Editorial 35 La minga somos todos

En estos últimos meses se ha revitalizado el movimiento popular en Colombia de una manera impresionante: Las movilizaciones de los trabajadores estatales, el paro camionero, la febril actividad estudiantil, etc. Pero son sobre todo la huelga de los corteros de caña en el Valle del Cauca y la Minga indígena los que le han devuelto la beligerancia y ansias de dignidad al movimiento popular. Sobra decir que, además del espíritu combativo de las organizaciones populares, son las mismas condiciones asfixiantes que este régimen perverso nos impone las que han disparado las movilizaciones, y que en ellas mismas se ha hecho todavía más evidente ya no solo el talante represivo de este gobierno sino su proyección decidida hacia una dictadura civil.

En estas movilizaciones varios indígenas han sido asesinados por la fuerza pública y algunos de los corteros de caña han sido judicializados. Como si fuera poco, en los últimos días, el coordinador de la Unidad contra el terrorismo, de la Fiscalía, ordenó investigar las bases de datos de los estudiantes de varias universidades públicas de Bogotá desde 1992, con la absurda pretensión de identificar a 55 miembros de las FARC, vinculados a las universidades, según los hallazgos en un computador de ese grupo guerrillero, en donde supuestamente se mencionan con nombre y foto (y en razón de esta pretensión ya empezaron las capturas masivas: Entre el 13 y el 14 de noviembre, la policía hizo efectiva en Bogotá la captura de 8 personas entre estudiantes y profesores, de 30 órdenes que hay por ejecutar). La estigmatización generalizada de los estudiantes de estas universidades, en vez de la individualización en la investigación, es una clara torcedura de la lógica común. Justo en momentos en que estos centros educativos vienen movilizándose de manera continua por la reivindicación de la educación pública, son centros dinámicos de la oposición al gobierno y de solidaridad con el movimiento popular.

Pero eso no es nuevo. La estigmatización ha sido una estrategia recurrida para deslegitimar a las organizaciones sociales, y la represión de la protesta social ha sido una constante de todos los gobiernos en Colombia, aunque este la haya llevado a niveles definitivamente dramáticos con su política de seguridad democrática. Lo singular de esta coyuntura, sin embargo, es que en ella el gobierno inaugura con sagacidad una manera frontal para neutralizar el ejercicio político de la oposición y cortar sus vínculos con las organizaciones populares que luchan por la transformación social.

Desde estas mismas páginas le hemos criticado al Polo Democrático, como partido de oposición, mantenerse aislado de las luchas populares y no poner su fuerza al servicio de la movilización, sino más bien utilizar al movimiento popular como simple caudal electoral. Pero ahora, cuando Alexander López, miembro de esa colectividad y senador de la república, asesora e impulsa la huelga de los corteros de caña en el Valle del Cauca, el gobierno lo acusa como si el acto fuera delictivo. De hecho, la propia Fiscalía, siguiéndole el juego al presidente, le abrió proceso penal a varios de los asesores del senador e incluso logró privar de la libertad temporalmente a algunos de ellos. En la misma dirección se orientaron las declaraciones públicas del Ministro de Protección Social contra el presidente de la CUT, Tarcisio Mora, acusándolo de querer desestabilizar al gobierno concertando una serie de movilizaciones de los trabajadores oficiales.

Pero ¿Cuál es el delito que comete un dirigente político de oposición impulsando y asesorando la protesta social de los trabajadores contra los empresarios que los denigran o contra el gobierno mismo que hace lo propio? ¿No es acaso una de las funciones estratégicas de un directivo de una central obrera coordinar las acciones y movilizaciones de los trabajadores en la lucha por sus reivindicaciones? ¿Y no es acaso este un ejercicio que no solo debe tolerar sino demandar una democracia, incluso la democracia de papel como es la burguesa? Estas preguntas, desde luego, no fueron formuladas por los periodistas de los medios masivos de comunicación, que se limitaron a hacerle eco a la vocinglería oficial. Si se las hicieran dejarían al descubierto que lo que hacen estos dirigentes populares es ejercitar de verdad la democracia y que de lo que realmente los acusa el gobierno es de ejercer la oposición en el terreno real, en la organización de las luchas populares.

Y como para que no quede duda de que la apuesta del gobierno es por aplastar la oposición política, el senador Gustavo Petro logró develar un plan de seguimiento fraguado desde las altas instancias del DAS, el escenario de la inteligencia estatal: una orden impartida a todas las unidades para vigilar al senador y dar cuenta de todas sus acciones y todas sus relaciones. Y otros dos en los que se ordena un seguimiento a toda la colectividad. Aquí se pedía información acerca de la identificación plena de los delegados al II Congreso nacional y sus posibles vínculos con organizaciones terroristas, las proyecciones estratégicas para desestabilizar al gobierno, alianzas con organizaciones sociales (sindicatos y ONGs), etc. Siempre al acecho de cualquier desliz que le posibilite al gobierno armar el montaje, como es su costumbre, para implicar penalmente a los miembros del Polo y de paso desprestigiar a todo el partido.

Lo que vemos en estas estratagemas es ya una embestida brutal y grosera en donde sin ningún discurso justificatorio se busca penalizar la oposición política por el mero hecho de ser oposición. Así quiere el gobierno cerrar definitivamente el mínimo espacio que hasta ahora se le había concedido a la democracia en este ordenamiento burgués. Ni siquiera esto puede tolerarlo la derecha recalcitrante que hoy gobierna, y eso es precisamente lo que la empuja hacia la dictadura, para garantizar su pervivencia en el poder.

Por fortuna la movilización de los indígenas y de los corteros hoy tiene unos niveles de claridad y decisión que le permiten avanzar incluso por encima de estas barreras y beber de las fuentes de otras inconformidades. El esclavismo latente al que están sometidos los corteros y las vicisitudes de sus familias ha logrado conmover un grueso importante de la población colombiana. Y la férrea decisión de los indígenas, su organización y capacidad de planificación ha logrado despertar simpatía y admiración en las demás organizaciones populares, que parecen dispuestas a acompañarlos en esta lucha, confiados en su fuerza y entusiasmo.

La solidaridad que estas movilizaciones han despertado en el grueso de las organizaciones sociales permite pensar en un proceso amplio, sobre todo ahora que los indígenas nos invitan a una minga popular que una a las demandas de su organización todas aquellas que siguen pendientes en los sectores populares. Nosotros creemos conveniente y pertinente esta minga popular como movimiento que se irradie por todos los territorios del país y presione y busque salidas a la actual crisis humanitaria. Pero además creemos necesario que ponga a la cabeza de sus demandas la renuncia del presidente Álvaro Uribe Vélez. No solo por la crisis humanitaria en que hunde al país cada vez más con total despotismo, sino por la dictadura civil criminal y sangrienta que construye para imponernos la crisis como norma. Además, porque los escándalos recientes por las ejecuciones extrajudiciales dejan ver que esta es una de las estrategias privilegiadas de la política de seguridad democrática para imponer esa dictadura. Un gobierno que se basa sistemáticamente en el asesinato y el terror no puede permanecer incólume, tiene que ser derribado y juzgado por el pueblo.

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