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Cuando uno estudia en una sede de una universidad pública con déficit presupuestal, como todas las universidades públicas del país, se convierte en un reto hacer cumplir esa bandera de campaña de los gobiernos nacionales llamada: educación gratuita y de calidad. La falta de recursos la convierten en la universidad “PLATANO” porque plata no hay y es la respuesta ante cualquier solicitud que hacemos.

Hoy funcionamos con un presupuesto de hace 25 años, sin tener en cuenta que las condiciones económicas y sociales han cambiado: la universidad atiende a tres veces la población que atendía en 1993; la infraestructura se ha deteriorado o no es adecuada para el número de estudiantes; hay disminución de profesores de planta en las instituciones; las iniciativas de investigación se limitan porque rara vez reciben recursos, siendo esta una de las cualidades principales de la universidad, y no hay dinero para bienestar universitario y así dar mejores condiciones a estudiantes que deben considerarse como prioridad. Otra preocupación latente es el programa Ser Pilo Paga, que funciona con recursos de la universidad pública, pues se estima que con lo que sostienen a 40.000 estudiantes de Ser Pilo Paga en universidades privadas, en las universidades públicas podrían sostenerse a 500.000 estudiantes.

Como resultado a la serie de circunstancias negativas y que pasan por encima de nuestros derechos, el 10 de octubre vivimos una de las marchas multitudinarias de la historia colombiana. La educación superior en el país está colapsada y mientras tanto el Gobierno anuncia más recursos al Ministerio de Defensa; esto hizo que nos uniéramos en una sola voz, y nos movilizáramos tanto en ciudades principales como en pequeños municipios.

Mediante un comunicado, un vocero de esta movilización afirmó que “la educación es la herramienta fundamental para zanjar la abismal desigualdad social, moral e intelectual de la nación. El Movimiento Estudiantil colombiano, nutrido de sueños, vuelve a manifestarse por medio de procesos de organización, movilización y articulación a nivel nacional”.

Las problemáticas nos han hecho entender la importancia de la educación pública y el riesgo en que está, por eso defendemos el derecho a la educación que por ahora parece un privilegio de pocos. Se calcula que alrededor de un millón de personas marchamos en el país en una sola voz, las 32 universidades públicas estábamos en las calles, exigiendo garantías para la educación superior colombiana. Las movilizaciones responden a un déficit en la educación pública, que se estima en 3,2 billones de pesos en funcionamiento y 15 billones en infraestructura, de acuerdo con el Sistema Universitario Estatal (SUE). 

Las movilizaciones fueron convocadas y organizadas a través de asambleas universitarias; también el “voz a voz” fue un factor clave, y las redes sociales hicieron un gran aporte, pues a través de WhatsApp, Facebook y mensajes de correo electrónico se motivó a los estudiantes de diferentes universidades y a la comunidad en general a la participación en la marcha. Hay algo claro para la comunidad estudiantil de la universidad pública colombiana, y es que si bien la marcha mostró la inconformidad con las políticas educativas del Gobierno nacional, por delante tenemos grandes desafíos en la defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.

 

 

El símbolo de la muerte se hizo presente en la marcha por la universidad pública

 

 En Pitalito Huila cerca de 800 personas se unieron en la movilización por la educación superior.

Jóvenes de Pitalito hicieron un llamado al gobierno nacional para exigir garantías en la educación pública.

Asociaciones y sindicatos se unieron por la defensa de la educación pública.

 

Este martes 9 de octubre, más de 1500 personas se reunieron en el Colegio Claretiano en Bosa, al sur de Bogotá, para dar inicio a la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos, un espacio que busca construir una propuesta de unidad del movimiento social colombiano y una ruta de movilización contra las políticas del actual gobierno. Este evento se desarrollará hasta el 12 de octubre.

 

Organizaciones sociales de derechos humanos, de mujeres, indígenas, afros, estudiantiles, urbanas, entre otras, hacen parte de este encuentro.

El inicio del evento estuvo acompañado por una movilización de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas.

“Guardia: ¡fuerza, fuerza!” – arengaron los hombres y mujeres que garantizarán la seguridad y el buen desarrollo de este evento.

El inicio estuvo acompañado con un ritual de armonización liderado por el pueblo muisca, los dueños ancestrales del territorio de Bakatá, a quienes se les sumaron otras comunidades como los Wayuu.

Eliel Castillo Wuoliyu tocando la fotata en la mística, donde se hizo referencia a los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y tierra.

Durante esta semana las organizaciones sociales plantearán los retos de los sectores populares y una agenda conjunta, en donde también se tendrá en cuenta la participación en las elecciones del 2019.

En el encuentro también se encuentran participantes del movimiento internacionalista de diferentes países como México, Brasil, Ecuador, Venezuela, España, Alemania, Palestina, Guatemala, entre otros.

 

El proceso de privatización de la universidad pública no ha dejado de avanzar desde el momento mismo en que se aplicó la ley 30 de 1994, para adecuar la educación superior a las necesidades del capital internacional en la era del neoliberalismo, bajo la imposición de la OMC. Las 10 mil becas que el gobierno ha destinado para los bachilleres de estratos bajos con mejores pruebas Saber 11° (Icfes) no son más que la estocada para una universidad pública que agoniza. No tienen como propósito facilitar el acceso de los pobres a la educación superior sino todo lo contrario: a través de la transferencia de recursos de la universidad pública a las universidades privadas acelerar el deterioro de las primeras a la vez que debilita la lucha de la sociedad por mantenerlas.

Con esto no se hace más que cumplir el programa propuesto hace quince años por el gobierno de Pastrana, que buscaba desfinanciar la universidad pública, otorgándole créditos a los estudiantes sin importar si se matriculaban en una universidad pública o en una privada. Los créditos educativos, aunque se disfracen de becas como es el caso actual, no son más que una estrategia mediante la cual el Estado se sacude la obligación con la educación y prepara el subconsciente de los colombianos para aceptar la muerte de la universidad pública, al tiempo que fortalece financieramente la universidad privada. Y es que ante las dificultades para pasar a la universidad pública por los estúpidos exámenes de admisión, que no son más que un colador disfrazado de garante de calidad, los estudiantes que acceden a créditos u obtienen una beca terminan matriculándose en las universidades privadas, llevando hasta allí los fondos del Estado.

Todo esto no puede hacernos perder de vista que la verdadera fuerza privatizadora de la universidad pública viene desde adentro. El trabajo más habilidoso del gobierno ha sido nombrar rectores títeres que han terminado por desviar a la universidad en sus objetivos, ignorando sus compromisos con la comunidad académica y con la sociedad en general. Hoy en los consejos superiores de las universidades públicas tienen más peso los empresarios privados que los estamentos estudiantiles y docentes. Y eso se refleja en el hecho de que la lógica de la universidad se asemeje cada vez más a una empresa privada con ánimo de lucro que a una institución educativa.

Por ejemplo, los trabajos de extensión e investigación cada vez tienen menos que ver con servicios concretos a la comunidad que con necesidades del sector empresarial que puede financiarlos. La conexión entre universidad pública y sector privado se está haciendo tan íntima que dentro de poco la Universidad de Antioquia y la Ruta N, un complejo para la investigación y promoción del emprendimiento, serán la misma cosa. De hecho, esta universidad ha construido un sofisticado edificio, separado de la ciudad universitaria, en donde la investigación funciona como un negocio aparte. Como si fuera poco, también los posgrados tienen una sede distinta, y funcionan con una lógica distinta, resguardados de las alteraciones que sufre la ciudad universitaria por los conflictos que todavía se atreven a destapar los estudiantes de pregrado.


En términos generales, los posgrados ya no funcionan en ninguna universidad bajo la lógica de la educación pública. Sus costos ya no tienen nada que ver con los ingresos de los estudiantes y en promedio se acercan cada vez más a los costos de las universidades privadas. Algunos estudiantes de posgrado, incluso para financiar sus investigaciones cuando requieren instrumentos y equipos, deben recurrir a la empresa privada. En concreto, una persona pobre difícilmente puede acceder a un posgrado, pues éstos se han convertido en verdaderos negocios lucrativos para las universidades, públicas y privadas.

Hay además otras formas en que estas fuerzas administrativas actúan desde adentro para aniquilar la universidad pública, transformando su cotidianidad. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en un evento académico en la Universidad Nacional- sede Bogotá, en la Facultad de Ciencias Económicas. En la tarde quisimos entrar a la biblioteca, aprovechando que estábamos justo a la entrada y necesitábamos revisar un material. Pero los celadores nos lo impidieron porque no teníamos carnet de la universidad. El hecho nos sorprendió sobre todo porque creíamos que aquella situación solo se vivía en la Universidad de Antioquia. Aquel día comprobamos que las estrategias de control de la vida cotidiana que se impusieron a la fuerza en la Universidad de Antioquia se estaban adoptando como modelo en el resto del país.

La situación de la Universidad de Antioquia es caso aparte. Hace pocos años la rectoría naturalizó allí la militarización de la vida con el pretexto de acabar con las plazas de vicio que funcionaban adentro. Hoy las plazas continúan allí desarrollando tranquilas su negocio, pero la fuerza pública ha logrado domesticar de alguna manera la vida en la universidad y, sobre todo, la administración logró cerrarle el acceso a los habitantes de la ciudad, que ni siquiera se movieron para defender su alma máter. Hoy para ingresar a algún evento de la universidad sin carnet hay que hacer, con varias horas de anticipación, una serie de trámites para inscribirse en la página de la Universidad, lo que prácticamente disuade a la gente de intentarlo, por más atractivas que sean las conferencias o los foros. A la biblioteca central también le pusieron torniquetes que solo se mueven con el chip del carnet. Así que la situación hoy es que la fuerza pública se puede mover tranquilamente por la ciudad universitaria, tumbando inclusive sus rejas, como ha hecho en múltiples ocasiones, mientras los ciudadanos deben pedir permiso con antelación, sin que sea seguro que lo obtengan.

Pero también a los estudiantes se les estrechan las puertas para su formación. Más allá de las cámaras de seguridad que se han puesto incluso en los baños, la academia misma se ha sometido a las groseras estrategias de control de la administración. Ahora se les ha ocurrido prohibir a los estudiantes asistir a cursos en los que no estén matriculados y a los profesores se les ha prohibido recibirlos. El argumento es de lo más superficial del mundo, pero su aplicación es temeraria. Según la administración la medida se debe a que muchos estudiantes llegan de asistentes a los cursos y después obligan a los profesores a asentarles sus notas. En su burda lógica de control la administración no puede concebir que un estudiante de verdad quiera aprender y buscar el conocimiento allí donde logra identificarlo. La administración cerrada a los escenarios de conocimiento es la máxima expresión de privatización de la educación y tiene hoy su expresión más explícita en la universidad pública.

Hasta ahora los estamentos de estudiantes y docentes se han movilizado fuertemente contra las políticas privatizadoras que se expresan en reformas concretas. Pero no parecen haber identificado todavía la fuerza privatizadora en la transformación de la vida cotidiana en la universidad. Tal vez este sea uno de los frentes donde tenemos que defender hoy con más compromiso no solo la universidad pública sino la vida toda, pues intentan privatizarla y mercantilizarla a cualquier precio.

El departamento del Huila parece estar perseguido por una abominación contra el oficio periodístico independiente. Muestra de ello es el asesinato los periodistas Nelson Carvajal Carvajal el 16 de abril de 1998 en Pitalito, Pablo Emilio Medina Motta el 3 de diciembre de 1999 en Gigante, Gimbler Perdomo Zamora el 1 de diciembre de 2002 en Gigante, Guillermo Bravo Vega el  28 de abril de 2003 en Neiva, Manuel Macías el 9 de febrero del 2008 en Algeciras, y Flor Alba Núñez el 10 de septiembre de 2015 en Pitalito.

En medio de las problemáticas relacionadas a la libertad de prensa en el departamento, Pitalito ha sido uno de los municipios más afectados. El asesinato de Nelson Carvajal Carvajal marcó nocivamente y para siempre el oficio periodístico de la región. El periodista, con 37 años de edad, fue asesinado con siete disparos cuando salía de la escuela Los Pinos, de la que también era director y docente. El sicario huyó en una motocicleta que lo esperaba unas cuadras adelante. Para el momento, Nelson trabajaba como director del noticiero ‘Momento Regional’ de la Emisora Radio Sur, en el municipio. Desde allí venía realizando denuncias en contra de empresarios y políticos, y según fuentes él habría conseguido documentos que comprometían a empresarios con redes de tráfico de armas y drogas en la zona; actos ilícitos cometidos bajo el amparo de autoridades locales. En el caso no hubo condena, y solo hasta 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el asesinato fue cometido para silenciar su trabajo como periodista.

La muerte de Nelson puso de manifiesto los poderes oscuros en el municipio y su estrecha relación con entes gubernamentales, la falta de control en acciones delincuenciales y la complicidad estatal en los hechos. Este suceso, que dejó al periodismo de la región herido de muerte, se ha repetido cuatro veces más a lo largo de 18 años. El último episodio y quizá el más recordado por la forma tan contundente en que ocurrió fue el de la periodista Flor Alba Núñez; así, Pitalito volvió a estar en primera plana de medios nacionales, pero esta vez de una forma aniquiladora. De repente el segundo municipio más importante del departamento perdió por segunda vez una de las semillas más prometedoras de periodismo independiente.

Estos dos asesinatos de periodistas en la localidad, y en especial el segundo, hicieron que las dinámicas investigativas e independientes que se tejían empezaran a cambiar, y que en la actualidad se piense mucho antes de publicar cualquier información relacionada con denuncias sobre irregularidades políticas, o termine siendo omitida. Ejemplo de ello es la desconfianza y poca accesibilidad que muestran los medios cuando se les menciona la muerte de la periodista y la posible relación del hecho con la actual administración del municipio.

Al respecto, un periodista manifestó que “en Pitalito ninguno de nosotros quiere hablar sobre el tema y a pesar de saber la verdad sobre el segundo asesinato nadie lo dice. Vivimos en un pueblo en donde no queremos ser el objetivo de quienes ostentan el poder y tienen intereses oscuros, y así ser una tercera víctima. Dos de nuestros compañeros tuvieron que alejarse completamente de la región debido a amenazas, porque investigaban nexos del actual gobierno con la muerte de Flor Alba, y además del lavado de dinero en la zona, la fuerte conexión que tiene este con casas comerciales de la población. El periodismo en Colombia y específicamente en Pitalito nos pone a decidir entre informar con trasparencia o vivir, porque denunciar es estar dispuesto a morir”.

La noche del martes 2 de septiembre de este año, cuando casi se ajustaban tres años del último asesinato, debajo de la puerta de las instalaciones de La Fiera en Pitalito -una emisora reconocida en la región Huilense-, fue puesto un sobre de manila proveniente de las “Águilas Negras” y con dos oficios que titulan “Así comienza la limpieza en el Huila de tantas lacras” y “Águilas negras de Colombia por nuestro país”; en ellos mencionan a cuatro periodistas de la región y además a la fundación FESH. Entre letras se lee “Malparidos ni sus escritos ni sus denuncias nos van a detener”.

En un reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, se advierte que los tres poderes del Estado colombiano siguen siendo los mayores agresores contra comunicadores sociales en el país. En los últimos 40 años han sido asesinados en Colombia 154 periodistas, crímenes que en su mayoría continúan en la impunidad.

De los cinco casos de asesinatos en el Huila, solo hay condenas en el de Flor Alba Núñez, al ser capturado el autor material, Juan Carlos Ortiz, alias ‘El Loco’. Los demás crímenes de periodistas huilenses siguen en la impunidad; pese a que hay indicios de personas muy reconocidas como comerciantes, a la fecha no existe prueba alguna que los haga responsables. Así, ante este panorama ¿quién puede brindar las garantías para que en el municipio se logre hacer un periodismo independiente?

 

AMENAZAS

                 

 

 

 

PERIODISTAS ASESINADOS

 Flor Alba Nuñez -Periodista-                                                                                                 

 

Nelson Carvajal - Periodista-

 

 

   

 

 

 

 

 

No sabemos quiénes son, cuántos, cuáles son sus verdaderos nombres, qué música escuchan, dónde viven, por qué hay tanto odio en su gramática, y por eso nos generan tanto miedo; porque se comportan como la muerte: no sabemos cuándo llegarán, cómo aparecerán, ni en qué lugar.

Se autodenominan águilas –que todo lo ven– negras –el distintivo de su política terrorífica–. Escriben panfletos. Y en uno de sus panfletos, que circuló la semana pasada, prometieron exterminar a los colegas de El Macarenazo, El Turbión, Clarín Colombia, Desde Abajo y Colombia Informa. La sentencia venía firmada por el Bloque Capital, quien justificó que los amenazados son “sapos”, “informantes y voceros de la guerrilla”, “hijueputas traidores de Colombia”, entre otros adjetivos injuriosos escritos con mala ortografía.

No es la primera, ni la última vez que las águilas más negras de Colombia hacen este tipo de advertencias. El nombre de defensores de derechos humanos, líderes comunales y sindicales también ha aparecido en esos dantescos panfletos.

Según un artículo publicado en El Espectador, el vuelo mortuorio de las águilas se remonta a 2006, año en que prometieron desmovilizarse los grupos paramilitares. Desde entonces, 589 personas fueron amenazadas en un total de 282 panfletos, 67 de ellos escritos este año. Cauca con 35, Valle del Cauca con 24, Atlántico con 23, Antioquia con 21 y Cundinamarca con 19, son los departamentos donde más notificaciones fúnebres han circulado. 20 de ellas firmadas por el Bloque Occidental, 10 por el Bloque Norte, y seis por el Comando Central.

En agosto la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó las conclusiones de su investigación sobre las águilas negras. La organización determinó que “no existen como estructura criminal. No hubo ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia (…) Algunos grupos criminales cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean muy violentas, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados (…) Hay sectores en la legalidad, como supuestos empresarios, políticos o particulares, que contratan sicarios para asesinar o amedrantar personas, y se hacen colocar el nombre de Águilas Negras”.

Que sabemos muy poco de ellos –¿ellas? – es la única certeza. Su forma etérea es la prueba de su existencia. La efectividad pedagógica del miedo radica en su misterio.

Los grupos de inteligencia del Gobierno solo ofrecen respuestas a medias, cuya parte más importante es aquella que permanece oculta. En esta negra historia la institucionalidad es arte y parte. En ocasiones se han disfrazado de águilas –o han pagado a las verdaderas– para deshacerse de las piedras que tallan en sus zapatos. Sin embargo, cuantas veces sea necesario, reiteramos que su obligación es hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de aquellos que exigen lo que todos deberíamos: la defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

Es muy diciente la celeridad con la que actuó la Fiscalía cuando periodistas de Caracol y RCN Radio fueron amenazados el pasado mes de julio. Como diciente y sintomático es la falta de solidaridad y colegaje de los líderes de opinión de los grandes medios con los colegas amenazados. ¿Acaso por ser medios con agendas mediáticas alternativas no vale la pena defender su derecho a la libertad de expresión?

El desgobierno y el odio que reina en nuestro país demuestra que Colombia es más territorio que Estado. El Gobierno hace las veces de espectador mientras la sociedad hace justicia con sus propias manos. La clase política socializa su proyecto de país con una pistola en el bolsillo. La violencia se convirtió en nuestro medio y nuestro fin.

Democracia, decía Estanislao Zuleta, es el derecho del individuo a diferir contra la mayoría. La diferencia además de legítima es necesaria. Los derechos humanos no deberían tener dueño, ni color, ni ideología. Por eso, aunque las águilas negras digan lo contrario, ser líder social o periodista independiente no es –ni puede ser– un delito o una razón para justificar la muerte.

 

En medio de las dificultades que atraviesan algunos sectores agrícolas colombianos, surgen personajes que defienden la tierra y autonomía de comunidades rurales.

Era febrero de 2016. Luego de cumplir una jornada de trabajo que había iniciado a las 5:00 a.m., y acompañado de un extenuante sol de mediodía, Ismael Vásquez llegó a su casa con la satisfacción de haber organizado parte de sus cultivos de café. La inquietud rondaba en su cabeza; desde hacía año y medio esperaba una anunciada visita que podía cambiar la vida de 17 familias campesinas, pues representaba la posibilidad de apoyo económico para sus proyectos agrícolas.

Almorzó, se puso su sombrero suaceño que lo acompaña en los momentos especiales, y luego caminando se dirigió al sitio de encuentro acordado con los funcionarios, quienes traerían consigo la respuesta sobre el proyecto presentado a la Cumbre Agraria. En medio de algunos de sus vecinos, una temperatura cálida, y un ambiente de intriga, les confirmaron que su proyecto había sido aprobado, y que en adelante tendrían un año para su ejecución. Ese día, Ismael reafirmó que la mejor sensación era esa, la de poder servirle a su comunidad. 

Ismael es un agricultor de 55 años, amante de la naturaleza, del trabajo y de la producción agrícola, natal de la inspección de San Pedro de Florencia Caquetá, de padres campesinos oriundos del mismo departamento. Es el mayor en una familia de ocho hijos conformada por tres hombres y cinco mujeres. Desde los 17 años ha estado relacionado con el liderazgo; muestra de ello es su participación en la Unión de Jóvenes Patriotas, donde el propósito era la instrucción y capacitación política; fue presidente de juntas de acción comunal y debido a muchas circunstancias llegó en el año 2000 al municipio de Timaná.

Unos de los sucesos sociales que más han marcado a Ismael, fueron los paros realizados en 2013 y 2014 por gremios cafeteros del Huila, de los que él fue partícipe. Estas movilizaciones campesinas se llevaron a cabo, según narra el mismo Ismael, debido a la carencia de apoyo estatal para el sector cafetero que cruzaba dificultades respecto a los precios de insumos para la producción, bajos pagos en la venta de café y labradores endeudados con entidades bancarias, porque los resultados económicos  debido a la crisis no eran los esperados.

Luego de estas y varias manifestaciones, y el sinsabor por un Gobierno que poco atendió las peticiones, se promovió la organización comunitaria para lograr mejores proyectos y garantizar el cumplimiento de los mismos. A través de la invitación voz a voz con vecinos y conocidos, se reunieron 18 campesinos y campesinas pertenecientes a veredas del municipio de Timaná y crearon en el año 2014 la Asociación de Trabajadores Campesinos del Huila (ATCH) seccional Timaná

En la junta directiva estaba Ismael Vásquez como presidente, además Hernán Darío Herrera como secretario, Diego Marín como tesorero y Mildreth Caviedes Mejía como representante de Derechos Humanos. Entre las prioridades de la organización, Ismael destaca la defensa del territorio campesino, el fortalecimiento político - económico del sector, la exigencia al gobierno departamental y local para el acompañamiento técnico, productivo y de comercialización de productos agrarios.

Por eso, uno de los logros más representativos de la organización ha sido la inclusión al proyecto nacional Cumbre Agraria, que surgió precisamente de los paros campesinos de 2013 y 2014, pues este permitió que 17 familias de ATCH seccional Timaná recibieran capacitaciones, herramientas agrícolas, semillas y acompañamiento. En la actualidad, los cultivos de café, banano y caña que surgieron de este proyecto están en etapa productiva.

“Representamos posibilidades para el mejoramiento de la calidad de vida, hay representación y credibilidad en lo que hemos logrado, eso me impulsa porque siempre hay alguna problemática por la cual trabajar”

Ismael cuenta que desde la asociación han posibilitado el mejoramiento de la calidad de vida, hay una representación y credibilidad en lo que han logrado, y esta es su motivación pues considera que siempre hay alguna problemática por la cual trabajar. Se han financiado y mantenido en la lucha a través de la venta de novillas, pollos, bazares, tamales y otras actividades. Consideran que recibir algún tipo de financiación de partidos políticos podría cambiar los intereses de la organización o ser utilizados negativamente.

En cuanto a decisiones electorales manifiesta que “la afinidad política es individual. Somos liberales, conservadores de cualquier partido, siempre buscamos ponernos de acuerdo, hablamos, debatimos y cada uno da su punto de vista frente al suceso político, la mayoría de votos gana; dentro de la asociación se maneja la democracia y pluralismo y cuando apoyamos algún candidato lo hacemos por acuerdo”.

Actualmente en ATCH hay 140 asociados, 60 mujeres y 80 hombres en edades de 14 y 78 años, la población es jornalera, pequeños o medianos agricultores. “Nuestro distintivo es un escudo que representa la tierra, la familia campesina y nuestros cultivos. Hemos organizado para tener manillas tejidas, chalecos y busos con los cuales nos identificamos como ATCH seccional Timaná”

“El dinero es importante pero no lo es todo, porque sin dinero he ido a muchas partes, he conocido muchas personas y gozo de tranquilidad. Valiosas son las personas y el trabajo por  sus necesidades”

La prioridad de Ismael dentro de la organización es ubicar agricultores en terrenos propios para garantizar calidad de vida a ellos y sus familias, también continuar la gestión para la baja de tasas de créditos en el Banco Agrario. Ellos se reúnen en asambleas cada tres o cuatro meses, y si hay algún proyecto cercano o en ejecución cada mes o cada 20 días. Han proyectado la celebración del día del campesino como  muestra y reconocimiento a su labor; así mismo, educar en siembra y aprovechamiento de terrenos para varios cultivos, porque el monocultivo cafetero, a pesar de brindar estabilidad económica en ciertas épocas, ha hecho que muchos labradores dejen a un lado la práctica de policultivos.

Ismael pretende que el poco dinero que da el café no se gaste en las tiendas o en el “Fruver”, que en las parcelas haya un poco de café, plátano, cebolla, cilantro, guayaba, zanahoria, naranja, mandarina… que aprovechen los terrenos y cada día aprendan más sobre la linda labor de ser labradores de su tierra.

Visita y análisis de terrenos para siembra de café, banano o caña.

Entrega de abonos a beneficiario del proyecto Cumbre Agraria.

Agricultor Timanense en su proceso de siembra cafetera

Agricultor timanense e ingeniero agricola, acompañante del proceso de siembra y producción.

Acompañamiento en proyecto productivo a mujeres.

 

 

Resultados de la convocatoria Agenda 2019

Estos son los fotógrafos que hacen parte de la selección “los juegos de la periferia”

Agradecemos a las y los fotógrafos que participaron de la convocatoria de este año. Continuamos reconociendo la labor tan importante que realizan junto a las comunidades y los invitamos a seguir apostándole a retratar la periferia de nuestro país.

La selección final recorre diferentes lugares de la geografía de Colombia, del campo y la ciudad, y muestra la importante relación entre la niñez – principalmente- y el juego.  El resultado de la selección final para la agenda “Los juegos de la periferia” se podrán apreciar en noviembre. A través del correo electrónico estaremos contactando a cada uno de los fotógrafos seleccionados para coordinar la entrega del reconocimiento.

A continuación el nombre de quienes hacen parte de esta selección:

  1. Camilo Ríos
  2. Deivy Leandro Zuluaga
  3. Edison Andrés Cano Ocampo
  4. German Bedoya
  5. José Alejandro Restrepo
  6. Juan José Restrepo
  7. Laura Cardona
  8. Sebas Yarce
  9. Sebastián Arias
  10. Natalia Pineda

Este espacio, construido hace un siglo por la familia Flórez Correa, ha permitido desde hace cuatro años un reencuentro con el arte y la arqueología del sur del país, reflejadas en sus coloridos cuadros, máscaras de rostros indígenas y plantas que brindan un ambiente de tranquilidad.

Al sur del departamento del Huila se encuentra Pitalito o el ‘Valle de Laboyos’. Este municipio de economía agrícola, destacado por su calidad en producción cafetera, gente amable y territorio bañado por aguas del río Magdalena, está ubicado a solo 45 minutos de San Agustín, Capital Arqueológica de Colombia. Además, es un centro de conexión entre departamentos ricos culturalmente como Caquetá, Putumayo y Cauca.

Allí, en medio de la rutina, el afán por lo cotidiano y lo habitual, surgió un espacio inspirador para artistas, un punto de encuentro para aquellos amantes del arte y que ven en él la posibilidad de transformar la sociedad: Pitalandia, residencia para artistas y espacio independiente (Pita: alusivo a la planta / Landia: relacionado con un programa de televisión llamado animalandia que mostraba la fauna y flora del mundo).

Nació en el año 2015 como iniciativa de Rafael Flórez, egresado de la facultad de artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y quien ha dispuesto su trabajo como una incubadora de artistas preocupados por la innovación y el rescate de la cultura desde el arte contemporáneo. Rafael es un hombre alto, de piel clara, enérgico, cordial, y su gesto representativo es una sonrisa. En sus narraciones refleja un profundo amor por el arte, sentimiento que heredó de su madre, profesora de español y psicóloga. A pesar de vivir quince años en la ciudad de Bogotá, en la que se formó académicamente, sus experiencias y conocimientos artísticos lo llevaron a creer que Pitalito era un lugar de artistas de cuna, y que era necesario crear un espacio en el que se ayudara a concebir oportunidades para niños y jóvenes, y que permitiera ver otra cara del municipio.

Desde hace cuatro años se han construido tejidos culturales, y con ellos nuevos espacios de integración que trascienden las barreras locales; una de las iniciativas es traer artistas con proyección nacional e internacional como Miguel Kuán, Wilson Díaz Polanco y María Isabel Rueda. Un ejemplo fue el Primer Encuentro del Alto Magdalena, Arte Contemporáneo y Arqueología (ARCA) realizado en abril del 2018, en el que se exhibieron piezas arqueológicas coleccionadas por la docente y coleccionista Fabiola Peña, y las cerámicas de Cecilia Vargas, una mujer aguerrida por la cultura del municipio con la creación de piezas artísticas de la chiva y la danta de montaña.

A su labor se han unido curiosos jóvenes y docentes de distintas instituciones educativas como la Winnipeg, San Juan de Laboyos y el Humberto Muñoz Ordoñez, quienes con el deseo de cultivar una semilla de creatividad participan en talleres de apreciación del paisaje y construcción de identidad colectiva; así se forman las futuras generaciones en espacios alternativos desde pequeños territorios y que se figuran como una apuesta por destacar el arte contemporáneo y arqueología de la región Surcolombiana.

Aura Cristina, joven de 18 años, laboyana, estudiante del Sena y fiel admiradora del arte, ha sido muy inquieta, desde pequeña se ha interesado por las expresiones artísticas. Inicialmente relacionaba el arte únicamente con pintura y dibujos, con el tiempo se relacionó con personas que le permitieron crear una amplia visión, luego hizo parte de talleres realizados por artistas de la mano de Pitalandia y asegura que este lugar “ha dejado en mí la semilla de reconocer lo nuestro, ver la historia y entender cómo todo está conectado con el presente, es ver el arte como algo tangible y un sueño posible de alcanzar. Somos ricos porque tenemos prehistoria, lo que falta es potencializar y crear cultura de valor y reconocimiento. Pitalandia es encontrar un lugar en el que moldeo ese ser artístico dentro de mí, es mi sinónimo de no conformismo, es ir más allá en búsqueda de las máximas expresiones”.

A pesar de las limitaciones económicas que oscurecen el panorama artístico, Pitalandia es un lugar especial para visitar. De manera voluntaria ha recibido aportes para salir adelante con el proyecto que carga en sus hombros el sueño de artistas que muestren al país y al mundo la riqueza histórica del territorio, para así lograr convertirse en la “Puerta Arqueológica del Sur”, como lo expresa Rafael.

Como ejemplo de apoyo está Silvia Vásquez, diseñadora gráfica y catedrática universitaria, quien se ha incorporado con el propósito de contribuir al reconocimiento de espacios que fomentan los talentos y el potencial de la región. “Es muy importante que los procesos educativos estén de la mano siempre del arte y Pitalandia es un espacio de reencuentro con nuestra identidad y que nos permite hacer región desde nuestro escenario”, afirma Silvia.

Pitalandia busca seguir aportando socialmente en la formación cultural del municipio, quiere romper la centralización del arte a nivel nacional que se queda en las élites de las grandes capitales, y sobre todo crear la visión que el arte hace parte de las comunidades. Buscan que niños y jóvenes de clases populares sean protagonistas de la transformación social y puedan conocer, entender y enamorarse de su contexto y representarlo artísticamente, para mostrar su identidad cultural a nivel nacional e internacional.

 

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