Olimpo Cárdenas Delgado

Olimpo Cárdenas Delgado

Wednesday, 02 June 2021 00:00

“Gente de bien”

Las protestas que desde el 28 de abril de 2021 crecen como espuma en todo el país, son el resultado de la acumulación de los abusos y sufrimientos padecidos por la mayoría de los colombianos y las colombianas, que están sometidas a la miseria por una clase gobernante indolente y elitista, que ve a los pobres con asco, y está convencida de que ellos se labraron su propia desgracia, ni se les pasa por la cabeza que su egoísmo infinito y su perversidad son los responsables del levantamiento social y popular.

Entre tantos elementos políticos y sociales para destacar del increíble y exitoso Paro Nacional, habría que considerar por lo menos tres: un despertar de lo que la “gente de bien” se niega a reconocer –la lucha de clases–; la cualificación de la lucha callejera y popular urbana; y un proceso ascendente de un sujeto social que se viene puliendo en los últimos tres años, liderado mayoritariamente por la juventud. Hay muchos otros elementos, pero estos podrían en nuestro análisis, ser los que más se notan en la coyuntura.

En cuanto al primero de ellos, no se puede negar que este paro nacional se produjo, por la presión que las elites ejercieron sobre los maltrechos bolsillos de los más pobres y de las llamadas clases medias, privilegiando a banqueros y multimillonarios empresarios en medio de la crisis social generalizada. Además por la insensatez de los gobernantes para abordar y reconocer el daño que estaban provocando con su paquete de reformas, y especialmente por el odio reflejado al momento de reprimir la protesta legítima del pueblo. La violencia ordenada por el autoritario gobierno, difundida y alentada por sus medios masivos de comunicación, provocó y legitimó en la “gente de bien”–acostumbrada a mandar y que le obedezcan–, las más viles acciones y sentimientos de repugnancia contra las masas empobrecidas, como las que ejercieron un grupo de gentes de los barrios más adinerados de Cali – vestidos impecablemente de blanco y armados hasta los dientes–, contra la minga indígena que se retiraba hacia su territorio, luego de prestar solidaridad a los manifestantes.

Esta actuación legitimadora del paramilitarismo, el racismo y la violencia fue avalada por el gobierno, sus fuerzas militares y la “gente de bien” que la hay en todo el país y a la que nadie le pregunta por el origen fraudulento y lleno de sangre de sus grandes riquezas. Sin embargo, en esta oportunidad, esa asquerosa “gente de bien” tenía al frente a otra clase, una que se quitaba la venda de los ojos para reconocer con nitidez a sus verdugos y de una vez por todas perderles el miedo y la sumisión. En las calles de las principales ciudades y en las carreteras de Colombia se está viviendo una lucha entre las poderosas clases oligárquicas y las que viven del trabajo y de la fuerza de sus manos y cuerpos. La pulcra “gente de bien” ha visto como su fina alfombra está siendo pisoteada por los pies llenos de barro de los ninguneados, acaso para ellos la “gente de mal”.

Como segundo elemento, la gente estaba acostumbrada a ver y escuchar la desgracia, la miseria, la violencia, la sangre y el despojo que padecían nuestros hermanos y hermanas campesinas, indígenas y negras, por televisión y por radio. La guerra en el Pacífico, en las fronteras y en las zonas rurales pobres de Colombia, eran algo lejano y tal vez insignificante que se conocía a través de las cifras “oficiales”, difundidas por las fuerzas militares a través de los medios de comunicación.

Hoy la guerra de los pobres, contra la pobreza y sus responsables se dan en la carrera séptima y en el norte de Bogotá, en el Poblado y en el centro de Medellín, en los barrios de los ricos de Cali, Barranquilla, Ibagué, Cartagena, el Eje Cafetero, y en 800 municipios del país. La gente que vive en las ciudades y que se había olvidado de la desigualdad, se encontró de frente con los rostros quemados y la piel cuarteada del pueblo que se rebusca en las calles para sobrevivir, los que deben transportarse tres horas en bus urbano para llegar a su lugar de trabajo; se encontró inexplicablemente con jóvenes dispuestos a pelear de tú a tú contra el Esmad, dispuestos y dispuestas a perder sus ojos y hasta su vida, unos sin educación ni bienes, pero llenos de corazón y otros con formación y propuesta política, todos y todas con armamento popular de fabricación casera, o con simples piedras y garrotes; se encontró con los coloridos escudos de la primera línea, y con sus mamás y sus hermanas dispuestas a dar la vida por sus pequeños, hermosos y valientes guerreros, que se quieren tragar el mundo asqueroso y parir uno mejor.

Y, en tercer lugar. Una vez la venda cayó, permitió ver y reconocer que al frente de estas protestas estaban unos chicos y chicas, a los que los más viejos considerábamos una generación endeble, de cristal y a los que les importaba un culo lo que pasara. ¡Pues no!, estamos frente a un sujeto político en construcción, sin miedo, que mira horizontal y no cree en imposibles, que considera los sueños una senda transitable a la realidad. Un nuevo sujeto que increpa a la derecha y a la izquierda tradicional, que reclama un lugar en la historia del país y no simplemente en las falsas mesas de negociación. Un sujeto transformador de la política y la cultura, que valora tanto la vida de la especie humana y la del planeta.

La cosa se le jodió al uribismo, a la ultraderecha, en adelante este país no va a ser el mismo, será mejor, aquí no van a caber los que magistralmente definió nuestro querido Iván Cepeda, en un trino genial… “Todo lo atrasado, hipócrita, egoísta, antidemocrático, misógino, racista, mezquino, autoritario, superficial, conservador, indolente, cómplice, delictivo e incluso criminal, que existe en la sociedad colombiana se concentra en una sola expresión: “Gente de bien”.

Monday, 26 April 2021 00:00

Genocidio contra el campesinado

Por diferentes razones e intereses, el campo ha sido el centro operativo de las ambiciones de las elites, nacionales y extranjeras, que se apoderaron de las estructuras económicas, sociales, culturales y políticas del Estado nación moderno. En doscientos años, en materia de distribución y uso de la tierra, al país lo han venido moldeando al acomodo de esos intereses. Por ejemplo, en los años veinte del siglo pasado, el Estado le otorgó 60.000 hectáreas a la Fruit Company para que sembrara banano, años más tarde lo hizo con Cartón de Colombia en el departamento del Cauca para industria forestal. Según estudios del Cinep del año 2016, en Colombia el 94 % del territorio es rural y solo el 32 % de la población vive allí, lo que demuestra una estrategia para desocupar el campo, pasando de un país rural a uno urbano, de un país productor de alimentos a uno importador, de uno con vocación agraria a uno extractivista y minero energético, de un campo productivo a uno basado en la renta y la especulación, de un campo con campesinos a uno sin ellos, sumido en el abandono a todo nivel.

Al campesinado, no solo lo golpea esa visión capitalista del modo de producción que se orienta a la concentración de la tierra en pocas manos, que vive de la renta y de los negocios de infraestructura, del monocultivo, y de la explotación de recursos naturales; las comunidades campesinas fueron empobrecidas con intencionalidad. Carecen de salud, educación, alfabetización, nutrición, infraestructura, empleo, servicios públicos, y sufren de manera directa la violencia armada, especialmente la paramilitar y estatal que garantiza la inversión empresarial, el despojo, el desplazamiento y el genocidio contra los esfuerzos organizativos, de resistencia y defensa territorial.

Un tribunal contra el genocidio del campesinado
Recientemente, ante una de las peores crisis de derechos humanos de la última década concentrada justamente en las zonas rurales de Colombia, decenas de organizaciones sociales y populares, de la mano de procesos y plataformas de derechos humanos solicitaron al Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Roma, Italia, la realización de una sesión para denunciar y condenar al Estado colombiano por genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz. Este, a pesar de ser un Tribunal ético y de opinión, que no es jurídicamente vinculante para el Estado, cuenta con más de 40 años de experiencia y prestigio en todo el mundo, ya que está integrado por personalidades provenientes de las altas cortes de diferentes países, de la academia, la política, la cultura, la intelectualidad, el liderazgo social y popular, que han señalado y condenado las agresiones imperialistas, las arbitrariedades de las dictaduras, los crímenes de lesa humanidad y los genocidios perpetrados en diferentes lugares del mundo.

Siete informes sobre el genocidio contra el campesinado fueron presentados ante los jueces del Tribunal el 25 de marzo de 2021. Y aunque solo abarcó una parte del campesinado del país, fue una muestra muy significativa y cualificada que señaló elementos teóricos, académicos y políticos de las prácticas genocidas en regiones como el nororiente colombiano, la costa caribe, el centro oriente, el sur occidente y el sur de Bolívar. Los procesos y movimientos sociales y políticos, en los que se destaca el Coordinador Nacional Agrario, sostienen que la intencionalidad del Estado y sus élites, son un elemento esencial para probar la existencia del proceso genocida contra el campesinado. La estigmatización contra el liderazgo campesino como parte de la insurgencia y de la estrategia del comunismo internacional, llevó consigo la construcción de la otredad negativa, algo así como un grupo de malos hijos de la patria que no dejan progresar, a los que hay que acabar.

La construcción del enemigo interno y prácticas genocidas
Esta es la más sofisticada estrategia estatal contra el campesinado y los procesos que se oponen al statu quo, enmarcada en la doctrina de la seguridad nacional impuesta y legitimada en Colombia desde mediados de los años cincuenta. El profesor Miguel Ángel Beltrán señala el bombardeo de Villarrica Tolima entre marzo y junio de 1955, donde la fuerza aérea colombiana usó bombas de napalm y estableció campos de concentración contra comunidades campesinas del oriente del Tolima en plena dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla, como uno de los episodios que fomentó la construcción de la figura del enemigo interno en Colombia. Para legitimar la operación militar de exterminio al campesinado organizado se acudió al discurso de odio contra el comunismo internacional por parte de las élites políticas y eclesiásticas, a través, entre otros, de los medios de comunicación corporativos al servicio de la dictadura. La doctrina de seguridad nacional en América Latina mantuvo la idea de que a partir de la seguridad del Estado es posible garantizar la de la sociedad. Pero una de sus innovaciones fue considerar que para lograr su objetivo era esencial el control militar del Estado. La estrategia más usada fue la excusa de la existencia del conflicto armado interno para incluir a la población que vive en los territorios, sobre todo campesina, entre los asesinados en combates, hacer distinción entre combatientes y no combatientes (falsos positivos).

La legítima lucha por la tierra, histórica por demás durante los doscientos años de construcción del Estado nación, está llena de ejemplos que demuestran la mezquindad de la oligarquía colombiana, a través de modalidades que combinan la guerra, el despojo, la desaparición, el desplazamiento, la criminalización de la protesta, la judicialización y privación de la libertad del liderazgo campesino, el paramilitarismo, el trabajo esclavo para beneficiar el latifundio y la decisión sobre el uso de la tierra en negocios extractivistas y monocultivos agroindustriales para cumplir, además, las cuotas del mercado capitalista. Desde 1936, a cada reforma agraria liberal presionada por las luchas campesinas, se le opuso una contrarreforma conservadora, casi siempre armada. Las prácticas genocidas incluyen además, el uso arbitrario del aparato legislativo.

Algunas normas recientes y relevantes frente a la concentración de la tierra
Ley 1776 de 2016, zonas de interés para el desarrollo rural, económico y social (Zidres), que atentan contra el principio de democratización de la propiedad agraria y perpetúa la acumulación de tierras en favor del gran capital.

La Ley 1941 de 2018 y el Decreto 2278 de 2019, establecen las “zonas futuro” como una estrategia de control territorial mediante la intervención y focalización de programas, planes y recursos estatales, en territorios que requieren una acción unificada, interagencial, coordinada, sostenida e integral del Estado. Coinciden con los territorios donde la guerra se intensificó.
Artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, mediante el cual se crea la zona económica y social especial (Zese) para la Guajira, Norte de Santander y Arauca; el cual fue reglamentado mediante el Decreto 2112 del 24 de noviembre de 2019.

No está de más señalar que el pasado 17 de diciembre de 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó finalmente la Declaración de los Derechos del Campesino y el Estado colombiano demostró una vez más su desprecio hacia los campesinos al abstenerse de votar. Lo anterior permite evidenciar que el Estado colombiano invisibiliza, excluye y margina al campesinado al negar su carácter de sujeto colectivo de derechos. Así mismo, es una manifestación política que reafirma que el Estado rechaza y niega los reclamos históricos y la lucha del campesinado.

Practicas genocidas. Judicialización, homicidios selectivos, masacres y desplazamiento
El uso arbitrario del derecho penal y el aparato de justicia es una práctica genocida cada vez más común. Regiones como el suroccidente colombiano y procesos como el Congreso de los Pueblos (CDP) han sido víctimas de esta práctica. En abril de 2018, 33 líderes y lideresas de diferentes organizaciones que hacen parte del CDP y el Proceso de Comunidades Negras (PCN), fueron detenidos y judicializados el mismo día, con cargos como concierto para delinquir, narcotráfico, lavado de activos y rebelión, la gran mayoría eran o habían sido alcaldes, personeros y directivos de procesos sociales. Antes de una semana varios de ellos y ellas estaban en libertad y meses más tarde no había uno solo en prisión. Sin embargo, muchos de ellos y ellas sufrieron el trauma de la pérdida de la libertad, del terror, el miedo y la estigmatización y se aislaron de sus procesos sociales.

En los departamentos de Arauca, Casanare y Meta, desde agosto de 2002, han sufrido el martirio de estar privados de su libertad física, más de 2.000 personas, que fueron mandadas a las diferentes cárceles del régimen, pasando periodos largos de cruel prisión, unos más que otros. Si lo sumamos con los que recibieron “detenciones administrativas”, sin llegar a actuación judicial alguna, ascienden a una escandalosa cifra que supera los 10.000 casos. Este ejercicio continúa y utiliza las leyes como la 1453 de 2011, llamada de “seguridad ciudadana” y la 1908 de 2018, para darle un tratamiento de guerra a los liderazgos comunitarios. Además, las empresas financian acciones criminales y pagan para que el aparato institucional proceda en su favor. En ese sentido se han firmado casi dos mil convenios de cooperación entre la industria petrolera y minero energética, e instituciones como el ejército, la policía y la Fiscalía General de la Nación, los cuales permiten y sostienen las Estructuras de Apoyo-EDA, creadas desde 2001 y que han sido las encargadas de adelantar los procesos judiciales contra las comunidades por ejercer el derecho a la protesta, casi siempre, por incumplimiento de acuerdos. Las comunidades del Sur de Bolívar, y el Nororiente colombiano y Sur del Cesar, también han sido víctimas de esta práctica.

Homicidios selectivos y masacres
El departamento del Cauca es uno de los más afectados por el recrudecimiento de la guerra que promueve el Estado, entre otras, por su decisión de hacer trizas los acuerdos de paz y provocar la disputa de carteles del narcotráfico, paramilitares, grupos disidentes, fuerzas militares y guerrilla, por el control de economías del narcotráfico y la minería. En medio de esta disputa, el liderazgo social, el que tiene propuesta política y defiende el territorio para el campesinado, ha padecido el exterminio. Las comunidades organizadas en el Coordinador Nacional Agrario (CNA) asentadas en el Cañón del Micay, en el municipio de El Tambo, en Almaguer y Argelia, han sufrido desplazamiento, tortura, amenazas y asesinato. Desde 2013 hasta el 2020 han sido asesinados y asesinadas 16 líderes y lideresas. El año 2020 ha sido el más nefasto con 10 asesinatos, y el proceso Afrorrenacer del Micay el más golpeado por el genocidio.

En Cajibiio, Cauca, entre el 19 de noviembre de 2000 y el 15 de enero de 2001, fueron perpetradas tres masacres en El Carmelo, La Pedregosa y la Rejoya, por miembros de las autodefensas del Bloque Calima bajo el Mando de Eveth Velosa alias HH, con apoyo del ejército nacional, el Gaula y algunos hacendados. En total fueron torturados y masacrados 14 campesinos. Recientemente, en enero y febrero de 2021, la Fiscalía 75 de la dirección especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos declaró crímenes de lesa humanidad las masacres de la Rejoya y la Pedregosa.

Estos son solo algunos datos e información parcial del proceso genocida del que ha sido víctima una parte del campesinado y algunos de sus procesos en Colombia. No obstante, podemos afirmar que la totalidad del movimiento campesino ha sufrido el genocidio durante cerca de dos siglos, sus perpetradores están aún al mando del Estado nación, ese que construyeron a sangre y fuego. Hoy más de siete millones de desplazados taladran en los sentimientos, en la carne y los huesos de un grupo nacional, cuyo objeto y razón de ser, aparte de proveer el alimento a todo un país, ha sido proponer la transformación de toda la sociedad hacia un modo de producción justo, equitativo, de buen vivir y de armonía con la naturaleza y el planeta.

A finales del siglo XIX, los artesanos recibieron la represión del Estado, los sastres se organizaron y exigieron que los contratos para fabricar los uniformes de la policía se les otorgaran a ellos y no a una empresa extranjera. Luego los obreros de los enclaves petroleros, bananeros, los de los ferrocarriles, entre otros, tuvieron que soportar la humillación de las multinacionales que los esclavizaban en medio de las peores condiciones de salubridad, cientos morían de paludismo y enfermedades tropicales. Fue necesario reclamar con huelgas que el pago de su arduo trabajo se hiciera con dinero y no con vales para gastar en los comisariatos de las multinacionales, y por ello fueron masacrados.

Históricamente la clase trabajadora no solo se ha opuesto a las prácticas abominables desplegadas desde el Estado, sino que ha sido testigo y víctima de sus instancias gubernamentales, cuyo objetivo ha sido siempre borrar del mapa a los que se organizan y luchan por la construcción de la democracia, la vida digna y la felicidad; como ocurrió con miles de obreros de las bananeras en diciembre de 1928 a manos del ejército y bajo las órdenes del coronel Cortés Vargas, el presidente conservador Miguel Abadía Méndez y la aprobación de la multinacional Fruit Company.

Todos los gobiernos que ha tenido Colombia han defendido los privilegios de la clase alta y la de sus patrocinadores- financiadores derramando ríos de sangre. Se asesinó a los socialistas, a los comunistas, a los religiosos de la teología de la liberación, a los campesinos organizados, a los indígenas que se opusieron a la colonización y al despojo de sus territorios ancestrales, a los pueblos negros que lucharon por un lugar para recuperar su cultura y memoria, a los obreros que organizaron sindicatos y exigieron nacionalizar el petróleo, el carbón y otras riquezas naturales; a los estudiantes por exigir la educación pública, a los profesores y profesoras, a los liberales después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, a los insurgentes de los Llanos Orientales que negociaron su desmovilización con el dictador Rojas Pinilla, a los campesinos del sur y el oriente del Tolima les lanzaron bombas de napalm y los metieron en campos de concentración, luego bombardearon a los de Marquetalia. Asesinaron y descuartizaron a cientos de miles en la época de la violencia de los años 50, luego persiguieron a las guerrillas que reclamaban justicia, igualdad y reparto de la tierra, y a sus seguidores; desaparecieron casi a cien mil durante cuatro décadas, la mayoría, militantes de grupos de izquierda legal e ilegal; y nuevamente a los que se organizaron en la Unión Patriótica, y después a los de A Luchar, y en seguida a los que negociaron con Barco y Gaviria. Lo de hoy es solo la continuidad del proceso genocida, más lideres y lideresas que defienden el territorio, más defensores y defensoras de derechos humanos, más excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz con las Farc.

Se ha hecho de todo para que pare el genocidio, marchas pacíficas y beligerantes, se ha peleado en las calles y carreteras. Se ha denunciado ante la comunidad internacional, ante los organismos como la ONU y la OEA, se han juntado miles para ir en caravanas a los territorios donde se presenta mayor violencia, pero las prácticas genocidas no se detienen, y el Estado ya no solo mira hacia otro lado sino que expone una mueca burlona, cínica y humillante que asiente o niega.

Cerca de 400 organizaciones sociales y populares, defensoras de derechos humanos, partidos y procesos de los territorios, se han juntado para solicitar al Tribunal Permanente de los Pueblos, (TPP), con sede en Roma, que se adelante una audiencia de juzgamiento contra el Estado Colombiano por Genocidio Político, Crímenes contra la Paz y contra la impunidad casi del 100 % que reina en nuestro país. Se trata de un juicio ético, humanista y político.

El TPP nació en el año 1979, fue Lelio Basso, un abogado, humanista y socialista italiano que inspirado en las luchas de Bertrand Russell de los años 60 y en la carta de Argel de 1976, en donde se reivindican los derechos que los pueblos tienen a rebelarse contra las dictaduras y los malos gobiernos quien propuso el Tribunal, que además nació como un homenaje a las luchas que libran los pueblos en el mundo y como una posibilidad para señalar y denunciar las injusticias y arbitrariedades de sus gobernantes. El TPP surge como respuesta a la ausencia de justicia global y ante las componendas que la geopolítica genera entre las potencias mundiales y sus organismos multilaterales que en últimas se arropan con la cobija de la impunidad. Desde 1979 hasta hoy se han adelantado 47 sesiones del TPP, esta última que se instaló el 26 de enero de 2021 en Colombia sería la numero 48.

Aunque los fallos o sentencias del TPP no son vinculantes u obligatorios para los organismos de justicia formales de los diferentes estados, sí tiene un peso específico porque sus jueces, jurados y fiscales son personalidades de la mayor reputación mundial. Entre ellos se encuentran los mejores juristas del mundo, premios Nobel de paz y de literatura, académicos, e investigadores de renombre que con sus fallos han puesto a tambalear algunos regímenes, y logrado que el mundo entero ponga sus ojos en esos pueblos y países oprimidos.

Nada impide denunciar al Estado colombiano y luchar para que sea juzgado por el genocidio político que sus propios agentes de seguridad e inteligencia, sus fuerzas militares y de policía -con el apoyo o no de escuadrones de la muerte-, la policía chulavita, los grupos paramilitares, los carteles de la droga y los mercenarios internacionales han ejecutado durante décadas de manera continua y sistemática. Este genocidio, desarrollado salvajemente a través de prácticas como el asesinato, la masacre, la desaparición, los falsos positivos, la tortura, el desplazamiento, el despojo, la amenaza, la violación y abuso sexual, el exilio, las interceptaciones, entre otras, insólitamente fue legitimada por una sociedad víctima de los medios masivos de comunicación al servicio de las élites que sembraron el discurso oficial del “enemigo interno”, que señala a todos aquellos que están en contra o que quieren cambiar el país y hacerlo más justo, a los que amenazan los privilegios de las élites, como los campesinos, los sindicalistas, los profesores, los negros, los indígenas, los rebeldes…

El 25, 26 y 27 de marzo de 2021 el TPP, juzgará por genocidio al Estado colombiano. En estas sesiones el tribunal trabajará con fuerza y con el apoyo de los colombianos y colombianas dignas, las comunidades y procesos de los territorios se escucharán las voces que desnudarán las prácticas genocidas del Estado Colombiano.

Tuesday, 17 November 2020 00:00

La Caravana que el miedo no pudo detener

Mataron a Carlitos Navia en Argelia, informaba un mensaje de WhatsApp mientras discutíamos con la Procuraduría, el Ministerio del Interior, y los responsables de derechos humanos del Ministerio de Defensa, la importancia de proteger las vidas de los líderes y lideresas de las comunidades de la región, y también a los cientos de participantes que pretendíamos llevar una voz de aliento y esperanza a nuestros hermanos y hermanas del Cañón del Micay, un hermoso lugar entre los municipios de Argelia y El Tambo, empalizado por gigantescas y afiladas montañas que se tejen unas con otras en el bello pero desangrado departamento del Cauca.

Ese 26 de octubre, tres días antes de iniciar la Caravana, la noticia caía como balde de agua fría. Era una advertencia de los grupos armados a los organizadores de la acción humanitaria y a las comunidades para que no se involucraran en la preparación ni participaran. Cobrar vidas a los concejos comunitarios de los Pueblos Negros, a los liderazgos sociales, a campesinos y campesinas que se oponen a la fumigación con glifosato, defienden la sustitución voluntaria de la hoja de coca, y piden la implementación del Acuerdo de Paz, es moneda corriente en el Cañón del Micay, y en casi todo el departamento del Cauca. Esa era la principal razón que nos empujaba a viajar desde diferentes regiones del país hacia un lugar desconocido donde se asesinan a nuestros hermanos y hermanas en medio del mayor abandono estatal. Abrazar, mirar sus rostros, ofrecer una voz de esperanza y llamar la atención de la sociedad y el mundo sobre esos rostros era nuestro objetivo. También sacudir a los entes estatales y gubernamentales, cuya acción y omisión son cómplices del genocidio que allí se adelanta.

Nada iba a detener la Caravana, mucho menos el miedo. Pero el día 29 de octubre, después de cerrar una reunión con la gobernación del Cauca y con las fuerzas militares y de policía en Popayán, justamente para coordinar todos los asuntos de seguridad y debatir sobre la grave situación de violencia y falta de soluciones, llegaron más malas noticias. Al senador indígena Feliciano Valencia, quien anunció públicamente su presencia en la Caravana, le hicieron un atentado, tres impactos de arma de fuego penetraron en el fuselaje de su vehículo blindado en Tacueyó, norte del Cauca. Al mismo tiempo, en el corregimiento de El Plateado, a donde pretendíamos llegar el 31 de octubre, se presentaban hechos que lamentar: el asesinato de un hombre mayor, invidente y muy apreciado en su comunidad por ser un boticario, al que hombres uniformados y fuertemente armados sacaron de su casa y ultimaron a bala; la quema de un vehículo frente a una estación de servicios y un enfrentamiento armado entre los grupos que imponen su ley allí. Al fuego le caía más combustible.

Para aumentar la tensión y convencernos de que no debíamos continuar, con excusas todas las instancias del gobierno y las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos y la integridad de las personas se negaban a acompañar de manera directa la acción humanitaria. También la Mapp OEA y otros entes internacionales que solo se remitieron a estar atentos y dispuestos a levantar su voz para prevenir y denunciar cualquier hecho grave. El techo de tanta irresponsabilidad y mala voluntad gubernamental llegó con las declaraciones salidas de la boca sucia del consejero presidencial Emilio Archila, quien manifestó públicamente que la acción humanitaria de la Caravana no era más que politiquería, y que lo que pretendíamos era aprovechar la muerte de los líderes y gente de la región para dividir a los colombianos, hágame el favor.

A pesar de todo la Caravana encendió el motor, solos íbamos nosotros, el pueblo. El 30 de octubre, siete chivas repletas de valor y dignidad negra, campesina, indígena y mestiza. Tambores que no dejaban de latir como los corazones de los cerca de 500 entusiastas y valientes armados de solidaridad y amor. Del frío al calor, de la montaña al valle, del verde oscuro al claro. De las curvas suaves de la carretera gris pavimentada, a las pronunciadas, estrechas y empinadas de la carretera destapada que bordeaba los precipicios. No tomen fotos, si nos encontramos a los armados dejemos que los encargados hablen, no los miren, a ellos no les gusta, cuando lleguemos nadie puede andar solo, orientaban los encargados de derechos humanos. Y así, entre alegrías, cantos y el retumbar de las tamboras que alejaban al miedo, llegamos entrada la noche al municipio de Argelia. Nos esperaban chicas y chicos jóvenes, en motos y vehículos con banderas blancas y avisos de bienvenida, también, curiosamente, los caballistas del Micay, quienes en hermosos ejemplares conducían al grupo que daba la bienvenida.

Era de noche, y sin embargo la gente salía a las puertas y ventanas para mover sus manos y mostrar su sonrisa en señal de saludo y aprobación. Llegamos al colegio que nos hospedaría, en el que nos juntaríamos por tres días a convencernos de que el poder de la unidad y la solidaridad era capaz de superar hasta la muerte. Cada uno y cada una armó su carpa, sacó su plato y su cuchara, comimos, los que pudieron se bañaron. Esa noche dormimos profundamente, en los sueños también nos acompañamos y nos dimos fuerza para seguir con nuestra aventura en la madrugada siguiente.

El 31 de octubre todos a bañarse y desayunar muy temprano. Nos esperaba un caluroso día en el parque central de Argelia. Mientras unos coordinaban con los procesos y autoridades civiles del municipio, otros y otras afilaban sus pinceles, pulían sus artes de ventrílocuos, peinaban sus muñecos, afinaban sus instrumentos musicales, hacían sus últimos ensayos de baile y canto. Era un día para conocer a la gente de Argelia, jugar con los niños y las niñas, dejar huella en las paredes y en la memoria de sus habitantes, hablar desde el lenguaje del arte. Había que ponerse presentable para la ocasión.

Jonathan, el alcalde, dijo aquí estoy para las que sea, cuenten conmigo. Y así fue, él y su secretaria Natalia se pusieron la diez, como dicen. Participaron en las actividades, asistieron y saludaron los actos. Nos contaron que en Argelia han asesinado este año 51 personas, 30 en el municipio de El Tambo, y en los alrededores por lo menos 20 personas más, o sea que las muertes violentas en esa región superan los 100 casos. También nos compartieron su pesar y malestar por la falta de compromiso gubernamental con la implementación del Acuerdo de Paz. Es una pena que mientras en su municipio más de 11.400 familias campesinas trabajaron de manera comprometida la propuesta para el programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), el gobierno no haya salido con nada, pero si haya sacado pecho públicamente diciendo que ha trabajado en ese programa en la región, cuando sus propuestas son para tan solo 150 familias.

Desde las 10 de la mañana el parque central se colmó de actividades culturales, musicales, artísticas, murales, clases de percusión, de malabares, y elaboración de pancartas, fue un día del color y el tamaño de los sueños de la noche anterior. Los excombatientes y procesos sociales del corregimiento El Mango tenían preparada una sorpresa, una invitación a almorzar y compartir con esa comunidad, allí los rostros de alegría y esperanza también le dieron la bienvenida a la Caravana. El sol se ocultó tras las siluetas de los artistas, los comunicadores y comunicadoras, los defensores y defensoras de derechos humanos, y las manos levantadas diciendo adiós y gracias.

La noche cerró tensa, aunque no se dijo nada públicamente, en la Asamblea convocada para preparar la salida de madrugada hacia El Plateado, nuevos mensajes de amenaza y advertencia llegaban desde ese corregimiento. No vengan por aquí o aténganse a las consecuencias; el que asista o apoye la Caravana será declarado objetivo militar. Como si hubiera sido una orden, el colectivo omitió hablar del tema, nadie quería negarse la posibilidad de asistir en cuerpo y alma a percibir con sus sentidos el dolor de esos compatriotas que en la oscuridad de sus miedos esperaban ansiosos las voces, los abrazos y los mensajes de paz y de esperanza. La decisión estaba tomada, no ir al Plateado significaría dejar que venciera el miedo y la violencia, dejar un mensaje de derrota en la comunidad.

Por eso muy temprano estábamos desayunados y montados en las chivas, ahora eran 10 totalmente repletas, unas 700 personas. Durante casi cinco horas transitamos por un paisaje lleno de retazos de diferentes tonalidades verdes, cadenas interminables de montañas, empinadísimas todas sembradas de coca, ni una mata de plátano o de comida, siete estaciones de servicio de gasolina, ventas de insumos. Entre la maleza asomaban tímidos soldados de rostros imberbes. Antes de llegar al Plateado pasamos por varios poblados, El Mango, Puerto Rico, Sinaí, entre otros, llenos de negocios de toda clase víveres, ropa, aparatos electrónicos. La gente salía a las aceras y a las ventanas a saludar la Caravana con banderitas blancas en sus manos o fijadas en sus ventanas. Para ellos, la coca no es cocaína, es una mercancía que hace parte de su vida cotidiana, es la base de su economía familiar. Hay otros, los que están detrás del negocio transnacional del narcotráfico, que sacan provecho del trabajo de los que la cultivan y la cosechan, gente muy poderosa, que no vive por allí cerca, que la compran, la comercializan y la trafican, que cobran por dejarla pasar o miran para otro lado mientras entran los insumos, las redes delincuenciales, y sale la cocaína.

Llegamos al Plateado, mucha gente en las calles. Nos miraban tratando de evitar nuestras miradas, evitando la sonrisa, pero los niños, las niñas, y sus manitas, no sabían mentir, se movían para saludar ese extraño montón de gente sobre los techos de las chivas tocando tamboras y derramando colores y sonrisas. Igual que en el casco urbano de Argelia, el parque central se colmó. Nada resiste a la música, la fotografía, el arte creador. Aunque la intervención del alcalde de Argelia fue interrumpida por un coincidencial corte del fluido eléctrico, la actividad no se detuvo, las tamboras y las baterías del pueblo negro venían recargadas. De nuevo la galería de la memoria acercó a los habitantes de El Plateado que querían recordar los rostros de los que ya no están por causa del genocidio.

Salimos casi tres horas después de nuestro arribo. Esta vez había más gente despidiendo la Caravana, el miedo ya no estaba ni siquiera en los hombros tensos de la mayoría, el peso de la tensión se aligeró y dio paso a un sentimiento de éxito, de satisfacción por el deber cumplido, ese que solo paga la alegría y el agradecimiento de la gente a la que queremos, la que se parece a nosotros, la gente del pueblo.

Llegamos de nuevo a Argelia, embriagado de satisfacción, la evaluación fue en general positiva. Hay que seguir adelante, la Caravana no termina aquí, hay que hacer una o varias audiencias en el Congreso de la República, como acordamos con el senador Feliciano Valencia, Colombia y el mundo debe saber de las voces de las propias comunidades del cauca, las verdaderas razones de su desgracia y, por supuesto, las propuestas para parar la muerte y detener el genocidio.

“Ya tenía vejigas en las manos de tanto escarbar”, dice doña Natalia refiriéndose a la angustiosa labor de abrir huecos en una extensión de tierra denominada Los Pinos, en Tibú, Norte de Santander, en donde los paramilitares del Bloque Catatumbo, bajo el mando de Salvatore Mancuso, acostumbraban llevar a sus víctimas para enterrarlas. En esa gigantesca fosa común ella duró meses escarbando, buscando el cuerpo de su esposo William asesinado y desaparecido por los paramilitares en el año 2001.

William Wallens era vallecaucano y llegó a finales de los años 70 a Tibú, para trabajar en Ecopetrol, empresa a la que ingresó gracias a las recomendaciones de un primo suyo, ingeniero de la petrolera. William empezó como perforador y pronto se afilió a la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo, fue buen activista, pero no llegó a ser directivo del sindicato. Un par de años después sufrió un accidente grave en su labor de perforador de pozos y tuvo que ser reubicado en la sección de seguridad como vigilante - alcabalero.

William, además de trabajar para Ecopetrol, era amante de la buena salsa, hincha furibundo del América de Cali, árbitro de fútbol aficionado y un hombre bueno y solidario que disfrutaba organizando a los chiquillos en equipos de fútbol, y dirigiendo un programa de radio sobre deportes.

Doña Natalia recuerda casi todos los detalles de su vida familiar con William, y estaba muy al tanto de los ires y venires de la región en materia de orden público y de conflictividad laboral. Aunque William se sentía muy tranquilo, a ella siempre le inquietó su seguridad por trabajar en Ecopetrol y estar afiliado a la USO, por eso tiene mucha claridad de los hechos que antecedieron a su desaparición. Ella es una mujer campesina, muy inteligente y con carácter, que no ahorró esfuerzos para encontrar toda la verdad, así como los autores materiales y determinadores de la desaparición y trágica muerte de William.

Por ejemplo, recordó el 29 de mayo de 1999, cuando llegaron los paramilitares provenientes de Urabá y perpetraron la masacre de ocho personas en pleno centro de Tibú, a pocas cuadras del comando de Policía y de todas las instituciones estatales. Ese sería el preámbulo de una serie de crímenes abominables contra los campesinos de la región, e inexplicablemente el hecho que fijaría el conteo regresivo para la tranquilidad de la familia Wallens y para el ocaso de la vida de William.


El 17 de julio de 1999, a pesar de la alerta que las autoridades tenían por la llegada de los paramilitares y la masacre perpetrada en sus propias narices, estos arremetieron de nuevo. En pleno corazón de Tibú asesinaron a siete personas señaladas de ser auxiliadoras de la guerrilla, y se llevaron en camiones a otraspersonas del pueblo. Cuenta doña Natalia que esa misma noche, muy lejos de allí, William se encontraba trabajando en su turno de vigilante en la alcabala número dos. Allí observó la llegada de unos camiones de los que se bajaron hombres uniformados y armados, exigiéndole que abriera el paso y les orientara el camino hacia La Gabarra, una vereda del municipio de Tibú.

Ingenuamente, William prestó resistencia, y les dijo que no les podía abrir porque ese era un campo petrolero de propiedad de Ecopetrol, y que además por esa ruta no llegarían a La Gabarra. Los hombres ofuscados lo insultaron y lo obligaron a quitarse la ropa para verificar supuestas marcas que dejan los equipos y las armas en los cuerpos de los combatientes, acusándolo de guerrillero. Al no encontrar las marcas procedieron a raptarlo para que les sirviera de guía, y horas más tarde lo dejaron a kilómetros de allí, amenazándolo por la suerte que pudieran correr en su camino hacia La Gabarra. William regresó a pie a Tibú para contar su historia.
William advirtió la presencia de gente tirada boca abajo en el piso de los camiones en que los paramilitares se lo llevaron secuestrado esa noche. Lo que no supo sino hasta el día siguiente, era que los habían asesinado vilmente en el mismo camino donde fue abandonado en la oscuridad. Muchos días después de esa horrible noche se enteró que una de las víctimas de la masacre había sobrevivido, milagrosamente, al hacerse el muerto tras un disparo que le propinaron cerca de su oído derecho. Sería ese hombre, llamado Andrés Bermonth Martínez, quien destaparía un escándalo que para los pobladores de Tibú ya no era ningún secreto: los paramilitares del recién nacido Bloque Catatumbo venían actuando con la complacencia de las autoridades policiales y militares, y con el apoyo de empleados de Ecopetrol.

De hecho, Bermonth Martínez señaló la complicidad del vigilante de la alcabala que esa noche dejó pasar sin problema los camiones hacia el interior del campo petrolero, por donde ingresaron al batallón del Ejército para torturar a las víctimas, antes de llevarlas por el camino a La Gabarra donde fueron ultimadas. William fue llamado por la Fiscalía para que rindiera su testimonio de los hechos y despejara dudas frente a su posible complicidad esa noche, pero el propio Bermonth Martínez dejaría claro que William nada tenía que ver, porque el vigilante cómplice estaba en la alcabala uno y William trabajaba en la dos. Casi un año después fueron puestos tras las rejas varios oficiales del Ejército y de la Policía vinculados a estos grupos paramilitares y a las masacres.

Sin embargo, no fueron esos terribles hechos los que le costarían la vida a William dos años más tarde. Doña Natalia, con mucha seguridad, sostiene que durante ese tiempo estuvieron muy tranquilos en su casa y sobrellevaron el ambiente de violencia desatado en toda la región. Aunque el control paramilitar seguía a ojos de todos, a William no lo molestaron para nada.

– ¿Entonces qué pasó doña Natalia, por qué se llevaron a William y por qué lo mataron?
–No sé, no sé, William no tenía líos con nadie –responde ella entre sollozos–. El último día que lo vi era un 29 de mayo de 2001, me dijo que pediría permiso en el trabajo porque esa noche jugaba el América en la Copa Libertadores, y a él le gustaba ver los partidos en casa conmigo y con los niños, pero pasó el primer tiempo, y el segundo, y los niños se quedaron dormidos esperando a su papá. Jamás regresó, pero mi esperanza era que estuviera en el hospital, porque andaba con una molestia en su pierna y yo antes de salir de casa ese día lo regañé, le exigí que fuera al médico. Me dije a mí misma: eso fue que lo dejaron hospitalizado, mañana iré a llevarle las chanclas y una pantaloneta para que esté cómodo.

A la madrugada, Natalia se levantó a preparar las cosas para llevarle a William al hospital, pero cuando iba saliendo notó algo raro: uno de sus compañeros, Fernando Contreras, al que le decían el tailandés, llegó a su casa con el uniforme de trabajo, lo que suscitó algo de extrañeza en ella. El tailandés le preguntó por William y Natalia le respondió que él no estaba, y que por qué venía tan temprano y con uniforme de trabajo, pero este la evadió y con excusas se fue retirando. Luego, en el camino hacia el hospital, se encontró con un jefe de William, quien desde su carro la abordó y le preguntó por él y por sus amigos más allegados, ella aún más extrañada le dijo que iba para el hospital a buscarlo, el jefe se ofreció a llevarla y le dijo que habían rumores de que William se había ido al bar América a ver el partido y se había emborrachado, pero ella le dijo que eso era imposible, conocía muy bien a William y esas no eran sus costumbres. Él sí tomaba, pero en la casa, enfatizó doña Natalia. Fueron al bar, pero su moto no estaba allí. El jefe se ofreció a verificar: William no estaba allí. El jefe insistió que la noche anterior había salido con un amigo de apellido Cantor. Luego fueron al hospital, pero allí tampoco dieron noticia de su esposo.


Fueron donde Cantor, con quien supuestamente había salido en la moto la noche anterior, y él confirmó que cuando salieron de la empresa otro compañero de trabajo llamado Armando Montaño lo había llamado para decirle algo en privado, y como se demoró y William estaba afanado para ver el partido, se fue solo en su moto. A partir de ese momento empezó el calvario. Los amigos, que eran muchos, organizaron grupos de búsqueda, sospechaban de los paramilitares. Natalia no dudó, agarró a sus niños y se fue directo para la casa de alias Mauro, jefe de los paramilitares, quien vivía en barrio Barco en el casco urbano de Tibú. Todo el mundo sabía que esa era su casa, y según dice doña Natalia, la Policía cuidaba a los paramilitares cuando iban a disfrutar en el río.

Doña Natalia se metió a casa de alias Mauro sin permiso y sin mediar palabra le dijo:
–Entrégueme a mi esposo o dígame en dónde está.
–Nosotros no lo tenemos–, respondió.
–Desde que llegaron a esta región, ustedes son los únicos que matan y desaparecen aquí, entréguemelo o dígame dónde está su cuerpo.
–Voy a investigar y la mando a llamar – dijo alias Mauro y le pidió a un guardaespaldas que la sacara junto con sus hijitos.

Antes de salir, doña Natalia le advirtió a “Mauro” que no descansaría hasta encontrar la verdad, y que algún día él mismo le tendría que decir dónde estaba el cuerpo de su esposo, por qué lo habían matado y quiénes estaban detrás de su desaparición y muerte.

Como si fuera un designio, esa campesina casi iletrada, pero de abundante inteligencia y llena de valor y de amor, fue a todo lado a denunciar y a preguntar. Llegó el día en que la Ley de Justicia y Paz le dio la posibilidad de encontrarse cara a cara con alias Mauro, pero esta vez sería Natalia quien llevaría las riendas. “Mauro” no se había sometido, sino que fue capturado con sus secuaces. En la audiencia ella le habló firme, le recordó el episodio de su casa en Tibú, y le exigió ante los reproches del juez que le confesara todo. “Mauro” aceptó que él dio la orden de asesinarlo, y que sus hombres lo habían raptado, torturado y asesinado por ser guerrillero, pero que luego, cuando ya era tarde, se dieron cuenta que era una buena persona. Además, manifestó que los determinadores eran tres empleados de Ecopetrol, uno de ellos de alto rango, pero que no sabía sus nombres. Señaló a alias El Oso como el autor material y dijo que él sabía el nombre de quienes habían determinado su muerte.

Un año más tarde doña Natalia encaró a “El Oso”, y este finalmente confesó que los tres determinadores de su asesinato eran el ingeniero Juan Carlos Chamorro, y los empleados Fernando Contreras apodado el tailandés, y Armando Montaño, el mismo que engañó a Cantor el día de la desaparición de William para que este se fuera solo en su moto. Ellos informaron falsamente a los paramilitares que William era jefe guerrillero y organizador de paros armados. “El Oso” señaló el presunto lugar donde habían enterrado los restos de William: Los Pinos, el terreno donde una y otra vez Natalia escarbó con sus uñas dentro de la tierra buscando a su compañero inerte.

Solo hasta septiembre 11 de 2009, después de agotar casi por completo las esperanzas, Natalia no solo encontró el cuerpo de William, sino el de muchas otras personas. Natalia se convirtió en una suerte de sabuesa a la cual seguían otras personas que también buscaban a sus seres queridos. Días antes también había encontrado la moto de William enterrada en otro lote que estaba en construcción, y había descubierto las verdaderas causas de la desaparición y muerte de su amado. Una noche, William halló un cargamento de armas y uniformes que pretendía ingresar Armando Montaño en una camioneta para guardarlos en el club de Ecopetrol, el mismo club donde los paramilitares eran atendidos como reyes, y hasta usaban la ropa oficial de los ingenieros de Ecopetrol. Esa noche, en desarrollo de sus funciones, William exigió revisar la camioneta que conducía Montaño, y aunque este se negó, finalmente se vio en la obligación de dejarlo. William encontró armas y uniformes, y le advirtió a Montaño que eso quedaría consignado en su libro de control. Con esto William firmó su sentencia de muerte.

A pesar de las confesiones de los paramilitares, los determinadores de la muerte de William nunca fueron procesados; al parecer fueron trasladados por la empresa Ecopetrol y gozan de libertad. Natalia aún llora desconsolada en medio de los amargos recuerdos, su voz se entrecorta cada que menciona el nombre de William y cada vez que recuerda que le faltaban solo meses para salir pensionado. Sus planes frustrados eran regalar su casa de Tibú a una familia humilde que él ya había escogido, e irse para Cali a vivir con su padre viudo en compañía de su inseparable Natalia y sus pequeños hijos.

Frente al incremento y abuso de la criminalización y judicialización de líderes y lideresas sociales en todo el país, coinciden las organizaciones de abogados como el Equipo Jurídico Pueblos, la Fundación para la promoción de la justicia Javier Alberto Barriga, y los asesores jurídicos de la Corporación Sembrar y del Movimiento de Masas del Centro Oriente colombiano, entre otros, que los organismos de inteligencia como la Dijin, la Sijín, el Ejército y la Fiscalía se encargan de vigilar, interceptar, hostigar, amenazar y finalmente encuadrar en tipos penales y capturar a los líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios, los derechos humanos, y organizan a los trabajadores y a las comunidades, para sacarlos del medio y así debilitar y exterminar los procesos sociales y populares. En casi todos los casos utilizan a los desmovilizados y falsos testigos para incriminarlos y ganar beneficios legales.

Son muchas las organizaciones y procesos sociales víctimas de esta modalidad, por lo que amerita indagar e investigar a fondo la magnitud de la situación que sufren muchos líderes y lideresas en todo el territorio nacional. Por ahora trabajaremos sobre los casos, datos y fuentes que pudimos recoger.

Sur de Bolívar
En marzo 22 de 2017 fueron capturadas Nubia Gómez Jaimes, Milena Quiroz, José Lemus Jaimes, Isidro Alarcón, Manuel Sabaleta, Félix Muñoz, Joaquín Gómez Quiñones y Santos González Pimienta en el Sur de Bolívar.

Jorge Reales, quien se desempeña como abogado de la Corporación Sembrar y tiene a su cargo la defensa de la mayoría de procesos en contra de estos líderes sociales comenta que “el proceso de los ocho primeros casos es de conocimiento del Juzgado Primero Penal especializado de Cartagena… Las personas fueron capturadas y judicializadas con base en informaciones de personas desmovilizadas del ELN. Es decir, repitiendo el patrón de casos anteriores de detenciones masivas”. La precariedad de las pruebas y las irregularidades legales de las capturas obligó a los jueces a dejar libres, meses después, a los capturados, aunque siguen procesados.

En el Sur de Bolívar ya se habían presentado falsos positivos judiciales en el año 2007 y 2008. Con montajes y falsos testigos las autoridades incriminaron a Teófilo Acuña y Alirio Salgado, lo cual fue demostrado en medio de sus procesos. La estigmatización y la presión de las Fuerzas Militares y la Fiscalía sobre los líderes de la región no cesó, en 2018 cinco de los principales líderes del corregimiento de Micoahumado se vieron obligados a presentarse ante el ente investigador en la ciudad de Bogotá para exigir que se les presentaran los cargos y si era del caso fueran capturados o se les dejara en paz de una vez por todas, la Fiscalía General de la Nación certificó que no tenían orden de captura.

Suroccidente, Nariño y Valle
El 21 de abril de 2018, fueron capturados 33 líderes del Suroccidente colombiano, en especial del departamento de Nariño, la mayoría ex servidores públicos de reconocida trayectoria social entre las comunidades, lideresas indígenas y afrodescendientes. En este caso 27 de ellos tuvieron que ser dejados en libertad por la misma razón: precariedad en las pruebas e irregularidad en las capturas. Los cargos en este caso eran concierto para delinquir, narcotráfico, porte de armas, rebelión, entre otros que vinculaban a los y las lideresas con el ELN. Sin confirmar está la versión de que esas capturas estuvieron coordinadas y presionadas por la DEA.

Hoy se encuentran privadas de la libertad Sara Quiñones y Tulia Marys Valencia Quiñones, madre de Sara, las dos lideresas reconocidas del Proceso de Comunidades Negras, PCN, de la junta de gobierno del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, y defensoras de derechos humanos, quienes, según el PCN, llevan más de 257 días injustamente privadas de la libertad por vencimiento de términos, y en total cumplen más de un año en una cárcel de Cali. La lideresa Alejandra Dizú también está privada de la libertad en un centro de armonización por la jurisdicción indígena.

Nororiente de Colombia
Las conclusiones de un informe sobre judicialización del Equipo Jurídico Pueblos, con sede en Bucaramanga, pero que atiende profesionalmente toda la región norte y sur de Santander y parte del Cesar, es contundente: “una vez revisadas las zonas más afectadas con las detenciones masivas, todas ellas son regiones donde concurren intereses económicos y/o político-militares claros, que requieren ser “pacificadas” o “estabilizadas”. Tal es el caso de los pozos petroleros alrededor de Caño Limón, explotados por las empresas petroleras Oxy, Repsol-YPF y la British Petroleum (BP); o el Sur de Bolívar donde la Anglogold Ashanti está explorando minas de oro; Sabana de Torres, que hace parte del enclave petrolero, donde además existen grandes sembrados de palma y hoy en día la famosa “RUTA DEL SOL” con el proyecto “DIAMANTE CARIBE SANTANDERES”, el cual ha generado varias capturas de campesinos que reclaman derechos al Estado colombiano y Multinacionales que desarrollan estos proyectos”.

En este marco, en enero y febrero de 2014 fueron capturados tras los testimonios de desmovilizados que obtuvieron beneficios judiciales por su colaboración con la justicia, los campesinos Wilson Becerra Becerra, Alonso Serrano Arias y Jairo Ramírez, del municipio de La Gloria, Cesar. La Fiscalía renunció a las declaraciones de los desmovilizados, quienes no pudieron ser contrainterrogados por la defensa; dos y cuatro años más tarde Wilson y Jairo recuperaron su libertad, pero continúan vinculados al proceso judicial, mientras que Alonso continúa detenido. También, bajo declaraciones de desmovilizados corrieron igual suerte en agosto de 2015 el campesino Manuel Antonio Cardozo de Curumaní, Cesar, y en diciembre del mismo año los campesinos Matilde Ureña y Otoniel Caballero de El Carmen, Norte de Santander.

En junio de 2016, en Becerril, Cesar, la Sijín y el Ejército nacional (Batallón Energético y Vial, en adelante BAEV2), acompañados de cuatro personas que cubrían sus rostros y portaban armas, capturaron a los campesinos Luis Oscar Galvis Sánchez, Erasmo Galvis Sánchez, Wilson Paredes, Cristo Humberto Calderón Rozo, Cristo Pineda Castillo, Ubernel Duran Riogó, Jorge Enrique Mieles y William Paredes Aguilar. El desmovilizado que declaró contra ellos fue asesinado posteriormente por miembros del BAEV2 del Ejército, sección de inteligencia. Hoy todos los campesinos están libres, pero con un proceso abierto. Otros 17 casos, la mayoría con montajes judiciales y declaraciones de desmovilizados, bajo los mismos patrones o similares condiciones, se presentaron entre el 2012 y 2018. Todos fueron atendidos por el Equipo Jurídico Pueblos, y la mayoría de imputados están hoy en libertad, pero siguen judicializados.

También el Equipo Jurídico Pueblos representó a la joven defensora de derechos humanos Natalia Trujillo Nova, en medio de su captura y la de nueve jóvenes más acusados de actos terroristas, a través de un irregular proceso de captura, conocido mediáticamente como el caso del Centro Comercial Andino.

Bogotá
Desde el año 2015 trece líderes y lideresas estudiantiles fueron judicializados y capturados en medio de un show mediático, tres de ellos por los presuntos delitos de terrorismo, rebelión y violencia contra servidor público; los diez restantes por porte ilegal de armas (papas bombas), y violencia contra servidor público; a pesar de recobrar su libertad por la debilidad probatoria, todos siguen judicializados. Situación similar sufrió el joven estudiante y líder Mateo Gutiérrez, judicializado y llevado a la cárcel en marzo de 2017 acusado de atentados con explosivos en la capital. A Mateo también querían involucrarlo en el atentado del Centro Comercial Andino, aunque fue demostrado que no participó en estos hechos pues estuvo tras las rejas 20 meses.

El seis de junio de 2018 fue capturado el secretario técnico y líder social del Congreso de los Pueblos Julián Andrés Gil Reyes. Según su proceso organizativo local Quinua y el Congreso de los Pueblos, las autoridades judiciales utilizaron como “informante” a un excompañero de Universidad, Andrés Felipe Ospina Guarín, quien con testimonios injuriosos y calumniosos, y con el fin de obtener beneficios jurídicos, involucró a Julián en acciones bélicas con explosivos y armas, en las que jamás estuvo presente. La Fiscalía pretende propinar un “falso positivo judicial” imputando delitos que son de competencia de la justicia especializada.

Arauca, Casanare y Meta
El abogado Alex Arguello del equipo especializado de derechos humanos del Centro Oriente de Colombia, recuerda que las judicializaciones no son asunto nuevo. En noviembre de 2002 bajo el gobierno de Uribe Vélez, llevaron a la cárcel a cientos de líderes en todo el país, con casos emblemáticos como el de Arauca en donde un total de 2000 personas, incluidos menores de edad y amas de casa, fueron trasladadas al coliseo Jacinto Jerez, donde fueron encerradas mientras se verificaban las ordenes y se hacían efectivas las capturas de más de 90 personas, la mayoría líderes sociales. Fue la primera captura masiva a nivel nacional, tras la expedición del Decreto 1837 del 2002, y la realizaron personal del Ejército y el Gaula de la Policía. Pretendían según ellos desmantelar las redes de apoyo a la guerrilla del ELN. Aún varios de estos procesos siguen sin resolver. Igual sucede con el caso del líder Jorge Sanabria, de la organización juvenil Anjeco de Arauca, que fue capturado desde septiembre de 2016.

Arguello también informa que el 30 de septiembre de 2018 en Casanare y Arauca fueron detenidos cinco líderes sociales del Movimiento de Masas del Centro Oriente, pertenecientes a las organizaciones Asonalca y Asmuc; y el 20 de octubre de 2018 fue capturado en Arauquita el afiliado de Asonalca, Horacio Lizarazo Bernal. El 27 de noviembre de 2018 también fueron capturados ocho líderes comunales más y en abril de 2019 a otros trece se les inició proceso penal. En la actualidad ya suman 27 los lideres judicializados en la región, la mayoría líderes y lideresas reconocidas por su lucha contra las petroleras que explotan los recursos en esas zonas del Centro Oriente.

La Estructura Especial de Apoyo, EDA, cuerpo especializado de la Fiscalía al servicio exclusivo de las empresas petroleras nacionales o extranjeras, pagado por estas, se encarga, como en otras regiones, de hacer seguimiento y perseguir a los líderes de las comunidades que adelantan acciones reivindicativas y de protesta social, exigiendo que respondan por sus obligaciones legales y económicas en los territorios donde explotan los hidrocarburos. La EDA se encarga de enmarcar las acciones legítimas de las comunidades en tipos penales, con el fin de vincularlos con estructuras del crimen organizado y llevarlos a la cárcel. Así ocurrió el 12 de septiembre de 2018 en Acacias, Meta, con siete líderes de las comunidades que exigían el cumplimiento de los acuerdos firmados con Ecopetrol. En este caso, aunque lograron su libertad, siguen procesados por varios delitos.

Antioquia
El 8 de marzo de 2019, fue capturado el concejal de San Francisco, Ancísar Morales, campesino oriundo de esa región del Oriente antioqueño y reconocido desde su adolescencia por el liderazgo social y popular con la Asociación Campesina de Antioquia y con el Congreso de los Pueblos. Su abogado Johan Giraldo, la comunidad, y hasta las autoridades locales, no salen del asombro porque conocen a Ancísar y lo respaldan, todos creen que es un montaje judicial o un grave error de la justicia. Ancísar es una persona dedicada de tiempo completo al bienestar de su comunidad, ha luchado frontalmente contra el flagelo de la drogadicción y el micro tráfico que afecta a los jóvenes de su comunidad, y un montaje judicial lo tiene hoy en la cárcel, presuntamente por estar implicado con delitos de distribución de droga y porte ilegal de armas porque en su residencia campesina tenía una escopeta.

Sin cubrir la totalidad de casos de judicialización que sufren las organizaciones sociales y populares en Colombia, estos procesos, que superan los cien casos de abuso del derecho penal, son apenas una muestra y estarían enmarcados en las prácticas genocidas del Estado colombiano que hoy lo tienen en la palestra internacional por los más de 702 casos de ejecuciones extrajudiciales contra líderes y lideresas.

Saturday, 11 May 2019 00:00

Sobran razones para vivir

Fue la angustia la que llevó a los defensores y defensoras de derechos humanos de diferentes organizaciones sociales, populares y de algunas ONG a pensar en una acción política, una iniciativa de gran envergadura, que mostrara la magnitud de la tragedia que deja el genocidio de los que luchan por defender la vida, la libertad y dignidad en los territorios.

Al llamado acudieron miles desde Cauca, Chocó, Valle, Nariño, Arauca, Bolívar, Norte y Sur de Santander, Cundinamarca, Casanare, Meta, Putumayo, Atlántico y Magdalena, entre otros. Dejaron temerosos sus parcelas para apostarle al Refugio Humanitario por la Vida, una forma de protestar desde sus corazones buscando conmover a todo aquel o aquella que aún tiene en su pecho un corazón latiendo. Su objetivo era llamar la atención de una sociedad que ve los toros desde la barrera sin percatarse de su crisis humanitaria, y dar cuenta del genocidio que desde el primero de enero de 2016 y hasta hoy le ha costado la vida a más de 620 de sus hermanos y hermanas, y la libertad a otros cientos.

Llegaron a Bogotá en caravanas desde muy temprano el día 28 de abril. Y aunque la cita era para resistir a la muerte, las sonrisas reflejadas en sus rostros retaban con humildad la adversidad que cargaban en sus maletas llenas de dolor, sacrificio y pesar ante la pérdida de sus líderes, aquellos que habían dejado enterrados, amenazados, o tras las rejas de una mazmorra inhumana de esas que solo abren sus puertas a los pobres y se mantienen cerradas para los criminales de cuello blanco.

Fue una protesta digna, no era para llorar y pedir compasión al Gobierno, era para mirar a los ojos de la sociedad que los ignora y mostrarle su valor y compromiso con la vida, y con el país. También para exigir a las instancias nacionales e internacionales su obligación ética y legal de garantizar sus derechos humanos y decirle al mundo entero que en Colombia no hay autoridades que puedan y quieran detener el asesinato sistemático y selectivo de líderes y lideresas; para denunciar que incluso los miembros de la fuerza pública asesinan con alevosía a quienes le apostaron a la paz.

Una semana antes de instalar el Refugio Humanitario por la vida de líderes y lideresas, el 22 de abril, en Convención Norte de Santander el Ejército le quitó la vida a Dimar Torres, un excombatiente de las Farc, sin razón alguna. El hecho fue descubierto y enfrentado por la comunidad que pudo confirmar el homicidio y detener la consumación de un falso positivo. El cuerpo de Dimar, visiblemente torturado, iba a ser enterrado en una fosa que acababan de abrir los uniformados, pero lo peor de todo fue que el Ministro de Defensa, quien representa al más alto Gobierno, no solo justificó el asesinato, sino que trató de evadir la responsabilidad de la tropa inventando versiones que dejaban en el ambiente que todo había sido un accidente. A pesar de que los propios generales de división responsables de esas tropas reconocieron el grave crimen y pidieron perdón, hoy el ministro Botero permanece campante en su cargo y el presidente Duque guarda silencio.

Y en Nariño, el 28 de abril fue asesinado por desconocidos Marco Agrada, otro líder social integrante de la JAC de Leiva, que se disponía a participar en el Refugio Humanitario de Bogotá. Lo mataron antes de viajar. Tal vez los asesinatos viles de Dimar y de Marco son una respuesta cínica y despiadada del Estado y de los sicarios a la protesta, o simplemente un mensaje cruel a la humanidad que clama justicia.

Sin embargo, el Refugio cumplió sus objetivos, millones en Colombia y el mundo siguieron a través de los medios la valiente y digna jornada que contenía un programa de cinco días con acciones culturales, políticas, movilizaciones, audiencia en el Congreso de la República y visitas a embajadas y a la Unión Europea para pedir masivamente medidas de protección internacional, algo que jamás había ocurrido en Colombia, a pesar de los miles que han abandonado el país para proteger su vida.

Las tamboras de los pueblos negros retumbaron con más fuerza, los bastones de los pueblos indígenas se hincaron más alto, las banderas campesinas hondearon con orgullo, los cánticos de los jóvenes y los estudiantes se escucharon con más brillo, y las consignas dignas de las mujeres tuvieron mayor nitidez. Se escucharon en medio de las conversas cotidianas, a la hora de descanso dentro del Refugio, las valoraciones espirituales y filosóficas de algunos que compararon el refugio con el útero: “es la vida, aquí juntos y juntas apoyándonos entre todos y todas se siente uno más protegido como cuando uno está en el vientre de la madre”.

Protegernos y autoprotegernos, cuidarnos mutuamente, formar más guardias indígenas, cimarronas y campesinos para defender el territorio y la vida, construir refugios humanitarios territoriales para que los líderes y lideresas amenazadas o perseguidas puedan guarecerse allí, exigir al Gobierno la reinstalación de las mesas de garantías y otras instancias preventivas que eviten que el genocidio continúe, y adelantar asambleas humanitarias para hacer realidad todas estas ideas en los territorios. Al final, eso fue lo que discutieron y aprobaron los líderes y las lideresas que sesionaron durante un día completo en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá.

Apenas estaban llegando a sus territorios los pueblos afros, agotados por las exigentes jornadas del Refugio, no se acababan de acomodar y deshacer de sus maletas, cuando recibieron en medio de su territorio, en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, la terrible noticia del atentado con fusil y granadas que casi le cuesta la vida a sus mejores mujeres y hombres. Allí Francia Márquez y un puñado de sus compañeros y compañeras vieron de cerca a la muerte, palparon el desprecio que en Colombia se tiene por la vida. Sin embargo, el mismo cinco de mayo, día del atentado, desde muchos rincones del mundo y de Colombia se escucharon voces y mensajes repudiando el hecho, avivando la lucha y el valor del pueblo afro, haciéndoles entender que no están solos y solas. Hay que juntar a las colombianas y colombianos, al planeta entero si es necesario, en una sola voz, en un solo corazón para que entre todos y todas impidamos, sin más reparos, que se riegue más sangre de los perseguidores de sueños y utopías.

Tuesday, 09 April 2019 00:00

Un pueblo que resiste en lucha

Es evidente el cambio de ciclo que trajo consigo el gobierno de Duque. Pasamos de la posibilidad de solucionar políticamente el conflicto armado –alternativa que venía posicionándose en la sociedad colombiana–, a la propuesta de salida militar ante la “amenaza terrorista” adoptada por los uribistas para negar la existencia del conflicto político, social y armado que no cesa en Colombia desde hace décadas, y al cual sus dos gobiernos anteriores le vaciaron muchos ríos de sangre.

Este tercer des-gobierno de la seguridad democrática se jugó todo para fortalecer las fuerzas militares, dándoles recursos suficientes para incidir en obras públicas, educación, seguridad empresarial, protección, campañas de salud, y vías libres para realizar actividades cívico militares, que les permiten no solo condicionar a las comunidades en sus territorios, sino participar en jugosos y multimillonarios negocios. De otro lado, la lealtad del uribismo con los altos mandos militares que incurrieron en delitos de lesa humanidad, crímenes de Estado, y falsos positivos, llevó a Duque a nombrar a varios de ellos en cargos poderosos, y responsabilizarlos de tareas absurdas como garantizar la protección a los líderes y lideresas sociales perseguidos y estigmatizados precisamente por esta clase de oficiales.

Aunque las armas solo deben estar en manos del Estado, según las normas constitucionales y legales, en Colombia estas normas son un buen chiste. Arsenales se mueven en la ilegalidad y se nota desidia por parte de las fuerzas militares a la hora de perseguir, capturar y judicializar a los miembros de grupos paramilitares, bandas criminales, carteles de narcotraficantes nacionales y extranjeros, a quienes se les permite el libre tránsito por todo el territorio nacional, en especial en los territorios que antes eran ocupados por la guerrilla de las FARC, donde imponen su ley sin obstáculo alguno. La cereza del pastel de la militarización de la sociedad está en la propuesta de otorgar el uso de armas a la “gente de bien” como preámbulo a la estrategia muy conocida del millón de amigos, es decir, la participación de civiles en el conflicto armado y la creación del semillero paramilitar, medidas que consolidan un pensamiento reaccionario en toda la sociedad.

Departamentos como Arauca, territorios como el Catatumbo en el Norte de Santander o Micoahumado y sus alrededores en el Sur de Bolívar, son ejemplos concretos de la política de militarización que le permite al Estado perseguir, asesinar y judicializar a los líderes sociales y estigmatizar a sus procesos organizativos. Miles de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) cumplen su papel y lo hacen uniformados o de civil, a punta de plomo y represión o a través de campañas cívico militares para arreglar caminos, construir escuelas, centros de salud o canchas de fútbol. El Estado administrado por los militares. Injustas, ridículas y perversas medidas tomadas por el gobierno de Duque en un país que sigue viendo sin inmutarse cómo aumenta el contador de líderes y lideresas sociales asesinados, judicializados, amenazados y perseguidos por el Estado.

Una vez el Estado y sus agentes combinan todas las formas de lucha contra los líderes y los procesos que defienden el territorio y protestan contra las medidas antipopulares del nuevo Gobierno, los medios corporativos de comunicación hacen su trabajo que consiste en invisibilizar o tergiversar las causas de las problemáticas en los territorios, como hicieron con Hidroituango. O peor aún, afianzar la política de estigmatización de la protesta social, señalando a los líderes y lideresas como terroristas o desadaptados que impiden el progreso, el desarrollo y la inversión extranjera en los territorios.

Es bueno remitirse al caso del departamento del Cauca, donde el Gobierno y los medios señalan a los indígenas y campesinos de ser responsables por el desabastecimiento de víveres, gasolina y medicamentos que requieren los más necesitados. Los mismos a los que el Estado y los medios jamás prestan atención en materia social y económica. Duque se niega a ir a los territorios porque según él no acepta las vías de hecho, sin embargo, sus fuerzas militares y el escuadrón del ESMAD lo hacen cada tanto con sus acciones represivas. Tal vez sucede que a Duque no le da réditos visitar a los indígenas y a los campesinos y conversar con ellos, cosa que sí sucede cuando le busca camorra a Maduro. En suma, Duque ofrece ayuda humanitaria a una oposición mafiosa y ladrona en Venezuela, pero se niega a hacerlo con su propio pueblo humilde al que le da tratamiento de guerra.

Lo que este Gobierno y sus asesores guerreristas no comprenden es que el pueblo y sus procesos están lo suficientemente curtidos y dispuestos a soportar muchos días o meses en las carreteras, en los puertos y en sus territorios hasta que se les escuche y se les resuelvan, entre otras cosas, los acuerdos que desde los gobiernos de Uribe y Santos les han incumplido. La Minga y el Paro Cívico Nacional que se prepara para el 25 de abril en todo el país no pretende regalos, ni plata para palear las agudas crisis. Tiene fines políticos acordes al momento, para defender la vida y la libertad, la no injerencia militar en Colombia o contra los vecinos, la desmilitarización de los territorios, el respeto e implementación de los Acuerdos de Paz, adoptar la solución política como única medida para solucionar los conflictos sociales y armados, y detener las políticas regresivas contra el pueblo, en especial las contenidas en el actual Plan Nacional de Desarrollo.

En abril se viene el Paro y se viene el Refugio Humanitario para garantizar la vida de líderes y lideresas sociales, y le corresponde a toda la sociedad acudir al llamado de los pueblos que se levantan por la justicia social.

Sunday, 10 March 2019 00:00

Zapatero a sus zapatos

No tenía qué decir ni qué hacer el señor Iván Duque en sus primeros meses de mandato, iba de tumbo en tumbo haciendo el oso en sus giras internacionales, llevando razones de su jefe a la monarquía española, y ofreciendo conferencias sobre los siete enanitos en el foro de la Unesco; también adueñándose a su conveniencia de los resultados del Acuerdo de paz en Europa, mientras aquí en Colombia los hacía trizas. Llegó a tener tan solo el 23% de favorabilidad después de anunciar una reforma tributaria disfrazada, de respaldar abiertamente al corrupto y criminal jefe de la Fiscalía, y luego de pagar favores a los expresidentes a través de nombramientos de sus esposas o exesposas: una embajada para doña Nohra Puyana, otra para doña Ana Milena Muñoz; la mermelada se le agotó muy pronto cubriendo las deudas de campaña electoral. Duque se quedó a merced de Álvaro Uribe, ese que sí sabe cómo subir en las encuestas a punta de odio, guerra y señalamiento.

Hay que reconocer que las acciones armadas de la insurgencia del ELN en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, y la arremetida mediática y económica del imperio contra Venezuela le dieron respiración artificial a un Gobierno desorientado como el de Duque, que con cada acto demostraba su falta de experiencia y de gobernabilidad. El discurso de Duque claramente influenciado por Uribe y sus asesores se puso a la ofensiva. Y los medios masivos, los compinches y cómplices de fechorías rápidamente se montaron en la estrategia de señalar los enemigos a enfrentar. Ahora Duque y los uribistas tenían qué decir y que hacer, jugar a la guerra con la sangre y la vida de los demás, práctica en la que les sobra experiencia y experticia.

No obstante, el nivel de popularidad de Duque inflado a punta de encuestas y de la sumisa postración de los medios masivos no alcanzó los niveles esperados. El desprecio por los problemas del país y su claro respaldo a las élites y a los responsables de desfalcos y desastres ambientales como el de Hidroituango, así como el ataque a la JEP, y su silencio ante el genocidio contra líderes y lideresas sociales le sigue pasando cuenta de cobro en un país que trata de sacar la cabeza y reaccionar ante el desgobierno.

El discurso de la guerra sin duda le dio réditos a Duque por unas semanas y lo sacó parcialmente del lodazal en que se encontraba, pero sus cartas jugadas sin cautela y con tal fanatismo y servilismo a los designios del polémico Donald Trump le podrían pasar una nueva cuenta de cobro ante el fracaso del 22 y 23 de febrero, donde actuó como general invasor sin éxito.

Iván Duque creyó ciegamente en el poder omnímodo del imperio norteamericano, y se envalentonó con el precario apoyo de un grupo de países que los medios masivos se encargaron de calificar a los cuatro vientos como “mayoría”, cuando en realidad no son ni la cuarta parte del sistema de universal de naciones; el mismo Duque se tragó el anzuelo mediático que tendría la tarea perversa de convencer a la humanidad sobre la “tragedia humanitaria” que vivía el pueblo venezolano y desviar la atención de las verdaderas intenciones gringas sobre su petróleo.
Los medios, en especial, ocultaron las consecuencias fatídicas de la guerra mundial que podría desatarse por la confluencia de factores de poder global, como los que representa no solo EEUU, sino Rusia, China, Irán, entre otros países que tienen intereses en la región y poseen armas nucleares.
Lo cierto es que a Cúcuta y al concierto por Venezuela no llegó Donald Trump, pero sí sus peones Piñera de Chile, Abdo de Paraguay, y más nadie. Duque se quedó solo, con su sonrisa socarrona y nerviosa, escuchando a los destemplados “artistas” que fueron convocados para el concierto “Venezuela Aid Live”. Ni el concierto, ni los camiones o gandolas, como dicen los venezolanos, llenos de supuestas ayudas “humanitarias” que nadie pudo ver ni saborear, lograron calentar la temperatura de las personas que se encontraban en las inmediaciones de los puentes fronterizos, como para atreverse a pasar por encima de la guardia venezolana e introducirlas por la fuerza al vecino país.

Tampoco fueron capaces de insurreccionar a las masas “desesperadas” y hambrientas que anunciaban los medios masivos, a los cientos de jóvenes encapuchados contratados por la oposición venezolana, ni a los paracos entrenados ofrecidos gustosamente por el Gobierno colombiano, con el fin de generar el ambiente propicio de guerra, caos, muertos y heridos, de los que se culparía a la guardia y a los agentes de seguridad chavistas.

Todo esto se llevó a cabo sin éxito, y las pruebas navegan por decenas en las redes sociales que en directo fueron testigos de la anarquía vivida en territorio colombiano y a la vista de las autoridades. Por lo menos dos camiones con supuestas ayudas humanitarias fueron incinerados por los propios “manifestantes” bajo la mirada cómplice de servidores públicos colombianos.

Las críticas contra el mandatario colombiano no se hicieron esperar, ya que muchos colombianos y colombianas sufrían el rigor de las tragedias invernales en Chocó y otros puntos del país, sin recibir la misma atención y solidaridad que su Presidente ofrecía en otras latitudes.

Algunos diputados de la oposición venezolana que se vinieron a Colombia a dirigir el desorden y pagar a los vándalos, fueron agarrados a trompadas por no cumplir su compromiso; y uno de ellos, Freddy Superlano, investigado por corrupción a manos de Odebrech, por andar bebiendo y celebrando por anticipado la caída de maduro, fue drogado junto a su primo Carlos Salinas en un motel de Cúcuta por dos mujeres, causándole la muerte a Salinas. El senador republicano, Marco Rubio, quiso utilizar esta situación mediáticamente para dejar en el ambiente un asesinato por envenenamiento en su desayuno. Es la catadura de quienes están detrás de la provocación militar contra Venezuela.

La resaca del lunes 25 de febrero llevó a los alicaídos presidentes de 10 países que hacen parte del debilitado grupo de Lima a reunirse en la ciudad de Bogotá en medio de protestas contra la intromisión imperialista en América Latina, y en contra de la guerra con Venezuela. La declaración que salió de esta reunión es tan larga como insípida y babosa; 18 puntos que refuerzan y explican de diferentes maneras que Maduro debe salir, y que afianzarán el “cerco diplomático”.

Tal vez toda esta novela haga reflexionar a los colombianos y colombianas frente a los problemas que aquejan al país, y le exijamos con movilización y protesta a Duque que gobierne y resuelva la grave situación de pobreza, hambre y violencia que cunde en los territorios de Colombia. Para eso fue que lo eligieron, no para andar jugando a la guerra y al invasor con la vida de los demás

Saturday, 09 February 2019 00:00

¡Basta Ya!

Gilberto Valencia, líder juvenil de Suárez, Cauca, fue el primer líder asesinado en el 2019. El dos de enero, en la trágica lista continuó Jesús Adier Perafán, en Caicedonia, Valle del Cauca. La muerte siguió su tenebrosa ronda en Cajibío, Cauca, llevándose la vida de Wilder Antonio Miranda el cuatro de enero. Igual suerte corrió José Solano en Zaragoza, Antioquia. A la luchadora por la tierra Maritza Quiroz los asesinos le cobraron su osadía de justicia el cinco de enero, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y a Wilson Pérez Ascanio en Hacarí, Norte de Santander.

El desangre de líderes continuó la noche del siete de enero en Cartagena de Chairá, Caquetá, con Miguel Antonio Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria. El diez de enero la comunidad indígena Awá de Nariño sufrió por su primer líder asesinado, Leonardo Nastacuás Rodríguez. Un día después fue hallado, en límites entre Cauca y Nariño, el cuerpo de Faiber Manquillo Gómez, líder campesino, desaparecido desde el 26 de diciembre. Cuatro días después la comunidad de Puerto Guamo, Bolívar, denunció el asesinato de Víctor Manuel Trujillo.

Pero el genocidio no paró allí. El cuerpo de Maritza Ramírez, de Tumaco, fue encontrado en inmediaciones de El Tigre, Tumaco, el 24 de enero, con visibles signos de violencia, y en el Oriente antioqueño un par de jóvenes apuñalaron al también joven y valiente Samuel Gallo en El Peñol, el 25 de enero. El 28 de enero fue baleado por sicarios José Jair Orozco, en Cartago, Valle del Cauca, y al otro día fue encontrado el cuerpo de Dilio Corpus Guetio, en Suárez, Cauca. El primer mes del año cerró con 14 líderes sociales asesinados.

El asesinato sistemático o, mejor dicho, el genocidio perpetrado contra defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, indígenas, afros y en especial integrantes de juntas de acción comunal, viene en ascenso desde el primero de enero de 2016, año en el que sicarios, paramilitares y otros grupos armados cobraron la vida de entre 80 y 120 líderes y lideresas sociales, según cifras del programa Somos Defensores, Marcha Patriótica, Indepaz, y la Defensoría del Pueblo.

Se suponía que la cifra pararía allí por la protección del Estado y la firma del proceso de paz entre gobierno Santos y las Farc, pero no fue así. En el año 2017 la escalada criminal de estos grupos, por la omisión del Estado y los organismos internacionales, incrementó esta cifra, que según el programa Somos Defensores fue de 106; Indepaz asegura que fueron 170 y la Defensoría del Pueblo reporta 206. Las cifras varían de acuerdo a las variables que las organizaciones utilizan para recolectar los datos, y según perfiles o métodos de investigación. El 2018 cerró, según la Defensoría, con 172 asesinatos (158 hombres y 14 mujeres).

Así las cosas, desde el primero de enero de 2016 hasta hoy, el terrorismo de Estado y sus prácticas genocidas, por acción u omisión, recorrieron 27 de los 32 departamentos de Colombia, quitándole la vida a cerca de 500 colombianos y colombianas dedicadas a transformar el país; a darle valores humanistas, a luchar contra las injusticias que padece uno de los rincones más desiguales del mundo. Un genocidio de esta naturaleza contra líderes sociales no se presenta hoy en ningún lugar del mundo, sin embargo, no ha logrado un solo rechazo del jefe de Estado Iván Duque, de su vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, y mucho menos del señor ministro de Defensa o la ministra del Interior, quienes han optado por menospreciar el tema, lo han negado o hasta ridiculizado. Tampoco la llamada comunidad internacional ha hecho algo contundente que logre parar el genocidio, y el movimiento social reacciona entre indignado y temeroso en jornadas simbólicas de mayor o menor calado que los asesinos que dirigen el país observan de manera burletera.

Recientemente, las redes sociales le cobraron el oportunismo a la vicepresidenta Ramírez, que envió condolencias a la familia de un joven fallecido en Venezuela supuestamente en medio de los disturbios de los últimos días, pero no ha tenido la cortesía de hacerlo con el medio millar de víctimas del genocidio colombiano. Los muertos por acciones violentas y protestas sociales de los últimos años en Venezuela no llegan ni a la mitad de los que perdieron su vida en la “democrática” Colombia.

Los medios de comunicación actúan aun con mayor cinismo. Los asesinatos cotidianos, que son muestra de una tragedia humanitaria, son tratados como intrascendentes por los principales medios tradicionales; son reducidos a simples notas sin contexto; son cifras, fácilmente superadas en la agenda noticiosa por secciones banales, o por chivas que muestran como primicia la podredumbre de la corrupción que carcome al país y que es practicada por lo más granado del establecimiento. Chivas noticiosas, superficiales, que terminan ocultando la responsabilidad y los crímenes de los poderosos, para la muestra un fiscal.

Sin embargo, los terribles y condenables hechos de violencia perpetrados por el ELN en la Escuela General Santander de Bogotá, que segaron la vida de 22 cadetes, sí fueron seguidos en detalle y condenados hasta la saciedad por todas las instancias del Estado, los medios tradicionales de comunicación, y velozmente resueltos por los organismos de inteligencia y de justicia. Reacciones calculadas políticamente, y aprovechadas por los carroñeros que conducen el país y que esperaban una oportunidad para promover de nuevo la guerra, para saciar su apetito de cadáveres. Los mismos carroñeros que en medio de la marcha del dolor de miles de colombianos y colombianas fueron sorprendidos por las cámaras riendo a carcajadas. Los que ahora juegan a varias bandas para involucrar a los más humildes en guerras internacionales contra los vecinos; los que inoculan odio y polarizan; los que nos ponen a mirar para las fronteras mientras saquean el patrimonio nacional, y acaban con la dignidad y la soberanía de la nación.

Es verdad, no se puede ocultar, en Colombia existen muertos de primera, segunda y tercera categoría, para los cuales no hay ceremonias, ni homenajes, ni honores, ni marchas de condolencia convocadas por los medios tradicionales y patrocinadas por las instituciones del Estado; a estos otros héroes y heroínas solo los lloran sus pueblos, sus territorios y sus familiares; los lloramos sus compañeros, que no tenemos reparo en condenar las muertes de todos y todas los que sufren las guerras ajenas que provocan los poderosos, que jamás enviarán a sus hijos e hijas a los frentes de batalla. Muy pronto tendremos la oportunidad de salir a las calles y protestar masivamente en defensa de la vida y la paz, por nuestros líderes y lideresas, y en contra de los corruptos; y de regocijarnos con el triunfo de la justicia social.

 

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