“Por la defensa de los bienes comunes”, sentencia del Tribunal Internacional de Opinión

Desde que la humanidad asistió a las atrocidades perpetradas en la guerra de Vietnam en los años 60s del siglo pasado, sin que los Estados llamados civilizados hicieran respetar los tratados firmados por ellos mismos, que comprometían el respeto a la dignidad humana, surgió la iniciativa de los Tribunales de Opinión. Estos nacen con el propósito de apelar a la conciencia de los seres humanos y denunciar al mismo tiempo la degradación del derecho, el cual fue rompiendo sus vínculos con los principios éticos universales, doblegándose así ante las dos grandes fuerzas que dominan el mundo: el dinero y el poder.

Los Tribunales de Opinión no se rigen por la creencia de que personas expertas, amparadas en un hipotético dominio secreto de las leyes, conviertan los comportamientos humanos en delitos o virtudes, y que solo las sanciones penales pueden convertir a alguien en culpable y condenar sus actuaciones. Los Tribunales de Opinión son ejercicios de transparencia en los cuales se confrontan los hechos con las leyes y principios que fueron desconocidos, y se deja constancia ante el mundo de las contradicciones vigentes entre el derecho proclamado y las prácticas comprobadas.

En el ejercicio realizado durante estos dos días en Medellín (21 y 22 de noviembre), hemos escuchado testimonios de víctimas de diversas regiones de Antioquia, y de El Carmen de Atrato, Chocó, y a la vez, hemos tenido acceso a numerosos estudios documentados que revelan prácticas sistemáticas de grandes empresas, apoyadas y articuladas con el Estado, que desconocen lo más elemental de la dignidad humana.

Lamentablemente, este no es un fenómeno puntual sino global. La conculcación de derechos humanos y de la naturaleza por parte de las empresas transnacionales y sus aliados institucionales es una realidad a lo largo y ancho del planeta, y se ha agudizado en los últimos años ante la grave crisis internacional que atravesamos. De este modo, el sistema capitalista enfrenta un momento crítico, en el que las expectativas de crecimiento económico son escasas para al menos las próximas cuatro décadas, a la vez que se agotan las fuentes fósiles de energía y las reservas de muchos bienes comunes necesarios para sostener su acumulación incesante, todo ello en un contexto de grave cambio climático.

Como fruto de ello, las grandes corporaciones, muchos Estados y los organismos económicos internacionales, que en su conjunto constituyen el poder corporativo, lanzan en la actualidad una virulenta ofensiva de mercado para mantener sus ganancias y la base física sobre la que operan, acompañando este proceso de un desmantelamiento generalizado de las escasas conquistas democráticas, en el que incrementan su autoritarismo, militarización y violencia, amenazando todo lo público y lo común para ponerlo al servicio de los mercados globales. El conflicto entre el capital y la vida se evidencia, y los bienes naturales se convierten especialmente en botín codiciado por los grandes capitales. La energía hidroeléctrica, la minería, los monocultivos agropecuarios, el fracking, las fumigaciones, etc., se convierten a la vez en fuente de ganancia y en ámbitos estratégicos para enfrentar el colapso ecológico que se avecina. Las multinacionales, en este sentido, asaltan los territorios de todos los continentes, pero especialmente de América Latina, desarrollando de este modo estrategias que combinan el secretismo y el disimulo en sus actuaciones, la cooptación de líderes, el impulso a pequeños proyectos comunitarios y, cuando lo ven necesario, la criminalización de la protesta, la militarización y la violencia.

Colombia y Antioquia son, desgraciadamente, una buena muestra de este proceso global. La fuerte presencia de multinacionales en el país desde hace 20 años, tiene por objetivo arrancar de las entrañas de la tierra el agua, el oro, la energía, los bienes comunes y el petróleo, con el ánimo de aumentar sus ganancias y alimentar los mercados globales, especialmente de los países de Europa y América del Norte. En este sentido, las cifras demuestran que el 70%1 de la gran explotación minera del país se encuentra en manos de empresas extranjeras, entre ellas la Anglo Gold Ashanti, la Drummond, Anglo Gold American y otras. Por su parte, Antioquia, es el segundo departamento con mayor actividad extractiva de Colombia, concentrando el 14,36%2 de la producción de Colombia, siendo la Anglo Gold Ashanti y Mineros S. A. parte de las grandes empresas extractivas que hoy tienen títulos en el Nordeste y Bajo Cauca. El Chocó, es el tercer departamento de mayor producción, y la empresa canadiense, Minera el Roble S.A, asentada en El Carmen de Atrato, viene generando graves impactos destructivos en las comunidades campesinas y étnicas.

A su vez, la creciente construcción de hidroeléctricas (pequeñas y medianas especialmente) estrangula los ríos y con ello produce la ruptura de los ciclos de reproducción de la vida de los territorios; estas obras se instalan sobre territorios violentados y despojados de manera sistemática, especialmente por empresas y grupos paramilitares. Los proyectos hidroeléctricos suelen presentarse como de interés público, y bajo esta etiqueta se niega a las comunidades la posibilidad de participar en las discusiones sobre los proyectos; se desconocen sus exigencias y solicitudes y en su lugar se les estigmatiza como enemigas del desarrollo. En Antioquia, las represas Providencia I y II3 (Mineros S.A), Porce I, II y III, Hidroituango y la proyección de la Hidroeléctrica Santo Domingo- Oriente, tienen como elemento común ser desarrolladas e impulsadas por Empresas Públicas de Medellín, empresa estatal y a la vez multilatina, que ha sido denunciada por graves violaciones a los derechos humanos y daños contra la naturaleza. En el caso de El Chocó, con la proyección de la Hidroeléctrica la Talasa, con la cual se concesionaría a 50 años el río Atrato y cuya producción de energía sería para la exportación a Centroamérica a través de la interconexión eléctrica promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo- BID, obviando que municipios como Juradó solo tienen 2 horas de energía al día.

La construcción de la gran Hidroeléctrica Hidroituango evidencia que, por encima de la vida, la seguridad, la permanencia de las comunidades en sus territorios, la protección de la naturaleza y el medio ambiente, están los intereses del Estado que responden a las demandas del mercado internacional, bancos privados, entes multilaterales y BID. Este asalto a los bienes comunes pone en grave riesgo la integridad de las comunidades asentadas en los territorios, daña la naturaleza y desequilibra y/o destruye las prácticas tradicionales de producción económica.

Pero en Colombia la instalación de los megaproyectos como práctica violenta de despojo contra los territorios, característica propia del extractivismo, no es lo único que genera daño; también lo hacen las fumigaciones con glifosato, las cuales se han convertido en la principal política de Estado para enfrentar el problema de la producción de drogas en el país. Dicha política represiva, especialmente contra los cultivadores y cultivadoras, quienes son generalmente los campesinos, indígenas y afrodescendientes, se sustenta sobre graves violaciones a los derechos humanos y todo un sistema punitivo ilegítimo. En 2017, 100.000 familias cocaleras, creyendo en el Acuerdo de Paz suscrito entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, se inscribieron y comprometieron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-; durante los dos años de vigencia del Programa, el Estado ha incumplido, ya que si bien, ha entregado los 12 millones iniciales a muchas de las familias, en el caso de los proyectos productivos el incumplimiento ha sido casi total, dejando a esas poblaciones sin sustento. Esto viene generando un escenario de resiembra, y con ello un mayor nivel de vulnerabilidad, militarización de los territorios y nuevas fumigaciones.

Más allá de este incumplimiento puntual, la negligencia estatal se suma a la falta de integralidad en la implementación de los acuerdos de paz, que no permite un desarrollo que tenga en cuenta las particularidades del territorio y de las comunidades, reduciéndose a un enfoque económico que se vuelve funcional al modelo extractivista, facilitando el ingreso de proyectos que saquean y revictimizan los territorios y a sus habitantes.

Los casos que hemos analizado en este Tribunal Internacional de Opinión explican claramente lo anteriormente dicho. Exponemos a continuación los hechos comprobados, fruto de los testimonios y de la documentación recibida:

Para el caso “Ingreso encubierto de la AngloGold Ashanti al territorio del Suroeste antioqueño y la imposición del proyecto La Quebradona, en Jericó – Antioquia” constatamos las siguientes conculcaciones de los derechos humanos y de la naturaleza en forma de afectaciones para la comunidad a partir de la implantación del proyecto minero. Concretamente, se evidencian vulneraciones en términos de derecho de acceso al agua y a un ambiente sano por las intervenciones en la etapa de exploración que incluye perforaciones que se generaron. Se destaca lo ocurrido en 2011, cuando la empresa realizaba estudios de profundidad para extraer muestras de rocas a 15 metros de la orilla del río, sin respetar la distancia de 30 metros como los estipula la ley, lo cual causó la expulsión de aguas subterráneas contaminadas, problema que ha continuado.

Otro hecho comprobado es la privatización y militarización de los predios, en donde el Ejército Nacional ha cumplido por más de ocho años un papel fundamental en la protección de los intereses de la empresa, lo que ha tenido como consecuencia la restricción del tránsito de las comunidades por los caminos ancestrales de sus territorios. En términos culturales la privatización de los caminos, afectan las dinámicas y ritmos de la vida campesina y étnica. Respecto al papel del Ejército Nacional, queda evidenciado que este se encuentra privatizado en función del cuidado de los intereses de la transnacional, en contradicción y detrimento de su papel misional establecido en la Constitución Nacional.

Pese a que las comunidades en el Suroeste han expresado su oposición a la minería, por los graves impactos que produce, y para ello han hecho uso de los mecanismos de participación ciudadana, como la Consulta Popular, sin embargo las entidades competentes, entre ellas el Tribunal Administrativo de Antioquia, ha invalidado la consulta. Por su parte el Consejo de Estado ha dejado sin efectos los Acuerdos del Concejo Municipal que prohíben la minería en el territorio de Jericó. A pesar de que el Consejo de Estado ha dejado en claro que los municipios tienen derechos constitucionales concurrentes con el gobierno central sobre los recursos del subsuelo, puesto que también son Estado y tienen la misión de ordenar sus propios territorios y de proteger el medio ambiente, sin embargo el Consejo de Estado no establece claramente, aunque lo insinúa, que en caso de contradicción entre el gobierno central y las autoridades municipales en torno al uso de los recursos del subsuelo, debe prevalecer la posición de los municipios, ya que ellos son los que van a sufrir en directo las consecuencias de esas decisiones sobre sus derechos a la vida, al medio ambiente sano y a la movilidad . A esto se suma que la empresa viene actuando sin licencia ambiental alguna, lo que es sumamente grave, ya que evidencia irregularidades por parte de las autoridades ambientales, toda vez que no hace los controles pertinentes.

Las comunidades sienten que la empresa ejerce cierta influencia en diferentes instancias locales y que reprime a los sectores sociales que han denunciado sus irregularidades, además de un permanente acoso jurídico.

En el caso de “Crímenes contra la naturaleza por parte de la empresa Mineros S.A. en los municipios de Nechí y El Bagre”, constatamos las siguientes conculcaciones de los derechos humanos y de la naturaleza en forma de afectaciones a la comunidad, a partir de la larga trayectoria de explotación minera de dicha empresa en la cuenca del Río Nechí, que cuenta con un extraño título de reconocimiento de propiedad privada que le otorga el derecho de explotación a perpetuidad. Concretamente, se evidencian vulneraciones en términos del derecho de acceso al agua y a un ambiente sano. Esta explotación minera de más de 50 mil hectáreas ha provocado el desvió del cauce del Río Nechí y la disminución de su caudal en un 70%; la pérdida de los humedales en un 90%; de la biodiversidad en un 80%; la disminución de la pesca en un 90% y de otras actividades económicas ancestrales, entre ellas el barequeo. También se presenta el desplazamiento de especies nativas. Se encuentran en riesgo 15 humedales y la destrucción de los Kativos.

En el TIO se denunció que el Estado no desarrolla las debidas consultas previas a las comunidades étnicas en donde la empresa Mineros S.A desarrolla sus actividades, vulnerando los derechos de estas poblaciones y violando las normas y tratados internacionales.

Se denunció también el papel que cumple la fuerza pública en esa zona, la cual, mediante operativos militares, destruye la maquinaria de los pequeños y medianos mineros a los que la empresa Mineros S.A les concesiona espacios de su área de explotación donde ya no tiene operaciones. Se resaltó la militarización histórica del Bajo Cauca. En la actualidad hay alrededor de 5.000 efectivos del Ejército Nacional y estructuras paramilitares, lo que contrasta con los altos niveles de agresión contra la población y la pobreza extrema en que vive la población de la zona.

Por último, se evidencian los hechos de desplazamiento forzado, debido a la violencia por la confrontación entre grupos armados; las comunidades se ven obligadas a abandonar su territorio. También se presenta allí reclutamiento forzado de menores y amenazas selectivas a líderes sociales. Los jueces y expertos nos planteamos esta pregunta: ¿Cómo es posible que en un territorio con tan gran presencia del Ejército y de la Policía Nacional se presente la actual crisis humanitaria?

En el caso de “Ituango: contexto sobre minería ilegal y legal y sus daños al territorio”, constatamos las siguientes conculcaciones de los derechos humanos y de la naturaleza en forma de afectaciones a la comunidad a partir de actividades mineras realizadas por grupos ilegales y la posible expansión de la gran minería. Concretamente se evidenció que Ituango ha sido un territorio altamente violentado, en especial por los grupos paramilitares. Muestra de ello son las más de seis masacres en un período de seis años 1995- 2001; el desplazamiento masivo de familias a tal punto que las veredas quedaron desoladas; el confinamiento de la población; la persecución a los procesos organizativos y las constantes amenazas a líderes del territorio que han defendido la protección de la tierra y de la naturaleza. En este contexto de graves violaciones a los derechos humanos, las comunidades indígenas han sido fuertemente afectadas.

Se denunció que, pese a ser un municipio con altos niveles de violencia y de víctimas, se ha decidido construir la hidroeléctrica Hidroituango, que ha afectado actividades ancestrales como el barequeo y la pesca; ha privatizado el territorio, y sepultado parte de la memoria ancestral. Este megaproyecto fue impuesto a las comunidades, afectando sus dinámicas de vida. No se hizo el debido censo, por parte de las entidades del Estado, lo que trajo como consecuencia que las comunidades no fueran compensadas adecuadamente. Además se acabó con el proceso social y organizativo mediante la separación y reubicación de los pobladores en lugares distantes y desarrollando actividades económicas distintas a las que realizaban antes de la llegada del megaproyecto.

Por último, en el TIO se ha constatado la presencia de explotación minera ilegal en varias fuentes hídricas del municipio, generando daños a las fuentes de agua y poniendo en riesgo la salud de las comunidades. Así mismo, hay “minería legal” en Ituango y en los municipios cercanos que afecta las condiciones ambientales y de vida de la zona.

En los casos de “Afectaciones a las comunidades del Bajo Cauca y de Anorí, por el incumplimiento estatal del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS- y por Fumigaciones y daños a los territorios”, constatamos las siguientes conculcaciones de los derechos humanos y de la naturaleza en forma de afectaciones a la comunidad a partir de las fumigaciones, erradicación forzosa e incumplimiento de los Acuerdos de Paz, en especial del PNIS.

Se han comprobado fumigaciones mediante aspersión aérea de fuentes hídricas, cultivos de pancoger y áreas forestales colindantes a los cultivos de uso ilícito; fumigación con glifosato, sustancia declarada peligrosa para el ser humano por la Organización Mundial de la Salud (OMS); nacimiento de niños con malformaciones y anomalías congénitas y embarazos que no llegan a feliz término; asesinato selectivo de líderes que denuncian los daños a sus territorios por las aspersiones aéreas; desplazamiento forzado de familias y amenazas a las familias y líderes de los programas de sustitución que exigen cumplimiento del PNIS. En general, se evidencian vulneraciones en términos del derecho a una vida digna y a un medio ambiente sano.

El TIO constató que las fumigaciones mediante aspersión aérea realizadas por la fuerza pública entre 2005 y 2015 generaron daños en los cultivos de pancoger, contaminación de las fuentes hídricas, empobrecimiento de los suelos y afectaciones a la salud de las personas. Se ha sufrido la muerte de animales, la extinción de especies nativas y la pérdida de bosques. A esto se suma el sistemático asesinato selectivo de líderes que denuncian los daños a sus territorios por las aspersiones aéreas. Se han presentado múltiples desplazamientos forzados de familias por amenazas, así como de líderes de los programas de sustitución que exigen cumplimiento del PNIS; se han presentado casos de familias que por la pobreza derivada de la erradicación de la coca y la falta de alternativas productivas, han tenido que abandonar sus tierras.

El TIO constata que pese a la voluntad manifiesta de las comunidades cocaleras que se acogieron al programa, el gobierno colombiano no ha cumplido con lo pactado en el PNIS, lo cual conlleva a que, en un futuro cercano, estas familias deban volver a la resiembra de la hoja de coca.

En el TIO se denunciaron nuevas fumigaciones en Anorí (agosto y noviembre de 2019) que dejan claro que no hay una voluntad decidida del Estado de apostarle al PNIS, sino que se reafirma la continuidad de la política punitiva en este ámbito, de acuerdo con las directrices norteamericanas de lucha contra las drogas, donde el campesinado, los indígenas y los afrodescendientes son las víctimas.

Para las dos comunidades que presentaron los casos, (los municipios del Bajo Cauca Antioqueño y el municipio de Anorí) si bien el PNIS es prioritario, tienen claro que se requiere de la implementación integral del Acuerdo de Paz, que garantice el desmonte del paramilitarismo, el avance en la Reforma Rural Integral y el desarrollo de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDETs–.

En el caso de la “Hidroeléctrica Santo Domingo Oriente” constatamos las siguientes conculcaciones de los derechos humanos y de la naturaleza en forma de afectaciones a la comunidad, a partir de un contexto armado y social de larga duración, donde las comunidades apenas están reconstruyendo su tejido social y nuevamente se ven vulneradas por posibles impactos de los proyectos hidroeléctricos.

Se denunciaron las irregularidades del proceso de licenciamiento por parte de Empresas Públicas de Medellín –EPM- que ha desconocido las advertencias técnicas para que calcule un caudal ambiental que garantice la protección de la fauna y de la flora.

Se denunció que este proyecto, que es llamado de “utilidad pública”, puede generar daños irreversibles para el Río Santo Domingo, debido a la disminución del caudal ecológico que producirá la construcción de la central hidroeléctrica, afectando la fauna, la flora y la biodiversidad que depende el río.

Empresas Públicas de Medellín afirma que no afectará económicamente a las comunidades asentadas en el área de influencia del proyecto porque los cultivos que allí se desarrollan son de baja escala. Sin embargo, en el área donde se construirá el proyecto como tal, se afectará la actividad económica de las comunidades allí asentadas que consiste principalmente en el turismo. La pesca, actividad económica de algunos habitantes del territorio también se verá afectada.

En El TIO se denunció la vulneración de la participación efectiva de las comunidades ya que las reuniones de socialización de la empresa se limitan a promocionar los supuestos beneficios y la generación de empleo, ocultando las graves afectaciones; en estos espacios se utiliza un lenguaje técnico que no está al alcance de las comunidades campesinas.

En el caso del “Proyecto minero de El Carmen de Atrato por parte de Minera El Roble S.A” constatamos las siguientes conculcaciones de los derechos humanos y de la naturaleza a partir del saqueo de los bienes comunes que genera mayor empobrecimiento de las comunidades al cambiar su vocación del uso del suelo, que originalmente era agrícola, por la actividad minera y forestal. Esta conversión que inicia en los años 90, fue agenciada por el empresario y líder político de Medellín, Guillermo Gaviria. Tras la posterior entrada de la empresa canadiense, se inició la explotación a gran escala, pasando de 250 trabajadores a más de 500 en la actualidad, con precarias condiciones laborales.

En el TIO se denunció que CODECHOCÓ, como autoridad ambiental regional, se niega a realizar una audiencia pública ambiental sobre la explotación minera desarrollada por la empresa Minera El Roble S.A en El Carmen de Atrato, a pesar de existir una orden judicial que la obliga a hacerlo. Adicionalmente, la autoridad ambiental argumenta que el expediente donde está consignada la información de la explotación de la Mina El Roble, fue robado.

Se reiteró que El Chocó es un territorio diverso en bienes comunes, y que, pese a existir una sentencia de la Corte Constitucional que declara al Río Atrato como sujeto de derechos, y de conformarse, por orden de la misma sentencia, Los Guardianes del Río, los cuales se han opuesto a dicha explotación, persiste el riesgo de la imposición de nuevos megaproyectos.

En definitiva, y tras analizar los casos, podemos afirmar que hay un asalto corporativo –con la alianza de las fuerzas públicas, policiales y militares– sobre los territorios y los bienes comunes, generando de este modo una actuación sistemática de conculcación de los derechos humanos y de la naturaleza.

En primer lugar, constatamos las afectaciones sobre los ecosistemas, como la desaparición de humedales, la contaminación de las fuentes hídricas con químicos que utilizan las grandes empresas mineras, al igual que el daño a la fauna y a la flora. Las comunidades denunciaron durante el Tribunal que la figura jurídica de declaratoria de utilidad pública se emplea por parte del Estado para desplazar, despojar y limitar la participación ciudadana en la discusión de los megaproyectos.

En segundo término, destacamos la lógica de despojo y desplazamiento de las grandes empresas sobre las comunidades campesinas y grupos étnicos, mientras que el Estado Colombiano les niega el acceso a la tierra y otorga aún mayor cantidad de hectáreas a las empresas extractivas. Esta práctica continúa generando desplazamientos constantes de familias y comunidades hacia otras regiones, generando una crisis humanitaria mayor. Asociado a ello, se evidencia también que las actividades extractivas y la presencia de los grupos armados legales e ilegales han generado confinamiento de comunidades en varias subregiones del Departamento, como Bajo Cauca y Norte de Antioquia. Se continúa repitiendo que tales prácticas han estado acompañadas por acciones de la fuerza pública, la cual convive con las grandes empresas minero energéticas para facilitar la operación de los sus grandes proyectos.

Tercero, se evidencia también la práctica de acusar a líderes y lideresas y a comunidades para acallarlos y no cumplir con los acuerdos pactados en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. De este modo, el amedrentamiento de los y las activistas, así como su criminalización, se convierten en lógicas habituales en esta ofensiva mercantilizadora.

En cuarto lugar, se presenta un el desmantelamiento democrático que se genera en los territorios donde se implantan los megaproyectos, como se evidencia en el resquebrajamiento del derecho ciudadano a las consultas populares y de la obligación de consultas previas a las comunidades étnicas. La Corte Constitucional ha negado, sin fundamentos demostrativos, que por esa vía los ciudadanos y ciudadanas pueden reivindicar el derecho a la protección de los bienes comunes, amenazados o arruinados por los grandes proyectos minero- energéticos.

Por último, se puso de manifiesto el resurgimiento y expansión del paramilitarismo, asociado al narcotráfico y a la actividad minera y corporativa que se desarrolla en esos territorios de manera ilegal. Sumado a ello, se registró el aumento del reclutamiento forzado de menores de edad y el confinamiento de comunidades, generado por el control territorial de los grupos armados legales e ilegales que actúan coordinadamente.

Concluimos entonces que, como consecuencia de la no implementación de los acuerdos de paz, el Estado Colombiano continúa atentando contra los bienes comunes, lo que se proyecta en la re-victimización de las víctimas, sumada al abandono del Estado.

La contundencia de los hechos nos lleva a expresar las siguientes consideraciones finales: Condenamos al Estado colombiano, al Gobierno de Antioquia, a las Empresas Públicas de Medellín, a las entidades de control medioambiental CORNARE, CODECHOCÓ y CORANTIOQUIA, por la violación sistemática de los derechos humanos y de la naturaleza, tanto por su acción positiva en favor de los intereses corporativos, como por su omisión en la defensa del bienestar elemental de las poblaciones y de los territorios. Exigimos en este sentido el respeto integral del marco internacional de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.

Condenamos al Estado Colombiano y al actual gobierno por el incumplimiento sistemático del Acuerdo de Paz en su integralidad. Hacemos responsable al actual gobierno colombiano de la posible resiembra que se pueda presentar en los territorios donde las comunidades se inscribieron en el PNIS sin que las promesas se hayan cumplido, y por los ataques que se vienen registrando contra los líderes y lideresas sociales, ya que no se ha implementado la política de desmonte del paramilitarismo, prometida también en el Acuerdo de Paz.

Condenamos a las grandes corporaciones Anglo Gold Ashanti, Mineros SA y El Roble S. A., por dar prioridad a la maximización de sus ganancias sobre los derechos colectivos de pueblos y comunidades, así como por su captura del Estado y del conjunto de instituciones locales a favor de sus intereses. Las empresas son un actor internacional de pleno derecho, que debe cumplir normas internacionales imperativas, lo cual exigimos a las empresas mencionadas, así como a todas las que actúan en Colombia.

Urgimos a la comunidad internacional que regule la actuación de las empresas transnacionales con casas matrices en diversos países y que acompañe de verdad un proceso de paz transformador, incidiendo en su implementación por parte de los agentes implicados.

No queremos terminar esta declaración sin valorar altamente el conjunto de resistencias y alternativas que los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas vienen implementando, pese al contexto adverso y violento en que están inmersas. La resistencia es un derecho natural; el camino por el que transitan los campesinos, los indígenas y los afrodescendientes de Antioquia, de Colombia, del Abya Yala y del mundo en su conjunto. Una resistencia que pretende trascender hacia la reciprocidad, hacia el equilibrio de la vida en relación amorosa con la Madre Tierra o Pacha Mama, considerada como una placenta vital que ha protegido por miles de años la existencia y la pervivencia de prácticas ancestrales, culturales y espirituales, manteniendo el equilibrio entre la sociedades y la naturaleza en su integralidad. Las guardias indígenas, campesinas y de mujeres, las zonas de reserva campesinas, la apuesta por planes de vida, las consultas populares, etc., no pueden ser criminalizadas, ni desvalorizadas. Al contrario son el camino hacia horizontes emancipadores, la vía para construir verdadera democracia y una paz real y transformadora.

En este sentido, estos procesos sociales, populares y comunales articulan diariamente pensamiento y acción, sobre la base del horizonte definido por los trece principios para la vida del Sumak kawsay. Este paradigma y propuesta política busca el bien común y la responsabilidad colectiva sobre la madre naturaleza, poniendo freno a la acumulación sin fin, desde alternativas antagónicas al poder del capital. En definitiva, el buen vivir, la vida en plenitud, desde un punto de vista holístico, cosmológico y político.

Jueces y expertos/as: Nury Estela Yagari González. María Ovidia Pelechor Anacona. Pedro José Arenas García. Pbro. Javier Giraldo Moreno. Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate.

 

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