Despojo y restitución de tierras en Colombia

Restitucin de tierras

El actual proceso de restitución, contemplado en la ley 1448 de 2011, apenas da sus primeros frutos. Pero, podría ser para legalizar el criminal despojo de tierras a los más pobres. Como en el pasado, este tipo de iniciativas ha sido saboteado por las  élites politiqueras de siempre. La reconstrucción histórica del problema que hacemos a continuación es el resultado de varias conversaciones con analistas amigos, algunos incluso funcionarios del Estado inquietos con la suerte de los campesinos.

 

En Colombia siempre han despojado a la población de sus tierras, no nos tenemos que ir al código de indias, ni a la conquista, podemos partir de finales del siglo XIX. En esa época se repartía y se entregaba la tierra a los generales como reconocimiento por ganar batallas, se pagaba con títulos del Estado. Poco después, los baldíos se le entregaban a grandes oligarcas para hacer “inversiones sociales”, a las empresas dizque para hacer inversión en territorios y contribuir con el desarrollo, pero nunca se le entregaba tierra al campesino pobre, eso nunca ocurrió, siempre a los poderosos. Y ante esa injusticia surgieron grandes líderes de tierras, como Quintín Lame, entre muchos otros y grandes movimientos y organizaciones, que desde los años 20 vienen peleando por el acceso a la tierra y obligando al Estado a realizar reformas.

El mayor despojo de tierras del siglo XX, se dio en la época de la violencia bipartidista (1948 – 1960), el liberal que perdía era despojado de la tierra por parte de los conservadores y viceversa. A comienzos de los años 60, el 1.2% de los propietarios poseía el 50% de toda la tierra del país. La legalización de esta desigualdad, del despojo de tierras y de la barbarie causada por la violencia de los años 50, se saldó con el pacto entre liberales y conservadores, denominado Frente Nacional (1958- 1974). En este marco y contexto nacieron los movimientos insurgentes, y también nacieron el Incora y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC como una política del Estado para entregar tierra a la población campesina. Pero la derecha y la ultraderecha en ese momento no permitieron que se materializara esta apuesta, entonces montaron el pacto de Chicoral en 1972, una contrarreforma del gobierno del conservador Misael Pastrana Borrero.

Y así ha venido sucediendo, a la ley 200 del 36 las élites se enfrentaron con la ley 100 de 1944; al origen del Incora, ley 145 de 1961, se le enfrentaron con el pacto de Chicoral, y así sucesivamente. En esto los partidos tradicionales y sus dirigentes han jugado un papel protagónico de la mano con los militares y al parecer lo seguirán haciendo cada vez que haya un intento legal de adelantar una reforma agraria.

Camino de la restitución de tierras
Ya en los años 80, el conflicto por la tierra y el conflicto armado van enlazados. Del año 85 a la actualidad hubo una combinación de la lucha por la tierra en la que la derecha utilizó las armas para supuestamente protegerse de los intentos de reforma agraria que tenían los campesinos, y de los grupos insurgentes que encarnaban sus intereses. Pero ha quedado probado que era para el despojo de las tierras más ricas del país, sobre las que el Estado y las transnacionales tenían planes de negocios. Ese componente bélico los asumieron, además de las fuerzas militares, los grupos paramilitares, como las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las confederaciones de paramilitares y grupos de auto defensas que se tomaron el país de la mano con el narcotráfico y grandes figuras como Pablo Escobar y sus herederos, aliados y enemigos. Es de conocimiento público o hecho notorio que todo ese tiempo se despojó a los campesinos de la tierra y por tanto deberían tener desde el punto de vista legal y político derecho a restitución.

Si hubo despojo, hubo desplazamiento forzado. En Colombia no estaba tipificado como delito el desplazamiento forzado, ni la tortura, ni la mayoría de delitos que cometieron los paramilitares y también los militares en su estrategia de destierro; todos esos delitos fueron codificados en el código penal apenas en los años 90, después de la Constitución de 1991, antes no teníamos la estructura administrativa, mecanismos ni método por medio del cual garantizar esos derechos. Esa situación cambió, supuestamente, con la nueva constitución.

Los esfuerzos de las víctimas y sus defensores, en esos años, desnudaron la barbarie del conflicto, se empezó a ver el desplazamiento forzado como una catástrofe, una tragedia que traspasó las fronteras. Más de 4 millones de desplazados ponían al Estado colombiano en la mira del mundo entero como violador de derechos humanos. Por eso le tocó al Estado atender ese hecho catastrófico, no con la mira de proteger la tierra que quedaba abandonada sino de darles un trato humanitario a las familias desplazadas. El gobierno de Gaviria intentó normativas en el año 93, pero fue en el periodo de Ernesto Samper que se expidió la ley 387 de 1997 “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.

Con esta ley no solo se reconocía el conflicto armado interno, sino las víctimas por desplazamiento forzado. Se esbozó un marco para proteger y recuperar las tierras abandonas por las víctimas; pero aún no se hablaba de verdad, justicia y reparación.

Con la norma se les dijo a todos: se les va atender, se les va a dar una ayuda humanitaria, incluso se dijo en ese momento que el INCORA le iba a brindar asistencia a la población entregándole algo que se denominaba predios de paso; que llevaría un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados e informaría a las autoridades competentes para que impidieran cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad de estos bienes, cuando tal acción se adelantara contra la voluntad de los titulares de los derechos respectivos.

También, en el artículo 16, se garantizaba el derecho al retorno y en el artículo 17 se aseguraba que: “El Gobierno Nacional promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el marco del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas”.


Entonces, tácitamente se entiende que el desplazado tiene derecho a recuperar la tierra que dejó abandonada y el Estado le debe garantizar los medios y recursos tanto legales como económicos para hacerlo. Eso se llama retornar. Pero si el desplazado vuelve por su propia cuenta y riesgo, no tiene garantías y es posible que le vaya muy mal. Para atender a la población víctima del conflicto se creó entonces la red de solidaridad social. Todo este andamiaje hasta ese momento no produjo ningún resultado de restitución, retorno o reubicación, lo que si fue generando fue una cultura nueva, extraña para el desplazado que viene del campo y se acomoda a la fuerza en la ciudad.

El daño está hecho
La mayoría de la población desplazada que llegaba a las periferias de las capitales en esa época recibía ayudas, mercados y eso paliaba en algo la situación de las familias. Pero no se estaban materializando otros derechos, y a medida que pasaba el tiempo la situación se volvía insostenible. Entonces empezaron a reglamentar o a hacer más explícitos los procedimientos de salud, educación, vivienda, y a considerar las condiciones para que los desplazados se quedaran a vivir de manera permanente en la ciudad. Por eso les decían al desplazado: si usted no quiere retornar o no quiere la permuta o la tierra de paso, tranquilo; le damos subsidio de vivienda en la urbe.

Esa terminó siendo una política para afianzar el desarraigo, para alejar al campesino cada vez más de su territorio. Toda esa política asistencialista del Estado generó una cultura de dependencia económica, una nueva clientela politiquera, un desarraigo de los campesinos, un acomodamiento a las supuestas comodidades de la ciudad. El daño estaba hecho. El Estado y su monstruo iban caminando de la mano.

Ante la tragedia humanitaria, la Corte Constitucional empezó a fallar, a emitir jurisprudencia y sentencias de tutela en las que acogía todos los principios de Naciones Unidas, los desarrollaba y los insertaba en el bloque de constitucionalidad; ya no quedaban en el aire como simples recomendaciones, sino que eran de obligatorio cumplimiento por parte del Estado colombiano para la garantía de la población desplazada.

Como empezó a tener esa línea jurisprudencial entre el año 99 y el 2001, el Estado tuvo que reglamentar la ley 387 del 97 mediante el decreto 2007 del 2001, en los Artículos 7º,17 y 19, en lo relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia en el marco del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar. También se protegían las tierras con una figura que existía desde el 97, en cabeza del Incora. Los CLAIPD, Comités Locales de Atención Integral a la Población Desplazada, estaban encargados de enviar a las oficinas de instrumentos públicos de cada municipio, a las notarías o alcaldías o a la autoridad correspondiente, las anotaciones respectivas para que evitaran cualquier negocio sobre los bienes de las personas desplazadas por la violencia: Pero nunca lo hicieron.

Legalización del despojo
Cuando llegó Uribe Vélez a la presidencia, apenas tres meses después de su posesión aprobó la ley 791 del 27 diciembre de 2002, que redujo a la mitad los términos de prescripción adquisitiva de dominio. Antes se requerían 10 años para reclamar la propiedad de la tierra, si se ocupaba de buena fe, y 20 años si se hacía contra la voluntad de los dueños. Ahora solo se necesitaban 10 y 5 años respectivamente. Así que quienes estaban ocupando predios de buena o mala fe, y por supuesto en este grupo están todos los despojadores, podrían adquirir legalmente esos predios, invocando esta nueva ley.

Más claro no canta un gallo, el gobierno le estaba dando la herramienta a los paramilitares, narcotraficantes y testaferros de toda clase para que legalizaran la propiedad de las tierras que se habían robado, las que habían despojado a sangre y fuego. En vez de seguir la línea de la Corte de proteger los bienes de los desplazados, el presidente aceleró el proceso de despojo. Recordemos que extrañamente la mayoría de los comités locales CLAIPD y el Incora, no habían hecho su trabajo de enviar a las respectivas autoridades la prohibición de enajenar esos bienes, lo que resulta muy sospechoso.

Es más, los CLAIPD tenían la facultad de proteger territorios de forma colectiva, por ejemplo veredas en donde toda la población había salido en masa de sus predios por razones del conflicto armado interno, pero no lo hicieron. Todo esto fue como un cheque en blanco cobrado por los despojadores. Y esa omisión es tan grave que aún después siguió protegiendo a los que quisieron registrar y titular los predios, porque alegaban que no existía una anotación que se los prohibiera. Los preceptos de verdad, justicia y reparación integral, que la Corte constitucional había exigido para estas víctimas se pisoteaban.

Durante todo su mandato Uribe desconoció la existencia de conflicto armado y lanzó la idea de amenaza terrorista, esto perseguía el desconocimiento de las normas internacionales que protegen a los desplazados y víctimas de la violencia del conflicto armado interno y que solo se aplican bajo esa premisa. No obstante, la Corte Constitucional mantuvo la línea y sacó la sentencia
T025 de 2004, reafirmando los derechos de las víctimas y la existencia del conflicto armado interno. Declaró el estado de cosas inconstitucional, es decir, juzgó que no se había hecho nada por las víctimas. Obligó al gobierno a hacer unas apropiaciones presupuestales cuando Uribe dio el debate de que financieramente no se podía reconocer el problema de las victimas porque se quebraría el Estado.

Para cerrar con broche de oro, Uribe expidió la ley 975 de 2005, de justicia y paz, por la cual se dictaban medidas para la reincorporación de grupos armados a la vida civil, léase paramilitares. Y esa fue la estocada final, porque aunque la norma prevé que para beneficiarse debe existir verdad, por ejemplo, alias el Alemán y otros 25 cabecillas del paramilitarismo, aunque nunca han dicho completamente la verdad sobre masacres y despojo de miles de hectáreas a los campesinos, saldrán libres muy pronto. Supuestamente nadie les comprobó que las tierras que despojaron están a su nombre, porque están a nombre de sus testaferros. Aunque la Corte exigió verdad, justicia y reparación y la reparación exige indemnización y restitución, cada vez es más difícil aplicar la ley en beneficio de las víctimas, porque hasta hoy son por lo menos 10 normas las que han modificado, adicionado, derogado artículos de la ley 975 de 2005. Cuando algunos congresistas intentaron impulsar la ley de víctimas, la bancada uribista en junio de 2009 la archivó con el argumento de que no había presupuesto suficiente para todas.

14 años después
Entonces Santos, en el 2011 se la jugó con la ley 1448, creó una entidad cuyo fin es garantizar el proceso de restitución de tierras que están abandonadas o que fueron despojadas por la violencia del conflicto armado interno. Algunos consideran que es una apuesta por las víctimas, otros, en cambio, piensan que la Ley 1448 de 2011 es la norma de cierre por medio de la cual se legaliza el despojo de tierras en Colombia.

Las cifras sobre el proceso de restitución son tozudas, en tres años que lleva la ley, de 54 mil solicitudes apenas se han fallado 964, según Gerardo Vega de la Fundación Forjando Futuro. Esas solicitudes equivalen a 3.4 millones de hectáreas; pero, según las organizaciones de víctimas el despojo llega a más de seis millones. A este ritmo el plazo para resolver todas las solicitudes, que es el año 2021, no alcanzará. Con las sentencias algunos se han beneficiado, otros se han visto perjudicados y a otros les ha dado lo mismo; el daño ya está hecho, muchas familias no quieren retornar porque aún tienen miedo o porque la violencia con el apoyo del Estado logró su cometido – el desarraigo de la población campesina, por eso encontramos que a la mayoría de solicitantes de restitución les importa más la indemnización o compensación por sus tierras abandonadas o despojadas.

La Ley 1448 de 2011 desde su espíritu buscaba la recomposición del tejido de las comunidades en su territorio, pero parece que es mucho más importante dar prelación a la política económica del Estado sobre la política de víctimas, en el entendido de no restituir para no obstaculizar el “desarrollo” que estaba estrictamente planeado. Puede que todo esto no esté hilado u organizado intencionalmente, pero parece que así fuera.

Nota: en la siguiente edición profundizaremos sobre los alcances de la ley de víctimas y restitución; las cifras y los casos concretos que ha dejado este proceso en el país durante el periodo del gobierno de Santos.

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