El engaño de la vivienda en Cali

El engaño de la vivienda en Cali

 

El sector denominado Potrero Grande, en el nororiente de Santiago de Cali, es un extenso lote cuya propiedad es bastante escandalosa y desde el cual se ha tejido toda una política malsana de bienestar para los colombianos que, por diferentes motivos y razones, carecen de una vivienda. Dicho terreno perteneció al narcotraficante Juan Carlos Ramírez, conocido como “Chupeta”, a quien el Municipio de Santiago de Cali le legalizó su situación y le compró una gran porción del lote, que luego lo destinó a mitigar el déficit de vivienda de la capital vallecaucana.

 

La gran Promesa
Allí se levantó un proyecto de vivienda en donde intervino la mano del presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, quien de inmediato modificó el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali – POT (Decreto 0696 de Oct. 14/2005), en el sentido de disminuir la cabida de las viviendas de interés social, lo que conllevó a que tales soluciones de vivienda tuviesen unas dimensiones de hasta 40 m2, con un frente mínimo de 4m lineales, 2m de antejardín y 8m de fondo. Este tipo de vivienda, técnica y arquitectónicamente, no es apto para albergar un grupo familiar de los sectores de más escasos recursos que, en promedio están constituidos por dos adultos y tres menores de edad.

En la primera etapa se tuvo un costo de $34.201 millones, de los cuales $13.611,5 millones fueron aportes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente y Vivienda; $15.356,6 millones del municipio; $3.512 millones de la Gobernación del Valle del Cauca y $1.721,3 de Emcali. Hoy la obra avanza en cuatro (4) sectores.

El Secretario de Vivienda de Cali, Luís Fernando Lián Arana, afirmó que el proyecto tiene un avance significativo en cuanto a los costos. Pues el gobierno municipal aporta 5 mil 700 millones de pesos como subsidio municipal de vivienda representados en el valor del terreno, de ahí que a cada familia le asignan 3 millones 343 mil pesos en subsidio municipal, lo cual es el costo de el lote, que no se cobra. Respecto al cierre financiero, el aporte que hace la donación a través del Gobierno Nacional con el Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda es por un valor de $14 mil 68 millones de pesos, es decir que a cada hogar le corresponde $8 millones 11 mil 500 pesos de los subsidios familiares de vivienda.

“Hemos tenido la fortuna de contar con la vinculación de Emcali- expresa la subsecretaria de Vivienda de Cali-, a través de las redes de energía, pues no van a cobrar ni la red de alta ni media ni baja. Solamente se le cobrará a la gente la conexión y el contador de energía. Las familias con todos los aportes quedarán con un crédito que pagarán directamente al fondo especial de vivienda que maneja la Secretaría de Vivienda de 5 millones 383 mil 859 pesos, por lo tanto estas personas quedan pagando durante 180 meses, o sea 15 años, una cuota fija de $58. 000 pesos al mes”.

Seguidamente entraron en el teatro de los acontecimientos las cajas de compensación familiar de la región. Comfandi se encargaría de viabilizar el diseño urbanístico, soluciones de 40 metros con 28 metros construidos y  distribuidos de la siguiente manera: Unidad Básica: En el primer piso una mini sala-comedor y las gradas de acceso al piso superior; debajo de estas el baño, la cocina y el lavadero, seguida de un área sin desarrollo para futura ampliación. En el segundo piso un salón general a manera de habitación múltiple.

Comfenalco, por su parte, se comprometió a apoyar a la secretaría de vivienda municipal en el censo de los desplazados y habitantes en zonas de alto riesgo, asentamientos a lo largo de la cuenca del río Cauca, zonas de ladera y otros. De igual manera le impartiría charlas sicosociales a los postulantes para disminuir desde la teoría los conflictos sociales propios de sectores subnormales provenientes de diferentes regiones y que han padecido el rigor del conflicto armado en toda Colombia. Para los asentamientos “Brisas del Río Cauca” y “La Laguna del Pondaje” se dispuso de todo un operativo interdisciplinario para reubicar a sus pobladores en un tiempo record en sus nuevas viviendas, construidas con materiales sólidos y duraderos. ¡Adiós a las paredes de cartón y esterilla! No más las letrinas, sus casas tendrían baterías sanitarias con el goce pleno de los servicios públicos domiciliarios.

De esto también fueron partícipes los medios de comunicación, que durante un mes largo dieron rienda suelta a su creatividad publicitaria para engatusar a todo un centenar de habitantes que padecían de las inclemencias del clima, de difícil acceso, en zonas inundables, sin servicios (eran pirateados) y que veían en la propuesta un mejoramiento de su calidad de vida.

Realización en grande
Llegó el gran día, Marzo 21 de 2007. A la entrega oficial llegó el presidente de la república con toda su corte: Angelino Garzón, Apolinar Salcedo, entre otros, y se mostró con orgullo y como plan de vivienda piloto el proyecto “Potrero Grande”. Se tomaron las fotos de rigor, la bendición de la curia y toda esa parafernalia burocrática de la alta aristocracia, pues le estaban dando en cierta manera “limosna a un pueblo sediento de techo”. En tan memorable fecha se registra la siguiente frase: “Esta es la primera vez en la historia de la política de vivienda en Colombia, que se apropian recursos para prevenir un desastre, ya que estas familias vivían en el dique de contención del río Cauca, lo que representaba un inminente peligro para la ciudad”.

Estas 1756 casas son las primeras de 4800 que se entregarían a las familias que habitan en asentamiento subnormales, ya que el Gobierno Nacional garantizó los 3044 subsidios restantes para la finalización del proyecto habitacional Potrero Grande

La hora del destape
Hoy, varios años después, el drama se ha acrecentado por diversos factores que los benévolos aristócratas no tuvieron en cuenta, por desconocimiento de las vivencias propias de las grandes masas populares discriminadas y marginadas totalmente en la cotidianidad política y social de la región y, naturalmente, del mismo país.

Las acciones de la Fiscalía General de la Nación confirmaron el “run run” sobre la propiedad de tales bienes inmuebles, y por lo cual los ex funcionarios – Gonzalo A. Marín (1997) y Miguel Cuadros (1999) - de la Secretaria de Vivienda de Cali no los habían adquirido de tiempo atrás. Según la unidad investigativa del Diario El País, el pasado 14 de abril el DAS capturó a Carlos Adolfo Parra Smith por el delito de Lavado de activos por la venta de este lote que ha sido investigado desde 1996 por nexos con el narcotráfico.

Por tal motivo nos preguntamos ¿cómo hace el Estado para encubrir y facilitar todo su andamiaje para que se legalicen toda clase de actividades ilícitas que paradójicamente el mismo Estado persigue y criminaliza a vox populi no solo a nivel nacional sino internacional? ¿Por qué se continúa con un proyecto “urbanístico” cuya legalidad se encuentra en vilo y con el cual se puede perjudicar a miles de familias que han cifrado su esperanza de techo propio en un inmueble que será expropiado judicialmente? ¿Cuál será la suerte de las entidades públicas y privadas y las responsabilidades penales directas de los funcionarios que, conociendo la tradición del terreno y los líos legales que de él nacían, aprobaron su adquisición con dineros del erario público, para luego desarrollar un proyecto de vivienda con las anomalías arquitectónicas decretadas por el gobierno nacional en cabeza de Álvaro Uribe Vélez?

Hoy los terrenos de donde fueron desalojadas miles de familias para reubicación se encuentran nuevamente ocupados por los mismos pobladores que tomaron la decisión de regresarse ante la estafa de los gobiernos de turno, pues les prometieron una vivienda digna y la casa de habitación recibida no comporta los más mínimos elementos arquitectónicos, estructurales y de espacio que les permita seguir viviendo en ellas; además, porque las cuotas que fueron pactadas para los 180 meses se incrementaron sin control alguno por parte de los entes gubernamentales correspondientes, al igual que las tarifas de servicios públicos que llegan por las nubes. Todos estos gastos, por demás permanentes, no les permiten tener una vida digna en la medida en que los priva del dinero para adquirir productos de la canasta familiar.

No se mantuvo la proyección de reubicar a los pobladores de los asentamientos que, por lo general, son desplazados de la franja occidental del país, sino que, por el contrario, Potrero Grande se convirtió de la noche a la mañana en barrio reciclador de cuanta calamidad y desastre natural ocurriese en la ciudad. Por tal motivo llegan vivencias de diferentes entornos y con costumbres citadinas impuestas en la ley del más fuerte entre los residentes del sector. Surgen pandillas juveniles que delinquen a plena luz del día, y el tratamiento del Estado, a través de la fuerza pública, es cooptar a estos jóvenes como los vigilantes del barrio, absurda determinación por parte de quienes representan la ley y el orden, pues pareciera más bien que están preparando es una limpieza social entre los mismos habitantes sin involucrar de manera directa a la institucionalidad caleña.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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