×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 62

(14)

HOMENAJE MARIO BENEDETTI

EDICION ACTUAL No 41


Debería ser evidente- aunque los medios masivos se han encargado sistemáticamente de que no lo sea- el fracaso de este gobierno, durante sus dos periodos, en todos los frentes: social, económico, político, y sobre todo en seguridad. Lo curioso es que se quiera hacer reelegir para un tercer periodo y que lo quiera hacer justo en nombre de su política de seguridad democrática. Y lo peor es que busca la reelección a toda costa, vendiéndonos el cuento de que la propuesta de referendo reeleccionista es una iniciativa popular, ante la cual el presidente Uribe no puede hacer más que escuchar la voz del pueblo y obedecer la voluntad popular. Esta es la forma eufemística como Uribe y la camarilla incondicional que lo acompaña entienden la democracia y la tuercen todo el tiempo según sus intereses y caprichos.

Esa frase es común escucharla en foros, cursillos y talleres de formación sindical o eventos de denuncia sobre violación de derechos humanos, aunque parece un poco exagerada, no lo es. Son innumerables los casos en donde al día siguiente de la creación de un sindicato, a sus fundadores los están esperando en la puerta de la empresa con la carta de despido en la mano. Si el sindicato supera la dura prueba de notificar su nacimiento al ministerio y a la empresa, se enfrenta enseguida al tortuoso camino del chantaje, la amenaza, la persecución, el escarnio y también al despido. Para la muestra una historia reciente.

 

Los agrocombustibles han sido vendidos por las transnacionales y los gobiernos como una opción ecológica para remplazar gradualmente los combustibles derivados del petróleo. Se supone entonces que el uso de ellos es menos dañino para el ambiente, disminuye la emisión de contaminantes, sobre todo de los gases de invernadero, que provocan el cambio climático acelerado. Pero este es en realidad otro mito capitalista que se cae por su propio peso. Los agrocombustibles, en realidad, producen mayor efecto invernadero que los tradicionales hidrocarburos, destruye masivamente la biodiversidad y condenan al hambre a muchísimas poblaciones agrarias.

Variadísimos son los referentes para abordar el tema HÁBITAT Y VIVIENDA DIGNA. Los académicos, los organismos gubernamentales, las organizaciones sociales y políticas tienen sus propias consideraciones que, puestas en foros o escenarios abiertos, arrojan elementos de propuestas o de ejecución que ningún gobernante puede desconocer. La ciudad de Medellín es un claro ejemplo para el análisis que nos concita: A diciembre 31 de 2006, Según el Anteproyecto Plan de Desarrollo 2008-2011, Alcaldía de Medellín, se estimaban 602.168 viviendas, de las cuales 564.039 (94%) son urbanas, pero 467.056 (el 77.56%) están en los estratos 1, 2 y 3, donde reside el 85.14% de la población, como una demostración que es una ciudad de alta segregación territorial.

 

El déficit habitacional en Medellín es alarmante: 12.670 (3.3%) hogares son vivienda compartida; 16.554 (4.5%) son viviendas no susceptibles de mejorar; 13.696 hogares están en cuartos de inquilinatos; 31.195 están en situación de riesgo físico ambiental, de los cuales 29.696 están en zonas no recuperables; 100.440 (16.68%) de los predios de uso residencial poseen matrículas ficticias; peor aún, 5.831 personas viven en asentamientos, en situación de calle o están en las cárceles.

Estoy de acuerdo con que la superación de este dramático diagnóstico es un asunto de construcción de ciudad y de superación de pobreza, no simplemente de levantar casas. Como se lee en el mencionado Anteproyecto Plan de Desarrollo, “se trata de construir y reconstruir comunidades y vecindarios, hábitat para la vida, con buenos equipamientos colectivos, espacios públicos donde la gente se pueda encontrar y áreas verdes naturales que ayuden a la sostenibilidad de la ciudad en su conjunto”. Como solución parcial, se ha propuesto, al año 2011, legalizar 6.500 predios, mejorar 1.300 viviendas de 16.554, llevar 1.200 hogares a edificaciones de vivienda de interés social, reubicar a 6.000 hogares de los 29.696 provenientes de zonas de alto riesgo no recuperable; beneficiar a 9.700 de 13.696 grupos familiares de los inquilinatos más 12.670 de las viviendas compartidas con nuevas soluciones habitacionales. Gigantescos pero insuficientes esfuerzos en una ciudad como Medellín, donde conviven la pobreza y la riqueza.

El compromiso adquirido por Colombia, de cara a la comunidad internacional en el año 2.000, de cumplir con los OBJETIVOS DESARROLLO DEL MILENIO (ODM), señaló una clara ruta para asegurar una vida digna a las personas con mayor vulnerabilidad y pobreza, como condición para disminuir la desigualdad y alcanzar la paz en el país. El primer objetivo: erradicar la pobreza extrema y el hambre, con el séptimo objetivo: garantizar la sostenibilidad ambiental, guardan estrecha relación con vivienda digna y hábitat.

El documento CONPES 91 de 2005 fue un intento de partida para el análisis de las estrategias e indicadores, no sólo del ente nacional, sino departamental y municipal, en cuanto a la provisión de estos derechos sociales (el hábitat y la vivienda), considerados en nuestra constitución como complementarios, pese a que importantes sentencias de nuestra Corte los han ligado a la noción de derechos fundamentales inherentes a la vida. Cómo no reconocer y aceptar, como un sólo ejemplo, que muchas de las muertes ocasionadas por enfermedades prevenibles en la primera infancia ocurren en medio del hacinamiento y la falta de agua potable en esas viviendas en las que el instrumento de medición de pobreza extrema o de carencias, denominado Necesidades Básicas Insatisfechas –NIB– resulta alarmante, para tan sólo hablar de una causalidad que perturba un derecho fundamental, que este modelo de Estado se niega a proteger.

Pese a la alharaca gubernamental, en el año 2005 el 19.3% de las viviendas en el país era de materiales inadecuados, igual que sus acueductos y alcantarillados, con un hacinamiento crítico; Antioquia, reconocido como uno de los departamentos boyantes, en ese mismo año registró un NBI del 17%, luego qué decir de departamentos como el Chocó ¿Qué decir de un país donde uno de cuatro colombianos vive en condiciones de miseria?

El Plan Nacional de Desarrollo, otro instrumento de referencia vigente, convocó a departamentos y municipios a aunar esfuerzos en la solución de la grave problemática de vivienda, con la advertencia generalizada, por parte de éstos, de la carencia de recursos para ello; situación que, según orientación gubernamental, puede ser aminorada con la adopción de “diálogos constructivos y participativos” que involucren a la empresa privada y a las distintas organizaciones ciudadanas o redes sociales, tales como los Consejos de Política Social, donde se racionalicen, actualicen y administren los indicadores y metas que den cuenta de las estrategias y acciones que impacten las políticas de vivienda; semejante salida, con el tufillo de la participación, la dejo a consideración de ustedes para que valoren sus alcances y resultados; así, la problemática no es de recursos o redistribución del ingreso, sino de adopción de agendas locales o regionales que dinamicen los diálogos ciudadanos.

Existe una política nacional de vivienda, más no una política pública, soportada en los siguientes programas, que someramente se deben enunciar:

1. Subsidio familiar de vivienda
Para obtener, mejorar o habilitar vivienda a través de un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez, ejecutado a través del Fondo Nacional de Vivienda, las Cajas de Compensación Familiar y el Banco Agrario para las zonas rurales, con una clara o perentoria advertencia “siempre y cuando el usuario cumpla con las condiciones que establecen las normas”, en especial las relacionadas con el ingreso; luego, ¿cuál será el drama para acceder a estos programas de ese casi 60% de la población colombiana que vive de la informalidad o de ese 20% que por sus ingresos está clasificado como indigentes? No obstante, los resultados sirven para adornar cualquier gestión; en el año 2007, en Antioquia se otorgaron 4.177 subsidios con un promedio de $7'492.081 cada uno, mientras en Atlántico se adjudicaron 13.347 subsidios para un percápita de $1'052.371; ¿qué lograron los atlanticenses con un millón de pesos de subsidio?
2. Fortalecimiento del Sistema de Financiación de vivienda a largo plazo,
Con la Ley 546 de 1999 como marco de referencia, para la financiación de vivienda a largo plazo, bajo la modalidad, para muchos, del cuestionado sistema de UVR o del movimiento especulativo en pesos del actual sistema bancario ¿Cuál será el segmento de la población beneficiada?
3. Cobertura de inflación para créditos de vivienda.
Bajo esta modalidad, el Estado cubre a los deudores hipotecarios de las variaciones especulativas de la UVR y asume los riesgos como forma de proteger al sistema bancario.
4. Garantía para hogares informales,
Por medio del cual el Fondo Nacional de Garantías, al que contribuimos todos con el famoso 4x1000, asume los riesgos en relación con los trabajadores independientes que soliciten créditos de vivienda de interés social.
5. Leasing habitacional,
Mecanismo de arrendamiento por el cual un banco o entidad de financiamiento entrega a un locatorio (usuario) la tenencia de una vivienda a través de un canon, hasta que éste pueda optar por la compra; forma de dar salida a aquellas entidades que poseen innumerables viviendas restituidas en dación de pago a los especuladores bancarios por quienes se vieron imposibilitados a cumplir a esa voraz especulación.
6. Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción,
Con exenciones de retención en la fuente para aquellos ahorradores que movilicen cuentas para la adquisición de vivienda.
7. Microcrédito inmobiliario,
Para montos inferiores a 25 SMLMV con plazos menores a 5 años, para adquisición de viviendas que no superen los 135 SMLMV con intereses similares a los de la vivienda de interés social.

Como se observa, hay una política nacional de vivienda, en lo fundamental cedida a las dinámicas del mercado, en especial al sector financiero, con el Estado como garante, y una demostración de la renuncia a los postulados del Estado Social de Derecho. Si el Estado participa con la política del subsidio de vivienda no restituible, lo hace más para atenuar el conflicto social o para legitimar el modelo de Estado imperante, que en cumplimiento de los cánones del Estado de Bienestar.

Hemos insistido, desde la propuesta del Polo Democrático Alternativo, que el gasto social debe tener prioridad sobre el pago de la deuda externa y el presupuesto militar. Este sería un ejercicio ilustrativo, tomado del informe de ejecución de gastos de la Nación durante el año 2008, teniendo en cuenta el valor promedio de una vivienda de interés social de 47.5 metros cuadrados, con valor $50 millones de pesos al año 2008, como solución de vivienda de los que están marginados de la actual política de vivienda.

Podríamos concluir que los recursos que se pudieran destinar para la solución de vivienda urbana son iguales a los recursos para el armamento y material de guerra, o similares a los destinados a adquisición y reposición de equipos de guerra; infinitamente inferiores a los de la consolidación de la guerra expresa en la política de la Seguridad Democrática o, incluso, inferiores a los gastados en apoyo a los terratenientes de este país.

 

 

 

Cuando uno ha crecido en alguno de los barrios altos de Medellín, se acostumbra a la bella panorámica de una ciudad que está rodeada y abrazada por muchas montañas. Dependiendo del lugar, a lo lejos se puede observar el río, el centro de la ciudad con su emblemático edificio Coltejer, el Metro, y dos majestuosos cerros. Cuando el día está soleado, los matices verdes de las montañas, los matices naranjas y grises de las construcciones, y el azul claro del cielo crean todos juntos un extraordinario paisaje de ensoñación. Pero al interior de esta bella ciudad, en los últimos 20 años, se ha instalado la muerte.

 

Como sé que muchas personas —algunas por ignorancia y otras por perfidia— piensan que “en Medellín y en Colombia todo está muy bien, aunque aún existen algunos malvados terroristas que persisten en ser malos,” y no sólo piensan sino que sostienen que esto es una especie de paraíso de “seguridad democrática” donde no existe ningún conflicto, voy a presentar brevemente los principales resultados de una investigación que realizó el Grupo de Investigación en Violencia Urbana de la Universidad de Antioquia, trabajo que se tituló: Homicidios en Medellín, Colombia, entre 1990 y 2002: actores, móviles y circunstancias y que se publicó en Río de Janeiro en el año 2005 en los Cadernos de Saúde Pública.

Se destacan pues los siguientes resultados de investigación:
En Medellín, entre 1990 y 2002, se registraron las mayores tasas de homicidios de toda su historia y de la historia del país.

En Medellín, entre los años 1990 y 1999 hubo 45.434 homicidios y 9.931 de 2000 a 2002, para un total de 55.365 en los 13 años.
Los hallazgos muestran que la situación de los homicidios en Medellín no ha cambiado desde la década de los años ochenta, aunque haya descendido a la mitad entre comienzos y finales de los noventa.
Los más afectados por los homicidios siguen siendo los hombres jóvenes, menores de 35 años, residentes en los barrios pobres de la ciudad, de estratos socioeconómicos bajos, donde predomina el desempleo o el empleo precario asociado a bajo nivel educativo y en donde la presencia social del Estado, con políticas sociales, es insuficiente o inexistente.
En Medellín el homicidio es la primera causa de morbimortalidad desde hace 20 años y sus tasas de mortalidad superan las de grandes capitales de América Latina.

Hasta acá la referencia a esta investigación. Lamentablemente no tengo las cifras del 2003 al 2009. Pero para nadie es un secreto que la violencia en Medellín sigue perviviendo. Es cierto que hubo un tiempo de aparente calma, pero eso sólo fue un monopolio de la violencia paramilitar. Hoy día las mafias se están reacomodando y la muerte volvió a rondar con frecuencia las calles de Medellín. Las persecuciones entre mafiosos, que parecen de película, han vuelto a aparecer, con las balaceras a cualquier hora del día; y en nuestros barrios, aún en los fines de semana, los paramilitares cobran su módica extorsión de 2.000 pesos en cada casa.

Pero Medellín no tiene una violencia endémica, ni una maldición, ni está habitada por personas genéticamente agresivas, ni nada parecido. Simplemente nuestra ciudad ha estado enferma de inequidad e injusticia social. La vida mafiosa vino después y se incorporó cuando encontró un territorio de mayorías que vivían en la miseria, un territorio propicio para fundar la mayor degradación social.

Los problemas de Medellín sólo pueden ser entendidos en el contexto general de la historia de Colombia. A grandes rasgos, se puede decir que Colombia primero fue un sueño de unidad y libertad de Simón Bolívar, un sueño que muy pronto se frustró. Después del Libertador, Colombia ha padecido una larga hegemonía de gobiernos mezquinos, de una rancia oligarquía que se adueñó de las riquezas del país y que a lo largo de casi ya 200 años ha creado la mayor exclusión social y la mayor violencia posible. Solamente una vez, en un hombre llamado Jorge Eliecer Gaitán, el pueblo acarició la esperanza de tener un gobernante que se pusiera al servicio de la felicidad de todos. Pero la oligarquía, seguramente en asocio con la criminalidad norteamericana, mató a aquel hombre del pueblo… Después siguieron los tiranos, desde el despreciable y fascista Laureano Gómez hasta el despreciable y fascista de hoy Álvaro Uribe Vélez.

Después de los años 50 del siglo XX, las cuatro ciudades principales del país se masificaron, a causa de los grandes desplazamientos de la población, que huían del terror oficial y de la pobreza vergonzosa en el campo. Así Medellín, como las otras ciudades, dejó de ser un posible centro de desarrollo para convertirse en un centro de la concentración de la inequidad y la exclusión social en Colombia. Aparecieron los primeros barrios de invasión, y la villa apacible de comienzos del siglo XX desapareció. Después, por causa del puritanismo norteamericano y su tendencia belicista, se creó el tráfico de drogas, y la sociedad colombiana, fracasada en la vida material y económica, acogió un estilo de vida mafiosa. Entre otras cosas, sin ningún pudor, dado que los políticos del bipartidismo a lo largo de los años demostraron no tener un mínimo de vergüenza en esta misma práctica. Grandes sectores de la población, ya por la supervivencia ya por la ambición, se prestaron a las actividades del dinero fácil. Y de esta manera la violencia liberal y conservadora de los abuelos, —que se originó por la misma deuda social y por el autoritarismo estatal—, fue prolongada en las ciudades por una violencia urbana, por una vida mafiosa que con el tiempo tomó unas dimensiones extravagantes.

Todos los que hemos vivido en Medellín en los últimos 20 años hemos sido testigos de bombas en el centro de la ciudad, de estaciones de policía explotando en el aire, de sicarios motorizados, de balaceras en casas, calles, esquinas y en discotecas; hemos sido testigos de jóvenes sin educación, de gente con hambre, de casas de cartón, de “chirretes”, de nuevos ricos arribistas, mafiosos extravagantes, de plazas de vicio… De la escandalosa violencia de Pablo Escobar pasamos a la lucha territorial entre milicias y paramilitares; también a la criminalidad estatal que han creado los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, con desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales del ejército; De la ciudad del miedo pasamos a la ciudad dominada por el control paramilitar… luego otra vez, la re acomodación de las mafias. Hemos visto y seguimos viendo la muerte pasar en Medellín… pero no la muerte natural de los viejos, ni la muerte de la inevitable enfermedad, sino la muerte de la mafia y del hambre.

La oligarquía paisa se ufana de haber “superado” la vieja clase política tradicional con las “transparentes y eficientes” administraciones de Fajardo y Salazar, pero ellos sólo alcanzan a ser las caras bonitas del sistema. Con sus administraciones, las condiciones aberrantes de inequidad e injusticia siguen intactas; los gobiernos nacional y local no han logrado crear una ciudad segura, o lo que es peor, sus estructuras mafiosas prolongan la muerte en Medellín. Es decir, o los alcaldes del Área Metropolitana del Valle del Aburrá son actores permisivos de la vida mafiosa o son incapaces de gobernar y ejercer control en sus ciudades. Medellín es la prueba fehaciente de que la llamada “seguridad democrática” es una estafa y una manipulación para prolongar un régimen mafioso, oligarca y excluyente.

Han pasado dos años desde que el país recibió con asombro -y hasta estupor- una de esas esporádicas noticias de Chocó, que difícilmente copan los titulares de periódicos y noticieros a pesar de lo funestas y dramáticas. El 26 de mayo de 2007 Gloria Inés Arce, y los hermanos Jorge y Emilio Murri, tres niños indígenas que no pasaban de los ocho años, desaparecieron mientras huían de los gases lacrimógenos y los excesos de la Fuerza Pública.

 

“Mientras nos encontrábamos preparando el desayuno, el ESMAD nos atacó con camiones blindados y gases lacrimógenos frente a las aguas del río San Juan, varios niños indígenas de nuestra comunidad de Conondo desaparecieron. Presumimos que se ahogaron. En estos hechos también fueron víctimas de la bestialidad de la policía una niña de tan sólo seis meses, que murió por efecto de los gases lacrimógenos y tres mujeres Emberas Katíos que estaban embarazadas, quienes se sintieron mal por los gases, se fueron a sus comunidades y después abortaron. Estos hechos permanecen en la más absoluta impunidad", afirmaron más tarde miembros de las comunidades.

No era nuevo que los pueblos Embera, Katio, Chamí, Wounaan y Tule de Chocó estuvieran reclamándole a los gobiernos nacional, departamental y local el cumplimiento de una serie de exigencias en salud, educación, reconocimiento de territorios indígenas y Derechos Humanos. Ya se había firmado una serie de acuerdos entre la administración departamental de Chocó y las autoridades indígenas, a partir de un pliego de peticiones que las comunidades diseñaron con base en el abandono, la humillación y los atropellos a los que desde siglos atrás han sido sometidas. Pese a ello, quince días después del tire y afloje y conciliar posturas, los compromisos continuaban siendo parte de la imaginación y el deseo de los pueblos indígenas, mientras el gobierno departamental buscaba la manera de ajustarlos a sus intereses, es decir, pasarse por el traste los acuerdo.

Así las cosas, la carretera que conduce de Pereira a Quibdó amaneció bloqueada el 21 de mayo. Unos dos mil indígenas se concentraron en el puente de La Unión, ubicado sobre el río San Juan en zona rural del municipio de Pueblo Rico. Una de sus mayores exigencias –o por lo menos la más explotada por los medios- consistía en la contratación de 560 maestros indígenas para cubrir la demanda educativa de 14.400 niños y niñas. Denunciaban, como lo han seguido haciendo, que las administraciones departamentales y locales han relegado a las comunidades nativas en la destinación de recursos para procesos de calidad educativos, invirtiendo escasas cantidades en infraestructura, dotación y materiales, y absolutamente nada en capacitación de docentes indígenas. También manifestaban, ofendidos, que se les imponía un modelo educativo contradictorio con su identidad cultural y sus prácticas cotidianas, injusto, inequitativo y de baja calidad, desconociendo las normas constitucionales que establecen la educación bilingüe y de acuerdo con la identidad étnica y cultural de cada pueblo.

¡Oh sorpresa!
El sábado 26 de mayo a las 7 de la mañana, tras cinco días de bloquear la vía Pereira-Quibdó, permitiendo únicamente el paso lento de algunos buses después de acordarlo con la policía, los indígenas fueron sorprendidos por gases lacrimógenos y camiones antidisturbios que trataban a toda costa, a toda libertad, a toda vida, de disolver la manifestación. A las justas peticiones y reclamos de las comunidades, el Estado respondió con ESMAD.

Esa mañana desaparecieron en el caudal del San Juan Gloria Inés, Jorge y Emilio; muchos sufrieron heridas por las agresiones de la Fuerza Pública, y una cantidad indeterminada fue obligada a subir a camiones y carros particulares para trasladarlos a Guarató, donde “podían hacer su protesta”, según afirmaba la policía. Más tarde, en el poblado de Guarató el ESMAD volvió a perseguir a los indígenas con gases hasta las riberas del río, donde de nuevo 14 niños y niñas, y ocho adultos no encontraron más escapatoria que las fauces del San Juan, donde se eclipsó la vida de muchos de ellos.

Tras esta manifestación, muchas más se han presentado en el Chocó. Las necesidades básicas insatisfechas como la escasa cobertura de acueducto y alcantarillado, el pésimo nivel educativo -por no hablar de acceso a la educación-, la deficiente vinculación a salud o la ficticia infraestructura vial han motivado bloqueos, marchas, reclamos a grandes voces que no alcanzan a llegar al interior del país.

Las comunidades indígenas se han sumado, además, a la lucha que muchos sectores del país han emprendido contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las políticas neoliberales y los grandes megaproyectos que afectan la vida de la gente del campo y, a la postre, la vida urbana, como el Plan Puebla Panamá o el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), y el cultivo de agrocombustibles. Los indígenas de Chocó, de Colombia, de toda la región latinoamericana continúan exigiendo –sobre todo- reconocimiento, respeto e inclusión, y continúan levantándose frenéticos contra la indiferencia y las injusticias de las que han sido víctimas desde tiempos ancestrales.

 

Page 1 of 2

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.