldarriaga

 

Yo estaba en la casa de Juan Fernando Monsalve, que era hijo del inspector de policía del pueblo, don León Monsalve. Vi cuando llegaron a llamarlo para decirle que habían encontrado un cadáver en el río. Él dejó de desayunar y fue a ver. Nosotros lejos de pensar que el muerto era el amigo de nosotros.

 

Gloria Margarita Jiménez.

 

Esa mañana yo salí de mi casa para el almacén y noté que la gente me miraba. Un amigo me atajó y me dijo: “Le voy a decir algo, pero tranquilícese”. Quedé asustada. “¿Qué pasó?”. Me dijo que habían encontrado muerto a Jorge Luis. ¡¿Qué?! Quedé en shock. Y me tocó ver cuando estaban llevando el cuerpo en una camilla; no lo habían tapado y le alcancé a ver las manos. Me dio muy duro, fue muy triste ese momento. 

Rosa Sánchez.

 

No sabíamos qué había pasado. Y a las tres de la tarde encontraron otro cuerpo en el río, pero más abajo. Lo había arrastrado la corriente. Era el de Rafagol, el amigo con el que Jorge Luis se había encontrado en La Choricería.

 

Olga Saldarriaga.

 

La víctima

Jorge Luis cayó asesinado el 23 de octubre de 1988, a sus 27 años. Había nacido como el séptimo de catorce hermanos, en una familia de origen campesino oriunda del Carmen del Atrato. Su padre se ganó la vida como conductor de vehículos de transporte de carga y pasajeros, y más tarde como operario de máquinas de construcción. Su mamá se dedicó a los oficios domésticos y a criar a los hijos. No fueron adinerados, pero los hijos nunca pasaron necesidades por falta de atención de los padres.

            Luego de terminar noveno de bachillerato en un colegio privado del pueblo llamado Seminario Corazón de María, Jorge Luis se fue a iniciar su formación como sacerdote en el Seminario Mayor de Jericó.

 

Él era mayor que yo. Y en el seminario estaba dos o tres grados antes que yo. Todos lo distinguíamos como el mejor de nosotros. Él iba a ser sacerdote, pero tenía cualidades diversas, era artista y muy guapo, y su familia lo apoyaba.

Padre Albeiro Parra, Diócesis de Quibdó.

 

De Jericó salió para Bogotá en donde comenzaría a ejercer el sacerdocio, pero en la capital del país se dio cuenta de que realmente no quería el camino de privaciones que le imponía la religión. Transcurrieron unos meses en los que ejerció oficios varios en otras regiones del país —como mesero y bartender— hasta que terminó situándose en Medellín donde ya residía buena parte de su familia. En esta ciudad se matriculó en bellas artes y se empleó en Empresas Públicas. En algún momento, que sus hermanos no saben cómo ni por qué, a Jorge Luis se le encendió la adicción al licor y, con ello, perdió el trabajo y el estudio. Fueron días en picada. 

 

Un hermano me dijo que Jorge Luis le había hecho muchas cosas a mi mamá y que ella se las había aguantado.

Olga Saldarriaga.

 

Alguna vez Jorge Luis me contó algo de esa parte de su vida. Que en Medellín él había tocado fondo, que alguna vez había dormido en los andenes, como habitante de calle. No le pregunté más cosas porque no me importaban. Yo lo quería a él como amigo sin que me afectara lo que hubiera pasado en su vida.

Gloria Margarita Jiménez, amiga.

 

Jorge Luis regresó al Carmen del Atrato en 1985, dispuesto a empeñarse en el arte como forma de reactivar su vida. Las curas del seminario Corazón de María, que lo querían como a uno de ellos y lo respetaban como artista, le dieron la mano empleándolo como pintor: le encargaron un cuadro de la Última cena para colgar en el comedor general, le pidieron que restaurara las pinturas de las estaciones del Viacrucis que había en la parroquia, le contrataron unos murales y le consiguieron un trabajo estable.

 

Yo no conocía al profesor Jorge Luis y pudo haber sido el cura rector del seminario quien influyó para que yo lo contratara como profesor de arte en los grupos de tercero a quinto. Nosotros, además, le pagamos para que hiciera tres cuadros que decoraran las paredes de la institución. Eran pinturas abstractas y había una que era un típico paisaje chocoano: un río, una canoa, el bosque.

            Elizabeth Mora Chinchilla, rectora de la Colonia Escolar en 1988.

 

En la docencia, Jorge Luis se reveló como una persona entrañable capaz de tocar la sensibilidad de las personas y de despertar el fuego de las artes en sus alumnas. Se desenvolvió como un buen compañero de trabajo y admirado profesor.

 

Era muy creativo, muy dinámico. Hablábamos de las niñas, de sus desempeños académicos; hablábamos de la actualidad del pueblo y nos compartíamos experiencias de trabajo. Siempre hablaba con mucha gracia, era divertido y nos hacía reír.

Iven Mosquera, profesora.

 

Me acuerdo de que a las estudiantes les fascinaba esa clase de artes. Cada vez que les tocaba era una alegría. A él todo el mundo lo quería allá en la Colonia: desde las mujeres de servicios generales, los directivos, los profesores, los padres de familia también.

Elizabeth Mora Chinchilla.

 

En esta nueva etapa, Jorge Luis procuró mantener aplacado el espectro del alcoholismo y alejar las emociones que le menoscabaran la autoestima. No estaba dispuesto a dejar que nuevamente lo habitaran impulsos de abandono y desenfreno. Así que hizo de la pintura un oficio cotidiano y su método de rehabilitación.

 

Le gustaba pintar paisajes. En el centro de la casa tenía un taller con ventanales en el que se encerraba a pintar. La familia respetaba y apoyaba ese gusto. Yo iba casi todos los días a verlo pintar.

Rosa Sánchez.

 

Vestía muy bien. Siempre bien puesto. Nunca lo vi descuidado en su aspecto ni mal vestido. Nunca lo vi abandonado, sucio o con la ropa ajada. Si hubiera sido así, nunca lo hubiera contratado como profesor.

Elizabeth Mora Chinchilla.

 

Le gustaba mucho el traguito y fumaba en demasía. Pero como el guayabo le daba bastante duro, se arrepentía de haber bebido en la noche anterior y se encerraba a pintar. Duraba días sin salir de la casa.

Rosa Sánchez.

 

En la tarde del domingo luego de que el inspector de policía hubiera levantado el cuerpo de Jorge Luis, y el lunes siguiente, cuando ya todo el pueblo sabía del crimen y su familia y sus amigos y sus alumnas lo habían llorado en un sepelio multitudinario, la pregunta esencial de la gente era: ¿por qué?, ¿qué culpa le cabía a una persona buena y virtuosa que mereciera la muerte?


El pueblo

El Carmen del Atrato es el primer municipio chocoano en la frontera con el suroeste antioqueño. Queda a cinco horas de Medellín y a unas ocho de Quibdó, sobre las fértiles laderas de la cordillera occidental. Un resumen de la violencia que ha sufrido esta localidad diría que ha sido asediada y atacada por todas las fuerzas regulares e irregulares del conflicto armado colombiano.

Durante los años ochenta reinó la guerrilla del ELN. En los noventa se sumaron las Farc y una disidencia del ELN llamada Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). Algunos testimonios señalan que en esa misma década grupos paramilitares como los Doce Apóstoles o Dignidad Antioqueña también cometieron delitos allí. Más tarde, ya en la década del dos mil, aparecieron dos bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): el Metro y el Elmer Cárdenas. Y desde la primera época hasta este momento, no pocos carmeleños han denunciado abusos de autoridad y graves violaciones de derechos humanos —como torturas, homicidios y desaparición forzada— por parte de la policía y el ejército.

Hasta antes del asesinato de Jorge Luis, sin embargo, la violencia sucedía en las veredas y era achacada a los guerrilleros del ELN. Pero luego de que en ese 1988 llegaran unos policías a la cabecera municipal, supuestamente para adelantar tareas de inteligencia contra el avance guerrillero, los homicidios selectivos en vía pública se volvieron asunto cotidiano.

 

Después del asesinato de Jorge Luis y de Rafagol empezamos a sentir miedo en el casco urbano, pero no por lo que nos pudiera hacer la guerrilla como sí la policía. El miedo por la guerrilla lo vinimos a sentir más adelante.

Néstor Saldarriaga, hermano.

 

Menos de dos días después del asesinato de Jorge Luis, un hombre mayor llamado Antonio Correa que laboraba como celador en un colegio apareció calcinado. Si las muertes de dos jóvenes arrojados al río Atrato habían consternado a los carmeleños, este tercer homicidio inundó todo de terror. Tanta sevicia resultaba incomprensible. Al parecer, a Correa lo sacaron a la fuerza de su puesto de trabajo en el trance oscuro de la madrugada, lo llevaron a las afueras del pueblo y le prendieron fuego estando vivo.

            La explicación de los tres crímenes circuló rápidamente, como si los asesinos se hubieran preocupado por dejar claro el mensaje: a Jorge Luis y a Rafagol los habían ajusticiado como una acción de “limpieza social”, endilgándoles que eran consumidores de drogas. Y al celador lo habían matado por haber atestiguado los momentos previos de aquel doble homicidio y haber reconocido a los sicarios.

 

Dijeron que estaban haciendo limpieza social en el pueblo y que Jorge Luis había caído por haber estado acompañado de ese muchacho Rafagol, que sí fumaba marihuana. Yo a Jorge Luis nunca lo vi fumando marihuana. Bebía y fumaba cigarrillo, pero nunca lo vi en otra cosa. Pero como lo mataron por limpieza social, la gente del pueblo creyó que entonces sí había sido un vicioso.

Rosa Sánchez, amiga.

 

A mí no me consta que Jorge Luis hubiera consumido drogas. Un sábado él podía llegar amanecido y tomado, pero yo nunca me di cuenta de que fumara marihuana. No estoy negando que fuera o no vicioso. Ahora, lo que encontraron en el sitio donde los mataron fue cigarrillos y aguardiente. No había marihuana.

Olga Saldarriaga, hermana.

 

            Sobre los responsables de estos crímenes corrieron dos versiones laterales, aunque sin mucho éxito. Una de ellas le echaba la culpa al ELN, como si esa guerrilla estuviera ejecutando la limpieza social. Y parecía creíble: eran los hombres armados que se movían a su placer por las áreas rurales del pueblo vendiendo su ideología y matando sin compasión a quien los confrontara. La otra versión sostenía que había sido una fuerza paramilitar, una organización civil armada como las que se escuchaban en otras regiones del país, que venía asesinando gente por todo el suroeste de Antioquia y había entrado al Chocó.

            La versión que se impuso, finalmente, nació de las primeras averiguaciones que hicieron por su cuenta y riesgo los hermanos de Jorge Luis. Néstor, el mayor, escuchó de las personas que estuvieron esa noche en La Choricería que fueron los agentes de policía recién llegados al pueblo quienes habían retenido a las dos víctimas.    

 

Esa misma semana ya se decía que de camino para su casa, al profesor Jorge Luis lo habían detenido unos policías y luego había aparecido muerto en el río.

Elizabeth Mora Chinchilla, rectora de la Colonia Escolar.

 

En esos años el ejército no hacía mucha presencia en el Carmen del Atrato. La policía sí tenía un grupo que era de la “mano negra”. Los llamaban “Los Matones”. Había uno que le decían el Trotón, vestía de civil y vivía en la cabecera municipal. Cada vez que salía a trotar era porque iba a matar a alguien. El comandante de ese grupo era un teniente de apellido Noriega. Fue muy malo. En las investigaciones de la Diócesis de Quibdó tenemos que la zona de esta región en que la policía mató más gente inocente fue en este pueblo.

Padre Albeiro Parra.

 

           

En las semanas sucesivas, otros homicidios tuvieron lugar en la cabecera municipal del Carmen del Atrato. Jóvenes y adultos. Cada muerte era explicada y justificada como un acto de “limpieza social”: un exterminio calculado de gente a la que se le imponía una condena moral cuya pena era la muerte. Un conjunto de crímenes sistemáticos perpetrados por la fuerza pública o por civiles, replicado en muchas partes del país. En el área metropolitana de Medellín había oficinas de orden público adscritas a las alcaldías —como el DOC o el DSC— que la ciudadanía distinguía como responsables de perseguir y matar habitantes de calle y consumidores de drogas. En la ciudad de Pereira estos homicidios fueron tan frecuentes en la década del ochenta y tan descarados —a plena luz del día y en lugares visibles— que el obispo Darío Castrillón Hoyos inculpó varias veces a la policía como autor material, en el sermón de las misas centrales en la catedral. En Barranquilla, empezando los años noventa, fue desmantelada una red de tráfico de cadáveres de habitantes de calle orquestada por empleados de una universidad privada. Fue la época en que a los indigentes adictos a drogas se les empezó a llamar “desechables”: descartables vidas humanas de corto uso.

            La familia Saldarriaga Calle no pudo poner la denuncia ni exigir que investigaran a los agentes de policía. Néstor dice que ni siquiera sabía en dónde contar lo averiguado porque la única oficina que recibía denuncias ciudadanas era, precisamente, la inspección de policía. Y en caso de que hubiera tocado la puerta de la Alcaldía, nada le hubiera garantizado que su queja no hubiese ido a parar a oídos de los asesinos y dejarlo a tiro de pistola. 

            Hay que tener en cuenta el contexto.

            En esos años ochenta y hasta antes de la Constitución de 1991, el estado colombiano no contaba con instituciones garantes de los derechos humanos, como luego fueron la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, ni con instituciones encargadas de realizar investigaciones judiciales con potestad sobre la policía, como vino a ser la Fiscalía General de la Nación. La entidad que recibía denuncias de violaciones de derechos humanos era la Procuraduría, pero su alcance era tan limitado que apenas operaba desde unas cuantas ciudades capitales. Para habitantes de pueblos o zonas apartadas el Estado empezaba y terminaba en las alcaldías.

            En los municipios catalogados como zonas de conflicto armado, caso El Carmen del Atrato, la impunidad era aún más grave porque la fuerza pública actuaba con un control casi nulo. Cada crimen cometido por la policía o por las fuerzas militares podía ser disfrazado como operativo de “seguridad nacional”. Los ciudadanos estaban a merced de la doctrina del “enemigo interno”. Cualquier persona que se expresara públicamente en contra del orden establecido o que se dejara pillar con un discurso rebelde o que hiciera parte de organizaciones sociales podía ser espiado, retenido y desaparecido.

            Conscientes de ser intocables, los hombres del teniente Noriega se movían a placer por las calles del Carmen del Atrato.

 

Esa policía tenía varias justificaciones: que eran marihuaneros, que estaban dañando a la niñez, que eran guerrilleros. Cuando no les funcionaba por un lado, les funcionaba por el otro. Así mataron a mucha gente que no tenía nada que ver con eso. Y hay que tener en cuenta que quienes llevaron las drogas al Carmen del Atrato fueron los agentes de policía. Aquí se comprobó que los que repartían y consumían droga eran los policías.

Padre Albeiro Parra.


Los detalles

Veinticuatro años después de sucedido, luego de que el Gobierno Nacional hubiera promulgado la ley 1448 de 2011 conocida como Ley de Víctimas, la Fiscalía conoció el homicidio de Jorge Luis por denuncia interpuesta por Néstor Saldarriaga, el hermano mayor.

En el acta de la denuncia se lee, apenas, una somera descripción del hecho central: a Jorge Luis se lo llevaron unos policías activos, lo mataron a tiros y arrojaron su cuerpo al río Atrato. No existe un solo documento oficial que haya dejado constancia de cómo sucedió el homicidio ni en qué estado —con qué heridas— fue levantado el cadáver. Mucho menos existe la certeza judicial de que este crimen se hubiera debido a un acto de “limpieza social”.

Hay dos razones para ello. Una, que el 5 de agosto de 2000 las Farc se tomaron la cabecera municipal del Carmen del Atrato y, entre otras locaciones, saquearon y destruyeron la inspección de policía y la Alcaldía. Todo el archivo que almacenaba la documentación judicial quedó en cenizas o reducido a trozos de papel entre los escombros. Si alguna vez existió una carpeta dedicada al homicidio de Jorge Luis, en esa toma se perdió.

La otra razón es de procedimiento judicial. El concepto limpieza social no ha sido una categoría de imputación penal y, difícilmente, se ha podido establecer como una probada motivación para cometer homicidios.

 

Dijeron que lo habían asesinado por una limpieza social, pero ¿cuál limpieza social? Él únicamente tomaba aguardiente. No fumaba marihuana ni nada.

Néstor Saldarriaga.

 

Se dijo que a Jorge Luis y a Rafagol los habían perseguido y los habían sorprendido fumando. Y por donde los mataron se encontraron restos de cigarrillo.

Iven Mosquera, profesora.

 

En aquella madrugada, luego de que Jorge Luis le dijo a su hermana María Helena y a su amiga Rosa que siguieran para la casa, que él no iba a demorar ahí en La Choricería, ocurrieron unos hechos que no fueron esclarecidos del todo. Se supo que las dos víctimas comieron algo, compraron aguardiente y cigarrillos, y se sentaron en la berma del andén a conversar. Al cabo de unos minutos, se pararon y empezaron a caminar calle abajo, despreocupados e inocentes de lo que les iba a suceder.

A partir de aquí empiezan las especulaciones.

Se dijo que unos agentes de policía —no hay precisión de cuántos— llegaron a La Choricería y la mujer que atendía el mostrador dijo señalando a Jorge Luis y a Rafagol: “Véalos, allá van, ellos son viciosos”. Fue como si la policía hubiera mantenido un acuerdo con esta mujer para que le informara sobre quiénes eran los consumidores de drogas en el pueblo. Especulación posible porque los carmeleños sabían que en La Choricería vendían drogas con las empanadas y la fritanga. La mujer que atendía el mostrador y dos de sus hermanos pagaron cárcel por ese delito en diferentes momentos.

            Tampoco hay certeza de cómo procedieron los agentes de policía minutos después. Una versión dice que los agentes caminaron detrás de las dos víctimas y que, al darles alcance, las encañonaron y se las llevaron para la orilla del río de manera silenciosa. Otra versión dice que cuando las alcanzaron y las encañonaron, les dijeron que arrancaran a correr porque las iban a matar. Jorge Luis y Rafagol cayeron en la trampa porque al emprender la huida facultaron a los agentes para perseguirlos y dispararles. Según parece, todo esto lo hubiera podido aclarar el celador Antonio Correa.

            Lo que sucedió en la orilla del río también quedó irresuelto. Hoy no se sabe si los policías dispararon a quemarropa o a cierta distancia. Si dispararon de frente o por la espalda. Hasta las heridas en el cuerpo de Jorge Luis dieron para varias conjeturas. A la mañana siguiente, apenas vieron el cuerpo en el río, creció el rumor de que el pintor había sido decapitado. Otros dijeron que lo habían torturado cortándole la lengua, como castigo simbólico por ser marihuanero y atreverse a ser docente de primaria. Lo que no cuadra es que quienes sintieron los disparos muy cerca de su casa no recuerdan haber escuchado gritos o alaridos de alguien al que están mutilando o degollando vivo.

 

Imagínese el impacto cuando me dijeron que a Jorge Luis le habían cortado la cabeza. Pero no. Cuando el inspector Monsalve fue a ver, comprobó que no. La camisa inflada por el agua le había tapado la cabeza y se veía sujetada del cuello con el corbatín que se había puesto para el desfile.

Gloria Margarita Jiménez, amiga.

 

Al hacer la denuncia, la familia quiso cumplir con el requisito para que Jorge Luis fuera considerado víctima del conflicto armado interno, lo incluyeran en el Registro Único de Víctimas dispuesto con la ley 1448 y el Estado se viera obligado a cumplir con una reparación económica y otra simbólica. Sin embargo, la Unidad para las Víctimas determinó que este homicidio no se ajusta a un evento del conflicto armado interno porque —palabras más, palabras menos— no hay manera de determinar que los responsables hubieran sido grupos armados ilegales. Y en caso de que se hubiera comprobado la autoría de los agentes de policía, se hubiese debido contar con indicios que sugirieran un homicidio doloso y no un resultado positivo derivado de un operativo legal. “No se logra evidenciar abuso o fuerza por parte de la autoridad competente”, acota la resolución.

 

Para mí, el caso de Jorge Luis fue parte de la campaña de exterminio de los jóvenes del pueblo por parte de la fuerza pública. El Carmen del Atrato fue uno de los primeros lugares del país en donde se presentaron falsos positivos. A todos los jóvenes del Carmen que estuvieran en otros pueblos se los veía como guerrilleros. A Jorge Luis lo quisieron enlodar, pero nunca se tuvo una versión exacta. Hace poco hablamos de presentarle este caso a la Comisión de la Verdad para que se pueda investigar qué fue lo que pasó.

Padre Albeiro Parra.

 

El rastro

Hoy, agosto de 2020, Jorge Luis Saldarriaga tendría 59 años. Su historia sigue siendo un tema de conversación en el pueblo. Primero, porque su homicidio junto con el de Rafagol y el del celador, como se dijo líneas antes, marcó el inicio de la fase más cruda de la violencia en la cabecera municipal. Cada vez que alguien —un periodista, una oficina del Estado— llega preguntando por los hechos del conflicto armado recibe el recuento de este caso como inevitable punto de referencia. Y segundo, porque a Jorge Luis le bastaron pocos años de vida y de obra como docente y pintor para marcar su huella en la memoria de quienes lo conocieron y en las paredes de los colegios y de la parroquia. 

 

No solo mataron a un joven valioso, sino que mataron los ideales de muchos jóvenes que lo tenían a él como referente.

Padre Albeiro Parra.

 

La muerte de Jorge Luis me dio muy duro. Me tocó irme dos meses del pueblo. Me sentía culpable porque esa noche no me había quedado con ellos. Yo me decía que, si a Jorge Luis le daba por quedarse en la calle, yo lo hubiera impedido, me lo hubiera llevado para su casa y le habría evitado la tentación del licor.

Gloria Margarita Jiménez.

 

Luego de que lo mataron, nos quedamos sin profesor de artes. No había otra persona que pudiera hacer lo que Jorge Luis hacía. No volvimos a contratar a nadie más como profesor de artes.

Elizabeth Mora Chinchilla, rectora de La Colonia Escolar en 1988.

 

Los cuadros del Viacrucis que él restauró duraron colgados por más de veinte años en el mismo lugar; también, las pinturas que hizo para La Colonia Escolar. Quizás el cuadro que más lo distinguió fue la Última cena, que estuvo en el comedor principal del seminario Corazón de María hasta hace unos tres años. Era la imagen de Jesús sentado a la mesa pero acompañado solo por dos apóstoles. Era una pintura en batik, técnica con lienzo y tinta china, que podía medir 1 metro de alto por 1.20 metros de ancho.    

 

Yo llegué al Carmen del Atrato dos años después de que hubieran matado a Jorge Luis. Y me fui en 2008. En ese lapso, la historia de este pelao era una historia general. Por todo el pueblo uno podía escucharla. No faltaba el que llegaba por primera vez al comedor del seminario y, al ver el cuadro, preguntaba por el autor y entonces alguien le contaba la historia. Y todo lo que contaban era bueno, hasta el punto de que yo llegaba a sentir dolor por alguien que no conocí y me decía: qué rico haberlo conocido, qué triste haberme perdido de una persona tan buena.

Adelson Mena, profesor y luego rector del seminario Corazón de María.

 

A la familia Saldarriaga Calle le quedaron los recuerdos y las fotos en el álbum. Olga cuenta que cuando un hijo suyo se deja crecer el pelo, la gente le dice que queda muy parecido a Jorge Luis. Y por el tono en que rememora los hechos, se nota que hizo el duelo y logró tramitar la ausencia. Otros de los hermanos, sin embargo, todavía cargan consigo cierto resentimiento, la impotencia y la indignación.

Durante un tiempo, Néstor guardó las páginas de un periódico de Cali en el que informaban sobre la muerte a tiros, en calles de esa ciudad, del agente de policía que había asesinado a Jorge Luis. Su alias era “Chica”. Luego, Néstor se desentendió de aquella noticia justiciera y dice que ese periódico se le embolató. Transcurrido todo este tiempo luego de aquella madrugada de 1988, Néstor acepta que no espera nada del Estado: 

 

Con esas fuerzas tan oscuras que hay en la policía, uno no ve posibilidades de nada.









Para ese entonces la policía había pasado el reporte como le había dado la gana.

 

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