Periferia

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Tuesday, 08 October 2019 00:00

Editorial 154: Democracia de papel

¿Qué hacer en un país donde no funcionan la democracia y las instituciones, y el sistema de justicia, la Fiscalía, las Fuerzas Militares y la Policía tienen prácticas criminales y de impunidad? Donde el sistema electoral es un fiasco porque las investigaciones y denuncias que señalan los vínculos de los clanes de siempre con la delincuencia, no solo no llegan a ningún lado, sino que las mafias siguen reeligiendo una y otra vez a las mismas familias que saquean los recursos públicos. Y el Gobierno, con ánimo guerrerista, exhibe su habilidad para engañar a los organismos internacionales legitimando la mentira, el crimen, la ilegalidad y los antivalores autoritarios y traquetos.

Donde los medios masivos de comunicación tapan un escándalo con otro nuevo, echándole tierra al anterior sin que la verdad se pueda conocer y los responsables paguen por ello. Peor es cuando la verdad se conoce y sin embargo nadie responde. Así se construyen montañas de olvido e indiferencia. También su lenguaje legitima la violencia, al punto que la sociedad, los líderes de centro o izquierda, y las organizaciones sociales y de derechos humanos, terminan usándolo. “Uso desmedido de la fuerza”, dicen, refiriéndose a varios policías del ESMAD que patean sin piedad a un jovencito o jovencita por protestar ante la corrupción en el sector de la educación, o ante los incumplimientos del pasado paro, como si hubiera una violencia que se pudiera medir y aceptar.

Acudimos mudos y ciegos al derrumbe de lo poco que queda de democracia. En los últimos meses fuimos testigos de cómo la protesta legítima de la sociedad fue reprimida de manera violenta, con policías infiltrados entre los estudiantes destruyendo puertas y ventanas de edificios para provocar el uso de la fuerza; con cuerpos élites del ESMAD y militares disparando de manera letal contra campesinos e indígenas en la Minga, portando armas que apagan ojos y mutilan extremidades, lanzando golpes que rompen cráneos y al mismo tiempo familias, vidas, sueños y esperanzas.

Seguimos contando cadáveres y observando impávidos el terrorismo de Estado. Atendemos como espectadores a la traición de las élites que, a través del genocidio, acaban con las vidas de los desmovilizados que entregaron sus armas, creyendo honesta, o ingenuamente, que los caminos del cambio y la revolución se podían transitar también por las vías institucionales. Pareciera que no tuviéramos fuerza para detener el asesinato y la judicialización de líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios, reivindican sus derechos, y construyen la paz con justicia social.

Sin embargo, la voz desprovista de autoridad y ética del Estado, y su Gobierno ilegítimo, nos vuelven a invitar a participar en las elecciones, las más sangrientas en comparación con las que se llevaron a cabo hace cuatro años. Según la revista Semana, han sido asesinados una candidata y seis candidatos a las alcaldías, y 46 más han sido amenazados y presionados a retirarse de la contienda.
Pero ese no es el principal problema. Reducir la democracia a la clásica y vacía concepción de que hay derecho a elegir y ser elegido, mientras se escogen a las buenas o a las malas los mismos de siempre, viene siendo una manera lapidaria forma de enterrar otras formas de lucha y de construcción de democracia que las comunidades y los procesos sociales han desarrollado por décadas en nuestro país.

El pacifismo y el electorerismo baboso se impregnan como almizcle y se apoderan de todo, empujando a los procesos sociales y a las voces críticas a sumarse a las consignas de las derechas: “más vale una paz y una democracia imperfectas que una guerra perfecta”; “en política todo se vale porque esta es dinámica”. Bajo estas “máximas” hoy es fácil ver a candidatos de izquierda o de procesos sociales pedir avales o aliarse con personajes de los partidos de la derecha vinculados con el paramilitarismo, la corrupción, o el crimen.

Ahora nadie puede justificar ni reivindicar la legitimidad de las acciones beligerantes de las comunidades, ni las explicaciones históricas y éticas que amparan el derecho a rebelarse, so pena de quedar encasillado, por la derecha o la izquierda políticamente correcta, en la fila de los guerreristas y ser linchado socialmente.

El sueño, válido y legítimo de llegar al gobierno con una propuesta alternativa no puede mermar la convicción ideológica de los procesos que históricamente han contribuido a la dignidad colectiva. Esta les ha permitido a las comunidades confrontar con la cara en alto las políticas entreguistas de las élites y fomentar la defensa del territorio, el poder popular y la denuncia al terrorismo de Estado. Tampoco se pueden reducir los esfuerzos y las propuestas de transformación social a su participación desordenada y descriteriada en las urnas.

Las comunidades, partidos, movimientos y procesos populares tienen la obligación política y ética de poner a jugar todo su acumulado en la disputa por el poder en todas las modalidades y escenarios. En la disputa institucional su aporte es fundamental, justamente en el cambio de mentalidad, de las prácticas y de las costumbres políticas antidemocráticas y discriminatorias que durante casi dos siglos le asignaron al pueblo el papel pasivo y sumiso de asistir tímidamente a votar, creyendo que allí se agotaba su responsabilidad.

El rol de un movimiento social que aspira a disputarse el poder debe ser el de cogobernar, exigir, denunciar, vigilar y movilizarse en torno a sus intereses. Esto solo es posible si el ejercicio electoral va a acompañado de una dinámica de poder popular que sea capaz de jugar de tú a tú, y bajo las mismas condiciones en el fortalecimiento del gobierno progresista, o uno de transición hacia la democracia que proponga nuevas formas de gobierno en donde los pueblos tomen las riendas de su presente y futuro.

Monday, 23 September 2019 00:00

100 Amigos de periferia

Saturday, 07 September 2019 00:00

Editorial 153: La guerra nunca se fue

El genocidio estatal contra las organizaciones sociales no para, tampoco la violencia de toda clase contra el pueblo y la oposición política, y es posible que no se detenga mientras los colombianos, las colombianas y el resto del planeta sigan reaccionando ante la tragedia como cuando uno se enoja y maldice frente al televisor por una noticia o imagen que muestra injusticia y dolor. La simple rabia y la protesta frente al televisor no sirven de nada ante el abuso; si no hay acciones contundentes y masivas de la sociedad contra las arbitrariedades del Estado en materia económica, social y política, o en contra del genocidio, este no se detendrá.

El terrorismo de Estado no es nuevo, tampoco lo es la corrupción practicada a diario y la desigualdad provocada por las élites que han mal gobernado este país. El 29 de agosto, 24 horas antes de que se conmemorara el día internacional del desaparecido, la Fiscalía General de la Nación abofeteó a las víctimas de los más de 80 mil casos de desaparición reportados en los últimos 42 años en Colombia, al manifestar que las desapariciones en la retoma del Palacio de Justicia del año 1985 a manos de las fuerzas militares, y por las que la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado colombiano, jamás ocurrieron. También se conoció días antes el plan de las fuerzas militares para acomodar un informe a su amaño ante la Comisión de la Verdad y de paso borrar la memoria histórica pisoteando de nuevo a las víctimas.

El terrorismo de Estado es una práctica muy vieja en Colombia, pero la manera como lo hace el gobierno de Iván Duque es muy preocupante. Sumado a los ataques contra la verdad y la memoria de las víctimas, se ha empeñado en destrozar lo poco que queda de los Acuerdos de Paz, y cerró las puertas a las comunidades y pueblos que en los territorios claman su derecho a construir paz emprendiendo diálogos regionales u otras iniciativas que les permitan algún día dormir sin miedo.

Sin embargo, las comunidades en los territorios no se han quedado quietas y vienen enfrentando las agresiones con protesta social y acciones como refugios humanitarios, misiones de verificación, caravanas humanitarias, la multitudinaria marcha por la vida de julio 26, las asambleas, los cabildos, las mingas, y decenas de manifestaciones en todas las modalidades habidas y por haber. Pero la tragedia no para porque los criminales caminan a sus anchas haciendo daño por los territorios con el auspicio del gobierno y las autoridades. El Presidente de la República, el Ministro de Defensa, la Ministra del Interior, la Fiscalía General, la Contraloría, el Congreso de la República y los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía son simples cargos de papel que como dice Rubén Blades escuchan sin oír y miran sin ver.

Las misiones y las caravanas han jugado un papel fundamental en la denuncia y constatación de la crisis humanitaria que viven zonas como el Catatumbo, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Norte del Cauca, Chocó, Bajo Cauca y Suroeste antioqueño, entre otros. Recientemente, decenas de internacionalistas, cientos de líderes y lideresas de organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos, transitaron con participación de algunas comunidades del Chocó los ríos Truandó, Chintadó y Salaquí, también caminaron por las zonas humanitarias de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, donde el control paramilitar no se ve, pero se conoce y se siente.

Según los caravanistas, el panorama de miseria, inseguridad, falta de agua potable, salud y educación es vergonzoso, y ver caseríos desolados por el desplazamiento forzado es verdaderamente demoledor. Los cuerpos médicos que acompañaron las Caravanas encontraron en adultos e infantes problemas graves de salud como consecuencia de la guerra, falta de concentración, pérdida de la visión, del oído, afectaciones al sistema nervioso. Se registran abortos espontáneos y nacimiento de bebes con malformaciones. El hacinamiento provoca rupturas del núcleo familiar, afectaciones en las relaciones sexuales y de pareja; problemas de columna y articulaciones. Los bombardeos y las erradicaciones con glifosato han afectado a las personas y a la naturaleza, han aparecido enfermedades como la diarrea, la fiebre, las intoxicaciones y los brotes en la piel (todo a causa de la contaminación del agua). Bajo esta situación, las prácticas culturales (medicina tradicional), el deporte o los juegos tradicionales se vienen perdiendo; el esfuerzo por desarrollar soberanía alimentaria ha desaparecido prácticamente.

Por su parte, en el Bajo Cauca, que es la tercera subregión más grande de Antioquia con una extensión de 8.485 km2 y una población total de 302.261 habitantes, la militarización estatal y de grupos narcotraficantes, paramilitares, e insurgentes es abrumadora. Así mismo lo es la violenta confrontación armada que se extiende contra la población civil y en especial contra los y las lideresas sociales…

Si no fuera por la sonrisa permanente de los rostros de los niños y las niñas de los pueblos negros; la belleza de las pinturas en la piel indígena; el profundo negro de los ojos esperanzadores de los Emberas; o el ímpetu de los campesinos y campesinas que salieron en el Bajo Cauca a apoyar y avivar la solidaridad y el mensaje de vida y paz, el dolor y la angustia de los participantes de las caravanas no hubiera sido fácil de superar.

Los días y las noches en los territorios de la Colombia profunda siguen oliendo a miedo; las comunidades despiertan con noticias tristes, noticias que llegan a las ciudades, pero no a los corazones de la muchedumbre que viaja atestada en los transportes masivos o caminan mirando sus celulares, con los oídos tapados. Por eso la masacre de Karina, la aspirante a la alcaldía del municipio de Suarez y cinco personas más no genera dolor sino a sus familiares, y quizá a los defensores de la paz y la vida. Un anuncio trágico para las candidaturas alternativas de octubre, que no será denunciado por el mejor noticiero de los últimos años (Noticias Uno) que también murió bajo las balas del mercado.

Con semejante crisis humanitaria ante nuestros ojos, y aún nos dejamos convencer por los medios masivos que señalan el regreso de las FARC – EP a la lucha armada como la peor noticia. Regresa la guerra, dicen los analistas; nunca se fue de nuestros territorios y nuestras vidas, gritan indignados los habitantes de la Colombia profunda.

 Por: La Liga Contra el Silencio- De la Urbe - Mutante*

Ilustraciones por: Elizabeth Builes

El mismo día en que el cantante y youtuber Fabio Andrés Legarda murió por una bala perdida, otras cuatro personas fueron asesinadas a tiros en las calles de Medellín.


Ese jueves 7 de febrero de 2019, en esa esquina del barrio El Poblado, no hubo fuego cruzado. Fueron en total seis disparos. Todos de la pistola nueve milímetros, legal, con salvoconducto, que portaba Jesús Alberto Alarcón, un escolta que esperaba el cambio de un semáforo. Dos hombres en moto se acercaron a la ventana de su carro para robarle y Alarcón reaccionó a tiros.


Cuatro de los seis disparos alcanzaron a uno de los atracadores, Jorge Hernán Ardila Valencia, de 27 años. Herido, corrió unos metros y se desplomó. Murió en la mitad de la misma calle cuando ya se formaba un grupo de curiosos atraído por el tiroteo. Otro de los disparos hirió a Juan Sebastián Ramos Duque, de 21 años, conductor de la moto, el otro atracador, quien trató de escapar y fue capturado por la policía.


La bala restante impactó en la cabeza a Legarda, quien iba como pasajero en un carro que también esperaba el cambio del semáforo. El cantante de reguetón, una celebridad con cerca de tres millones de seguidores en redes sociales, murió a las 5:15 de la tarde a sus 29 años; la Clínica León XIII lo anunció en un comunicado a las 5:40. Una hora después, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en sus redes sociales una fotografía del artista y dijo sentir “dolor profundo”.


Casi a las siete de la noche de ese jueves, Salomón Tobón Pimienta, de 19 años, se reunió con algunos de sus amigos en el Parque del Amor: una pequeña franja arborizada convertida en parque infantil, a un costado del viaducto del metro, muy cerca de la estación Floresta, en el occidente de Medellín.

La voz de Mateo Esk-lones Pimienta, su primo, reconstruye el asesinato desde el otro lado del teléfono. “Los amigos cuentan que se le acercó un man y le dijo: ‘Hoy alguien se va a morir’. Mi primo volteó y le respondió: ‘Uy, no diga eso, pito’. El man se fue y luego volvió en una moto, empezó a caminar como si no fuera para donde ellos, pero después se le arrimó, le disparó y ahí lo dejó tirado”. Ese día Salomón había tenido un altercado con un hombre que lo amenazó por haber salido la noche anterior con su hija. En medio de la discusión llegó la Policía y, según la versión de su primo, le tomaron fotos antes de dejarlo ir. “A la familia le parece mucha casualidad”, dice.


Mateo, o MC Teo, tiene 22 años y es del barrio La Pradera, en la Comuna 13. El Esk-lones que separa su nombre de su apellido se lo debe a la agrupación de hip-hop a la que pertenece desde que era un niño. La creó su hermano, Marcelo, conocido como MC Chelo, a quien también mataron a tiros como a Salomón en el Parque del Amor, el 5 de agosto de 2010.


Chelo tenía 23 años y su muerte hizo parte de una seguidilla de asesinatos cuyas víctimas fueron raperos de la Comuna 13. En ese momento, los colectivos de hip-hop de esa comuna promovieron una consigna para evidenciar que el problema no solo tenía relación con un nicho de artistas en los barrios, sino con la ciudad entera: “No están matando raperos, están matando jóvenes”.


Salomón también estaba metido en la música, le gustaba el freestyle y las batallas de rap. Dos días antes de su asesinato le envió a su primo por celular un último mensaje con una canción que Mateo le escribió a Chelo después de su asesinato.


Para Salomón no hubo canciones ni homenajes. “Mi tía dijo que no hiciéramos nada, que eso era morbo. Nos dijo que iba a dejar el cajón abierto solo cinco minutos para los que quisiéramos verlo por última vez”.


Las otras dos personas asesinadas el 7 de febrero pasado quedaron registradas sin nombre en los informes oficiales que a diario expide la Alcaldía de Medellín. Uno de ellos era un hombre de entre 35 y 40 años. Su cuerpo, con una herida de bala en el tórax, apareció en la vereda Media Luna del corregimiento de Santa Elena. Al otro hombre, de entre 20 y 25 años, lo mataron en el Morro Corazón en el corregimiento de Altavista.

Estas cinco personas tienen varias cosas en común: murieron todos el mismo día, por heridas de bala, todas de sexo masculino. Hacen parte de la lista de 350 personas asesinadas en Medellín hasta el 3 de julio, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). De ellas, 215 eran menores de 30 años, 207 eran hombres y ocho mujeres, y 169 murieron por disparos de armas de fuego. Estas coincidencias refuerzan la idea de que en la ciudad se mata más a tiros, se matan más los hombres y se matan más los jóvenes.

Pero también hay diferencias: solo Legarda, el único famoso entre las víctimas, mereció las condolencias del alcalde de Medellín y un masivo duelo con la utilización de recursos públicos.


“¿Por qué no salió en Q’hubo?”


Fabio Legarda subió a la tarima, tomó el micrófono y durante varios minutos les agradeció a las personas que llenaron el Centro de Espectáculos La Macarena para despedir a su hijo. Fue el domingo 10 de febrero. En tan solo un par de días, familiares y amigos del cantante convocaron un homenaje de cerca de quince mil personas.


El dolor de los allegados y de los miles de seguidores del cantante tuvo un gran despliegue en los medios. Por ejemplo Telemedellín, el canal institucional de la Alcaldía, emitió por lo menos ocho notas sobre el caso en sus noticieros entre el 7 y el 10 de febrero, y en su sitio web le dedicó una transmisión de dos horas y 43 minutos. Entre tanto, la Secretaría de Seguridad, a través de un contrato interadministrativo con Metroparques, entidad adscrita a la Alcaldía de Medellín y encargada de la administración de varios centros recreativos municipales, suscribió el 8 de febrero de 2019 una orden de compra por 374 millones de pesos con la empresa organizadora de eventos D’groupe. En respuesta a un derecho de petición que radicamos, Metroparques aseguró que el destino de esos recursos fue la vinculación al evento en homenaje a Legarda, bajo el lema “Más sueños, menos balas”.


Durante casi dos meses buscamos infructuosamente que el secretario de Seguridad Andrés Tobón Villada nos diera explicaciones sobre la destinación de recursos públicos a ese homenaje y sentara su posición frente al aumento de homicidios en la ciudad. Frente a las evasivas de su despacho, radicamos un derecho de petición que a la fecha seguía sin responder.

Pese a lo sentido, el homenaje a Legarda dejó la sensación de que en Medellín hay víctimas que merecen ser honradas y otras que no, que en la ciudad hay muertos que se lloran e incluso muertos que se celebran. Un fenómeno que ha venido siguiendo de cerca Luz María Tobón, directora del periódico El Mundo. Desde hace varios meses, la periodista dedica un espacio diario en sus redes sociales a hacer un recuento de las personas asesinadas en la ciudad. A veces utiliza un “nos” que resume su postura: “12
de julio, este día nos mataron a dos hombres. Este año la violencia nos ha arrebatado a 363 conciudadanos”.


La directora de El Mundo dice que le preocupa que en la ciudad se esté construyendo la idea de que existen buenos y malos, y que los malos sean catalogados así por ser jóvenes, por andar en moto o por fumar marihuana. Dice ella que el gobierno actual ha creado un enemigo común con estos estereotipos y que, a su vez, tiene un discurso que promueve que “hay gente que es mejor muerta que viva”.


Ocasionalmente, las autoridades de la ciudad han dejado entrever esta narrativa. El 19 de junio de 2016 el secretario privado de la Alcaldía de Medellín, Manuel Villa Mejía, compartió en su cuenta de Facebook una nota de Minuto 30 que informaba sobre la muerte de un supuesto atracador cuando intentaba robar a un ciudadano. “Para que sepan que cuando salen a trabajar ya no es seguro que vuelvan a casa: Dado de baja por policía cuando robaba”, escribió Villa. En una entrevista publicada el 7 de agosto de 2017 en el periódico El Colombiano, el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Óscar Gómez Heredia, fue citado diciendo: “Aquí a la gente de bien no la asesinan. A los que están matando son aquellos que tienen problemas judiciales”. Y el 30 de abril de 2018, en referencia a una ofensiva policial en el occidente de la ciudad, el alcalde Gutiérrez dijo ante los micrófonos de varios medios: “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno y también van cayendo”, y repitió una frase casi idéntica en su cuenta de Twitter.

 


Pablo Montoya, escritor y profesor de literatura de la Universidad de Antioquia, dice que en la década del cincuenta, el “malo” se asociaba con el robo, luego con el narcotráfico, después con las milicias o con los paramilitares, respondiendo a distintos fenómenos que atravesaron la ciudad. “Como supuestamente hemos superado esos estigmas, ahora los malos son los chicos de los barrios —solo por ser jóvenes y pertenecer a los barrios populares—. El discurso del enemigo cambia según el momento histórico”.


Esos chicos son los mismos que menciona Luz María Tobón y los mismos que son asesinados por decenas, semana a semana, sin que la institucionalidad invierta en homenajes. “En Medellín somos elitistas en la recordación de ciertos muertos —dice Montoya—. Mira por ejemplo el caso de Héctor Abad Gómez, un humanista del estrato seis, padre de un famoso escritor del estrato seis, Héctor Abad Faciolince. Estas condiciones lo han convertido en el gran crimen de la ciudad, mientras la otra cantidad de asesinados y desaparecidos está borrada”.


Ángela Chaverra es profesora de Teatro de la Universidad de Antioquia, doctora en Artes y directora del grupo de investigación El Cuerpo Habla, que se enfoca en las relaciones entre el cuerpo, la ciudad y el arte. Dice que los estereotipos tienen en parte la responsabilidad por el poco valor que tiene la vida en Medellín.


La imagen del sicario de Medellín, el de la moto, el de las películas, es una imagen reiterada. “Los sicarios son de esta manera —dice Ángela—, escuchan esta música, se ponen esta ropa, se dejan el pelo así, tienen estas novias. Uno mismo va multiplicando ese estereotipo y uno mismo lo va oralizando. Entonces, claro, cuando los matan: ‘Mírelo, mírele la pinta’. Seguramente fue por algo".


Rodrigo Morales es el director de Q’hubo Medellín. El periódico que dirige es el de mayor circulación en la ciudad, pero al mismo tiempo es, quizá, el medio de comunicación más criticado. A fin de cuentas, ofrece una radiografía de Medellín que atrae tanto como duele. Esas víctimas, las olvidadas y las recordadas, suelen tener un lugar en sus páginas, aunque no quepan todas. “¿Si en no existiera Q'hubo, ¿cómo se enterarían esta ciudad de todos los muertos que hay?”, se pregunta.

En su oficina, en el edificio del periódico El Colombiano, en Envigado, nos planteó una comparación que ejemplifica que, en Medellín, morir también es un asunto de clase: “Te voy a poner un ejemplo: si yo soy estrato seis y mi hijo muere ahogado en una piscina, y llega alguien del Q'hubo a pedirme una foto de mi hijo, le voy a decir al periodista que es un hijueputa, que cómo se atreve a venir e irrespetar mi dolor”, explica Morales. “Pero si pasa exactamente lo mismo en un barrio popular, te reciben, te dan la foto, te invitan a tomar jugo. Yo recibí una vez una llamada de una señora de Bello que me dijo: ‘Es que a mi hijo lo mataron en un mirador, ¿por qué no salió en Q'hubo?".

Que sea en ese periódico donde tengan lugar los muertos que no salen en otros medios se explica, quizá, por la naturalización del homicidio que hace que un muerto cualquiera no sea noticia. Esta pérdida de sensibilidad también podría ser consecuencia de nuestro pasado: la ciudad de hoy es mucho menos violenta que la de hace ya casi 30 años. En 2019, según el informe del SISC del 8 de agosto, las autoridades contabilizaban 401 homicidios, mientras en 1991, el año más violento de la confrontación entre el Estado y el narcotráfico en la ciudad, la cifra llegó a 6349 asesinatos, según estadísticas de la Secretaría de Gobierno de Medellín.


“Si el niño es como lo están revelando, no es rehabilitable”


M. se paró en una esquina del barrio Santa Lucía y por unos segundos siguió con la mirada los movimientos de Darío Alexis Atehortúa, de 43 años, comerciante. Su cuerpo escuálido se veía minúsculo al lado de su víctima. Las miradas apenas se cruzaron hasta que M. sacó un revólver y disparó. Seis tiros, dos muertos. El segundo, Mateo Cuesta Prieto, de 20 años, mensajero.


En la noche del 27 de marzo el video se regó por grupos de WhatsApp y llegó a los medios. En él se ve a M. correr hasta donde puede. Los vecinos lo acorralan en un callejón, pero antes de que lo linchen llega la policía. Pronto se supo que M. tenía 14 años. Después, la Fiscalía aseguró que había cometido por lo menos otros 10 asesinatos y que era integrante de una de las bandas criminales que operan en la ciudad.

La noticia del “niño sicario” —bautizado por algún medio— se multiplicó en cuestión de horas y el linchamiento que la policía impidió en la calle continuó en las redes sociales. El periódico El Tiempo publicó varias notas de seguimiento. En una de ellas, la Unidad Investigativa citó a dos fuentes para que analizaran el video. Carlos Francisco Fernández, “asesor médico” de este medio de comunicación, resaltó la “mirada fría” de M., “descontextualizada del efecto [de sus acciones]”. Y añadió: “Sus héroes son los delincuentes que lo metieron en el mundo de las armas y beneficios materiales. No existen referentes familiares o filiales. Mata por unas zapatillas, un teléfono de alta gama. Cosas imposibles de tener en el ambiente de carencia y pobreza en el que nació”. Olga Albornoz, psiquiatra infantil, complementó: “Si el
niño es como lo están revelando, no es rehabilitable y debería ser juzgado con todo el rigor de la ley […], ha mostrado que es supremamente peligroso”.

Juan Esteban Patiño es psicólogo y hasta noviembre de 2016 trabajó en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, conocido en Medellín como La Pola. Era uno de los encargados del proceso pedagógico y terapéutico de los menores de edad, principalmente de Antioquia y Chocó, que son sancionados con medidas de detención por su responsabilidad en delitos. Es el lugar donde M. se encuentra recluido.


Patiño se ríe cuando comentamos los conceptos de los expertos consultados por El Tiempo. Asegura que es imposible generalizar sobre las posibilidades de rehabilitación y cuestiona que esos profesionales asuman el lugar de jueces, y que sean capaces, con la secuencia de un video, de concluir que una persona “no tiene referentes familiares o filiales”.


En su experiencia con los jóvenes de La Pola encontró que es cierto que en la mayoría de los casos se trata de personas con carencias económicas, pero que de fondo existen condiciones estructurales que facilitan el ejercicio de la violencia. Y en Medellín, dice, poco se ha hecho por atacar esos factores.


Al contrario, el imaginario local pareciera asignarle a los jóvenes de la ciudad la condición de “violentos por naturaleza”, quizá reforzada por la literatura y el cine sobre la Medellín de pillos y sicarios que se hizo famosa en la década del noventa, gracias a obras como La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo o Rosario Tijeras de Jorge Franco. “Si vos crecés en un medio hostil, sea en Medellín o en cualquier otro lugar del mundo, la hostilidad se te vuelve un recurso permanente”, dice Patiño.

“La alcaldía no tiene un discurso orientador”


“La doble moral de nosotros los policías es salir a los medios y decir que la gente no puede tomar la justicia en sus propias manos. Pero nos bajan los micrófonos y decimos: ¿cómo es que no mataron a estos hijueputas?”. Son palabras de un alto oficial retirado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Conversamos con él con la condición de no revelar su identidad. “Es que ustedes los
jóvenes no entienden”, dice varias veces. No entendemos qué es ver morir a un compañero, no entendemos lo que era este país, insiste. Cuando llegamos al tema de los homicidios en Medellín, dice que esa “es una cuestión de imagen”, es decir, un asunto que se gestiona en función de la popularidad de la policía, del alcalde y su administración, y que, por eso, en los escenarios de decisión a veces se invierten las prioridades. “El homicidio es el delito que más preocupa, pero tiene más impacto si se roban un celular. Si matan a tres manes la gente dice que algo debían, entonces no es tan grave”.


Esa idea —anteponer el robo de un celular a un homicidio— también tiene que ver con las prioridades de los ciudadanos.


En 2018, la Secretaría de Seguridad de Medellín llevó a cabo la “Encuesta de percepción sobre victimización, seguridad y convivencia”, que consultó a 4000 personas en las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad. Al preguntarles a los encuestados por las problemáticas que hacen que se sientan inseguros, en los tres primeros lugares figuran los atracos, el consumo de drogas y la existencia de grupos delincuenciales. El homicidio se ubicó en el séptimo lugar. En síntesis, un atraco o que alguien consuma drogas genera mayor sensación de inseguridad que un asesinato.


El oficial retirado, quien participó en muchas ocasiones del Consejo de Seguridad de Medellín, la instancia presidida por el alcalde que reúne a los comandantes de la Policía Metropolitana y de la Cuarta Brigada del Ejército, al secretario de Seguridad municipal, a la dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, a representantes del Ministerio Público y de otras entidades del Estado, asegura que ahí “se toman las decisiones importantes”, pero que también hay asuntos que desbordan esos escenarios formales. “La pregunta que nos hacíamos era: ¿qué podemos controlar y qué no podemos dejar que se desborde?”.


Esa idea conecta con una de las lecturas que se ha hecho constante en los análisis más actuales sobre este tema en Medellín: una funcionario de la Secretaría de Seguridad consultado con el compromiso de no revelar su nombre asegura que hay un margen de maniobra limitado para las instituciones locales y que, por tanto, en algunos escenarios es preferible no intervenir y dejar que se equilibren por su cuenta
las tensiones entre organizaciones ilegales.


Según esa interpretación, la gobernabilidad y la política de seguridad en Medellín depende de la capacidad que tenga la administración de promover acuerdos de no agresión entre las bandas criminales, para recoger los réditos políticos que deja un menor nivel de confrontación y, en consecuencia, de homicidios.


No obstante, las estadísticas plantean un escenario distinto en la administración actual. De los 496 homicidios con que cerró 2015 —el último año de la alcaldía de Aníbal Gaviria— la ciudad pasó a 544 en 2016, 582 en 2017 y 634 en 2018. Según Andrés Tobón, actual secretario de Seguridad de Gutiérrez, este incremento es consecuencia de confrontar de manera directa a las estructuras criminales y de remover y perseguir a sus mandos, como se lo dijo a W Radio el 25 de octubre de 2018.


Con esa interpretación coincide la fiscal Adriana Villegas Arango. El 4 de julio, cuando conversamos con ella en el búnker de la Fiscalía, estaba encargada de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín. Villegas nos dijo que “las capturas llevan a una reorganización de los combos. Cuando se captura un cabecilla y la estructura se debilita, otra estructura que está más fuerte busca ganarle territorio”.


Lo cierto es que, frente a la problemática de los homicidios, la política de seguridad de la administración de Federico Gutiérrez fracasó. En 2016 la administración recibió la ciudad con una tasa de 20.1 homicidios por cada 100.000 habitantes y el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” se trazó la meta de reducir la cifra a 15 al finalizar su periodo de gobierno, es decir, en diciembre de este año. Hasta el 20 de julio, las proyecciones del SISC indicaban que 2019 terminará con una tasa de 26.5.


El incremento además es notable cuando se le compara con otras capitales. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz estableció a finales del año pasado que Medellín fue la única de las cinco ciudades más grandes del país en la que aumentó este fenómeno entre enero y agosto del 2018.


A esto se suma lo que significó la captura y posterior condena de quien fuera su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas Restrepo, a tan solo un año de iniciada esta administración. A Villegas la Fiscalía lo investigó por supuestos nexos con integrantes de la Oficina de Envigado y lo acusó de concierto para delinquir, pero finalmente logró un polémico acuerdo con la justicia y fue condenado por el delito de
abuso de función pública.

En cuanto a la percepción de seguridad, esta administración también se encuentra muy lejos de las metas. Para el momento en que Gutiérrez asumió, el 57 % de los ciudadanos se sentía seguro o relativamente seguro de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad. El propósito del Plan de Desarrollo era más que ambicioso: llevar esa cifra al 100 %. Sin embargo, para 2018 apenas llegaba al 50 %, de acuerdo con los datos de la mencionada encuesta de percepción.

Daniel Yepes es politólogo y fue, hasta junio, el director del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín. Tiene una visión opuesta a la del oficial retirado en relación con el impacto político del homicidio. Nos dijo que ese es el delito por el que se mide la gestión en seguridad de cualquier administración municipal en Medellín. “Usted puede estar bajando todos los indicadores de seguridad, y la percepción de seguridad puede ser mayor porque está bajando el hurto, que es el delito que más afecta a la gente, pero si los ciudadanos ven que los indicadores de homicidio van subiendo, evalúan mal a una administración”.


Desde su punto de vista, la estrategia de capturas promovida por Gutiérrez se quedó corta por la falta de condenas efectivas por homicidio. “Así volvemos mucho más caro ese delito. Si no hacemos las dos cosas, capturas y condenas, nos pasa lo de ahora, que las capturas suben como suben los homicidios”.


Yepes es crítico con la administración de la que hizo parte. Primero, por atribuirse funciones que no le corresponden: “Pudo haber pasado que quienes asesoraban al alcalde desconocían cómo comunicar cuáles son las competencias de cada institución o las conocían y el alcalde no les paró bolas”.


Segundo, por la forma como se definieron los objetivos en materia de seguridad y las metas del Plan de Desarrollo: “Es que la cagamos. El SISC recomendó una tasa de homicidios cercana a 19, bajar un punto frente a lo que encontramos y ni Planeación ni el alcalde lo tuvieron en cuenta”.


Tercero, por la postura frente al homicidio. Yepes recuerda que a principios de 2019 recibió del secretario de Seguridad, Andrés Tobón, que a su vez seguía una directriz del alcalde Gutiérrez, la orden de dejar de contabilizar como homicidios los casos de personas muertas por procedimientos de la fuerza pública.


Esa determinación, afirma —y su versión coincide con la de otro funcionario de la Secretaría de Seguridad consultado bajo reserva—, fue el resultado de la presión que durante los tres años anteriores ejerció la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. La decisión finalmente fue reversada por el alcalde luego de que varias organizaciones sociales y grupos de activistas en contra del homicidio se manifestaran.


Finalmente, el balance de la política de homicidios de la administración de Gutiérrez está marcado por sus contradictorias declaraciones a la hora de referirse a algunos homicidios ocurridos en la ciudad.


En marzo de 2018, luego de que un hombre arrolló con su camioneta a dos atracadores que acababan de robarle, Gutiérrez publicó un trino en el que afirmó que quienes debían ir a la cárcel eran los victimarios y no las víctimas, en referencia a la posibilidad de que el conductor fuera judicializado. El colectivo No Copio envió al alcalde una carta en la que le pidió rectificar y no legitimar la justicia por mano propia y, en su respuesta, Gutiérrez escribió: “Lo he dicho en diferentes escenarios y lo repetiré las veces que sea necesario: nada justifica el homicidio”.


Las palabras de uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad corroboran que al interior de la administración ha existido siempre una contradicción: “La Alcaldía tiene declaraciones, pero no tiene un discurso orientador que guíe sus acciones. Entonces un día decimos que ‘toda vida es sagrada’ y al otro día decimos ‘que van a caer uno a uno’. Mientras tanto, estamos pensando en el enfrentamiento directo con las estructuras y en la captura de cabecillas. ¿Qué más les estamos ofreciendo a los jóvenes además de ‘entréguense o los cogemos’?"


“Un montón de personas dormidas, hipnotizadas”


A Henry Arteaga le dicen el JKE. Es fundador, la cara más visible y una de las voces detrás de Crew Peligrosos, una agrupación de hip hop que también tiene una academia gratuita y colaborativa: 4 Elementos Skuela. Ahora, 20 años después de haberse convertido en uno de los raperos más reconocidos del país, nos recibió en una casa que funciona como estudio de grabación en el barrio Aranjuez, en la zona nororiental de Medellín.


Hablamos de la violencia de la ciudad y de lo que significa resistirse a ella, de su postura frente a la idea de seguridad basada en la vigilancia, la presencia de policía, las cámaras y la tecnología para enfrentar el crimen. También de “seguramente algo debía”, esa frase de la cultura popular que explica uno, dos o cientos de asesinatos.

“Existe un prototipo del buen muerto. Mucha gente dirá: ‘¿Por qué no habrá parado?’ Algo llevaría". El JKE se refiere a un episodio de hace ya más de ocho meses en Envigado, al sur del Valle de Aburrá. El 11 de noviembre de 2018, Gonzalo Montoya, de 21 años, iba en una moto, no atendió una señal de pare y un patrullero de la Policía reaccionó a tiros.


La noticia de la muerte de un “fletero” se regó en internet hasta que un video de alguien que se acercó al sitio donde murió el joven dejó ver su morral con libros y la presión de varias personas para que los agentes no manipularan la escena. Y ahí está el papel de la ciudadanía que reclama el JKE. Dice que Medellín “es como un montón de personas dormidas, hipnotizadas” por los discursos de seguridad que simplifican el problema a una guerra de buenos y malos. “Lo que han hecho los políticos es generar miedo para dar seguridad. Se muestran en sus redes sociales venciendo la delincuencia y muchos se tragan eso”, dice.


Su hija, de unos tres años, aparece en la sala cubierta de grafitis donde conversamos. Él interrumpe, dice que ella es su proyecto frente a esos discursos. Que cuando cumpla 15 años entenderá si sirvió para algo promover el cuidado de la vida.

 

Este reportaje fue escrito por Juan David Ortíz, Elisa Castrillón y Santiago
Rodríguez, del laboratorio periodístico de De La Urbe, para Mutante y con apoyo
de La Liga Contra El Silencio.

La sensibilidad y el repudio que viene despertando la violencia física, judicial y política contra los líderes y lideresas sociales, no solo en Colombia sino en muchos países y escenarios de la comunidad internacional, es sin duda una gran noticia y una oportunidad para encaminar el país y la sociedad hacia la solución política del conflicto social, económico y armado que nos ha azotado durante más de cinco décadas, especialmente a los más humildes.

Esta creciente actitud popular que toma aires de conciencia política colectiva se debe en primera instancia a la incansable y permanente lucha de las comunidades y pueblos en defensa de sus territorios, que con sus movilizaciones, paros, mingas y acciones como el Refugio Humanitario por la Vida, abrieron una ventana para que el país urbano se asomará a ver la tragedia que ocurría en las regiones. También se debe a iniciativas plurales y democráticas como Defendamos la Paz, que tuvo el acierto de juntar a muchas personas y colectividades políticas, sociales, artísticas, académicas, entre otras, y canalizar un sinnúmero de propuestas en defensa de los Acuerdos de Paz y de la vida de los líderes, lideresas y excombatientes de la guerrilla de las Farc en proceso de reincorporación.

Echarse encima esa pesada carga no es el único reto que deben afrontar y superar los y las que decidieron ponerle el pecho a la brisa. En el camino van a presentarse obstáculos que es necesario sortear con sabiduría, no hacerlo podría minar los ánimos de quienes integran y le dan sentido a la causa de la vida y la paz. Por ejemplo, es necesario reconocer que las multitudinarias y conmovedoras acciones simbólicas y de movilización no han logrado detener la matanza de líderes; a los asesinos, que son poderosos, poco les importa el escarnio público, y al Estado y su gobierno le interesa más desviar la atención y hasta justificar el genocidio.

El cinismo, el desprecio por la vida y la actitud retadora de los asesinos se manifestó con amenazas veladas contra los promotores de las movilizaciones, y con el asesinato de dos líderes sociales el mismo día de la marcha, el 26 de julio. Esta situación desmoralizadora desde todo punto de vista ya se había presentado este mismo año en medio de la Minga y del Refugio Humanitario por la Vida. Al Estado, al Gobierno y a los asesinos parece tenerlos sin cuidado las movilizaciones, las acciones de protesta de la sociedad, y las manifestaciones de los entes internacionales como la Unión Europea, el Consejo de Seguridad de la ONU, y otros organismos que han exigido al Gobierno tomar cartas en el asunto.

De las causas que provocan el genocidio ni se quiere hablar y no se puede esperar más del régimen que gobierna a Colombia. Este es un debate de fondo, por ahora y ante el cinismo y la desfachatez hay que pensar en las estrategias a seguir. ¿Qué hacer ante un régimen autoritario, elitista e indiferente ante el sufrimiento de su pueblo? ¿Qué iniciativas o estrategias adelantar frente a los poderes criminales que de facto dominan en los territorios? ¿Qué acciones podrían detener el asesinato, la persecución y el exterminio de la oposición política?

Son preguntas que increpan a todo el movimiento social y popular, a los partidos y corrientes democráticas, a la iglesia y las comunidades de fe, y a la sociedad en su conjunto. Las preguntas pueden parecer imposibles de resolver, pero las pistas se encuentran en las iniciativas y propuestas que han construido las mismas comunidades en los territorios, en sus escenarios democráticos; la tarea es ayudar a crear el terreno, el ambiente para que ese mundo de ideas se pueda aterrizar y poner en práctica.

Las asambleas humanitarias, por ejemplo, son una posibilidad de retomar toda esa producción y ponerle ruedas; y los refugios humanitarios con blindaje suficiente para proteger y garantizar la vida y la acción política de los pueblos, que incluye la creación de cuerpos de guardias populares y el apoyo financiero y político de embajadas, organismos de la comunidad internacional, partidos, instituciones y procesos sociales de todo el mundo, son fundamentales para ese blindaje, así como la vigilancia permanente de los organismos de la ONU que tienen el mandato de hacer respetar los acuerdos depositados en su seno. Es decir, hay que seguirse movilizando y ganando apoyo de muchos sectores de la sociedad, pero al mismo tiempo hay que apoyar los planes de vida y las propuestas de las comunidades en los territorios.

Hay otros debates que surgieron a raíz del pronunciamiento del presidente Duque frente a su participación en la marcha del 26 de julio. Las posturas democráticas dan la bienvenida a todos los apoyos y participaciones y son consecuentes con respetar el derecho de libre expresión, sin embargo, para otros sectores que han enfrentado al régimen y sufrido persecución, desplazamiento, cárcel y hasta la muerte, esa voluntad expresada a última hora no era más que una burla y una mueca cínica a quien justamente se le estaba exigiendo responder por el genocidio.

Esas diferencias sugieren un debate más profundo y difícil de resolver. Detener el genocidio y sacar la violencia de la política va de la mano con la necesidad de discutir la relación que tiene el genocidio en curso con el modelo de acumulación capitalista, y con la urgencia de asumir transformaciones económicas y sociales de carácter estructural, que son parte de las causas que durante décadas le han costado la vida a cientos de miles de colombianos que han resistido a la injusticia en este país.

Es posible que se consolide una suerte de frente político que evite que la ultraderecha se perpetúe en el poder, y quizás se frene un poco la violencia contra los líderes y lideresas, pero no discutir o seguir aplazando el necesario debate sobre las causas de la violencia podría generar otro tipo de régimen que termine reciclando las violencias y guerras de hoy. Si bien no es fácil que desaparezcan todas las formas de desigualdad y opresión de la noche a la mañana, una transición requiere de acuerdos serios que toquen los privilegios de muy pocos y alivien y mejoren las difíciles condiciones que viven en carne propia los más pobres y vulnerados de este país. Parar la violencia en Colombia requiere un acuerdo lo más incluyente posible sobre unas transformaciones económicas, sociales y políticas básicas que dignifiquen al ser humano. Y eso no se puede dejar para lo último.

 

La caravana tendrá tres recorridos simultáneos, en los que se recogerán testimonios y evidencias de las condiciones de vida de estas comunidades que habitan en un territorio estratégico y biodiverso como lo es el Bajo Atrato.  

 

El próximo cinco de agosto partirá desde Medellín la Caravana Humanitaria por la Vida que recorrerá el Bajo Atrato chocoano, con el objetivo de visibilizar la situación de crisis humanitaria y abandono estatal en que se encuentran las comunidades de esta región.

La caravana, en la que participarán más de 38 brigadistas internacionales y representantes de otras 70 organizaciones nacionales junto con pobladores locales, visitará territorios estratégicos y biodiversos donde el despojo y las amenazas por parte de grupos armados, así como la pobreza extrema por la falta de inversión social del Estado, reflejada en precarias condiciones de salud, vivienda, educación y alimentación, ponen en riesgo la permanencia de la población.

Según los organizadores de esta Caravana, “las fuentes de pobreza son múltiples, el conflicto armado ha desplazado decenas de veces a sus pobladores, y en muchos casos como parte de un plan de reorganización territorial a favor de la explotación de los recursos del territorio, ya sea las plantaciones ilegales de palma aceitera, la explotación de la madera o del oro, o las multinacionales. Además, como lo han mencionado en los últimos años las mismas instituciones colombianas, el Chocó es uno de los departamentos más vulnerables al cambio climático, y vive año tras año las consecuencias devastadoras de los daños ambientales cometidos no solo en su territorio sino también a nivel mundial”.

Por eso el propósito de esta caravana, además de denunciar nacional e internacionalmente esta situación, es contribuir al fortalecimiento de las propuestas que las comunidades han construido para defender el territorio y la vida.

Los caravanistas se dividirán en tres recorridos para visitar simultáneamente las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó – Chintadó, y Curvaradó – Jiguamiandó. “Las comunidades que vamos a recorrer en la Caravana corresponden a los municipios del Carmen del Darién y Riosucio, que junto con Acandí, Unguía, y Belén de Bajirá, componen el Bajo Atrato. Son comunidades que están viviendo un contexto de guerra muy fuerte, debido a los enfrentamientos entre los actores armados del conflicto (Ejército nacional, paramilitares y guerrilla), lo que ha conllevado a que estas comunidades afrodescendientes e indígenas se encuentren muchas confinadas, amenazadas, desplazadas y sus líderes y lideresas asesinados”, manifestaron.

En estos territorios, además de generar un diálogo con las comunidades y recolectar sus testimonios, se harán actividades artístico-culturales, así como una misión médica que recogerá las necesidades más urgentes en materia de salud, y brindará algunas medicinas útiles para la población.  Los tres recorridos confluirán de nuevo el día 12 de agosto en la cabecera municipal de Riosucio, donde en un acto público se presentarán las conclusiones y exigencias construidas durante la Caravana. 

Cerca de 317 líderes sociales asesinados en los últimos 15 meses. 134 excombatientes de las FARC asesinados, 11 desaparecidos, y 34 familiares de reinsertados también asesinados. 14 integrantes del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –solo en el departamento de Córdoba– asesinados entre enero del 2018 y julio de 2019. Este es el saldo que hasta ahora nos deja la paz que nos está costando muchas vidas.

El establecimiento que representa Iván Duque ama el dinero y los privilegios, pero odia a la gente. El presidente Duque no gobierna, cumple órdenes. Y ese servilismo amenaza con extinguir la esperanza de un país cansado de batirse a diario entre la vida o la muerte. Un país que suplica honestidad, tolerancia, y un poco de solidaridad. Un país que quiere cerrar la brechas sociales y económicas que provocaron un conflicto armado sin precedentes en el mundo. 11 meses necesitó Duque para devolvernos al país que queríamos dejar atrás: aumentaron los homicidios, el Ejército ordena asesinatos a toda costa, las instituciones persiguen y encarcelan al que piensa diferente, los grupos criminales y paramilitares controlan pueblos y regiones enteras, vuelven a tronar bombas y fusiles.

No hay peor futuro que aquel que está hecho de desesperanza. Y no hay un pueblo más fácil de oprimir que aquel que está resignado. Por eso los ataques frontales de Álvaro Uribe y el Centro Democrático a las negociaciones con las FARC y el ELN. Y por eso el empeño de Iván Duque en poner todo tipo de trabas jurídicas, burocráticas y económicas para hacer trizas el Acuerdo de Paz, tal como lo prometió Fernando Londoño en las pasadas elecciones presidenciales. Con este gobierno queda demostrado que si la implementación de la paz no avanza, el país tampoco.

Según el Instituto Kroc, entidad internacional que realiza estudios y veeduría sobre conflictos armados y condiciones para su solución pacífica y sostenible, el Acuerdo Final para la Paz contiene 578 compromisos concretos, medibles y observables. 39 de ellos, es decir el 6,5% de lo acordado, corresponden a la reincorporación política, social y económica de los excombatientes de las FARC. En abril, informes del mismo instituto advertían que hasta febrero del 2019, 35% de los compromisos habían alcanzado niveles avanzados de implementación, 34% estaban en un estado de implementación mínima, y del 31% restante no había avance alguno.

Visitando las regiones hemos comprobado que los análisis del Instituto Kroc se corresponden con la realidad. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) se quedaron en diagnósticos y promesas. Los proyectos productivos nunca llegaron a las zonas cocaleras, ni a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR's) donde se asentaron los excombatientes de las FARC. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias en la Cámara de Representantes fueron desechadas en el Congreso. El presupuesto para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –integrado por Justicia Especial para La Paz, la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda a Personas Dadas por Desaparecidas– se redujo drásticamente. Y el 10 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una carta a los embajadores y miembros de los cuerpos diplomáticos en Colombia en la que solicita que en caso de querer visitar algún ETCR deben, “con por lo menos tres semanas de anticipación”, solicitar la aprobación del Gobierno nacional, por medio de la Dirección de Cooperación Internacional de ese ministerio. En la carta también exigen que se garantice “la disponibilidad de espacios para representantes del Gobierno nacional en los arreglos logísticos”. Además fijan fechas y días para las visitas, las cuales “se desarrollarán solamente la segunda y cuarta semana de cada mes, de miércoles a viernes”.

Poco le importan a Duque el asesinato y la judicialización de líderes sociales, y el caos político, social y económico provocado, en parte, por los incumplimientos del Acuerdo. Sus prioridades son utilizar la crisis venezolana como cortina de humo e intentar ocultarle al mundo el nuevo genocidio que hoy mira por televisión el país. Ese discurso negacionista y simplista del subpresidente, es apoyado y patrocinado por una organización como la OEA que dice defender los derechos humanos y la democracia, pero que no es otra cosa que una plataforma que utiliza la derecha continental para hacer propaganda y lobby político.

Días antes de la 49ª Cumbre de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Medellín, Luis Almagro, secretario general de la OEA, aplaudía el “compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con la paz”. Las desafortunadas afirmaciones de Almagro generaron malestar entre movimientos ciudadanos y sectores que defienden con ahínco el proceso de paz, entre ellos el movimiento Defendamos la Paz quien invitó al secretario para que hiciera una “aproximación más objetiva y realista a la paz en Colombia”. Esta exigencia es demasiado ambiciosa para una institución miope que condena con todo su arsenal diplomático al gobierno de Nicolás Maduro, pero guarda silencio ante el trato inhumano que reciben los migrantes por parte de Estados Unidos, o ante la represión y la corrupción rampante que reina en países como Honduras y Guatemala.

A este desgobierno le quedan 36 meses para robarnos una oportunidad única, una de las pocas que la sociedad colombiana ha tenido en las manos. Cada líder defensor de derechos humanos muerto o encarcelado es un golpe a la moral, pero nos negamos a normalizar el asesinato y la captura de esos hombres y mujeres que el país necesita vivos y libres. Los recordaremos y los nombraremos hasta que sea necesario. Son ellos y ellas –sus ausencias, y nuestras pérdidas– quienes deben ser el centro de atención de la opinión pública, no una pelota, ni el reality show que protagonizan los funcionarios del Gobierno y los Senadores de algunos partidos. Toda la sociedad colombiana debe atender el llamado que nos hacen los movimientos sociales y ciudadanos para que este 26 de julio salgamos a las calles en defensa de nuestros líderes y de la paz. Es en las calles donde se le tuerce el brazo al poder. Es la sociedad la única que puede mantener viva su posibilidad de soñar.

Presentación

Periferia es una corporación que nació en el 2004 como un proyecto de comunicación popular, y cuyo producto principal es la edición mensual del Periódico Periferia, una publicación construida con colaboradores y reporteros populares de diferentes regiones del país. Desde hace diez años también publicamos anualmente una agenda que en principio recogió los aportes fotográficos del periódico, pero que a lo largo del tiempo se ha perfilado como una apuesta estética y como un espacio de difusión del trabajo de fotógrafos, colaboradores y amigos que trabajan en la periferia con las comunidades, con un enfoque temático en cada edición. A su vez, esta agenda es una manera de autogestión de la Corporación para el trabajo periodístico y formativo.

 

Tema

En esta ocasión, queremos retratar a la Colombia que construye y teje propuestas de transformación en sus territorios, como una forma de resistir y superar el modelo de desarrollo que destruye los tejidos sociales y despoja a las comunidades de sus bienes comunes. Mercados, huertas, acueductos y proyectos productivos comunitarios, procesos educativos populares, agroecología, permacultura, guardias interétnicas, proyectos de excombatientes o personas en proceso de reincorporación, territorios colectivos, y muchas más propuestas son bienvenidas a participar, desde la fotografía, en esta convocatoria que dará vida a nuestra Agenda 2020.

 

Bases

  • Pueden participar fotógrafos profesionales o aficionados
  • Se pueden enviar entre una y cuatro fotografías
  • Las fotografías deben estar en alta calidad (300ppp)
  • Cada fotografía debe llevar un pie de página que contextualice dónde se tomó y cuál es la propuesta para la vida digna o buen vivir que se intenta retratar en la fotografía (máximo 30 palabras).
  • Las fotografías deben enviarse al correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. con el asunto: Convocatoria - Agenda 2020
  • Fecha límite: 6 de septiembre

 

Selección

La selección estará a cargo del comité editorial del periódico Periferia Prensa Alternativa.

 

Reconocimiento

A los autores de las fotografías seleccionadas se les hará saber a través del correo electrónico, igualmente se publicará en la página web www.periferiaprensa.com. Los ganadores recibirán un certificado de su participación, dos agendas y colección de libros. Los autores de las fotografías seleccionadas para portada y contraportada de la agenda, recibirán además un bono para impresión de 10 piezas en papel fotográfico, redimible únicamente en la Litografía Periferia

 

Fechas

Convocatoria:  5 junio – 6 de septiembre de 2019

Publicación de resultados: 20 de septiembre de 2019

Entrega de reconocimientos: diciembre de 2019

 

Derechos de autor

La Corporación Periferia es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es visibilizar las luchas y apuestas de las comunidades en la Periferia. El propósito de este concurso no es comercial y la inscripción para participar es gratuita.  Los autores de las obras que resulten finalistas y entren a formar parte de la selección final aceptan ceder a Periferia –de manera no exclusiva– el derecho de uso y reproducción de las imágenes. El derecho de uso que asume Periferia sobre las fotografías finalistas no enajena la propiedad patrimonial e intelectual de los autores y su campo de acción está limitado para fines educativos y sociales. Periferia se compromete a reconocer los respectivos créditos de autor cuando las fotografías sean publicadas.

 

Desde hace mucho tiempo la humanidad se ha inclinado, al parecer, por la consigna de creerle al poderoso y negar al humilde. Si los gremios económicos sienten que sus ganancias no son acordes a lo esperado, proponen reformas para ajustar sus expectativas, y sus gobiernos, los congresos, “sus instituciones”, y por supuesto los medios masivos de comunicación, salen a vociferar miles de razones para convencer a los pueblos sobre la necesidad de esos cambios. La mayoría de los afectados con esas transformaciones simplemente no se dan cuenta del engaño ni del daño causado.

Así convencieron a casi todo el mundo de que lo privado era mejor que lo público, que lo público era corrupto, ordinario, de mala calidad e ineficiente. Con ese argumento baladí, las familias más poderosas, los ricos, los empresarios y los políticos corruptos, convirtieron en negocio el agua y la tierra, se llevaron a sus bolsillos toda la riqueza natural, la comida de los humildes. También se apropiaron de la riqueza producida por el trabajo de miles de asalariados y explotados, en especial de la plata de sus pensiones, la de sus ahorros de cesantías, sus primas de servicio, la salud, vivienda y educación de sus hijos e hijas; les esculcaron los bolsillos a los pobres para salvar bancos y banqueros, para engordar ladrones de cuello blanco. Toda la riqueza de esta nave espacial llamada planeta tierra cae a chorros en sus arcas y de allí extraen migajas para continuar un ciclo interminable de injusticia.

Y la cosa no para allí. Cuando los humildes y desposeídos se organizan y exigen con justicia sus derechos, y protestan y reclaman, los que se han enriquecido a costillas de estos, los poderosos, arremeten de nuevo: se necesita mano dura, orden, moral y honor para defender la patria de la amenaza populista que podría expropiar los harapos y los tiestos de los pobres. Ahora no bastan los aparatos de engaño masivo, se requiere la fuerza física y la violencia legítima del régimen, el crimen, el desplazamiento, la masacre, la cárcel, el robo; y de nuevo los empobrecidos aplauden a “las instituciones”.

Aun así, hay quienes no aplauden, se organizan, denuncian, investigan, escriben, y a gritos informan y argumentan seriamente, y llaman a los empobrecidos y explotados al cambio. Pero a pesar de su esfuerzo casi nadie los escucha, a veces ni siquiera se creen entre ellos; sus medios de comunicación e información son débiles, marginales y en lugar de fortalecerlos y luchar unidos por recuperar el derecho a la comunicación y a la autonomía, se desalientan, huyen, se apartan, critican sin hacer nada por resolver el asunto de fondo, o esperan que la ética o la decencia de algún periodista de los medios masivos los rescate. Mientras tanto, los libros con grandes e impecables investigaciones, o las propuestas y sueños de nuevo país se quedan en las bibliotecas de sus oficinas, en los escritorios, o en los periódicos madurando aguacates; al parecer para generar el cambio están las redes sociales: tal vez un día una buena convocatoria provocará la revolución.


Una que otra vez, alguno de los grandes aparatos de engaño masivo reconoce el daño causado a la humanidad, y denuncia, señala y confronta en apariencia a sus dueños, tratan de decir que sí hay democracia en estos aparatos de engaño y que así como se alteró la realidad en favor de los poderosos podría hacerse en favor de los humildes. Entonces ocurre lo inesperado, los inconformes asumen que hay un cambio sincero dentro de los medios, se olvidan por completo que tienen dueños y que estos son los mismos que provocaron el caos y la injusticia, y creen que es posible que un par de comunicadores éticos y periodistas íntegros puedan cambiarlo todo. Así nace y crece una nueva esperanza, en realidad un nuevo engaño, pues mientras estos periodistas no se metan con el problema de fondo, el aparato les va a permitir hacer su trabajo, pero el día que toquen la cereza del pastel los van a despedir sin contemplación, o tal vez algo peor.

Y así como sucede dentro de cada país, ocurre en el ámbito internacional. Los ires y venires de la geopolítica de vez en cuando le permitirán a un poderoso decir más cosas que a otro; algunos mandarán a callar a los menos grandes, como hizo el New York Times. Duele saber que los crímenes del Estado que por décadas han padecido y denunciado los humildes, solo tengan eco y credibilidad cuando lo dice un poderoso.

Es lamentable que la suerte de una sociedad esté en manos de los poderosos, pero es peor que los inconformes estemos esperando que la solución llegue como por arte de magia de estos poderes que nos han socavado la dignidad. La salida del gran periodista Daniel Coronell de la poderosa revista Semana es un ejemplo, más no es el primero que ocurre en Colombia, del poder que maneja la economía, la política y la ideología en nuestro país. Pero a la vez es la demostración de la debilidad que acompaña la propuesta política de cambio y transformación de las fuerzas progresistas y democráticas.

La comunicación popular, la prensa alternativa, las iniciativas culturales y creativas que existen en nuestro entorno social siguen viendo cómo las marginan los mismos que las deberían fortalecer. Las posibilidades de construcción de autonomía, poder popular y democracia pasan por ser dueños de nuestra propia realidad, por poder construir coyuntura y no salirle al paso a la de los poderosos. Hay que voltear la mirada a lo que tenemos en nuestras colectividades, procesos y organizaciones y creer en esas propuestas.

No debemos poner sobre los hombros de la comunicación popular y las iniciativas alternativas toda la responsabilidad del cambio social, pero sí hay que darle la importancia que se merecen. Siempre cabrá la esperanza de ver juntos en un gran proyecto comunicativo y cultural a las decenas de periodistas, intelectuales, artistas, fotógrafos, cineastas, escritores, músicos y creadores en general que hacen parte del sueño transformador. ¿Cuándo sucederá?

 

Ilustración: Juan David Gil Villegas

Monday, 13 May 2019 00:00

El país avanza cuando para

Con piedras, palos y llantas la vía quedó taponada en instantes. Habían transcurrido ya cinco días desde que las comunidades campesinas de Norte de Santander iniciaran una movilización desde La Gabarra, corregimiento de Tibú, hacia Cúcuta, en el marco del Paro Nacional, exigiendo atención del Gobierno departamental para resolver sus necesidades. Los llamados, sin embargo, eran infructuosos, y por el contrario recibían cada vez más militarización y hostigamientos por parte de la Fuerza Pública.

Ese 28 de abril, la única salida que parecían tener era bloquear y defenderse del tratamiento militar que en Colombia acostumbra recibir cualquier protesta social. Por eso, neumáticos se convirtieron en chalecos, y las señales de tránsito que decían 30, PELIGRO y CURVA PELIGROSA, fueron utilizadas como escudos.

El gobernador de Norte de Santander no demoró en llegar al punto de concentración, y luego de una hora y media de diálogo con los voceros, las partes se comprometieron a instalar formalmente una mesa de negociación que iniciaría al día siguiente. Cesar la militarización en el territorio, tener garantías para construir la paz en condiciones de vida digna, y exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores, eran algunos de sus principales reclamos. Con la instalación de esta mesa culminó la protesta en la que participaron alrededor de 1300 personas de la región del Catatumbo.

***
Eran días de movilización en todo el territorio nacional, la Minga del Suroccidente dejó encendidos los motores. Mientras la protesta ocurría en el Norte de Santander, relativamente cerca –si se mira en el mapa– otros 1500 campesinos del Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño se movilizaban sobre la Ruta del Sol, en el punto La Lizama, departamento de Santander.

Estos se sumaron al paro desde el 24 de abril, agobiados por la falta de garantías para habitar su territorio, la estigmatización y persecución hacia toda forma organizativa y la criminalización de la pequeña minería, principal fuente de sustento. Allí, con bloqueos parciales y jornadas pedagógicas bajo el sol inclemente, buscaron hacerles entender a quienes transitaban la vía el por qué se habían concentrado en este punto.

Igual sucedía hacia el Oriente del país, donde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del departamento de Arauca iniciaron movilizaciones desde el 22 de abril sobre la entrada a los complejos petroleros de Caño Limón, Caricare, Corocito y Banadías, los cuales significan para los habitantes de esta región su mayor amenaza por el deterioro ambiental y social que generan.

Y desde este llano hasta las selvas chocoanas, al occidente del país, se sintieron también las protestas. Resguardos indígenas y comunidades negras del Medio San Juan y del Tamaná salieron a movilizarse sobre las vías Quibdó–Pereira y Quibdó–Medellín, pidiendo educación, vías e infraestructura, vivienda, saneamiento básico, salud, soberanía alimentaria, garantías para las guardias interétnicas e inversión para las comunidades. Luego de varios días de bloqueo, también lograron interlocutar con las autoridades locales buscando resolver sus demandas.

***
Un tejido de protestas e indignación se fue formando en todo el país. El 25 de abril una sola voz se escuchó en los territorios rurales, urbanos y populares que por cientos de años han sido excluidos de los centros de poder políticos y económicos. El Caribe, Pasto, Buenaventura y Puerto Carreño fueron algunos de esos lugares periféricos que, junto a otros casi 20 puntos, salieron a marchar ese día. Aunque en algunas regiones las comunidades tenían reivindicaciones puntuales, sus motivaciones eran políticas.

Por eso, el 25 de abril las comunidades mostraron su descontento con el Plan Nacional de Desarrollo, por priorizar al sector minero-energético (con una inversión de 122,5 billones) sobre el agro (con 21 billones de inversión), y de paso desconocer al campesinado; por recortar derechos sociales, como el caso de la salud y las pensiones; por contener implícitamente una reforma laboral y pensional nociva para los trabajadores colombianos; y por el enfoque y tratamiento que le da a la paz, dado que desconoce el conflicto armado, y anula en el plan de inversiones la implementación de los Acuerdos de Paz.

También, durante las protestas, las comunidades exigieron reactivar la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN; rechazaron el creciente asesinato y judicialización hacia los líderes sociales; y exigieron el cumplimiento de los acuerdos pactados. Crear un decreto para reconocer otras figuras territoriales campesinas y los derechos del campesinado en Colombia; incluir en el censo del DANE la categoría campesinado como primer paso para esto; realizar una consulta sobre la reforma a la ley 160; establecer el principio de anualidad para la financiación de proyectos productivos a través del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura; financiar completamente el Diálogo Nacional Minero-energético; y crear una comisión mixta para la revisión de licencias ambientales de los proyectos minero-energéticos son, por ejemplo, algunas de las deudas que el Gobierno nacional tiene con los movimientos campesinos y populares desde hace años.

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El pasado 2 de mayo, a pupitrazo, el Senado de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo contra el que masivamente protestaron las comunidades, y que trae consigo el fracking, la desfinanciación para el agro y la destrucción de las pensiones, entre otros puntos no menos lesivos. Eso significa, por ahora, que las comunidades y sectores sociales no se quedarán quietos. En Bucaramanga los defensores del páramo de Santurban continuaron la movilización rechazando la minería de oro sobre este ecosistema estratégico para el país. También los transportadores y cafeteros ya anunciaron movilizaciones para mayo y junio. Por lo menos, en la historia quedará esta constancia.

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