Políticas petroleras y resistencias en Casanare Destacado

Desde Trinidad hasta La Venturosa hay tres horas de carretera destapada, en medio de morichales y cultivos de arroz. Cada cierto tiempo aparece un carro tanque. Unos van a recoger el crudo y otros ya regresan cargados. Hemos ido compañeros de Asonalca, la asociación campesina filial del Coordinador Nacional Agrario CNA en la región del centro oriente, y compañeros de la Unión Sindical Obrera.

Es un trabajo conjunto que empezamos hace años, con el propósito de avanzar propuestas unitarias entre trabajadores y campesinos. En la reunión trabajamos sobre las necesidades de la zona y la construcción del pliego. Eran las primeras reuniones, hacia mediados del 2017; mezcla de talleres y diálogos sobre las alternativas que podía tomar el comité de Asonalca y las Juntas de Acción Comunal frente a los abusos de la industria.

Las denuncias de la comunidad no se hicieron esperar. Los trabajadores se quejaban de los cambios en las condiciones de trabajo, los salarios precarios y la falta de posibilidades de transporte para ir a los lugares a desempeñar sus funciones. Las juntas denunciaban los daños ambientales y los incumplimientos en materia de inversión social. Por eso no fue difícil comprender el titular del noticiero de Caracol Televisión cuando anunció las protestas y los 'maltratos' de los campesinos hacia los miembros de la Policía.

Como era de esperar, los del noticiero no llegaban cuando las compañías petroleras abusaban de los trabajadores, ni cuando se presentaron las denuncias por los daños ambientales o los incumplimientos en materia de inversión social. No. Ellos llegaban solo cuando la Fuerza Pública se veía agredida, esa misma Fuerza Pública que escoltaba las tractomulas que sacaban el crudo y a los trabajadores prestigiosos de la compañía.

La historia no era nueva, ni en la provincia del Pauto ni en el departamento. Hacia el 2010, los trabajadores de Tauramena habían liderado protestas y establecieron los derroteros de un pliego que ha venido emergiendo en diferentes lugares del departamento: inversión social, compensación ambiental, derechos humanos, bienes y servicios y condiciones laborales. Se trataba de aspectos que habían sido vulnerados por las compañías de manera sistemática desde el momento en que irrumpían en las veredas. Era justamente el revés de las promesas con las que llegaban y con las cuales habían vencido las resistencias de las comunidades.

En el 2012 unos campesinos de la zona adelantaban protestas por incumplimientos de las compañías. La represión no se hizo esperar. En adelante, los miembros del ESMAD utilizarían, pagados por las compañías petroleras, las instalaciones del internado de Trinidad para prevenir cualquier levantamiento en contra de las operaciones de las compañías.

Hacia el 2015 fuimos junto con Daniel Abril al corregimiento de El Convento. Los casos de violaciones de derechos humanos por miembros de la SIJIN aparecieron ante la misión de verificación, encabezada por compañeras de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia. Alentados por las compañías, miembros de la SIJIN habían seguido a campesinos de la zona, los habían amedrentado señalándolos de responsables de las acciones de protesta, y algunos fueron judicializados. Lo mismo sucedía para ese año en Paz de Ariporo y El Morro, donde algunos procesos de judicialización contra líderes comunales continúan vigentes. Daniel Abril fue asesinado el 13 de noviembre de 2015 en el municipio de Trinidad, lugar en donde había liderado diferentes denuncias por contaminación al río Pauto por parte de compañías petroleras y por la negligencia de las autoridades ambientales.

Por eso, después de la persecución liderada por las autoridades, y de las denuncias y el lento proceso de recomposición que se había iniciado, acompañado por las organizaciones sociales que hacíamos presencia en el departamento, no era raro que las protestas se presentaran nuevamente.

En Yopal, durante el 2017, campesinos se manifestaban en contra de un pozo petrolero ubicado a escasos 200 metros de la zona urbana, amenazando los pozos profundos que surten de agua a más del 60% de los habitantes del municipio. En Aguazul, Orocué, Trinidad y Paz de Ariporo la situación era igual. Las compañías, avaladas y blindadas por las instituciones y autoridades del Estado, trataban con arrogancia las demandas de los trabajadores y habitantes de sus zonas de influencia.

El Estado, de manera descarada negaba la posibilidad de las consultas populares, avalaba el Fracking en contra de las protestas lideradas por los habitantes de San Martin en Cesar, y restringía aún más, a través del nuevo Código de Policía, las posibilidades del ejercicio de la protesta social. En estas condiciones, la democracia representa más la posibilidad de elegir un títere que de pensar un modelo económico distinto, como lo ha venido proponiendo la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y cuyos pliegos han sido sistemáticamente negados por el Gobierno. Otra democracia sólo es posible al calor de la organización, la unidad y la lucha decidida en las calles y las veredas.

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