Renan Vega Cantor

Renan Vega Cantor

En las calles de pueblos y ciudades se realiza una masacre a la vista de todo el mundo, que tiene como epicentro a la ciudad de Cali, donde la policía, el Esmad, el Goes y sus círculos paramilitares asesinan a diario a los jóvenes que protestan, a los que califican como vándalos que deben ser liquidados. Mientras eso sucede, los “falsos positivos” vuelven a ser noticia episódica por varias razones coincidentes, en las que destacamos dos: la muerte de Raúl Carvajal, el viajero que denunció durante 13 años el asesinato de su hijo por el Estado y la presentación de Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad para hablar sobre su papel en la realización de esos crímenes cuando fue ministro de Defensa.

El dolor de un padre humilde

En el centro de Bogotá se estacionaba durante semanas un pequeño camión que se distinguía de los demás automotores porque estaba cubierto con fotografías y carteles alusivos al cabo primero Raúl Antonio Carvajal Londoño. Junto a ese camión se veía a un señor con sombrero, que repartía chapolas y hablaba con la gente que por allí pasaba sobre los asesinatos de Estado. Su nombre era Raúl Carvajal, padre del militar asesinado por el propio Ejército, el cual fue presentado como muerto en un combate con las Farc. Días antes de su muerte, el 8 de octubre de 2006, el cabo Carvajal le manifestó por teléfono a su padre que estaba preocupado porque se había negado a matar a civiles desarmados. Con seguridad, Raúl Carvajal decía: "Él fue mandado a asesinar porque no quiso asesinar dos jóvenes en Norte de Santander para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate".

Con la misma certeza que genera la convicción de tener la razón, en medio de la impunidad de los responsables de esos crímenes de Estado, don Raúl Carvajal le dijo en su cara al expresidiario, en 2011: "Ojalá le mataran a un hijo a usted para que supiera lo que duele la muerte de un hijo" y agregó estas sabias palabras, que pocos se atreven a pronunciar: “Ustedes son unos asesinos, si no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo hubieran dejado que se investigara”,

Con ese camión don Raúl Carvajal recorrió durante diez años el país, con el fin de denunciar la muerte de su hijo, y señalar sin eufemismos a los verdaderos y principales responsables, dos expresidentes. Con su voz trémula afirmaba que no le importaba que lo mataran los mismos que habían matado a su hijo, pues ya había sufrido bastante al haberlo perdido.

Don Raúl Carvajal murió el 12 de junio de covid-19, con el dolor de padre que luchó en forma denodada, con valentía pertinaz y denunció el terrorismo de Estado imperante en Colombia. Como le dijeron las Madres de Soacha en un mensaje póstumo: “Ay Don Raúl... se nos fue viejito. Se fue sin encontrar justicia y sin ser escuchado. Pero aquí seguiremos, demostrando que su hijo y muchos otros hicieron parte del horror que creó la política de seguridad democrática”.

Lágrimas de cocodrilo del Premio Nobel de la Muerte

En el mismo momento en que don Raúl Carvajal moría, el expresidente Juan Manuel Santos lavaba su propia imagen ante la Comisión de la Verdad, diciendo que poco tenía que ver con el asesinato de civiles indefensos. Esta afirmación no tiene sustento, porque durante el período 2006-2008, cuando Santos era ministro de Defensa (sic), se presentó la mayor cantidad de asesinatos por parte de las fuerzas armadas.

Con cinismo indicó que había oído rumores, sin fundamento, sobre “los ‘falsos positivos’, pero no les dio credibilidad. Aduce que esas dudas, como se lo enseñó el mentiroso diario El Tiempo, partían del presupuesto que las denuncias sobre falsos positivos hacían parte de “la guerra jurídica y las diferentes formas de lucha”, que adelantan ONG contra el Estado y, por no estar acompañadas de evidencias, “parecían encajar muy bien en esa narrativa”. Por eso, añade, “Me arropé con la bandera tricolor y en varias ocasiones salí a desvirtuar lo que todos en el estamento oficial consideraban malévolas acusaciones”. Estos argumentos son de una pobreza franciscana, porque desde 2002 ya se venían denunciando los asesinatos de Estado, especialmente en Antioquia, referidas a la Operación Orión y a otros lugares del oriente de ese Departamento y es imposible creer que Santos no estaba enterado.

 Santos asegura que hasta 2007 comprendió la dimensión de los falsos positivos y por eso impulso “su política de cero tolerancia con las violaciones de los derechos humanos” por las Fuerzas Armadas y reiteró que “aquellas bajas (sic) que no sean el resultado de operaciones de la Fuerza Pública son absolutamente inaceptables”. Esto es una flagrante mentira, porque 2007 fue el año con más asesinatos de civiles por las Fuerzas Armadas, que alcanzaron la cifra de 986, la más alta de todo el período de la (In)seguridad (Anti)democrática. Mientras Santos dice que hizo todo para impedir los falsos positivos, en la práctica se estaban asesinado a tres colombianos por día. ¿Y seguro que él no tuvo nada que ver con ese incremento de los crímenes estatales siendo Ministro de Guerra, ni se dio cuenta que la cero tolerancia en las Fuerzas Armadas era un mal chiste? Esta es la misma doctrina Uribe de la “Espalda Gigante”: todo se hizo a sus espaldas y nunca se dio cuenta de lo que sucedía. Ahora si que empiecen los cuentos de vaqueros, porque esta fábula de pésima factura de Santos no la cree nadie con dos dedos de frente.

Santos dice que se distanció de la “Doctrina Vietnam”, imperante en tiempos del régimen criminal de Uribe Balas ‒que mide el avance de la guerra por el número de enemigos (supuesto o reales) asesinados y solo piensa en términos de la destrucción física de esos enemigos‒ y por eso combatió los falsos positivos, a lo que tampoco “en honor a la verdad (sic), […] el presidente Uribe no se opuso al cambio de esa nefasta doctrina, que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden, ni fui desautorizado”. Santos lava su imagen, pero también la del responsable principal, y por entonces su jefe inmediato, el hoy expresidiario del Ubérrimo. Entonces, finalmente, ¿nadie fue responsable en los altos cargos civiles del Estado, incluyendo la presidencia y el Ministerio de Guerra, de los asesinatos de miles de colombianos? ¿Esa criminal practica de Estado cayó del cielo sin que ningún funcionario civil la hiciera posible?

Como en un cuento de hadas, Santos dice que en el 2008 descubrió, como si hubiera sido una revelación divina, la verdadera dimensión del horror de los falsos positivos y llamó a calificar servicios a 20 oficiales y 7 suboficiales implicados. Santos se lava las manos, untadas de sangre hasta el último poro, como si no hubiera sido el principal ejecutor de la política de muerte de la inseguridad antidemocrática. Incluso, en esta intervención se jacta de los asesinatos que él promovió en Ecuador el primero de marzo de 2008 con el bombardeo de Sucumbíos (un crimen de guerra e internacional) y pocos días después de Iván Ríos por uno de sus guardaespaldas, a cambio de una recompensa que el propio Santos se comprometió a pagar, porque sostuvo en ese momento, siendo Ministro de Guerra, que “Estamos pagando por la información y la colaboración que este individuo (alias Rojas) ha dado y eso está dentro de la normativa legal”. En esa ocasión Santos no ocultó su regocijo por el asesinato de este comandante de las Farc, un hecho atroz que el Ministro de Guerra del uribismo normalizó como también lo hizo con el asesinato de los civiles desarmados.  

Y al final, en forma patética, Santos dice: “[…] me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma”. Pero, ¿por qué no quiso impedir esos asesinatos, si se desempeñó durante tres años como el principal ministro del régimen uribista y era el segundo jefe civil de las tropas? Esta hipócrita solicitud de perdón estuvo acompañada por unos sollozos, típicas lagrimas de cocodrilo si recordamos que, cuando Santos era presidente y dio la orden de matar a Alfonso Cano, confeso que había llorado de felicidad al enterarse del asesinato del comandante de las Farc.

Esta petición de perdón es un culto a la bandera, porque no viene acompañada de verdad, y mucho menos de justicia, reparación y no repetición. Típico de Santos y las clases dominantes de Colombia, su perdón es falso, fingido y no contribuye a aclarar nada de lo sucedido ni asume de fondo su responsabilidad en esos crímenes. La verdad de Santos es una sarta de mentiras. Junto con él son directos responsables los otros ministros de Defensa de los gobiernos de Uribe Balas: Marta Lucía Ramírez, hoy Canciller y Vicepresidenta de Colombia (2002-2003); Jorge Alberto Uribe (2003- 2005); y Camilo Ospina Bernal (2005 -2006).

Lo de Santos es un claro ejemplo de la connivencia de los civiles con los militares en los asesinatos, para realizarlos y encubrirlos, de acuerdo con las órdenes dadas desde los más altos cargos del Estado, empezando por la Presidencia de la República y el Ministerio de Guerra.  Y, sobre todo, es una clara muestra de lo que es la impunidad y la cobardía de las clases dominantes de este país.

Y ese comportamiento cínico, que rinde culto a la impunidad y la mentira, es más despreciable si lo comparamos con la gallardía, humildad y valentía de don Raúl Carvajal, quien afortunadamente no escuchó las mentiras del Premio Nobel de la Muerte, porque esa prepotencia habría aumentado el sufrimiento que soportó durante 13 largos años, después del asesinato de su hijo.

Tuesday, 15 June 2021 00:00

La letra con vómito entra

Principio fundamental de la pedagogía traqueta

La letra con sangre entra: es la máxima más conocida de la pedagogía autoritaria de todos los tiempos y en Colombia ha tenido una larga trayectoria, puesto que fue el principio guía de la educación católica impuesto en este país después de 1886; sus efectos nefastos todavía los sentimos los colombianos en nuestra vida cotidiana, educativa y cultural. Antioquia es uno de los lugares donde se convirtió en sentido común esa pedagogía autoritaria, hasta el punto de que alguna vez en la entrada del edificio antiguo de la Universidad de Antioquia aparecía en su frontispicio esta afirmación: "Si algo completa la decoración de esa sombría fragua donde se forjan los hombres del futuro es esa leyenda que los pobres muchachos tendrán siempre a la vista: "La letra con sangre entra". Un texto crítico que indicaba hasta donde había penetrado el principio filosófico cardinal del autoritarismo educativo.

El niño, joven y adulto, debía ser educado en el hogar, en la escuela, en el cuartel, en la iglesia; mediante la violencia ejercida por padres, familiares, sacerdotes, mandos militares y profesores. Al alumno había que inculcarle mediante el suplicio y la tortura diaria, el modelo “ejemplar” de buen cristiano, obediente y rezandero; el cual garantizaba una sociedad “ordenada”, sumisa a los patronos y mandamases, respetuosa de las autoridades civiles y eclesiásticas. La efectividad de ese resultado dependía, en ultima instancia, del maestro en el aula de clase: debía castigar al niño para no tener que enderezar al hombre. Se exaltaba al maestro castigador y se despreciaba al que no lo era por ser “débil y complaciente”. Se transmitía la idea de que el conocimiento y los valores se debían adquirir con sufrimiento; entre más sufría un estudiante más aprendía y más obediente sería.

Y aunque pasando el tiempo este precepto pedagógico que le rendía culto al castigo fue entrando en crisis, se corporizó como sentido común en gran parte de la sociedad colombiana, incluso ya no tanto para aplicárselo a sus propios hijos, sino como norma de control de los cuerpos y espíritus del conjunto de habitantes de un departamento o del país en general. A quienes desobedecían había que aplicarle el cepo y suplicios ejemplarizantes a la vista púbica para que no solo el castigado se arrepintiera y no volviera a incurrir en faltas, sino, lo que era más importante, para que mediante el miedo los otros entendieran las consecuencias por cometer cualquier infracción que cuestionara el orden establecido.

Ahora conocemos una verdadera “revolución filosófica” gestada en Antioquia en materia de pedagogía, que sale de la Finca del Ubérrimo, esa academia en la que se irradia sabiduría, luz y conocimiento hacia el mundo entero, frente a la cual las escuelas filosóficas de todos los tiempos, de Sócrates en adelante, resultan insignificantes. El gran principio pedagógico que allí se acaba de concebir, y que llevaba años cocinándose, puede formularse sintéticamente con esta fórmula: La letra con vómito entra. Una fórmula que sintetiza magistralmente lo que es la pedagogía traqueta, y tiene una relevancia similar a las que dieron origen a teorías tan revolucionarias como la evolución de las especies, la relatividad o la gravitación universal.

Miremos como se concibió tan maravilloso aporte a la pedagogía de todos los tiempos. El hijo de la “inteligencia superior”, Tomás Uribe lo contó hace pocas semanas y hay que cuestionarlo por haber mantenido en secreto durante décadas tan maravilloso experimento, nos ha privado de ponerlo en práctica para que los colombianos no se salgan del camino y sigan la senda del respeto y se conviertan en colombianos de bien… bien traquetos.

El origen se encuentra en este hecho que relató Tomás Uribe, sobre lo sucedido a su hermano Jerónimo, cuando rechazó un jugo que el papá le había dado porque no le gustaba su textura: "Un día le sirvieron un jugo de fresa con banano. Lo tomó y se vomitó en el vaso. Mi papá se lo hizo tomar y hasta ahí nos llegó el capricho de no me gusta esto o aquello". Como prueba fehaciente de la eficacia de este precepto pedagógico, quien lo soportó, y al parecer lo disfrutó, agradece eternamente que ese día se le haya aplicado porque a ese comportamiento lo catalogó como “formativo”, y justificó los “castigos formativos”.

Además de los beneficios pedagógicos del nuevo emblema, La letra con vómito entra, debe destacarse que tiene derivaciones en otras formas del saber, recordemos que existe la orinoterapia, con múltiples beneficios. Así podemos hablar de la vómitoterapia, un aporte de los traquetos paisas a la medicina universal. Esta nueva terapia debe ser asimilada por América Latina y el mundo entero, los colombianos la venimos disfrutando desde siempre, pero con más frecuencia en los últimos veinte años. Sí, desde el 7 de agosto de 2002, el pedagogo superior que fungió como inquilino de la Casa de Narquiño nos ha hecho comer a los colombianos nuestro propio vómito, y gran parte lo han disfrutado, y nos dice que su gesto ha resultado benéfico para la salud personal y la de todo el país, pero sobre todo por las enseñanzas morales que les ha dejado a los colombianos, una gran parte aprendió a obedecer a quienes llevan motosierra en mano.

Claro, entiéndase que lo del vómito con letra es una metáfora y significa al traducirlo a la realidad cotidiana, que los colombianos desobedientes, que se nieguen a reconocer las virtudes educativas y sanatorios del vómito -castrochavistas y terroristas-;
-se tienen que castigar ejemplarmente, como a los niños que nuestro dulce y humanitario Ministro de Guerra, Diego Molano -un aventajado alumno de la pedagogía uribista- denomina máquinas de guerra y que por eso se pueden bombardear y masacrar. El dilema que deja la letra profunda de nuestro pedagogo del ubérrimo es el siguiente: o se comen su propio vómito, y se aguantan; o los fumigo a plomo para que aprendan y respeten a la burguesía traqueta: los dueños de esta finca que se llama Colombia.

Y ese es el precepto moral que se aplica al pie de la letra, extraído del manual de la pedagogía traqueta, como lo percibimos en el trato dado durante el paro nacional a quienes protestan: plomo venteado a los rebeldes que se niegan a comerse su propio vómito, según lo ha ordenado el “pedagogo del Ubérrimo”. A la par las “gentes de bien” saborean sus manjares en platos de oro, y en sus ratos libres abalean a negros e indígenas en sus propias ciudades, -como se ha visto en Cali-, porque se han atrevido a poner sus sucios pies en los barrios donde solo son admitidos como sirvientes, que entran por la puerta de atrás y nunca deben ser vistos ocupando las calles, ni los espacios públicos. ¡Ni más faltaba! Y por eso hay que obligarlos a que se sigan comiendo su propio vómito, no pueden mancillar la sagrada propiedad privada ni a sus habitantes vestidos de un blanco inmaculado y cadavérico.

Wednesday, 14 April 2021 00:00

ISRAEL EN CASA

Miremos la imagen. Una retroexcavadora está destruyendo una casa, es una máquina accionada por orden del Estado. La imagen es bien conocida a nivel mundial porque representa la omnipotencia criminal del Estado de Israel contra el pueblo palestino, al que todos los días los ocupantes sionistas destruyen sus casas. Puede pensarse que la fotografía corresponde a Israel. Pero no, es de Colombia, así como se lee. La fotografía registra el momento en que una retroexcavadora destruye una casa en la localidad de Soacha, un municipio pegado a la capital de la República. Alguien podría indagar, pero qué tiene de especial esa fotografía, si todos los días en cualquier lugar, una retroexcavadora derrumba una casa, como parte de un proyecto urbanístico o de remodelación de vivienda. Sí, pero no se trata de nada de eso. Lo que la fotografía registra es el momento en que una máquina destruye una casa por orden del Ministerio de Defensa (sic), con el argumento que en ella funcionaba una olla expendedora de drogas. Es, por supuesto, una casa de pobres. Junto a la acción destructiva, posa el ministro de Defensa (sic) en persona, quien hace un discurso para explicar y justificar la acción. En el Twitter oficial lo dice de esta forma: “Se derriban casas en Soacha. Volvimos a golpear a los criminales del microtráfico, ya hemos tumbado 64 'ollas' en todo el país. En #Soacha, #Cundinamarca, derribamos expendio de venta y consumo de estupefacientes. #SinTregua contra el negocio de delincuentes que siembran miedo entre los colombianos”.

 

Nos enteramos, entonces, de que es una acción oficial del Estado colombiano, que el Ministerio de Defensa (sic) está derribando lo que cataloga como “ollas”. La imagen se repite y el mismo personaje ‒famoso ya por el bombardeo de colombianos, entre ellos niños‒, recita la letanía: “Acabamos con otro símbolo del mal en #Cartagena. En el piso quedó olla de expendio y consumo de drogas, no descansaremos hasta acabar con el negocio criminal del microtráfico. Cuando una olla cae, llevamos tranquilidad a las familias. #SinTregua en la defensa de los colombianos”.  En otro de sus trinos, el ministro que bombardea niños afirma: “Cumplimos los primeros 30 días del #Plan100ContraElMicrotráfico. Ya acabamos con 68 ollas en todo el país. Hoy derrumbamos la pesadilla del barrio Olaya Herrera de #Cartagena, un símbolo del mal que rodeaba entornos escolares afectando a nuestros jóvenes #SinTregua contra narcocrimen”.

 

Para una mejor comprensión del asunto, miremos en conjunto la secuencia de imágenes:

 

El derribamiento de casas es festejado por el ministro de Defensa (sic) en persona como un éxito en la lucha contra el microtráfico. Muchas preguntas origina este comportamiento estatal: ¿El Estado colombiano está autorizado legalmente para derribar una vivienda cuando se le venga en gana? ¿Por el hecho de que una casa sea un lugar donde se expenden estupefacientes se le puede derribar? ¿Qué leyes lo reglamenta y quién las expidió? ¿Si para desalojar a los habitantes de una vivienda deben seguirse unos procedimientos legales, para derribar casas no operan? ¿Dónde queda el fuero administrativo y judicial de los alcaldes y de personal de la rama jurisdiccional a la hora de derribar viviendas? ¿Pasan a ser entes decorativos? ¿El Ministerio de Defensa (sic) consultó a esas autoridades civiles y judiciales para derribar las casas? Estos son asuntos que el ministro Diego Molano se pasa por la faja, procediendo al estilo mafioso del Estado de Israel. Como se ve, el asunto no es de poca monta, pero al parecer a nadie le importa. ¿Dónde están esas ONG jurídicas para denunciar este grave hecho, que es un antecedente funesto de una práctica y que de generalizarse va a implicar que el Estado dictamine cuáles casas se van a derrumbar, incluyendo las de sus opositores políticos que sean catalogados como narcotraficantes?

 

Para sopesar el sentido antipopular de esta medida es de notar este evidente sesgo de clase: se tumban casas donde habitan pobres y en barrios abandonados y tugurizados, pero jamás se derriban las viviendas de los “hombres de bien”, como lo ejemplifica lo sucedido con el exembajador Fernando Sanclemente, en cuya finca funcionaban tres laboratorios para procesar cocaína, gran cantidad de insumos para procesar estupefacientes y 9 kilos de cocaína, lista para ser puesta en circulación. ¿Por qué no se derribó esta casa-mansión-laboratorio de cocaína de un funcionario del gobierno de Iván Duque? La pregunta en sí misma ofende, porque la respuesta es evidente: por una cuestión de clase, y de estatus, ya que los narcotraficantes de alto vuelo son intocables, y más cuando forman parte del círculo dominante y su narcoestado.

 

 

Narco-finca laboratorio de Fernando Sanclemente, funcionario del gobierno de Iván Duque. Una olla de alto nivel que nunca será derribada.

 

En este país de la ignominia cotidiana a flor de piel, cada cosa que acontece es terrible y pasa de agache, acostumbrados como estamos al terrorismo de Estado. Por eso, un acontecimiento de esta magnitud no es noticia, es casi una anécdota, cuando es la expresión de algo nuevo en la lógica represiva, que replica lo que hace Israel en tierras palestinas. En efecto, esta práctica criminal la efectúa Israel desde hace décadas, sin que al mundo le importe. Los cuerpos represivos de Israel llegan a una vivienda, desalojan a sus habitantes ‒aunque también se han dado casos en que derriba la vivienda con sus moradores adentro‒, les concede diez minutos para que salgan y saquen alguno de sus enseres y luego, con buldóceres y retroexcavadoras les derriban la vivienda, como se registra en esta foto:

 

 

Israel derribando las casas de los palestinos

 

 

Los resultados humanos de esa práctica, el sufrimiento, el dolor, la miseria y desolación de los palestinos no importan, todo por la grandeza criminal del Estado de Israel. (Ver foto).

 

 

En el caso de Israel, uno de los motivos que se suele argüir para justificar la destrucción de las casas de los palestinos es que allí vivía alguno de los palestinos que ataca a las tropas de Israel o alguno de sus familiares. Por eso como parte de una venganza de sangre (al estimo mafioso), el Estado de Israel era el único que recurría a aplicar, sin juicio de ninguna clase, aquello del delito de sangre. Los familiares son culpables de lo que haga alguien de la familia y la familia entera lo paga, en este caso con la destrucción de su vivienda. Pues, en Colombia, que replica el método sionista, las cosas no son diferentes, pues nos enteramos que, en nombre de un patrullero de la Policía que murió en una riña en Bogotá, llamado Edwin Caro, fue demolida una casa en Soacha. Método sionista, puro y simple. Esto no tiene nada de novedad. Es una copa vulgar de una de las modalidades criminales de Israel. 

 

Todo este truculento proceder nos remite otra vez a aquella afirmación de que Colombia es el Israel de Sudamérica, afirmación que puede escandalizar a algunos, en la medida en que dicen con razón que Israel es un país rico, con alto desarrollo de tecnología, que puede vacunar a sus habitantes (aunque mata a los palestinos), mientras que en Colombia no hay nada parecido. Eso es cierto, pero debe agregarse que, Colombia es un Israel subdesarrollado, que replica lo netamente criminal de ese Estado genocida, tales como sus prácticas cotidianas de bombardear las tierras de Palestina, perseguir a sus habitantes, torturarlos, desaparecerlos, encarcelarlos, impedir su libre circulación dentro de su propio territorio y destruir sus viviendas. Por eso, el espíritu criminal de Israel se replica en Colombia. En suma, Israel en casa y derrumbando casas. 

“Trujillo es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”

Palabras de Cordell Hull, Secretario de los Estados Unidos, hablando  del dictador de República Dominicana.

 

El título principal de este artículo puede parecer de entrada como injurioso y fuera de tono, pero adquiere sentido porque parafrasea lo dicho por altos funcionarios de los Estados Unidos en varias ocasiones cuando se referían en conciliábulos privados a algunos dictadores de América Latina que ellos patrocinaban. Quien originalmente pronunció la palabra “hijo de puta” para referirse a uno de los dictadores apoyados por Washington fue Cordell Hull, en 1938. Después la repitió el mismísimo presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt para referirse al dictador de Nicaragua Anastasio Somoza a quien también considero como “nuestro hijo de puta”. Esta última referencia es la que más se suele citar, porque apareció en un número de la Revista Time de 1948. La palabra soez se usaba para señalar la verdadera catadura criminal de los dictadores apoyados por Washington, algo que al final poco interesaba en la medida en que ellos fueran sumisos e incondicionales a los Estados Unidos. Que esos dictadores mataran, torturan, desaparecieron a miles de personas en sus respectivos países, poco le interesaba a Estados Unidos, siempre y cuando no fueran a tocar los intereses del capital estadounidense. Traducida la afirmación sobre los dictadores quería decir: sí, son asesinos y criminales, pero nos sirven y los necesitamos, y por eso si hay que matar y torturar para mantener incólumes nuestros intereses, poco importan esos métodos tan poco refinados. Y para camuflarlos un poco, y que no salpicaran sangre hasta el territorio de los Estados Unidos, a esos dictadores se les calificaba por parte de políticos y medios de desinformación en Estados Unidos, como campeones de la libertad y amigos del mundo libre.

El término ofensivo, sobre todo con las pobres madres de los dictadores Rafael Trujillo y Anastasio Somoza, ha vuelto a cobrar actualidad en estos días, pero en un sentido diferente, en términos geográficos y políticos, a raíz de la absolución que se le hizo a Donald Trump en el segundo juicio político, relámpago por lo demás, que se le hizo en el Senado de los Estados Unidos, para juzgarlo por la toma del Capitolio el 6 de enero de este año. 

Algunos liberales, admiradores de Estados Unidos y que son ignorantes, ingenuos o cándidos, que tanto han aplaudido la ida de Donald Trump de la Casa Blanca y elogian a su nuevo inquilino, Joe Biden (el “bonachón” que bombardea), se hacen cruces de incredulidad al enterarse del resultado de ese juicio relámpago y comprobar que Trump ha salido indemne, a pesar de que haya sido promotor de un intento de golpe de Estado, para perpetuarse en el poder, y que dejó un saldo fatal de cinco muertos.

Las preguntas más bien son otras: ¿De qué se sorprenden? ¿Acaso creían que a Trump lo iban a acusar de ser golpista, lo iban a sentenciar a cadena perpetua o a la pena capital y de forma inmediata lo iban a encarcelar? Si Estados Unidos nunca ha hecho eso con los dictadores que ha fabricado mientras le son útiles, mucho menos lo iba a hacer con uno de los suyos. Si el Congreso de los Estados Unidos hubiera condenado a un golpista, hubiera roto con la tradición que forma parte de los principios centrales de la política exterior de los Estados Unidos: apoyar a cuanto hijo de puta le sirva al American way of life, un axioma, tanto “teórico” como sobre todo práctico, que ha caracterizado la actuación de los Estados Unidos desde finales del siglo XIX en el mundo y particularmente en América Latina.

Recordemos que en listado interminable de golpes de Estado y de dictadores que Estados Unidos ha patrocinado se encuentran criminales de la talla de los ya nombrados Rafael Leónidas Trujillo y Anastasio Somoza, a los cuales hay que agregar Augusto Pinochet (Chile), Jorge Rafael Videla (Argentina), Efraín Ríos Montt (Guatemala), Maximiliano Hernández Martínez (Salvador), Tiburcio Carias (Honduras),  François Duvalier (Haití), Alfredo Stroessner (Paraguay)Ferdinand Marcos (Filipinas), Hahi Moamaed Suharto (Indonesia), Mobuto Sese Seko (Zaire) y una interminable cadena de otros hijos de mala madre del imperio, a lo largo y ancho del mundo, cuya lista es tan larga que se requieren muchas páginas para mencionarlos.

La novedad “politologica” del caso de Donald Trump no es que Estados Unidos tenga hijos malnacidos en casa, porque la casi totalidad de los presidentes y altos funcionarios de ese país lo son, sin duda alguna, sino que ahora uno de ellos se haya atrevido a atentar contra ellos mismos. Es decir, el gran crimen de Trump no radica en los múltiples crímenes que realizó fuera de los Estados Unidos, algo que es perfectamente normal en cualquier presidente de ese país, sino en que se haya realizado en casa lo que se hace y aplaude en el exterior. Al respecto, resulta diciente y cínico que Nancy Pelosi, del Partido Demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, una de las más beligerantes contra Donald Trump por su intento del golpe en el Capitolio, sea la misma que aplaudió a rabiar y recibió personalmente al golpista venezolano Juan Guaidó, otro hijo de puta Made in USA.  (Ver fotos).

Aunque no se le perdone a Donald Trump por lo que hizo el 6 de enero, esto tampoco podía llevar al Parlamento de Estados Unidos ‒una institución criminal, untada de sangre del resto del mundo, hasta los tuétanos‒ al peligroso extremo de condenarlo. Eso sería sentar un precedente funesto y de alguna forma cerrar las puertas a que futuros golpes de Estado, en los que se encuentre la mano asesina de Washington, salieran deslegitimados de antemano y alguien se atreviera a juzgar a los golpistas. No, no se puede abrir la Caja de Pandora, con una condena judicial a un golpista, que ha sido presidente de Estados Unidos. No, ahora hay que proceder en el ámbito doméstico de la política de Estados Unidos, como se ha hecho con los golpistas y dictadores que manufactura Estados Unidos en el exterior (y Juan Guaidó es uno de los últimos), decir en voz baja que es un malnacido, pero afirmar en publico que es un demócrata, un genuino luchador por la libertad, un combatiente por la justicia y mil mentiras por el estilo.

Por eso, más bien hay que decir en adelante que Donald Trump, como lo deben murmurar políticos, periodistas y académicos del establecimiento en los Estados Unidos, es “un hijo de puta, pero al fin y al cabo es nuestro hijo de puta”.

 

 

 

“¿Quién se preocupa de los hombres que condujeron los cereales del desayuno a través de las tormentas invernales? Qué irónico comprobar que en cuanto más han crecido los barcos en tamaño y trascendencia, menos espacio han llegado a ocupar en nuestra imaginación”.
Rose George.

A diario se habla de las virtudes de la revolución informática, virtual o digital. Se alaban sus logros en cuanto a comunicación, distracción y diversión. Se indica que es la transformación tecnológica más importante de todos los tiempos, que supera a las revoluciones neolítica (que originó la agricultura) e industrial (que consolidó el capitalismo) y trae unos beneficios nunca vistos para la humanidad, incluyendo la pretendida sustitución de la naturaleza y hasta el acceso a la inmortalidad. Esos cantos de sirena, entonados por académicos, periodistas, divulgadores, nos hablan de un mundo posmaterial, de una sociedad de servicios, sin trabajadores, y donde el conocimiento y la información sustituyen a los objetos materiales, por tratarse de un mundo virtual, ese orden paralelo de realidad aumentada.

Esta visión idealista del mundo contemporáneo desconoce la principal transformación que ha hecho posible la “revolución informática” y es su premisa indispensable: la revolución en el sistema de transporte de mercancías en las últimas décadas, con la invención del contenedor, y la bomba de rebote en los barcos que los portan a través del mundo. Esta es una infraestructura material y no virtual. Los contenedores (containers) llevan en su interior neveras, computadores, celulares, productos agrícolas, cosas gigantescas (partes de aviones, camiones, automóviles) y objetos diminutos (chips de computador).

Esta revolución material del transporte marítimo que ha generado la invención y difusión de los contenedores se complementa con los barcos petroleros, que llevan hidrocarburos a través del mundo, desde las zonas de extracción hasta los grandes centros de consumo, el principal de todos los Estados Unidos. Sin petróleo, una sustancia material, no funcionaría el sistema informático del mundo, porque, en contra de la propaganda corporativa de Bill Gates y compañía, los computadores requieren grandes cantidades de materia y energía.

La transformación experimentada en el tráfico de mercancías a través de los océanos es la principal modificación comunicacional de nuestra época, sin la cual no sería posible que los computadores, celulares y otros cachivaches de la revolución microelectrónica llegaran a nuestras casas. Sin los grandes barcos no existiría la tal virtualidad de nuestra época, porque en esos barcos se transportan bienes alimenticios, vestidos, juguetes, productos de diversión, muebles, libros, cuadernos, bombillos, computadores, celulares, etc., y a su vez, su transporte se facilita por la invención del contenedor, una innovación más importante que el computador, aunque pocos lo mencionen, como si no existiera.
Millones de mercancías son transportadas en los buques que se deslizan por los océanos y provienen principalmente de China, el taller del mundo. Los barcos no andan solos como si fueran buques fantasmas, necesitan de operarios que los accionen y los guíen a través del mar hacia puerto seguro. Estos operarios forman parte del proletariado flotante, al que también pertenecen los trabajadores de los buques petroleros y los marineros de los barcos de placer y descanso, los famosos cruceros. Proletariado porque lo único que tienen para vender son sus brazos, su fuerza de trabajo a los dueños del capital marítimo flotante y con su trabajo excedente enriquece a capitalistas de los más diversos sectores de la actividad económica. Flotante en varios sentidos: por el lugar donde trabajan; por sus volátiles condiciones laborales, puesto que no tienen trabajos permanentes sino unos cuantos meses, durante el tiempo que dura la travesía y porque no se les reconocen los mismos derechos básicos de los trabajadores en tierra.

La flota mercante mundial cuenta con 120 mil buques, y la marina mercante de alta mar y de gran calado está compuesta por 55 mil embarcaciones, que tienen un total de 1 millón doscientos mil marineros. Seis mil de esos buques llevan contenedores y uno solo tiene una capacidad que impresiona: puede transportar 15 mil contenedores, en los que puede llevar 746 millones de plátanos en un solo viaje, o sea, uno para cada europeo. Si esos contenedores se pusieran en fila alcanzarían once mil millas de extensión, casi la circunferencia de la tierra; si se apilaran uno encima de otro alcanzarían 25 mil kilómetros de altura, algo así como 7500 torres Eiffel, y si esos contenedores fuesen descargados para ser llevados en camiones, la fila del tráfico sería de 100 kilómetros.

Los propietarios de los barcos son preferentemente europeos o japoneses, pero sus trabajadores son de Filipinas, Bangladesh, China, Indonesia. Cocinan, limpian camarotes, manejan la sala de máquinas, reparan y arreglan desperfectos. Están sometidos a terribles condiciones laborales, que poco han cambiado en los últimos cinco siglos, porque el mar es un lugar salvaje por sus peligros naturales y porque allí no opera ninguna legislación, y menos laboral. Burlar cualquier disposición se facilita porque existe un engranaje de ilegalidad consentido en el comercio marítimo, en el que se combinan el Estado de la bandera del barco, el estado del puerto, el estado de origen de los marineros y el Estado en que está registrada la empresa. En estas condiciones, cuando un proletario flotante quiere reclamar, como dice Rose George, “a quién se dirige, si ha sido contratado por una agencia de mano de obra en Manila, en un barco de propiedad estadounidense, con bandera panameña y contratado por un chipriota en aguas internacionales”.

El transporte marítimo goza de un bajo costo comparativo, y eso explica en gran parte las irracionalidades ambientales y laborales del comercio mundial, por ejemplo, cuando se despachan de Escocia toneladas de bacalao para procesar en China y luego retornan a Escocia para ser vendidas, tras haber recorrido miles de kilómetros de ida y vuelta.

Del total de 1.200.000 proletarios del mar, 400.000 son filipinos, que tienen la doble ventaja de “ser baratos y hablar inglés”. El trabajo es duro y agobiante, se realiza en difíciles condiciones sanitarias, climáticas y laborales. La tasa de mortalidad de los marinos es 10 veces superior a la de los trabajadores de tierra. Entre los accidentes más frecuentes está caerse por las pasarelas, quedar atrapados entre el barco y el muelle, ser lanzados por el oleaje contra la maquinaria de acero, o ahogarse. Los contratos suelen ser por el período en que el marinero permanece en el barco durante un viaje específico, y excepcionalmente llegan a los 11 meses como tiempo máximo, y luego son sustituidos por otro contingente de trabajadores. Cada mes son reemplazados 200.000 de ellos por un contingente similar, pasan a la reserva laboral, esperando que sean llamados para un próximo viaje. A menudo los contratos son de cinco o seis meses y el trabajador vuelve a ser enganchado varios meses después.

Las cadenas globales establecidas en la economía mundial, interconectan los cinco continentes y solo pueden funcionar con los grandes buques llenos de contenedores y los grandes barcos petroleros. Esas cadenas globales de suministros funcionan las 24 horas durante los 365 días del año de manera ininterrumpida o, por lo menos, así fue hasta que se expandió el coronavirus en los primeros meses del 2020. Se trabaja día y noche, siete días a la semana, sin jornada establecida, en una especie de régimen de semi-esclavitud laboral, hasta el punto que los marineros dicen que son asalariados de una prisión flotante, lo cual no se diferencia mucho de los “ataúdes flotantes” que fueron los barcos-prisiones de España e Inglaterra durante 400 años.

Entre las vicisitudes de la vida laboral de los marinos se encuentra el tipo de contratos, efímeros y fugaces como las tormentas, en donde el futuro es incierto, dado que el comercio marítimo está cubierto por un manto de opacidad, ausencia de regulaciones e impunidad, más ostensibles que de los paraísos fiscales. Todo se oculta bajo lo que se denomina en la jerga marítima “el pabellón de conveniencia”, es decir que el barco ondea una bandera que no guarda ninguna relación con sus propietarios, ni con lo que transporta, ni con sus trabajadores. Hay casos tragicómicos de barcos que están registrados en países que no tienen mar, como Mongolia. Esta condición posibilita que a la hora de algún problema laboral no haya a quien reclamarle ni en mar ni en tierra y suele suceder que la empresa relacionada con un barco quiebra y los marinos quedan abandonados a su propia suerte en pleno mar, esperando durante meses unos salarios que nunca les pagan. Entre 2004 y 2018 se documentaron 400 hechos en que fueron abandonados 5000 proletarios del mar en las embarcaciones.
Esto se facilita porque el 90 % de los marinos no tiene ninguna comunicación con tierra, no tiene acceso a internet y los teléfonos móviles no funcionan en alta mar. Como en los viejos tiempos, estos barcos son “tierra de nadie” y lo que sucede en el mar se queda en alta mar:: puede morir alguien y ser lanzado a las aguas, e incluso las pocas mujeres que trabajan en los barcos soportan abusos y violaciones.

Importancia estratégica del proletariado flotante
Los marineros son cruciales en la cadena productiva mundial, pero esa importancia es inversamente proporcional a su reconocimiento, en tierra y en mar. Son unos trabajadores invisibles, juegan el mismo papel que las mujeres en el trabajo doméstico, cuya labor nunca es reconocida como parte fundamental de la reproducción de la economía capitalista. Los marineros desempeñan el trabajo doméstico del capitalismo mundializado, en las trastiendas flotantes (que son como las casas en tierra), donde nadie los ve, ni los siente, como si no existieran. Son tan invisibles como las mujeres y sin su labor no existiría el sistema mundo-capitalista, tal y como hoy lo conocemos, puesto que a través de los mares se distribuye el 90% de los productos que circulan en el comercio mundial. En forma prosaica, si examinamos los productos que usamos, prácticamente todos ellos han pasado por el mar y vienen de muy lejos: el computador, el celular, el televisor, los asientos de los buses, el yogurt del desayuno, el filete de pescado quede almuerzo, el libro que alguien lee, el juguete que disfruta un niño, la ropa que se lleva puesta, el té que se consume en la tarde, el combustible que acciona el automóvil o el bus en que nos desplazamos, las frutas de una deliciosa ensalada, etc. Lo paradójico estriba en que nadie sabe ni se preocupa por averiguar el recorrido de esas mercancías y, sobre todo, por indagar qué trabajadores han hecho posible que esas mercancías recorran miles de kilómetros. Esos trabajadores invisibles son los marinos y no los vemos porque sufrimos una “ceguera marítima”, que nos impide ver lo que sucede en los grandes buques en los mares del mundo, donde muchos seres humanos laboran de día y noche, y su trabajo hace posible que las mercancías que atraviesan los océanos lleguen a nuestras manos.

Por esta circunstancia, hoy, a un año del desencadenamiento de la pandemia de coronavirus, pocos saben que miles de marineros se encuentran atrapados en el mar o en los puertos, donde llevan un año prisioneros en jaulas flotantes.

Parálisis del comercio mundial y abandono del proletariado flotante
Apenas se expandió el coronavirus como una pandemia mundial, uno de los primeros afectados fue el transporte marítimo que sufrió una brusca interrupción, incluyendo los barcos de placer (los cruceros), aunque no se paralizó en la misma forma el movimiento de buques petroleros. De la noche a la mañana quedaron bloqueados miles de barcos, con sus tripulantes a bordo. Esto sucede en diversos mares del mundo: en la isla de Fiyi, en el pacífico, mil marinos llevan atrapados más de un año; en Egipto, Canadá y otros lugares acontece lo mismo; en Estados Unidos están atascados 60.000 marinos a bordo de 90 barcos. Uno de los hechos más dramáticos sucedió en el mes de agosto en Beirut, cuando un barco petrolero fue abandonado con 13 marineros a bordo, que se salvaron de milagro cuando se presentó una pavorosa explosión. Esos marineros se encontraban atascados sin salario, ni agua, ni comida. Aparte del confinamiento forzoso, en 2020 hubo 49 casos en que los marineros fueron abandonados a su propia suerte cerca de algún puerto.

Un total de 400.000 marinos, algo así como la población de una ciudad de tamaño medio como Manizales, permanecen atrapados en sus barcos. Algunos llevan un año y medio encerrados, porque habían iniciado sus labores seis meses antes de que comenzara la pandemia. Ante las cuarentenas, confinamientos y medidas preventivas contra el Covid 19, los hombres de mar son vistos como un peligroso foco de contagio, máxime que la mayor parte de ellos después de concluida su labor en los barcos deben regresar en avión a sus países de origen, a menudo a miles de kilómetros de distancia. Sufren su propio confinamiento en pequeños espacios, lo que aumenta los riesgos para su salud, e incluso se les niega cualquier tratamiento médico normal en los puertos cercanos. Muchos marineros han enfermado, otros han muerto y algunos se han suicidado.
Miles de marineros se ven afectados por la parálisis, porque forman parte de las tripulaciones de reemplazo, están atrapados en sus casas, sin poder viajar a los puertos en donde debían sustituir a sus agotados compañeros, y sin ningún ingreso. La parálisis no ha sido total, pero otros buques han estado funcionando durante la pandemia, transportando alimentos, medicamentos y diversos bienes en todo el mundo.

Los marineros llevan meses separados de sus familiares y seres queridos, no ven a sus hijos desde entonces y en algunos casos han sido padres sin poder ayudar a sus esposas ni contemplar a sus hijos recién nacidos. Para completar, se encuentran en países distintos a los suyos, sorteando condiciones más hostiles que las habituales, debido a los miedos que se generalizan entre los habitantes de las ciudades-puertos porque los marineros puedan traer y difundir el Covid 19.
Los marineros soportan en plena pandemia estrés generalizado, agotamiento físico y mental, problemas psicológicos, sentimiento de abandono y soledad, tras meses de incertidumbre y sin perspectivas de que la situación vaya a mejorar en el futuro inmediato, ante el segundo brote del contagio y el previsible tercero que se espera en las próximas semanas.

Si a la cifra de 400.000 marinos abandonados en los barcos se le agrega la del personal de sustitución, se tiene un total de 800.000 desempleados, que corresponden al 70 % del total de personal ocupado, cifra que muestra la magnitud del impacto del Covid 19 entre el proletariado flotante.

El encerramiento de los marineros en lugar de aminorar el impacto del coronavirus lo agrava, porque dadas las condiciones de hacinamiento, los barcos no cuentan con protocolos efectivos de bioseguridad y un solo marinero enfermo puede contaminar a decenas de compañeros. El resultado es una mortandad generalizada en la más terrible de las condiciones, en completo aislamiento y soledad y sin el derecho a un entierro medianamente digno y normal. El barco se convierte en un ataúd flotante.

Para darse cuenta de quiénes ganan y quiénes pierden con la pandemia, debe recordarse que Jeff Bezos, el multimillonario dueño de Amazon que tanto se ha enriquecido en esta coyuntura, sustenta gran parte de su negocio en el transporte de los grandes barcos, mientras que miles de marinos no tienen salario, ni alimentación y se encuentran prisioneros en jaulas flotantes. Los que continúan trabajando en las duras condiciones de la pandemia transportan los suministros de Amazon a través de los océanos del mundo, su esfuerzo laboral es una de las fuentes de la riqueza del dueño de esa empresa. Esa es la explotación acentuada del proletariado flotante, que genera fabulosas ganancias a capitalistas tipo Jeff Bezos, y se complementa con el sufrimiento que soportan miles de marinos abandonados que viven en carne propia una agobiante cuarentena que parece no tener fin. En ese sentido, los proletarios flotantes son los palestinos de mar abierto.

Thursday, 10 December 2020 00:00

La papa y el libre comercio

“La papa nos la venden naciones varias,
cuando del sur de Chile es originaria”.
Violeta Parra, Al centro de la injusticia

Las escenas son escalofriantes, aunque a muy pocos preocupen: en la carretera que comunica a Bogotá con Tunja y con otros lugares de Boyacá, a la vera del camino cientos de campesinos con bultos de papa las ofrecen a un precio irrisorio (un bulto a 7.000 pesos) o las regalan, que es casi lo mismo. Al momento viene la demagogia politiquera y mediática de quienes, como aves de rapiña, viven del dolor ajeno, para decir que con papatones se va a solucionar el problema que afrontan los cultivadores de papa en el departamento de Boyacá y en las regiones donde todavía se cultiva el bendito tubérculo que transformó al mundo desde hace cinco siglos, pero que con el libre comercio, en Colombia está a punto de ser erradicado de nuestro suelo, con lo que supone esa perdida en términos económicos, sociales, ambientales, nutricionales y culturales. No es poca cosa, porque estaríamos asistiendo al fin de un milenario cultivo y a quienes lo siembran en nuestro suelo.

La papa no es la excepción sino la regla de lo que pasa con la producción agrícola en Colombia, y para explicarlo no se requiere mucha ciencia, puesto que ese es el resultado directo y predecible de la epidemia de tratados de libre comercio que se firmaron con Estados Unidos y los países dominantes en el comercio mundial.

La papa salvó a Europa del hambre
La papa es un tubérculo comestible que se originó en los Andes sudamericanos, en el sur del actual Perú, hace 8000 años. Fue el alimento básico, junto con el maíz, de las civilizaciones precolombinas, las cuales cultivaban miles de variedades, adaptadas a diversos climas y altitudes, incluyendo una que se siembra a 4.300 metros de altura.

A raíz de la conquista de América, los españoles llevaron la papa en 1554 a la península ibérica, en 1567 se sembró en las Islas Canarias. Para no ofender a los Papas católicos, los españoles la empezaron a denominar patata.

Pronto se expandió por el continente europeo, y se convirtió en un alimento de la población más pobre (que era la mayoría) de Italia, Rusia, Prusia, Polonia e Irlanda. En Europa era despreciada por la nobleza que la consideraba un producto ruin (por prevenir de una raíz) no recomendable como alimento para seres humanos. No obstante, se consolidó en el siglo XVII en el momento en que la guerra de los Treinta Años arrasaba con Europa, para mitigar la hambruna, y hasta los ejércitos se abastecían del vital tubérculo.

Fue tal la importancia que la papa adquirió en la dieta cotidiana de la población, que se convirtió en el producto principal del que dependía la subsistencia, como se demostró durante la gran hambruna de Irlanda (1844-1852), cuando una plaga, el tizón, aniquiló las cosechas y produjo la muerte de por lo menos un millón de campesinos y la migración masiva de gran parte de la población de ese país hacia otros lugares de Europa y los Estados Unidos.

En la actualidad, la papa se cultiva en todo el planeta, siendo sus primeros productores países de la Unión Europea, donde se genera el 50% de las exportaciones mundiales. Los europeos se han valido de los tratados de libre comercio para imponerles sus condiciones a los países periféricos como Colombia, cuyo Estado y clases dominantes se han limitado a cumplir las disposiciones que benefician a los europeos y perjudican a los productores nacionales. Esto implica que la papa que salvó a Europa del hambre desde el siglo XVIII, ahora es usada por los europeos para hambrearnos a nosotros, mediante la destrucción acelerada de los productores nacionales de papa.


Libre comercio: el zorro y las gallinas en el mismo corral
Europa tiene una política agresiva en el comercio de la papa que se basa en los altos subsidios que reciben sus productores, lo que permite venderla a bajo precio, por ahora, en el mercado mundial, con lo cual se liquida a los competidores locales. Contra esta política del libre comercio no pueden resistir los pequeños productores, que ven como Colombia, un país productor y auto abastecedor de papa, la importa de Europa, mientras los excedentes se acumulan en los predios campesinos. Esto supone que por cada kilo que se importa, se dejan de demandar dos kilos y medio de los productores nacionales. El principal vendedor es Bélgica, el primer productor y exportador de papa fresca y congelada del mundo, que tiene un millón de toneladas listas para exportar. Esa papa es de muy mala calidad, no es fresca, se encuentra congelada, es insípida, parece caucho, es pequeña y ni siquiera la aceptan los otros países de la Unión Europea, por eso se envía a países como Colombia, donde se producen muchas variedades de papa fresca, de buen sabor y bastante nutritiva.

Recordemos que en Colombia, un país campesino por excelencia durante varios siglos, la papa ha sido un producto esencial que cultivan cien mil cultivadores en 283 municipios de diez departamentos. En Boyacá la papa se cultiva en 86 de sus 123 municipios, donde existen 50 mil familias cultivadoras que generan un millón de toneladas al año, en minifundios de entre media y tres hectáreas, que ocupan en total 50 mil hectáreas. Colombia produce al año 2.7 millones de toneladas de papa y abastece al mercado nacional.

Lo que hoy sucede con la papa es una muestra representativa del impacto destructivo del libre comercio, que no es ni libre ni comercio, sino que es como el zorro libre entre gallinas libres. Sí, el zorro viene sin ataduras a los corrales de gallinas, a nuestros países, y entra sin ninguna restricción, mientras que las gallinas jamás pueden ingresar a las madrigueras de los zorros, siempre protegidas y resguardadas con miles de alambradas económicas, políticas y militares.
Este libre comercio en la producción de papa significa que los cultivadores locales tienen que afrontar una competencia desigual con Estados Unidos y los países europeos, en términos de subsidios y precios. Para producir papas en Bélgica se cuenta con elevados subsidios que les permite que sean vendidas a bajo precio, recurriendo al mecanismo del dumping, con el fin de quebrar a los cultivadores nacionales que no tienen ningún subsidio, ni protección por parte del Estado. Eso hace que los precios de la papa nacional tengan el mismo nivel de hace veinte años y que los cultivadores reciban una cifra exigua, menor en un 50% a sus costos de producción, y diez o veinte veces inferior al precio de venta en las ciudades. Sus costos de producción, más el transporte, son del orden de 32.00 pesos por bulto, mientras que hoy les compran ese bulto a 7.000 pesos.

Ahora bien, la coyuntura de la pandemia acentuó problemas previamente existentes, que se agravaron por la baja en la demanda, como resultado de la perdida de ingresos de la mayor parte de hogares colombianos, lo que les ha obligado a reducir el consumo, e incluso el número de comidas al día, que han pasado de tres a dos. Asimismo, el cierre de restaurantes, hoteles, bares implica la reducción del consumo de papa en un 30%. Para completar, en la producción de papa ya se soportan los efectos del trastorno climático, pues el calor intenso de abril a mayo, alteró el ciclo del producto y generó una cosecha inesperada para octubre y noviembre, lo que incrementó la oferta. Por la Covid-19 y los problemas de hambre que ha generado, esa papa debería ser una bendición alimenticia, por la reducción en el poder adquisitivo de la población no hay gente para tanta papa.

Estos fenómenos coyunturales no pueden alterar lo que se venía dando como resultado de los nefastos tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa, de donde provienen productos y materias primas de origen agrícola a bajo precios, lo que hace inviable a la agricultura colombiana, que afecta en forma directa a millones de pequeños productores, campesinos e indígenas, puesto que por costos no pueden competir con la producción subsidiada en los países centrales.

La caída de los precios de la papa de producción nacional implica perdidas que hacen inviable el cultivo, ya que si la producción de un kilo de papa cuesta 700 pesos, se vende a 200 0 300 pesos. Y en ese contexto, aumentó la importación de papas procedentes de Europa, cuyo volumen viene creciendo a un ritmo del 30 o 40% anual. En este 2020 van a ingresar 65 mil toneladas de papa frita congelada, que equivale a 260 toneladas de la papa producida por los campesinos colombianos.

Este ritmo es la muerte segura, física y cultural, de los cultivadores de papa, atenazados por las múltiples garras del libre comercio (por ejemplo sus deudas con el capital financiero local, el precio de los insumos, los gastos en transporte…) que favorece a los grandes productores multinacionales que son respaldados por sus respectivos Estados en el mundo capitalista hiperdesarrollado.

Esta ruina de los paperos genera desempleo, miseria, éxodo, pobreza y ahonda la desigualdad a nivel interno en el país, todo como resultado del divino y sacrosanto libre comercio, cuya finalidad es precisamente la destrucción de los campesinos, la liquidación de la soberanía alimentaria y la dependencia permanente de la comida que se produzca en el exterior, con lo cual queda clara la sumisión por física hambre a los poderes imperialistas.

Porque, por supuesto, los Tratados de Libre Comercio dejan ganadores y perdedores y entre estos, los que más pierden son los campesinos. Por ello, sería bueno preguntarse cuántos de esos humildes labriegos que salieron a vender regalada su papita a la orilla de la carretera, dejarán de ser campesinos el próximo año, con las implicaciones sociales, económicas y culturales que eso tiene en un país tan terriblemente desigual y violento como Colombia.

El regreso de Morgan & Drake

“Muchos piratas comenzaron su carrera en Londres”.
Stuart Robertson (Editor), La vida de los piratas. Contada por ellos mismos, por sus víctimas y por sus perseguidores.

Acaba de consumarse un nuevo acto de despojo por parte del imperialismo contra Venezuela, en este caso representado por Inglaterra con el robo de 31 toneladas de oro de este país que se encontraban depositados en El Banco de Inglaterra, valoradas en 1.300 millones de dólares. En un dictamen del Tribunal Superior del Reino Unido, el juez Nigel Teare determinó que el oro del Estado venezolano le pertenece a Juan Guiadó, puesto que este es reconocido como “presidente interino constitucional” por el reino de Isabel II.

Tamaño despropósito que significa demoler lo poco que queda del derecho internacional no debería sorprender si se tiene en cuenta la historia de despojo, saqueo y robo que ha protagonizado Inglaterra desde hace cinco siglos, en lo que se destacan sus acciones de piratería a lo largo y ancho del mundo. Por ello, lo que acaba de suceder bien puede catalogarse como el macabro regreso de Morgan & Drake, los apellidos de los dos más famosos corsarios (tripulantes de barco que estaban autorizados con patente de corso para atacar barcos enemigos) y filibusteros (piratas que en el siglo XVII actuaban en el Mar de las Antillas y que no se alejaban de las zonas costeras y solo atacaban los puertos).


Corsarios de ayer…
Inglaterra como potencia mundial desde el siglo XIV fue una impulsora de la vieja piratería colonialista. Cabe recordar que hubo dos tipos de piratería, una oficial y por arriba, implementada por las potencias coloniales para saquear las riquezas en territorios rivales, y otra popular y por abajo, llevada a cabo por marineros que se rebelaron e intentaron crear otro orden en barcos y territorios liberados del dominio de las grandes potencias de la época. En rigor, el término de pirata debería reservase a los de abajo, que combatían al sistema, eran románticos, mientras que el corsario (el pirata oficial) estaba integrado al sistema dominante, lo defendía y lo sostenía.

Los principales corsarios fueron Francis Drake (1540-1596) y Henry Morgan (1635-1688) que actuaban por órdenes de la corona inglesa y cumplieron un papel activo en la disputa con el dominio colonial español en el mar Caribe. En este rol sobresalieron sus acometidas en los actuales territorios de Haití, Cuba, Venezuela, Panamá, México, Colombia, entre otros.

Una de las riquezas más apetecidas era el oro, el que como parte del botín terminaba directamente en manos de la corona británica, de la que los corsarios mencionados terminaron siendo funcionarios eficientes. No por azar los dos fueron designados con importantes títulos y cargos. Morgan fue nombrado Caballero por el rey Carlos II de Inglaterra y Teniente Gobernador en Jamaica, donde su función principal fue la de perseguir a los piratas de la zona, cuando la piratería de origen popular se convirtió en un obstáculo en el proceso de acumulación de capital y de ascenso hacia el dominio mundial para Inglaterra. Vale decir que Morgan se consideraba como un leal sirviente de su majestad y de nadie más. Por su parte, Francis Drake como corsario y traficante de esclavos, dirigió numerosas expediciones de la Marina Real Inglesa en diversos lugares del mundo, entre ellos el mar Caribe. Como premio a su labor de saqueador, la Reina Isabel lo designó Caballero Real con el título de Sir y miembro del Parlamento. Fue el típico corsario inglés, puesto que tenía patente de corso (autorización) para realizar expediciones, atracos, saqueos y robos en territorios de las colonias españolas.

Dentro de las acciones que estos emprendieron cabe recordar el saqueo en el actual territorio venezolano en el siglo XVII, el primero realizado por los corsarios oficiales del imperio inglés. Morgan saqueó los territorios de Maracaibo y Gibraltar en marzo de 1669, en donde los filibusteros cometieron numerosos crímenes contra los habitantes locales, a quienes torturaron, a algunos los quemaron vivos y a otros los ahorcaron, siempre en búsqueda del codiciado oro. Para abandonar Maracaibo, Morgan exigió tributo de quema, por el cual le debían dar una cantidad de dinero a cambio de no incendiar la ciudad y como prenda llevaban prisioneros para asegurar el pago.

Fueron estas acciones tan “nobles” las que llevaron a que Morgan fuera nombrado vicegobernador de Jamaica, lo que indicaba un cambio en la lógica de la acumulación de capital: del saqueo en mares y puertos, los corsarios pasaban a convertirse en “honrados” empresarios, que invertían en plantaciones y en comercio legal, como el tráfico de esclavos. Y, en consecuencia, los antiguos corsarios devenidos en hombres de negocios y en políticos “honorables” se dieron a la tarea de limpiar de piratas los lugares donde antes habían merodeado con sus acciones criminales. En pocas palabras, los ladrones, ahora de cuello blanco, se convirtieron en policías.

Tales fueron los invaluables aportes de Morgan & Drake a la consolidación del poderío inglés en el mundo, lo que demuestra la certeza de afirmar que el capitalismo se ha podido formar mediante el robo, el saqueo, la piratería oficial y la esclavitud. Por ello, en Inglaterra el espíritu de estos dos corsarios se mantiene hasta el día de hoy como emblema de lo que ha sido y es la cuna del capitalismo, la pérfida Albión como se denomina a Inglaterra desde 1793.

…Corsarios de hoy
Esa piratería oficial que llevan a cabo las grandes potencias, entre ellas la decadente Inglaterra, que vive de las glorias pasadas y se queda con las migajas que le dejan los Estados Unidos, el imperio que es el campeón mundial del robo y del saqueo, recurre tanto a los viejos métodos de los corsarios en alta mar y en tierra, y a “nuevos” y sofisticados métodos del “Estado de derecho” del capitalismo realmente existente.

Entre esos nuevos métodos predomina la acción del capital financiero, con sus “inmaculados” banqueros, con corbata y portafolio de cuero, sus economistas de cabecera, sus ideólogos y periodistas y, por supuesto, sus jueces y abogados. El objetivo es el mismo de los viejos corsarios: quedarse con el oro ajeno.

Eso se ejemplifica con el dramático caso de Venezuela, que viene soportando un saqueo continuo, descarado y sin compasión en los últimos años, encabezado por Estados Unidos, secundada por sus socios principales de la Unión Europea e Inglaterra y por sus lacayos incondicionales de América Latina, como la Pandilla de Lima y el obsecuente régimen de Iván Duque en Colombia. Todos a una, como en fuente ovejuna, preparan sus garras de ladrones para ver con que parte de la riqueza de Venezuela se quedan, aunque el botín llegue a los corsarios financieros de los Estados Unidos y de sus súbditos ingleses, quienes en realidad actúan como intermediarios o testaferros de los que dictamine Washington, pues son solo mandaderos a sueldo, algo así como sicarios financieros.

Eso se demuestra con los vergonzosos sucesos de las últimas semanas, cuando un juez de Inglaterra dictaminó que el oro de Venezuela no era del gobierno de ese país, sino de un usurpador, a quien nadie eligió, sino que fue escogido a dedo por el gobierno de los Estados Unidos, y a quien la comunidad internacional de delincuentes autoproclamó como “presidente encargado”. Para mostrar el descaro del robo que se acaba de consumar, valga decir que el Juez en cuestión señaló que el dinero le correspondía a la espuria Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, que no opera en ese país sino en los Estados Unidos y en Colombia, como quien dice funciona en el reino narcoparamilitar del eje del terrorismo internacional Washington-Bogotá. En síntesis, Inglaterra le entrega el oro de Venezuela a una junta de hampones, nombrada por un usurpador que ha sido a su vez designado por Estados Unidos, el que finalmente se va a quedar con el oro, como se demuestra con el hecho denunciado hace pocos días, de que una parte de la construcción del Muro de Trump, en la frontera con México, fue construido con dineros robados a Venezuela.

Este atraco hecho en Inglaterra y por Inglaterra adquiere connotaciones de un sadismo criminal, propio de los corsarios, puesto que supone privar a la población venezolana de mil trescientos millones de dólares, indispensables para paliar la crítica situación económica que se vive en ese país. Ese dinero serviría para comprar medicinas y alimentos destinados a la población de Venezuela. Al quitar esos dineros, Inglaterra está infringiendo torturas y crímenes, peores que las realizadas por Morgan & Drake, y está matando a miles de venezolanos con una saña propia de los poderes colonialistas de Europa, y que tan bien describió Josep Konrad en su novela El corazón de las tinieblas, donde dijo cosas de mucha actualidad sobre los crímenes de los ingleses, tal como estas dos sentencias: “La conquista de la tierra en su mayor parte no consiste más que en arrebatársela a aquellos que tienen una piel distinta o la nariz ligeramente más achatada que nosotros”, y “arrancar tesoros a las entrañas de la tierra era su deseo, pero aquel deseo no tenía detrás otro propósito moral que el de la acción de unos bandidos que fuerzan una caja fuerte”.

De los corsarios de parche y calavera a los corsarios de corbata y computador
El comportamiento de corsarios del gobierno inglés indica que el derecho internacional ha muerto, lo que significa en la práctica que desapareció cualquier credibilidad en la “seguridad” de depositar dineros en las arcas de los bancos de las potencias. Después del vulgar atraco de que ha sido víctima Venezuela en Londres, qué gobierno del mundo periférico va a confiar en la honradez de los bancos de las potencias, que cumplen las ordenes de los amos imperialistas, con lo que demuestra en que consiste la mano bien visible del mercado, que actúa para satisfacer los intereses políticos de Ali Baba y sus cuarenta ladrones.

Es convertir la política internacional de los gobiernos de Estados Unidos y sus lacayos europeos y latinoamericanos en derecho internacional, lo que supone que son esos intereses coyunturales los que priman, desconociendo acuerdos y tratados de los Estados y reconociendo entidades paralelas y ficticias, como el caso de Juan Guaidó y su virtual Junta del Banco Central de Venezuela. Es el paso a la incertidumbre absoluta, que va a tener consecuencias imprevisibles, y sobre todo para aquellos que viven de rodillas ante el amo imperial, como los gobernantes colombianos.

Esa pérdida de confianza tiene implicaciones, puesto que Londres es la principal plaza financiara mundial en comercio de oro y al menos 30 países tienen depósitos de ese metal precioso en bancos de Inglaterra, lo que equivale al 20% del oro del mundo. Es un pésimo precedente que sea el Banco Central de Inglaterra el que niegue la devolución del oro a su legítimo propietario.

El robo que se acaba de presentar en Londres es, y debería ser, un aliciente para todos aquellos que reivindicamos el derecho de los pueblos a expropiar bancos y empresas multinacionales que saquean a nuestros países. Con el atraco de los corsarios ingleses del siglo XXI queda en añicos el argumento capitalista del respeto a la propiedad privada, de la seguridad jurídica, de la confianza inversionista y mil pamplinas de ese estilo que se repiten a diario en las universidades (en sus facultades de Derecho, Periodismo y Economía), en los pasquines pornográficos de la prensa diaria y por los políticos arrodillados de todos estos países.

Razón de sobra tenía Eduardo Galeano cuando aseguraba que “el malevaje financiero secuestra países y los cocina si no pagan el rescate. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado”.

 

El regreso de Morgan & Drake

“Muchos piratas comenzaron su carrera en Londres”.
Stuart Robertson (Editor), La vida de los piratas. Contada por ellos mismos, por sus víctimas y por sus perseguidores.

Acaba de consumarse un nuevo acto de despojo por parte del imperialismo contra Venezuela, en este caso representado por Inglaterra con el robo de 31 toneladas de oro de este país que se encontraban depositados en El Banco de Inglaterra, valoradas en 1.300 millones de dólares. En un dictamen del Tribunal Superior del Reino Unido, el juez Nigel Teare determinó que el oro del Estado venezolano le pertenece a Juan Guiadó, puesto que este es reconocido como “presidente interino constitucional” por el reino de Isabel II.

Tamaño despropósito que significa demoler lo poco que queda del derecho internacional no debería sorprender si se tiene en cuenta la historia de despojo, saqueo y robo que ha protagonizado Inglaterra desde hace cinco siglos, en lo que se destacan sus acciones de piratería a lo largo y ancho del mundo. Por ello, lo que acaba de suceder bien puede catalogarse como el macabro regreso de Morgan & Drake, los apellidos de los dos más famosos corsarios (tripulantes de barco que estaban autorizados con patente de corso para atacar barcos enemigos) y filibusteros (piratas que en el siglo XVII actuaban en el Mar de las Antillas y que no se alejaban de las zonas costeras y solo atacaban los puertos).


Corsarios de ayer…
Inglaterra como potencia mundial desde el siglo XIV fue una impulsora de la vieja piratería colonialista. Cabe recordar que hubo dos tipos de piratería, una oficial y por arriba, implementada por las potencias coloniales para saquear las riquezas en territorios rivales, y otra popular y por abajo, llevada a cabo por marineros que se rebelaron e intentaron crear otro orden en barcos y territorios liberados del dominio de las grandes potencias de la época. En rigor, el término de pirata debería reservase a los de abajo, que combatían al sistema, eran románticos, mientras que el corsario (el pirata oficial) estaba integrado al sistema dominante, lo defendía y lo sostenía.

Los principales corsarios fueron Francis Drake (1540-1596) y Henry Morgan (1635-1688) que actuaban por órdenes de la corona inglesa y cumplieron un papel activo en la disputa con el dominio colonial español en el mar Caribe. En este rol sobresalieron sus acometidas en los actuales territorios de Haití, Cuba, Venezuela, Panamá, México, Colombia, entre otros.

Una de las riquezas más apetecidas era el oro, el que como parte del botín terminaba directamente en manos de la corona británica, de la que los corsarios mencionados terminaron siendo funcionarios eficientes. No por azar los dos fueron designados con importantes títulos y cargos. Morgan fue nombrado Caballero por el rey Carlos II de Inglaterra y Teniente Gobernador en Jamaica, donde su función principal fue la de perseguir a los piratas de la zona, cuando la piratería de origen popular se convirtió en un obstáculo en el proceso de acumulación de capital y de ascenso hacia el dominio mundial para Inglaterra. Vale decir que Morgan se consideraba como un leal sirviente de su majestad y de nadie más. Por su parte, Francis Drake como corsario y traficante de esclavos, dirigió numerosas expediciones de la Marina Real Inglesa en diversos lugares del mundo, entre ellos el mar Caribe. Como premio a su labor de saqueador, la Reina Isabel lo designó Caballero Real con el título de Sir y miembro del Parlamento. Fue el típico corsario inglés, puesto que tenía patente de corso (autorización) para realizar expediciones, atracos, saqueos y robos en territorios de las colonias españolas.

Dentro de las acciones que estos emprendieron cabe recordar el saqueo en el actual territorio venezolano en el siglo XVII, el primero realizado por los corsarios oficiales del imperio inglés. Morgan saqueó los territorios de Maracaibo y Gibraltar en marzo de 1669, en donde los filibusteros cometieron numerosos crímenes contra los habitantes locales, a quienes torturaron, a algunos los quemaron vivos y a otros los ahorcaron, siempre en búsqueda del codiciado oro. Para abandonar Maracaibo, Morgan exigió tributo de quema, por el cual le debían dar una cantidad de dinero a cambio de no incendiar la ciudad y como prenda llevaban prisioneros para asegurar el pago.

Fueron estas acciones tan “nobles” las que llevaron a que Morgan fuera nombrado vicegobernador de Jamaica, lo que indicaba un cambio en la lógica de la acumulación de capital: del saqueo en mares y puertos, los corsarios pasaban a convertirse en “honrados” empresarios, que invertían en plantaciones y en comercio legal, como el tráfico de esclavos. Y, en consecuencia, los antiguos corsarios devenidos en hombres de negocios y en políticos “honorables” se dieron a la tarea de limpiar de piratas los lugares donde antes habían merodeado con sus acciones criminales. En pocas palabras, los ladrones, ahora de cuello blanco, se convirtieron en policías.

Tales fueron los invaluables aportes de Morgan & Drake a la consolidación del poderío inglés en el mundo, lo que demuestra la certeza de afirmar que el capitalismo se ha podido formar mediante el robo, el saqueo, la piratería oficial y la esclavitud. Por ello, en Inglaterra el espíritu de estos dos corsarios se mantiene hasta el día de hoy como emblema de lo que ha sido y es la cuna del capitalismo, la pérfida Albión como se denomina a Inglaterra desde 1793.

…Corsarios de hoy
Esa piratería oficial que llevan a cabo las grandes potencias, entre ellas la decadente Inglaterra, que vive de las glorias pasadas y se queda con las migajas que le dejan los Estados Unidos, el imperio que es el campeón mundial del robo y del saqueo, recurre tanto a los viejos métodos de los corsarios en alta mar y en tierra, y a “nuevos” y sofisticados métodos del “Estado de derecho” del capitalismo realmente existente.

Entre esos nuevos métodos predomina la acción del capital financiero, con sus “inmaculados” banqueros, con corbata y portafolio de cuero, sus economistas de cabecera, sus ideólogos y periodistas y, por supuesto, sus jueces y abogados. El objetivo es el mismo de los viejos corsarios: quedarse con el oro ajeno.

Eso se ejemplifica con el dramático caso de Venezuela, que viene soportando un saqueo continuo, descarado y sin compasión en los últimos años, encabezado por Estados Unidos, secundada por sus socios principales de la Unión Europea e Inglaterra y por sus lacayos incondicionales de América Latina, como la Pandilla de Lima y el obsecuente régimen de Iván Duque en Colombia. Todos a una, como en fuente ovejuna, preparan sus garras de ladrones para ver con que parte de la riqueza de Venezuela se quedan, aunque el botín llegue a los corsarios financieros de los Estados Unidos y de sus súbditos ingleses, quienes en realidad actúan como intermediarios o testaferros de los que dictamine Washington, pues son solo mandaderos a sueldo, algo así como sicarios financieros.

Eso se demuestra con los vergonzosos sucesos de las últimas semanas, cuando un juez de Inglaterra dictaminó que el oro de Venezuela no era del gobierno de ese país, sino de un usurpador, a quien nadie eligió, sino que fue escogido a dedo por el gobierno de los Estados Unidos, y a quien la comunidad internacional de delincuentes autoproclamó como “presidente encargado”. Para mostrar el descaro del robo que se acaba de consumar, valga decir que el Juez en cuestión señaló que el dinero le correspondía a la espuria Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, que no opera en ese país sino en los Estados Unidos y en Colombia, como quien dice funciona en el reino narcoparamilitar del eje del terrorismo internacional Washington-Bogotá. En síntesis, Inglaterra le entrega el oro de Venezuela a una junta de hampones, nombrada por un usurpador que ha sido a su vez designado por Estados Unidos, el que finalmente se va a quedar con el oro, como se demuestra con el hecho denunciado hace pocos días, de que una parte de la construcción del Muro de Trump, en la frontera con México, fue construido con dineros robados a Venezuela.

Este atraco hecho en Inglaterra y por Inglaterra adquiere connotaciones de un sadismo criminal, propio de los corsarios, puesto que supone privar a la población venezolana de mil trescientos millones de dólares, indispensables para paliar la crítica situación económica que se vive en ese país. Ese dinero serviría para comprar medicinas y alimentos destinados a la población de Venezuela. Al quitar esos dineros, Inglaterra está infringiendo torturas y crímenes, peores que las realizadas por Morgan & Drake, y está matando a miles de venezolanos con una saña propia de los poderes colonialistas de Europa, y que tan bien describió Josep Konrad en su novela El corazón de las tinieblas, donde dijo cosas de mucha actualidad sobre los crímenes de los ingleses, tal como estas dos sentencias: “La conquista de la tierra en su mayor parte no consiste más que en arrebatársela a aquellos que tienen una piel distinta o la nariz ligeramente más achatada que nosotros”, y “arrancar tesoros a las entrañas de la tierra era su deseo, pero aquel deseo no tenía detrás otro propósito moral que el de la acción de unos bandidos que fuerzan una caja fuerte”.

De los corsarios de parche y calavera a los corsarios de corbata y computador
El comportamiento de corsarios del gobierno inglés indica que el derecho internacional ha muerto, lo que significa en la práctica que desapareció cualquier credibilidad en la “seguridad” de depositar dineros en las arcas de los bancos de las potencias. Después del vulgar atraco de que ha sido víctima Venezuela en Londres, qué gobierno del mundo periférico va a confiar en la honradez de los bancos de las potencias, que cumplen las ordenes de los amos imperialistas, con lo que demuestra en que consiste la mano bien visible del mercado, que actúa para satisfacer los intereses políticos de Ali Baba y sus cuarenta ladrones.

Es convertir la política internacional de los gobiernos de Estados Unidos y sus lacayos europeos y latinoamericanos en derecho internacional, lo que supone que son esos intereses coyunturales los que priman, desconociendo acuerdos y tratados de los Estados y reconociendo entidades paralelas y ficticias, como el caso de Juan Guaidó y su virtual Junta del Banco Central de Venezuela. Es el paso a la incertidumbre absoluta, que va a tener consecuencias imprevisibles, y sobre todo para aquellos que viven de rodillas ante el amo imperial, como los gobernantes colombianos.

Esa pérdida de confianza tiene implicaciones, puesto que Londres es la principal plaza financiara mundial en comercio de oro y al menos 30 países tienen depósitos de ese metal precioso en bancos de Inglaterra, lo que equivale al 20% del oro del mundo. Es un pésimo precedente que sea el Banco Central de Inglaterra el que niegue la devolución del oro a su legítimo propietario.

El robo que se acaba de presentar en Londres es, y debería ser, un aliciente para todos aquellos que reivindicamos el derecho de los pueblos a expropiar bancos y empresas multinacionales que saquean a nuestros países. Con el atraco de los corsarios ingleses del siglo XXI queda en añicos el argumento capitalista del respeto a la propiedad privada, de la seguridad jurídica, de la confianza inversionista y mil pamplinas de ese estilo que se repiten a diario en las universidades (en sus facultades de Derecho, Periodismo y Economía), en los pasquines pornográficos de la prensa diaria y por los políticos arrodillados de todos estos países.

Razón de sobra tenía Eduardo Galeano cuando aseguraba que “el malevaje financiero secuestra países y los cocina si no pagan el rescate. La economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado”.

 

Tras el asesinato del general Qassem Soleimani el 3 de enero, Irán anunció que ese crimen no iba a quedar impune y respondería militarmente a los Estados Unidos en cualquier momento y en cualquier lugar. La prensa occidental, vocera incondicional de Estados Unidos y de sus crímenes, argumentó que esas eran fanfarronerías, que las amenazas no iban a pasar del papel. Pero en el mes de enero se presentaron dos hechos resonantes en lo que puede llamarse la contra-ofensiva de Irán, a los que ni los Estados Unidos ni sus voceros mediáticos le concedieron importancia, intentando ocultar su alcance y no mostrar un flanco de debilidad del imperialismo estadounidense.

El primer hecho fueron los ataques con misiles que se realizaron desde Irán a bases militares de los Estados Unidos ubicadas en Irak. El primero se presentó el 8 de enero contra las bases de Ain al-Asad, las que habían sido visitadas por Donald Trump en 2018 y donde se encontraban drones tipo Reaper, los mismos que fueron utilizados para asesinar a Soleimani. Poco después se presentó otro ataque iraní en la región del Kurdistán iraquí. Aunque en su momento se informó de las respuestas militares, se les desestimó como algo anecdótico, y se aseguró, incluso por parte del propio Donald Trump, que ningún estadounidense había sido rasguñado.

Con los días se empezó a establecer la magnitud del ataque. Irán sostuvo que habían muerto unos 80 soldados de los Estados Unidos, que otros 200 habían resultado heridos, y que la base había sido reducida a cenizas. Estados Unidos ha negado que tuviera alguna perdida humana, pero le ha tocado admitir posteriormente, y a cuenta gotas, que 16 de sus soldados resultaron “con gravísimas heridas por quemaduras y metralla”.

Al margen de las cifras, quedan claras algunas cosas: los ataques fueron más contundentes de lo que se reconoce y los misiles de Irán alcanzaron sus objetivos sin que fueran derribados por las defensas anti-aéreas de los Estados Unidos. Esta es una muy mala noticia para el imperio, porque claramente quedó en evidencia su vulnerabilidad defensiva ante un ataque con los misiles que posee Irán, muchos de los cuales han sido hechos por Rusia. Aunque Estados Unidos estaba advertido del ataque, no pudo hacer nada para impedirlo y no logró derribar los misiles, con lo que queda un pésimo precedente que, de seguro, sus adversarios han tomado nota de primera mano.

Existe un segundo hecho que en la prensa occidental ha pasado de agache y sobre el que se hacen pocas menciones. Aconteció el 27 de enero en Afganistán, cuando cayó, así se dijo en un primer momento, un avión de los Estados Unidos en la remota provincia de Ghazni, a 150 kilómetros al sur de Kabul, capital de ese país. En un principio se dijo que era un avión comercial que se había estrellado. Rápidamente se desmintió que fuera un avión de pasajeros y se precisó, por fuentes externas a los Estados Unidos, que era un avión militar de espionaje.

Se trataba de uno de los cuatro Bombardier BD-700, comprados a Canadá y equipados con una sofisticada tecnología y transferencia de señales conocida como el Nodo de Comunicaciones Aerotransportadas del Campo de Batalla (BACN). Según el analista argentino Guadi Calvo, la aeronave “traduce y retransmite comunicaciones en tiempo real en el campo de batalla entre las tropas de tierra y las aeronaves en Afganistán. [Es] capaz de transmitir comunicaciones de voz, vídeo, fotografía, utilizando diferentes tipos de redes de comunicación. El avión derribado vuela por encima de los 12.000 metros, con autonomía de más de doce horas de vuelo”. No se trata un avión del montón, es un artefacto especialmente adaptado para facilitar la carnicería de los Estados Unidos. Lo significativo es que dicho avión vuela a una altura en la cual no pueden llegar los misiles que tienen los talibanes, quienes luego de su caída se proclamaron como los autores de tal hazaña.

Pero hay más: luego de su derribamiento, las tropas especializadas de los Estados Unidos no pudieron llegar al sitio para recuperar los restos, temerosos de que rusos o iraníes llegaran antes y se apoderaran de los secretos del BACN. Sin embargo, hay un dato más rinbombante, una noticia a la que no se le ha dado la importancia que tiene: en el avión derribado viajaba el jefe de la CIA en la sección de Irán, el mismo que había participado en la organización del asesinato de Soleimani, tres semanas atrás.

Michael D'Andrea, un “asesino profesional” al servicio de los Estados Unidos, con un impresionante prontuario: ingreso a la CIA en 1979, participó activamente en el programa de torturas que Estados Unidos desplegó después del 11 de septiembre de 2001, día en que fueron derribadas las Torres Gemelas. Lo conocían con varios alias: el 'Ayatolá Mike', el 'Principe Oscuro' y 'El Enterrador'. Estaba al frente del programa de asesinatos con drones en Yemen y Pakistán que concretaron la muerte de cientos de personas inocentes. Eran tan criminal, que su nombre fue revelado en el 2015 por el New York Times, pues en las operaciones que lideraba fueron asesinados con un dron dos cautivos occidentales de Al Qaeda, el estadounidense Warren Weinstein y el italiano Giovanni Lo Porto.

El 28 de enero murió un “halcón de la CIA” que había participado en el asesinato del general Soleimani. ¿Puede eso considerarse como una coincidencia? Difícilmente, porque un avión como en el que viajaba D'Andrea, no se cae todos los días, ni de repente, y tampoco puede ser derribado por cualquier grupo armado. Para hacerlo se necesita inteligencia y cierta tecnología, que en este caso puede presumirse, con bastante seguridad, que las dos cosas procedieron de Irán de forma indirecta o directa. Otro pésimo antecedente para los Estados Unidos que demuestra su vulnerabilidad, pese a que la propaganda mediática todos los días diga lo contrario. Lo único bueno de la noticia es que tenemos un asesino menos de la CIA haciéndole mal al mundo. ¡Siempre es que Ala es grande!

Thursday, 19 December 2019 00:00

La guerra contra los niños pobres

Sus nombres no les dicen nada a los colombianos. Nadie sabe quiénes fueron ni qué hicieron en su corta vida. Nunca han sido registrados por la propaganda mediática que nos bombardea a diario con las estupideces de las vedettes y sus crudas frivolidades. Forman parte de los nadies, de los ninguneados, de aquellos que no tienen voz y a los que con toda la impunidad se les humilla, explota y asesina. Son el reflejo a nivel micro de la Colombia olvidada, en la cual los pobres, trabajadores, campesinos… soportan la desigualdad, injusticia, miseria y antidemocracia que carcome a la sociedad de este martirizado país, y que sustenta a una minoría criminal que desde siempre ha recurrido al terrorismo de Estado para mantener sus riquezas.

La hija de trabajadores
María Edilma Zapata, una niña de 10 años, fue una de las doce personas asesinadas por el Ejército el fatídico sábado 23 de febrero de 1963. Ese día, las tropas al servicio de los empresarios del cemento, desempeñándose como esquiroles, hicieron pasar a la fuerza camiones cargados de cemento, cumpliendo las órdenes del gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez (dueño del periódico El Colombiano y accionista de Cementos Argos), quien había dicho que el cemento salía así hubiera que pasar sobre los cadáveres de los trabajadores. Y así se hizo. En lugar de atender los modestos reclamos de los trabajadores en huelga, el Ejército los masacró cuando disparó a mansalva y de manera indiscriminada contra la gente que se encontraba en la entrada de la cabecera municipal de Santa Bárbara, tratando de impedir el paso de los camiones que rompían la huelga. Las balas oficiales mataron a una docena de trabajadores y habitantes del pueblo. Entre los muertos estaba María Edilma Zapata, la hija del trabajador y dirigente sindical Luis Eduardo Zapata.

Como suele suceder con el terrorismo de Estado a la colombiana, tanto los voceros del Ejército como los funcionarios civiles justificaron la masacre arguyendo que la tropa había sido atacada por los huelguistas, y que, en legítima defensa, se habían visto obligados a disparar contra los trabajadores que los agredían. Entre los que emboscaron al Ejército se encontraba la pequeña niña que, según la versión del Gobernador, no murió por disparos oficiales sino por una pedrada, una falacia que fue desmentida por los médicos legistas. Para completar, el mismo gobernador felicitó a los asesinos diciendo que habían cumplido con su deber de manera ejemplar, puesto que habían repelido una huelga organizada por los comunistas. Como siempre, este crimen de Estado quedó en la impunidad y sus responsables intelectuales y materiales, entre ellos Belisario Betancourt Cuartas, por entonces Ministro de Trabajo, son presentados como “insignes patriotas”. A la niña asesinada escasamente se le nombró para enlodar su nombre y el de su padre en el momento del crimen. Solamente quedó en la memoria de los trabajadores de Cementos El Cairo, que cada 23 de febrero recuerdan la masacre de 1963.

La hija de campesinos
56 años después sucedió otra horrenda masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas de Colombia, en la que fueron despedazados 18 niños y adolescentes. Aconteció la noche del 29 de agosto de 2019 en San Vicente del Caguán (Caquetá), cuando desde nueve aviones caza fueron lanzadas numerosas bombas, cada una de ellas de 250 libras, con una potencia mortífera capaz de exterminar todo rasgo de vida que se encuentre a 50 o 75 metros de distancia. Esa explosión dejó un cráter de 200 metros de extensión y 12 metros de profundidad, y pulverizó, literalmente, a los seres humanos que se encontraban en el campamento guerrillero.

Entre los masacrados estaba Ángela María Gaitán, de 12 años de edad, quien estudió hasta segundo de primaria. La última vez que su madre la vio y habló con ella, la niña le dijo: “Yo no quiero morir ni que les pase nada a ustedes, mamá váyase ya”. A los pocos días su madre se enteró de que ella estaba entre los masacrados el 29 de agosto. Ese día, según lo describió Noticias Uno, miembros de la comunidad campesina aledaña al sector donde se realizó la operación, señalaron que “en el campamento se encontraban entre 16 o 18 niños, y no ocho”. Además, “tres niños alcanzaron a sobrevivir el bombardeo y huyeron corriendo, pero luego fueron perseguidos por soldados con perros y drones, quienes luego los acribillaron con disparos”.

Cuando se presentó este nuevo crimen de Estado, el subpresidente Duque afirmó que: "Quiero informarles a ustedes y al país que anoche autoricé al comando conjunto de operaciones especiales adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas residuales de las Farc […] gracias a esa labor, estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor, cayó Gildardo Cucho, cabecilla de esa organización […] Quiero felicitar a nuestros héroes del país, gracias por responderle a Colombia". Es decir que esta acción criminal, bautizada como operación Atai, que es tipo beta y que requiere de autorización presidencial, fue ejecutada por órdenes directas del subpresidente.

Después de la renuncia del Ministro de Defensa Guillermo Botero, el nuevo criminal de guerra, Duque escupió sobre los niños masacrados cuando felicitó al mencionado personaje: “Pero que sea esta la ocasión también para rendirle hoy acá un homenaje al exministro de Defensa Guillermo Botero Nieto", quien "le ha dejado al país una gran lección de vida". Semejante cinismo queda en los anales universales de la infamia, puesto que precisamente lo que ese personaje ha dejado es una terrible lección de muerte, realizada con los atenuantes de la premeditación y la alevosía. Esa fecha tenebrosa debe quedar como emblema de la guerra que el bloque de poder contrainsurgente (Estado y clases dominantes) libra contra los niños pobres en Colombia.

Infanticidio de clase
Los asesinatos de estas dos niñas son una muestra dolorosa de esa prolongada guerra contra los niños pobres, un verdadero infanticidio y juvenicidio con un claro sello de clase, cuyos blancos son trabajadores, campesinos, habitantes pobres de las ciudades. La tragedia de estas dos pequeñas, y de sus familias, es un símbolo de la tragedia colombiana, en cuyo trasfondo figura un prolongado terrorismo de Estado, el hilo bien visible que conecta los últimos 70 años de la historia colombiana. Y el infanticidio contra los pobres y humildes es otro de los componentes de ese terrorismo de Estado. Por ello, María Edilma Zapata y Ángela María Gaitán, dos humildes niñas de este país, han sido asesinadas, porque su delito ha sido ser pobres. Por eso nadie las llora ni las recuerda, pero, por lo mismo, deben figurar en la memoria de todos aquellos que han caído por la acción genocida del Estado colombiano. Y su ternura, destruida por las ruines balas y bombas de los asesinos oficiales, con más de medio siglo de diferencia, conecta emocionalmente la historia contemporánea de Colombia para quienes sentimos y padecemos el dolor y el sufrimiento de habitar este terrible país.

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