Nueva ley de seguridad ciudadana: entre las necesidades del mercado y la represión social

El pasado 25 de junio del presente año el presidente Juan Manuel Santos presentó en la ciudad de Medellín la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (1453 de 2011) en el contexto de incremento exponencial de la inseguridad en los centros urbanos, el lobby para la aprobación definitiva del TLC por parte del Congreso estadounidense y la justificación del cuantioso presupuesto destinado a gastos en seguridad y defensa. En el marco del “nuevo [des]orden internacional” se ha promovido la modernización de los aparatos judiciales, particularmente en los países que se sienten amenazados por fuerzas internas o externas, o en territorios donde la “transición a la democracia” ha demandado la implementación de recursos de justicia transicional (p.ej. países del Cono Sur afectados por las dictaduras militares de los 70-80´).

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Pero no sólo las “razones de Estado” conducen a la generación de reformas en los sistemas judiciales, sino lo que es más inquietante aún: las necesidades del mercado (léase banca multilateral, países capitalistas centrales y sus transnacionales) inducen cambios importantes en la legislación de los países de la periferia, con miras a la expansión y acumulación de capital en territorios estratégicos. En este sentido, los acuerdos de libre comercio (NAFTA, TLC) contemplan la subordinación jurídica de las estructuras estatales y la adopción de estrategias de seguridad que posibiliten los intercambios comerciales y las operaciones financieras, como es el caso de la instalación de bases militares o el incremento de efectivos militares en la región latinoamericana por cuenta del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

El Estado colombiano ha manifestado, a través de las clases dirigentes, una postración continua ante los imperativos del mercado y de la propaganda política que periódicamente crea enemigos con proyección internacional (comunismo, fundamentalismo, terrorismo). Para la ejecución de los dictámenes foráneos, la dirigencia nacional de las últimas décadas acude a la construcción de instrumentos punitivos que a la postre han llevado a la militarización de la sociedad colombiana, representada no sólo por el crecimiento de la fuerza pública -medido por los aportes del PIB, incrementados año tras año, con un pico superior a los 10.000 millones de dólares en 2009-, sino también por la difusión mediática de la generalizada percepción de inseguridad que tienen los habitantes de los centros metropolitanos y ciudades intermedias a lo largo y ancho del territorio nacional.

Además de los sondeos realizados por las firmas encuestadoras y los medios de comunicación, la percepción de inseguridad se corrobora con las estadísticas sobre criminalidad (hurtos, homicidios, extorsión, secuestro, desaparición forzada, etc.) elaboradas por medicina legal, las fuerzas militares, la policía nacional, los observatorios de seguridad y convivencia, entre otros.


Según el observatorio sobre el crimen organizado Mafia and company (2010), en Colombia “las cifras muestran que entre 2002 y diciembre de 2010 aumentaron los delitos sexuales en un 60% y los hurtos comunes en un 48%, los hurtos a personas en un 83%, los de residencias en un 7% y los del comercio en un 8%”. A estos datos se añade el fortalecimiento de las estructuras criminales en las ciudades, con presencia de remanentes de los grupos paramilitares y las bandas asociadas al negocio del narcotráfico. Preocupa sobremanera que el aumento de la criminalidad se esté presentando justo en el período en que el gobierno nacional acrecienta el presupuesto para la guerra y pone en marcha planes de contención de los actores armados que provocan la inseguridad, ¿o acaso no era esa la pretensión de la Política de Seguridad Democrática (2002-2006) y la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (2006-2010)? Se cierne un manto de duda sobre la divulgación mediática de los éxitos de estas políticas estatales y sobre la eficacia de la fuerza pública en su contribución a la búsqueda de la paz y la seguridad para todos los ciudadanos.

La recién presentada Ley de Seguridad Ciudadana (1453 del 24 de junio de 2011) aparece como fachada de solución a las problemáticas no resueltas por la política de seguridad de los anteriores gobiernos. Inicialmente, es preciso aclarar que el texto legislativo no es más que una “colcha de retazos”, un articulado poco sistemático donde se combinan temas de orden diverso entre los que se cuentan: delitos de alto impacto, infracciones a la legislación ambiental, seguridad electrónica, allanamientos, tráfico de menores, interceptaciones telefónicas, medidas de procedimiento penal, contravenciones de menores y adolescentes, extinción de dominio, etc. El “salpicón” normativo de la Ley 1453 se expresa desde el subtítulo de la misma: “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas de Extinción de Dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”.

En 111 artículos el actual gobierno pretende suscitar entre los ciudadanos un clima de tranquilidad sobre los graves vacíos que en materia de seguridad presenta el país. Sin embargo, lo que se advierte al efectuar una lectura detallada del contenido de la Ley es la estrategia de acomodamiento de las medidas legislativas sobre dos factores claves en el actual contexto de política económica y de las relaciones internacionales: 1) La urgencia por obtener la aprobación del TLC con los Estados Unidos; 2) El interés sostenido por mantener la persecución a la oposición política y debilitar la protesta social. Nuestro argumento central consiste en afirmar que ambos elementos se encuentran estrechamente relacionados en la nueva Ley de Seguridad y se complementan en función de garantizar lo que se ha venido llamando la “confianza inversionista”.

Supliendo las demandas del mercado
En el contenido de la Ley 1453 de 2011 se han incluido varios artículos que tendrían injerencia sobre las decisiones que serán tomadas por el Congreso de los Estados Unidos para la aprobación del TLC con Colombia. En primer lugar, la presión que han venido ejerciendo tanto el gobierno Uribe como Santos, se orienta a favorecer la inserción del país en la lógica de apertura total a los intereses de las transnacionales y de los actores financieros que ven en Colombia un destino privilegiado para afianzar inversiones de capital, extraer recursos naturales, minero-energéticos e hídricos, y convertir al país en un comprador de bienes de segunda mano y servicios. Y como la lesión a la soberanía no tiene límites, los últimos gobiernos han buscado entregar no sólo las empresas del sector público, sino la vida misma de cientos de trabajadores a través de las últimas reformas en materia laboral y seguridad social. A tal punto llega el degradante entreguismo del gobierno colombiano, que hasta el mismo primer mandatario de los Estados Unidos –no por voluntad propia, sino presionado por las organizaciones de trabajadores y los defensores de Derechos Humanos- exige cambios importantes en el tema de protección de la vida y los derechos de los trabajadores colombianos.

Es así como el gobierno Santos incorpora en la Ley de Seguridad artículos persuasivos para generar presión sobre el Congreso estadounidense, no sólo en cuestiones laborales, sino con fuerte acento en el tema ambiental con una clara orientación a complementar el paquete sobre “Derechos de Propiedad Intelectual y Patentes”, elemento central en las negociaciones del TLC con los Estados Unidos: Violación de los derechos de reunión y asociación (Art. 26); Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables (Art. 29); Violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales (Art. 30); Manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos genéticamente modificados (Art.31); Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos (Art. 36); etc.

Además de estos hechos de carácter ambiental, la Ley pone severas restricciones a la pesca artesanal –sustento de miles de familias que circundan las cuencas hidrográficas del país- y a la “permanencia temporal” en áreas de especial importancia ecológica, dejando así un amplio margen de interpretación a las autoridades en actividades como las caminatas ecológicas, el camping o las salidas de campo programadas por las instituciones de educación. Cada uno de los elementos mencionados deja entrever cómo el Estado colombiano dispone territorios y especies para que en la aprobación del TLC queden a disposición no de sus legítimos (ciudadanos colombianos) y ancestrales dueños (comunidades indígenas y afrodescendientes), sino de los agentes transnacionales del biocomercio, los biopiratas (saqueadores de genes, microorganismos, especies de fauna y flora, y todo aquello que pueda ser mercantilizado) disfrazados de investigadores o defensores de la biodiversidad.

Criminalización de la protesta
El segundo factor problemático de la nueva Ley de Seguridad -represión de la protesta social-, trae a la memoria el Estatuto de Seguridad promulgado en el primer mes de mandato del gobierno de Julio César Turbay (1978-1982). Al igual que éste, la Ley sancionada por Santos contiene elementos que buscan romper la resistencia que siguen activando numerosos sectores sociales que se ven afectados por la implementación de políticas lesivas a la dignidad humana, medidas económicas contrarias a los derechos fundamentales (salud, educación, trabajo) y estratagemas de persecución (Interceptación de comunicaciones, Art. 52) y eliminación física de opositores al régimen. Nuevamente el Estado efectúa demostraciones de fuerza, no para generar sensación de alivio ante los crecientes brotes de inseguridad, sino como mecanismo de presión frente a quienes se muestren renuentes a los cambios que se han venido generando con miras al favorecimiento de las elites económicas nacionales y de las compañías transnacionales y financieras que incursionan en el país bajo el pretexto del libre comercio y la “inversión para la prosperidad”.

Destaca en la Ley 1453 el articulado correspondiente a la penalización de manifestaciones públicas. En cuanto a la protesta social la Ley restringe abiertamente el ejercicio de las movilizaciones y de las expresiones políticas en espacios donde se realizan actividades de carácter oficial, en vías públicas y sobre medios de transporte: Perturbación de actos oficiales (Art. 15); Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público (Art. 44); Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial (Art. 45). Cada una de estas manifestaciones son sancionadas como delitos en línea de continuidad con artículos referidos a la financiación del terrorismo y de actividades de delincuencia organizada (Art.16) y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (Art. 19).

Así, pues, el gobierno nacional convierte a los opositores en criminales y acude al castigo como estrategia de evasión frente al debate político y económico, lo cual va unido a la instigación a los opositores políticos a través de métodos de “policía política” y la ambigua aceptación de grupos de limpieza social bajo el eufemismo de la “mano negra”. Por ahora reflexionemos ¿Seguridad para quién? ¿Cuáles van a ser los costos sociales, políticos y económicos de la implementación de la nueva Ley? ¿Necesitaremos más cárceles que escuelas, universidades y hospitales? Mientras tanto, los inversionistas extranjeros seguirán invirtiendo “con toda seguridad”.

Modificado por última vez el 16/06/2012

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