Audiencia Ciudadana por la Verdad en el Catatumbo

Inmensas riquezas naturales y mineras reposan en la región del Catatumbo, esas mismas riquezas son las que alimentan los intereses de empresas transnacionales y explican la creciente militarización en esta parte de la geografía nortesantandereana. Por defender la vida y la permanencia en el territorio, los habitantes del Catatumbo han tenido que soportar la violencia y toda la crisis humanitaria que ha significado desplazamiento forzado, desaparición y muerte; vejámenes que no cesaron con la desmovilización de los grupos paramilitares sino que por el contrario cobran vigencia con las ejecuciones extrajudiciales sacadas a la luz pública en los casos recientes de los jóvenes del municipio de Soacha (Cundinamarca), que son un menor número comparados con los hechos en los que las víctimas han sido catatumberos. Sin embargo, las organizaciones sociales de la región persisten y se fortalecen en sus luchas.

 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) certifica diesisiete (17) contratos para la exploración y producción petrolera en un total de 805.765,51 hectáreas; la Gobernación de Norte de Santander informa sobre la existencia de 349.595.000 toneladas de carbón para explotar a cielo abierto, en los yacimientos ubicados en el Catatumbo; antes de llegar al Lago de Maracaibo (República Bolivariana de Venezuela), el Río Catatumbo, que da nombre a la región, recorre 450 kilómetros convirtiéndose en una muy deseada reserva hídrica; a todo lo anterior se une la estratégica posición fronteriza y su invaluable biodiversidad.

Esta misma riqueza, o mejor, la ambición que mueve al capital trasnacional hacia ellas, es la que explica las condiciones de militarización y violación permanente de los derechos humanos a que es sometida la comunidad que habita la región. Entre el segundo semestre de 2006 y el 2007 se registraron en la región del Catatumbo cerca de 35 ejecuciones extrajudiciales de campesinos, atribuibles en su gran mayoría a la Brigada móvil Nº 15 y en menor proporción a la Brigada 30. Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron labriegos, todos ellos afiliados a las Juntas de Acción Comunal de sus veredas, quienes se encontraban, en algunos casos, solos en parajes lejanos, destino a sus casas después de hacer mercado en las cabeceras municipales, en otros casos, o solos en sus viviendas. Algunas de las víctimas fueron jóvenes que sufrían trastornos mentales.

Ante esta realidad, pobladores de la región dan vida al Comité de Integración Social del Catatumbo – CISCA-, que surge como una expresión social que, fundamentándose en las experiencias y saberes de campesinos e indígenas y teniendo como guía el camino mostrado por las juntas de acción comunal, busca que los catatumberos sigan habitando dignamente en su territorio. Con ese propósito han iniciado un proceso de fortalecimiento e integración de las organizaciones sociales en torno a un Plan de Vida construido colectivamente de manera que responda a las necesidades de desarrollo y paz de la región, aún en medio de las permanentes amenazas.


En el contexto de la represión vivida durante 2006 y 2007 y en el propósito de lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral, el CISCA convocó a los pobladores de la región y a las organizaciones nacionales e internacionales a una Audiencia para el día 6 de diciembre de 2007 en la cuidad de Ocaña. A esta audiencia fue citada de manera explícita la fuerza pública para expresarle directamente el rechazo contundente a las prácticas de persecución, criminalización y exterminio de las comunidades y exigirle al Estado justicia y castigo para los responsables tanto materiales como intelectuales de los cientos de crímenes cometidos contra los pobladores de esta región.

Durante este año, las jornadas de movilización han sido permanentes, se hizo una movilización para rechazar la continua violación de derechos humanos. Así mismo recorrieron el río Catatumbo en una acción binacional para fortalecer la integración de las organizaciones sociales en la frontera colombo – venezolana.

Para el 1ero de diciembre está convocada en la ciudad de Ocaña una Audiencia Ciudadana por la Verdad, a la que asistirán la Comisión de Derechos Humanos del Senado, delegados de organizaciones nacionales e internacionales y los pobladores de la región que nuevamente pondrán en evidencia la grave violación de derechos humanos que se sigue presentando en la región.

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Alirio Duque

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