Editorial 166: Estamos ante una humanidad fallida

De la mano de las guerras de independencia, las revoluciones contra los monarcas y los pactos sociales entre las élites tiranas, el siglo XVIII trajo consigo el Estado “moderno” y con este las promesas de un mundo mejor, igualitario, fraterno, solidario y democrático, en donde la soberanía y la autonomía de los Estados y las personas se desarrollarían cada día más para construir una humanidad justa, que viviera en armonía con la especie y con el planeta.

Nada más alejado de la realidad. Las mismas élites conservadoras y egoístas de siempre con nuevos ropajes liberales que gobernaron esos nuevos Estados se negaron, a sangre y fuego, a retirarse de los territorios colonizados en África, Asia y América, y reparar a los pueblos; se convirtieron en potencias imperialistas modernas que clavaron sus garras en la espalda de los humildes que intentaban recuperar su autonomía y su cultura; invadieron a los débiles y empobrecidos Estados en nombre de la libertad y el mercado para saquear sus recursos, explotar el trabajo de su gente, inundarlos con sus mercancías, imponer sus modelos económicos egoístas y sus formas de vida, quitar y poner a los gobernantes conforme a sus intereses y desatar el genocidio contra los que se opusieran. La ilusión de igualdad, fraternidad, solidaridad, autonomía fue sepultada por toneladas de racismo, desigualdad, dictadura, individualismo, control y guerra.

Como dijo el sociólogo Daniel Feierstein, el proyecto de modernidad no se hubiera podido desarrollar sin el genocidio de los pueblos del mundo. Si se echa un vistazo a los últimos doscientos años veremos una estela de cuerpos y unos ríos de sangre correr por la historia, casi toda sangre de los más humildes, de los explotados, de los pobres, de las mujeres y hombres que han luchado para transformar esos “modernos” Estados Nación, y construir en sus territorios otras formas de vivir, otros modos de producción y otras formas de relacionarse entre sí y con el planeta. Colombia ha sido escenario de esa lucha permanente entre las élites y los pueblos, una lucha de clases negada por los que ostentan el poder. Las consecuencias nunca se hicieron esperar, el proceso genocida se puso en marcha y aún no para.

Ante este panorama, cientos de organizaciones sociales y populares, plataformas de Derechos Humanos, académicos e intelectuales, artistas y comunidades, convocaron entre el 25 y el 27 de marzo de 2021, la sesión número 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos. En total se presentaron cincuenta informes que desnudaron la infamia del genocidio, los crímenes contra la paz y la impunidad reinante en Colombia durante el último siglo. En Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, ante los jueces que dirigen ese importante organismo ético y humanista de talla internacional, y una nutrida delegación de procesos y organizaciones sociales de todo el país se desahogaron los exiliados, campesinos, sindicatos, el movimiento estudiantil, el carcelario y los movimientos sociales y políticos de la UNO y A LUCHAR.

Allí estuvieron algunos fundadores y víctimas de la aniquilada Asociación de Usuarios Campesinos (ANUC), y sus hijos políticos que hoy resisten a través de otras organizaciones campesinas como el Coordinador Nacional Agrario (CNA) al que siguen persiguiendo a través de montajes judiciales, desplazamiento, masacres y asesinatos selectivos. Y estuvo Lucero López, una Chucureña exiliada desde 1999, uno de los rostros de los más de 500 mil compatriotas que tuvieron que huir del Estado y el paramilitarismo para salvar sus vidas, también Adriana Quintero Úsuga, exiliada hace quince años con 37 familiares, más sobrevivientes del genocidio contra la familia Úsuga Higuita; campesinos de la región del Urabá Antioqueño, cuya denuncia es desgarradora e involucra al general Rito Alejo del Río y al entonces teniente del Gaula Mauricio Santoyo, el mismo jefe de seguridad de Álvaro Uribe, extraditado por narcotráfico a EEUU.

El 26 de marzo en la sesión de Bogotá, en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, hablaron los partidos políticos como la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el M-19, la Farc, y movimientos como el Gaitanismo, la Marcha Patriótica y el Frente Popular, quienes denunciaron los miles de muertos, desaparecidos, torturados, exiliados y perseguidos a manos del Estado y sus agentes; se recordaron episodios históricos como los bombardeos con napalm contra campesinos del Oriente y Sur del Tolima, y masacres emblemáticas contra los obreros y obreras como la de las Bananeras en 1928 y la de Santa Barbara- cementos el Cairo en 1963. Todo esto en un marco de doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno que dirigió la élite colombiana y el imperialismo norteamericano en donde todos los que no compartieron el statu quo pasaron a ser enemigos del orden establecido y por tanto objeto de exterminio.

El Tribunal Permanente de los Pueblos, finalizó su agotadora jornada de tres días, escuchando en detalle a las víctimas. En Medellín, el 27 de marzo, hablaron los pueblos indígenas y fue imposible, para los asistentes y los jueces, no sentir dolor e indignación al escuchar que en pleno siglo XX hubo una ley, la ley 80 de 1931, que estuvo vigente por 50 años y que autorizaba el exterminio del pueblo Barí en el Catatumbo Norte de Santander, con el fin defender el contrato de concesión Barco que velaba por los intereses de las multinacionales Colombia Petroleum Company, y la South American Gulf Oil Company, autorizandolas a explorar y explotar el petróleo en territorio Barí, usar las armas contra ellos, envenenarlos, quemar sus bohíos, y electrocutarlos con las cercas de alambre de los campamentos petroleros, ante la flecha indígena se opuso el fusil de las fuerzas armadas.

En los años 70 también se cazaba y se esclavizaba a los indígenas Guahibos en los Llanos Orientales, como una práctica común fomentada por los hacendados y aceptada por las élites. De otro lado, los pueblos negros, en cabeza del PCN, recordaron el genocidio, el racismo y la violencia que aún persiste en sus territorios y contra su cultura. Y los campesinos del Oriente antioqueño recordaron la barbarie que vivieron por oponerse a la construcción de siete hidroeléctricas que inundaron no solo sus tierras sino sus vidas. La Fiscalía de Tribunal, corrió a cargo del exmagistrado Iván Velásquez y la doctora Angela María Buitrago quienes recopilaron las pruebas y pidieron la condena del Estado colombiano por genocidio, crímenes contra la paz e impunidad; como siempre el Estado estuvo ausente y fue representado por un abogado de oficio quien negó su responsabilidad.

Definitivamente, la modernidad, el desarrollo y el neoliberalismo en Colombia solo han sido posibles a través de la acción genocida y la impunidad del Estado, y de la indiferencia de una humanidad fallida.

Share this article

Más en esta categoría: La solidaridad del campesinado »

Acerca del Autor

Periferia

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.