Juan Alejandro Echeverri

Juan Alejandro Echeverri

Tuesday, 17 November 2020 00:00

La lección Nasa

El punto
Papita no le pone silla ni freno al caballo. Solo le hace unos nudos en la trompa, pone un tapete o una cobija, y a cabalgar. Los maldadosos de Papita y Stiven dejaban que me les adelantara para fustigar a la talladora yegua. Gozaban viéndome sufrir cuando ´Manchita´ aumentaba el galope. Los adultos son igual de maldadosos y burleteros.

Papita es uno de los niños de la flora y fauna humana del punto 9 de la Liberación. Antes de “liberar”, los indígenas Nasa del Cauca “recuperan”: entran a fincas que pertenecen a Incauca u otros ingenios azucareros, queman la caña de azúcar, ocupan esa tierra que estaba sembrada de caña, siembran comida y soportan –una, dos, tres, cinco, quince, quién sabe dios cuántas veces– las embestidas del Esmad, el Ejército y la Fuerza Pública. Los Nasa argumentan que ancestralmente eso era suyo y fue quitado a sangre y fuego; y que para ellos vivir –trabajar y hacerse a lo suyo, a lo propio– necesitan tierra –y que hay algunos que tienen más tierra de la que necesitan o pueden subutilizar. Vista Hermosa, el punto 9 de la Liberación de la Madre Tierra es un punto liberado desde hace cuatro años: la comunidad vive en la tierra que trabaja –aunque cada tanto la Fuerza Pública intenta sacarlos de ahí: arrestados, heridos, muertos, a las buenas, a los tiros… como sea, pero que se larguen de ahí.

Este fin de semana están celebrando 4 años de haber liberado el punto. A metros de la carretera, varios jóvenes y adultos están montando una carpa en la parte más plana de la colina que nos separa de la cocina. La discoteca artesanal es tan grande como las carpas que arman en la Feria de Las Flores de Medellín, la Feria de Cali, o el Carnaval de Barranquilla. Y la cocina: un plástico en forma de v invertida, sostenido sobre 16 guaduas, que cubre un amplio rectángulo de tierra pura y dura; ahí se cocina, se sirve, se comparte y se come. Hoy, en la carpa, hay bingo y baile. Mañana, cuando empiece a morir la tarde, todo el que quiera –sea del punto o no– puede acercase a la cocina por una generosa porción de carne, arroz, papa, y yuca empacada en una bolsa plástica transparente, en la noche show de streaptease, más baile y más chirrincho –el aguardiente artesanal de los Nasa. El domingo, desenguayabe con más tecnocumbia, y más aguardiente caucano.

El punto 9 está ubicado en Caloto, al borde de la carretera que comunica al municipio con Corinto y Miranda. Cerca de la cocina hay varios cambuches, camastros prácticos e improvisados hechos con madera, plástico, y colchonetas. También piscos, gallinas, patos, plataneras, la cancha de fútbol con su evidente desnivel, yucales, frutales y más pancoger. Desde la carretera se puede ver la contaminación lumínica que expele Cali en las noches; las monumentales columnas de humo que escupe algún ingenio; y los potreros inabarcables que antes eran un mar de caña. Al otro lado de la carretera está la formación montañosa, cuyo misterio boscoso permanece majestuoso e impecable. Los Nasa y la gente del punto la usan de retaguardia: a veces corren hacia ella cuando los hostiga el Esmad, como la conocen, la usan para defenderse de una violencia dispar. Aquí la llaman Resguardo. También la conservan, procuran no intervenirla, no alterarla. En la montaña están las disidencias de las FARC, el actor armado, la desarmonía territorial. Al visitante le recomiendan no subirla sin la compañía de la comunidad. La montaña engulle. Algunos la han subido –al rato se oye un disparo– y nunca más vuelven a bajar. En el Resguardo también hay barrios de ladera como los de las ciudades centroandinas, manchas de luz que en realidad son cultivos hidropónicos de marihuana. Este es el norte del Cauca. El valle del departamento, la zona inundada de caña, la más plana y cercana a Cali. Al occidente está la costa caucana, el Pacífico, el embarcadero de la droga y lo “ilegal”. Detrás de la montaña, ósea más kilómetros hacia el sur, está el Macizo, el tejido montañoso, el campesinado.

Hasta 2016, a cinco años de haber empezado a liberar a Uma Kiwe, los Nasa habían logrado cortar 3.500 hectáreas de caña. En total son 13 puntos repartidos en Caloto, Corinto y Guachené. Más de 300 veces la fuerza pública ha fracasado en sus intentos de desalojo. La Liberación cuenta más de 600 personas heridas y más de 10 muertos por los ataques de las fuerzas estatales. Todos los puntos han sido igual de agredidos, pero unos están más liberados que otros, cada uno tiene su ritmo, sus avances, y sus dinámicas particulares. “La Liberación de la Madre Tierra no es un nido dentro del Estado ni dentro del capitalismo. Liberamos la Tierra del capitalismo, nos liberamos nosotros mismos, para volver al tiempo en el que simplemente gozamos la vida comiendo, bebiendo, danzando, tejiendo, ofrendando al ritmo de Uma Kiwe. Somos un nido en el camino de la Madre Tierra, –eso dice de sí mismo el Proceso de la Liberación de Uma Kiwe, que significa Madre Tierra en lengua Nasayuwe–. Sí, señores y señoras: En las fincas en proceso de liberación, hemos fundado aldeas con cocina, letrinas en tierra, charcos para nadar, sede para reuniones, tulpas para nuestras ceremonias sagradas y varias chozas alrededor. Las aldeas de la Liberación han sido sede de reuniones, de juego, de encuentros de capacitación, de mingas artísticas, de llegada de visitantes de muchos lugares de Colombia y del mundo que no quieren ver desde la barrera cómo David encara a Goliat”.

–¿Cuántas hectáreas más quieren liberar? –le pregunté a Don A., el moreno de unos cuarenta años que está al frente de la organización y materialización del festejo del punto 9, el líder comunitario que busca el bosque cuando está triste o discute con alguien.
–Hasta que lleguemos a Tuluá –me respondió muy consciente de los casi 90 kilómetros que separan Tuluá de Cali.

Las más de 200 hectáreas liberadas en el punto 9 no son de nadie. Son de todos, de la comunidad. Todos las trabajan. Todos las protegen. Todos cumplen un rol. El dolor, el trauma, las heridas, los sueños, el cuidado, la(s) responsabilidad(es), el descanso, el goce, las conquistas, también son de todos y todas. Ese es el superpoder del sujeto colectivo Nasa.

K. me cuenta que la disputa ilegal y armada por el control del territorio, y por el control del narcotráfico, está al rojo vivo. A S., la primera vez que vino, le recomendaron no salir a la carretera después de las 6 de la tarde. El punto y la Liberación están, inevitablemente, en medio del fuego. Los niños saben, y te dicen, cuáles son las lujosas camionetas en las que patrullan “los armados”; saben cómo visten y cómo suenan las bombas que dispara el Esmad.

El simbolismo, el trasfondo reivindicativo, la telaraña humana, y el regazo de Uma Kiwe no bastan para contrarrestar la patología armada. Las Disidencias son bandolas de jóvenes indígenas –campesinos, citadinos, afros– que cuando no son reclutados, caen en la tentación de las armas, esas lámparas mágicas que te cumplen cualquier deseo a cambio de matar o empeñar el alma. La segunda noche, a S. lo abordó un joven campanero de las disidencias de menos de 18 años que calzaba unas botas costosas y llevaba una colorida ruana terciada. Le preguntó quiénes éramos, qué hacíamos, y a qué habíamos ido. S. respondió sus preguntas y le propuso ir a la montaña para hacer un trabajo fotográfico y periodístico con ellos. “Nosotros no podemos salir en medios”, le dijo el muchacho.

El domingo en horas de la tarde, un grupúsculo de disidentes tomaba Águila Cero y se pasaba sus revólveres en la mesa de al lado. Fueron los únicos que entraron las motos a la carpa, como si estar armados no les bastara para decir “mírennos, aquí estamos, somos nosotros”. Que no nos preocupáramos, “mientras ustedes estén con nosotros, no les va pasar nada”, nos había dicho Don A. y otras personas de la comunidad. Al parecer los muchachos disidentes –o su grupo– estaban buscando a otro muchacho que asesinaron más tarde en una cantina cercana. La siguiente noche, en redondo, volvimos a hablar con el campanero, con el que averigua, mira, pregunta, y comunica hasta que la información llegue al que, probablemente, le da las ordenes a él. No encontramos rastros ideológicos en su credo armado. La codicia, el afán del dinero y de poder amedrentar a la muchacha que no se quiere acostar conmigo, el pelado que me ganó el chico de billar, el que no me quiere pagar la vacuna o no me está vendiendo la marihuana o la hoja de coca a mí, son el germen que mantiene viva la desarmonía armada. Donde hay coca, y tanta marihuana, hay armas. Y donde hay armas…

En el Cauca casi a diario hay uno –dos, seis, muchos– homicidios. K. también me había explicado que “los armados” respetan el proceso de la Liberación. Por lo general, los muertos son hombres –en su mayoría jóvenes– que pertenecen a algún grupo, que empiezan a “trabajar” con uno y luego se enfilan en otro, que burlan las reglas del “negocio”, o personas –sean indígenas liberadores o no– que incomodan más de la cuenta.

La coca –y en menor medida la marihuana– es medicina ancestral, también codicia vitamínica. Sin rodeos don A. acepta que muchos de ellos plantan y cosechan coca y marihuana. Hay enseres y alimentos que la generosidad de la tierra no puede suministrar. No hay más alternativa –viable y real– de subsistencia en condiciones dignas. A su pesar, todos aquí –directa o indirectamente– sostienen la pirámide. El problema no es un sarpullido causado por el “olvido estatal”, parece más bien algo planeado por una mente calculadora y siniestra. Si no hay quien coseche y cultive, no hay a quien perseguir y culpar. Si no hay a quien perseguir y a quien culpar, tampoco hay quien procese, transporte, y comercialice la droga –que luego el político, empresario o militar se esnifa o legaliza con un negocio de construcción en Popayán o una campaña para el Senado o la Presidencia de la República. Y si no hay quien procese, transporte y comercialice la droga, no hay a quien armar, ni cómo justificar la publicitada “guerra contra las drogas” que difuminó el límite entre lo militar y lo paramilitar. Es la novela de la guerra vista desde un apartamento en Miami, o en el restaurante del Club el Nogal de Bogotá. Es la guerra y la droga imponiendo su ley, gobernando al gobierno. “La vigencia de lo perverso bajo la apariencia de lo normal”, a la que hacía referencia el mexicano Sergio González Rodríguez.

Pero el horizonte de los indios y los Nasa es otro. Tampoco retroceden, ni se dejan amedrentar. Si agreden a uno, agreden a todos. Si un militar –o un disidente, o un indio de la comunidad– dispara contra una persona –una gallina o una casa–, la comunidad en masa –hombres y mujeres– emprenden la búsqueda hasta encontrar al agresor. “Necesitamos que su jefe venga acá y hable con nosotros, porque esto no se puede volver a presentar. Y a partir de este momento usted está en un centro de armonización”, así, palabras más palabras menos, sentencian a los soldados que se extralimitan en sus labores militares y que la comunidad luego logra aprehender. Es su territorio, y en su territorio las órdenes las dan ellos. Los Nasa y los indios son de armas tomar. E. me cuenta que hombres y mujeres se plantan frente a los soldados, los miran a los ojos y les dicen: “Peguelo, hijueputa; péguelo”.

El indio Nasa no tiene armas como las del Esmad, las disidencias, los terratenientes, o el Ejército, pero tiene el territorio de su lado, conspirando a su favor. En el encuentro de Liberadores que hace unos años se realizó en el Punto 1, en Corinto, E. cuenta que ese día cocinaron los hombres que estaban purgando sus penas en los centros de armonización, y que ese día los rodeó el pleno de la “malvada”. Policía, Esmad, Ejército, drones, helicópteros. Los mayores y mayoras mambeaban serenos en la Tulpa. Dieron un parte de tranquilidad, se habían comunicado con los espíritus del agua y presagiaron que caería mucha agua. Más tarde “la malvada” fue dispersada por el infernal aguacero. El territorio también es actor. También se manifiesta, opina. También influye.

Los Nasa y el territorio son uno mismo. Se hablan, se escuchan, se cuidan, se necesitan. En el punto escuché poco Nasayuwe, pero los niños nos dijeron que el arcoíris es el espíritu que vive en el lago. El misticismo y la vitalidad del territorio y de los Nasa brotan en el momento y de la forma menos pensada. Si con insistencia la codicia y los dueños del Estado pavimentan la “vía violenta”, soberbia y vil, los Nasa y el Cauca ofrecen su palabra, su saber, su fuerza, su recursividad, su Tulpa, su corazón. Cuando el Esmad y el Ejército logran tomarse el punto, esperan a que “la malvada” queme el pancoger sembrado, boten la comida, y a los días se vayan, para ellos volver a sembrar, ocupar, y armonizar el territorito. A las mayoras y mayores les profesan el respeto y la devoción que merecen las deidades. Y a las vacas que los soldados del ejército matan a balazos, les dicen “mayoras caídas en combate”.

La Minga
Indígenas, campesinos, y afros del suroccidente querían debatir en plaza pública con el presidente Iván Duque. Demostrarle –con cifras, argumentos y el dolor propio– por qué el suyo es un mal gobierno, y por qué la vida en Colombia vuelve a estar en peligro. El presidente y su gobierno inventaron toda clase de mentiras y teorías para rechazar la invitación. La Minga del suroccidente, entonces, le hizo un juicio político al impopular Iván en la Plaza Bolívar de Bogotá. Ese 19 de octubre las vocerías expusieron algunas cifras: hasta ese día, entre 2019 y 2020 se habían cometido 104 masacres: 36 en 2019 y 68 en lo corrido de este año; una semana después asesinaron 5 hombres en los límites de San Benito Abad y San Marcos, municipios de Sucre.

Las organizaciones indígenas, afros, campesinas, estudiantiles, sindicales, y urbanas que participaron en el cierre de la Minga en Bogotá, también denunciaron que desde la firma del Acuerdo de Paz (a finales de 2016), hasta el 19 de octubre de 2020, habían asesinado a 1.039 líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Según Indepaz, de los 251 líderes y defensores de derechos humanos asesinados este año, 83 fueron asesinados en el Cauca. El año pasado el departamento registró una tasa de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes, 12 puntos por arriba del promedio nacional. El suroccidente colombiano acumula 25 de las 71 masacres registradas este año: Cauca (9) + Nariño (9) + Putumayo (4) + Valle del Cauca (3). Los números cada día se actualizan en el mercado colombiano de la muerte, el homicidio en Colombia –en el Cauca y el suroccidente– cotiza al alza.

El año pasado fue lo mismo. Los indígenas se declararon en Minga y bloquearon la Vía Panamericana, la arteria vial que comunica el suroccidente con el resto del país. Duque dijo que no se sentaba a dialogar con los mingueros en el parque de Caloto porque “no habían garantías de seguridad”. El 9 de abril el presidente estuvo en el municipio y propuso una reunión con máximo 200 personas. La Minga dijo que no, con todos o con nadie, y Duque, el soberbio, se devolvió para Bogotá.

Este año Duque tampoco quiso hablar con la Minga en Cali porque estaba infiltrada por terroristas, guerrilleros y francotiradores, y el Ministerio de Defensa no podía garantizar su seguridad; si la Fuerza Pública del Estado no puede garantizar la seguridad del Presidente, ¿entonces la de quién?, se preguntaban en Cali los voceros de la Minga.

El presi-diario de su incompetencia mandó 5 ministros a Cali a negociar con la Minga. Queremos hablar con el dueño del circo, no con los payasos, le respondieron al gobierno. La silla volvió a quedar vacía y el sur volvió a ser víctima del desplante presidencial. Después de acampar tres días en el Coliseo del Pueblo de Cali, esperar al carrotanque para poderse bañar, y soportar el insoportable olor de las baterías sanitarias, los miles de mingueros decidieron ir hasta la casa del “presidente”. Muchas delegaciones, como las del Resguardo de López Adentro de Caloto que nos arropó a nosotros en la Minga, regresaron a sus territorios para recargar fuerzas y comida. Porque la Minga no está financiada con sangre del narcotráfico, la Minga come lo que siembra y cocina en sus propias ollas. No es violenta, ni armada, es colorida, musical, diversa, y se pronuncia en muchas lenguas. No es socialista –como dicen los seniles fabuladores–, porque practica el “gobierno propio”.

Algunos consideramos desafortunada la decisión de peregrinar en chiva por Armenia, Ibagué, Fusagasugá, y Soacha, hasta llegar a Bogotá. El indio, el campesino y el afro encuentran el sentido de la vida en el hacer: trabajar la tierra, participar en la asamblea, formar la cooperativa, liberar, hacer guardia, marchar, o bloquear la vía las veces y los días que sea necesario. Nosotros osamos pensar y sugerir que lo correcto era bloquear: vías de hecho. Pero la Minga y los mayores tenían razón. El indígena no toma decisiones con la cabeza en llamas. Consulta y discute con el pueblo, con los mayores, con los dioses naturales, y toma, casi siempre, la mejor decisión.

Una mayora le dijo a E. que estaba gratamente sorprendida. Ya no les gritaban “guerrilleros hijueputas, váyanse para el monte a dar bala”, sino que la gente cuando veía pasar la chiva los aplaudía y los alentaba. Sin un solo gesto violento, la Minga logró paralizar y embotellar las vías del país por varios días. Sin un solo fusil, sin una sola lacrimógena, solo con su guardia y sus dignas chontas.

La Minga y la estatua derribada de Belalcazar en Popayán provocaron “clásicas pataletas por el honor hispánico mancillado”, como escribió hace unos días Juan Cárdenas. Este es un país de indios, negros, mestizos, y de tristes y rancios “aspirantes a blancos” que se escandalizan porque un indio tiene celular, pantalón, es dueño de la tierra y tiene los recursos suficientes para viajar a Bogotá. Detrás de ese estupor hay miedo de que los indios no sean los que limpian la mesa en el Club el Nogal, que no sean los que venden manillas y piden limosnas en Cartagena; que dejen de ser tratados como
judíos en su propia tierra.

Casi todos los Nasa –y el indígena caucano en general– lleva en el cuerpo la herida de algún perdigón disparado por el Esmad, o el recuerdo vivo del día que asesinaron algunos de sus hermanos. Es cierto que el indio practica otro tipo de justicia, pero no olvida ninguno de sus muertos. El hecho de que no puedan cancelarles la memoria, les da una segunda oportunidad para seguir con vida.

 

*Se omiten los nombres de los protagonistas porque en Colombia la vida está en peligro

De no ser porque las mujeres de los barrios mandaban a sus hijos al comedor comunitario con un papelito que decía “nos amenazaron”, “los paramilitares están en el barrio”, “no se asomen porque las van a matar”, hubieran muerto más integrantes de la Organización Femenina Popular. Sin esas alertas tempranas y esos mecanismos comunitarios de autoprotección, no estaría próxima a cumplir 48 años la organización que, según su la directora, entiende que la lucha de clase y de género “no es una lucha contra los hombres”.

De hecho fueron dos hombres, dos sacerdotes, Floresmiro López y Eduardo Diaz, los que gestaron la OFP en 1972 en la zona nororiental de Barrancabermeja, la capital y puerto petrolero del Magdalena Medio, región compuesta por 30 municipios de cuatro departamentos. “Así como llegaban a barranca camionados de hombres para trabajar en la petrolera, también llegaban camionados de mujeres para ejercer la prostitución. Un mito en ese entonces decía que la prostitución era una forma para que los hombres pudieran estar en la región”, cuenta Yolanda Becerra, directora y cofundadora de la OFP.

Por fortuna, la de Barrancabermeja era una iglesia comprometida con los pobres y con los problemas de la ciudad, una iglesia que bebió de los postulados de la teología de la liberación, que tomaba partido ante las injusticias sociales. A través de la pastoral social la iglesia dedicó su prédica a la formación de católicos y sujetos políticos, a parir e iluminar procesos sociales. Entre ellos uno orientado al autocuidado, la capacitación, la recuperación de la dignidad de la mujer, a la vez protagonista en la construcción de los puestos de salud, en la pavimentación de las calles, en los reclamos por una vivienda digna y servicios públicos de calidad; uno que reivindicaba sus propios derechos, pero también reivindicaba los derechos colectivos.
—Era una iglesia menos institucional. Más de vivencia. Era una iglesia, comprometida en las transformaciones sociales; una iglesia que vivía entre el pueblo 24 horas. Una iglesia que generaba una espiritualidad que iba de la mano con la lectura de las realidades y con las necesidades particulares de cada territorio, del país —sostiene Yolanda.

La OFP, que en sus inicios se llamó clubes de amas de casa, fue madurando y evolucionando su apuesta de feminismo popular bajo la tutela católica. A la par de ese crecimiento, al interior de la diócesis de Barrancabermeja el padre Eduardo Díaz comenzó a plantear que la iglesia no podía formar organizaciones para sí misma, sino que “tenía que construir organizaciones autónomas para la vida”. En ese momento, 1986, la Organización Femenina Popular era una adolescente de 15 años, y Diaz, quien fue señalado como fundador del ELN, debió exiliarse. La dirección de la diócesis cambió, la postura del sacerdote tomó fuerza al interior de la iglesia y de la OFP que decidió materializar su autonomía.
—Esos procesos de autonomía no son fáciles. Son muy importantes, son de grandeza política, pero también traen dolores. Generó sentimientos encontrados. Generó hasta ruptura de amistades.

A pesar de lo doloroso, aunque las llamaran hijas malagradecidas, era una decisión política necesaria. Para Yolanda, no fue solo un proceso entre la OFP y la iglesia, sino que terminó siendo un proceso de la ciudad y de toda la región.
—Lloramos muchas veces. Muchas veces cerrábamos las puertas de la sede principal y decíamos: no somos capaces. Teníamos que seguir respondiendo a un mundo político que a veces no entendíamos. Y que a veces nos exigía más de lo que en el momento podíamos dar.

Era la primera vez que la OFP, sin el amparo de la iglesia, tenía que tomar decisiones y defender sus posturas en escenarios políticos de articulación. Por ejemplo en la coordinadora popular que aglutinaba los sindicatos, los movimientos cívicos y campesinos, las juntas de acción comunal, y toda expresión política y alternativa de la ciudad y la región. En la coordinadora confluían más de 10.000 personas, era allí donde se definían los paros cívicos y se organizaba el 1 de mayo, conmemoración del día del trabajador que en ese entonces, según Yolanda, era “arrollador”.

Definiendo en qué escenarios nacionales participar, con quién construir relaciones políticas, haciendo sus propias lecturas, poco a poco la OFP fue forjando su carácter, y las mujeres que llevaban la batuta, entre ellas Yolanda, se dieron cuenta de que sí eran capaces.

Superado el trauma de la independencia, era prioritario encontrar la manera de generar los recursos que antes suministraba la iglesia. La organización también comprendió que necesitaba replantear sus escenarios y formas de acción. El trabajo que antes hacían en las parroquias, empezaron a desarrollarlo en las casas de la mujer que alquilaron o construyeron en Yondó, Antioquia; San Pablo, Sur de Bolívar; y Barrancabermeja y Sabana de Torres, Santander.
—Nos dimos cuenta que las mujeres necesitamos un referente físico, no solo para la vida privada, sino también para la vida política.

En esas casas dictaban cursos, ofrecían atención jurídica y psicológica, se reunían a pensar sus proyectos productivos, atendían los comedores comunitarios, gestaban un proceso íntimo que luego irrumpiría en lo público. La OFP tejía su base social y al tiempo lograba convocar mujeres que tenían otras ocupaciones o que estaban inmersas en otras dinámicas pero que participaban en el escenario político y público, es decir en las movilizaciones y plantones. También había hombres:
—Desde el comienzo la OFP entiende que es una lucha por los derechos de las mujeres dentro y fuera de la casa. Pero que los cambios y las transformaciones se hacen con ellos. En nuestro trabajo como mujeres hemos tenido hombres aliados muy importantes. No quiero herir susceptibilidades, hay muchos hombres que han sido nuestros compañeros de camino —reitera Yolanda.

En 1998, la OFP tenía 3.500 mujeres afiliadas y muchos hombres aliados, pero llegaron los paramilitares…

***


Esta casa, en la que ahora estoy hablando con Dora Saldarriaga, era un prostíbulo antes de que la arrendaran. Los alrededores eran tierra virgen, tierra en bruto. Esta zona, el nororiente, era la zona roja de Barrancabermeja, aquí quedaban las cantinas, los prostíbulos, lo maligno. Luego la casa fue un salón de belleza, y después un puesto de Policía donde encerraban, por uno o dos días, a los hombres que capturaban en las recuperaciones de tierra. La gente, por las buenas o por las malas, empezó a hacer sus casas en esos baldíos, comenzaba a construir estos barrios mansos. “Eran poquitos los que cogían”, me dice Dora, porque los hombres dejaban a las mujeres cuidando los lotes cuando sabían que se acercaba la policía. “Cuando eso había hacia la mujer mucho respeto. A las mujeres no les hacían nada”.

La casa está pintada de blanco y morado. Aquí, el Sena dicta clases de artesanías, cocina y manipulación de alimentos, y la OFP dicta clases artísticas a más de 100 niñas, niños, y jóvenes. Las puertas se abren los siete días de la semana. Se producen aceites de esencias aromáticas, y están las mesas, sillas y cocinas necesarias para un comedor comunitario. Mientras conversábamos afuera, alrededor de 25 mujeres hablaban sobre el bazarte del 8 de marzo en el salón principal, actividad que realizan bimestralmente, en la que venden sus pollos de engorde, masato, artesanías, aceites, ropa usada, sancocho, carne asada, y todo aquello que hacen.
—Nosotras no queremos ser cola, queremos ser cabeza —me dice Dora, a quien no le gusta la palabra feminismo porque siente que, como el machismo, es una palabra que pasa por encima del otro.

Dora calcula que hace parte de la OFP desde hace 32 años. Quería “superarse”, salir de la rutina cotidiana y del encerramiento de la casa. Se capacitó en unos de los cursos que ofrecía la parroquia, hizo parte de los clubes de amas de casa, y le gustó el espíritu colectivo de esos grupos. Con los años, la OFP vio en ella capacidad de liderazgo y le encomendó la coordinación de la casa y de los procesos en el nororiente de Barrancabermeja.
—La OFP es un bus que lleva una ruta determinada, la gente se sube y se baja. En la OFP yo he aprendido que no se nace mujer, sino que se aprende a ser mujer. Una mujer que conoce sus derechos, sus valores, que los posesiona, que los evidencia, que se penetran tanto en nuestro ser que los hacemos vida.

***


La violencia era una antes del 18 de mayo de 1998, y otra después de que ese día asesinaran a 7 personas y desaparecieran otras 25. Entre 1998 y 2006, los paramilitares del Bloque Central Bolívar, comandados por 'Macaco', 'Ernesto Báez' y 'Julián Bolívar' intentaron acabar con el movimiento social y destruir cualquier tejido político y organizativo bajo el argumento de la lucha contrainsurgente. El 23 de diciembre de 2000 el paramilitarismo se tomó Barrancabermeja y conformó los diferentes comandos que tantas vidas le arrebataron a la ciudad y a la región.

La OFP fue le encargada de algo que no estaba en sus planes: ser voceras de las denuncias, de la resistencia y de la vida en Barrancabermeja. Las organizaciones sociales, blanco del paramilitarismo, tuvieron que bajar el perfil, diluirse con el río Magdalena, columna vertebral de la región. Sin importar que esto las pusiera bajo una amenaza permanente, las casas de la mujer se convirtieron en espacios humanitarios. La gente amenazada que lograba huir de sus casas y salvar su vida, “corría a las casas de la mujer”. El barrio Pablo Acuña, construido en el suroriente de Barrancabermeja por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), fue desalojado por completo. La mayoría de las mujeres del barrio pertenecían a la OFP. El refugio de ellas y sus familias fue la casa de la mujer de la zona, donde vivieron tres meses.

Las mujeres de la OFP también buscaron, por agua y por tierra, a los desaparecidos. Lo hacían en compañía de otras organizaciones, pero “nosotras poníamos la cara”. La orden de los paramilitares era tirar los cuerpos al río, y la orden de las autoridades era no sacarlos de allí, a quien lo hiciera le abrían un proceso penal. Pero ellas se ponían batas negras, se embarcaban en la chalupa de la Defensoría, recuperaban los cuerpos y los entregaban en la armada.
—Salvamos muchas vidas de gente que estaba amarrada. Gente que la tenían para asesinarla. Permanentemente recibíamos denuncias buscando nuestro apoyo para salvar a sus hijos. Hicimos unas conexiones nacionales para poder sacar la gente; jóvenes, sobre todo, que son más irreverentes y que no cumplían con los manuales de convivencia —explica Yolanda.

Era tal el control paramilitar, que en Barrancabermeja instauraron un manual de convivencia que castigaba con la muerte a los jóvenes de cabello largo, a los que tenían aretes, a las prostitutas, a los homosexuales, a las lesbianas, a quienes salieran a la calle a ciertas horas, y a quienes vistieran de ciertos colores.
—En barranca hubo algo que no pasó en muchas partes del país. En barranca quitaron muchas viviendas los paramilitares. Llevaban a la gente a las notarías y las hacían firmar. A muchas viviendas llegaban y les decían “tienen dos horas, tienen ocho horas, para que desocupe”, porque ya llevaban una familia para vivir ahí.

Para la OFP los símbolos y los sloganes fueron fundamentales en la denuncia y resistencia a la muerte. Para reconocer que el miedo es algo inherente, para aprender a administrarlo, colectivizarlo, y convertirlo en organización, movilización, en fuerza. Las mujeres, revestidas con batas negras, marchaban con cajones vacíos para simbolizar a los desaparecidos. También hacían vigilias por la vida, carrozas del miedo, encendían velas en las avenidas de la ciudad, denunciaban todo tipo de crímenes en La moana, un programa que transmitían por el canal local Telepetroleo; hacían conversatorios sobre el miedo en colegios, sindicatos y comunidades; y en los embarcaderos de los municipios en los que desarrollaban trabajo de base, ponían vallas que “hablaban por nosotras”, vallas con frases en contra de la guerra y a favor de la vida.
—El lenguaje simbólico —para Yolanda— es muy potente. La simbología fue una buena forma de hacer la denuncia, de hacer la movilización, de llegarle al corazón a la gente común y corriente, de hacer consciencia.

***


El 6 de febrero de 1996, los paramilitares le dieron una hora a Emerita Torres y a los demás habitantes para que salieran de la vereda San Francisco de Yondó. Huyeron con lo que tenían puesto, “dejando todo tirado, dejando las costumbres, dejando nuestro territorio”. Meses después Emerita regresó a Yondó, comió de una de las ollas comunitarias que durante tres años organizó la OFP y desde entonces hace parte de la organización. Eran alrededor de 150 familias que se beneficiaban del ágape. La OFP aportaba los alimentos, y cada día una familia, ya fuera en la casa de la mujer, en las calles del barrio, en el parque, o en una cancha, cocinaba para las demás.

Actualmente Emerita es la coordinadora de las 30 mujeres que hacen parte del proceso organizativo en Yondó. Es quien defiende sus derechos y reclama una atención digna para aquellas diagnosticadas con cáncer, un fenómeno que afecta a muchas mujeres de los municipios de la región donde hay extracción petrolera, y por lo cual la OFP demanda la construcción de una clínica de la mujer en Barrancabermeja, o un hospital de tercer nivel con un pabellón específico para tratar esta y otras enfermedades que las aquejan.

Emerita es quien, desde hace cuatro años, le está pidiendo a la administración municipal que construya la casa de la mujer incluida en la reparación colectiva a la que se comprometió el Estado. Es quien se lamenta por las precarias condiciones sociales de Yondó, municipio en el que se deben pagar hasta dos millones de pesos para acceder a un trabajo en alguna de las empresas subcontratadas por las petroleras. También es ella la que cosecha la citronela, esa planta verde acintada que cada viernes, mientras es destilada y convertida en aceite, inunda la casa del nororiente de un olor pegajoso.
—Si yo no hubiera conocido a la OFP, mi vida hubiera sido diferente. He sentido mucho apoyo. Si a una le duele un pelo, le duele a todas. Esta es mi familia: ellas son mis hermanas, mis tías, mis primas —dice la fornida Emerita, mientras sudamos por la resolana que azota por estos días a la efervescente barranca.

***


—Somos conscientes que para construir en este contexto tenemos que buscar aliados y aliadas. En la OFP ha sido muy tejedora la comida, de la olla comunitaria —me dice Kelly Campo.
Las reivindicaciones femeninas que promulga la OFP son alimento que se comparte entre vecinas, que se hereda entre las familias. La mamá, las tías, y los primos de Kelly también hicieron y hacen parte de la OFP, cuya capacidad de convocatoria, según ella, reside en ese feminismo “arraigado a su contexto popular, construido a la par de los movimientos obreros, de los movimientos sociales”.

Kelly es una joven con menos de 25 años que hace, luego se nombra. Habla con una serenidad musical, pero con propiedad y contundencia, con conocimiento de causa. Kelly está al frente del proyecto de economía feminista popular de la OFP. Coordina a las 250 mujeres afiliadas y embarcadas en un proyecto productivo, que quiere articularlas en una red regional de productoras y consumidoras. La iniciativa contempla, hasta el momento, la producción y comercialización de huevos y chocolate orgánico, y la destilación de plantas aromáticas para obtener y vender aceites, desinfectantes y repelentes naturales.
—Nosotras tenemos las capacidades y queremos formar empresa; y hacer cosas para tener una independencia económica que signifique calidad de vida para nosotras. Podemos construir un modelo que sea justo, más solidario, que sea más colectivo —manifiesta Kelly.

Kelly también está al tanto y hace parte de la escuela de arte cultura y sociedad con la que la OFP quiere restarle base social a la guerra, puesto que el territorio, dice ella, sigue teniendo dueño. A Barrancabermeja volvieron los patrulleos armados en los barrios. El microtráfico y el agiotismo van en aumento. Los actores se han reconfigurado y han cambiado las manifestaciones de la violencia. Años atrás resultaba facial identificar quiénes eran, qué hacían, y cómo lo hacían. Hoy los actores se desdibujan en el contexto de inseguridad social que se vive en Barrancabermeja.
—Nosotras nos dedicamos a curar las heridas de los cuerpos. ¿Pero que pasaría si en vez de curar heridas en los cuerpos que van a tener cicatrices de por vida, más bien nos dedicamos a construir nuevas personas que no causen esas heridas?

***


—Hacíamos lecturas de contexto permanente, pero esas lecturas eran coherentes con lo que hacíamos. Nosotros nunca nos reunimos para no hacer. Nosotros así afuera a la luz de la muerte, en medio del dolor, nos reuníamos para encontrar cómo hacer —expresa Yolanda al otro lado del teléfono.

Esa fue la clave para que la OFP, cuyas decisiones siempre fueron respaldas por la base, sobreviviera a la peste armada. Sin embargo, en 2008, eran evidentes las cicatrices, el desgaste. Las amenazas y los hostigamientos que los armados emprendieron contra Yolanda escalaron a su entorno familiar. Yolanda se bajó temporalmente del bus, pero “la organización lógicamente continuó con muchas dificultades”. Apareció en el seno de la OFP un fenómeno: muchas mujeres empezaron a sufrir problemas de salud. La organización, entonces, tuvo que diseñar la ruta de reconstrucción que duró hasta el 2012:
—El Estado —cuenta Yolanda— le ofreció la reparación colectiva a la organización, reconociendo que por acción u omisión es responsable de todo lo que pasó. No fue fácil tomar esa decisión, porque no creemos en el Estado, nos daba mucho miedo.
La OFP aceptó la propuesta estatal de resarcir los más de 140 crímenes registrados contra la organización. Pusieron condiciones y definieron criterios para su ejecución. Lo pactado, que en este momento “está parado totalmente”, se ejecutó en un 52%. Eso permitió reconstruir la confianza y el tejido social, forjar nuevas alianzas, repoblar las sedes, revivir áreas de trabajo, recuperar parte del equipo, y recuperar Sabana de Torres, el único municipio del que salieron durante el hostigamiento paramilitar.

En este momento son 2.017 mujeres afiliadas a la OFP, enfrascadas en una dicotomía. La única forma de que el proceso no muera es promover la llegada de nueva energía femenina, tanto a la base como al equipo de conducción para que releve esas células antiguas. Son dos fuerzas contradictorias que si no logran dialogar armónicamente pueden generar un corto circuito. Los vientos jóvenes suelen ser partidarios de replantearlo todo pasando por encima de la historia, y la fracción más veterana recela de los cambios y se aferra a las formas y los modos de hace 20 años. ¿Cómo hacer ese dialogo intergeneracional? ¿Cómo construir sobre lo construido?
—La otra discusión —reconoce Yolanda— es que la OFP no es una ONG, es un proceso de base. Ha sido muy difícil la despolitización de las mujeres. ¿Cómo hacer hoy proceso de base?, ¿cómo organizar las mujeres hoy? ¿Cómo hacer una formación política donde las mujeres se sientan felices, que la sientan necesaria, que convoque… que sea una necesidad de las mujeres y no una necesidad de las que conducen?

No vale la pena pensar qué sería de Barrancabermeja y el Magdalena Medio sin la OFP. La historia de la ciudad y de la región es la historia de esas mujeres que, consciente o inconscientemente, llevan 48 años construyendo un feminismo propio, popular, “no europeo”. Las preguntas y reflexiones que ahora ocupan a la organización no son una amenaza, son la esencia de un proceso que está en permanente reflexión y construcción, y que está convencido de que solo las mujeres son “capaces de transformar el mundo con la razón y el corazón”.

Tuesday, 11 February 2020 00:00

Urabá, la tierra del despojo

¿Qué?
“Los bananeros son tan o más responsables que nosotros en todo lo que pasó en Urabá, porque fuimos de finca en finca prohibiéndoles a los trabajadores hacer paros armados. Uno iba uniformado con cuchillo en la mano diciéndoles que quien hiciera paro lo matábamos. ¿Por qué?, por buscar los beneficios de los empresarios bananeros, ellos fueron los que se beneficiaron de la guerra. Ellos y ninguno está pagando”.

Este testimonio de Hebert Veloza, alias 'H.H, hace parte de una sentencia emitida en 2013 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La declaración del excomandante del Bloque Calima de las Autodefensas fue utilizada y recuperada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación, organizaciones que con el informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá, pretenden demostrarle a la Comisión de la Verdad, y al país, que empresarios locales e internacionales, en complicidad con las Fuerzas Militares y el Estado, llevaron a cabo un macabro plan de acumulación y despojo de tierras para lograr imponer una dinámica económica extractiva y privatizadora.

El despojo y la titulación fraudulenta de tierras en Urabá son tan antiguas como el país mismo. El siglo pasado, por ejemplo, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, ordenó en 1943 que se desalojaran “los bosques nacionales […] y reclutar a los pequeños colonos como fuerza de trabajo”. Además, adjudicó baldíos de hasta 2.300 hectáreas a terratenientes ganaderos.

En la década del 60, lo que detonó el despojo en Urabá fue la producción de banano, que hasta la década anterior era sembrado por campesinos colonos. Pero en 1959, tras la llegada de la Frutera Sevilla, filial de la empresa estadounidense United Fruit Company, para quienes trabajan los asesinados en la conocida 'Masacre de las Bananeras, la economía campesina, que hasta ese momento era de pequeña escala, se convirtió en agroindustria.

En el 70, el Gobierno incentivó la compra de plantaciones bananeras por parte de empresarios colombianos a través de los créditos generados por la Alianza para el Progreso, la ayuda monetaria, impulsada por John F. Kennedy, con la que Estados Unidos colonizó económicamente a América Latina. El proceso de compra fue conflictivo e irregular. La titulación de tierras estuvo marcada, según el informe de las organizaciones, por “la especulación acompañada de la expulsión de viejos colonos mediante subterfugios legales, [y] presiones directas que obligan al pequeño propietario a vender o abandonar la zona”.

Por la misma época que se instaló la Frutera Sevilla fue terminada la carretera que conectaba a Medellín con Urabá. La conexión terrestre permitió que se consolidara la industrialización de la producción agrícola. Muchos campesinos vendieron sus tierras a empresarios bananeros de Medellín y Bogotá, quienes se aprovechaban del desconocimiento de los campesinos sobre el valor y la importancia estratégica de sus bienes.

El llamado eje bananero –del que hacían parte Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo– pasó de 10.000 hectáreas sembradas de banano en 1960, a 19.300 hectáreas en 1982. Ese mismo año las hectáreas de palma africana pasaron de 351 hectáreas a 2.260, mientras que la ganadería pasó de 179.000 a 362.000 hectáreas. A medida que incrementaba la agroindustria y la concentración desigual de la tierra, aumentaban los conflictos por ella. Las instituciones estatales obraron en favor de los dueños de las grandes extensiones de tierra, y destinaron la presencia de fuerza pública para brindarle seguridad a su producción y exportación.

La conflictividad se agudizó con las protestas y la invasión de predios organizados por la Asociación de Nacional Usuarios Campesinos (ANUC) en los 70, años de surgimiento y consolidación de guerrillas como las FARC y el EPL, las primeras en hacer presencia en la zona. Los trabajadores sindicalizados, obligados a dormir en cambuches y a soportar jornadas que superaban las 16 horas, también empezaron a demandar condiciones laborales dignas. La visión anticomunista del empresariado, sumado al apoyo militar del Estado, desató la militarización de la zona, la estigmatización de los sindicatos, las amenazas, la desafiliación masiva, el exilio, y el asesinato de dirigentes sindicales.

Asdrúbal Jiménez, asesor jurídico de varios sindicatos bananeros de Urabá en los 80, dijo a los investigadores que la primera huelga se hizo en la empresa Codelsa [empresa colombo-holandesa que cultivaba palma de aceite] en 1972. El sobreviviente de esa primera oleada de violencia sufrida por en la región antioqueña, asegura que el paro total de la producción “trajo una nueva situación para la crisis que se vive en Urabá que fue la participación del ejército colombiano en la solución de los conflictos laborales”. Según el testimonio de Jiménez, Urabá era una zona muy pacífica donde el ejército no hacia presencia, y el trabajador no sabía qué derechos tenía, “consideraba que el hecho de darle trabajo era un favor que le hacía el patrón”.

El día de la huelga, el ejército hizo presencia en la empresa, y capturó toda la “dirección del sindicato. Los trasladan a las instalaciones de La Maporita [donde se había ubicado el Ejército en Chigorodó…] Cuentan los trabajadores que a todos los dirigentes sindicales los torturaron. Una de las torturas que utilizaban era raspar los árboles en la zona de polígono y los obligaban a subirse en los árboles lisos con una bayoneta sosteniéndolos por detrás, y si el trabajador no subía o se resbalaba pues se enterraba la bayoneta”.

La violación de los derechos humanos y laborales, y la violencia contra el sindicalismo, marcó los años 80 en Urabá. Esa década también trajo consigo la participación y llegada a cargos públicos de organizaciones en cuyos discursos demandaban la redistribución de la tierra, y criticaban la lógica de acumulación fomentada por el modelo de producción y el uso de la tierra. En 1986, la Unión Patriótica –partido fundado e integrado por guerrilleros desmovilizados de las FARC y el ELN que se acogieron al acuerdo de paz de Belisario Betancur– ganó la alcaldía de Chigorodó, logró 9 sillas en el congreso, 10 en las asambleas departamentales, y 350 en los concejos municipales del país. Y en las elecciones de 1988 se hizo con la alcaldía de dos municipios de Urabá: Apartadó y Mutatá.
A la efervescencia política de organizaciones de izquierda como la Unión Patriótica, el Frente Popular, A Luchar y el Partido Comunista, el empresariado respondió con una violencia sicarial que extinguió las huelgas obreras y acabó con la vida de varios dirigentes de esas organizaciones. Los empresarios intentaron justificar la violencia ante la opinión pública remarcando las potencialidades geoeconómicas de la región. En un artículo publicado por la revista SEMANA en 1989, un ganadero de Urabá sostuvo que “Colombia no se ha dado cuenta del papel estratégico que tiene este golfo […] Urabá es la prolongación de Centroamérica y nosotros estamos viviendo los procesos de revolución y contrarrevolución que se viven en este punto del planeta. Es un enfrentamiento entre la democracia y el comunismo".

El capital empresarial apelaría a la violencia –en público y en privado– para controlar y usufructuarse de este corredor estratégico que conecta Antioquia con Chocó y Cordoba, y en el que se piensan implementar tres megaproyectos: Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, en Turbo, y Darién International Port, en Necoclí, los cuales suman una inversión de más de 1.350 millones de dólares.

¿Cómo?
Entre el 14 de enero de 1990 y el 26 de diciembre de 2005 se contabilizaron 98 masacres Urabá, la mayoría perpetradas por paramilitares. Desde el sur de Córdoba llegó a la región portuaria la primera manifestación paramilitar: alrededor de 100 hombres llamados 'Los Tangueros', quienes obedecían ordenes de Fidel Castaño, autor intelectual de la masacre en la que murieron 42 campesinos de Pueblo Bello, Turbo, en enero de 1990. 'Los Tangueros' hacían parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, conformadas por Fidel y Carlos Castaño en 1987. El telón de fondo de la violencia paramilitar era el conflicto por la tierra. Según “el Agustín Codazzi, en 1988 los predios menores a 5 hectáreas sumaban el 62% del conjunto de los predios, lo que contrastaba con las propiedades mayores a 500 hectáreas, las cuales, constituyendo apenas el 1.3% del total de predios, equivalían al 42.14% de la superficie”.
Los paramilitares y el empresariado conformaron un rentable pero letal matrimonio. El mayor incremento de los índices de despojo se dio de 1995 a 1998, años en los que se “pacífico” Urabá, coparon el territorio las Autodefensas Campesinas, proliferaron las convivir patrocinadas por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez, e hizo presencia la Brigada XVII del ejército comandada por el general Rito Alejo del Río.

Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán', excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, explicó, en el marco del proceso de Justicia y Paz, cómo empresarios, ganaderos y palmicultores aprovecharon la expansión paramilitar en la región para adquirir tierras a bajos costos: “En la medida que las autodefensas fueron avanzando […] muchos empresarios, ganaderos y bananeros, gente muy honorable, aprovechó para comprar tierras en ese momento, los campesinos, debido a los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, vendieron sus propiedades […] mucha gente a la sombra de Vicente Castaño vio un nicho de negocio, llevaban calculadora […] Mucha gente compró cientos de hectáreas en esa zona con el propósito de desarrollar ganadería y palma”.

La consolidación y expansión del paramilitarismo en Urabá no hubiese sido posible sin el decreto 356, expedido el 11 de febrero de 1994 por el Ministerio de Defensa de Colombia, cuyo artículo 42 permitió la creación de Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir). Las Convivir fueron fachadas utilizadas para organizar, legalizar y financiar el paramilitarismo en Urabá. Sus autores materiales e intelectuales fueron Pedro Juan Moreno Villa, secretario de gobierno de Antioquia, Rito Alejo del Rio, José Miguel Narváez, experto en seguridad nacional, Irving Jorge Bernal Giraldo, empresario bananero y palmicultor, y Raúl Emilio Hasbún Mendoza, empresario ganadero y bananero, accionista de la comercializadora Banacol, y comandante del frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá.

La Corporación Jurídica Libertad logró documentar la existencia de nueve Convivir en Urabá. En 2010, Hasbún señaló “con nombre propio a 226 empresarios ganaderos, palmicultores y bananeros de Urabá como los financiadores del Bloque Bananero que él mismo comandó”, y “entregó a la Fiscalía un listado de 346 fincas bananeras y 60 ganaderos que apoyaron a los paramilitares”. En ese listado mencionó a personas como Nicolás Echavarria, quien fuera exembajador del gobierno de Álvaro Uribe en Bruselas y que para la época era presidente de la comercializadora de banano Banafrut; también aparece Guillermo Enríquez Gallo, socio mayoritario de la comercializadora de banano Unibán y propietario de una de las fincas más grandes de la región; y Felipe Echeverri exdirectivo de Augura e investigado por despojo de tierras.

“Al inicio las Convivir era para la consecución o legalización de los recursos por parte de los empresarios bananeros. A medida que se van conformando y van empezando a funcionar, se dedican al tema político, político entre comillas, las conformaciones de las juntas de acción comunales, etc., recoger información de la brigada o del ejército y la policía […] manejar un sistema de comunicaciones en toda la zona de Urabá que controlaba 800, 900 radios de comunicaciones, un control permanente, apoyo a la fuerza pública”, declaró ante la justicia Hasbún.

Muchos de los empresarios señaladas han intentado limpiar su nombre asegurando que los aportes iban destinados a organizaciones de seguridad privada legalmente constituidas, y que en algunos casos lo hicieron bajo presión. Pero además de Hasbún, Freddy Rendón, y Salvatore Mancuso, comandante del Bloque Catatumbo, reconocieron que había un acuerdo para que los dineros de las Convivir fueran a las AUC. Aparte de los aportes voluntarios, recibían tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. Mientras que los ganaderos pagaban cuotas por cada hectárea a través de la Asociación Subastas Ganaderas del Urabá Grande (Suganar), y de la Asociación de Ganaderos del Urabá Grande (Aganar), fundada por empresarios entre los que estaba Claudia Argote, cuya familia, según 'El Alemán', aprovechó los precios irrisorios que le ponían los campesinos a sus tierras cuando se agudizó la incursión paramilitar.
La Chiquita Brands, antigua United Fruit Company, fue condenada por la justicia estadounidense después de reconocer que realizó más de 100 pagos a grupos paramilitares de Santa Marta y Urabá. La empresa aceptó que pagó más de 1.7 millones de dólares, desembolsados a través de su filial colombiana Banadex. Además, el 7 de diciembre del 2000, entraron al país por el puerto de Zungo, un puerto privado de la empresa Banadex, 3.000 fusiles y dos millones y medio de cartuchos para los grupos paramilitares.


La jefatura militar declarada para Urabá en 1994, ayudó al paramilitarismo a consolidar su control territorial y suplantar los gobiernos locales. Tres años después, se presentaría el mayor número de víctimas en Urabá: 119.944, de las cuales 115.744 eran víctimas de desplazamiento forzado. Justo ese año, 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron y conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia.
El paramilitarismo incluso fue capaz hacerse con el poder institucional. También en 1997, Vicente Castaño ordenó la conformación de un movimiento político llamado “Por una Urabá Grande Unida y en Paz”. Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que el dinero del movimiento “provenía de las múltiples subastas que realizaba 'El Alemán' en Virgen del Cobre, una finca en Necoclí que fue propiedad del narcotraficante José Antonio Ocampo alias 'Pelusa', y a la que acudían ganaderos de la región para regalar o comprar las mejores reses”.
Políticos aliados y avalados por el entramado paramilitar llegaron a alcaldías, concejos municipales, a la asamblea departamental, y obtuvieron una curul en la Cámara de Representantes para el periodo 2002–2006, curul que se alternaron entre Manuel Ávila Peralta, Jesús Doval Urango, Estanislao Ortiz Lara y César Moreno, cada uno “renunciaba a su cargo tras cumplir un año para cederle el puesto al siguiente”.

Para controlar el escenario político e institucional, las AUC conformaron organizaciones sociales no gubernamentales y “cooperativas de trabajo asociado a las que integraron a personas que tenían relaciones activas o pasivas con el paramilitarismo”. También fortalecieron y dinamizaron las Juntas de Acción Comunal y las veedurías ciudadanas para formar cuadros políticos y tener una masa electoral que les permitiera determinar y manipular el rumbo de las elecciones, obligando “a la población a votar por los políticos que contaban con su bendición”. Lo que explica por qué en 2002 y 2006, Rubén Darío Quintero, y el Movimiento Renovación Acción Laboral (Moral), fundado por Mario Uribe –primo de Álvaro Uribe condenado por parapolítica–, obtuvieron altos índices de votos en Urabá, región en la que no desarrollaron trabajo político

La consecución del poder fue utilizada “no solo para favorecer a los paramilitares sino también a los empresarios durante su paso por el Senado […] Rubén Darío Quintero presentó el Proyecto de Ley 68 de 2006 que abrió una puerta para la legalización del despojo al dar origen a la Ley 1183 del 14 de octubre de 2008, aún vigente, por medio de la cual el Estado les asignó funciones de titulación de tierras a los notarios y estableció tres requisitos para legalizar la posesión regular de predios: la identificación del solicitante, la identificación del inmueble y la declaración jurada del solicitante, diciendo que no hay procesos pendientes sobre la propiedad. Bajo esta legislatura, varios empresarios legalizaron predios despojados haciéndolos pasar como tierras baldías a través de resoluciones del Incoder […] Pero no sólo las instituciones y cargos de elección popular fueron infiltrados por los intereses del paramilitarismo. Las notarías y oficinas de registro, así como las oficinas locales del Incoder”, fueron utilizadas para la titulación fraudulenta de tierras.

¿Quién?
La desmovilización paramilitar iniciada en el 2003 no significó la desaparición de este actor armado. Grupos residuales como las Autodefensas Gaitanistas (AGC) controlan actualmente las rutas del narcotráfico, cuidan propiedades de algunos empresarios, e impide los procesos de restitución de tierras en Urabá.

Los acontecimientos y las cifras indican que la nueva oleada de violencia paramilitar que vive la región tiene su razón de ser en los procesos de reparación que allí se adelantan desde que se decretó la Ley 975 en el 2005. Entre el 2018 y el año en que se expidió la ley, fueron asesinados 25 líderes reclamantes de tierras. 4.159 víctimas del despojo y del abandono forzado de Urabá han presentado 6.880 solicitudes en las que piden que se les reparen un total de 6.371 predios. Hasta el 15 de noviembre del 2018, solo se habían emitido 146 sentencias que daban respuesta a esas solicitudes. Solo en 195 casos se ha dado la restitución. En zonas rurales como La Balsita, Macondo, Blanquicet, Guacamayas, Nuevo Oriente, California, San José de Apartadó, entre otras, la presencia de las AGC ha impedido el retorno o la restitución de las tierras.

No es conspirativa, ni fundada en argumentos ideológicos, la tesis de las organizaciones que elaboraron el informe Conflicto armado y violencia sociopolítica en la implementación y desarrollo de un modelo de acumulación por desposesión en la región Urabá. Hay casos de sobra que demuestran la estrategia empresarial, armada, e institucional que se llevó a cabo en Urabá para implementar megaproyectos y un modelo económico que privilegia la concentración de la riqueza. El caso de Puerto Antioquia, les da la razón. No es una simple coincidencia que el megaproyecto, calculado en 700 millones de dólares, se vaya construir “en una zona sobre la que existe una solicitud de restitución colectiva de tierras presentada el 3 de octubre de 2017 por el Consejo Comunitario Puerto Girón”, comunidad afrodescendiente que reclama 11.269 hectáreas. Tampoco es casualidad que entre los promotores de Puerto Antioquia estén empresas como la Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A., Unión de Bananeros de Urabá S.A. (Uniban), y Agrícola Santamaría S.A.S., empresa de la que es propietaria la familia de Guillermo Henríquez Gallo, quien fue señalado por el exparamilitar Raúl Hasbún como financiador de paramilitares en esa zona de Antioquia.

Lo de Urabá fue algo planificado. Urabá es la muestra de que en Colombia hay muchas personas millonarias, y no precisamente por sus buenas conductas, por el sudor de sus frentes, o por estar apegados a la ley.

Son embajadores. Apóstoles de un proceso que en su momento emocionó e inspiró al mundo y a toda América Latina. Son el presente y el futuro del único faro socialista que alumbra en el mundo. Yara Valera, representante del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), institución creada por Fidel Castro que el próximo año cumplirá 60 años; y Yusuam Palacios Ortega, Presidente nacional del Movimiento Juvenil Martiano, miembro del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Sagua de Tánamo, municipio de la provincia de Holguín. Ambos estuvieron del 7 al 9 de noviembre en el encuentro nacional del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba.

Conversamos con ellos para conocer de primera mano el devenir y la realidad de la revolución cubana, así como las conclusiones del encuentro que estuvo ambientado por la liberación de Lula, la votación sobre el bloqueo económico estadounidense en Naciones Unidas, y el golpe de Estado consumado contra Evo Morales en Bolivia.

Periferia: ¿Qué sensaciones les deja el encuentro de solidaridad con Cuba?
Yusuam Palacios: El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba ha celebrado su encuentro número 28, muestra de un gran esfuerzo durante todos estos años para apoyar a nuestro país, para hacer viable la solidaridad. Viéndolo en el momento histórico que vivimos, fue un encuentro totalmente definitorio y muy enriquecedor por las motivaciones que tenía, y tuvo, al calor de su realización.

En el encuentro conocimos de la liberación de Lula, algo que resultó ser una alegría para todos, y al mismo tiempo nos impulsó a seguir adelante. También fue tremendo el hecho de haber obtenido la victoria nuevamente en Naciones Unidas: 187 votos en contra del bloqueo; con esa particularidad de la abstención de Colombia, expresión de una postura al servicio del imperio norteamericano, pero el pueblo colombiano nos demostró con su solidaridad el repudio a esa postura. Ahí está el enemigo común de este momento y de todos los momentos. El 'Che' lo decía: “al imperialismo ni tantito así, nada”.

En el marco de toda esta convulsión mundial, en la que también nuestros pueblos están alzando su voz desde la periferia, pueblos relegados, pueblos masacrados que están despertando, las grandes alamedas también se están abriendo, y en este contexto se desarrolló el encuentro. Fue un encuentro con expresiones muy bien plantadas desde el punto de vista del criterio, de la postura, y de las acciones a realizar con posterioridad para seguir consolidando el Movimiento de solidaridad con Cuba. Algo que se expresó es la incorporación de jóvenes que puedan darle continuidad a todo este trabajo de 28 años de solidaridad.

P: El año pasado hubo una reforma constitucional en Cuba, ¿en líneas generales, cuáles fueron las principales modificaciones?
Yara Valera: Algo atípico, pero como todo en Cuba, profundamente revolucionario, es que todo el pueblo se constituyó en constituyente, porque todos de alguna manera contribuimos y construimos esa carta magna que después la Asamblea volvió a debatir, aprobó, ratificó, y que ya está implementándose poco a poco. Fue muy enriquecedor ese proceso en las calles, en los barrios, en los centros de trabajo donde todos, desde niños, jóvenes, adultos, dábamos nuestras opiniones del proyecto que se nos ponía a consideración. Se dieron debates tan fuertes que hubo modificaciones. Además, todo esto se hizo en un tiempo récord. Nosotros discutíamos, hacíamos propuestas de cambios, y enseguida todo eso era procesado. Cuando ya el proyecto quedó finalmente concluido, lo revisamos, y muchos de los conceptos que defendíamos, que queríamos que quedaran plasmados, estaban ahí en el espíritu de lo que finalmente se aprobó. Yo me siento muy contenta e identificada con la Constitución y su avance en materia de derechos.

Nosotros hicimos parte de los debates que se dieron en el Parlamento porque todo fue televisado, todo fue muy transparente. Al momento de aprobar, no fue a puertas cerradas, no fue algo oculto, fue algo totalmente transparente, con toda la información a nuestra disposición. Pudimos seguir el curso de lo que estaba sucediendo en la Asamblea.

Yusuam Palacios: Cuba necesitaba una nueva Constitución, cambios, transformaciones en nuestro modelo económico, social; y era preciso adecuar la normativa jurídica y comenzar por la ley más importante que es la Constitución. El pueblo participó, fue una participación profunda, responsable.

Una Constitución que teníamos desde 1976 ya necesitaba cambios. No fueron cambios parciales. Fue una reforma total. Hoy rige en Cuba una nueva Constitución, es una Constitución superior. Creo que lo más importante es que el rumbo de los cubanos, de su construcción socialista, se mantiene, se ratificó. El socialismo cubano es irrevocable. Cuba no volverá jamás al sistema capitalista. El horizonte de la construcción social en nuestro país sigue siendo también la mirada hacia el comunismo. Es algo que se mantiene en la Constitución de la República, también se mantuvo el anhelo martiano: el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.

Es una Constitución que en lo económico también acogió numerosas transformaciones desde la norma jurídica. Se regulan los derechos con mayor precisión y la forma de gestión de la economía en Cuba. Regula las formas de propiedad. Cuba sigue manteniendo la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción. Pero hay una apertura a la propiedad privada, a la propiedad cooperativa que se ha fortalecido en el país. Todo esto hace parte de los cambios económicos que Cuba está desarrollando para lograr un socialismo cada vez más próspero, más sostenible, sin renunciar a los principios y a la esencia que nos ha mantenido vivos en 60 años de la revolución cubana.

Yara Valera: Algo muy importante que apuntaba Yusuam es el tema de la propiedad, porque sigue siendo mayoritariamente la propiedad de todo el pueblo la que rige en nuestro país. Y eso es lo que le da un basamento objetivo a nuestro sistema socialista. Tú no puedes estar hablando de que es mayoritaria la propiedad privada y estar hablando de socialismo. Pero había que regular estas pequeñas empresas, negocios particulares que están fundamentalmente en el sector de los servicios. Es un tema que parece menor, pero que se sataniza cuando se dice que el socialismo te quita las cosas. No, lo que con trabajo el hombre logró tener, se le respeta.

Yusuam Palacios: Se ha manipulado el tema del socialismo diciendo que es un sistema para pobres, un sistema en el que la miseria prima. En realidad es un sistema en el que se distribuye de manera equitativa la riqueza para que a todos les toque, para que todos tengan acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, a la seguridad social. En lo económico es clave que no solamente las necesidades de los individuos se puedan satisfacer, sino que también haya un crecimiento y un desarrollo económico. Por eso se están haciendo cambios desde el punto de vista económico. Hay un obstáculo principal para el desarrollo económico de Cuba: el bloqueo económico, comercial y financiero declarado como genocida por Naciones Unidas. Son millonarias las pérdidas que anualmente tenemos por culpa del bloqueo norteamericano y esa es una de las cosas que han impedido que el socialismo cubano alcance más prosperidad en su base económica, de ella depende la súper estructura social, jurídica, y cultural de una sociedad.

Yara Valera: Tú tienes que tener riqueza creada para poderla repartir. El bloqueo intenta ahogar todos los medios por los cuales nosotros podemos desarrollarnos. Ahora con esta administración hay medidas que son inéditas. Es terrible esta persecución al combustible que llega a la isla, no hay un país que pueda funcionar sin energía. Están persiguiendo cualquier banco que tengan vínculo con nosotros, les ponen unas multas millonarias. Eso por supuesto tiene un costo alto que como cubanos tenemos que pagar. Eso se traduce a veces en que momentáneamente pueda haber escasez de productos porque no llegó la materia prima, porque fue incautado el barco, porque no se pudo comprar y no se pudo hacer la operación como estaba prevista.

P: Con Obama hubo una relación menos hostil. ¿Con cuáles medidas se ha materializado la hostilidad diplomática de Trump? ¿Les resulta esperanzadora la votación en Naciones Unidas, y las elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo año?
Yusuam Palacios: Con la administración Obama hubo un restablecimiento de relaciones diplomáticas. Nosotros nunca manifestamos ni fuimos partidarios de la idea de que se habían normalizado las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Mientras sea un imperio, mientras exista la hostilidad, nunca habrá una normalización de las relaciones. Se avanzó en el punto de vista migratorio, en el tema ambiental, en temas alimenticios, en el aspecto inversionista se firmaron varios acuerdos. Pero los objetivos de Obama para con Cuba fueron los mismos de cualquiera de las administraciones: destruir la revolución cubana, restaurar en Cuba el capitalismo.

Obama en su momento invitó al pueblo cubano a que olvidara el pasado, a que comenzáramos de cero. Obama utilizo una táctica más inteligente que la que está utilizando Donald Trump, que ha vuelto al gran garrote, al odio visceral. El de Obama, sin dejar de ser nocivo, era un discurso más inteligente y por tanto más peligroso. Sutilmente Obama iba penetrando la consciencia de la gente en Cuba haciendo ver que Estados Unidos se estaba convirtiendo en amigo. Ahora recuerdo una de las reflexiones más importantes de Fidel: él le llamó así irónicamente, el amigo Obama, y dejó claro que él no confiaba en Estados Unidos.

Si bien hubo un avance diplomático, eso no significa que haya habido una normalización. Las intenciones no cambiaron, Obama lo dijo con total claridad: si no hemos podido materializar nuestros propósitos a partir del bloqueo, tenemos que hacerlo de otra manera. Con el bloqueo no han podido rendirnos. Obama sabía eso. Por eso, en Naciones Unidas, Estados Unidos se abstiene de votar. Una cosa inédita, que quien está bloqueando no vota ni a favor ni en contra del bloqueo.

Al llegar Donald Trump, todo lo que se había avanzado, retrocedió. Ahora las relaciones son prácticamente nulas por ese odio visceral que sigue enfermando una relación entre dos pueblos; porque se dañan los pueblos, se dañan las personas, se dañan las familias. Lo humano es la mayor afectación de estas políticas agresoras, retrógradas.

Yara Valera: Quien inició con las multas multimillonarias a los bancos y a todas las empresas financieras que cooperaban con Cuba fue Obama. Con Trump toda esa cortina de humo que Obama logró levantar se derrumbó y quedó al desnudo cuáles son las verdaderas intenciones. Trump está llevando el discurso y la hostilidad a un punto tal, que le va resultar difícil al que venga detrás buscar una relación un poco más llevadera. Siempre y cuando haya respeto a nuestra soberanía, a nuestra autodeterminación, a nuestros principios, estamos dispuestos a dialogar. Muchas de estas provocaciones que ellos hacen es para que sea Cuba quien rompa; porque quien rompe está obligado a tratar de reestablecer las relaciones.

P: Nosotros vivimos en un país extremadamente mercantil, con todo el sistema de producción puesto al servicio de la derecha y del capital. ¿Qué mensaje le envían al movimiento social en términos tácticos e ideológicos para que pueda resistir y algún día lograr ser poder?
Yusuam Palacios: Los movimientos sociales populares deben primero estar bien enfocados ideológicamente, políticamente; tener un horizonte y darle coherencia a lo que decimos y a lo que hacemos. Es tener sentido del momento histórico, como nos enseñó Fidel, para poder cambiar aquello que tiene que ser cambiado. Hay que unirse. Tiene que haber un método, una guía política, una plataforma ideológica en la que los movimientos puedan fortalecerse desde el punto de vista teórico para una praxis revolucionaria. Hace falta una teoría revolucionaria, esto no puede ser parte de una improvisación, de una acción aislada; tiene que haber una organicidad, una objetividad en las cosas que se hacen para no gastar balas en vano.

Yara Valera: Unidad muchachos, unidad. Busquen aquello que les es común, en eso radica la fortaleza de la revolución cubana durante la lucha, luego de la lucha y hoy en resistencia a todos los ataques. Lo que nos mantiene aquí es la unidad con el partido, con los movimientos, con las organizaciones. No es porque seamos un pueblo monolítico donde todos pensemos igual, no, es una unidad que nace de una construcción donde todos los criterios son válidos y por consenso se llega realmente a lo que es mejor. No hay una fórmula, ustedes tienen que encontrar sus propias fórmulas a partir de su historia, de su cultura, de sus códigos, de lo que realmente quieren construir, que no necesariamente tiene que ser lo que está construyendo Cuba, puede ser una cosa que tal vez no se ha inventado. Independientemente de lo que cada uno defienda, hay puntos que son comunes, y esos puntos que son comunes tienen que saber identificarlos y tienen que ser los que los guíen en una dirección, ya después veremos cómo continúa esa construcción.

Wednesday, 13 November 2019 00:00

Las venas siguen abiertas, América Latina

“Es como una invasión extranjera, alienígena […] vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”, sentenció en la conversación que se filtró el 22 de octubre Cecilia Morel, primera dama de Chile, quien en 2017, según la declaración patrimonial del presidente Sebastián Piñera, contaba con un patrimonio de 160 millones de dólares, cifra que sumada al patrimonio de su esposo superaba los 800 millones.

El testimonio es una manifestación verbal del subconsciente clasista que habita en quienes están en lo más alto de un sistema que, en palabras del periodista Joaquín Estefanía, presenta evidentes síntomas de fatiga. La democracia en Latinoamérica cada vez es más vieja y menos democrática en sus decisiones y en sus beneficios. Y al mercado, ese santo que sería capaz de regularlo todo, cada vez le cuesta más regular al millonario que se enriquece gracias a la pobreza de cientos de millones. El matrimonio entre la democracia y el mercado es una bomba de tiempo. La pregunta es si existe una solución práctica e ideológica a esa mezcla radioactiva.
Basta con mirar a Chile. El más neoliberal de los sures neoliberales que incendió la furia contenida de los jóvenes aumentándole 30 pesos al boleto del metro. El oasis neoliberal latinoamericano que el viernes 8 de octubre, dos días después de la medida, ya ardía y era incapaz de contener la cólera que inundaba las calles de su capital. “El metro [chileno] es la empresa pública más eficiente y democrática, transversal, modelo de servicio público. El usuario vive en toda una “cultura metro”. El metro es limpio. Es bello. Es ejemplo. Es lo que está bien. Hasta este viernes lo era”, escribió el periodista Cristian Alarcón después de viajar a Santiago de Chile y ver la erupción ciudadana.

30 pesos colmaron el civismo y la paciencia de un país en donde el salario mínimo equivale a 301.000 pesos chilenos –es decir 1.348.775 pesos colombianos–, y en el que las familias de menores ingresos gastan aproximadamente 30% de sus sueldos en transporte. El salario mínimo en Chile es uno de los más altos de América Latina, pero no lo suficiente en un país que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), concentra el 26,5% de la riqueza en el 1% de sus ciudadanos; la población más rica de Chile percibe ingresos 11 veces más altos que la población más pobre.

Resulta fácil justificar la legitimidad de las protestas encabezadas por los jóvenes que tienen que recurrir a préstamos bancarios, quedando muchas veces con una deuda vitalicia, para pagar una carrera universitaria que cuesta entre 25.000 y 50.000 dólares. Ningún otro país de Sudamérica tiene un ingreso per cápita como el de Chile. Pocos tienen un crecimiento económico como el suyo, y una taza de pobreza que no supere el 8%. Pero la chilena es una clase media precarizada, con altos gastos de vida, y que no puede vivir sin hipotecarle su futuro a los bancos.

Por eso, a pesar del toque de queda, la militarización, la represión, las torturas, y los asesinatos que evocaron las épocas de la sangrienta dictadura de Pinochet, los chilenos, especialmente los jóvenes, salieron a las calles a quemar ese espejismo capitalista. Cuando Cristian Alarcón le preguntó cuáles son las similitudes entre estos furiosos jóvenes veinteañeros y ellos, su amigo chileno, que ya supera los 40, le respondió que “la pasión por la ideología, la política y tratar de salvar el mundo”, pero que a diferencia de ellos, los de ahora “se radicalizaron, una suerte de fatalismo, que ya nada es tan importante, y por eso les da lo mismo ponerse en riesgo ellos mismos. No tienen miedo”.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, reza el refrán. Los jóvenes a quienes la democracia mercantil solo les ofrece la catástrofe, la frustración, y la deuda como único futuro posible, hoy tienen en jaque el proyecto neoliberal que representa Piñera. De los 36 países que integran la OCDE, Chile es el segundo con la mayor tasa de suicidio adolescente. El suicidio es la segunda causa de muerte en Chile; un niño, niña o adolescente se suicida cada dos días. Uno de esos suicidas en potencia podría ser ese joven que Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, vio marchar el 28 de octubre mientras sostenía “un pedazo de cartón en que había escrito: “El crédito de estudio me tiene tan endeudado que no les conviene dispararme”. Ese joven, ese cartón, ese rector viendo al que podría ser su alumno, son la síntesis más cruda de la generación tragada por ese agujero negro llamado democracia capitalista.

Vivimos tiempos de vacas flacas para la iglesia católica y para la democracia. Ambos credos pierden fieles a granel. El año pasado, Marta Lagos, directora del Latinobarómetro, dijo que fue un annus horribilis –un año terrible– para la democracia en la región. Cifras de la organización indicaban que en 2010 el 61% de los latinoamericanos confiaban en la democracia. Cifra que en 2018 se redujo al 48%. Además, el 28% de los ciudadanos de los 18 países encuestados por el Latinobarómetro se declararon indiferentes ante la forma de gobierno.

El problema es de forma, también de fondo. La democracia ya no inspira la esperanza que despertaba a finales del siglo XX cuando Suramérica pasaba la página de las dictaduras militares. Tampoco parece ser el medio para satisfacer las demandas de la clase pobre y la clase media que quiere seguir escalando. Las ciudadanías parecen haber encontrado en las calles el escenario político más efectivo y democrático de todo el andamiaje estatal. “Eso demuestra que los espacios tradicionales, el parlamento, las mesas de concertación social, están desgastadas. Hay un problema grave de comunicación entre la ciudadanía y los Estados de cualquier tipo de filiación política”, aseguró el analista político Víctor de Currea Lugo en entrevista con Cablenoticias.

En octubre las protestas masivas paralizaron Ecuador debido al alza del precio del combustible y las medidas económicas incluidas en el programa financiero firmado con el Fondo Monetario Internacional. El 24 de octubre los uruguayos marcharon en contra del plebiscito que pretende reformar la Constitución e implantar reformas en materia de seguridad. Desde febrero una insurrección ciudadana en Haití exige la renuncia del presidente Jovenel Moise. En enero de este año se registraron multitudinarias marchas en Perú en contra de la corrupción y en apoyo a los fiscales que investigaban a los involucrados en el caso Odebrecht. El año pasado los estudiantes colombianos marcharon y clamaron por una reforma educativa. En julio los puertorriqueños colmaron las calles de San Juan después de que se filtraran las conversaciones en las que Ricardo Rosselló y sus colaboradores hacían comentarios homofóbicos, discriminatorios y se burlaban de las víctimas del huracán María. En octubre del año pasado, los chalecos amarillos paralizaron la capital francesa por el alza del precio de los combustibles y la injusticia fiscal. 22 semanas completan las marchas en Hong Kong contra la ley de extradición a China. El 14 de octubre, horas después de conocerse la sentencia contra los líderes del proyecto independentista, los catalanes salieron en masa a las calles de Barcelona. Y la última semana de octubre, las calles del Líbano y de Irak estuvieron llenas de personas que protestaban por la corrupción y la crisis económica.

En Latinoamérica y en el mundo las calles se han convertido en la forma de comunicar y canalizar el desencanto y la frustración de los hijos de la democracia, la inflación, y la desigualdad. Son cándidas las lecturas de aquellos que piensan que este es el inicio de una primavera latinoamericana. Hay que darle las justas proporciones a lo que pasó en Ecuador y a lo que está pasando en Chile. Aunque se lograron revertir las medidas, las movilizaciones no logran generar cambios estructurales en el contrato social que rige la región. Lenín Moreno sigue al frente de la presidencia y con las intenciones intactas de dejar la economía ecuatoriana en manos del FMI. En Chile cambiaron ocho ministros, pero Piñera no parece estar dispuesto a dejar su cargo ni apoyar la asamblea constituyente propuesta por algunos sectores. Sí deberíamos agradecerles a los ecuatorianos y a los chilenos por recordarle a la clase política las palabras que pronunció Salvador Allende en su último discurso: “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”.

En el corto y mediano plazo, al menos en América Latina, es muy probable que la efervescencia social continúe. En el carácter reivindicativo de las movilizaciones radica su capacidad –y necesidad– de propagación. Más aún si la gestión económica así lo exige. Latinoamérica es una torre de babel cuyo único dialecto común es la desigualdad. El último informe de la Cepal indica que el 30,2% de la región vive en la pobreza, y 62 millones, es decir uno de cada diez latinoamericanos, viven en la extrema pobreza. El informe también expresa que el 40% de la población empleada recibe ingresos inferiores al salario mínimo establecido por su país, y que el 48,7% de las mujeres reciben pagos laborales inferiores al salario mínimo establecido.

El panorama es preocupante, pero cada cifra lo hace más desalentador. Latinoamérica completa seis años de estancamiento económico. Anualmente la región ha crecido menos de 1%. La economía y el comercio interno no crecen al mismo ritmo que crece la población. La región invierte el 1,8% de su Producto Interno Bruto en infraestructura y servicios, mientras que la Cepal asegura que es necesario destinar el 6% a estos rubros. El organismo también proyecta que en 2019 el valor de las exportaciones disminuirá 2% y el de las importaciones 3%. El precio de 26 de las 30 principales exportaciones de la región ha bajado: el azúcar de palma 33%, el carbón 22%, y el petróleo 10%.

Hoy Latinoamérica paga las consecuencias de no aprovechar la bonanza económica que dejaron las materias primas entre 2003 y 2011, época en la que la región creció un 5,4% anual. En 2008 América Latina aportaba el 8,8% de la producción mundial y el 12,3% del crecimiento económico global. Esa bonanza económica no se tradujo en una industria local fortalecida, ni en creación de capacidades. Los millones de personas que salieron de la pobreza gracias a los programas sociales no fueron insertadas a la macroeconomía. Nuestra lógica no evolucionó, nuestra vocación económica siguió –y sigue– siendo subsidiaria y extractiva. El año pasado un artículo de la revista Opera publicado en estas páginas ilustraba el mal proceder brasileño, antecedente de la bancarrota actual de la primera economía sudamericana: “Los bienes más relevantes para el desarrollo del país eran aquellos que Brasil más importaba. Para pagar la cuenta, producía y exportaba productos básicos que, para un proyecto de desarrollo nacional, no tienen gran relevancia. Tal vez el esfuerzo pudiera dar resultados en 30 o 40 años, pero en este continente el mundo político parece siempre girar más rápido que el económico”. El caso brasileño es aplicable a cualquier país de la región.

La economía es un factor determinante en la salud de una democracia. Y pocas cosas determinan tanto la gestión económica como la ideología política. El año cerrará con un nuevo mapa político. La llegada de Alberto Fernández a la presidencia de Argentina equilibrará un poco el discurso, y menguará al raquítico Grupo de Lima creado para “liberar” a Venezuela de Nicolás Maduro. Se esperaba que México abanderara la voz del progresismo, rol que no está en los planes de López Obrador. La izquierda seguirá siendo minoría. Después de 15 años de ser gobernado por la izquierda, todo indica que Uruguay se alineará a la derecha junto a Bolsonaro en Brasil, Lenín Moreno en Ecuador, Piñera en Chile, y Duque en Colombia. Sin embargo, a la derecha dura le costará recuperar la legitimidad lastrada por sus malas gestiones, deberá preocuparse por ordenar la casa antes de querer solucionar los problemas de Venezuela, y le será difícil mantener el poder conforme sucedan las elecciones.

Latinoamérica necesita una izquierda –de momento dividida y algo desorientada– capaz de capitalizar la crisis de la derecha y de la democracia. Una izquierda y un movimiento social que sigan apostándole a lo que saben hacer: oposición; y que refine su discurso, su propuesta de futuro y su manera de llevarlo a la práctica. Una izquierda que una vez vuelva a ser poder acate el llamado del expresidente chileno Ricardo Lagos, quien en una entrevista con El País de España aseguró que quienes salen hoy a las calles de su país demandan que “el Estado provea más bienes gratuitos que permitan tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vejez. En otras palabras, que la sociedad empiece a avanzar para que todos seamos iguales en dignidad. Es lo que el filósofo Norberto Bobbio llamaba un mínimo civilizatorio. Toda sociedad, dice él, tiene que tener algo en que todos los ciudadanos seamos iguales”.

Dicen que el filósofo e historiador mexicano Miguel León Portilla decía que “aunque el espejo negro esté empañado, el reflejo que está ahí somos nosotros”. Eso somos, una región que ha parido buenísimos candidatos, pero muy malos gobernantes; una región que poco aprovecha sus atributos. No es necesario sobre diagnosticarnos. El escritor mexicano Emiliano Monge, cual taita mesoamericano, explicó en una columna cuál es nuestro sino: “Los zapatistas lo dejaron claro hace ya casi veinticinco años: este sistema está en contra de la vida y de la comunidad. Y estos dos aspectos –la vida y la comunidad, en sus más amplias acepciones– han sido, son y seguirán siendo el centro de todo aquello que en América Latina, durante muchos, demasiados siglos, hemos sido”.

De “la paz” quedan papeles, amargas expectativas, insinuaciones del pasado pasado, y nuevas violencias en este grueso pedazo del Nororiente colombiano. El violento corredor –por donde se trafican drogas, armas, minerales, vidas, y despotismos diversos– comienza en el Bajo Cauca antioqueño y termina en la frontera con Venezuela. El Magdalena Medio –subregión que agrupa 13 municipios del centro y el suroccidente de Santander, nueve del Sur de Bolívar, cinco del sur del Cesar, y tres de Antioquia– es el segundo eslabón.

El germen de la actual conflictividad social que vive esta macroregión se remonta a 1918, año en que la Tropical Oil Company inició la extracción petrolera en la soporífera y sudorosa Barrancabermeja. El descubrimiento del oro negro desató conflictos entre los colonos y la empresa estadounidense por la propiedad y el uso de las tierras destinadas a la explotación petrolera. Barrancabermeja fue epicentro de huelgas organizadas por campesinos y trabajadores de la economía petrolera, quienes reclamaban mejores condiciones salariales y laborales. El nacimiento del ELN, cuya primera acción militar fue la toma de Simacota en 1965, atizaría la efervescencia social.

Los paros y marchas continuaron. Con los años, el puerto capital de la región empezó a convertirse en un ícono de los movimientos sociales del país. Las masivas protestas cívicas se transformaron en diferentes expresiones organizativas que fueron atacadas y perseguidas por la organización Muerte a Secuestradores, los 'Grillos', los 'Tiznados', y los Justicieros del Mal, primeras manifestaciones del paramilitarismo en el Magdalena Medio, que asesinaron alrededor de 37 personas señaladas de ser guerrilleras en 1982. Entre 1985 y 1995, se registrarían más de 400 asesinatos políticos en Barrancabermeja. El 16 y 17 de mayo de 1998, los paramilitares asesinaron siete personas y desaparecieron 25 más en el nororiente de la ciudad; esa, más las masacres del 27 de febrero de 1999, y del 27 de septiembre del mismo año, anunciarían la ofensiva paramilitar que azotó la región hasta el 2005.

Por los memoriosos ríos del Magdalena Medio corre sangre y dolor, pero también navega por ellos un legado de resistencia civil en el que las mujeres fueron fundamentales. “Desde los años 70's empezamos a construir un feminismo popular que hoy es una corriente feminista a nivel latinoamericano, pero que en ese entonces no sabíamos cómo se llamaba. Un feminismo con una postura antipatriarcal, pero que iba de la mano de los compañeros cómplices que acompañaban. Yo recuerdo que en los años 80's nos decían a nosotras que no entendían lo que construíamos. Vinieron varias feministas que al poco tiempo salieron de la zona porque no lograban entender cómo construir un feminismo con el movimiento sindical, o con el movimiento campesino, y nosotras sí fuimos capaces de comprenderlo y de construirlo”, asegura Yolanda Becerra, lideresa de la Organización Femenina Popular (OFP) creada en 1972.

Ese feminismo popular también fue forjado con el apoyo de la iglesia católica. Según Yolanda, Barrancabermeja y el Magdalena Medio fueron evangelizados bajo la Teología de la Liberación, “construida casa a casa, barrio a barrio, vereda a vereda; eso nos dio unos elementos diferentes”.

El atípico feminismo popular siempre defendió la vida y el territorio. La paz no es un horizonte coyuntural, durante estos 37 años, asegura Yolanda, todo lo que han hecho, “lo hacemos apuntándole a la paz”. Poco a poco, la esperanza que generó el acuerdo firmado con las FARC se convirtió en desconfianza y pesimismo.

Que los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) no avancen, y tampoco el Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, es un golpe a la moral de las organizaciones sociales. Ubencel Duque, líder del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, manifiesta que las frustraciones y los interrogantes afloran pues en la puesta en marcha de los PDET's, “las comunidades no estarían en el primer plano para liderar la ejecución, sino que estarían a expensas de los operadores. Volvimos a una dinámica que excluye la participación […] La manera como se ha ido respondiendo a esos acuerdos ha sido muy lenta en velocidad, calidad y volumen. Eso ha generado situaciones de riesgo para las comunidades y los líderes”.

Son precisamente las mujeres una de las poblaciones más vulneradas por la nueva reconfiguración de la violencia y el narcotráfico que se aprovechan del incumplimiento de los acuerdos. En el Cesar, las mujeres de Aguachica que hacen parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, aseguran haber sido amenazadas, mientras que las integrantes de la OFP perciben una normalización institucional y social de la violencia de género, la cual viene en aumento por parte de excombatientes, guerrilleros del ELN, integrantes de la Fuerza Pública y paramilitares.

Además, afirman que es notorio el empobrecimiento de las mujeres, quienes se ven obligadas a desempeñar trabajos esporádicos, extenuantes y mal pagos. Por ejemplo el de paleteras, que consiste en hacer las veces de “pare” y “siga” en los tramos de la vía donde se desarrollan obras. “La ilegalidad se ha vuelto un elemento de sobrevivencia de las comunidades. Uno encuentra a las mujeres involucradas en esos contextos. El tema de la prostitución se ha vuelto un negocio muy lucrativo. Hay municipios donde sabemos que los fines de semana rifan las mujeres. Hay también un número grande de mujeres venezolanas disputándose el negocio de la prostitución”.


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El Sur de Bolívar podría ser la cantera de oro y plata más grande de Latinoamérica. El territorio está atravesado por la Serranía de San Lucas, un accidente geográfico de 1'800.000 hectáreas rellenas de materiales preciosos. Esta ha sido –y es– una zona disputada por la institucionalidad, el capital transnacional, los grupos al margen de la ley, y las organizaciones sociales. “Siempre hemos estado entre un rango crítico y grave”, asegura Narciso Beleño, representante legal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), organización conformada por 30 asociaciones de campesinos y mineros artesanales.

La subregión y Fedeagromisbol han logrado sobreponerse a diferentes ciclos de violencia. Aunque estiman que asesinaron muchos más, la Federación logró registrar el asesinato de 500 integrantes, víctimas de la arremetida paramilitar que inició en 1995 y terminó en los primeros años del 2000. “Fueron seis años de encierro político, económico, y social de las organizaciones que existíamos en la Serranía de San Lucas –cuenta Narciso–. En algún momento la Federación decidió no desplazarse hacia los municipios, nos desplazábamos de un sector de la Serranía a otro. Los líderes que salieron a las cabeceras municipales fueron desaparecidos o asesinados”. Después de ese primer intento de exterminio y despojo, en el 2005 hubo un copamiento militar que emprendió una campaña de desprestigio contra la Federación, señalándola de ser la enemiga del desarrollo de la Serranía de San Lucas, y así conseguir la licencia social para la explotación minera a gran escala por parte de la Anglo Gold Asanthi.

Actualmente, el Sur de Bolívar enfrenta nuevas amenazas. En la región hay presencia de los Rastrojos, los Gaitanistas y el Clan del Golfo, que según Ubencel son la estructura más fuerte y numerosa. En municipios como San Pablo, Santa Rosa, Simití, Cantagallo, y Morales, asegura Ubencel, hay pequeños grupos que portan armas cortas, pero en la zona de Río Viejo, Arenal, Norosí y Tiquisio, corredor que permite llegar a la convergencia del río Magdalena y el río Cauca, existen grupos mejor organizados, uniformados y con armas largas. Además, el ELN ha copado zonas que antes controlaban las FARC. A principios de septiembre, el ELN en alianza con supuestas disidencias, cuya presencia en el territorio no está comprobada por las autoridades, anunciaron un paro armado en San Pablo y declararon objetivo militar a todos los candidatos a la Alcaldía.

Para combatir la nueva avalancha armada el Gobierno no encuentra de momento otra alternativa que no sea llevar más armas al Sur de Bolívar. Las autoridades nacionales prometieron que la región pasaría de 5000 a 20.000 integrantes de la Fuerza Pública, aunque el Procurador delegado para el Magdalena Medio sostiene que no puede asegurar si ya llegaron todos los refuerzos. Lo que sí está confirmado es que la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, creada en febrero de este año por el presidente Iván Duque, está funcionando y cumpliendo las órdenes para las cuales fue creada: hacer labores de inteligencia, combatir al ELN, al narcotráfico, y a la minería ilegal, y aprehender a los civiles que tienen órdenes de captura en su contra.

La ley colombiana no establece una distinción clara entre la minería ilegal y la minería artesanal que desempeñan los mineros asociados a Fedeagromisbol. A las operaciones militares, el Gobierno pretende sumarle trabas jurídicas para acabar la extracción “fraudulenta”. La estrategia pone en el ojo del huracán a la Federación y a las 30 pequeñas empresas mineras que tiene conformadas. Para legalizar su operación, y acceder al Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM), solicitada en la Agencia Minera Departamental, la ley obliga a la Federación a bancarizar todas sus empresas, para ello es necesario abrir una cuenta bancaria. En reiteradas ocasiones la Federación ha intentado abrir una cuenta en el Banco Agrario, pero este a su vez les exige el RUCOM. El limbo legal en el que se encuentran los mineros, los obliga a vender semanal o quincenalmente su producido al mercado negro para poder continuar con sus labores.

“La Dian está llamando a la Federación a decirnos: “tienen 30 empresas, de las 30 empresas solamente 15 están vendiendo oro legal. El año pasado una de las empresas pagó una nómina de 150 millones de pesos, de dónde sacaron los 150 millones de pesos si no han vendido un solo gramo de oro legal”. Ante esa eventualidad, yo que soy el representante legal, puedo estar siendo acusado de testaferrato o de evasión de impuestos. Aquí en Colombia, al que se le compruebe que ha lavado más de mil millones de pesos en oro, lo pueden extraditar. Yo podría estar en esa situación, porque si son 15 empresas, y cada una pagara una nómina de 150 millones de pesos, ¿cuánto oro tenían que vender para pagar esa nómina? Es una manera muy fácil de quitarse a la Federación de encima. Si se quitan la Federación de encima, pueden quitar el proceso ciudadano de Tiquisio; va a ser más fácil quitar Asamisur [Asociación Agrominera del Sur de Bolívar] del camino, y a las demás organizaciones”, asegura Narciso.

Las artimañas jurídicas también están siendo utilizadas para mostrar resultados en la batalla que libra el Gobierno contra el ELN. La estrategia gubernamental consiste en atacar la supuesta estructura militar y financiera de la guerrilla, vinculando y judicializando a la población y a las organizaciones que según la Fiscalía apoyan a la insurgencia. Abogados que brindan acompañamiento jurídico a Fedeagromisbol, afirman que han accedido a informes de inteligencia en los que se señala a la Federación como financiadora y administradora de los bienes del ELN. En esos informes también se vincula a líderes y habitantes de Micoahumado y de otros territorios con la insurgencia. Este corregimiento, ubicado a tres horas de la cabecera municipal de Morales, es una de las zonas focalizadas por el Ejército y la Fiscalía, pues es un territorio donde ha estado asentado el ELN desde 1975. Si bien es cierto que ante la falta de oportunidades muchos jóvenes de Micoahumado deciden alistarse en la guerrillerada, la población ha exigido que no se los estigmatice y que se los deje al margen de esa guerra ajena.


En lo que va del año, se han presentado alrededor de nueve enfrentamientos en Micoahumado. El corregimiento vive días de zozobra por los civiles heridos y muertos que dejan las confrontaciones, y por la judicialización de campesinos inocentes. El 16 de julio, en horas de la madrugada, la Policía y el Ejército realizaron de nuevo un operativo en el que capturaron a nueve habitantes acusados de rebelión y concierto para delinquir agravado.

Aunque el Sur de Bolívar es una región que registra bajas cifras de líderes sociales asesinados, la judicialización es otra forma de agresión contra las organizaciones sociales. En marzo del 2017 fueron detenidas, por los mismos delitos y en diferentes municipios, 13 personas –dos de ellas en Micoahumado– vinculadas a procesos sociales, que serían dejadas en libertad meses después. Además, debido a los seguimientos y señalamientos de la Fuerza Pública y las autoridades judiciales de Cartagena, en abril del 2018, cinco líderes de diferentes organizaciones sociales y comunitarias afiliadas a Fedeagromisbol se presentaron voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación para constatar si existían procesos judiciales u órdenes de captura en su contra, lo cual fue negado por la Fiscal que atendió la diligencia.

Organizaciones defensoras de derechos humanos como Sembrar, sospechan que este tipo de acciones hacen parte de un plan que busca desarticular los procesos organizativos de la región y despojarlos de su territorio. Los abogados que hacen seguimiento a los casos de Micoahumado, también señalados de ser abogados del ELN, advierten que existen 28 órdenes de captura más contra personas indeterminadas de la región: “El Gobierno dispuso un cuerpo especializado y un helicóptero de uso exclusivo para las detenciones”.

“La población [de Micoahumado] está desgastada, está vuelta mierda”, asegura uno de los abogados. Sin embargo, líderes del corregimiento como Pablo de Jesús Santiago, quien es mencionado en los informes de inteligencia, está convencido de que “vamos a dar la pelea porque se respete la vida, y porque este territorio lo podamos ocupar nosotros y nuestras generaciones. De aquí no nos van a sacar porque es lo único que nos queda”.

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Al Magdalena Medio, al Sur de Bolívar y al Catatumbo los hermana la violencia. También el empeño de las organizaciones sociales por permanecer en los territorios y construir una paz que solo conocen en su imaginación. Existen patrones de violencia similares, pero cada región tiene sus particularidades y matices.

Después de tantos años de olvido, el Estado parece incapaz de recuperar el control del Catatumbo. Nunca la casa del trueno –significado de Catatumbo en lengua Barí– había estado tan militarizada. Se estima que son alrededor de 17.000 efectivos de la Fuerza Pública los que hacen presencia en la región fronteriza. Aquí la bota militar tampoco ha dado frutos. Aunque en octubre fue creada la Fuerza de Despliegue Rápido número 3, una brigada con innovaciones tecnológicas y logísticas, el ELN, el EPL, y las disidencias de las FARC se afincan en los municipios, y los homicidios ya alcanzan un índice de 34,7 por cada 1000 habitantes.

La situación es crítica, pero tiende a empeorar. La Defensoría ha llamado la atención por el incremento del reclutamiento de menores, la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, y las quejas por los abusos de la Fuerza Pública que estigmatiza, ocupa propiedades, restringe la movilidad y capta el agua de las bocatomas. Una fuente de la entidad admitió además que la “frontera [con Venezuela] es un hoyo negro sin control por donde pasa buena parte de lo que ocasiona el conflicto”.

Por otra parte, funcionarios de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, temen que la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito que piensa implementar el Gobierno genere un recrudecimiento del conflicto. A la MAPP-OEA también le preocupa los aproximadamente 600 excombatientes de las FARC, pues la mayoría se encuentran dispersos por la región, y han sido declarados objetivo militar por parte de las disidencias, en especial aquellos que van a participar en la contienda electoral.

La vida en el Catatumbo sigue siendo una cuestión de supervivencia. La coca es la principal empresa, policías y soldados son víctimas de emboscadas y ataques con explosivos, los militares y sus fusiles conviven entre la población, la detonación de cilindros puede confundirse con los truenos en época de lluvias, y el Frente 33 de las FARC hace retenes y entrega panfletos en los que invita a los exguerrilleros a considerar la posibilidad del rearme.

Por más común que parezca, el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) se niega a normalizar la anormalidad. Aparte de la apuesta por la organización, la movilización y la disputa institucional, el CISCA afronta una reflexión profunda sobre la construcción de alternativas para permanecer en el territorio. Cuando María Ciro intentó estimular la creatividad preguntando cuáles son las formas de construcción de paz que le permitirían al Catatumbo salir de esta condena violenta y armada, afloró un silencio espeso y azaroso entre las más de 20 personas que acudieron a un circulo de la palabra en Filo Gringo, corregimiento de El Tarra, donde son contadas las paredes que no tienen una pinta alusiva al ELN. “Cuando vamos a hablar del conflicto, el tiempo no nos alcanza. Pero cuando vamos a hablar de la paz, no encontramos qué decir. Somos una generación que no sabe qué es la paz, no tenemos ningún referente cercano”, sentenció luego la lideresa del CISCA.

Quienes están vinculados al CISCA saben que la paz es un verbo activo, no pasivo. David Pérez, por ejemplo, no duda en afirmar que “nosotros como jóvenes, que somos materia prima para la guerra, nos vemos en la obligación de llegar a los espacios vivos de construcción de paz, y esos espacios vivos se llaman Juntas de Acción Comunal. Allí hay unos mecanismos claros de participación […] Esos que tienen las armas encima son unos flojos, porque les da miedo llegar a esos espacios de diálogo. La propuesta nuestra como jóvenes es clara: fortalecer las Juntas de Acción Comunal, allí es donde nos escuchamos, debatimos, y nos ponemos de acuerdo independientemente del credo o la religión”.

La paz demanda la participación de los jóvenes, y, sobre todo, la participación femenina. Filo Gringo puede enseñarle al país una manera exitosa de replantear el rol social que desempeña la mujer. Desde hace diez años el corregimiento cuenta con un comité de mujeres. En algún momento fueron 20, pero las tareas del hogar, las prohibiciones de los esposos, y las raíces que echa el patriarcado en la sociedad, alejaron a muchas mujeres del proceso. De momento solo quedan seis, pero, más allá de la cantidad, lo realmente importante es que mujeres como Gladis, Yuliana y Mercedes sepan que pueden, que sirven –no solo para barrer o lavar trastes–, y que son “portadoras de futuro”.

Las mujeres que hacen parte del comité tienen su propia casa comunitaria; realizan talleres; hacen vaporub, crema de coca y marihuana para los dolores, jabones líquidos y en barra, y champús artesanales; marchan los 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer; han encarado a los grupos armados cuando ha sido necesario; y denuncian cada violación contra los derechos humanos que se presenta. “El CISCA nos ha enseñado el valor de nosotras como mujeres, cómo hacernos respetar, cómo querernos nosotras mismas; porque hemos estado ahí, sumisas, pero nosotras como mujeres tenemos muchas capacidades que podemos compartir con el resto de compañeros”, afirma María Mercedes, acompañada por sus dos escuderas.

Es cierto que un conflicto sin muertos –sin desesperanzados, y sin presos– no tiene sentido. Pero lo único positivo que puede dejar este conflicto son las ganas que –la OFP, Fedeagromisbol y el CISCA– tienen de seguir vivos.

Colón cruzó el Atlántico motivado por la avaricia, pero los nueve internacionalistas españoles que durante estos días navegaron por los brazuelos del río Magdalena y se internaron en las estribaciones de la Serranía de San Lucas, llegaron a Colombia para demostrar que les preocupa la reactivación del conflicto interno, denunciar ante el Estado español y la comunidad internacional la vulnerabilidad en la que se encuentran los liderazgos sociales y los procesos organizativos, y comprobar que es falso, tal como se cree en Europa, que Colombia atraviesa su época más pacífica de la historia.

Entre el 16 y el 18 de septiembre, los abogados, periodistas, y los defensores de derechos humanos españoles que integran la Caravana Internacionalista -organizada por Paz con Dignidad, Fedeagromisbol y el Cisca-, se reunieron con lideresas, campesinos, jóvenes, mineros, y autoridades del Magdalena Medio y el Sur de Bolívar, dos regiones golpeadas entre los años 80 y 90 por el paramilitarismo, y en la primera década del 2000 por la represión militar y estatal.

Aunque la nueva oleada de violencia tiene como protagonistas al ELN, grupos paramilitares y a la Fuerza Pública, las causas estructurales siguen siendo las mismas de siempre: el petróleo, los minerales, los corredores estratégicos y la cohesión social y organizativa presente en los territorios.

Pareciese que en estas regiones se apaga la luz de esperanza que trajo consigo lo firmado entre el Gobierno y las FARC. En repetidas ocasiones, diferentes voces del Sur de Bolívar y el Magdalena Medio manifestaron desesperanza y preocupación por el incumplimiento en los programas contenidos en el Acuerdo de Paz, el incremento del microtráfico y la prostitución, las amenazas a mujeres víctimas de falsos positivos y a candidatos a alcaldías y concejos, los abusos de las autoridades, y la persecución judicial.

Después de escuchar a funcionarios delegados por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para estas regiones, queda entre los caravanistas la sensación de que estos no hacen lo suficiente para salvaguardar los derechos humanos, tomar medidas eficientes que mitiguen las consecuencias de tal conflicto social, y se escudan en una exagerada imparcialidad cuando de repudiar el paramilitarismo se trata. Los funcionarios alegan que hacen todo aquello que la ley les exige. Además, admiten que el capital humano y su capacidad de decisión no basta para recuperar el control administrativo de la zona.

Justamente -a diferencia del terror que traía en los bolsillos Colón- los Internacionalistas esperan que su visita sirva para que se fortifiquen y se reinventen todas esas expresiones organizativas golpeadas y amenazadas por el conflicto. Entre el 20 y el 22 de septiembre, ese mismo propósito esperan esparcirlo por el Catatumbo.

 

Saturday, 07 September 2019 00:00

El Bajo Cauca se desangra

“Hay que ser muy meticuloso, muy juicioso, muy malicioso para sobrevivir en este mar de confusiones. Yo hasta el momento nunca he fallado, y si un día fallo, yo creo que es el último día mío. Hay que leer el territorio todos los días, cuando amanece y cuando va anochecer. Antes de salir del territorio me doy cuenta cómo lo dejo, qué hay en el camino. Cuando voy a entrar lo mismo: cómo están las cosas, quién me puede orientar, qué está sucediendo o qué va a suceder, y por qué están sucediendo las cosas. En su mente uno hace unas alertas tempranas. Líder que no aprenda a leer el territorio es víctima de su territorio”.

El testimonio de Francisco Morales* no alcanza a ilustrar lo letal que puede ser esta región. Las organizaciones defensoras de derechos humanos previeron la crisis humanitaria, pero la Fuerza Pública las llamó mentirosas y alarmistas. La Defensoría del Pueblo les dio la razón al emitir dos alertas tempranas el año pasado. La respuesta estatal fueron 1000 soldados de refuerzo. El Ejército asegura que las 78 operaciones militares ejecutadas en el Bajo Cauca han dejado excelentes resultados, pero los asesinatos no merman, el miedo y los desplazamientos tampoco.

Segunda estación: Puerto Valdivia
Lo que queda de Puerto Valdivia es el primer golpe. Este corregimiento que aprendió a interpretar los estados de ánimo del río Cauca es la puerta de entrada a la subregión, y también una advertencia de lo que uno puede encontrarse conforme se adentra en el territorio.


Hidroituango, el proyecto hidroenergético más ambicioso del país, el símbolo de la pujanza paisa, dejó en Puerto Valdivia las mismas cicatrices que deja la guerra: los barrios a cada orilla del río abandonados, el puesto de salud arruinado, la escuela cerrada, casas destruidas, silencios y ausencias, gente de río sin poder usar las bateas ni las atarrayas, y un río –antes brioso y de color amarillo marrón– convertido en un estanque manso y verdoso.

Los pobladores que quedan estiman que Hidroituango desplazó el 80% de la población. La última emergencia ocurrió el 12 de mayo del 2018. Ese día el Cauca subió proporciones nunca antes vistas en Puerto Valdivia. Inundó algunas casas, mutiló otras y tumbó el primer puente ancestral que conectó a Antioquia con la Costa Atlántica. Liliana Aristizábal*, una de las afectadas que se vio obligada a vender su casa y desplazarse, recuerda que “la comunidad de [el barrio] Remolinos salía corriendo, salía llorando, salían desesperados. Hubo personas que tuvieron que sacar en canoa porque el paso estaba tapado por el río”.

Liliana asegura que quienes se quedaron o retornaron al puerto, lo hicieron porque no les quedó otra opción. Y que a quienes el miedo les impide volver, EPM y la Unidad de Gestión del Riesgo los intenta presionar con circulares para que retornen, aunque no existan las condiciones de seguridad necesarias. “Hace unos días expresaron que había unos microsismos en una margen del proyecto. ¿Entonces cómo vamos a estar tranquilos? La comunidad le dice a uno, a nosotros nos tocó regresar porque ya firmamos un documento, pero nosotros no estamos tranquilos, sabemos que tenemos que tener un bolsito listo, los documentos, y de pronto una linterna por si es de noche”.

A finales de julio, Gestión del Riesgo levantó la alerta roja para las poblaciones ubicadas aguas abajo de la represa. El movimiento Ríos Vivos, encabezado por la lideresa Isabel Cristina Zuleta, alega que la unidad no ha entregado la resolución, y exige un informe en el que se expresen las razones técnicas que motivaron el levantamiento de la alerta. “Lo único que han hecho es presionar a la gente para que firme documentos y retornen al territorio sin ninguna garantía. El desastre antrópico podía ser atendido por la Unidad de Gestión de Riesgo, solo si ellos comprueban que se hizo sin intencionalidad. ¿Cómo puede probarnos hoy la Unidad de Gestión del Riesgo que EPM tapó unos túneles sin intención? Porque ese es el origen del desastre. Pero lo más grave es que EPM determina los riesgos y la manera de atenderlos. La ley lo que hace es dejarnos solos. Estamos sometidos a lo que quiera la empresa”, aseguró la lideresa.

En el peor de los casos, si llega a romperse el muro de contención de la presa, Puerto Valdivia desaparecería, quedaría un 50% del casco urbano de Tarazá, un 5% de Cáceres, el 30% de Caucasia, y de Nechí no quedaría nada. De colapsar Hidroituango los perjuicios patrimoniales serían incalculables, pero lo más difícil de resarcir son las afectaciones psicológicas y sociales. El hijo de una prima de Liliana que ahora vive en Yarumal, llora cada vez que su mamá considera la opción de retornar, “tiene pesadillas, tuvo bajón en el estudio, cuando le dicen que hay que retornar a la vivienda coge una aguja y empieza a coserse las manitos del estrés que le da. Las personas llevan derechos de petición a la oficina de EPM –asegura Liliana–, y en algunos casos la respuesta es que tienen que habitar el territorio para que el niño se adapte a ese peligro”.

Cualquier escenario es catastrófico para Puerto Valdivia. Aunque Hidroituango logre generar energía, del corregimiento solo quedaría el recuerdo de lo que fue alguna vez.

Tercera estación: Tarazá-Caucasia
Por épocas, los aproximadamente 40 kilómetros de carretera que separan Puerto Valdivia de Tarazá se convierten en uno de los tramos más peligrosos del Bajo Cauca. Son 15 veredas construidas a la vera de la vía, nombradas con números del 1 al 15; del 1 al 12 pertenecen a Tarazá, del 13 al 15 a Valdivia. En lo que va del año, una fuente consultada por Periferia contabilizó seis camiones incinerados en este tramo. Y cuenta que el año pasado, durante tres meses, desaparecieron a toda persona que transitara en moto por la vereda conocida como El 12.
Quien controle este pedazo de la Troncal del Caribe, puede controlar qué entra y qué sale del Valle de Aburrá. El Bajo Cauca es una zona geoestratégica porque también limita con Córdoba, departamento con altos índices de cultivos de uso ilícito. Colinda con el Nudo de Paramillo y por ende con Urabá. Limita también con el Nordeste antioqueño, subregión que la conecta con el Magdalena Medio. Esa localización hace del Bajo Cauca una región apetecida para movilizar armas, droga, contrabandado, y demás cosas ilegales. “Si hay un solo grupo que ejerza el dominio territorial es muy probable que todas las dinámicas de violencia como tal se reduzcan. El problema es cuando varios grupos entran en disputa por todos esos intereses. No es exclusivamente el tema del narcotráfico como dice el Gobierno nacional. Aquí realmente un grupo lo que quiere hacer es un control económico, político y territorial que sea funcional a él, para consolidar una ideología muy similar a estas políticas neofascistas donde solamente se puede ejercer lo que ellos digan”, sostiene Oscar Yesid Zapata, integrante de la Fundación Sumapaz y del Proceso Social de Garantías.

Ese lugar en el mapa puede significar un sinfín de oportunidades, pero cuando los vacíos estatales son llenados por grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC, los Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y bandas transnacionales como el Cartel de Sinaloa que apoya con armas y dinero a las AGC, el resultado es una crisis humanitaria sobre diagnosticada por instituciones y organizaciones sociales. Según Oscar Yesid, en la región –conformada por Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, y Zaragoza– la tasa de homicidios supera los 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El Bajo Cauca es la subregión de Antioquia donde ocurren más homicidios y agresiones contra líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. Entre 2016 y 2019 registraron 26 homicidios y aproximadamente 200 amenazas contra estas personas. Desde el Proceso Social de Garantías calculan que al menos 45 líderes y sus núcleos familiares han tenido que abandonar sus territorios.

Camilo Pérez* es uno de ellos. En una región binaria y machista, abanderar las exigencias de la comunidad LGBTI, como comenzó a hacerlo Camilo a finales del 2015, es una labor de alto riesgo. Un día un hombre fue hasta su casa, le mostró una pistola, y le dio un plazo de una semana para que se fuera de Tarazá, porque “si no se va ya sabe lo que le pasa”. “Fueron días muy difíciles porque me tuve que quedar un tiempo en Tarazá aún amenazado. Me tocaba hasta dormir debajo de la cama por miedo a que alguien entrara y me hiciera algo”, asegura el joven de 18 años que no ha recibido ninguna ayuda estatal y que sigue defendiendo los derechos de la población LGBTI en el municipio al que llegó a finales de 2016, año en el que según Camilo fueron desplazadas más de 2000 familias de Tarazá.

– ¿Es muy difícil ser homosexual en el Bajo Cauca? – le pregunto a Camilo en el lobby de un hotel de Caucasia.
–Es difícil, porque tenemos que estar escondidos. La población LGBTI aunque no parezca es muy atropellada por la violencia, porque hay personas muy homofóbicas, el comandante paramilitar que había en ese tiempo [en Tarazá] era muy homofóbico. No soy el primero desplazado, conmigo ya son tres líderes desplazados de Tarazá.
– ¿No crees que en esas organizaciones también puede haber homosexuales?
– Tuve un amigo que era gay, y él me contaba que se acostaba con hombres que eran paramilitares. Es algo que no tiene sentido, se acuestan con otros hombres y luego los matan.

El machismo en el Bajo Cauca cuesta vidas, pero los evidentes nexos entre la institucionalidad y el paramilitarismo también ponen en peligro la vida, e impiden satisfacer las necesidades básicas. “Hoy la gente piensa que los paramilitares son personas que están allí en la vereda con un fusil terciado en el hombro. No, los paramilitares están en todos lados –manifiesta Jesús Alean Quintero, director de la Fundación Redes ONG–. En las alcaldías tenemos paramilitares manejando la salud, los contratos de infraestructura, los contratos de la dotación que abastece los municipios. Los organismos de control han sido inoperantes en esta región porque hay mafias trabajando en el sector público”.

Además, la podredumbre institucional ha permitido que mucha tierra se concentre en pocas manos. Basta recorrer las afueras de Caucasia para comprobar que el ganado tiene más tierra a disposición que la misma gente. Según Jesús Alean, esas fincas que alcanzan a ser de hasta 3000 hectáreas, fueron tomadas por el paramilitarismo de manera ilegal, compradas a bajos precios, o adquiridas a través de la Ley de baldíos. “Hoy tenemos la oficina de Restitución de Tierras en Caucasia, pero ha sido muy lento, es un plan tortuga. No hay garantías. A muchas personas que les han dado las tierras les toca volver a desplazarse porque se ven sometidos otra vez por las amenazas de estos grupos y los enfrentamientos”.

El municipio más extenso y con mayor población del Bajo Cauca no es ajeno al sometimiento armado en que se encuentra la región. Al caer la noche Caucasia queda sin vida, las calles son mucho más oscuras, el comercio suspende labores, y solo algunos tercos pueblan el parque. Los comerciantes del municipio, dice Jesús, quien ha sido amenazado por varios grupos, reciben hasta tres boletas extorsivas, y el medio regional NP Noticias reporta a diario el asesinato de al menos una persona. Los jóvenes militares de gesto agrio que están firmes como banderas en la carretera, aferrados a sus fusiles, no impiden que los violentos circulen por el territorio. Un día antes de que la Caravana Humanitaria llegara a Caucasia, explotó un artefacto en el parque principal.

“El señor Presidente la semana pasada estuvo en Caucasia. No escuchó, vino a inaugurar un hospital que lo han inaugurado ya dos veces; una infraestructura que está vacía. En nuestra región todo es crítico, porque es inesperado lo que pueda suceder. Se hacen capturas permanentemente. Capturan 10, 11, 15 y siguen los homicidios. El Estado no reivindica la gobernabilidad, no tiene una política pública eficiente. Parece que hubiera un gobierno sobre otro gobierno”.

Cuarta estación: Cáceres
Cualquier foráneo podría pensar que aquí no pasa nada. Cae la tarde, el sol pierde agresividad, el parque está desierto, una cuadrilla de militares observa el vacío paisaje, y un bafle amarrado a la parrilla de una moto escupe con todos sus decibeles una canción de Michael Jackson.

La palabra que mejor puede definir a Cáceres es soledad. En el casco urbano hay barrios totalmente vacíos, decenas de casas abandonadas, y muchas otras en venta. Raúl Cardona* me dice que no dejan de pasar hechos que lamentar, pero que actualmente hay una “calma aparente” porque de momento la presión militar ha surtido efecto y, sobre todo, porque están claramente demarcadas las zonas que domina cada grupo. Lo que Raúl Cardona no puede negar es que cuando se desatan las confrontaciones, el resultado es lamentable. Según José Alean, este año han salido desplazadas 700 familias, y según el Secretario de Gobierno encargado –designado por el Gobernador, puesto que el Alcalde electo se encuentra en curso de un proceso penal–, hasta el mes de agosto de este año se han registrado 59 homicidios, mientras que en todo el 2018 ocurrieron 56 homicidios. Tres de esos 56 asesinados eran presidentes de Juntas de Acción Comunal que hacían parte de un proceso liderado por Raúl.

Cuando hubo, la coca trajo problemas a Cáceres. Ahora que no hay, también. Entre el 2002 y el 2011, 'Macaco', ex jefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, y 'Cuco Vanoy', ex jefe del Bloque Mineros, se disputaron el negocio del narcotráfico en el Bajo Cauca. “Quien se torciera a vender un gramo de base al otro bando, perdía la vida […] La gente subsistía bien –explica Raúl–. Quince, doce años atrás, una libra de base valía un millón doscientos, pero yo compraba los insumos a unos precios muy bajos. Un timbo de gasolina me valía 55.000 pesos, hoy vale 186.000, y así todos los insumos, en comparación con la base que nunca tuvo un aumento. A muchos campesinos todavía les parece que sembrar y raspar cada 60 días puede ser una solución, pero hoy podemos decir que es una brutalidad sembrar coca”.

El Acuerdo de Paz significó una posibilidad de encontrar una alternativa de subsistencia diferente a la coca. De las 109 familias que habitan la vereda Alto del Tigre, 103 se inscribieron en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y arrancaron las matas de forma voluntaria. El programa prometió que a partir de febrero de 2018 cada familia recibiría doce millones de pesos, divididos en seis cuotas de dos millones. A la par de los pagos, la administración municipal se encargaría de ejecutar una serie de proyectos productivos para que las familias tuvieran una huerta casera que les garantizara una seguridad alimentaria.

Hasta el momento ni al municipio han llegado los recursos, ni a esta vereda, ubicada a tres horas del casco urbano de Cáceres, han llegado los proyectos. “Hace siete meses recibimos el último pago, y la seguridad alimentaria no ha llegado. La gente está perdiendo la esperanza. Quieren irse de por aquí porque no ven proyectos ni ayuda del Gobierno. Nosotras tenemos una asociación de 38 mujeres que están trabajando apicultura, estamos a la espera de poder ejecutar el proyecto para tener un sustento. Si ahora llegan las cosas, estamos en tiempo de verano y aquí no tenemos acueducto. Aquí el agua llega por horas, por eso las dificultades tan grandes que hay en esta vereda”, manifiesta angustiada una lideresa, quien además agrega que los Caparrapos los obligaron a darles 200 mil pesos de cada pago.

A diferencia de otras veredas, Alto del Tigre no padece la violencia que azota al municipio y al Bajo Cauca. En esta zona, aseguran los líderes, los grupos armados se respetan sus territorios. Sin embargo, no dejan de suceder escaramuzas. Hace aproximadamente dos meses, la comunidad impidió que el ELN minara una parte de la vereda para evitar alguna avanzada del Ejército. La de hoy es una endeble calma. El incumplimiento del PNIS, el corazón del punto cuatro de los Acuerdos de Paz, motiva a la resiembra de coca, y a cosechar nuevas oleadas de violencia.

La implementación de los Acuerdos de Paz, mejorar los canales de comunicación, y no dejar únicamente en manos de las administraciones los recursos destinados para inversión social, son las medidas que según Raúl garantizarían las condiciones necesarias para la permanencia y el porvenir de Alto del Tigre y el Bajo Cauca. “Hay territorios donde si tú te demoras 15 días, son 15 días que estás lejos del contexto nacional. Si hubiera una comunicación fluida habría posibilidad de gestar muchos proyectos que ayuden a fortalecer la vida campesina. Hay territorios donde hay actores con unos reglamentos, pero no hay comunicación, ese delito se llama confinamiento, y es lo que están viviendo las comunidades”.

Quinta estación: Medellín
Alguien dijo que este país tiene la guerra que se merece en los lugares que menos se la merecen. Pequeñas grandes guerras desangran el país. Solo recorriendo los territorios se pueden encontrar soluciones, entender las verdaderas dimensiones del problema y sentir asombro.

Ni la Gobernación de Antioquia, ni la Procuraduría, ni la Defensoría del Pueblo participaron en la Caravana Humanitaria que recorrió parte del Bajo Cauca durante tres días. Las instituciones perdieron la posibilidad de escuchar al Secretario de Gobierno de Cáceres asegurar que los municipios están asfixiados económicamente porque deben mantener a los policías y asumir el traslado de los asesinados a medicina legal y luego al cementerio; perdieron la posibilidad de decirle a los líderes y a las organizaciones que les importan, porque aparte de vías, proyectos productivos, transparencia, educación, salud, y seguridad, el Bajo Cauca necesita esperanza.

La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo argumentaron que no participaban de la Caravana porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. La Gobernación pidió aplazarla para después de las elecciones locales y departamentales. Pero como dijo Johan Giraldo, integrante de la Corporación Jurídica Libertad y del Proceso Social de Garantías, “lo que está viviendo el Bajo Cauca no puede seguir esperando los tiempos de la institucionalidad”. Los tiempos de la crisis humanitaria no son los tiempos lentos de la institucionalidad.

*Los nombres fueron modificados por seguridad

“Ni corrupto, ni ladrón”. Ese fue el lema de campaña que llevó a un comediante a la presidencia de Guatemala en 2015. Jimmy Morales, hizo de la lucha anticorrupción su bandera hasta que en el 2017 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por el colombiano Iván Velásquez, determinó que su hijo y su hermano estaban involucrados en casos de corrupción. Una vez salieron a la luz las investigaciones, Morales la emprendió contra la Comisión, reprimió las manifestaciones ciudadanas que la apoyaban, y el 4 de septiembre de 2018 prohibió la entrada de Iván Velásquez al país.

Los corruptos invirtieron en propaganda para desprestigiar a la CICIG, pero en las elecciones del 16 de junio de este año los guatemaltecos enviaron un mensaje: el partido del presidente saliente pasó de 32 a 8 senadores, el movimiento político ciudadano surgido de las protestas obtuvo 8 senadores, y por primera vez hubo una candidata indígena que obtuvo más de 400.000 votos. Son estas, según Velásquez, “las bases incipientes de un sueño y una misión personal”.

Velásquez, un paisa nacido en 1955, es experto en irritar al poder. En los 90's emprendió desde la Procuraduría y la Fiscalía una lucha frontal contra el crimen y el narcotráfico que reinaban en Medellín. En la primera década del 2000, siendo magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, sus investigaciones mostraron los nexos entre el sector político y el paramilitarismo, por lo que fueron condenados alrededor de 50 congresistas. Iván Velásquez fue víctima de montajes y seguimientos ilegales por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Periferia Prensa Alternativa conversó con Velásquez en el décimo piso del Gran Hotel, en pleno centro de la ciudad de Medellín.

Periferia, ¿El panorama actual de Medellín es muy diferente al que le tocó enfrentar como Procurador?
Iván Velásquez: En el 91 había una presencia fuerte de bandas, de milicias, pero sobre todo el problema del narcotráfico. Pablo Escobar recién fugado de la cárcel en julio del 92 y toda esa oleada de violencia. Uno de los hechos que siempre impactaba por aquella época era que el Ejército hacia redadas en la Comuna nororiental y cerraba barrios completos, lo que impedía que los estudiantes fueran a sus colegios, o que los trabajadores fueran a sus empleos. Había un reclamo de la comunidad hacia la Procuraduría para tratar que esos encierros terminaran. No he visto que situaciones de esas hayan pasado luego. Tal vez por toda la fuerza ciudadana, pero también por el Ejército asumir un comportamiento diferente con la comunidad. Esa es una gran diferencia.

P. ¿Esa fuerza ciudadana de Medellín es comparable con lo visto en Guatemala?
I.V. La situación de Guatemala es muy particular. Ha sufrido una dura represión por mucho tiempo. Las dictaduras militares generaron en la gente un gran temor a expresarse. En 1996 los acuerdos de paz se firmaron con un optimismo muy similar al que hubo en 1991 con la constituyente porque parecía que estuviéramos volviendo a crear el mundo. Llegué a Guatemala en octubre del 2013. Había muchas publicaciones periodísticas y rumores sobre la corrupción en el país. Circulaban carros repletos de maletas con quetzales o dólares. Para mí era increíble que en la Casa Presidencial o en la Vicepresidencia se recibieran millones en efectivo. Empezamos con las investigaciones y se generó una indignación ciudadana. En abril del 2015 presentamos una investigación que vinculaba al secretario privado de la Vicepresidenta, y cinco días después organizaron la primera de 22 manifestaciones consecutivas en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, convocadas a través de redes sociales de manera espontánea. El 8 de mayo se produjo la renuncia de la Vicepresidenta. Eso generó mayor entusiasmo y empezaron a reclamar reformas del Estado. Despertaba otra vez el optimismo, porque se podía recuperar el Estado, ya que no era solo el poder ejecutivo, también el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

P.¿Qué sentía cuando las investigaciones daban resultado y los implicados eran condenados?
I.V. Siempre que hay un logro en las investigaciones, hay satisfacción. Algunas investigaciones producían también tristeza, y así lo expresaba. Por ejemplo, investigaciones en las que resultaban comprometidos funcionarios de la Rama Judicial. Genera tristeza porque uno mantiene la esperanza de que los funcionarios judiciales deben ser personas comprometidas con la justicia, transparentes, honestos. El fenómeno es muy extendido en todos los sectores, en todas las ramas del poder público. Para enfrentar la impunidad del poder el primer paso debe ser enfocarnos en el sistema de justicia. Hacer investigaciones profundas de los funcionarios judiciales que tienen cuestionamientos por prácticas corruptas o con una seguidilla de decisiones prevaricadoras.

P. ¿Por qué en Brasil, Perú y Guatemala fue posible condenar a personas vinculadas con casos de corrupción y en Colombia no?
I.V. El problema principal es el de la independencia del poder judicial, de la Fiscalía especialmente. Hay una corrupción judicial que quedó evidenciada con el cartel de la toga, con Gustavo Moreno. Hay una intención de que las investigaciones no avancen o no se profundicen. La falta de independencia es uno de los puntos principales para una acción efectiva de la justicia.

En Brasil, Perú, y Guatemala, la gente apoyó masivamente esas investigaciones y también asumió la defensa de los fiscales. Hay una pregunta en Colombia con lo de la parapolítica: ¿Por qué no se produjo ningún movimiento ciudadano para reclamar que se profundizara más en un problema que no se reducía solo a las relaciones del 50% o 70% de los congresistas como lo decían los paramilitares, sino que estaba mucho más extendido en la sociedad? ¿Por qué cuando se están revelando esos vínculos entre congresistas y paramilitares no se aprovecha la oportunidad para la desparamilitarización? No solo de organizaciones, sino también de esa conciencia paramilitar que se ha extendido tanto entre nosotros y que tuvo una aceptación en algunas comunidades. En las elecciones siguientes fueron elegidos los padres, los hijos, las esposas o los esposos de congresistas que están privados de la libertad o involucrados en investigaciones.

P. ¿Le parece que el colombiano tiene una tendencia hacia la corrupción?
I.V. No creo que haya esto de la corrupción por naturaleza. Hay una gran dificultad en la formación de una cultura de legalidad, la aceptación de las reglas de convivencia en todos los sentidos, inclusive en respetar los dineros públicos. No hay desde el poder referentes éticos hacia la ciudadanía. De allí el efecto nocivo de que si todos los grandes lo hacen y no les pasa nada, pues esa se va convirtiendo en una conducta admisible. Otro factor es la impunidad. Para una cultura de legalidad se requiere que haya una cultura de consecuencias. Esto de que el que la hace la paga, que públicamente expresa el presidente Duque, no es una realidad. En muchas ocasiones cuando se actúa frente a personajes con mucho poder que salen indemnes en las investigaciones penales, o aun saliendo afectados, no hay ningún rechazo ciudadano a su comportamiento. Un tercer elemento es la falta de voluntad para asumir la investigación penal y sus consecuencias, independientemente de quiénes sean las personas contra las que se dirigen.

P. Quienes se enriquecen con dineros públicos muchas veces gastan dinero en yates, casas en Miami, lujos, cosas que el capitalismo nos propone todo el tiempo. ¿Hay una relación entre el capitalismo y la corrupción?
I.V. Detrás de la corrupción hay un gran afán consumista, la obtención de riqueza por la vía más fácil. Pero igualmente vemos que grandes corruptos son grandes ricos. En Guatemala el Presidente anterior o la Vicepresidenta realizaron actos tan grandes de corrupción, que ese dinero no lo van a gastar ni sus nietos. 30 millones de dólares, por ejemplo, por la concesión de una terminal de contenedores, concesión dada a la misma empresa española que es propietaria de la terminal de Buenaventura. Es tal la mezquindad que la Vicepresidenta conformó un conglomerado de 30, 35 empresas, casi todas de cartón, tal vez una o dos funcionaban. Empresas legalmente constituidas para lavar el dinero que ingresaba en efectivo para pagarle a los representantes legales de esas empresas. Ni siquiera producto de la propia corrupción hacían gastos, sino que generaban otras fuentes corruptas de ingresos para pagar los gastos de funcionamiento de su red criminal de lavado.

P. ¿Tal vez usan la corrupción para blindarse en el poder?
I.V. Es otra arista del tema. Cuando se logra tener un control tal de las instituciones del Estado, todo esto no solo se obtiene para el enriquecimiento personal sino para el sostenimiento del poder. Por ejemplo, se encontró que había una empresa de telefonía celular que necesitaba instalar antenas en cualquier lugar del país sin que le pusieran problemas. Negoció con la Vicepresidenta una ley que prácticamente le daba capacidad de expropiación de terrenos, fueran públicos o privados las administraciones no podían frenarla. La empresa lo consiguió gracias a un soborno constante a la Vicepresidenta, encargada de distribuir los recursos entre los congresistas que finalmente aprobaron la ley. Los recursos que se obtienen también se distribuyen en el sostenimiento de otros que están vinculados con corrupción. Se genera un entramado de redes de tal naturaleza, que tienen la posibilidad de perpetuarse en el poder. Con una circunstancia adicional: el tema de financiamiento electoral, una de las mayores fuentes de corrupción. Este financiamiento que se hace de manera anónima o asumiendo pagos de gastos que el partido político requiere. Cuando sacamos un caso a mediados del 2016 que llamamos cooptación del Estado, aparecían grandes constructores de Guatemala vinculados al pago de sobornos por vías indirectas de aportes a campañas políticas. Creo que es uno de los puntos que debería merecer la mayor reflexión en América Latina.

P. ¿Cuál es el papel del sistema financiero y de la banca? Es por ahí que circula ese dinero.
I.V. Indudablemente hay una participación importante del sistema financiero. Tuvimos un caso que denominamos lavado y política. A través de lo que se conoce como el pitufeo, una organización criminal enviaba cantidades de dinero que son consignadas como si fueran remesas obtenidas desde el exterior, pero con una frecuencia y una cantidad de tal naturaleza que el banco tenía que enterarse. Llegamos solo hasta el nivel medio, no pudimos escalar hasta directivos del banco porque no había elementos. En el control del flujo de dinero, del lavado, tienen un papel muy importante la banca y el sector financiero.

P. ¿Cómo serían nuestros países si no hubiera corrupción?
I.V. Si se vence la impunidad del poder se puede recuperar el Estado que en la concepción clásica se conoce como protector de intereses generales y no defensor de intereses particulares, que es como desafortunadamente lo vemos cuando se tramitan leyes tributarias en el Congreso, los sectores que tienen un control del Estado resultan excluidos o se les rebajan los impuestos. Lo que tendríamos que generar en América Latina es un movimiento que esté en perspectivas de construcción de democracia. La primera piedra que se debe colocar es la de un sistema de justicia independiente, transparente, capaz, que pueda enfrentar esa gran corrupción de nuestros países.

Ahora hay una discusión fuerte en Guatemala porque sin que nadie supiera, el Presidente, en un viaje que hizo a Argentina, compró dos aviones argentinos por 30 millones de dólares. También se acaba de informar que compró un buque colombiano por 90 millones de quetzales, más de diez millones de dólares. Con los 30 millones de dólares de los dos aviones, dicen que se hubiera podido comprar 1080 ambulancias en un país en el que el sistema de salud es muy deficiente. Un país en el que el 80% de los niños indígenas menores de cinco años padece desnutrición crónica, una desnutrición que viene desde el vientre materno. ¿Cómo lograr que el poder asuma las reformas para generar un sistema de justicia independiente, sólido, frente al que se pueda decir que nadie está por encima de la ley? Es el reto que tenemos en América Latina.

P. ¿Alguna vez el poder intentó hacerlo parte de esa enfermedad?
I.V. Nunca se me ofreció dinero ni fui objeto de un intento de soborno. A mediados del 2016 encontramos a grandes empresarios involucrados en financiamiento electoral ilícito. Los empresarios me invitaron a una reunión para tratar de persuadirme, que ya estaba bien, que ya habían aprendido la lección, que si seguía iba generar un caos en el país porque todo el mundo se sentía perseguido. Era una reunión como de 30 empresarios muy importantes que se han catalogado como los dueños del país. Alguno de los empresarios me dijo: “Si va empezar con capturas, aquí estoy yo, y lo mismo puede hacer con cualquiera de nosotros porque todos hicimos eso. ¿Va ponerle cercas a Guatemala para que todos quedemos presos? ¿Hasta dónde piensa llegar? Esto tiene que parar”. Yo le dije: “Yo pienso llegar hasta donde la prueba permita llegar”. “No se puede contra todos”, me dijo. “Entonces cómo hacemos para seleccionar. Yo digo a usted no lo voy a tocar, pero a usted sí. No será que al que le estoy diciendo que sí también se va quejar. Lo que hemos planteado con la Fiscal General es que nadie está por encima de la ley, y procedemos de acuerdo con las pruebas que vamos obteniendo”. Estoy convencido de eso y lo volvería a decir. Eso generó que dos meses después asumieran grandes campañas de lobby en Estados Unidos. Salí de Guatemala desde septiembre del 2018, aun perteneciendo a la CICIG, pero sin la posibilidad de estar dentro del país.

P. Usted fue invitado al 29º Festival Internacional de Poesía de Medellín. ¿Existe alguna relación entre la poesía y la corrupción?
I.V. No digamos entre la poesía y la corrupción. Más bien entre la poesía y la transparencia, porque la poesía es transparente, la poesía es sentimiento, es relación con el mundo, es vida. En ese mismo sentido van los procesos de construcción de democracia, de igualdad ante la ley, todo ese proceso de construcción de una institucionalidad que permita tener unas condiciones de existencia admisibles. La poesía es paz. Desde ámbitos diferentes, estamos apuntando todos hacia la verdadera democracia, hacia un Estado social y democrático de derecho.

Tuesday, 09 July 2019 00:00

Gloria: la buscadora de desaparecidos

I


Su papá intentó convencerla de que no se fuera para la guerrilla diciéndole que la vida en la milicia era muy dura y que ella estaba muy joven, apenas tenía 16. “Dura es en toda parte. Si uno tuviera la posibilidad de estudiar, de salir adelante, de ser alguien en la vida... pero ustedes no me pueden dar el estudio, ustedes son demasiado pobres”, respondió ella. Rosmel respetó la decisión de su hija y la encomendó a la virgen.

36 años después, Gloria Emilse Padierna Cartagena no se arrepiente de alistarse en las FARC. Asegura que “las causas justas por las cuales luchamos siguen vigentes”, y deja claro que los ideales de aquella miliciana siguen intactos. Pasa sus días entre Medellín y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Dabeiba, Antioquia. Ya no usa camuflado, pero de la selva extraña “todo”. Hace unas semanas terminó octavo de bachillerato y está próxima a iniciar noveno. Quiere estudiar Derecho y no le teme a la muerte.

–¿Cuántos excombatientes estiman ustedes que están desaparecidos?
–Ah, muchos, miles –responde seca, sin emocionalidad alguna, como quien da una respuesta por todos conocida–. Porque dígame usted en un bombardeo donde mueren cinco, diez, quince, hasta veinte guerrilleros, que no queda prácticamente ni qué recoger. Usted sabe que en esos bombardeos la gente desaparece totalmente, entonces son muchos, muchos. Gloria es una detective sin cartón de bachiller. Es una de siete excombatientes que hacen parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), mecanismo extrajudicial y humanitario convenido en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Gloria coordina tareas de búsqueda en Caldas, Risaralda, parte del Chocó, parte de Córdoba, y Antioquia, departamento en el que según la Unidad de Víctimas se contabilizan 7.554 casos de desaparición forzada.

En los 20 años que dura su mandato, la UBPD aspira encontrar más de 100.000 desaparecidos; sin la ayuda de Gloria sería imposible. Parte de su vida ahora consiste en buscar y suministrar información que le permita a la Unidad de Búsqueda y a la Cruz Roja localizar el cuerpo, recuperarlo, identificarlo, y luego entregarlo a la madre, el hermano, el hijo o la viuda que lo reclama. Aunque en este caso poco importan los roles y las responsabilidades de guerra, la información que pueda proporcionar Gloria es mucho más determinante y reveladora cuando de un excombatiente se trata. Cuáles son las características físicas, de qué color tenía los ojos, cómo tenía los dientes, en qué año desapareció, qué grupo se lo llevó, a qué grupo se integró, cuáles fueron las circunstancias de la desaparición, si ocurrió en una vereda o en el casco urbano, cuál era el nombre real y el seudónimo que utilizaba en la guerrilla, a qué bloque pertenecía… son estas las preguntas que Gloria le hace a los familiares que buscan algún civil, policía, militar o guerrillero devorado por el conflicto armado. Si, por ejemplo, el desaparecido pertenecía al quinto frente de las FARC, a Gloria le corresponde indagar con los excomandantes, o exintegrantes de dicho frente, si saben en qué circunstancias murió y dónde puede estar enterrado.

–Muchos excombatientes todavía no entienden el proceso a seguir. Ese es uno de los temas que a uno le toca trabajar, la concientización, que los excombatientes entiendan que esto no va traer ningún problema jurídico, al contrario, si ellos dan las informaciones les van a rebajar las penas.

Buscar es arriesgarse a no encontrar nada, sobre todo si lo que se busca es un desaparecido. La geografía cambia y la memoria no es infalible. Lo que hace quince años era un matorral ahora puede ser un sembradío, por donde antes pasaba un río hoy puede pasar una carretera. En varias ocasiones el equipo de las FARC ha señalado puntos donde quizás puedan estar los cuerpos, pero al momento de la exhumación los forenses solo encuentran tierra. A Gloria solo le compete recopilar la información y compartírsela a la Unidad de Búsqueda y a la Cruz Roja, pero, a pesar del riesgo que eso implica, ella prefiere comprobar que en el lugar señalado efectivamente haya un cuerpo. Gracias al aporte de las FARC se han entregado aproximadamente 123 cuerpos, tres de ellos encontrados en las zonas que coordina Gloria.

–Usted sabe que el familiar del desaparecido no va entender que eso es un proceso y que eso no es cuestión de un de un día para otro. Hay muchos resentimientos por parte de la familia. Muchos dirán: “no, hay que meterle a la reconciliación, hay que botar esos rencores”, pero son heridas que no sanan fácil.

Buscar no solo es riesgoso, también costoso. La mayor dificultad que enfrenta hoy la Unidad de Búsqueda es la falta de presupuesto. Este año la UBPD solo pudo contratar 58 de los 261 funcionarios requeridos, pues recibió 33.332 millones de los 104.109 millones de pesos que solicitó para su funcionamiento. Las FARC deben financiarse con recursos propios. Gloria y sus compañeros están a la espera de recibir apoyo internacional para ejercer labores que con sus ingresos, un salario mínimo, no alcanzan a costear.

–Siempre que nos reunimos con el Gobierno le decimos que el problema de nosotros es la financiación. La Unidad no va a conseguir la información como la conseguimos nosotros, les toca aferrarse a nosotros, (…) la Cruz Roja nos ha colaborado mucho. Ellos no nos van a dar un sueldo mensual por el trabajo, pero ellos nos dan los viáticos para verificar un sitio de entierro o si hay que traer una persona para una investigación.

La gratitud del familiar que encuentra su desaparecido –dice Gloria– no tiene precio.

II


No mide más de uno con sesenta. Su espalda es ancha. Los brazos gruesos. La nariz holgada. Lleva bluyín y una camisa de mangas largas color granate. Las uñas pintadas con esmalte blanco. Una cadena con un dije rojo. Tres aretes dorados en cada oreja, uno con forma de rosa. Gafas negras que solo me dejan ver el aleteo de sus pestañas. Me mira de soslayo, y por periodos cortos. La cadencia de su voz es fría y lejana. Su lenguaje, despreocupado de la sintaxis y la gramática, reafirman sus genes rurales y campesinos.

A los 13 años Gloria hacía parte de las Juventudes Comunistas de Colombia (JUCO). Vivía en una vereda ubicada a cuatro horas de Currulao, corregimiento de Turbo, uno de los 11 municipios que conforman el Urabá antioqueño. En uno de los festivales organizados por la JUCO, Gloria le preguntó a una amiga qué debía hacer para ingresar a las FARC. Ella le respondió que no podía hacer parte de la guerrillerada hasta que no cumpliera los quince años. Gloria siguió vinculada a la JUCO, y poco a poco hizo de los ideales guerrilleros su proyecto de vida.

Diez años pasaron desde que Gloria le había comunicado a Rosmel sus firmes intenciones de ingresar a las FARC, no se veían desde entonces. Al momento del reencuentro, ya era madre. El papá de la niña murió cuando ella estaba en embarazo. La familia del difunto, que era tan pobre como la suya, se responsabilizó de la pequeña. Cierta vez, al volver de Apartadó, donde entonces vivía su hija, una compañera le dijo: “Gloria, la verdad es que esa niña mantiene es por la calle en meros calzoncitos”. La información despertó en Gloria el instinto maternal, y de inmediato pidió autorización a los comandantes para ir en busca de su hija.

–¿Cómo era estar embarazada en la guerrilla?
–En la época que yo la tuve no había unas directrices sobre el embarazo. Ya en la octava conferencia fue cuando se pusieron esas normas más estrictas. Sin embargo, la guerrillera que quisiera tener su bebé, lo tenía normal. No lo metían a uno a comisiones peligrosas, sino a comisioncitas muy quietas, hasta que ya lo sacaban a uno a tener el bebé. Pero yo sí cargué una pistola y cargaba mis cositas, tampoco cargaba pesado, pero sí estuve como hasta los seis, siete meses de embarazo. Uno tenía el bebé y tenía que dejarlo a la familia, uno no podía tener niños allá. A la mía me tocó dejarla de 43 días.

La última vez que la tuvo en sus brazos, su hija tenía seis meses. Preguntando, Gloria la encontró tal y como la había visto su compañera: en calzones, con un raspón en el brazo y sin la cadena de oro que le había regalado. A pesar del llanto de la abuela paterna, Gloria se llevó la niña que para entonces tenía seis años. Le pidió a su papá que se la recibiera, él aceptó y la dejó con él en la finca que tenía en Belén de Bajirá, territorio que hoy se disputan Antioquia y Chocó. A los dos años, volvió a encontrarse con su papá y su pequeña en las estribaciones del río San Jorge, en Córdoba. Tiempo después, monte adentro, un compañero le informó que a su papá lo habían asesinado en Medellín, adonde llegó huyendo de los paramilitares que lo sacaron de su finca. De no ser por el compañero, Gloria no se hubiese enterado que nunca más lo volvería a ver.

La guerra anestesia los nervios de quienes la protagonizaron, y provoca escamas y anticuerpos que repelen los sentimentalismos. Pero no puede acabar por completo con la emoción humana más potente y elemental de la cual se desprenden todas las demás: la tristeza. La congoja con la que mueve los labios, los silencios hondos y entrecortados, demuestran que a Gloria –esa mujer que parece hecha de metal– le pesa, la lastima, y la estremece algo cuando recuerda y habla de su papá.

Gloria ha visto lo más solemne y perverso de la condición humana, pero nunca olvida esa vez que los bombardearon en Santa Cecilia, un caserío situado entre Chocó y Risaralda: “Es una guerra muy degradante, muy desigual con esa tecnología de punta que llegó. Los bombardeos para mí eran muy desastrosos, uno veía los compañeros partidos, muertos. Uno sabe que la guerra es así, pero le duelen también sus compañeros, que los maten así de esa manera. No es como uno ir al combate, que sabe que se está enfrentando, y es el que más iniciativa tenga, pero así como a la bandida…”.

– ¿Extrañas algo de esa época?
–Claro, todo. La comida, la selva.
–¿La comida por qué?
–Porque la comida de la ciudad es muy maluca. Aquí que no viven comiendo sino esas comidas chatarras y todo eso. A mi esas comidas no me gustan, por ahí un perrito de vez en cuando.
–¿Y qué extrañas de la selva?
–El medio ambiente, las aguas, la gente, todo. A mí nunca me pesó haberme ido para la guerrilla, y no es que esté arrepentida de que las FARC hayan tomado la decisión de dejar las armas, lo hecho ya está hecho, pero sí digo que no se hubieran dejado las armas hasta que el Gobierno no hubiera cumplido si quiera la cuarta parte del Acuerdo.

III


La mayoría de la guerrillerada estuvo a favor del Acuerdo, Gloria también. De no ser por las impopulares negociaciones entre Santos y las FARC, tal vez yo no podría comprobar que detrás de la exguerrillera hay una mujer, una persona, una estudiante que la pasa mal con el inglés y la raíz cuadrada que le enseñan en clase de matemáticas, una madre a quien su hija de 36 años le reclama porque prefirió dedicarle su vida a la milicia y amamantar un ideal.

–Ella todavía no ha podido entender que me tocó dejarla por las circunstancias, pero ella algún día tendrá que entender, ¿sí o qué? Ella dice que sufrió mucho, pero sufrió qué, si yo siempre estuve pendiente de ella, al tanto de lo que le faltara, de que hiciera sus estudios, colaborándole económicamente.
–¿Y ahora tenés pareja?
–Yo sí, allá en el espacio, pero él mantiene es allá, yo mantengo es trabajando. A ese sí lo han amenazado de muerte, lo han amenazado los paramilitares, dizque Otoniel. Él es líder allá en el espacio, mantiene reuniéndose con la gente y con diferentes entidades, es encargado de la seguridad. No sé realmente por qué las amenazas, qué hizo él o en contra de quién. Dizque le tienen ahí unos manes para que supuestamente lo maten. Allá hay un esquema colectivo y él cuando sale siempre se mueve en ese esquema, pero como hay tanta gente para moverse, ese esquema a veces no da abasto. Yo le digo: “no salga tanto a Dabeiba, salga a cosas a las que necesariamente tenga que bajar usted, no dé mucha papaya”.
–¿Y vos no sentís miedo?
–¿De qué, de morirme? Pues no, eso el día que uno se va morir ni siquiera se da cuenta –responde Gloria, mientras florece en su rostro una de las pocas sonrisas que se permitió durante esta conversación–. La muerte lo sorprende a uno en cualquier parte, ¿o no es así? Yo me meto pa' todas partes, y si me van a matar en mi trabajo, pues qué se va hacer.

IV


Solo permanecen 80, 70, 60, ni Gloria sabe cuántos, de los 250 excombatientes que se concentraron inicialmente en el ETCR de Dabeiba. Únicamente les han cumplido con la renta básica mensual. Los proyectos productivos no llegan. Muchos están intentando montar cooperativas piscícolas y ganaderas por cuenta propia, otros retornaron a las armas y la ilegalidad. En este momento no son dueños de nada, ni del predio donde están asentados, mucho menos de su futuro. En las mismas condiciones estaba la familia de Gloria cuando ella decidió echarse un fusil al hombro.

*Un contenido de Periferia para Periodismo de Verdad

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