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Vivos y libres los queremos

Fueron días intensos. Días alargados que empezaban muy temprano y que quizás para algunos no acaben de terminar nunca. Fue uno de esos sucesos históricos que la desmemoria, el vértigo y la indolencia colombiana son capaces de convertir en una anécdota más, una anécdota menos.

Más de 1000 lideresas y defensores de derechos humanos del norte, del sur, del oriente y del occidente del país viajaron hasta Bogotá para participar del Refugio Humanitario por la Vida. Los corazones de quienes mantienen vivos los territorios y las comunidades olvidadas por el Estado latieron con más fuerza entre el 28 de abril y el 2 de mayo. Salir de los territorios es un peligro, regresar también. Por eso viajaron hasta la capital con la esperanza de que el simbolismo instara al Gobierno a implementar medidas que acaben con el peligro de encontrarse una bala o una orden de captura en el camino.

Más de 600 líderes y lideresas fueron asesinados entre el 2016 y el 2019. Durante el gobierno de Iván Duque hemos perdido a 147, y el 90% de estos asesinatos siguen impunes. Los asesinatos son la cara más visible de la crisis humanitaria que vive Colombia. La muerte resulta insoslayable, pero perder la libertad es otra forma de morir, más indigna, más tortuosa, más arbitraria. La judicialización de los liderazgos además de infundir miedo y decapitar los procesos, pretende que la sociedad satanice las justas causas. La mayoría de asesinatos son cometidos por grupos al margen de la ley, mientras que la judicialización es una manera legal de institucionalizar la violencia contra el movimiento social.

Uno de los casos más emblemáticos del Refugio Humanitario que personificó la persecución judicial contra los liderazgos sociales fue el de José Murillo, detenido en el 2003 por culpa de un montaje judicial enmarcado en la modalidad de las capturas masivas ejecutadas por la Fiscalía, que cumplía órdenes del gobierno de Álvaro Uribe, quien por ese entonces implementaba las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Murillo sería liberado en el 2006.

–Yo nací el 1 de abril de 1977, en la cuna de una familia humilde, pobre, trabajadora, en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca (…) Gracias a la crianza, a los principios y valores que mis padres me inculcaron desde muy pequeño, he podido tener una sensibilidad social y estar comprometido con las causas de los más necesitados, eso llevó a que en la secundaria ejerciera un liderazgo en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)– relata José Murillo.

Del liderazgo estudiantil y la juntanza con otros estudiantes de Arauca, surgió en 1997 la Asociación Juvenil Estudiantil Regional (Asojer). Años después, Murillo puso su empeñó en defender los derechos humanos en el Centro Oriente colombiano a través de la Fundación Joel Sierra. Una vez liberado continuó articulado al movimiento social, y retomó el liderazgo que las comunidades campesinas le habían delegado. Desde entonces participa en escenarios de interlocución con el Gobierno y compañías transnacionales, siempre reclamado el cumplimiento de la deuda histórica, social, ecológica y humanitaria que han tenido con las comunidades afectadas por megaproyectos minero energéticos. En el 2014 fomentó la participación en el gran paro nacional agrario, del cual surgió el Decreto 870 que creó de manera legal a la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

La región Centro Oriente que con valentía ha defendido y dignificado Murillo –conformada por Arauca, Casanare, Meta, y Boyacá– es víctima del despojo, la miseria, y los daños ambientales provocados por la lujuria extractiva de las multinacionales que, gracias al beneplácito del Estado, explotan petróleo, madera, oro, plata, entre otros bienes naturales en los diferentes departamentos. Ni los gobiernos neoliberales, ni las empresas que fundamentan este modelo, la han tenido fácil. El Centro Oriente cuenta con una tradicional herencia organizativa y comunitaria que tonifica la identidad y anima a defender el territorio, aunque sea necesario dar la vida misma para preservarla.

El arraigo no tiene precio, y eso, argumenta Murillo, ha traído una ola de violencia estatal a la región: “El gobierno utiliza varias técnicas: amenazar a los dirigentes y sus organizaciones; la técnica de matarlos a través de sus fuerzas militares y pasarlos como guerrilleros; la técnica de acciones de guerra sucia para achacárselas a agentes externos del Estado, que en últimas es el mismo Estado; también la técnica de elaborar burdos montajes judiciales para detener y tener tras las rejas, tres, cuatro, cinco años a los dirigentes del movimiento social. Lo que hay en el fondo no es contra una persona en específico, sino que apunta a exterminar al movimiento social, apunta a callarle la voz a las comunidades, a dejar sin representación, sin vocerías a las comunidades organizadas en el movimiento social”.

Los gobiernos que nos han gobernado pueden ser ágiles, diligentes e implacables cuando de acallar al que piensa diferente se trata. Que el desgobierno de turno tenga en la mira a Murillo no es algo nuevo, es más de lo mismo. Desde hace varios meses organismos del Estado lo han seguido, lo han estigmatizado, lo han grabado y fotografiado; han intentado recoger la información útil y necesaria para preparar otro montaje judicial en su contra.

–A pesar de lo cruda o dura que pueda ser la cárcel o la muerte, por encima de la muerte y de la cárcel hay un valor supremo que es la dignidad de un pueblo, que es la justeza de nuestras luchas. A pesar de que nos maten, a pesar de que nos asesinen, desaparezcan, encarcelen y hagan lo que acostumbran a hacer, debemos sostenernos, no claudiquemos, no renunciemos, no desfallezcamos. Podrán arrebatarnos la vida, podrán arrebatarnos la libertad, podrán arrebatarnos lo que quieran, pero jamás podrán arrebatarnos la dignidad de un pueblo, eso es invaluable, eso es incontable, eso no tiene precio, y como tiene un valor para nosotros como pueblo, pues lo defendemos hasta con la vida misma–, asegura Murillo convencido.

Son incómodas las terquedades que no tienen precio. Más incómodos aún los tercos que dicen lo que piensan y hacen lo que dicen. En el marco del Refugio Humanitario por la Vida, los corazones congregados en Bogotá realizaron un plantón al frente de la sede de la Fiscalía General de la Nación en rechazo a la estigmatización institucional y las masacres judiciales. Ni el Fiscal, ni sus subalternos, le dieron la cara a los y las que preguntaban por qué los encarcelaban si ser líder social no es un delito.

“Señor Fiscal aquí estoy en sus puertas (…) No nos van a detener las mazmorras del régimen, no nos van asustar con eso, y no nos van asustar con las balas asesinas. Un pueblo digno así sea en el lecho de la muerte, si tiene dignidad, no es derrotado”, dijo Murillo, bajo el sol lacerante capitalino, al pie de las instalaciones de la Fiscalía cercada con vallas y protegida por un cordón policial. Al terminar la intervención Murillo ingresó al edificio. Si la institución tenía en sus despachos alguna orden de captura o algún proceso en su contra, él venía a entregarse voluntariamente. Horas después, salió por la misma puerta que había ingresado.

“Dicen lo mismo que respondieron al derecho de petición del 11 de marzo: que en mi contra no aparece ninguna investigación, ni como indiciado, ni como imputado”, anunció Murillo, con la frente en alto, y seguro de que tal respuesta no lo libraba de una futura captura, o un asesinato.

***
Durante el refugio, los más de 1000 líderes y lideresas también visitaron las embajadas de España, Francia y Alemania. A diferencia del Fiscal, los diplomáticos abrieron las puertas de las embajadas para que los voceros de los diferentes procesos pudieran denunciar con mayor detalle las problemáticas particulares que componen la crisis humanitaria. Mientras que en la audiencia pública realizada en el Congreso de la Republica, exigieron mecanismos integrales de protección y demostraron por qué resultan insuficientes las medidas implementadas hasta el momento. El refugio sirvió además para reafirmar que las calles y la movilización seguirán siendo la trinchera desde donde el movimiento social y los sectores alternativos recuperarán lo que históricamente les han robado en los despachos de la Casa de Nariño.

En estas páginas convergen el periodismo y una postura política ante la realidad de nuestro país. Se necesitan y se justifican la una con la otra. Estuvimos en el refugio escuchando y acompañando a quienes emprenden esas luchas que no son pagas, a quienes hacen lo que hacen por la dignidad sus comunidades, la dignidad del ser humano y de la naturaleza, esos cuyo mayor anhelo es que las comunidades puedan vivir en sus territorios, y puedan cumplir sus sueños, sus planes de vida, en los territorios que les pertenecen.

Volvimos a encontrarnos con esas mujeres y esos hombres que conocimos recorriendo la periferia de este vertiginoso país. Con esas historias que en estas páginas hemos plasmado, y que nos han llenado de ilusión, y también de rabia y desesperanza. Nos emociona volvernos a encontrar con el calor de su abrazo y su sonrisa. Nos frustra que sus angustias y sus dolores de cabeza –meses o años después– sigan siendo los mismos. Pero nos reconforta –y nos dan razones para seguir imprimiendo mes a mes este periódico– esa convicción y esa fuerza que continúan intactas.

Mirando a los ojos a Lars Bredal, jefe adjunto de la delegación de la Unión Europea, nuestro director dijo: “Nosotros somos los que le damos la riqueza a este país. Este país nos pertenece. El gobierno tiene que entender que aquí estamos los que queremos el país, no los que se lo roban. Por eso tenemos derecho a vivir y a estar en libertad”.

A nuestros hombres y mujeres más necesarios los queremos vivos y libres. Si los asesinan o los encarcelan: asesinan y encarcelan el futuro –y el porvenir– de este marchito país.

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