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En el marco de la construcción de integración de los pueblos fronterizos de Colombia y Venezuela, comunidades de Colombia y Venezuela realizarán el II Foro Binacional por la integración de los pueblos fronterizos de las naciones bolivarianas.

Según las comunidades, este espacio servirá para la construcción de propuestas comunes que permitan fortalecer los lazos de hermanamiento y compromisos en la defensa de la soberanía popular de la macro Orinoquía-Amazonía.

Para Sonia López, integrante de la Fundación de Derechos Humanos “Joel Sierra” y del Movimiento Político de Masas, Social y Popular del Centroriente de Colombia, “este espacio de discusión de organizaciones sociales también buscará evaluar el avance de las conclusiones del primer foro Binacional efectuado en el Amparo Venezuela – 2014, así como recrear políticas de integración en lo relacionado con ambiente y territorio, productividad, derechos sociales, DD. HH. y DIH, pueblos originarios e indígenas y seguridad y defensa”. 

El foro también definiría una hoja de ruta para la incidencia y acción política del movimiento social y popular binacional ante instancias gubernamentales y no gubernamentales. Incidencia y acción política que se dinamizaría a través de una comisión binacional que permita implementar las propuestas desarrolladas en el evento y que realice el seguimiento necesario.

El espacio de foro se hará en Arauca capital los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Centro de Convenciones los Libertadores. La primera sesión dará inicio el 27 de septiembre a las 2:00 pm mediante el acto de instalación. Acto en el cual se presentaran los saludos de la institucionalidad en cabeza de los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro o sus delegados, además, de las palabras de las delegaciones e invitados internacionales y nacionales.

En la programación del foro, también está la presentación del enfoque sociopolítico internacional, latinoamericano y binacional. Además de la realización de mesas temáticas en las cuales se pretende recrear políticas de integración en lo relacionado con ambiente y territorio, productividad, derechos sociales, DD. HH. y DIH, pueblos originarios e indígenas y seguridad y defensa.

El evento finalizará con un acto público en el Puente Internacional José Antonio Páez en el cual se presentará la declaración política del evento y se realizaran actos culturales.

E.* no dejaba jugar fútbol a su hijo por miedo a que lo lesionaran o sufriera una fractura. No fue una patada lo que mantiene a su hijo postrado con apenas 17 años. Es la bala que entró por su muslo izquierdo, disparada, según él, por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) el 3 de mayo de 2021.

La alevosía que empleó la fuerza pública para apagar el estallido social que vivió Cali entre mayo y junio del año pasado, mató a más de 20 personas en Siloé —y más de 40 en todo Cali—, estropeó el proyecto de vida de los muchachos que quedaron con lesiones de por vida, y dejó daños morales irreversibles en los familiares de las víctimas. La mamá de E., por ejemplo, sufrió un infarto de la angustia que le daba ver a su nieto enfermo.

El paro en Cali nunca paró, al menos no en Silóe. A la letal represión, le siguió un ciclo de violencia —que se mantiene hasta hoy— contra la verdad, la memoria, y los reclamos de justicia:    

A Daniel Stiven Sánchez —joven de 16 años que el 29 de mayo apareció quemado y con signos de tortura afuera del Dollar City de Silóe—, su familia no pudo llorarlo el día de su entierro porque hombres armados andaban merodeando el lugar. Días después quebraron los vidrios de la casa familiar. P., la hermana a la que Daniel siempre le pedía la bendición cuando salía de la casa, empezó a ser hostigada y perseguida por motos policiales. Y a su hermano, que estaba a punto de jurar bandera en el Ejército, lo echaron cuando se enteraron que sus hermanas responsabilizaron a la fuerza pública del asesinato de Daniel.  

Al otro día del asesinato de su hijo, a J. —mamá de Harold Antonio Rodríguez, asesinado el 3 de mayo al igual que José Emilson Ambuila y Kevin Agudelo Jiménez— la llamaron abogados rapaces desde Medellín, Bogotá y Barranquilla para ofrecerle sus servicios. Una semana más tarde, un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) la citó y le pidió que le entregara el celular de su hijo, de no acatar la orden, dijo él, deberían allanarle su casa. J. llamó al CTI y averiguó por el sujeto. Una investigadora de la entidad le respondió que sí trabajaba con ellos, pero no le habían dado ninguna orden.  

La trabajadora social que reportó y denunció los 3 muertos y 23 heridos que llegaron al hospital de Siloé el 3 mayo, debió abandonar el país por amenazas. En enero, un fiscal tosco le recriminó a M. —mamá de Michael Andrés Aranda, asesinado el 28 de mayo de 2021— porque ella y otras familias protestaron ante la negligencia sistemática en los procesos judiciales, “hemos trabajado todo diciembre, yo no pude tener una navidad como la suya”, le dijo él. Desde que terminó la protesta, asesinaron o encarcelaron más de 20 jóvenes que en su momento integraron la Primera Línea de Siloé y otros puntos de la ciudad. Entre las victimas también hay niño que dice querer suicidarse para llegar al cielo y encontrarse con su papá.

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El 9 de mayo de 2021, Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital del Valle, le dijo a un periódico internacional que días después de la masacre del 3 de mayo había ido a Siloé, “y escuché los disparos y escuché los estruendos. Después, en esa balacera tan berraca, yo no encontré a los muertos”. Cuando le preguntaron si en ese momento el que daba las ordenes era él o Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército a quien el expresidente Iván Duque le encomendó apaciguar el estallido social en Cali, respondió: “un comandante del Ejército tiene mucha más capacidad política que un alcalde […] Lo que hacen los alcaldes es definir la línea gruesa, jamás la línea operativa”.

Ospina volvió a Siloé el 3 de septiembre de 2022. Algunas personas que estuvieron en la reunión que él presidió, aseguran que el alcalde reduce la memoria a la construcción de monumentos. Que además ofreció empleo, pero los familiares de los asesinados le respondieron que no estaban buscando trabajo sino justicia.

“Cali incluyente” fue el programa que la alcaldía, con ayuda financiera de algunos empresarios, diseñó para responder a las demandas de la juventud que paralizó la capital mundial de la salsa. El proyecto abrió más de 400 plazas laborales, las cuales fueron repartidas entre las casi 26 primeras líneas que integraban la Unión de Resistencias de Cali (URC).  

Las tareas asignadas a los “pelados” van desde hacerle mantenimiento a las huertas comunitarias en los barrios, hasta apoyar la prevención y la mitigación de la Unidad de Gestión del Riesgo. M. y E., dos integrantes del punto de resistencia La Nave de Siloé, tienen reparos sobre el programa y desconfían de las buenas intenciones de la institucionalidad y el sector empresarial. Las lideresas aseguran que es una estrategia para generar fracturas al interior de las primeras líneas y obtener información personal con la cual perfilarlos. E., quien fue beneficiaria de una de las vacantes, denuncian que existe una malversación del presupuesto, incumplimiento en los pagos, programación de actividades en lugares distintos a sus barrios de influencia, asesinato de jóvenes que hacían parte del programa —el que funcionarios de la alcaldía llaman “Cali delincuente—, y que el contrato que firmó el 10 de junio, a ella se lo cancelaron el 10 de julio por manifestar su inconformidad con el manejo administrativo.

Pareciera que el Estado, en su afán por borrar su responsabilidad criminal en la historia, también hubiera optado por recurrir a “todos los medios de lucha”.  

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Las violencias encubiertas, simbólicas y sistemáticas desplegadas durante el postparo, son una forma de reprender a los que quedaron, de enterrar vivos a los sobrevivientes.

Quienes dieron la orden de disparar y algunos sospechosos de haber disparado, hoy siguen portando su uniforme. Como el Estado colombiano no castiga, sino que en algunas ocasiones premia al sindicado, los familiares y algunas organizaciones sociales decidieron crear su propio escenario de acusación y justicia simbólica; pues aunque la búsqueda de la verdad moviliza, tal como lo dijo el magistrado argentino Pablo Pimentel, “sin justicia la verdad queda como un dato frio en la historia”.

El Tribunal Popular de Siloé no es una invención desesperada. Uno de los antecedentes en los que se inspira es en las Gachachas. Este juzgado comunitario, que en español significa “justicia sobre la hierba”, fue el mecanismo utilizado en Ruanda para enjuiciar, en circulo y al aire libre, a los responsables del genocidio que acabó con más de 600.000 Tutsis en 1994.

La sesión inaugural del Tribunal fue el 3 de mayo de 2022. Ese día se le imputaron cargos al expresidente Iván Duque, al alcalde Jorge Iván Ospina, a la gobernadora de Valle del Cauca Clara Luz Roldán, al excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro, al comandante operativo de la Policía de Cali Édgar Vega Gómez y al comandante del Grupo Operativo Especial de Seguridad (Goes) Néstor Mancilla, éstos dos últimos también acusados e imputados por la Fiscalía 39 de derechos humanos de Cali.

En la segunda sesión, realizada el 10 de septiembre, la secretaria técnica presentó a los Magistrados internacionales el material que prueba la responsabilidad estatal en 18 crímenes de lesa humanidad que, entre el 28 de abril y el 10 de junio de 2021, ocasionaron 159 víctimas en Siloé. Pese a que el juzgado 11 civil de circuito de la ciudad ordenó a la Defensoría del Pueblo designar una persona que defendiera al Estado en la sesión de acusación, Armando Torres Gómez, encargado por la regional Valle, no asistió. Se espera que en febrero de 2023 los jueces internacionales den lectura a la sentencia, sin embargo, Yohanka León del Río, magistrada cubana, afirmó que lo ocurrido en la comuna 20 de Cali fue una “grave lesión a la consciencia ética y comunitaria”.

El Tribunal puede mostrar avances probatorios, todavía no puede celebrar una condena. Pese a ello, su quehacer resulta legítimo en tanto las familias depositan en él su única esperanza, y quienes nunca habían denunciado se atreven a hablar. O. —mamá de Conrado de Jesús, joven abaleado por la fuerza pública el 3 de mayo— era una de ellas. En un espacio muy íntimo, aparte de reseñarnos todo el drama por el que ha pasado, agradeció porque “hemos recibido más abrazos y apoyo de gente de afuera, que de la misma ciudad”. También deberá decir la historia que mientras Siloé pedía justicia, Santiago de Cali siguió bailando salsa.

 

*Se omiten los nombres por cuestión de seguridad.

Lo que la noticia se llevó

Por Gilbert Gil

Hace casi un año el país tuvo en el entrecejo a Necoclí. Era entonces (y lo sigue siendo) un pueblo nada exorbitante del norte antioqueño, cuya punta costera es también la punta costera de la margen derecha del antiguo golfo del Darién. Fuera de su mar poco salino, o su larga historia de disputas, ninguna otra cosa suele saltar a la vista. Sin embargo, para finales del 2021 Necoclí ocupó las portadas de los medios nacionales e internacionales.

El casco urbano, recostado contra la playa, no acogía a más de doce mil habitantes a inicios del decenio. Poco después, 22.000 extranjeros se apoderaban del pueblo por las buenas. Todos migrantes de paso. Se contaban haitianos mayormente, pero también oriundos de Cuba, Camerún, Senegal, India y otras naciones de las que muchos en Necoclí solo habían oído en la televisión a las siete de la noche. Era cosa sabida para todos que al cruzar el golfo se llegaba a Chocó y, un poco más arriba, a Panamá, pero también se sabía que el Tapón del Darién no conseguía fama de feroz de la nada. Grupos de cubanos habían insistido en cruzarlo unos años antes desde Turbo, incluso habían comenzado a emprender la navegación cada vez más cerca del cabo costero, aunque en esos días era un asunto casi clandestino. La apariencia de secreto se debía a que los grupos arribaban por temporadas y no eran, de todos modos, numerosos.

Lo inimaginable sucedió y se evidenció a inicios de la pandemia, en la primera cuarentena estricta, cuando quedaron represados cerca de tres centenares de viajeros. La alcaldía los envió al coliseo municipal hasta que el tránsito se retomara y pudieran continuar su pesadilla americana. Eso fue apenas el anuncio. De a poco, con la misma lentitud y fijeza de una palmera en crecimiento, cada vez más escuadrones tomaban esa ruta y se asentaban en el lugar. Lo que al principio se trataba de contadas familias durmiendo bajo carpas en la playa, en espera de la próxima lancha, pasó a ser un pueblo casi por entero alquilado a los migrantes. A Necoclí se le pudo llamar Babel, Puerto Príncipe o con cualquier otro nombre que no fuera el suyo.

El acueducto no dio abasto, tampoco los tiquetes de la empresa de navegación, el alcantarillado, los hoteles y los hostales. El dólar, como siempre, encontró quien lo recibiera. Cinco dólares por persona la noche en una casa modesta de familia con derecho a baño, sillas y la cocina y sus enseres. La playa del muelle se había convertido en una marea de lenguas discordes como también en callejón de ventas entre ellos mismos. Todo lo que usted necesitaba para una travesía de esas donde lo menos recomendable era no imaginarse lo peor. Fue cuando los medios comenzaron a aparecer y a pagar muy bien por el cubrimiento. Se repitieron, como un antropólogo local llegó a sugerir, las extravagancias de los titulares periodísticos en los años noventa al noticiar sobre el Urabá. Lo más recomendable era no visitarnos y, por supuesto, buscaron en los archiveros las más osadas hipérboles que dispararon las alarmas en el gobierno central. El resto ustedes lo sabrán.

Ninguna nostalgia recorre las arterias de Necoclí, aunque la abundancia de esas fechas no volvió a repetirse. Se acerca agosto, septiembre, octubre o los meses de la crisis. Ahora son pocos los migrantes, aún se ven gentes negras o rostros venidos de la península del Indostán. Pero no es lo mismo que antes. Los nativos regresaron a sus casas, luego de muchas semanas en el campo, donde se refugiaban para poder alquilar. Cuando se camina las cuatro grandes calles de Necoclí se puede saludar de nuevo a gente conocida y lo que se dice en las otras mesas de los restaurantes se entiende claramente. La migración no cesó, pero no es lo que fue hace casi un año. El acueducto sigue sin funcionar de manera eficaz, aunque son otras las razones. Muchas cosas habían cambiado en la pequeña perla solitaria del Caribe. Las barberías se adaptaron a sus peinados, las discotecas a su música, los burdeles a sus gustos y la más informal de las tiendas al cambio de moneda. Necoclí nunca imaginó que tantas gentes se aventuraran a un viaje sin amparo. Los niños, nacidos en Chile, eran los traductores por lo normal. Es decir, lo impensable pasaba y pasaba en un pueblo que hacía mucho no oía de los calvarios y expediciones internacionales.

Todavía se habla de ellos, solo que a la manera de una noticia venida de lejos. Se cuentan de las lanchas volcadas por la marea, los cadáveres de niños, las violaciones, los atracos a mitad de la jungla e interminables vejámenes propios de la selva y bandoleros sin escrúpulos. Se hace ineludible recordar el evento. La bonanza migratoria representó una inyección a la economía de un municipio golpeado por la pandemia y por eso casi ninguna persona la desaprovechó. Los oficios, sin embargo, no fueron duraderos. Se veían a los comerciantes de rollos de espuma para improvisar camas, a los acomodadores en casas y hoteles, a los vendedores de fundas de plástico para salvar el pasaporte del horrísono oleaje y también a sastres que reforzaban morrales y les adicionaban caletas más tarde cruciales. Todos estos son oficios en el ocaso. El pueblo cuenta la burbuja migratoria a veces como un gozo remoto y a veces como un gozo venidero, pero lo cierto es que parece estar muy lejos de repetirse.

Casi nadie en Necoclí ha cruzado el Tapón del Darién, pero se conoce a muchos viajeros que sí se han atrevido a hacerlo. El deseo común, desde luego, es que lo hayan hecho a salvo y que esas historias oídas después solo sean un embuste pueblerino más.

 

El miércoles 24 de agosto se realizará el lanzamiento nacional del libro ¿Del paramilitarismo al paramilitarismoRadiografías de una paz violenta, en el Auditorio Alfredo Molano de la Defensoría del Pueblo.

La Oficina Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg (FRL) y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (Capaz) se propusieron indagar sobre la situación actual del paramilitarismo en Colombia, después del incompleto proceso de desmovilización (2003-2007). Se auspiciaron investigaciones territoriales de las regiones más afectadas con miras a identificar continuidades y cambios en los fenómenos paramilitares durante los últimos años. Los hallazgos se recogen en este libro, que busca ser un aporte para entender la dinámica paramilitar en Colombia, sin perder de vista que no se trata de un fenómeno homogéneo, sino más bien de un entramado de violencias disímiles en diversos lugares del país, que no son totalmente aleatorias.

Autoras y autores de los nueve capítulos regionales y los dos ca­pítulos nacionales enfrentaron el desafío de encontrar fuentes confiables para el análisis de las nuevas estructuras para­militares. Se recopilaron datos de panfletos publicados por estos grupos, testimonios de las víctimas, cifras de organizaciones de derechos humanos y “alertas tempranas” emitidas por la Defensoría del Pueblo. Aun así, autores y editores del libro señalan la falta de una sistematiza­ción de la información, muchas veces dispersa y de difícil acceso, para comprender mejor la magnitud y las lógicas de los paramilitarismos actuales en el país.

Otro reto ha sido el riesgo que corren quienes se atreven a investigar. Aunque se trata de recolectar información de dominio público y contextualizarla, en pleno desarrollo de los acontecimientos y dadas las circunstancias de violencia en Colombia, se vuelve una tarea complicada, tan importante como riesgosa. Denunciar las agrupaciones paramilitares e indagar sus vínculos con economías legales e ilegales, con élites locales e instancias del Estado, puede hacer que los equipos de investigación sean blanco de estos grupos. De hecho, las amenazas contra uno de los autores fueron tan preocupantes que se vio obligado a salir del país.

Esta obra no pretende dar respuestas definitivas. Más bien invita a un debate necesario, urgente e incluso incómodo sobre las causas de la horrible continuidad de la violencia, en medio de un precario proceso de paz. ¿Del paramilitarismo al paramilitarismo? Radiografías de una paz violenta también es un llamado a discutir y, sobre todo, a seguir indagando, denunciando y (de este modo) combatiendo a los grupos paramilitares. Por supuesto, la academia no puede ni debe asumir este rol en soledad. Se precisan respuestas integrales, el fenómeno paramilitar es un obstáculo central para la construc­ción de una paz real en Colombia y para el tránsito de la sociedad colombiana hacia una más justa, más democrática y más sostenible. Especialmente tras la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones presidenciales, que ha despertado muchas esperanzas en toda América Latina.

 

Presentación nacional en Bogotá

Fecha: miércoles 24 de agosto de 2022
Hora:  3 p. m.
Lugar: Auditorio Alfredo Molano de la Defensoría del Pueblo. Sede Nacional: Calle 55 No. 10-32.
Transmisión en vivo: www.facebook.com/rosaluxandina

Participarán:

Ferdinand Muggenthaler
Director de la Oficina Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg

Stefan Peters
Director del Instituto Colombo Alemán para la Paz

Javier Giraldo Moreno
Reconocido sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos.
Tercer vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos. Acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Alexandra Valencia
Magistrada con funciones de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Con experiencia de más de 27 años en el ámbito de la justicia y el derecho penal.

Manuel Torres
Miembro de la Escuela Permanente Carlos Alberto Pedraza e investigador de la Asociación Red Itoco.

Cierre musical del grupo Gaita Repicá

 

Rueda de prensa dirigida a medios de comunicación nacionales e internacionales

Fecha: miércoles 24 de agosto de 2022
Hora: 10 a. m.
Lugar: Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Cra. 5 #33B-02, Bogotá.
Transmisión en vivo: www.facebook.com/rosaluxandina

Participarán:

Ferdinand Muggenthaler
Director de la Oficina Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg

 Alexandra Valencia
Magistrada con funciones de Conocimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Con experiencia de más de 27 años en el ámbito de la justicia y el derecho penal.

 Camilo González Posso
Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). 
Autor de varios libros, ensayos y artículos periodísticos dedicados a temas económicos, políticos o sociales de la construcción de democracia y paz.

Javier Giraldo Moreno
Reconocido sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos.
Tercer vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos. Acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

 

Primera presentación regional en Cali

Fecha: miércoles 31 de agosto de 2022
Hora: 5:30 p. m.
Lugar: Centro Cultural de Cali. Salón Madera (Cra. 5 #6-05)

Participarán:

Ferdinand Muggenthaler
Director de la Oficina Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg

 Javier Giraldo Moreno
Reconocido sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos.
Tercer vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos. Acompañante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Cristian Llanos
Profesor de la Universidad Intercultural de los Pueblos

José Benito Garzón Montenegro
Director del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Docente e investigador de la Universidad del Valle.

Estefanía Ciro
Experta en narcoparamilitarismo en Colombia

Cierre musical del grupo Bahía

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Texto: Juan Alejandro Echeverri

Fotos: Daniel Alvarado

500 campesinos y mineros de 10 veredas organizaron un campamento humanitario para preservar su vida y decirle al país que temen ser presa de los actores armados que a sangre y fuego quieren adueñarse de su territorio. A la vereda El Carmen, levantada en las profundidades rurales de Remedios, nordeste de Antioquia, la administración municipal envió un grupo musical que entonó música decembrina, una brigada médica, y dos funcionarias de tercer rango, cuyas palabras, triviales y perezosas, fueron evaporadas por la resolana segundos después de pronunciadas. La comisión institucional llegó a la media mañana del cuarto día de la acción humanitaria; afanados, desertaron después del almuerzo.

En la puerta de la cantina campesina donde sonó la agrupación, hay un papel pegado. Es un comunicado de la dirección del Frente 4 de las FARC-EP, con fecha del 26 de marzo de 2022, el cual les prohíbe a los dueños de cantinas y establecimientos abiertos al público “venderle cualquier tipo de bebida embriagante a los guerrilleros, guerrilleras, milicianos, milicianas o cualquier miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia”. Quien incumpla la orden “por primera vez” deberá pagar una multa de un millón de pesos; si se reitera el desacato, “se le serrara el establecimiento por tiempo indefinido. La medida se toma con el objeto de recibir el apoyo de las comunidades en la superación de los errores, fallas y desordenes cometidos por integrantes de nuestra organización en medio de las borracheras, queremos evitar un mal mayor (…) pedimos a las comunidades nos entiendan y apoyen en el ejercicio de ser veedores del comportamiento de las FARC-EP en el territorio (…) La presente medida rige a partir de la fecha y por tiempo indefinido, o hasta nueva orden”.

A unos metros, el poste de la luz está marcado con las letras y los colores del ELN. Y en Cañaveral, ubicado a una hora y media de aquí, gran parte del caserío está marcado con pintas de las AGC, que intentaron ser tachadas con pintas del ELN. En estos confines rurales, la guerra también es semántica.

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  • Remedios y Segovia hacen parte del llamado “anillo dorado” de Antioquia. El oro, explotado a pequeña, mediana y gran escala, es igual o más importante que Dios en estos municipios. El subsuelo tiene reservas para todos, pero a veces la abundancia multiplica la codicia.

    La misma ansia que sienten sus habitantes por encontrar un castellano de oro, la sienten los grupos armados que quieren imponer su ley y arrebatar parte de las millonarias rentas que deja la exuberancia del metal precioso. Mensualmente los actores pueden recaudar hasta cinco mil millones en vacunas y extorsiones. Además, tal como lo explica Yesid Zapata, defensor de derechos humanos e integrante de la Fundación Sumapaz., la zona cuenta con extensos corredores montañosos que la comunica con el Magdalena Medio, el Bajo Cauca antioqueño, el Sur de Bolívar, y el Nudo del Paramillo, núcleos indispensables para la ilegalidad. “También es un territorio muy grande. Al no existir presencia y control del Estado, permite el movimiento de grandes ejércitos no estatales”.

    La vasta ruralidad de Remedios y Segovia fue controlada por las FARC-EP hasta que firmaron su desmovilización en 2016. El ELN también hizo las veces de autoridad, y de momento opera de manera coordinada con las disidencias farianas para impedir que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) les arrebaten el control. Cada región tiene sus variables diferenciales, pero la situación de estos dos municipios son otro ejemplo del patrón nacional: la retirada de las antiguas FARC-EP silenció unos fusiles y amplificó el ruido de otros.

    “A partir del Acuerdo de Paz se generó ese vacío de poder en las comunidades. El Estado se dedicó al apogeo que hubo en torno a los excombatientes. No tomó acciones para asegurar estas comunidades, sino que las dejó a la deriva militar e institucional.  Invirtió en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de los desmovilizados [que está a una hora de El Carmen] pero nada más, aun sabiendo que quedaron víctimas, victimarios, y personas sin reparar”, asegura Edwin Bonilla*, integrante del Comité de Derechos Humanos de una de las veredas que componen el corregimiento Carrizal.   

    Durante décadas, agrega Edwin, la zozobra aparece de manera espontánea por estas veredas. En diciembre del 2021, a escasos 20 minutos de la cabecera municipal de Segovia, paramilitares armados y uniformados de las AGC instalaron un retén entre Buenos Aires y El Diamante, dos sectores que son de transito obligado para llegar hasta El Carmen. Detuvieron a quienes transitaban por allí, revisaron y hurtaron celulares, robaron dinero y extorsionaron conductores de chivas y camiones. Los controles ilegales en esa vía se intensificaron con el pasar de los meses, y se instaló otro en la carretera que conecta la vereda Lejanías con la zona urbana de Remedios, pese a que en una vereda cercana al punto del retén hay una base militar.  

  • Hace un mes, entre el 5 y el 7 de julio de 2022, el ELN y las disidencias de las FARC-EP se enfrentaron con las AGC en la vereda La Ratonera de Remedios. La confrontación paralizó la movilización por la vía que conduce de Lejanías al centro urbano del municipio, además provocó el desplazamiento interno de los habitantes de La Ratonera y las veredas Santa Martha y el Puná. El 7 de julio de 2022, un joven de 19 años llegó al hospital de Remedios herido de bala en uno de sus glúteos. Por no acceder a sus peticiones, miembros del ELN lo hirieron y le quemaron su casa en El Osito, sector cercano a la vereda El Puná. En medio de los combates también resultaron asesinados dos hombres ecuatorianos, quienes fueron reportados como desaparecidos y luego aparecieron desmembrados, al parecer por integrantes de las AGC.

    Una persona de la zona afirma que un mes después, las autoridades no han levantado los cadáveres de aproximadamente 18 personas que murieron en los enfrentamientos. Los cuerpos, rumoran los habitantes, están en estado de descomposición, algunos incluso roídos por los marranos. Los paramilitares de las AGC prohibieron la entrada del CTI al territorio o cualquier comisión de búsqueda organizada por los pobladores. A la insistencia de las comunidades, tanto el Ejército como la administración municipal han respondido que no pueden recuperar los cuerpos hasta que los habitantes no les entreguen las coordenadas del lugar dónde se encuentran.

    Según Yesid Zapata, la desidia estatal con estos territorios es tal que son los campesinos y campesinas quienes deben levantar y movilizar los cuerpos cuando ocurre un homicidio: “El abandono al cual tiene sometido el Estado colombiano a estas comunidades es un abandono que, a nuestro modo de ver, es un crimen contra la población. Muchas comunidades no tienen puesto de salud o tiene que ir a sitios muy lejanos. A pesar de ser zonas mineras también se ve mucha pobreza, mucha miseria, mucha desigualdad social. Nos preocupa la situación de los jóvenes, porque son presa fácil para la instrumentalización y para otras cosas que no tienen que ver con los proyectos de vida comunitaria”.

    La Fundación Sumapaz en una alerta publicada el 11 de febrero de 2022 advirtió y previó la crisis humanitaria que viven las veredas que componen el corregimiento Carrizal. En la Alerta Temprana 052 de 2018, la Defensoría del Pueblo también planteó que otros grupos armados iban a intentar asentarse en estos territorios después del Acuerdo de Paz, así sucedió. Para el defensor de derechos humanos “existe una omisión y una responsabilidad del Estado con lo que está sucediendo en estas veredas”.

    Las consecuencias humanas de la disputa territorial han escalado de un tiempo para acá, así como las estrategias para conquistar el territorio. El cuarto día del refugio humanitario, desde el casco urbano de Segovia llegó a El Carmen el registro fílmico que mostraba cómo integrantes de las AGC torturaban y decapitaban un joven por vender estupefacientes para un grupo enemigo. Aunque no lo hacen con la misma sevicia, uno de los entrevistados cuenta que en sus zonas de dominio el ELN ajusticia personas que cometen violaciones, hurtos o expenden estupefacientes. Para Zapata los crímenes macabros como los de las AGC son “una demostración de poder, una demostración de que pueden hacer lo que quieran, y que no hay nadie en el Estado que lo pueda impedir. Demuestra una degradación completa del grupo, demuestra cómo son capaces de hacer lo que sea con tal del control territorial”.

    A pesar de que en otros departamentos y otros municipios de Antioquia se presenten como Clan del Golfo, Clan Úsuga, o Caparrapos, el experto defensor de derechos humanos plantea que son disfraces distractores utilizados por las AGC. En su consideración, las AGC son el grupo armado más poderoso que hay en Colombia, poderío que quedó demostrado con el paro armado decretado en aproximadamente 90 municipios de 11 departamentos en el mes de mayo. Según la fundación Sumapaz, las AGC hacen presencia en 116 de los 125 municipios que tiene Antioquia. 

    Las personas entrevistadas coinciden en que el gobierno saliente es responsable de tal expansión paramilitar, al no apostarle al cumplimiento de los Acuerdo de Paz —que en el punto 3 planteaba el desmantelamiento del paramilitarismo—, permitió el recrudecimiento de la violencia en zonas que se esperanzaron con librarse de ella. “Hay una frase de Jesús Abad Colorado que me gusta mucho: “el ruido de las armas no nos deja escuchar el ruido de la corrupción”. Tal vez por eso necesitan un país cada vez más caótico, en confrontación, donde todos los días estén desplazando, amenazando y asesinando la gente para poder seguir vendiendo humo mientras se roban el país”, afirma el defensor de derechos humanos.

    Mientras que Víctor Vega, secretario de la junta directiva de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste de Antioquia (CAHUCOPANA), plantea que “cualquier actor armado lo que requiere es finanzas, pero también requiere complicidad. Aunque una estructura puede tener el control y puede ser numerosa, nunca vas a ser más poderosa que las fuerzas constitucionales, tampoco se puede comparar con la inteligencia que puedan llevar a cabo”.

    Los planteamientos del directivo de CAHUCOPANA no son infundados, en agosto de 2021, Didier Osorio, alcalde de Segovia, denunció que algunos policías del municipio estarían colaborando con las AGC. El funcionario pidió además que la institución investigara y retirara a los implicados.

  • El manto de sospecha cubre a la fuerza pública y también a grandes empresas como la Gran Colombia Gold, empresa que las 24 horas de los 365 días del año explota oro a gran escala en “un área aproximada de 9.000 hectáreas”. A pesar de que en 2019 reportó un récord de 240.000 onzas extraídas en Segovia y Remedios, las aspiraciones productivas y expansionistas de la compañía no merman. Sobre la complicidad que puede existir entre la Gran Colombia Gold y la violencia que sufre la región, Yesid Zapata manifiesta que “las autoridades son las encargadas de establecer esa posible relación. Pero hay una responsabilidad de las empresas multinacionales puesto que no les resulta incómodo. Si las violaciones a los derechos humanos se siguen recrudeciendo, a esas grandes empresas debería dolerles lo que sucede en las territorialidades. Al no existir esa dolencia, uno podría decir que están de acuerdo con que a los campesinos se les sigan oprimiendo a partir de las armas”.

    —¿Si en estas veredas no hubiera oro, no habría grupos armados? —le pregunto a Víctor.

    —Si hubiera otra fuente de riqueza que no fuera la minería, igual estarían aquí —responde él.

    Con su forma de operar y su deseo expansionista en esta y otras regiones del departamento y del país, las AGC pretende enviar mensajes de poderío al nuevo gobierno. “Las dinámicas del conflicto nos han enseñado que cuando hay un actor posicionado y es desplazado por otro actor, el nuevo grupo que incursiona va a imponer toda su autoridad y van a haber señalamientos y más muertes —asegura Víctor Vega—. No es un discurso de apología a nadie. La comunidad quiere vivir tranquila. No quiere un conflicto, ni quiere que los actores involucren a la comunidad”. 

    Las cifras de la guerra indican que sus principales víctimas son los civiles que nada tiene que ver con ella. Ese precedente es el que preocupa a Edwin Bonilla: “Lo más delicado es que tenemos actores armados viviendo en los mismos caseríos, conviviendo con las mismas comunidades, a pesar de que a ellas no les guste. Eso genera mucha preocupación porque no se sabe en que momento llega una arremetida militar o paramilitar, y pueda quedar la comunidad en medio. Quizás vengan con intenciones de erradicar las guerrillas y no se fijen quiénes hacen parte de ellas, sino que cataloguen a toda la comunidad como parte de las estructuras. Puede que se recrudezcan las masacres para ganar algo de poder. Para los de esta región cualquier sonido, cualquier ruido, cualquier vehículo después de las 7 de la noche es básicamente una amenaza, porque uno no sabe si es gente de las mismas comunidades o si es un vehículo que viene desde otros lugares con gente armada. Ya nos pasó una vez, se nos metieron unos armados a la zona, y aunque hubo un tiroteo en el caserío, gracias a Dios no pasó a mayores”.

    ***

  • CAHUCOPANA nació como organización social después de un refugio humanitario. Eladio Morales me explica que “los campamentos de refugio humanitario son un mecanismo de protección y autoprotección que nos ideamos las comunidades campesinas y mineras. Nos permite visibilizar las violaciones de derechos humanos que se están presentando en la región. Nos permite evitar el desplazamiento de nuestros campesinos, y recoger las propuestas y dolencias para presentárselos a los diferentes entes del Estado”.

    La Unidad de Victimas reconoció a CAHUCOPANA como sujeto de reparación colectiva por las afectaciones causadas por el conflicto armado. Hasta ahora el Estado ha sido “negligente y lento” en el cumplimiento del plan integral de reparación colectiva.

    Según Eladio, con los refugios humanitarios de hace 20 años el campesinado minero del nordeste buscaba “protegerse de la persecución militar, y el bloqueo económico y humano que los gobiernos paraestatales emplearon para esta región. También estuvieron marcados por la supuesta seguridad democrática del Estado colombiano. Por los mal llamados falsos positivos, que en realidad fueron positivos asesinatos contra la población campesina. Ahora son otros momentos, otros tiempos, pero la violencia hacia la región no ha cesado. El mayor pecado que tiene nuestra población es haber colonizado unas regiones ricas en todo”.

    Cada que se lo propone, la violencia se reviste y vuelve con la misma crueldad a las zonas rurales del nordeste. La “paz total” que propone el nuevo gobierno de Gustavo Petro abre un nuevo ciclo de expectativas y esquivas esperanzas. A Víctor Vega la propuesta le despierta más preguntas que certezas: ¿los llamados diálogos regionales significan treguas y negociaciones particulares con la población y los comandos federales del ELN? ¿Con quién han de negociar primer, con el ELN o con los paramilitares? Si las negociaciones no se hacen a la par con todos los grupos, ¿los grupos que permanezcan se apoderarán de los territorios que dominaba el grupo que se encuentre negociando? Las AGC y las disidencias de las FARC son producto de dos procesos de paz fallidos, ¿se apostará por una nueva desmovilización negociada, o se les obligará militarmente a que se sometan a la justicia? ¿El nuevo gobierno dará un carácter político a los grupos paramilitares y a los farianos disidentes?

    Cualquier intento de una paz dialogada, dice Yesid Zapata, recibirá una respuesta favorables de las comunidades. Sin embargo, advierte que “hay otros intereses: carteles mexicanos de droga, intereses de ejércitos privados y particulares que podrían engrosar o reconfigurar en otras formas de poder. Eso se evita cuando hay un estado fuerte, que investiga, que sanciona, que está en la lucha contra la impunidad, que defiende a los defensores de derechos humanos. Es el estado que queremos, el Estado que debería de ser, con una Fiscalía fuerte, una Fuerza Pública depurada, una institucionalidad que este llegando de manera integral, no solamente ejerciendo la soberanía territorial, sino también reivindicando los derechos de estas comunidades abandonadas”.

    ***

    Las nuestras son guerras simples con consecuencias complejas. Los grupos armados ya no son, necesariamente, ejércitos de hombres camuflados. Son como un espíritu que está ahí, aunque no lo puedas ver. Un monstruo con miles de ojos. Un monstruo que trata de ser omnipresente marcando su territorio con cuerpos desmembrados, o trazos en los ranchos de tablas, en los postes, y en las fachadas de las casas de material.

    “Puede que [la paz total] se implemente muy fácil en las ciudades y en los pueblos, pero acá en el territorio es muy complicado porque nunca se ha intentado rellenar el tejido social”. La respuesta de Edwin comprueba que el trayecto hacia la paz es tan sinuoso, pantanoso y enmontado como la carretera por la que se llega hasta El Carmen. 

     

    (Nota al pie: la misma noche que fue terminado este texto, CAHUCOPANA denunció “que aproximadamente a las 9:50 de la noche, hombres encapuchados que se movilizaban en una motocicleta, asesinaron a Luis Alberto Leudo, quien se encontraba en su lugar de residencia. Luis Alberto, era un reconocido joven de 23 años, que nació y creció en el corregimiento de Carrizal, actualmente se desempeñaba como minero”. ¿Cuántos muertos —más— nos va costar "la paz total"?)

    *Los nombres fueron modificados por cuestiones de seguridad

     

  • En Colombia la minería ancestral y tradicional existe desde antes de la conquista y se ha mantenido hasta nuestros días. En el Municipio de Segovia Antioquia, existe una iniciativa llamada Proyecto Matuna. Este Proyecto ejerce la Minería Ancestral y Tradicional a Pequeña Escala por parte de habitantes rurales y comunidades indígenas, estos mismos generan una economía propia en la región, beneficiándose desde el Arriero, el Aserrador, el Pequeño Comerciante, hasta un grupo de Mujeres llamadas “las Chatarreras”, que aprovechan los desperdicios dejados por los mineros ancestrales y así ganarse el sustento diario de sus familias. Pese a todos estos beneficios sociales, económicos y culturales que se dan a partir de esta actividad y el impulso económico que brindan a las regiones, se ven afectados por la persecución y criminalización del Estado Colombiano hacia dichos mineros y comunidades indígenas Emberá-Chamí.

     

    El campesinado históricamente ha sido víctima de despojo, señalamiento y estigmatizaciones, como un protagonista más en el conflicto armado, político, social, cultural, ambiental y económico que vive el país desde siglos pasados. La falta de políticas públicas que busquen el apoyo y el beneficio del minero ancestral como tradicional se debe, en algunos casos a los intereses particulares de quienes pretenden entregar el país en concesión a empresas extractivistas y multinacionales, omitiendo a las comunidades que viven allí y que se ven afectadas directamente, porque encuentran un valor económico en ellas; en otros casos, al desconocimiento de la situación real, evidenciando un desinterés por parte del Estado en conocer las necesidades de las comunidades campesinas mineras indígenas, haciendo presencia en estos sectores sólo a través de las fuerzas militares. Las medidas represivas ejecutadas por parte del estado parten del supuesto de, que la minería artesanal y tradicional son generadoras de violencia como de acciones ilegales ubicándolas en la misma línea del narcotráfico y las insurgencias, situando al campesino minero en el centro del conflicto, limitando las posibilidades que tiene de realizar su actividad ancestral y de ser reconocido como sujeto político de derecho. Adicional a esto, las acciones del Estado han interiorizado en el país la imagen de un campesino minero criminal que cambia su vocación natural de siembra por la explotación “ilegal” de recursos auríferos. Dentro de los ejercicios de deslegitimación existe algo llamado “marketing punitivo”, el cual se encarga de desprestigiar y estigmatizar al campesino minero, generando mala información sobre las prácticas de la minería ancestral y tradicional, insertando discursos vacíos sin ningún fundamento, replicando ideas falsas hasta convertirlas en “reales”, alejando toda posibilidad de cuestionar e indagar sobre ello, utilizando términos como: “depredadores ambientales, minería ilegal”, y demás adjetivos peyorativos logrando ocultar el impacto ambiental que sí generan los proyectos extractivistas hechos por multinacionales como: Gran Colombia Gold, y demás empresas que explotan el suelo y el subsuelo de los colombianos antioqueños, con prácticas capitalistas que arruinan la economía de la región exportando el oro y demás minerales para comercializarlos directamente en el mercado internacional ya sea de manera legal e ilegal, logrando devaluar la economía, aumentando las condiciones de pobreza en la región.

    La condición extractivista del estado colombiano sitúa la relación del hombre con la naturaleza, sólo para la extracción de recursos no renovables, estos recursos, dentro de las lógicas del capitalismo deben responder sobre todas las cosas a la acumulación de capital. Con base en esto, en Colombia se han otorgado licencias para exploración y explotación de auríferos en territorios habitados por comunidades que extraen el mineral de manera tradicional y artesanal, generando una relación problemática entre los valores extraeconómicos que tienen las comunidades locales y la condición del medio ambiente. El problema entonces no es que no se puedan generar recursos, sería un poco inocente pensarlo, más aún en un contexto global que ha cooptado y sumergido las formas de vida sociocultural en relación con las lógicas del capital. Sin embargo, se hace necesario por el bien de las comunidades y el territorio, repensarse el paradigma capitalista donde lo económico es el valor hegemónico, proponiendo un giro que permita virar las formas de ser y hacer, en torno a una relación de coproducción entre el hombre y la naturaleza, un doble movimiento que permita equilibrio entre estos dos, garantizando la permanencia, el arraigo y la identidad con el territorio de las comunidades mineras.

    La lucha de las comunidades campesinas mineras indígenas inmersas en el Proyecto Matuna, presente en Segovia Antioquia, siguen exigiendo que se reconozca su actividad ancestral y tradicional, que no se les despoje del territorio que les pertenece ancestralmente. Hacen un llamado al Gobierno Nacional y Departamental para que se sienten a dialogar con las comunidades, con el único fin de llegar a un consenso sobre el ingreso de las multinacionales al territorio y el despojo de tierras que colateralmente causan por los guiños que les da el Estado, debido a que no existe una distinción efectiva entre minería ancestral como tradicional de la minería ilegal; que tratan un problema social a través de una política criminal.

     

     

    Nada hemos perdido, mucho por ganar

    Culminó la primera vuelta presidencial. En el ambiente electoral estaba el sentimiento de una muy posible victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en primera vuelta. Tomó fuerza esa sensación gracias a una potente campaña centrada en el slogan "El Cambio en Primera", que nació del atrevimiento de Daniel Quintero, alcalde de Medellín suspendido por la procuradora uribista. Pero también estaba alimentada por el miedo evidente en cada paso dado por el bloque de poder que está en el gobierno, que de manera cínica e ilegal interfirió de todas las maneras posibles para evitar un triunfo definitivo del Pacto Histórico en las elecciones del 29 de mayo. Que Rodolfo Hernández esté en segunda vuelta es muestra de que su estrategia, hasta ahora, les funcionó.

    Vale la pena valorar algunas cuestiones de lo que arrojan estos resultados, que han dejado un sabor de boca agridulce en quienes nos inclinamos por la candidatura del progresismo, sazonado a su vez por la matriz mediática de los aparatos informativos de las élites, que buscan en estas horas posteriores llenar de desesperanza a las fuerzas del cambio. Estas reflexiones, muy movidas aún por el calor de la jornada, buscan bosquejar que no hay tal derrota a la candidatura Francia-Petro, que al contrario el mayor golpe lo ha recibido lo que una buena amiga llamó el “Uribismo real” y, aunque el camino para vencer no está nada sencillo, nunca antes una opción alternativa, medianamente progresista y en la que también se han recogido las izquierdas,  ha estado tan cerca de ganar el gobierno.

    Gratas y significativas victorias.

    Quisiera plantear cuatro consideraciones de lo que podríamos llamar victorias obtenidas en esta contienda, señalando, claro está, que las victorias no son irreversibles:

     *Que Petro-Francia hayan obtenido la mayor votación en primera vuelta no es un tema menor. Jamás una opción alternativa había llevado la ventaja. Jamás ni siquiera nos dejaron llegar vivos y tan lejos. Claro, visto a la carrera, parece que no hay mucho por dónde crecer; las cifras no son tan simples como el millón de votos que Petro dijo que faltan, la tarea no estará sencilla, pero seguimos creciendo y eso no es de poca monta. Siempre, en materia electoral, estuvimos del lado de los derrotados. Por primera vez estamos más del lado de la victoria. Estos resultados históricos, que no nos pueden sonar a derrota, muestran también que la cultura política en Colombia está cambiando; persisten miedos y pensamientos que son estructurales en la sociedad colombiana, pero el país ya no es el mismo.

    Hay aún un 45% de abstencionismo donde podemos trabajar para ganar voluntades, también hay una base votante de la "Centro Esperanza" que genuinamente han creído que su candidato representaba un cambio. Y entre la base votante de Rodolfo existe un significativo potencial Antiuribista, al que solo se debe quitarle el velo frente al espejismo de su candidato. Así que, manos a la obra.

    *Que Petro y Hernández pasaran a segunda vuelta ratifica algo que se viene sintiendo en el país en los últimos años: hay un hartazgo y cansancio de la gente con respecto a los mismos y las mismas; la gente quiere algo distinto, desean cambios, esperan tener una esperanza. Los resultados, más que mostrar un miedo al cambio, muestra, a mi juicio, un deseo profundo de conseguirlo. La diferencia radica en qué tipo de cambio se apoya y se pretende.

    Sin duda Petro recoge y expresa un gran sentimiento de cambio, y una posibilidad de generar condiciones para lograrlo. Con matices, la mayoría de las fuerzas políticas de las izquierdas, demócratas, progresistas y movimientos sociales, nos hemos volcado a su campaña, con la esperanza de tener allí un gobierno que dé los pasos iniciales hacia transformaciones ciertas; por ello, desde múltiples escenarios se ha considerado a este eventual gobierno como una posible transición.

    Por su lado, Rodolfo Hernández, un empresario típico, amigo de la usura, acaparador, matoneador, machista, xenófobo, homófobo y prepotente, se pintó como opción de cambio, aunque de cambio no tiene nada, pues persiste en su propuesta de gobierno la profundización del modelo neoliberal y la agudización de las brechas sociales. Por lo que se puede asegurar que es en realidad continuismo, pese a que se muestra como un candidato antiestablecimiento. No es Rodolfo la tibia tercera opción que representaba Fajardo en 2018. No, Rodolfo habla duro, le dice ladrones en la cara a toda la clase política, habla sin tapujos y directo, aunque en sus actos no sea nada distinto a esa clase política que dice criticar y con la que hace acuerdos por debajo de la mesa. Aún así logró atrapar a muchos de quienes genuinamente creen que el viejito bravucón y bonachón, a veces tan parecido a esos abuelos  que casi todos tuvimos, es una ruptura con los de siempre. Ese cambio es solo espejismo. Rodolfo es la reencarnación del embrujo autoritario, más que del Uribismo, con una extraña mezcla de discurso social que logra seducir a los sectores más precarizados.

    *Hay una derrota al Uribismo pero el Uribismo no está vencido. ¿Cómo es esa vaina? La gente votó por los dos ganadores movidos por un sentimiento Antiuribista. Mucha de la gente que votó por Rodolfo lo hizo convencida de que el ingeniero, (como le gusta hacerse llamar para tapar su condición de negociante) era la opción más sensata para alejarse de los dos extremos que les han vendido. Y en eso el ex alcalde de Bucaramanga supo ser sagaz. Jamás atacó a Uribe, incluso resaltó su cariño y las deudas que tiene con el expresidente, pero no tuvo reparos en llamar a Fico títere de Uribe y que era la continuidad de los mismos ladrones que llevan gobernando décadas. A diferencia de los otros candidatos, Rodolfo tampoco enfiló de manera  permanente sus palabras contra Petro, de hecho, en tres o cuatro entrevistas lo defendió y hasta dijo que votaría por él si no pasaba a segunda vuelta. Esa estrategia le sirvió para atraer los votos del Uribismo vergonzante y de mucha ciudadanía que, dispuesta a un cambio, sigue sintiéndose desconfiada e insegura con respecto a Petro. Así le quitó toda opción a Fico Gutiérrez. Con el paso a segunda de Petro y Hernández, se da un hecho que hasta hace 4 años parecía inverosímil: el Uribismo es falible y su potencia política se está agotando. Hablo del Uribismo como proyecto político concreto que encarna una forma de gobernar, de ejercer la política y de construir hegemonía en la sociedad colombiana; el Uribismo como una apuesta fascista criolla que se niega  perecer. Decir esto no significa que el autoritarismo, ni el narco-fascismo desaparezcan, pero sí que su variante uribista está llegando a su fin.

    *Es también una derrota a la clase política tradicional y a la hegemonía, por lo menos simbólica, que han tenido las élites en el ejercicio de gobernar. Casi 15 millones en votos por las dos opciones son expresión de esa derrota, pero repito, más en un plano simbólico que real, pero no por ello deja de ser importante. Es derrota simbólica en tanto ambas candidaturas aparecen en el imaginario colectivo como independientes de los clanes y partidos tradicionales, como superadoras de estos, aunque en lo real, en ambas campañas se hayan camuflado viejos políticos tradicionales con sus maquinarias, los cuales  están a la espera de poder maniobrar sus intereses en el gobierno que resulte electo. La gente que votó, le dijo en su mayoría al Uribismo y a los partidos tradicionales que no los quieren más. Pero estos tienen sus mañas para colarse en la fiesta.

    Las victorias se empañan.

    Aunque golpeado, aunque herido de muerte, el Uribismo sigue dando muestras de su versatilidad, de su capacidad de acomodo. Hoy Rodolfo Hernández es el que dice Uribe. De eso no nos puede caber la menor duda. Pero reconocer esa realidad no nos puede conducir a ese análisis simplificador de cierto Antiuribismo, que asume que todo lo que no está con nosotros, o le es funcional al Uribismo, es por tanto uribista. Ese tipo de antiuribismo, que puede resultar muy lesivo, desconoce algo fundamental de comprender, aunque algunos fabricadores de opinión de la derecha y de algunos progresismos busquen ocultar: son los intereses de clase los que mueven el curso de los acontecimientos. Es la lucha de clases, en toda su expresión, la que marca el rumbo de la historia. Y esto no significa que se nieguen la existencia de otras opresiones, de diversos y complejos sistemas de dominación colonial, patriarcal, racista, que no se contraponen con  la condición de clase, sino que se conjugan, se entremezclan para garantizar que un puñado de personas definan el rumbo de la humanidad, de la vida, del planeta.

    ¿Y por qué este elemento debería ser importante para definir o no si Rodolfo es títere o comodín? Señalaría tres cosas:

    *Decir que el ingeniero negociante es tan solo un títere de Uribe, o que "siempre fue la verdadera carta", como ya se lee por ahí y se viene retomando hace un par de semanas, es restarle credibilidad a nuestros argumentos en contra de este personaje, nos hace ver como conspiranoicos que en todo vemos a Uribe, alimentando de paso su condición mesiánica, invencible, omnipresente. Además, despoja a Rodolfo Hernández de toda capacidad de agencia sobre sí mismo para ser quien es.

    *Es justo su capacidad de agencia lo que lo hace ser quien es: un empresario que se forjó a punta de explotación de mano de obra barata, de precarización laboral, de acaparamiento y usura (una delicia vivir 15 años cobrándole intereses a un hombrecito, dijo por ahí). Un hombre que negocia con el hambre de la gente, que cree que las mujeres son piezas de la casa y se deben a sus maridos, que su único interés en la vida es acumular capital. Un empresario devenido en mal político, que cree y defiende a ultranza el modelo neoliberal, que no es más que acumulación por desposesión, y que en su discurso anticorrupción lo que oculta es su afán de depurar esas lógicas acumulativas reduciendo el gasto público y haciendo más eficiente la administración para tal fin.

    Por eso es una ficha importante para los sectores de clase dominante, no solo para el Uribismo como uno de ellos. Habría que ver si a la vertiente de la clase más tradicional, que algunos llamamos Oligarquía, les resulta más inquietante la inestabilidad política e institucional que pueda derivar de un gobernante díscolo como parece ser Hernández, o si por el contrario, tiene más importancia la prevalencia de sus intereses, que son de clase, y han de estar intactos y asegurados en caso del triunfo del viejo cacheteador.

    La estrategia  uribista, y  también de la Oligarquía que ha tenido el Poder real durante dos siglos, más que gobernar en cabeza propia, es evitar que una opción alternativa que abra puertas a transformaciones reales, llegue a ser gobierno.  Para ellos, esa posibilidad amenaza seriamente sus privilegios y pone en tela de juicio la estructura de clases que aquí se ha configurado. Por eso, una facción de la élite tradicional ha buscado condicionar a Petro, brindándole su "respaldo", siempre y cuando este garantice que esa estructura de clases no se va  modificar, aunque deban ceder en paliativos. En todo caso, cualquiera que no sea Petro o una figura vinculada a la izquierda, les brinda más certezas.

    Un difícil camino, mucho por hacer para ganar y acumular.

    Lejos del derrotismo que nos quieren imponer las empresas comunicacionales, y que asumimos sin más por tantas derrotas que hemos cosechado, hoy es imperativo llenarnos de vitalidad y optimismo militante para tejer esta victoria. No se trata tampoco de autoengañarnos y perder el sentido de realidad: históricamente hemos sido las clases populares las vencidas, siempre hemos estado en desventaja, y aunque hoy 2.5 millones de votos nos tengan por "delante", es a los de abajo a quienes nos toca ir a la ofensiva.

    En ese propósito, me atrevo a plantear algunas ideas sobre los retos que nos corresponde afrontar:

    *Sin deponer la potencia de la propuesta programática, es necesario aprender a comunicarnos, escucharnos desde abajo, interpretar el sentir de las mayorías despolitizadas y desorganizadas y tener un mensaje más efectista. Algo que me ha traído bastantes cuestionamientos en círculos militantes es que he sostenido que en Colombia las elecciones no se ganan con programas, con propuestas serias ni por tener mayor nivel intelectual que los contrincantes, actitud por demás que suele darse con un dejo de superioridad y prepotencia. Eso funcionará por allá en otras latitudes, pero aquí de poco sirve. Los programas son algo que nos importa y que tenemos en cuenta quienes nos movemos en expresiones organizadas social y políticamente, sobre todo en las orillas izquierdas. Para las mayorías eso pasa de agache. En Colombia se ganan las elecciones con clientela, con maquinarias, o cuando tienes la entidad escrutadora de tu lado y las condiciones están para que el fraude pase desapercibido. Cuando no, las elecciones se ganan mediáticamente y allí lo que pesan son las mentiras, los embustes, o las frases certeras y los mensajes directos sobre lo que quiere oír la gente. Eso, a las izquierdas y los sectores alternativos nos sigue costando un montón entender. A la gente no le importa que Rodolfo no tenga mucho que decir sobre pensiones, o sobre cambio climático y transición energética, o sobre educación pública, de calidad y gratuita. A la gente le cala que el tipo dice que va a enviar a la cárcel los corruptos y que le va a quitar todos los lujos a los funcionarios de gobierno; su lenguaje desparpajado "porque así habla el pueblo". Eso tiene más efecto que la firma de respaldo de cientos de intelectuales, o los premios internacionales que las nuestras puedan tener. Si no fuera así, el embrujo autoritario nunca hubiese existido y no estaría amenazando con reencarnarse.

    No se trata entonces ahora  de venir nosotros y nosotras a llenar de mensajes embusteros y mentirosos la campaña, ni de bajarle nivel a las propuestas y el discurso, o de copiar la demagogia barata del contrincante por efectista que resulte. De ninguna manera. Mediante el engaño, la manipulación y las mentiras, el único camino que allanamos es el de la derrota. Esas mismas mayorías despolitizadas y desorganizadas ya se enseñaron a eso cuando proviene de los de siempre, de nosotros esperan algo distinto.

    Se hace fundamental que el mensaje sea más directo y franco, menos poético y más digerible, más conectado con lo cotidiano, y con aquello que más indigna a la gente. A mí me encanta, por ejemplo, cómo habla y se expresa Francia, la profunda carga simbólica, poética y estética de sus palabras, de sus gestos, de su presencia, pero me temo que es algo que nos llega con facilidad a quienes habitamos los nichos del movimiento social, a quienes vivimos la política conscientemente. En un país en el que a las mayorías se les ha mantenido en el analfabetismo político, esa forma de hablar y ser de nosotros, muchas veces, no logra ser efectista en términos mediáticos. Hasta que la dignidad se haga costumbre tiene sin duda mayor contenido político y programático que frases como "voy a quitarles los carros blindados y los voy a vender para pagar el estudio de los chinos", que tanto repite el Trump criollo. Hay propuesta en lo primero, hay demagogia en lo segundo, lastimosamente lo segundo llega más a la emoción de la gente.

    Nuestra propuesta de cambio se sustenta precisamente en superar lo que nos causa indignación, en proponer salidas a la crisis de justicia, hambre, desempleo, exclusión, inequidad. Es momento de decirlo más claro, para ellos, para los que siguen sin convencerse, no para nosotros. La prioridad debe ser las propuestas que encarna la candidatura valiente de Francia y Petro de manera más asertiva.

    *La fuerza de las luchas feministas, del potente protagonismo de las mujeres en la disputa política, cobra en esta contienda un lugar de preponderancia.  Se trata ante todo de reconocer que son las mujeres como fuerza social y política del cambio, las que mayormente están cuestionando las estructuras sobre las cuales se ha sostenido la falaz democracia que tenemos. Su papel aquí no puede instrumentalizarse para ser la vanguardia de una necesaria contracampaña contra un personaje misógino, discriminador y machista, fiel representante de la cultura patriarcal. Su lugar ha de ser más significativo, como significativos son sus contribuciones a un nuevo ethos social que camina por Nuestra América. Reparar la deuda histórica, dar relevancia a su rol como artífices de una nueva sociedad y romper las profundas inequidades que el patriarcado reproduce y sostiene, esa tiene que ser una tarea de primer orden; que se evidencien también en la manera de hacer campaña durante las tres semanas que quedan, y, desde luego, que se hagan posibles al ser gobierno.

    * Algunos análisis insisten en que sigue siendo la juventud la que menos vota. Una buena porción de jóvenes han encarnado los deseos de cambios en las calles durante los últimos años. Y no solo allí, sino en sus parches juveniles, de barrio, de procesos antisistema, que no necesariamente buscan ser representados o tener cabida en una institucionalidad que siempre los ha ignorado y excluido. El camino fácil es culparlos. El camino difícil es ganar su voluntad para que asuman revolucionar esa institucionalidad y ponerla al servicio de sus propias realidades.

    * Y ganar esa voluntad pasa por recuperar el carácter fundacional de lo que significó en 2018 la Colombia Humana y, en un primer momento, el Pacto Histórico. Ese carácter implica el diálogo directo, y entregarle el protagonismo de la construcción política y programática a las clases populares, los movimientos sociales, los sectores que hemos estado siempre excluidos de la posibilidad de gobernar. Claro, también siguen siendo necesarias alianzas con fuerzas políticas de centro, e incluso de derecha, aunque a muchos no nos gusten ni nos den confianza, pero que habrá que entenderlas dentro de esa amalgama de cosas que es hoy el Pacto Histórico, al menos tener dos cosas claras: que es una propuesta liberal-progresista y que es sobre todo, Antiuribista. Pero esas alianzas y acercamientos no pueden relegar el lugar de los indignados, de los y las Nadies, de la gente de abajo que es la que más reclama y merece cambios. Si se siguen privilegiando acuerdos con los políticos de oficio, con las facciones de clase hoy devenidas en demócratas y moderadas, por encima de la indignación popular, se seguirán alimentando desconfianzas que de algún modo ya le han quitado o impedido más votos al proyecto que encabezan Francia y Petro.

    *Un reto que también tenemos quienes habitamos las orillas más izquierdas del espectro alternativo, es comprender el carácter tanto del Pacto Histórico, como de un eventual gobierno de Petro-Francia. Y no simplemente para aceptarlo a regañadientes y convertirse en aduladores, pues solo el espíritu crítico y la labor militante desde los movimientos sociales y fuerzas políticas de izquierda pueden ser garantía para que gobiernos que pretenden cambios no tuerzan sus propósito; sino para comprender también lo que está en juego: derrotar a lo peor de las clases dominantes, asestar un golpe certero al proyecto narcofascista que encarna Uribe, además de lograr un triunfo que llena de vitalidad a las clases populares y alimenta un estado de ánimo elevado, necesario para motivar e impulsar nuevas luchas, y una posibilidad presente para transitar hacia una nueva sociedad, que en lo inmediato pueda poner freno a la guerra y trabajar en superar las causas que han alimentado y siguen alimentando el conflicto armado. Esas no son victorias menores. En un país derechizado, enseñado a vivir bajo los designios de los más ricos, romper esa lógica, por primera vez, tiene un enorme potencial que por sí solo no se mantiene, pero que hasta ahora las izquierdas, con todo nuestro que hacer, con la claridad de nuestras propuestas, con la persistencia de nuestros procesos organizativos embrionarios de Poder Popular, no hemos logrado materializar en una propuesta de País que se haga latente en el conjunto social.

    Los cambios no nacen ni mueren en las urnas.

    Si no se ganan las elecciones, la lucha continua. La lucha por la Vida Digna, la justicia social y la Paz no se reduce a las urnas. Los procesos de transformación social son permanentes y son, ante todo, procesos de acumulación. El estallido social del 21 de noviembre de 2019 y el levantamiento Popular del 28 de abril del 2021 no hubiesen sido posible sin todo el ciclo de ascenso de luchas sociales de la última década, sin los acuerdos de Paz por demás triturados por el gobierno actual, y sin la emergencia de  nuevos sujetos políticos que irrumpen para quedarse. Los actuales resultados electorales no serían lo que son sin estos otros acontecimientos, que componen en su conjunto un momento histórico.

    La posibilidad de ser derrotados en las urnas es cierta, más allá de nuestro deseo, y más allá de hoy tener tantas condiciones dadas para ganar. Nos enfrentamos a la clase dominante más violenta y criminal que exista en el continente, la que más ha robado y manipulado elecciones bajo un sofisma de democracia. De llegar a suceder, el golpe será duro, la desazón estará aplastando nuestros ánimos. Y habrá que llorar y rabiar, la congoja es una sensación a la que también tendremos derecho, bastante nos han quitado como para nosotros negarnos el derecho a entristecer. Pero allí no hemos de quedarnos. Porque aquí hemos estado también desde hace mucho, tejiendo procesos sociales, organizando, cosechando alternativas, configurando otras formas de vivir, otras maneras de habitar y gobernar los territorios. Otras maneras de construir y tejer relaciones sociales, y cada vez con más creatividad y astucia. Todo ese acumulado, todo ese potencial, no podemos entregarlo a la desesperanza. Igual, esa construcción social debe seguir hacia adelante, acumulando y gestando cambios, con o sin gobierno. Claro, será más placentero poder contar con un gobierno, por primera vez progresista, para esa tarea, pero a falta de él, declinar nuestras luchas y sueños de Libertad, Vida Digna y Paz con Justicia Social, nunca será una opción.

    Si queremos entonces que el cambio se abra a otras posibilidades, nos quedan tres semanas para ser ingeniosos, decididos, asertivos y amorosos para convencer. No tenemos nada que perder más que nuestras cadenas, en cambio sí mucho por ganar.

    Lomerito, uno de sus más antiguos pobladores, le llama la Montaña Mágica. La elite caleña de rancio hacer y decir, piensa que es un paridero de delincuencia. Lomerito también cuenta que cuando esta ladera no era nada de lo que es, cuando apenas las familias migrantes o desplazadas empezaban a poblarla, el ejército subía todas las mañanas a tumbar los cambuches y las casas rusticas que la gente levantaba en las noches.  

    70 años después, en la Montaña Mágica de Siloé viven casi cien mil personas. La fauna humana es variada, diversa como lo es Cali y Colombia: hay grafiteros, raperos, salsomanos, afrocolombianos, mujeres de ojos aindiados, niños que sueñan con ser futbolistas, museólogos empíricos, exmilitantes y simpatizantes del M-19, policías armados vestidos de civil, jóvenes esperanzados con levantar un comedor comunitario, liderazgos instrumentalizados por la alcaldía y las limosnas de la filantropía empresarial, jóvenes jibaros –como los hay en Cartagena, Los Ángeles o Berlín–, rostro de jóvenes que se fueron un día de sus casas y nunca más volvieron, adultos prematuros que se preguntan por qué mataron a sus hermanos, muchas familias incompletas.

    A balazos el gobierno intentó reprender a Siloé. El 3 de mayo del año pasado, el GOES (un grupo de operaciones especiales), una unidad de élite de francotiradores, la policía regular, el Esmad y un helicóptero Halcón abrieron fuego contra la velatón que se realizaba en la glorieta de la parte más baja y plana de la Montaña Mágica. A los jóvenes que no tenían comida –ni trabajo, ni tiempo o dinero para acceder a la universidad o al colegio, ni cancha de futbol, ni balón, ni espacio público, ni instrumentos musicales, ni salón donde probarlos, ni autoestima si quiera– la fuerza pública les disparó por salir a la calle a gritar que tenían hambre y desesperanza; por tratar de desbloquear sus vidas bloqueando vías. Tenían piedras en la mano, cocteles molotov, escudos, y cascos, les respondieron con fusiles y pistolas.

    Entre el 28 de abril y mediados de junio, cuando finalizó el estallido social del año pasado, asesinaron más de 20 jóvenes de Siloé, otros fueron encarcelados, y de algunos no se sabe si están vivos o están muertos. Entre los asesinados aparecen muchachos que ni si quiera estaban protestando. Harold Rodríguez, por ejemplo, salió de su casa a comprar comida y terminó en una morgue. Hacía tres meses Harold había regresado de prestar servicio militar en una zona roja del Chocó: “Cuando regresó a la casa me dijo: mamá pensé que nunca iba a regresar. A los tres meses de haber salido, el mismo estado le quitó la vida con un tiro de fusil en el rostro”, dijo Yenny Mellizo, madre de Harold, en el Tribunal Popular que se realizó hace unos días en Siloé.

    A Michael Aranda lo impactó una bala con la que la policía intentó evitar que los jóvenes volvieran a taponar la glorieta el 28 de mayo de 2021. “Yo no estoy aquí porque quise, es porque asesinaron a mi hijo –manifestó Abelardo Aranda, padre de Michael, también durante el Tribunal–. [La Alcaldía] nos ha citado a reuniones, yo no he ido porque [el alcalde] me parece que es la primera persona responsable de la muerte de nuestros hijos. Fue la persona que le dijo al presidente: mande gente armada que no puedo con esta ciudad”.  

    El testimonio de dolor descarnado sacó lágrimas a más de un asistente al Tribunal, los asesinados se lloraron como si fueran propios y colectivos. Ese fue el primer ejercicio de verdad, justicia y sanación que se realizará en Siloé este año. Ya se expusieron los hechos, en septiembre se expondrán las pruebas y se acusará a los responsables, en diciembre se hará público el veredicto final.

    Las instituciones responsables justificaron su letal accionar señalando a los jóvenes de delincuentes, vándalos y guerrilleros. Un año después, quienes sufren la victimización de las instituciones son sus familiares. La Fiscalía suspende las audiencias, no interroga a los involucrados, no permite el acceso total a la información, ignora el material probatorio recolectado por los afectados, o –como lo hizo Medicina Legal con Daniel Stiven Sánchez– le quita la piel a una de las víctimas para ocultar los signos de tortura en su cuerpo; acabaron con sus vidas, ahora quieren acabar con su identidad, que no reclamen por ellas, que se conviertan en otra cifra más.

    “Yo ignoraba la realidad de mi país, hasta que la muerte tocó la puerta de mi casa. Nunca había llegado a imaginarme el dolor por el que han pasado miles de familias en Colombia (…)  Nosotros no necesitamos que nos den pañitos de agua tibia. No necesitamos que vengan [de la alcaldía] y nos ofrezcan poner una estrella en honor a ellos en un parque. Nosotros solo queremos justicia. Que nos podamos acostar un día a llorarlos, pero saber que no lo están tildando de vándalos, asesinos, o de ladrones, porque eso si no deja dormir”, manifestó Crisol Sánchez, hermana de Daniel Stiven Sánchez, joven de 16 años que apareció quemado el 29 mayo afuera del Dollar City de Siloé.  

    Hay casos que permanecen en el anonimato porque el miedo no deja a los familiares denunciar. La masiva asistencia al Tribunal Popular es síntoma de que en “la loma” hay una herida profunda sin curar. David Gómez, el obstinado fundador del Museo Popular de Siloé, repite a los visitantes que “la memoria es frágil”, que se empolva fácil. Tal vez recordar el nombre de los asesinados, de quienes los mataron, u ordenaron que los mataron, es la única manera de hacer justicia propia en Colombia. A fin de cuentas, la injusticia es más antigua que ”el Estado”, ese ente que dijo que “estaba por venir y nunca apareció”.

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