¿La paz llegó para quedarse?

Un día después del plebiscito las expectativas del mundo estaban puestas sobre las FARC. En un comunicado de prensa el comandante en jefe de esa guerrilla, Timoleón Jiménez, afirmó “La paz llegó para quedarse”, y reiteró la disposición de su organización para mantener el cese al fuego. Desde entonces el ritmo del debate político se aceleró y sucedió en menos de un semestre lo que no había sucedido en décadas; la sociedad se movilizó para defender su derecho a la paz, se renegoció y firmó un nuevo acuerdo, que luego fue refrendado por el Congreso de la República, y una vez el Gobierno obtuvo el visto bueno de la Corte Constitucional sobre el mecanismo de “fast track”, comenzó el trámite de las primeras leyes contenidas en el Acuerdo Final y con ello la denominada “Última marcha guerrillera de las FARC”. Pese a todos los obstáculos, la implementación comenzó y los retos para la consolidación de la paz, más allá del silenciamiento de los fusiles, también han salido a relucir.

La implementación en manos de la clase política tradicional
Al finalizar el año 2016 el Congreso aprobó la Ley de Amnistía para excombatientes y tratamiento especial para los militares. Con esto se abrió la puerta para las casi 50 leyes que deben aprobarse a más tardar a final de este año en Senado y Cámara. El reto de la implementación está ligado a las complejas dinámicas políticas que ha tejido por años el Ejecutivo con las diferentes ramas del poder.

Por el momento se han aprobado, además de la Ley de Amnistía, una reforma a la Ley Quinta para que “Voces de Paz”, agrupación ciudadana que defenderá el espíritu del Acuerdo, tenga voz sin voto en los debates del Congreso. También se encuentra en trámite la ley que crea la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, el proyecto que crea el Partido de las FARC y el proyecto que adiciona un artículo transitorio a la constitución con el propósito de dar seguridad jurídica al Acuerdo Final. Adicionalmente se han comenzado a crear las diferentes comisiones con composiciones múltiples, encargadas de construir los insumos para las leyes como la de reforma electoral, que contendrá el Estatuto de la Oposición, o algunas más técnicas como la encargada de la reincorporación a la vida civil de los guerrilleros. Este contexto parece evidenciar que la maquinaria del Gobierno ha funcionado de manera coordinada, sin embargo varias son las complicaciones que éste tendrá que enfrentar para sacar adelante la implementación total del Acuerdo.

La ineficacia estatal y su incapacidad de respuesta son el primer obstáculo que se presenta. Esto resultó evidente durante la construcción de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), por la dificultad que tuvo el Estado para llegar a los lugares más alejados de los centros urbanos, razón por la cual se demoró el arrendamiento, traslado de materiales y contratación para la construcción de los espacios comunes, lo cual requirió además que se hicieran adecuaciones en puentes y reparaciones de vías para poder acceder a estas 19 zonas y 7 puntos, en donde permanecerán durante la dejación de armas los integrantes de las FARC.

Otro ejemplo de esto es que desde agosto del 2016 la Fiscalía creó la Unidad encargada de la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, sucesores del paramilitarismo. En ese momento el Fiscal declaró: “En el día de hoy hemos creado la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado y contra quienes atenten contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. No vamos a permitir que haya impunidad frente a aquellos que levanten su mano como agresores contra quienes son gestores de paz”. Sin embargo, seis meses después ésta no ha arrojado resultados y se ha enredado su funcionamiento, mientras que el Fiscal General de la Nación se ha dedicado a lanzar dardos durante sus intervenciones públicas contra la JEP, haciéndole reparos como si aún continuara abierta la negociación entre el Gobierno y las FARC.

A este panorama hay que sumarle un obstáculo más grande que tendrá que sortear el Gobierno. Se trata de la notoria fractura de la denominada Unidad Nacional y la puja de intereses políticos de cara a las elecciones del 2018. Los partidos tradicionales que han apoyado la paz a cambio de las mieles del poder, se empiezan a desligar del Presidente, quien con una imagen desfavorable en las mayorías del país, es más conveniente como contendor que como aliado para la campaña que se avecina. El que ya empieza a tomar distancia es Germán Vargas Lleras, próximo a renunciar a la Vicepresidencia de la República para asumir de manera pública su candidatura a la Presidencia por Cambio Radical. Su salida marcará el final de la Unidad Nacional, lo que podría afectar el trámite de las leyes del Acuerdo Final en el Congreso. De apoyar y votar favorablemente los proyectos presentados por el Gobierno, Cambio Radical pasará a hacerlo dependiendo de los intereses de su candidato, quien no ha sido un defensor del Acuerdo, y por el contrario ha coincidido en críticas con el Centro Democrático. Este cambio podría poner al uribismo, que se ha relegado de las votaciones, a hacerlo negativamente.

Además de esto, algunas leyes generarán más reticencia en los actuales congresistas como por ejemplo una que toca directamente sus intereses, es decir, la de reforma política. Esta iniciativa no pasará en blanco y generará un nuevo debate frente a la necesidad de modificar el actual sistema electoral que se encuentra sustentado mayoritariamente en el clientelismo en las regiones.

Desmontar el paramilitarismo sin un reconocimiento estatal
Otro debate de fondo en el país es el problema del paramilitarismo en Colombia. En regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño, Antioquia, y Urabá, se ha denunciado en los últimos meses el incremento de acciones armadas, amenazas y asesinatos por parte de actores armados ilegales, autodenominados como paramilitares. Y aunque su presencia en estos territorios no es nueva, las comunidades manifiestan temor a que tras la salida de las FARC de estas zonas, se fortalezca su accionar y control territorial, y se ponga en riesgo la consolidación de un país en paz, por el que han trabajado no solo líderes y defensores de derechos humanos, sino comunidades enteras que históricamente han sufrido el flagelo de la guerra.

De hecho, en el primer informe trimestral de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, presentado ante el Consejo de Seguridad, como parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación aprobado en el Acuerdo Final, se advirtió que “un ejemplo concreto de los problemas a los que se enfrenta el país en su transición hacia la paz es que algunos grupos armados, paramilitares o de otro tipo se mueven hacia zonas abandonadas por las FARC-EP, donde quizás puedan intentar establecer violentamente su control”.

Sin embargo en el Acuerdo Final, el punto 3.4 habla de luchar contra “organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, y por su parte, el pasado 11 de enero el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas manifestó que “En Colombia no hay paramilitarismo. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”. Esto, entonces, pone de manifiesto la falta de reconocimiento estatal ante esta problemática que las comunidades han denunciado fuertemente con evidencias como panfletos, comunicados y amenazas firmadas.

Zoraida Hernández, abogada defensora de derechos humanos, dice que “esta negación actual de la persistencia del fenómeno nos recuerda cómo en la década de los años 80 y 90 se acudió al mismo discurso y mientras tanto los grupos paramilitares se fortalecieron y se extendieron por todo el territorio nacional dejando miles de víctimas, entre las que se encuentran centenares de líderes sociales y defensores de derechos humanos que fueron asesinados, desaparecidos u obligados a desplazarse y/o exiliarse”.

Este desconocimiento por parte del Estado preocupa porque, según Hernández, “en muchas regiones no hay un antes y un después de la supuesta desmovilización con ocasión a la Ley de Justicia y Paz que promovió el expresidente Álvaro Uribe Vélez. No se puede hablar de reincursión paramilitar porque estos grupos no se han ido. En algunas regiones puede decirse que ha habido un cambio en la forma de ejercer el control, utilizando formas menos notorias y de pronto más sofisticadas, pero eso sí, no menos violentas. (...) El fenómeno paramilitar siempre ha estado asociado a los intereses económicos que yacen en los territorios; tierra, minería, agua, petróleo, entre otros, y a la necesidad de instaurar grandes megaproyectos que aseguren un modelo de desarrollo extractivista”.

En ese sentido, uno de los principales retos que tendrá el Gobierno de cara a la implementación del Acuerdo Final con las FARC y a la estabilidad del proceso con el ELN, es en primer lugar, explica Hernández, reconocer que existe el paramilitarismo y que será necesario reformar las instituciones del Estado que lo han permitido y tolerado, así como investigar y sancionar a las empresas, terratenientes y políticos que los siguen financiando. Esto no será tarea fácil, porque como manifiesta Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información del Programa Somos Defensores, las estructuras paramilitares “tienen una alianza muy fuerte con la fuerza pública, (...) cada vez que se intenta acabar con estos grupos, tienen dentro de las mismas fuerzas militares a los topos que alertan sobre la situación, y otro punto que no permite la desarticulación son las economías ilegales, lo rentables que son, y lo cooptados que están muchos sectores de la sociedad colombiana con este tipo de rentas y economías ilegales”.

Proteger la vida de los líderes y defensores de DDHH
Según el Programa Somos Defensores, en el 2016 se presentaron 80 asesinatos y 317 amenazas a líderes sociales, y sólo en enero de 2017 se presentaron 10 de estos homicidios y múltiples amenazas que aún no han sido contabilizadas. Esta situación es alarmante si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional, tanto en uno de los puntos del Acuerdo Final con las FARC, como en diferentes escenarios de interlocución con la sociedad civil, se ha comprometido a implementar mecanismos de seguridad y prevención para que la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos sea respetada. De hecho, el pasado 3 de febrero, Juan Manuel Santos firmó el decreto que le da vida a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tiene como objetivo desmantelar organizaciones o acciones que amenacen la implementación del Acuerdo Final o a las personas que participen en ella.

Sin embargo, como manifiesta Carlos Guevara, “no existe un avance significativo que permita deducir que ya tenemos unas estrategias de seguridad implementadas y en funcionamiento”, y expresa además que las iniciativas institucionales en el marco de la implementación del Acuerdo Final no son suficientes, “(...) ni siquiera las que se estaban implementando antes de los acuerdos son viables. El punto 3.4.3 del Acuerdo, que es el que habla de seguridad y protección a defensores de derechos humanos no se ha implementado, (...) aunque el año pasado se instaló la Mesa de Seguridad y Protección, no está definido cómo se va a estructurar, ni cuáles y hasta dónde van a ser sus responsabilidades, y mucho menos se sabe cuál es el presupuesto que va a tener”.

Lo cierto es que siguen corriendo los días sin una solución de fondo a este problema, y los movimientos sociales y políticos no dejan de manifestar su preocupación por los constantes asesinatos y amenazas a sus líderes, que en lo corrido de este año van en aumento. Por eso, el pasado 12 de febrero, luego de denunciar dos atentados y múltiples amenazas en diferentes regiones del país contra sus líderes, el Congreso de los Pueblos expresó en un comunicado que “estos hechos reafirman que la persecución al movimiento social es generalizada y sistemática y se evidencia la ausencia de garantías reales y la precariedad e inocuidad de las medidas de protección que el gobierno nacional ofrece”. Por su parte, David Flórez, vocero de Marcha Patriótica, dijo ante la negación del Fiscal para reunirse con las organizaciones sociales, que esto impide que se pueda fortalecer la Unidad Especial de Investigación, y es un boicot a la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Según Guevara, existe un desorden de parte de la institucionalidad para responder ante las situaciones de riesgo o peligro contra estos líderes, y dice que algunas medidas que resultarían efectivas para proteger sus vidas, son: la depuración de la fuerza pública; la desclasificación de archivos de inteligencia; el trabajo conjunto de prevención entre las instituciones que tienen que hacer prevención, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior. También habla de la necesidad de acercar a las organizaciones sociales a espacios que tienen incidencia en la toma directa de las decisiones, como la Fiscalía General de la Nación, y la participación en la construcción de la política pública para temas de protección y prevención, “para que no sea solo el Gobierno hablándose a sí mismo, sino que los colectivos sociales también tengan la oportunidad de aportar, pues los mecanismos de protección en Colombia nacieron porque las organizaciones sociales los exigieron, los pelearon y los metieron en la Constitución y en los decretos reglamentarios, no porque el Gobierno Nacional haya tenido una visión mucho más amplia e incluyente”, concluye.

Consolidar la solución del conflicto a través del diálogo
Lo anterior implicará que la discusión alrededor de la paz y todos sus retos siga vigente en los próximos años, incluso el debate electoral del 2018 tendrá que afrontar de nuevo el dilema entre continuar con las condiciones pactadas en el proceso de paz con el ELN, o el deseo de la extrema derecha de imponer unas nuevas que terminarían con el proceso como quisieron hacerlo con el de las FARC.

Más allá de este debate que aún resulta prematuro, el gran reto para la sociedad, es insistir en la necesidad de llevar a buen término el proceso instalado el pasado 7 de febrero en Quito. Este reto no es sencillo, el proceso con las FARC demuestra que no sólo con la voluntad de las partes basta para finalizar el conflicto, y que la pedagogía y comunicación de lo acordado debe primar sin miedo a los debates ocultos por el hermetismo de las partes.

La agenda abordará la participación de la sociedad, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación. El jefe negociador del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, expresó durante su intervención en la instalación de la mesa pública que “ejercicios de deliberación democrática sobre problemas como la educación, la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental, todos ellos incluidos en la agenda, pueden beneficiar de manera notable a departamentos como Arauca, Norte de Santander, Chocó, por sólo mencionar algunos”, reconociendo la oportunidad que propone esta agenda al país. Sin embargo, en la misma intervención agregó que “teniendo una metodología clara, confiamos en que las propuestas de la sociedad, sin tener un carácter vinculante, serán de vital importancia en esta mesa. Sabemos que estas propuestas sumadas a aquellas que lleven a dicha mesa Gobierno y ELN, nos permitirán enriquecer el análisis de los temas que vamos a discutir”. En ese sentido, Aureliano Carbonell, miembro de la delegación del ELN para estos diálogos, respondió que “esto que acaba de ocurrir es la primer puja. Para el Gobierno la participación de la sociedad no debe ser vinculante, nos parece que lo asumen como un carácter ornamental, ahí tenemos una gran diferencia, para nosotros debe ser el centro de este proceso, y eso se vio reflejado, no sólo en los discursos de ambas partes, sino en la participación de los movimientos sociales durante la instalación que fue minúscula, muy limitada”.

La diferencia de las partes se tendrá que saldar en la mesa, lo que es claro es que en medio de la discusión y construcción de propuestas por parte de la sociedad que aborden temas como la salud, la educación o la corrupción, se tocará también el tema del modelo económico y social, y eso por lo menos provocará que se revisen diferentes iniciativas que durante su Gobierno, Santos ha impuesto a pesar de los diálogos de paz. Un ejemplo es la aprobación del Código de Policía que trae restricciones al derecho a la protesta, lo cual se opone a lo que Juan Camilo Restrepo manifestó el pasado 7 de febrero en la Hacienda Cashapamba: “Así como decimos que el tiempo de la paz ha llegado, decimos también con la misma convicción que el tiempo de la política con armas debe terminarse en Colombia. Entendemos que modernizar nuestro Estado pasa por asegurar una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos que la afectan directamente, promover una ciudadanía activa que contribuya a la toma de decisiones y al ejercicio del control político como ha sido el espíritu de nuestra Constitución”.

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