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Iván Duque es un político mediocre al que muchos colombianos comentan, es poco más que un peón del expresidente, ultraderechista, Álvaro Uribe Vélez, quien sigue siendo el verdadero gobernante del país. Cuando llegó a la presidencia en 2018, Duque prometió que reduciría los impuestos a las empresas. El actual paquete es, de hecho, la tercera reforma tributaria de Duque.[i]Una vez que Covid-19 golpeó con fuerza, Duque decidió no desperdiciar una buena crisis e impulsar aún más la agenda neoliberal. Por el momento, las últimas propuestas se han retirado, pero la agenda no.

 

Los movimientos sociales en el centro del Paro Nacional piden, con razón, la renuncia de Duque, pero incluso eso no sería suficiente. Duque es la cara visible de una alianza neoliberal y neocolonial asesina.

La estrecha alianza que rige en Colombia es una dependencia mutua entre, por un lado, la propia clase dirigente del país, compuesta por un cúmulo de grupos de élites económicas, políticos corruptos, militares y sus auxiliares narcoparamilitares; y, por otro, el gran capital internacional respaldado por los militares estadounidenses y del Reino Unido. Los intereses de estos grupos convergen a expensas de la gran mayoría del pueblo colombiano. 

 

 

Fuerte aumento de la pobreza - Una sociedad en colapso

La crisis de COVID ha provocado una recesión en la economía colombiana. Una caída del 6,8% en la producción medida del Producto Interno Bruto (PIB). En medio de la pandemia, se ha producido una mayor polarización de clases.  Además, todos los indicadores muestran una caída en el nivel de vida de la clase trabajadora incluso antes de la llegada del COVID. La tasa de la pobreza oficial subestima el grado de la pobreza real, aun así, muestra un salto del 36,1% al 42,5% de la población entre 2015 y 2020. El aumento de la pobreza es realmente grave en las ciudades, donde otro 10,8% de la población se ha unido a las filas de los pobres. En cifras oficiales, 5,7 millones de colombianos más han sido empujados a la pobreza en sólo los últimos tres años.[ii]

 Los ingresos del Estado se pierden por los enormes flujos de beneficios que salen del país

La causa inmediata del paquete de reformas de Duque es el déficit fiscal del Estado. En 2020 los ingresos fiscales de Colombia eran sólo el 20% del PIB,[iii]mientras que el gasto del Estado era del 28% del PIB. La brecha entre estas dos cantidades, el 8% del PIB, era el déficit fiscal anual. Cada año de déficit empeora el endeudamiento acumulado del Estado, que bajo Duque se ha disparado del 47% en 2018 a dos tercios del PIB en 2021.[iv]

Las últimas propuestas de reforma fiscal de Duque aumentarían los impuestos y reducirían el gasto del Estado. Pero existen profundos problemas estructurales propios de un país neocolonial al que se le drena continuamente la riqueza. Entre otras cosas, porque gran parte de los ingresos del Estado se pierden por los flujos de beneficios que salen del país por dos vías principales: en primer lugar, las exenciones del impuesto de renta a grandes empresas, ya sea de propiedad local o multinacional; y, en segundo lugar, el pago de la deuda pública a los bancos. 

 

  • Exenciones del impuesto de renta

 

La tasa real del impuesto de renta que pagan las grandes empresas es mucho menor que la tasa oficial del 25% de sus beneficios.  Una vez que se tienen en cuenta los distintos regímenes de exención, las multinacionales mineras solo han pagado en torno al 10% desde 2013; y las petroleras aún menos, en torno al 2% desde 2015. Lo que Álvaro Pardo denomina un "’regalito’ tributario a las compañías de minas y petróleos" de 3.300 millones de dólares al año, [v] ha provocado un auténtico agujero que está “desangrando las finanzas de la nación". [vi]

 

En el punto álgido del boom de las materias primas, en 2013, las industrias extractivas proporcionaron un tercio de los ingresos del gobierno al tiempo que obtuvieron beneficios espectaculares. Por ejemplo, la mina de carbón El Cerrejón ha proporcionado al menos 9.200 millones de dólares de beneficios a sus tres propietarios, Anglo-American y BHP con sede en Londres, y la multinacional suiza Glencore. Pero las grandes empresas han recortado sus pagos de impuestos, y el impuesto de renta a empresas sólo representa el 8% de los ingresos del gobierno.[vii]

 Según una estimación, Colombia pierde más de 11.600 millones de dólares al año por el abuso del impuesto de renta a empresas, el segundo país de América Latina después de Brasil (14.600 millones de dólares), pero mucho más alto en términos per cápita.  El impuesto de renta a empresas perdido cada año, son 232 dólares por cada colombiano. En otras palabras, los impuestos perdidos equivalen al 72% de todo el gasto del Estado en salud pública.[viii]

 Gran parte del dinero que no se paga en impuestos en Colombia va a parar a Estados Unidos y al Reino Unido. El centro financiero de Londres juega desapercibidamente un papel principal en el abuso al impuesto de renta a empresas globalmente. Está en el centro de una telaraña de paraísos fiscales que es "responsable del 28,5% de los 245.000 millones de dólares en impuestos que el mundo pierde cada año por el abuso fiscal de las empresas".[ix]

 

  • Pago de la deuda pública a los bancos

Luego hay un segundo gran problema: la deuda pública y la amenaza de tasas de interés aún más altas para saldarla. El alcance en que los ingresos entrantes del estado no están disponibles para uso público, porque simplemente salen de nuevo, se indica en el presupuesto de Colombia para 2021, designado de la siguiente manera:

 

  • Gastos de explotación 59%
  • Inversión 18%
  • Deuda pública y pago de intereses 23%. [x]

 ¡Un 23% de todos los ingresos recaudados va directamente a los bancos! Los pagos de la deuda ascienden a 18.800 millones de dólares al año. ¿Por qué el gobierno no se niega a pagar la deuda? La razón es que representa un interés de clase alineado con los bancos, las corporaciones nacionales y las multinacionales, que prefiere compartir la explotación y la criminalización de su propio pueblo en lugar de enfrentarse a los beneficiarios de la extracción de riqueza, por no decir que le importa poco la destrucción total del medio ambiente que está incorporada al régimen extractivista.

 

Los acreedores internacionales girando el tornillo una vez más

Las instituciones financieras internacionales presionaron por la reforma tributaria que desencadenó las protestas, según reveló el corresponsal en Bogotá del Financial Times (FT) de Londres:

“El estatus de Colombia desde hace una década como nación con grado de inversión se pondrá a prueba cuando el gobierno de Iván Duque intente aprobar un paquete de reforma fiscal para estabilizar una economía que se ha desbarajustado durante la pandemia del coronavirus”.[xi]

El artículo explica que "estabilizar la economía" requiere que el gobierno aumente los impuestos y haga recortes severos en el gasto estatal para cerrar el déficit fiscal si quiere evitar que se le cobre una tasa de interés más alta sobre sus deudas. A menos que se tomen medidas drásticas, las agencias de calificación crediticia rebajarían la calificación de Colombia a un estado de bonos casi basura, “por debajo de un pequeño grupo de países latinoamericanos con grado de inversión que incluye a México, Chile y Perú”.

Por supuesto, el FT no cuestiona el derecho de las agencias de crédito en Wall Street y el centro financiero de Londres a establecer condiciones para el gobierno colombiano, o en cualquier otro lugar del mundo.[xii] Sin embargo, su análisis da una idea de la cadena de control que vincula a los centros internacionales del poder financiero, en un extremo, con las imposibles condiciones de vida en las calles de Cali y de toda Colombia, en el otro.

El plan de reforma tributaria era recaudar 25,4 billones de pesos (6,8 mil millones de dólares) cada año a partir de 2022, de los cuales solo 3 billones de pesos (0,8 mil millones de dólares) provendrían de corporaciones, mientras el resto de gravar a la población.[xiii] Aproximadamente tres quintas partes de los ingresos adicionales que se recaudarán eran pre asignados a la reducción del déficit fiscal, recortando efectivamente los servicios para saldar la deuda, como demandan las agencias internacionales de crédito.[xiv]

Consolidando la desigualdad

Para poner la "reforma" en el contexto de las desigualdades existentes, el salario mínimo en Colombia es, con las concesiones de transporte, de solo 269 dólares al mes. [xv] La distribución de los ingresos es altamente sesgada. Libardo Sarmiento señala que “únicamente 12 por ciento de las personas ocupadas en el país ganan más de dos salarios mínimos”.[xvi] El país tiene una de las distribuciones de ingresos más desiguales del mundo, con el 10% de la parte alta quedándose con el 50% de todos los ingresos. La desigualdad de la riqueza es aún mayor. El 10% de la parte alta posee más del 95% de la riqueza. Casi toda la riqueza material del país se concentra en los súper ricos y súper súper ricos. [xvii]

Los mayores aumentos del impuesto sobre la renta propuestos por la reforma, del 9%, serían para la clase media baja, es decir, para los ingresos de unos 1.500 dólares al mes. Pero el incremento de las tasas impositivas solo sería del 2% para el 10% con mayores ingresos, aquellos que ganan alrededor de 8,000 dólares al mes o más. Los ingresos de la clase trabajadora de hasta 900 dólares al mes no tendrían ningún aumento del impuesto sobre la renta. No obstante, los hogares de la clase trabajadora estarían en peor situación porque, en cambio, se verían afectados por el aumento en la canasta de productos sujetos al IVA a una tasa total del 19%,  incluidas computadoras y teléfonos móviles, y productos básicos como el arroz y la pasta.[xviii] ¡Los pobres solo estarían mejor si dejaran de comer! ¡Y ni que hablar si se atreven a comunicarse a través de las redes sociales!

Así, a pesar de que Duque lo denominó "solidaridad social", el efecto global del paquete sería el contrario, no progresivo sino regresivo; es decir, mayores aumentos de impuestos para los pobres y la clase media baja que para los ricos. Incluso sin el paquete propuesto, el impuesto sobre la renta de Colombia "es sumamente benévola con las personas más ricas". En resumen, el paquete ha arraigado la desigualdad, no la ha reducido. [xix]

Militarización del Estado y del País...

El estado colombiano es un estado de guerra, no un estado de bienestar. Si bien la violencia estatal ha sido principalmente contra su propia gente, como lo estamos viendo una vez más hoy, existe un quid pro quo de apoyo mutuo entre los comandos militares de Colombia y Estados Unidos que involucra el papel internacional de Colombia como pilar para las estrategias imperialistas de los Estados Unidos (y el Reino Unido).

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán por parte de la CIA, las fuerzas de seguridad colombianas han mantenido estrechas relaciones con el ejército estadounidense. Colombia envió tropas para unirse a la guerra de Corea en la década de 1950. Estados Unidos envió personal militar a Colombia a principios de la década de 1960 para detener la expansión de la revolución cubana, y nuevamente de manera masiva bajo el Plan Colombia a fines de la década de 1990. Esta colaboración militar interestatal es profundamente arraigada, institucionalizada y continua. La notoria Escuela de las Américas ha capacitado a más oficiales colombianos que del resto de América Latina.

Renán Vega señala que Estados Unidos mantiene al menos cuarenta bases en Colombia, no las siete que habitualmente se reportan. Las bases son de muchos tipos, pero en general están configuradas como ubicaciones operativas avanzadas desde las que se pueden lanzar ataques contra Venezuela o, de hecho, contra cualquier lugar de América del Sur y el Caribe.[xx] En 2018, Colombia se unió a la OTAN, el único país latinoamericano en hacerlo, en un estatus especial de 'socio global'.[xxi]

A pesar de que el país se encuentra supuestamente en una situación de posconflicto, el ejército no está siendo recortado; al contrario, Duque planea gastar más en ellos. Con 10.600 millones de dólares anuales, el gasto militar de Colombia sigue siendo, con diferencia, el más alto de América Latina en proporción al gasto del Estado. Hay 267 mil fuerzas armadas, 186 mil policías y 24 mil civiles en nómina, casi medio millón de efectivos en total.[xxii]Además de esto, Duque quiere gastar otros 4.5 mil millones de dólares en 24 nuevos aviones de combate F16 de la corporación estadounidense Lockheed Martin. La razón dada es tener un poder aéreo superior sobre Venezuela.[xxiii]

La máquina militar gira tanto internamente como externamente. Un tercio del ejército colombiano, 82.000 militares, está en los batallones de "minería y energía". Se sitúan alrededor de las minas y los yacimientos petrolíferos para hacer cumplir los requisitos de seguridad de estas industrias extractivas, y especialmente de las empresas multinacionales con sede en el Reino Unido, que han predominado en estos sectores. [xxiv]

La insensibilidad del gobierno y los militares colombianos hacia las muertes como resultado de sus operaciones se destacó en la respuesta del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre una operación del ejército el 2 de marzo de 2021. El ejército bombardeó el campamento de un grupo disidente de las FARC en Calamar, departamento de Guaviare. Los informes iniciales indicaron que el bombardeo mató al menos a 10 personas, 4 de las cuales eran menores. La respuesta de Molano fue que estos jóvenes, víctimas, habían sido prescindibles por ser "máquinas de guerra". [xxv] Otro informe del veterano periodista de investigación Hollman Morris identifica al menos a 13 niños y adolescentes, de la edad de nueve años en adelante, fueron asesinados o "desaparecidos" por el ataque aéreo del ejército. [xxvi] Incluso esta información no ha suscitado todavía ninguna disculpa oficial.    

 

Liquidación de la Oposición…Genocidio de la Juventud: juvenicidio.

Supuestamente en una situación de posconflicto desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC en 2016, pero nada más lejos de la verdad. La presencia de larga data del paramilitarismo de ultraderecha fue cada vez más legitimada e integrada con el poder estatal oficial de Uribe. Estos vínculos se han vuelto aún más evidentes con Duque. La violencia combinada estatal y paramilitar de ultraderecha ha continuado sin cesar en un proyecto para eliminar todas las formas de oposición, incluida la movilización social y política. Desde el acuerdo de paz ha habido más de 1.200 activistas sociales y ambientales asesinados, incluidos indígenas, activistas LGBT, mujeres organizadoras, afrocolombianas y sindicalistas, así como guerrilleros desmovilizados de las FARC. [xxvii]

Estos objetivos tienen una lógica clara, la focalización y liquidación de personas que demuestran su oposición al sistema dominante. Es un genocidio político continuo,[xxviii] que ahora ha marcado un nuevo capítulo, el objetivo a una generación política completamente nueva: la juventud.

Las fuertes disminuciones en los niveles de vida desde 2018, especialmente en las áreas urbanas, son uno de los detonantes de la creciente revuelta. El sistema actual simplemente se ha vuelto inaceptable para los millones de jóvenes colombianos condenados a una vida sin apoyo y sin futuro. [xxix]El estado ha declarado la guerra a la juventud, decidido a aplastar su rebelión con un nuevo genocidio político –un juvenicidio– dirigido a los jóvenes de la clase trabajadora que se han lanzado al frente de la resistencia popular porque no tienen nada que perder.[xxx]

En las dos semanas de protestas masivas del 28 de abril al 12 de mayo de 2021, se cree que las fuerzas policiales estatales han cometido 39 homicidios y se han denunciado muchas otras formas de violencia física.[xxxi] Los últimos informes indican que la policía está montando un programa de limpieza social contra los manifestantes.[xxxii]

Por experiencia previa, una vez que sienta que ha recuperado la iniciativa, el Estado colombiano será despiadado.

 

Responsabilidad del Reino Unido por la represión en Colombia

La violencia policial en Colombia es sistemática y se lleva a cabo con total impunidad, tanto a nivel internacional como nacional. Esta es un área en la que el papel del Reino Unido es un pilar fundamental para legitimar la represión estatal colombiana.

Se acaba de revelar que el Colegio de Policía del Reino Unido ha estado capacitando a los agentes de policía colombianos durante los últimos 3 años.[xxxiii] Esta es la punta de un iceberg de colaboración policial y militar encaminada a reprimir los movimientos populares y defender los intereses estratégicos y multinacionales del Reino Unido. No podemos esperar que estos compromisos estratégicos se desvanezcan fácilmente, especialmente porque las ambiciones del Reino Unido se han vuelto aún más imperialistas después del Brexit.[xxxiv]

Persuadir a los parlamentarios británicos para instar al gobierno a detener el entrenamiento de la policía del Reino Unido y equipar a la policía colombiana es un comienzo.[xxxv]

Necesitamos ir más allá en esta dirección y brindar pleno apoyo a todos los movimientos sociales colombianos en primera línea, especialmente a aquellos que enfrentan la destrucción social y ambiental provocada por las multinacionales del Reino Unido.[xxxvi] Se trata de un vínculo directo a la defensa del planeta de un colapso climático, del que son especialmente responsables las empresas de combustibles fósiles del Reino Unido.[xxxvii]

La crisis actual apunta a otra área por abrir, que aborda la extracción encubierta de la riqueza de Colombia por parte de los bancos. Es hora de poner fin a los robos bancarios a la gente. Debemos unirnos a la terrible situación en Colombia con campañas exigiendo la cancelación de la deuda internacional.

 

Colombia se dirige a un enfrentamiento... Tome aquí una postura

Cada uno de estos tres aspectos relacionados con la crisis fiscal del estado colombiano, la no recepción de impuestos corporativos, sus importantes pagos de deuda y el enorme presupuesto militar continuo, hablan de sus relaciones con el imperialismo.

El gobierno de Duque podría negarse a pagar la deuda y no gastar tanto en el ejército, poner el dinero en un programa de salud pública adecuado. Pero, por supuesto, no lo hará, debido al interés de clase que representa. Y si lo hiciera, correría el riesgo de que esos mismos F16 se volvieran en su contra.

Se necesita un régimen completamente nuevo que anteponga las necesidades del pueblo a la alianza financiera-extractivista-militar gobernante. Los problemas son cada vez más claros. El país se está polarizando entre los súper ricos y los súper pobres explotados.  Todo el mundo lo sabe y la gente toma partido. El nuevo ingrediente es la aparición de los jóvenes de la clase trabajadora como actores políticos. Una nueva generación en primera línea de resistencia. Una vez más, Colombia se dirige a un enfrentamiento.

Esto es más que un asunto interno. La situación exige una acción urgente de solidaridad internacional que se movilice para poner fin a las violaciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, aborde a las potencias imperialistas que se benefician y refuerzan la violencia estatal de Colombia. Tenemos que derribar las mismas estructuras que causan la violencia.

Debido a que existe una cadena internacional de intereses mutuos basados en la explotación y la represión, es necesario que haya una cadena internacionalista alternativa. Una cadena de resistencia basada en la solidaridad y el respeto por la vida.

 

Notas

[i] Libardo Sarmiento Anzola, ‘Reforma tributaria 2021:el tercer raponazoduquista’ Le Monde Diplomatique Edición 210, mayo 2021, pp. 4-7

[ii] Libardo Sarmiento Anzola, La miseria, enfermedad social

[iii]https://justiciatributaria.co/el-tiempo-impuestos-a-las-empresas-en-el-pais-que-tan-pesados-son/

[iv] Sarmiento, p.4

[v] https://razonpublica.com/el-regalito-tributario-a-las-companias-de-minas-y-petroleos-us-3-300-millones-anuales/

[vi] Los beneficios tributarios a las empresas están desangrando al país - Razón Pública (razonpublica.com)

[vii] https://razonpublica.com/el-regalito-tributario-a-las-companias-de-minas-y-petroleos-us-3-300-millones-anuales/

[viii]https://actualidad.rt.com/actualidad/374199-brasil-colombia-mexico-impuestos-multinacionales

[ix]https://www.globaltaxjustice.org/sites/default/files/The_State_of_Tax_Justice_2020_ENGLISH.pdf

[x]Los beneficios tributarios a las empresas están desangrando al país - Razón Pública (razonpublica.com)

[xi] Gideon Long,Colombia’s investment grade status at stake in tax battle’ 1st March 2021 Financial Times

[xii] Esto forma parte de la pauta general de fuerte aumento del endeudamiento de los países del "Sur Global", véase John Smith ‘La Mayor Crisis de la Deuda de la Historia ha Llegado’ in Nuestra América XXI: Desafíos y Alternativas No 50, pp.2-4 at https://nuestraamericaxxi.files.wordpress.com/2020/12/boletin-50.pdf

[xiii] Estas cifras se han calculado al tipo de cambio de 3.750 pesos colombianos por 1 dólar estadounidense. La convención en Colombia es que un billón de pesos es un millón de millones de pesos. La convención que se sigue en la esfera ingles hablante es que un billón (bn) equivale a mil millones de dólares, y un trillón a un millón de millones.

[xiv]https://www.semana.com/nacion/articulo/como-va-usted-en-la-reforma-tributaria/202109/

[xv]https://www.salariominimocolombia.net/

[xvi] Sarmiento, p.5

[xvii]La reforma tributaria consolida la inequidad - Razón Pública (razonpublica.com)

[xviii] Sarmiento, p.5

[xix]La reforma tributaria consolida la inequidad - Razón Pública (razonpublica.com)

[xx]https://soaw.org/colombia-bases-militares-de-estados-unidos-neocolonialismo-e-impunidad

[xxi]https://www.reuters.com/article/us-colombia-nato-idUSKCN1IR0E8

[xxii]https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-gasto-militar-de-colombia-es-el-mas-alto-de-la-region-supera-los-us10000-millones-2905034

[xxiii]https://www.infobae.com/america/colombia/2021/03/28/gobierno-de-colombia-parece-decidido-en-comprar-los-nuevos-aviones-de-combate-por-4500-millones-de-dolares/

[xxiv]https://soaw.org/colombia-bases-militares-de-estados-unidos-neocolonialismo-e-impunidad

[xxv]https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/11/colombia-defence-minister-children-machines-of-war-diego-molano

[xxvi]https://www.elespectador.com/judicial/son-maquinas-de-guerra-asi-justifico-diego-molano-bombardeo-a-adolescentes-article/

[xxvii]http://www.indepaz.org.co/pazparaliderar/

[xxviii]https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/tag/Javier%20Giraldo.html

[xxix]https://www.leftvoice.org/colombias-national-strike-an-on-the-ground-report-from-bogota

[xxx]https://elturbion.com/16872

[xxxi]http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/05/INFORME-CIDH-VIOLENCIA-POLICIAL-PROTESTA-SOCIAL.pdf

[xxxii]https://www.contagioradio.com/en-popayan-se-estaria-organizando-limpieza-social-contra-manifestantes/

[xxxiii]https://www.thecanary.co/investigations/2021/05/01/colombian-police-are-killing-civilians-british-police-are-training-them/

[xxxiv] As set out in:https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy#:~:text=The%20Integrated%20Review%20is%20a,national%20security%20and%20international%20policy.&text=The%20document%2C%20which%20is%20the,a%20vision%20for%20Global%20Britain.   For critique see: https://www.peaceinkurdistancampaign.com/video-imperialism-and-the-liberation-struggle-of-tamil-eelam-an-interview-with-prof-andy-higginbottom/

[xxxv]https://secure.waronwant.org/page/82685/action/1

[xxxvi]www.colombiasolidarity.org.uk  and https://londonminingnetwork.org/

[xxxvii]https://mronline.org/2019/07/17/global-britains-real-climate-changers-big-oil-must-be-taken-down/

El invierno del Patriarca

* El autor de este texto es escritor y sociólogo.

 

Podemos pensar, con el guiño de nuestro Nóbel de literatura, que todos los patriarcas tienen su otoño; eventualmente, tienen también su invierno, y con el movimiento de la historia, sus voces se congelan, aunque permanezcan en la memoria como el eco de una pesadilla dantesca. Vienen a la mente las imágenes de un Pinochet decrépito, expulsado del poder por las voces de la juventud chilena, que, con el recuerdo vivo de sus muertos, tomó la calle por asalto y abrió la puerta a la transición democrática. El cadáver de Mussolini fue desfigurado en plaza pública y Hitler se suicidó, acosado por las fuerzas militares de la Unión Soviética y los aliados. Franco, recibió la extremaunción, en un telegrama del papa Pablo VI, antes de agonizar, un poco más lejos del cielo, en un viejo botiquín como quirófano improvisado, a media luz y agobiado por terribles dolores. Si bien, el patriarca colombiano todavía toma aguardiente con valeriana para poner sordina a las acusaciones, y da charlas en mal inglés sobre cómo gobernar, al tiempo que se bambolean las columnas de la institucionalidad en Colombia, se va llenando de líquenes y pequeños animales de mar como el patriarca garciamarquiano; como barco que no acaba de hundirse.

La decadencia del patriarca es relativa. Aún lo quieren sus hijos, sus caballos inclinan la cabeza en su presencia, aunque a la fuerza; y con más vehemencia, le rezan empresarios, la soldadesca más obtusa y los robo-cops del humo y la paliza. A su lado, la gente de bien, coleccionista de sombreros aguadeños y armas de largo alcance, en la ciudad de los jardines,  y otros ejemplares de una fauna pintoresca, siguen guardando fidelidad a la secta. Hasta el ícono más raído, siempre llevará un séquito a su vera. Sin embargo, desde que una legión de colombianos se dio cuenta de que el virus más letal no nació en Wuhan, sino en Medellín, la dictadura del cubre bocas no bastó para tenerlos en casa, sintonizando las noticias, y las calles se inundaron de música y voces de juventud. La bandera restalló en el cielo, puesta del revés, porque el rojo sangre cubrió su mayor franja, y las cacerolas comenzaron a gritar. Los 1800 pesos del cálculo oficial, no alcanzaban para la docena de huevos que había que fritar para un desayuno continental en el hotel Carrasquilla.

Aunque, se dice que el deporte nacional es el olvido, la legión de la protesta está bien informada sobre los acontecimientos de las últimas dos décadas. Desde que Timochenko se sustrajo de la selva para internarse en otro hábitat de micos, lagartos y conejos, ya no hubo a quién echarle la culpa de todos los males del país. Por eso suenan cumbias y carnavales en las calles, pero también disparos y explosiones. Se supo que, en un momento de saturación hospitalaria, cuando la bandera nacional era un trapo rojo en la ventana de los hogares más pobres, el gobierno del Duque de Edimporco, regaló, como lo han hecho hace años los gobiernos nacionales, medio billón de pesos a la banca privada: casi lo único que crece en el país. Bueno, eso, la indignación y el desempleo, porque en los millones de hectáreas de tierra cultivable, crece hierba para alimentar vacas, casi exclusivamente. La gente está enojada porque acá solo dejan sembrar muertos, se venían quejando, pero no se oía mucho. Por el tapabocas.

Ahora que, no sólo están bloqueadas las vías del "desarrollo" industrial en el país, sino también las de transporte, se impone la necesidad de concretar un programa de reformas para encausar el avance de la sana protesta social hacia la afirmación de políticas que protejan a la población vulnerable; fijen un sistema de tributación que vigile el capital financiero y deje de socializar las pérdidas de la banca privada, y es seguro que conviene un cálculo más sensato de los salarios de congresistas y altos funcionarios del estado. La revisión del rubro financiero dedicado a las fuerzas militares es un deber de la época, porque no se pueden contar las balas equivocadas de blanco y parece que la guerra del estado colombiano es contra los inconformes. Teniendo en cuenta que no estamos en guerra contra Rusia, es probable que el dinero gastado en munición, helicópteros y vehículos de combate pueda emplearse de otra forma.

Si bien, la voluntad de mantenerse en la calle parece ilesa, una de las formas de asegurarnos de que el costo humano de las jornadas no sea en vano, es organizar un pliego mínimo de peticiones y estructurar la movilización en torno de ese documento. Bien notada la magnitud del movimiento, podemos incluir puntos como un alza general de salarios, la renta básica, una reforma laboral –por condiciones dignas de trabajo y estabilidad-, mayor responsabilidad social de empresas como Transmilenio, que producen sumas astronómicas de dinero con una inversión subsidiada en su totalidad con recursos públicos, y apenas un 5% de aportes al estado. Cumplimiento de los acuerdos de paz, desmonte del ESMAD, entre otras medidas, mejor acordadas en asambleas populares y barriales. Se trata de abrir un espacio de concertación con el gobierno nacional, de carácter democrático y horizontal, para evitar los arreglos a puerta cerrada y los pactos espurios, que tantas veces han aplazado soluciones perdurables a las demandas de los movimientos sociales. Solo puede admitirse una negociación pública. La multitud de la esperanza es de protestones, no de protestantes y de su inteligencia en la organización de canales de diálogo descentralizados y en la construcción de un pliego a la altura de la historia, depende que se acelere la llegada del invierno del patriarca.

 

 

 

 

Anorí, Antioquia – El miércoles 20 de mayo del año pasado, una bala disparada por el ejército le atravesó el corazón a Oriolfo Sánchez Ruíz. Los fusiles tronaron en las veredas Los Tenches de Anorí, nordeste de Antioquia. Oriolfo fue otra víctima mortal de los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.

Según la ONU, más de 1000 familias de Anorí aceptaron erradicar voluntariamente sus cultivos de coca. A cambio el Estado colombiano se comprometió a darles seis pagos de dos millones de pesos cada dos meses, un proyecto productivo de millón ochocientos, y otro proyecto productivo de nueve millones.

“El gobierno dice que el cumplimiento es del 90% pero [3 años después] apenas va en un 40%. A los campesinos les dieron gallinas y no les dieron el cuido. A otros les prometieron peces y les llevaron pollos. A otros les llevaron el cuido y no les llevaron gallinas ni peces. Fue un engaño para el campesino”, asegura Homero Hernández, líder comunitario de Anorí.

Los miles de campesinos cocaleros y mineros del nordeste y bajo cauca antioqueño que desde el 25 de abril acampa al sol y al agua en Anorí, piden que el gobierno cese los ataques e implemente el punto 1 –la reforma rural integral– y el punto 4 –la sustitución consensuada de cultivos de uso ilícito– del Acuerdo de Paz.

“Nosotros decimos que la coca no es buena. Pero el gobierno no nos trae bienestar a las comunidades; al campesino le toca echar mano de lo que hay. No hay carreteras ni vías de acceso. Si decimos que vamos a sembrar un cultivo de plátano, desde que amarramos los plátanos a la mula, cuando llegamos al pueblo ya están maduros”, dice Camilo Torres, líder de la Asociación de Campesinos en Vía de Extinción (Ascavex). “Dijimos que si el gobierno cumplía, el campesino jamás volvía a tocar un palo de coca”, complementa Homero.

El gobierno incumplió en materia económica, sacó a muchas familias del programa de forma arbitraria, y tampoco hizo el estudio de suelo prometido ni la titulación de tierras, pues el 90% de los campesinos anoriceños no tienen título de propiedad.

El papel de la ONU, garante del Acuerdo, también queda en entredicho: “Se imaginaban las organizaciones que la ONU era garante. Nos preguntamos por qué la ONU terminó siendo contratista y ejecutando recursos. La ONU le falló a los campesinos”, asegura Camilo Torres.

El gobierno está empeñado en vulnerar al campesinado y mantenerlo subsistiendo de una economía “ilícita”. La plata que debería destinar a las vías terciarías y la creación de cooperativas, prefiere invertirlas en las aspersiones del nocivo glifosato. La reanudación de las fumigaciones que el gobierno anunció hace unos días es otro detonante del paro cocalero: “No vamos a permitir que el territorio vuelva a ser fumigado con glifosato. Lo vivimos entre el 2010 y 2015 y no hubo sino destrucción, envenenamiento, muerte, y abortos en animales y de mujeres gestantes”, asegura Luz Mery López, lideresa del municipio.  

Oro para los nacionales, no para las multinacionales

El otro renglón económico amenazado por la política gubernamental es la minería. Los mineros del nordeste, el bajo cauca antioqueño y parte del sur de Bolívar, están cansados de que el ejército queme sus máquinas y les incaute el oro. Además, les preocupa que con el proyecto de ley 059, el gobierno pueda encarcelar por 10 años a todo minero ancestral que extraiga el mineral y tenga maquinaria amarilla.

“Estamos pidiendo una tregua de dos años para demostrar que somos mineros artesanales. Para mostrarle al gobierno que la ancestralidad no se puede demostrar con una factura; se tiene que demostrar con hechos que tenemos. Anorí fue fundado por mineros ingleses y franceses. No fuimos nosotros, fueron ellos los que vinieron a explotar minas, y nuestros abuelos aprendieron ese oficio”, plantea José David Hernández Gandía líder y vocero de las comunidades cocaleras y mineras.

Los campesinos consultados para esta nota aseguran que la legislación minera colombiana privilegia la concesión del territorio a las multinacionales extranjeras. Los estudios y trámites requeridos para obtener una concesión pueden costar más de 200 millones, una cifra inalcanzable para los campesinos y campesinas que viven del día a día. “No queremos ser peones ni esclavizar el pueblo a una multinacional”, manifiesta Luz Mery.

“Quieren atacar la pequeña y mediana minería metiéndonos a todos al mismo costal de crimínales. Pagamos una vacuna y el gobierno dice que financiamos y pertenecemos a los grupos armados –dice José David–. Pero si la vacuna la paga una multinacional es una extorsión”.

Si el gobierno nacional, departamental y local no escucha, no se comprometa a parar criminalización, y no soluciona los problemas estructurales que tienen a miles de familias en el hambre, la pobreza y la inseguridad, el paro cocalero y minero no termina. Aunque las condiciones en las que protestan no son las mejores, Leidy Johana Sierra, líder de la Asociación de Familias del Bajo Cauca (Afasba), dice convencida que “si no nos dan respuesta, aquí nos quedamos, no tenemos afán; más perdemos cuando el Estado nos ataca”.

 

Texto: Juan Alejandro Echeverri

Foto: David Alejandro Pérez

Puerto Oculto, Cesar - La carretera de tierra cuarteada por la que me lleva Auden, antes era ciénaga toda. Hace más de 10 años no se movilizan en motos sino en las canoas que ahora el tiempo pudre en los solares de Puerto Oculto.

Éste corregimiento de San Martín, Cesar, que colinda con Puerto Wilches y Rionegro, Santander, fue uno de los principales puertos pesqueros del departamento, si no el más importante. Tal era la abundancia, cuentan los mayores y mayoras, que pescaban más de diez arrobas en dos horas, salían camiones atestados para Bogotá, y aún así tenían que botar parte de lo pescado.

La caravana ambiental por la región de los dos ríos, que inició hoy en Puerto Oculto, es el primer grito de auxilio por los crímenes ambientales que privados y multinacionales cometen con la complicidad de las instituciones estatales.

En el caso de Puerto Oculto y alrededores, terratenientes de las familias Téllez y Navarro, alteraron el curso natural de los ríos que tributan a las ciénagas; levantaron jarillones; invadieron el ecosistema con búfalos capaces de destruir la vida biológica que encuentran a su paso; y poco a poco cercaron y se autodeclararon dueños de lo que no puede tener título de propiedad.

Tales agresiones ambientales son una revictimización para las comunidades que fueron desplazadas a finales de los noventas y principios del siglo por el grupo paramilitar Héctor Julio Peinado Becerra' de las Autodefensas Unidas de Colombia, comandadas por Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada, cuyos familiares ahora están al frente de la Personería, la Unidad de Víctimas, la Inspectoría y otras dependencias de San Martín.

A pesar de esta campaña privada e institucional de revictimización, los procesos sociales de Puerto Oculto y la región de los dos ríos quieren “salvar lo poquito que queda”.

Las familias de Puerto Escondido han recuperado desde hace 6 años cientos de hectáreas que les fueron usurpadas. Una vez recuperada la tierra, también recuperan la posibilidad de sembrar y ser soberanos alimentarios, económicos y ambientales.

En el sur del Cesar, sur del Santander, sur de Bolívar, nordeste y Bajo Cauca Antioqueño -la gran región bañada por los ríos Cauca y Magdalena- saben que “el Estado quiere que las clases sociales golpeadas y campesinas dependan de que el Estado garanticen unos derechos mínimos. “Antes no había plata debajo de la almohada pero había mucha comida; nunca nos enseñaron que eso era riqueza”, afirma Jorge Tafur, vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, sur del Cesar y sur de los santanderes, quien organiza la caravana y está integrada por más de 40 procesos.

Teófilo Acuña líder del Coordinador Nacional Agrario y de la Comisión, plantea que el propósito de estos delitos ambientales “no es abrirle paso al monocultivo de palma de aceite, ni a la cría de búfalo; es sacar a los campesinos para poner en marcha la explotación petrolera por medio del fracking”, cuyos pilotos se harán en San Martín y Puerto Wilches.

La caravana termina el domingo 18 pero la defensa del territorio parece no acabar. Y mientras haya tierra en las manos equivocadas, habrán campesinos empecinados en labrar otro destino.

ISRAEL EN CASA

Miremos la imagen. Una retroexcavadora está destruyendo una casa, es una máquina accionada por orden del Estado. La imagen es bien conocida a nivel mundial porque representa la omnipotencia criminal del Estado de Israel contra el pueblo palestino, al que todos los días los ocupantes sionistas destruyen sus casas. Puede pensarse que la fotografía corresponde a Israel. Pero no, es de Colombia, así como se lee. La fotografía registra el momento en que una retroexcavadora destruye una casa en la localidad de Soacha, un municipio pegado a la capital de la República. Alguien podría indagar, pero qué tiene de especial esa fotografía, si todos los días en cualquier lugar, una retroexcavadora derrumba una casa, como parte de un proyecto urbanístico o de remodelación de vivienda. Sí, pero no se trata de nada de eso. Lo que la fotografía registra es el momento en que una máquina destruye una casa por orden del Ministerio de Defensa (sic), con el argumento que en ella funcionaba una olla expendedora de drogas. Es, por supuesto, una casa de pobres. Junto a la acción destructiva, posa el ministro de Defensa (sic) en persona, quien hace un discurso para explicar y justificar la acción. En el Twitter oficial lo dice de esta forma: “Se derriban casas en Soacha. Volvimos a golpear a los criminales del microtráfico, ya hemos tumbado 64 'ollas' en todo el país. En #Soacha, #Cundinamarca, derribamos expendio de venta y consumo de estupefacientes. #SinTregua contra el negocio de delincuentes que siembran miedo entre los colombianos”.

 

Nos enteramos, entonces, de que es una acción oficial del Estado colombiano, que el Ministerio de Defensa (sic) está derribando lo que cataloga como “ollas”. La imagen se repite y el mismo personaje ‒famoso ya por el bombardeo de colombianos, entre ellos niños‒, recita la letanía: “Acabamos con otro símbolo del mal en #Cartagena. En el piso quedó olla de expendio y consumo de drogas, no descansaremos hasta acabar con el negocio criminal del microtráfico. Cuando una olla cae, llevamos tranquilidad a las familias. #SinTregua en la defensa de los colombianos”.  En otro de sus trinos, el ministro que bombardea niños afirma: “Cumplimos los primeros 30 días del #Plan100ContraElMicrotráfico. Ya acabamos con 68 ollas en todo el país. Hoy derrumbamos la pesadilla del barrio Olaya Herrera de #Cartagena, un símbolo del mal que rodeaba entornos escolares afectando a nuestros jóvenes #SinTregua contra narcocrimen”.

 

Para una mejor comprensión del asunto, miremos en conjunto la secuencia de imágenes:

 

El derribamiento de casas es festejado por el ministro de Defensa (sic) en persona como un éxito en la lucha contra el microtráfico. Muchas preguntas origina este comportamiento estatal: ¿El Estado colombiano está autorizado legalmente para derribar una vivienda cuando se le venga en gana? ¿Por el hecho de que una casa sea un lugar donde se expenden estupefacientes se le puede derribar? ¿Qué leyes lo reglamenta y quién las expidió? ¿Si para desalojar a los habitantes de una vivienda deben seguirse unos procedimientos legales, para derribar casas no operan? ¿Dónde queda el fuero administrativo y judicial de los alcaldes y de personal de la rama jurisdiccional a la hora de derribar viviendas? ¿Pasan a ser entes decorativos? ¿El Ministerio de Defensa (sic) consultó a esas autoridades civiles y judiciales para derribar las casas? Estos son asuntos que el ministro Diego Molano se pasa por la faja, procediendo al estilo mafioso del Estado de Israel. Como se ve, el asunto no es de poca monta, pero al parecer a nadie le importa. ¿Dónde están esas ONG jurídicas para denunciar este grave hecho, que es un antecedente funesto de una práctica y que de generalizarse va a implicar que el Estado dictamine cuáles casas se van a derrumbar, incluyendo las de sus opositores políticos que sean catalogados como narcotraficantes?

 

Para sopesar el sentido antipopular de esta medida es de notar este evidente sesgo de clase: se tumban casas donde habitan pobres y en barrios abandonados y tugurizados, pero jamás se derriban las viviendas de los “hombres de bien”, como lo ejemplifica lo sucedido con el exembajador Fernando Sanclemente, en cuya finca funcionaban tres laboratorios para procesar cocaína, gran cantidad de insumos para procesar estupefacientes y 9 kilos de cocaína, lista para ser puesta en circulación. ¿Por qué no se derribó esta casa-mansión-laboratorio de cocaína de un funcionario del gobierno de Iván Duque? La pregunta en sí misma ofende, porque la respuesta es evidente: por una cuestión de clase, y de estatus, ya que los narcotraficantes de alto vuelo son intocables, y más cuando forman parte del círculo dominante y su narcoestado.

 

 

Narco-finca laboratorio de Fernando Sanclemente, funcionario del gobierno de Iván Duque. Una olla de alto nivel que nunca será derribada.

 

En este país de la ignominia cotidiana a flor de piel, cada cosa que acontece es terrible y pasa de agache, acostumbrados como estamos al terrorismo de Estado. Por eso, un acontecimiento de esta magnitud no es noticia, es casi una anécdota, cuando es la expresión de algo nuevo en la lógica represiva, que replica lo que hace Israel en tierras palestinas. En efecto, esta práctica criminal la efectúa Israel desde hace décadas, sin que al mundo le importe. Los cuerpos represivos de Israel llegan a una vivienda, desalojan a sus habitantes ‒aunque también se han dado casos en que derriba la vivienda con sus moradores adentro‒, les concede diez minutos para que salgan y saquen alguno de sus enseres y luego, con buldóceres y retroexcavadoras les derriban la vivienda, como se registra en esta foto:

 

 

Israel derribando las casas de los palestinos

 

 

Los resultados humanos de esa práctica, el sufrimiento, el dolor, la miseria y desolación de los palestinos no importan, todo por la grandeza criminal del Estado de Israel. (Ver foto).

 

 

En el caso de Israel, uno de los motivos que se suele argüir para justificar la destrucción de las casas de los palestinos es que allí vivía alguno de los palestinos que ataca a las tropas de Israel o alguno de sus familiares. Por eso como parte de una venganza de sangre (al estimo mafioso), el Estado de Israel era el único que recurría a aplicar, sin juicio de ninguna clase, aquello del delito de sangre. Los familiares son culpables de lo que haga alguien de la familia y la familia entera lo paga, en este caso con la destrucción de su vivienda. Pues, en Colombia, que replica el método sionista, las cosas no son diferentes, pues nos enteramos que, en nombre de un patrullero de la Policía que murió en una riña en Bogotá, llamado Edwin Caro, fue demolida una casa en Soacha. Método sionista, puro y simple. Esto no tiene nada de novedad. Es una copa vulgar de una de las modalidades criminales de Israel. 

 

Todo este truculento proceder nos remite otra vez a aquella afirmación de que Colombia es el Israel de Sudamérica, afirmación que puede escandalizar a algunos, en la medida en que dicen con razón que Israel es un país rico, con alto desarrollo de tecnología, que puede vacunar a sus habitantes (aunque mata a los palestinos), mientras que en Colombia no hay nada parecido. Eso es cierto, pero debe agregarse que, Colombia es un Israel subdesarrollado, que replica lo netamente criminal de ese Estado genocida, tales como sus prácticas cotidianas de bombardear las tierras de Palestina, perseguir a sus habitantes, torturarlos, desaparecerlos, encarcelarlos, impedir su libre circulación dentro de su propio territorio y destruir sus viviendas. Por eso, el espíritu criminal de Israel se replica en Colombia. En suma, Israel en casa y derrumbando casas. 

“Trujillo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”

Palabras de Cordell Hull, Secretario de los Estados Unidos, hablando  del dictador de República Dominicana.

 

El título principal de este artículo puede parecer de entrada como injurioso y fuera de tono, pero adquiere sentido porque parafrasea lo dicho por altos funcionarios de los Estados Unidos en varias ocasiones cuando se referían en conciliábulos privados a algunos dictadores de América Latina que ellos patrocinaban. Quien originalmente pronunció la palabra “hijo de puta” para referirse a uno de los dictadores apoyados por Washington fue Cordell Hull, en 1938. Después la repitió el mismísimo presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt para referirse al dictador de Nicaragua Anastasio Somoza a quien también considero como “nuestro hijo de puta”. Esta última referencia es la que más se suele citar, porque apareció en un número de la Revista Time de 1948. La palabra soez se usaba para señalar la verdadera catadura criminal de los dictadores apoyados por Washington, algo que al final poco interesaba en la medida en que ellos fueran sumisos e incondicionales a los Estados Unidos. Que esos dictadores mataran, torturan, desaparecieron a miles de personas en sus respectivos países, poco le interesaba a Estados Unidos, siempre y cuando no fueran a tocar los intereses del capital estadounidense. Traducida la afirmación sobre los dictadores quería decir: sí, son asesinos y criminales, pero nos sirven y los necesitamos, y por eso si hay que matar y torturar para mantener incólumes nuestros intereses, poco importan esos métodos tan poco refinados. Y para camuflarlos un poco, y que no salpicaran sangre hasta el territorio de los Estados Unidos, a esos dictadores se les calificaba por parte de políticos y medios de desinformación en Estados Unidos, como campeones de la libertad y amigos del mundo libre.

El término ofensivo, sobre todo con las pobres madres de los dictadores Rafael Trujillo y Anastasio Somoza, ha vuelto a cobrar actualidad en estos días, pero en un sentido diferente, en términos geográficos y políticos, a raíz de la absolución que se le hizo a Donald Trump en el segundo juicio político, relámpago por lo demás, que se le hizo en el Senado de los Estados Unidos, para juzgarlo por la toma del Capitolio el 6 de enero de este año. 

Algunos liberales, admiradores de Estados Unidos y que son ignorantes, ingenuos o cándidos, que tanto han aplaudido la ida de Donald Trump de la Casa Blanca y elogian a su nuevo inquilino, Joe Biden (el “bonachón” que bombardea), se hacen cruces de incredulidad al enterarse del resultado de ese juicio relámpago y comprobar que Trump ha salido indemne, a pesar de que haya sido promotor de un intento de golpe de Estado, para perpetuarse en el poder, y que dejó un saldo fatal de cinco muertos.

Las preguntas más bien son otras: ¿De qué se sorprenden? ¿Acaso creían que a Trump lo iban a acusar de ser golpista, lo iban a sentenciar a cadena perpetua o a la pena capital y de forma inmediata lo iban a encarcelar? Si Estados Unidos nunca ha hecho eso con los dictadores que ha fabricado mientras le son útiles, mucho menos lo iba a hacer con uno de los suyos. Si el Congreso de los Estados Unidos hubiera condenado a un golpista, hubiera roto con la tradición que forma parte de los principios centrales de la política exterior de los Estados Unidos: apoyar a cuanto hijo de puta le sirva al American way of life, un axioma, tanto “teórico” como sobre todo práctico, que ha caracterizado la actuación de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX en el mundo y particularmente en América Latina.

Recordemos que en listado interminable de golpes de Estado y de dictadores que Estados Unidos ha patrocinado se encuentran criminales de la talla de los ya nombrados Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza, a los cuales hay que agregar Augusto Pinochet (Chile), Jorge Rafael Videla (Argentina), Efraín Ríos Montt (Guatemala), Maximiliano Hernández Martínez (Salvador), Tiburcio Carias (Honduras),  François Duvalier (Haití), Alfredo Stroessner (Paraguay)Ferdinand Marcos (Filipinas), Hahi Moamaed Suharto (Indonesia), Mobuto Sese Seko (Zaire) y una interminable cadena de otros hijos de mala madre del imperio, a lo largo y ancho del mundo, cuya lista es tan larga que se requieren muchas páginas para mencionarlos.

La novedad “politologica” del caso de Donald Trump no es que Estados Unidos tenga hijos malnacidos en casa, porque la casi totalidad de los presidentes y altos funcionarios de ese país lo son, sin duda alguna, sino que ahora uno de ellos se haya atrevido a atentar contra ellos mismos. Es decir, el gran crimen de Trump no radica en los múltiples crímenes que realizó fuera de los Estados Unidos, algo que es perfectamente normal en cualquier presidente de ese país, sino en que se haya realizado en casa lo que se hace y aplaude en el exterior. Al respecto, resulta diciente y cínico que Nancy Pelosi, del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, una de las más beligerantes contra Donald Trump por su intento del golpe en el Capitolio, sea la misma que aplaudió a rabiar y recibió personalmente al golpista venezolano Juan Guaidó, otro hijo de puta Made in USA.  (Ver fotos).

Aunque no se le perdone a Donald Trump por lo que hizo el 6 de enero, esto tampoco podía llevar al Parlamento de Estados Unidos ‒una institución criminal, untada de sangre del resto del mundo, hasta los tuétanos‒ al peligroso extremo de condenarlo. Eso sería sentar un precedente funesto y de alguna forma cerrar las puertas a que futuros golpes de Estado, en los que se encuentre la mano asesina de Washington, salieran deslegitimados de antemano y alguien se atreviera a juzgar a los golpistas. No, no se puede abrir la Caja de Pandora, con una condena judicial a un golpista, que ha sido presidente de Estados Unidos. No, ahora hay que proceder en el ámbito doméstico de la política de Estados Unidos, como se ha hecho con los golpistas y dictadores que manufactura Estados Unidos en el exterior (y Juan Guaidó es uno de los últimos), decir en voz baja que es un malnacido, pero afirmar en publico que es un demócrata, un genuino luchador por la libertad, un combatiente por la justicia y mil mentiras por el estilo.

Por eso, más bien hay que decir en adelante que Donald Trump, como lo deben murmurar políticos, periodistas y académicos del establecimiento en los Estados Unidos, es “un hijo de puta, pero al fin y al cabo es nuestro hijo de puta”.

 

 

 

La historia de la infamia vol 2021

En la  tarde en que la mujeres en medio de una pandemia donde se han agudizado las múltiples violencias que vivimos diariamente, salimos en juntanza a tomarnos las calles, si, en la Marcha del 8 marzo día donde no celebramos nada, sino que reivindicamos las luchas de las mujeres,  si, en la marcha del 8 de marzo, nos juntamos, sin dinero para convocar, sin el poder de los “medios de comunicación”, sin el poder político de las estructuras verticales que obligan a sus cuadros a llenar las marchas, en medio de una pandemia donde nos condenan a aislarnos en nuestras casas – para muchas su campo de batalla-,  si, salimos a denunciar que hemos sido asesinadas, violadas, golpeadas, maltratadas,  abusadas en casa, empobrecidas  y fragmentadas. La tarde en que salimos a luchar las voces de la godarria y la ética del Sagrado Corazón de Jesús, salen a condenarnos, negando las arengas, la solidaridad, los gritos que nos salen de nuestras cuerpas y nuestros corazones que se han roto múltiples veces, negaron a las mujeres reunidas cantando y haciendo un homenaje a las mujeres que han matado, negaron la #Emergencianacionalporfeminicidios, negaron a la compañera que hizo arte con nuestros cabellos en un oficio predominantemente masculino, están negando lo más importante que son las razones, y como siempre las han negado, pues hoy no tenemos miedo a sus acusaciones.

 

Hoy  salen a condenarnos, en todas las redes sociales, nos bombardean con publicaciones de más de l400 comentarios  juzgándonos, y lo que emerge es una pregunta:  ¿en serio?, ¿después de siglos de violencias? –porque si, somos histéricas e históricas,- y por esos salimos a la calle, porque no hemos olvidado, no olvidamos a Rosa Elvira Celis, ni a Yuliana Samboní, ni las niñas indígenas violadas por militares, no olvidamos la mujer tirada en la cuneta, ni a la policía que su compañero de vida - un  militar-  mato, somos históricas y por eso decidimos tomarnos la calle, esa misma calle que por años se nos ha sido negada con prejuicios, miedos y violencias. ¿Nos están condenando?, ¿nos condenan con la bendición de la Santa Inquisición?, con la historia de genocidios en la época de la Colonia, la pederastia, abusos y negación de las mujeres en una institución que ha perpetuado, socializado, propagado e impuesto a través de la muerte  la ideología patriarcal?, esa misma ideología de dominación que lleva la vida de las mujeres y de la Pachamama a la destrucción. Nos están condenando desde una institución que ha condenado a niñas a ser madres sin importar si han sido violadas; solo porque creen desde su moralidad que nuestro cuerpo le pertenece, ¿nos están condenando desde una institución de pederastas?, ¿en serio?. ¿Nos están condenando por las paredes de una institución que mató en hogueras a las mujeres sabias curanderas?, que quemó, marcó, expulsó y reprimió a mujeres por disfrutar de sus cuerpos.  

 

¿Nos están condenando desde la “autoridad” de un gobierno municipal que en plena pandemia infló los precios de los mercados que repartió como “ayuda humanitaria” ?, que repintaron sin necesidad los espacios públicos de azul para imponer su simbología de derecha y así representar su dominio macabro sobre un territorio que tiene de las tazas más altas de desempleo y de informalidad del país. Si, hemos  estudiado, leído y sobretodo VIVIDO, hemos vivido las violencias en nuestras mentes y nuestras cuerpas, han venido de tantos lados que llenaríamos todas las paredes de la alcaldía o de la iglesia registrándolas, SOMOS NOSOTRAS MISMAS y nos ha costado muchas batallas, por eso, si querían desde su PODER condenarnos, juzgarnos y callarnos, pierden su tiempo, ¿nos han escuchado?, lo hemos cantado múltiples veces: “nos  sembraron miedo, nos crecieron alas” y somos hermanas, ya no somos rivales como ustedes querían, nos tenemos unas a las otras y en manada somos más fuertes, así que NUNCA MAS tendrán la comodidad de Nuestro Silencio.

 

El 15 y 16 de diciembre la Fiscalía realizó detenciones arbitrarias contra los líderes agrarios Teofilo Acuña, Adelso Gallo y Robert Daza, todos integrantes del Coordinador Nacional Agrario, agremiación de carácter nacional que lucha por una reforma agraria integral, alternativas a la crisis ambiental de los territorios, el rescate de la cultura campesina, y el tránsito hacia la paz por medio de garantías democráticas a la oposición.

Los dirigentes campesinos son voceros nacionales de procesos como Congreso de los Pueblos y Cumbre Agraria, también participaron en las diversas movilizaciones que reivindicaban los derechos humanos, económicos, ambientales, culturales y políticos para los campesinos. La labor de los tres es reconocida a nivel nacional. Teofilo Acuña, por ejemplo, desde el año 2006 participó activamente de las caravanas por la vida en el río Magdalena, después de las masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y torturas que cometieron el paramilitarismo, actores del Estado colombiano y los agroindustriales en la ciudad de Barrancabermeja, y municipios como Puerto Wilches, Canta Gallo, Santa Rosa y en general en la Serranía de San Lucas.


Los tres destacan por participar en las mesas de negociación con el Estado en el año 2013, luego de las movilizaciones del paro nacional agrario. Ellos, junto a otras colectividades e identidades políticas, asumieron la tarea de reivindicar soluciones de corto, mediano y largo plazo a la crisis del campo, y de los sectores más excluidos: indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Lo grave de este tipo de detenciones y montajes judiciales, es que hacen parte de una política de Estado que pretende criminalizar, desarticular e intimidar a las organizaciones sociales de oposición, estudiantes, sindicalistas, campesinos y otros líderes sociales han sido víctimas de esta estrategia. En diversos informes se enuncia que en Colombia existen aproximadamente 10.000 presos políticos o de conciencia, 10 millones de víctimas del conflicto armado, 250 ex combatientes de las FARC asesinados, 86 masacres cometidas este año, más el asesinato de 287 líderes sociales. Todo ello hace parte de la radiografiara de la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que ha impedido la consolidación de la paz, la apertura democrática y la consolidación del Estado de Derecho.


La estigmatización, montajes judiciales y persecución política contra los líderes sociales ha quedado en envidencia en casos recientes como el de Julián Gil, líder juvenil del Congreso de los Pueblos quien fue otro "falso positivo judicial", vinculado a hechos de rebelión; de igual manera sucedió con los jóvenes estudiantes universitarios del llamado “atentado al Andino”, y montajes judiciales contra maestros como el profesor Miguel Ángel Beltrán. Todos han sido puestos en libertad después de largos procesos de defensa, que han demostrado que los cargos carecen de fundamento, se basan en la persecución política y buscan amedrentar a las organizaciones sociales.


Desde el año 2018 han aumentado las violaciones a los derechos humanos, la no garantía del derecho a vivir en paz en los territorios y un flagrante ascenso de actores armados paramilitares que buscan consolidar un sistema político autoritario. Es de vital importancia que las organizaciones sociales internacionales visibilicen estas problemáticas, sean solidarias buscando las garantías a los derechos humanos y comprendan que aún en el país hay sectores de extrema derecha que desean minar la posibilidad de generar una transformación política para el pueblo colombiano.

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