Escuela Nacional Sindical

Escuela Nacional Sindical

Unidapp, ese es el nombre que un grupo de trabajadores y trabajadoras de las plataformas le han dado a su organización sindical recién constituida. Desde hace algunos meses venían trabajando en la idea y con el apoyo de varias ONGs y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) dieron este paso para seguir en la lucha y conseguir mejores garantías.

El sindicato Unidapp busca llegar a los trabajadores y trabajadoras de plataformas a través de una app que pronto estará disponible en las tiendas de aplicaciones. Usarán la tecnología como aliada para crecer en membresía y defender de una mejor manera sus derechos.

En un comunicado que han dado a conocer este martes dicen: “Hoy empieza una nueva etapa para los trabajadores de plataformas en el país. Somos una organización sindical sólida y dispuesta a llevar nuestras exigencias a todas las instancias judiciales, legales y administrativas, ¡Hasta que tengamos derechos laborales!”

Las luchas que persisten
Han sido varios los intentos que los trabajadores de plataformas han tenido para organizarse en el país. En años anteriores, los trabajadores han hecho movilizaciones y han iniciado movimientos que han tenido alcance nacional, pero las aplicaciones los han bloqueado y muchos de los líderes han tenido que buscar otros empleos y dejar abandonada la idea de organizarse.

Pero esta vez parece ser distinto. El grupo está ya más consolidado y animado con lo que ha pasado en otros países donde las justicia les ha dado la razón y ha dicho que los trabajadores de plataformas no son autónomos y que tienen un patrón, que en este caso son las aplicaciones para las cuales trabajan.

Desde inicios de la pandemia, con el apoyo de ONG´s como Temblores, Viva la Ciudadanía, Defens, el Centro de Solidaridad y de la Central Unitaria de Trabajadores. Se han venido organizando y aprendiendo sobre lo que es un sindicato.

Andrés Barbosa es uno de los trabajadores que hoy lidera Unidapp. Trabajaba para Rappi, pero en medio de la pandemia surgieron varios problemas con su cuenta en la aplicación. El último de ellos fue un cobro por $500 mil pesos, el cual se negó a pagar porque dice que le hackeraron la cuenta desde adentro y que le hicieron un fraude. Nadie le solucionó su problema y él hizo la denuncia pública e inmediatamente comenzaron a llamarlo de todo el país comentando casos parecidos y felicitándolo por atreverse a denunciar.


“La gente empezó a escribirme sus problemas y en menos de una semana por lo menos mil personas me habían escrito. Yo no sabía qué hacer. Escuché historias realmente tristes de compañeros con personas enfermas en sus casas, con hijos, en una situación muy compleja por la pandemia”. A raíz de eso, Andrés y otro grupo de compañeros decidieron tomar la vocería y crear el Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas Digitales. Con este nombre convocaron a una primera manifestación en agosto. Barbosa calcula que unos 4000 repartidores salieron ese día a las calles de Bogotá a manifestar su inconformismo, y esto los animó a seguir adelante.

El naciente Movimiento escribió derechos de petición a varios ministerios y se comenzó la articulación con las ONG´s y con varias universidades. “Comenzamos a tomar fuerza y comenzamos a aprender sobre cuál era el debido proceso y decidimos conformar un sindicato con el fin de poder reclamar nuestros derechos. Ahí fue donde comenzaron a proyectar lo que será la aplicación y lo que será el primer sindicato que funcionará por una app.
“Empezaremos una fase de afiliación a través de una página web y ahí recibiremos sugerencias para tener la aplicación en menos de 15 días”, dice Barbosa.

 

Los reclamos de los repartidores afiliados a Unidapp
Son muchos los problemas que se les presentan a los trabajadores de plataformas. Los principales según Andrés Barbosa son: los bloqueos injustificados, tarifas injustas, el sistema de puntos que genera competencia desleal, los fraudes, la corrupción y la venta de maletas. También exigían el derecho a la defensa y transparencia con las propinas.

Y así con esas ideas armaron un pliego de peticiones que el pasado mes de agosto le presentaron a las empresas, a los Ministerios de Trabajo y de Tecnologías de la Información y la Comunicación y a la superintendencia de Industria y Comercio. Buscaban que estas fueran garantes ante las plataformas y pudieran negociar. No ha pasado mucho en ese sentido, pero si han fortalecido su organización, tanto para llegar hoy en día a formar lo que será Unidapp.

Por su parte, Sandra Muñoz, abogada del Centro de Solidaridad dice que han venido desde hace más de un año apoyando a los trabajadores de las plataformas en sus reclamos. “Lo que hacemos nosotros es apoyar la estrategia de comunicación, de organización, jurídica y de incidencia política para que el movimiento tenga un respaldo”.

Muñoz afirma que han aplicado dos encuestas en las que han encontrado que más del 80% de los trabajadores solo lo hacen con una aplicación. En su mayoría trabajan para Rappi que es la plataforma más grande que hay en el país. “Hemos encontrado que son trabajadores sin seguridad social, que les pagan una suma irrisoria por cada domicilio, que no tienen pago de incapacidad y de pensión de invalidez”, dice la abogada.

Otro de los problemas que tiene la principal aplicación del país es el gran número de repartidores. Se estima que son cerca de 45 mil personas que trabajan. Al parecer, bloquean injustificadamente a los que llevan algún tiempo como repartidores para poder ingresar nuevos rapitenderos, como ellos los denominan.

Las plataformas tampoco permiten que sus trabajadores se organicen. Cuando realizan cualquier tipo de protesta son bloqueados y no son admitidos nuevamente.

El apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), principal central de trabajadores de Colombia ya le ha dado todo el apoyo Unidadpp. Fabio Arias, Fiscal de la central dice que la creación de este sindicato les parece una extraordinaria noticia. “Este es un sector al cual les niegan absolutamente todos los derechos y ahora se organizaron y crearon un sindicato a la medida de las nuevas tecnologías”. Asegura que quieren lograr que el Ministerio de Trabajo les llame la atención a los empresarios dueños de las plataformas.

De la misma manera, la CUT expidió un comunicado que respalda al naciente sindicato Unidapp. Diógenes Orjuela y Edgar Mójica, presidente y secretario respectivamente, firman la comunicación que dieron a conocer.
“Los empresarios, en la trillada lógica de reinventarse, promocionan como fenómeno de innovación y creatividad, la llamada economía colaborativa y su modalidad de vinculación a través de plataformas. Se declaran generadores fértiles de empleo y son la solución a los problemas de ingresos de los trabajadores a partir de mutación a emprendedores”, dice un párrafo de la comunicación.

Asegura la CUT que hay una dinámica de súper explotación por parte de las plataformas para con los trabajadores. Ya no existe la jornada de 8 horas porque se debe estar conectado más de ese tiempo para alcanzar un salario mínimo. Bajo esta modalidad de trabajo tampoco hay seguridad social ni derecho a la pensión. “Así tendremos a futuro una legión de indigentes que fueron productivos durante su vida y que enriquecieron con su sudor a quienes los sometieron al abandono”.

En otro de los párrafos el comunicado dice: “En circunstancia tan vulnerables es muy difícil decidir a organizarse, pero la única opción para revertir este guion es pensarse en colectivo, verse como víctimas del mismo empleador; concebirse como miembros de una misma clase, que han encontrado que sus intereses son comunes, que la necesidad es la misma, que son los mismos sueños los que han frustrado y, en consecuencia, es la misma lucha la que han de librar”.

Finalmente, la CUT expresa el apoyo a Unidapp y hace un llamado para que se denuncie y se luche por los derechos plenos de los trabajadores y por condiciones dignas de empleo y de seguridad social.

El 1 de noviembre del año pasado, los directivos de Indupalma reunieron a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa para anunciarles que se someterían a un proceso de liquidación voluntaria motivada por una crisis económica. Pero Sintraproaceites, el sindicato de la empresa, sospecha que con la liquidación pretenden acabar con la Convención Colectiva y con las demandas laborales del sindicato.

El 2020 será recordado en la historia como el año de la crisis generalizada, especialmente en términos de la salud pública y sus impactos en la economía y el mundo del trabajo. También ha sido el telón de fondo perfecto para que varios sectores de la economía, entre los que se destaca la agroindustria de la palma de aceite, lleven a cabo cambios acelerados que no necesariamente son consecuencia de estos tiempos de incertidumbre por la pandemia del COVID-19.

Con Covid – 19, la agroindustria no paró
En el contexto de pandemia, el gobierno colombiano, además de declarar el estado de emergencia económica y social, ha expedido más de 40 decretos con el fin de mitigar el impacto del virus en los casi 50 millones de habitantes del país; no obstante, la agroindustria de la palma de aceite al pertenecer al sector de la agricultura estuvo exenta de restricciones y continuó su proceso habitual en el marco de la cadena de suministro. Bajo este panorama debe reconocerse que no todas las empresas del sector adoptaron inmediatamente medidas de protección para la población trabajadora y de salvaguarda de sus empleos e ingresos, sin embargo, éstas fueron demandas encabezadas por las organizaciones sindicales que exigieron la implementación de medidas sanitarias de bioseguridad en lotes de cosecha hasta llegar a las plantas de producción.
La adopción de estas medidas, a diferencia de otros sectores económicos que han visto paulatinamente la afectación de sus actividades hasta llegar al punto de despidos masivos, reducción de salarios, el cierre de sus establecimientos o, en casos más extremos, la declaración de bancarrota, deja al sector palmicultor en un escenario muy favorable, máxime si se tiene en cuenta la última declaración ad-portas del Congreso de Fedepalma 2020 que hizo Jens Mesa Dishington, presidente del gremio empresarial.

Mesa dijo: “Nuestra producción se mantuvo en niveles similares en los últimos tres años después de tener una subida de nivel importante. Este año, en los primeros siete meses, hemos experimentado un crecimiento en la producción comparado con igual periodo de 2019, más de 8% anual. Estimamos que para cierre de 2020 nosotros debemos estar con una producción de 1,6 millones de toneladas”.

Estas afirmaciones y las cifras de la agroindustria muestran como el sector palmicultor está en un momento favorable, tanto en el mercado interno como el mercado internacional. En 2019, Colombia continuó ocupando el cuarto lugar a nivel mundial en producción con 1,67 millones de toneladas, antecedido solo de los países asiáticos; desde el 2012 el país ha ocupado este lugar por ocho años consecutivos, y el primer puesto en el continente americano.

A nivel nacional el panorama del sector también va en ascenso, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE, la palma de aceite ocupa el segundo puesto, en el sector agrícola, como el cultivo con mayor número de hectáreas en el país, antecedido del cultivo de café y seguido por el de arroz y el maíz.

En términos de cultivos agroindustriales, de nuevo la palma de aceite ocupa el segundo lugar en términos de distribución y uso de los cultivos activos por el número de áreas de siembra (546.085Ha) y de cultivo (504.117Ha); el primer lugar lo ocupa el café, el tercero la caña de azúcar, el cuarto la caña panelera y el quinto, y último lugar, el cacao.

En medio de la pandemia esta actividad, de tipo plantación y producción, no contó con muchos perjuicios. No obstante, en términos de demanda, la principal afectación estuvo en la baja de consumo de aceites y grasas por parte, especialmente, de la cadena de negocios que tuvieron que cerrar a razón del confinamiento y las medidas tomadas, sin embargo, las exportaciones compensaron esta disminución.

Según el informe de índice de precios de los alimentos de la Organización de la Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura- FAO presentado en agosto de este año, “las cotizaciones internacionales del aceite de palma subieron por segundo mes consecutivo en julio”; así también lo manifestó James Fry, presidente de la firma LMC International en una entrevista para Fedepalma.

Fry dijo: “A pesar del efecto macroeconómico negativo en todo el mundo a raíz de la pandemia del Covid-19, el mayor uso del aceite de palma en los hogares ha ayudado a recuperar su demanda. Lo mismo ha pasado en el biodiésel, en donde la disminución de aceites usados y sebo en las mezclas ha impulsado la demanda por aceites vegetales, como el aceite de soya y palma”.

A esto se suma una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que ha sido adoptada por los gobiernos de cada país en los protocolos de bioseguridad en términos de prevención para la transmisión del Covid, como son las medidas de limpieza y desinfección, especialmente, del lavado de las manos; y es en este procedimiento que el aceite de palma tiene una incidencia representativa, porque es una de las materias primas para la fabricación de jabones, desinfectantes y productos de limpieza, tanto para el cuidado personal como para la desinfección de espacios. Datos de la encuesta Nielsen revela que en Colombia el incremento en la adquisición de jabón de tocador y antibacteriales tuvo un aumento del 35%, limpiadores líquidos 31%, limpiavidrios 29% y lava loza en un 28%.

La tendencia del mercado de aceite de palma a nivel nacional y mundial muestra para su agroindustria un escenario favorable, tanto en un contexto inmediato aún con Covid, como en el mediano plazo, en términos de post pandemia.

Entonces, ¿qué es lo que va mal en la palma de aceite?
Dos asuntos han preocupado a las y los trabajadores y gremios sindicales de la palma de aceite en Colombia. El primero de ellos asociado a la coyuntura Covid-19 en términos de las medidas sanitarias para salvaguardar la salud y la vida de quienes están vinculados a la producción de palma; y la segunda, de la cual poco se ha hablado, responde a los movimientos que desde finales de noviembre de 2019 algunas empresas han comenzado a jugar declarándose en liquidación voluntaria argumentando una “crisis del sector”.

Si bien la pandemia generó interrogantes al interior de las empresas en términos de hacerle frente, fueron principalmente las trabajadoras y los trabajadores quienes debieron enfrentarse, sin tener cese de actividades, a continuar con sus oficios aun sin que se tomaran las medidas necesarias de bioseguridad. Según el Boletín No. 6 del Observatorio Laboral en tiempos de Coronavirus publicado en el mes de mayo, el análisis riguroso a 14 empresas del sector para revisar cómo éstas implementaron o no el protocolo sanitario establecido por el gobierno nacional, identificó que la mitad de estas empresas cumplió con la adopción de algunas de las medidas para afrontar la contingencia en términos de prevención y control del contagio; y la otra mitad, no tenía aun ningún protocolo acogido.

Bajo estas circunstancias, la solicitud de las organizaciones sindicales exigía, principalmente, que se suministrara a la población trabajadora los implementos necesarios de protección personal, y aunque se reconoció que los canales de información y comunicación sobre medidas de protección y cuidado eran importantes, la prioridad estaba en la entrega inmediata y continua, de acuerdo a las necesidades, de un kit de protección personal y la adecuación de la infraestructura con medidas de bioseguridad adecuadas.

A su vez, algunas de las empresas, en especial las que se encuentran ubicadas en los departamentos de Magdalena, Santander y Cesar, cumplieron con su deber de garantizar condiciones de trabajo digno y decente al tomar medidas “para salvaguardar los empleos o ingresos de los trabajadores, evitando figuras como la suspensión o terminación de contratos laborales y, optando en cambio por la aplicación de vacaciones adelantadas o licencias remuneradas”. No obstante, el panorama y la adopción de medidas, según lo señala el informe, varía de acuerdo al tamaño de la empresa. En este sentido, se estima que en las pequeñas agroindustrias son más escasos los protocolos o procedimientos adoptados.

El otro hecho coyuntural, y en el mismo nivel de preocupación que el Covid-19, es la reorganización empresarial que podría estar sucediendo en algunas de las empresas del sector o de casos de liquidación voluntaria como el que lleva actualmente Indupalma, una empresa que en 2019 estuvo dentro del ranking de la Revista Dinero de las 20 mejores empresas de palma de aceite calificadas por sus utilidades. ¿Cómo pasa Indupalma de estar durante los últimos 3 años dentro de las 20 empresas más prósperas del sector a declararse en liquidación voluntaria en razón de una “crisis económica”?

Indulpalma: un caso de liquidación voluntaria que atenta contra la libertad de asociación sindical
Indupalma está ubicada en el Municipio de San Alberto, departamento del Cesar. Desde 1961 ha sido un referente para la agroindustria palmera en el país. Su liderazgo en términos productivos y los procesos que las y los trabajadores agremiados han logrado, la ubican como una empresa modelo.

El 30 de octubre de 2019, en reunión extraordinaria, la junta de socios de la empresa tomó la determinación de disolver y liquidar la sociedad, decisión que se argumenta, según un comunicado divulgado en diferentes medios de comunicación locales y nacionales en:

(…) la situación de la compañía, su carga pensional, las dificultades laborales y temas relacionados con el mercado, han llevado a sucesivas y cuantiosas inyecciones de recursos para capital de trabajo. El análisis de las proyecciones de la empresa justificó la determinación de la junta de socios de disolver y liquidar la compañía.

(…) a pesar de que en los últimos tiempos la empresa había logrado alcanzar una sana estabilidad económica, desde principios del año pasado, ha sido objeto de reducción constante en días productivos que ocasionaron un profundo daño económico.

Para el momento de esta decisión, la empresa contaba con 465 trabajadoras y trabajadores, sin embargo, esta cifra puede aumentar. Se estima que hay alrededor de 1.200 personas trabajadoras mediante empresas tercerizadoras. Valga la pena decir que dichas empresas fueron creadas apenas el año pasado debido a un cese de actividades de los trabajadores. El acuerdo entre Induplama y los tercerizados incluyó la creación de dichas empresas.
En la voz de Sintraproaceites, organización sindical de Indupalma y que agrupaba a más del 50% de las y los trabajadores, la decisión de liquidación voluntaria se fundamenta, principalmente y de acuerdo con declaraciones de Raúl Patiño Núñez a la Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical, en que quiere quitarse la “carga” que representan los trabajadores para la empresa. “Quieren acabar con los beneficios que los trabajadores hemos logrado a través de la historia. Además, quieren acabar con la convención colectiva que es la mejor en el sector palmero y con Sintraproaceites”.

La convención colectiva de trabajo lograda por el sindicato Sintraproaceites en diálogo con Indupalma S.A., se constituía como un referente a seguir para muchos sindicatos del sector, pues reconocía acceso a créditos para los trabajadores, la garantía del derecho a la educación de hijos e hijas de los mismos, y otro cúmulo de acciones en reconocimiento de derechos humanos en el trabajo. De ahí que las afirmaciones de los líderes sindicales tomen fuerza en la idea de que no solo se afectó la vida de un significativo grupo de trabajadores de la región del Magdalena Medio, sino que se atentó contra una convención colectiva de trabajo que representaba años de lucha, persistencia y negociación sindical.

Entonces es necesario hacer cuestionamientos cómo los siguientes: ¿es la liquidación voluntaria una medida frente a una “crisis” del sector o una forma de violencia antisindical? El caso Indupalma es quizá una alerta para las y los trabajadores de la palma en el país, que ven un crecimiento productivo y de cargas laborales reciente que no concuerda con las ideas de crisis al interior de las empresas palmicultoras.


El panorama anteriormente mostrado da cuenta de que la producción de palma en Colombia se encuentra estable. Aún en medio de una pandemia global, no existe una crisis económica ni productiva del sector, y si por algún motivo una empresa usara la justificación del Covid-19 para tomar medidas que afecten al grueso de los trabajadores, lo más posible es que estén mintiendo. Por ello, hacer un rastreo de la producción de palma de aceite en Colombia se convierte en una tarea de rigor para la defensa de las luchas sindicales en curso.

 

La conclusión es sencilla: ¡la crisis económica de la palma de aceite es un mito!

En su visita a Medellín, la excandidata vicepresidencial y excongresista Ángela María Robledo se reunió con organizaciones sociales y de mujeres que buscan crear una mesa municipal de economía del cuidado. Robledo, quien prefiere los rótulos de feminista, pacifista y ciudadana, también fue invitada a una conversación sobre el Paro Nacional. La Escuela Nacional Sindical conversó con ella sobre las movilizaciones realizadas a lo largo y ancho del país, y las que estan programadas para los próximos días. Con Angela María también hablamos sobre la economía del cuidado y la Mesa Intersectorial del Cuidado.

Pregunta: ¿En qué consiste el Sistema Nacional de Cuidado y cuál es su importancia?
Respuesta: Este sistema es un dispositivo institucional que concreta una aspiración de toda persona: ser cuidado y cuidar en condiciones de dignidad. Judith Butler, importante autora feminista, dice que la base del cuidado es reconocer que no somos nada sin el otro, sin la otra. Y para que eso sea una realidad nos tenemos que cuidar y tenemos que ser cuidados, esa es la base. Resulta que esa tarea de cuidado en el mundo la hemos hecho sobre todo las mujeres, porque naturalizaron que el cuidado de la prole, de los viejos, los enfermos, nos toca a las mujeres porque, en nuestra condición de creadoras de la vida, nos cayó esa responsabilidad.

Pero eso no ha sido así toda la vida. Ocurrió cuando el mundo del trabajo y la revolución industrial dividió el espacio privado y público. Señaló que el espacio privado, las casas, lo doméstico, es reproductivo; mientras que lo político, los proveedores, es lo público. Ahí empieza la gran desigualdad. Si bien frente al cuidado hay una igualdad, frente a la valoración y la responsabilidad del cuidado hay una desigualdad. Los sistemas de cuidado en el mundo buscan resolver esa desigualdad. En Colombia tenemos la ley 1413, en la que se aplicó una pregunta: ¿en qué usas tu tiempo? Se encontró que las mujeres duplican a los hombres en su tiempo de cuidado no remunerado, y le aportan cerca de 160 billones de pesos a la economía.

Hay que distribuir las tareas del cuidado entre los adultos de la casa, que éstas no solo estén sobre los hombros de las mujeres. Pero también hay prácticas en algunos lugares en donde, vía pensiones, vía cuota moderadora para la atención en salud, y vía reconocimiento a las cuidadoras, hay un tema de redistribución porque toca lo económico. Pensamos en las mujeres del sector rural o de la periferia de las ciudades que hacen un trabajo descomunal, ya que muchas veces tienen que buscar leña para cocinar, sus manos se desgastan lavando. El peso del trabajo hay que reducirlo, esa es la tercera "r".

Yo agrego una cuarta “r”: la representación y la participación política, formulada por una feminista muy importante, Nancy Fraser. El tema del cuidado es político, porque hay una infraestructura de cuidado para las mujeres, que implica el aporte de salud, educación, cultura y económico; se nos devuelve a las mujeres en la reducción y en el tiempo libre. ¿Y ese tiempo libre para qué? Para que las mujeres nos organicemos, podamos disfrutar de nuestra vida, independientemente de que sean madres, abuelas, tías, cuidadoras. Para hacer con ese tiempo libre lo que nos venga en gana; tener tiempo para salir a la calle, para revelarnos, protestar. Es un tema profundamente político.

P: ¿Cuáles son los avances que hay en el país en materia de este sistema?
R: La Mesa Nacional que se creó en el 2014 tiene 3 nichos: producción del conocimiento, incidencia política, y comunicación y pedagogía. Ya ha empezado a desplegarse en las regiones con autonomía y apuestas propias. Salió la conformación de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado de Antioquia y Medellín, y me alegra profundamente. Desde la Mesa Nacional hay una propuesta de acompañamiento en autonomía a la mesa que va a trabajar aquí. Y lo que entendí también con la presencia de Natalia y Juliana, las secretarias en el departamento y la ciudad, es que se va a generar un canal de comunicación para que, vía planes de desarrollo, se den los primeros pasos para conformar estos sistemas de cuidado.
Es algo nuevo, no tiene referentes anteriores. Por eso encontrarle factibilidad política y presupuestal va a ser difícil. Pero ya hay una infraestructura en las ciudades para el tema del cuidado, hay que articularla. Hay una propuesta de transformarnos culturalmente en nuestras masculinidades, en nuestras feminidades. Hay una voluntad política que va a sumar y hay un sector empresarial, que ha sido un poco esquivo para vincularse al tema del cuidado. Este sector cumple un rol fundamental porque comprende hombres y mujeres que a su vez cuidan, especialmente mujeres que tienen 2 y 3 jornadas. Esto no es un hecho ni gubernamental ni estatal, es de la ciudadanía y del sector empresarial, tan importante en una apuesta como estas.

P: ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de la exministra de trabajo de fomentar el trabajo por horas?
R: Yo dije, un poco irónicamente, que con dos horas semanales del trabajo de Alicia Arango sería suficiente para este país, por todo el daño que nos quiere hacer. La verdad es que la exministra de trabajo es la mentirosa mayor. Salió, tanto ella como Duque y Marta Lucía Ramírez, a decir que era mentira que iba a haber una reforma laboral. Tenemos un país donde el sector informal alcanza el 60%, pero la vía para generar condiciones de formalización no es volver todavía más precario el mundo laboral. Yo le pregunto a la señora Arango, quien seguramente ya tiene garantizada su pensión, ¿cuánto se va a demorar un joven que termina la universidad o su estudio técnico para hacerse a una pensión digna para su vejez? No hay que olvidar que toda la propuesta va atada a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que es otra forma de precarizar el mundo del trabajo. Un mundo que está en crisis en todas partes, no sólo en Colombia.

La exministra habló de los ingenieros, pero pudo hablar de las enfermeras, los médicos, de tantas formas de trabajo digno que hay en Colombia, y al cual aspiran millones de jóvenes. En lugar de esperar una formulación respecto a una educación que forme para el trabajo que está cambiando profundamente con las plataformas virtuales, con la inteligencia artificial, etc. Pero lo que esta señora hace es un llamado a precarizar más el trabajo, que es una razón más para estar en las calles. Aún no han dicho cómo sería la reforma pensional. Lo que seguramente hará este gobierno neoliberal es fortalecer los fondos privados de pensiones. Cuando Chile, el país del cual copiamos el sistema pensional, no sólo está en un estallido social, sino que se está devolviendo, está debilitando los fondos privados de pensiones.

P: Ahora hablemos del paro ¿cómo ha visto las movilizaciones en este 2020?
R: Creo que hay leerlo como una continuidad del paro que viene del año pasado, que tuvo un receso explicable: la navidad y el año nuevo, que dentro de nuestras prácticas culturales se celebran masivamente. El 21 de noviembre millones de personas en una pluralidad gigantesca, como nunca la habíamos tenido en las movilizaciones en Colombia, salimos a las calles. Para algunos es un estallido social, para otros un despertar ciudadano. Lo que ocurrió el 21 de enero hay que mirarlo en esa continuidad y en el marco de unas grandes tensiones respecto a las reivindicaciones, las representaciones, y a la emergencia de múltiples agendas más cercanas a la cotidianidad de los ciudadanos y ciudadanas. Cruzado todo eso por las luchas sindicales y estudiantiles, que de tiempo atrás, y por décadas, se han hecho en Colombia. Celebro que las colombianas y colombianos estén en las calles protestando, convocando el cambio, la urgencia de vivir con dignidad. Por otro lado, la invitación es a que esa movilización pacífica continúe este año. Ya el gobierno puso de presente dos de los temas que decían que eran mentiras y que están en el corazón de la movilización: la reforma laboral y la reforma pensional.

P: ¿Cómo cree que el gobierno debería tramitar esa inconformidad que hay en las calles?
R: Le hemos dicho que negocie. Siempre hemos estado dispuestos a conversar, la conversación es maravillosa, a las mujeres sí que nos gusta conversar. Aquí se necesitan decisiones contundentes, eso es lo que hemos sentido en las calles, que los jóvenes, los niños y las niñas, los adolescentes sienten que tienen un presente precario y que el futuro no existe para ellos. Creo que esta movilización tiene componentes antisistema capitalista, y eso se va a demorar. Pero por lo pronto, se necesitan reivindicaciones y logros para abordar problemas tan complejos como el mundo laboral.

P: ¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía movilizada?
R: Tenemos que seguir en la calle. Hay un enorme debate sobre la agenda inicial, que empezó con 13 puntos, pero mucho más puntual sobre los 104 puntos, en los que prácticamente se vislumbra un país distinto. ¿Cómo manejarlo? Hay que insistir en algunos de los puntos de la agenda para que este gobierno negocie, y para eso necesitamos seguir en las calles pacíficamente, recurrentemente, periódicamente. Pero al mismo tiempo, hay que empezar a vislumbrar en esa amplia agenda de los 104 puntos una plataforma política que nos permita, no sólo un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema político, económico, cultural y social.

P: ¿Cuáles son los retos en los planes de desarrollo y la inclusión de temas como la implementación del acuerdo de paz?
R: Yo he dicho que el 2019 es oxígeno para el acuerdo de paz. Sabiendo que la paz va más allá del acuerdo con las FARC. Fue un pacto con la sociedad, que no se está cumpliendo y los gobiernos nuevos que llegan son oxígenos para esa tarea. De una u otra manera en sus planes de campaña estaba el tema de la paz, y es en los territorios donde se hacen y materializan las apuestas del cumplimiento de la paz. A nivel nacional la exigencia continúa, porque por constitución deben cumplirse los acuerdos con las FARC. Por otro lado, está la negociación incipiente, difícil y precaria con el ELN.

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