Zonas Futuro e injerencia de tropas norteamericanas: otro capitulo de la seguridad democrática en la lucha imperialista por los recursos naturales

Por John Edwin Mejía Gomez

Desde el 2019 inició un plan de reforma administrativa y estructural en zonas de vital importancia por su posición geoestratégica. Este consiste en fortalecer la “seguridad” en 5 regiones, incrementar la presencia de la fuerza pública y hacer alianzas inter-institucionales para “robustecer” el esfuerzo conjunto. Al menos en el discurso del que hacen uso el Presidente y los funcionarios públicos así se presenta, pero la realidad demuestra que son otros los intereses a favorecer con la aplicación de estas políticas. 

Hechos como la muerte del campesino Emerito Digno Buendía Martínez, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (ASAMCAT), a manos del Ejército Nacional, quien intentó hacerlo pasar como guerrillero, hacen pensar lo peor del plan de gobierno llamado “Zonas Futuro”.

¿Zonas Futuro para qué y para quién?

Las Zonas Futuro son una estrategia del gobierno nacional que busca la transición “pacifica” de cultivos ilícitos a cultivos lícitos. En teoría se ofrecen “garantías” para que los campesinos den este paso, y, junto con la colaboración ciudadana, se logre acabar con la inseguridad y el narcotráfico.

El gobierno ha hecho énfasis en que dichas zonas constituyen el 2.4 % del territorio nacional. El plan piensa aplicarse en el Pacifico Nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca, Arauca, el sur de Córdoba, Chiribiquete y los Parques Nacionales Naturales aledaños. La estrategia de seguridad de las Zonas Futuro reeditará la política de seguridad democrática delineada y puesta en práctica en los gobiernos de Álvaro Urive Vélez. Política que no consiste en reforzar las fuerzas militares, más bien se trata de toda una reestructuración institucional de los entes de poder local.

La acción coordinada de las instituciones contempla la participación civil y ciudadana en la creación de los Planes De acción Oportuna (PAO). Al igual que la política de Seguridad Democrática, el sociólogo francés Daniel Pécaut plantea que “la estrategia antisubversiva descansa en el esfuerzo de la participación de la población civil en el esfuerzo militar”.

Las regiones priorizadas para la implementación de  las Zonas Futuro son lugares estratégicos y epicentros del conflicto armado, los cuales se encuentran dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Pese a que el plan habla de la sustitución de estas economías ilegales por economías legales, en sus cuatro estrategias de fortalecimiento de la seguridad no contempla pautas de organización comunitaria o desarrollo económico, se centra únicamente en establecer  las “bases de la seguridad”, así lo expreso Miguel Ceballos, el Alto Comisionado para la Paz, en una reunión en Córdoba.

Estas estrategias, según el gobierno nacional, ya se pusieron en marcha en más de 44 municipios y 995 veredas, lo que preocupa en términos de seguridad rural y campesina es el presagio de masacres, asesinatos selectivos, falsos positivos y violaciones a los derechos humanos, tal como sucedió con la llamada Seguridad Democrática que hoy quieren reeditar con las Zonas Futuro.    

Los hechos recientes

La firma del Acuerdo de Paz buscaba ser una salida pacífica al conflicto armado colombiano, guerra fratricida que hasta ahora ha dejado millones de víctimas, en su mayoría civiles. Al inicio parecía existir voluntad sincera de las partes para cumplir el acuerdo. Sin embargo, con el pasar de los meses emergió la marcada tendencia histórica de lo que han sido los acuerdos de paz en Colombia: falta de voluntad política del Estado, persecución de desmovilizados y la exacerbación de la violencia política.

Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, han asesinado más de 702 líderes sociales y 200 excombatientes de la guerrilla. Departamentos con altas cifras de líderes sociales asesinados se encuentran incluidos en la estrategia de Seguridad Democrática nombrada como Zonas Futuro.

El asesinato de Emerito en el Catatumbo y el de Ariolfo Sanchéz en Anorí, Antioquia, fueron cometidos por el Ejército después de evidentes abusos de la fuerza y en el marco de una escalada violenta de las instituciones del estado contra la población. Estos hechos son justificados o ignorados por el gobierno y su estructura jurídica, militar y política.

La sustitución de cultivos de uso ilícito se ha convertido en uno de los argumentos con los que el gobierno pretende minar y sabotear el Acuerdo de Paz. Las decisiones de Duque son en esencia medidas dictadas desde el Centro Democrático, las cuales se encuentran en plena concordancia con el proyecto imperialista de los Estados Unidos, y la lógica geopolítica de colonización y dominación de los territorios y sus recursos naturales.  

Estas muertes deben ser analizadas a la luz del proyecto capitalista mundial, pues según el académico colombiano Renán Vega Cantor “para mantener el nivel de producción y consumo del capitalismo se requiere asegurar fuentes de abastecimiento de recursos materiales y energéticos, los cuales se encuentran concentrados en unas pocas zonas del planeta, y no precisamente en los Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, que tienen déficits estructurales tanto en petróleo como en minerales estratégicos. Para darse cuenta de la dependencia de recursos por parte de los Estados Unidos, resultan elocuentes algunas cifras. Este país cuenta con el 2% de las reservas mundiales de petróleo y en la actualidad sólo produce el 9% del petróleo mundial, mientras consume el 26% y aloja solamente al 4% de la población del orbe. Simultáneamente, consume el 45% de las gasolinas de todo el mundo y el 26% del gas”.

La posesión y uso de la tierra es fundamental en la manutención del proyecto capitalista. Y a su vez se constituye en uno de los argumentos más fuertes detrás de la violencia en Colombia. Esto es relevante dado que nos permite adentrarnos en dos problemáticas esenciales: el interés estratégico de América latina y Colombia para el proyecto imperialista mundial, y la relación de los hechos nacionales con el panorama internacional.

El interés geopolítico es hacer de Colombia una gran despensa de materias primas y mano de obra calificada para los centros de desarrollo capitalista, además es un punto táctico privilegiado en el escenario geoespacial. Según Renán Vega, “en el escenario de esa guerra mundial por los recursos, América Latina es uno de los principales campos de batalla porque suministra el 25 por ciento de todos los recursos naturales y energéticos que necesitan los Estados Unidos. Además, los pueblos de la América latina y caribeña habitan un territorio en el que se encuentra el 25 por ciento de los bosques y el 40 por ciento de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas el 27 por ciento del carbón, el 24 por ciento del petróleo, el 8 por ciento del gas y el 5 por ciento del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35 por ciento de la potencia hidroenergética mundial”.

Para los Estados Unidos resulta crucial aplicar su política imperialista en Colombia, pues además de ser un país rico en recursos naturales, es uno de los principales productores de cocaína en el mundo. Bajo el argumento de guerra contra el narcotráfico y el terrorismo se instalaron las bases para el intervencionismo gringo.

La relación entonces entre las Zonas Futuro, los cultivos de uso ilícito, los recientes asesinatos de líderes sociales, civiles y campesinos, las estrategias imperialistas para el mantenimiento del consumo, poder de producción y acumulación capitalista, puede sintetizarse con el envió de un nuevo contingente militar estadounidense a Colombia. Hecho que representa una clara violación a la soberanía nacional y una injerencia clara de los Estados Unidos. El comandante de las Fuerzas armadas de Colombia, el General Luis Fernando Navarro, ha justificado la presencia de las tropas extranjeras bajo el argumento de la colaboración táctica

Este hecho no ha sido bien aceptado por la sociedad colombiana que aún recuerda las violaciones y abusos de al menos 53 menores de edad en los que se vieron involucrados varios militares norteamericanos años atrás en Melgar y Girardot. Este nuevo paso dado por el gobierno norteamericano refuerza su posición militar materializada con las bases militares de Malambo, Atlántico; Palanquero, en el Magdalena Medio; Apiay, en el Meta; las bases navales de Cartagena y el Pacífico; y ahora, el centro de entrenamiento de Tolemaida y la base del Ejército de Larandia, en el Caquetá.

Los intereses de los Estados Unidos en Colombia van más allá de la colaboración en la lucha contra las drogas, sobretodo en momentos en los que el capitalismo se enfrenta a crisis civilizatoria y productiva a causa de la covid-19, la implementación y adaptación de las nuevas tecnologías y formas de relacionamiento productivo.

El exorbitante número de líderes sociales asesinados, su sistematicidad e incremento en medio de la Pandemia, demuestran que esto hace parte de una política subterránea de un Estado que se supone fallido y que no obedece a los intereses nacionales, el suyo es un papel servil en el ajedrez geopolítico del imperio norteamericano.

La muerte se encuentra el orden del día en Colombia, pero esta no hace parte de la opinión pública más que como hechos aislados y recurrentes que se naturalizan por la miopía y la negligencia estatal. Esto hechos particulares que encuentran en la Seguridad Democrática o en las Zonas Futuro nicho jurídico y objetivo, develan la lucha necesaria por la liberación, la autodeterminación y la autonomía de los pueblos, pues el proyecto geopolítico imperialista no cesa y el devenir se ve enlodado por la vorágine de la guerra. 

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