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 Por: La Liga Contra el Silencio- De la Urbe - Mutante*

Ilustraciones por: Elizabeth Builes

El mismo día en que el cantante y youtuber Fabio Andrés Legarda murió por una bala perdida, otras cuatro personas fueron asesinadas a tiros en las calles de Medellín.


Ese jueves 7 de febrero de 2019, en esa esquina del barrio El Poblado, no hubo fuego cruzado. Fueron en total seis disparos. Todos de la pistola nueve milímetros, legal, con salvoconducto, que portaba Jesús Alberto Alarcón, un escolta que esperaba el cambio de un semáforo. Dos hombres en moto se acercaron a la ventana de su carro para robarle y Alarcón reaccionó a tiros.


Cuatro de los seis disparos alcanzaron a uno de los atracadores, Jorge Hernán Ardila Valencia, de 27 años. Herido, corrió unos metros y se desplomó. Murió en la mitad de la misma calle cuando ya se formaba un grupo de curiosos atraído por el tiroteo. Otro de los disparos hirió a Juan Sebastián Ramos Duque, de 21 años, conductor de la moto, el otro atracador, quien trató de escapar y fue capturado por la policía.


La bala restante impactó en la cabeza a Legarda, quien iba como pasajero en un carro que también esperaba el cambio del semáforo. El cantante de reguetón, una celebridad con cerca de tres millones de seguidores en redes sociales, murió a las 5:15 de la tarde a sus 29 años; la Clínica León XIII lo anunció en un comunicado a las 5:40. Una hora después, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en sus redes sociales una fotografía del artista y dijo sentir “dolor profundo”.


Casi a las siete de la noche de ese jueves, Salomón Tobón Pimienta, de 19 años, se reunió con algunos de sus amigos en el Parque del Amor: una pequeña franja arborizada convertida en parque infantil, a un costado del viaducto del metro, muy cerca de la estación Floresta, en el occidente de Medellín.

La voz de Mateo Esk-lones Pimienta, su primo, reconstruye el asesinato desde el otro lado del teléfono. “Los amigos cuentan que se le acercó un man y le dijo: ‘Hoy alguien se va a morir’. Mi primo volteó y le respondió: ‘Uy, no diga eso, pito’. El man se fue y luego volvió en una moto, empezó a caminar como si no fuera para donde ellos, pero después se le arrimó, le disparó y ahí lo dejó tirado”. Ese día Salomón había tenido un altercado con un hombre que lo amenazó por haber salido la noche anterior con su hija. En medio de la discusión llegó la Policía y, según la versión de su primo, le tomaron fotos antes de dejarlo ir. “A la familia le parece mucha casualidad”, dice.


Mateo, o MC Teo, tiene 22 años y es del barrio La Pradera, en la Comuna 13. El Esk-lones que separa su nombre de su apellido se lo debe a la agrupación de hip-hop a la que pertenece desde que era un niño. La creó su hermano, Marcelo, conocido como MC Chelo, a quien también mataron a tiros como a Salomón en el Parque del Amor, el 5 de agosto de 2010.


Chelo tenía 23 años y su muerte hizo parte de una seguidilla de asesinatos cuyas víctimas fueron raperos de la Comuna 13. En ese momento, los colectivos de hip-hop de esa comuna promovieron una consigna para evidenciar que el problema no solo tenía relación con un nicho de artistas en los barrios, sino con la ciudad entera: “No están matando raperos, están matando jóvenes”.


Salomón también estaba metido en la música, le gustaba el freestyle y las batallas de rap. Dos días antes de su asesinato le envió a su primo por celular un último mensaje con una canción que Mateo le escribió a Chelo después de su asesinato.


Para Salomón no hubo canciones ni homenajes. “Mi tía dijo que no hiciéramos nada, que eso era morbo. Nos dijo que iba a dejar el cajón abierto solo cinco minutos para los que quisiéramos verlo por última vez”.


Las otras dos personas asesinadas el 7 de febrero pasado quedaron registradas sin nombre en los informes oficiales que a diario expide la Alcaldía de Medellín. Uno de ellos era un hombre de entre 35 y 40 años. Su cuerpo, con una herida de bala en el tórax, apareció en la vereda Media Luna del corregimiento de Santa Elena. Al otro hombre, de entre 20 y 25 años, lo mataron en el Morro Corazón en el corregimiento de Altavista.

Estas cinco personas tienen varias cosas en común: murieron todos el mismo día, por heridas de bala, todas de sexo masculino. Hacen parte de la lista de 350 personas asesinadas en Medellín hasta el 3 de julio, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC). De ellas, 215 eran menores de 30 años, 207 eran hombres y ocho mujeres, y 169 murieron por disparos de armas de fuego. Estas coincidencias refuerzan la idea de que en la ciudad se mata más a tiros, se matan más los hombres y se matan más los jóvenes.

Pero también hay diferencias: solo Legarda, el único famoso entre las víctimas, mereció las condolencias del alcalde de Medellín y un masivo duelo con la utilización de recursos públicos.


“¿Por qué no salió en Q’hubo?”


Fabio Legarda subió a la tarima, tomó el micrófono y durante varios minutos les agradeció a las personas que llenaron el Centro de Espectáculos La Macarena para despedir a su hijo. Fue el domingo 10 de febrero. En tan solo un par de días, familiares y amigos del cantante convocaron un homenaje de cerca de quince mil personas.


El dolor de los allegados y de los miles de seguidores del cantante tuvo un gran despliegue en los medios. Por ejemplo Telemedellín, el canal institucional de la Alcaldía, emitió por lo menos ocho notas sobre el caso en sus noticieros entre el 7 y el 10 de febrero, y en su sitio web le dedicó una transmisión de dos horas y 43 minutos. Entre tanto, la Secretaría de Seguridad, a través de un contrato interadministrativo con Metroparques, entidad adscrita a la Alcaldía de Medellín y encargada de la administración de varios centros recreativos municipales, suscribió el 8 de febrero de 2019 una orden de compra por 374 millones de pesos con la empresa organizadora de eventos D’groupe. En respuesta a un derecho de petición que radicamos, Metroparques aseguró que el destino de esos recursos fue la vinculación al evento en homenaje a Legarda, bajo el lema “Más sueños, menos balas”.


Durante casi dos meses buscamos infructuosamente que el secretario de Seguridad Andrés Tobón Villada nos diera explicaciones sobre la destinación de recursos públicos a ese homenaje y sentara su posición frente al aumento de homicidios en la ciudad. Frente a las evasivas de su despacho, radicamos un derecho de petición que a la fecha seguía sin responder.

Pese a lo sentido, el homenaje a Legarda dejó la sensación de que en Medellín hay víctimas que merecen ser honradas y otras que no, que en la ciudad hay muertos que se lloran e incluso muertos que se celebran. Un fenómeno que ha venido siguiendo de cerca Luz María Tobón, directora del periódico El Mundo. Desde hace varios meses, la periodista dedica un espacio diario en sus redes sociales a hacer un recuento de las personas asesinadas en la ciudad. A veces utiliza un “nos” que resume su postura: “12
de julio, este día nos mataron a dos hombres. Este año la violencia nos ha arrebatado a 363 conciudadanos”.


La directora de El Mundo dice que le preocupa que en la ciudad se esté construyendo la idea de que existen buenos y malos, y que los malos sean catalogados así por ser jóvenes, por andar en moto o por fumar marihuana. Dice ella que el gobierno actual ha creado un enemigo común con estos estereotipos y que, a su vez, tiene un discurso que promueve que “hay gente que es mejor muerta que viva”.


Ocasionalmente, las autoridades de la ciudad han dejado entrever esta narrativa. El 19 de junio de 2016 el secretario privado de la Alcaldía de Medellín, Manuel Villa Mejía, compartió en su cuenta de Facebook una nota de Minuto 30 que informaba sobre la muerte de un supuesto atracador cuando intentaba robar a un ciudadano. “Para que sepan que cuando salen a trabajar ya no es seguro que vuelvan a casa: Dado de baja por policía cuando robaba”, escribió Villa. En una entrevista publicada el 7 de agosto de 2017 en el periódico El Colombiano, el entonces comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general Óscar Gómez Heredia, fue citado diciendo: “Aquí a la gente de bien no la asesinan. A los que están matando son aquellos que tienen problemas judiciales”. Y el 30 de abril de 2018, en referencia a una ofensiva policial en el occidente de la ciudad, el alcalde Gutiérrez dijo ante los micrófonos de varios medios: “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno y también van cayendo”, y repitió una frase casi idéntica en su cuenta de Twitter.

 


Pablo Montoya, escritor y profesor de literatura de la Universidad de Antioquia, dice que en la década del cincuenta, el “malo” se asociaba con el robo, luego con el narcotráfico, después con las milicias o con los paramilitares, respondiendo a distintos fenómenos que atravesaron la ciudad. “Como supuestamente hemos superado esos estigmas, ahora los malos son los chicos de los barrios —solo por ser jóvenes y pertenecer a los barrios populares—. El discurso del enemigo cambia según el momento histórico”.


Esos chicos son los mismos que menciona Luz María Tobón y los mismos que son asesinados por decenas, semana a semana, sin que la institucionalidad invierta en homenajes. “En Medellín somos elitistas en la recordación de ciertos muertos —dice Montoya—. Mira por ejemplo el caso de Héctor Abad Gómez, un humanista del estrato seis, padre de un famoso escritor del estrato seis, Héctor Abad Faciolince. Estas condiciones lo han convertido en el gran crimen de la ciudad, mientras la otra cantidad de asesinados y desaparecidos está borrada”.


Ángela Chaverra es profesora de Teatro de la Universidad de Antioquia, doctora en Artes y directora del grupo de investigación El Cuerpo Habla, que se enfoca en las relaciones entre el cuerpo, la ciudad y el arte. Dice que los estereotipos tienen en parte la responsabilidad por el poco valor que tiene la vida en Medellín.


La imagen del sicario de Medellín, el de la moto, el de las películas, es una imagen reiterada. “Los sicarios son de esta manera —dice Ángela—, escuchan esta música, se ponen esta ropa, se dejan el pelo así, tienen estas novias. Uno mismo va multiplicando ese estereotipo y uno mismo lo va oralizando. Entonces, claro, cuando los matan: ‘Mírelo, mírele la pinta’. Seguramente fue por algo".


Rodrigo Morales es el director de Q’hubo Medellín. El periódico que dirige es el de mayor circulación en la ciudad, pero al mismo tiempo es, quizá, el medio de comunicación más criticado. A fin de cuentas, ofrece una radiografía de Medellín que atrae tanto como duele. Esas víctimas, las olvidadas y las recordadas, suelen tener un lugar en sus páginas, aunque no quepan todas. “¿Si en no existiera Q'hubo, ¿cómo se enterarían esta ciudad de todos los muertos que hay?”, se pregunta.

En su oficina, en el edificio del periódico El Colombiano, en Envigado, nos planteó una comparación que ejemplifica que, en Medellín, morir también es un asunto de clase: “Te voy a poner un ejemplo: si yo soy estrato seis y mi hijo muere ahogado en una piscina, y llega alguien del Q'hubo a pedirme una foto de mi hijo, le voy a decir al periodista que es un hijueputa, que cómo se atreve a venir e irrespetar mi dolor”, explica Morales. “Pero si pasa exactamente lo mismo en un barrio popular, te reciben, te dan la foto, te invitan a tomar jugo. Yo recibí una vez una llamada de una señora de Bello que me dijo: ‘Es que a mi hijo lo mataron en un mirador, ¿por qué no salió en Q'hubo?".

Que sea en ese periódico donde tengan lugar los muertos que no salen en otros medios se explica, quizá, por la naturalización del homicidio que hace que un muerto cualquiera no sea noticia. Esta pérdida de sensibilidad también podría ser consecuencia de nuestro pasado: la ciudad de hoy es mucho menos violenta que la de hace ya casi 30 años. En 2019, según el informe del SISC del 8 de agosto, las autoridades contabilizaban 401 homicidios, mientras en 1991, el año más violento de la confrontación entre el Estado y el narcotráfico en la ciudad, la cifra llegó a 6349 asesinatos, según estadísticas de la Secretaría de Gobierno de Medellín.


“Si el niño es como lo están revelando, no es rehabilitable”


M. se paró en una esquina del barrio Santa Lucía y por unos segundos siguió con la mirada los movimientos de Darío Alexis Atehortúa, de 43 años, comerciante. Su cuerpo escuálido se veía minúsculo al lado de su víctima. Las miradas apenas se cruzaron hasta que M. sacó un revólver y disparó. Seis tiros, dos muertos. El segundo, Mateo Cuesta Prieto, de 20 años, mensajero.


En la noche del 27 de marzo el video se regó por grupos de WhatsApp y llegó a los medios. En él se ve a M. correr hasta donde puede. Los vecinos lo acorralan en un callejón, pero antes de que lo linchen llega la policía. Pronto se supo que M. tenía 14 años. Después, la Fiscalía aseguró que había cometido por lo menos otros 10 asesinatos y que era integrante de una de las bandas criminales que operan en la ciudad.

La noticia del “niño sicario” —bautizado por algún medio— se multiplicó en cuestión de horas y el linchamiento que la policía impidió en la calle continuó en las redes sociales. El periódico El Tiempo publicó varias notas de seguimiento. En una de ellas, la Unidad Investigativa citó a dos fuentes para que analizaran el video. Carlos Francisco Fernández, “asesor médico” de este medio de comunicación, resaltó la “mirada fría” de M., “descontextualizada del efecto [de sus acciones]”. Y añadió: “Sus héroes son los delincuentes que lo metieron en el mundo de las armas y beneficios materiales. No existen referentes familiares o filiales. Mata por unas zapatillas, un teléfono de alta gama. Cosas imposibles de tener en el ambiente de carencia y pobreza en el que nació”. Olga Albornoz, psiquiatra infantil, complementó: “Si el
niño es como lo están revelando, no es rehabilitable y debería ser juzgado con todo el rigor de la ley […], ha mostrado que es supremamente peligroso”.

Juan Esteban Patiño es psicólogo y hasta noviembre de 2016 trabajó en el Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo, conocido en Medellín como La Pola. Era uno de los encargados del proceso pedagógico y terapéutico de los menores de edad, principalmente de Antioquia y Chocó, que son sancionados con medidas de detención por su responsabilidad en delitos. Es el lugar donde M. se encuentra recluido.


Patiño se ríe cuando comentamos los conceptos de los expertos consultados por El Tiempo. Asegura que es imposible generalizar sobre las posibilidades de rehabilitación y cuestiona que esos profesionales asuman el lugar de jueces, y que sean capaces, con la secuencia de un video, de concluir que una persona “no tiene referentes familiares o filiales”.


En su experiencia con los jóvenes de La Pola encontró que es cierto que en la mayoría de los casos se trata de personas con carencias económicas, pero que de fondo existen condiciones estructurales que facilitan el ejercicio de la violencia. Y en Medellín, dice, poco se ha hecho por atacar esos factores.


Al contrario, el imaginario local pareciera asignarle a los jóvenes de la ciudad la condición de “violentos por naturaleza”, quizá reforzada por la literatura y el cine sobre la Medellín de pillos y sicarios que se hizo famosa en la década del noventa, gracias a obras como La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo o Rosario Tijeras de Jorge Franco. “Si vos crecés en un medio hostil, sea en Medellín o en cualquier otro lugar del mundo, la hostilidad se te vuelve un recurso permanente”, dice Patiño.

“La alcaldía no tiene un discurso orientador”


“La doble moral de nosotros los policías es salir a los medios y decir que la gente no puede tomar la justicia en sus propias manos. Pero nos bajan los micrófonos y decimos: ¿cómo es que no mataron a estos hijueputas?”. Son palabras de un alto oficial retirado de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Conversamos con él con la condición de no revelar su identidad. “Es que ustedes los
jóvenes no entienden”, dice varias veces. No entendemos qué es ver morir a un compañero, no entendemos lo que era este país, insiste. Cuando llegamos al tema de los homicidios en Medellín, dice que esa “es una cuestión de imagen”, es decir, un asunto que se gestiona en función de la popularidad de la policía, del alcalde y su administración, y que, por eso, en los escenarios de decisión a veces se invierten las prioridades. “El homicidio es el delito que más preocupa, pero tiene más impacto si se roban un celular. Si matan a tres manes la gente dice que algo debían, entonces no es tan grave”.


Esa idea —anteponer el robo de un celular a un homicidio— también tiene que ver con las prioridades de los ciudadanos.


En 2018, la Secretaría de Seguridad de Medellín llevó a cabo la “Encuesta de percepción sobre victimización, seguridad y convivencia”, que consultó a 4000 personas en las 16 comunas y cinco corregimientos de la ciudad. Al preguntarles a los encuestados por las problemáticas que hacen que se sientan inseguros, en los tres primeros lugares figuran los atracos, el consumo de drogas y la existencia de grupos delincuenciales. El homicidio se ubicó en el séptimo lugar. En síntesis, un atraco o que alguien consuma drogas genera mayor sensación de inseguridad que un asesinato.


El oficial retirado, quien participó en muchas ocasiones del Consejo de Seguridad de Medellín, la instancia presidida por el alcalde que reúne a los comandantes de la Policía Metropolitana y de la Cuarta Brigada del Ejército, al secretario de Seguridad municipal, a la dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, a representantes del Ministerio Público y de otras entidades del Estado, asegura que ahí “se toman las decisiones importantes”, pero que también hay asuntos que desbordan esos escenarios formales. “La pregunta que nos hacíamos era: ¿qué podemos controlar y qué no podemos dejar que se desborde?”.


Esa idea conecta con una de las lecturas que se ha hecho constante en los análisis más actuales sobre este tema en Medellín: una funcionario de la Secretaría de Seguridad consultado con el compromiso de no revelar su nombre asegura que hay un margen de maniobra limitado para las instituciones locales y que, por tanto, en algunos escenarios es preferible no intervenir y dejar que se equilibren por su cuenta
las tensiones entre organizaciones ilegales.


Según esa interpretación, la gobernabilidad y la política de seguridad en Medellín depende de la capacidad que tenga la administración de promover acuerdos de no agresión entre las bandas criminales, para recoger los réditos políticos que deja un menor nivel de confrontación y, en consecuencia, de homicidios.


No obstante, las estadísticas plantean un escenario distinto en la administración actual. De los 496 homicidios con que cerró 2015 —el último año de la alcaldía de Aníbal Gaviria— la ciudad pasó a 544 en 2016, 582 en 2017 y 634 en 2018. Según Andrés Tobón, actual secretario de Seguridad de Gutiérrez, este incremento es consecuencia de confrontar de manera directa a las estructuras criminales y de remover y perseguir a sus mandos, como se lo dijo a W Radio el 25 de octubre de 2018.


Con esa interpretación coincide la fiscal Adriana Villegas Arango. El 4 de julio, cuando conversamos con ella en el búnker de la Fiscalía, estaba encargada de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín. Villegas nos dijo que “las capturas llevan a una reorganización de los combos. Cuando se captura un cabecilla y la estructura se debilita, otra estructura que está más fuerte busca ganarle territorio”.


Lo cierto es que, frente a la problemática de los homicidios, la política de seguridad de la administración de Federico Gutiérrez fracasó. En 2016 la administración recibió la ciudad con una tasa de 20.1 homicidios por cada 100.000 habitantes y el Plan de Desarrollo “Medellín cuenta con vos” se trazó la meta de reducir la cifra a 15 al finalizar su periodo de gobierno, es decir, en diciembre de este año. Hasta el 20 de julio, las proyecciones del SISC indicaban que 2019 terminará con una tasa de 26.5.


El incremento además es notable cuando se le compara con otras capitales. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz estableció a finales del año pasado que Medellín fue la única de las cinco ciudades más grandes del país en la que aumentó este fenómeno entre enero y agosto del 2018.


A esto se suma lo que significó la captura y posterior condena de quien fuera su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas Restrepo, a tan solo un año de iniciada esta administración. A Villegas la Fiscalía lo investigó por supuestos nexos con integrantes de la Oficina de Envigado y lo acusó de concierto para delinquir, pero finalmente logró un polémico acuerdo con la justicia y fue condenado por el delito de
abuso de función pública.

En cuanto a la percepción de seguridad, esta administración también se encuentra muy lejos de las metas. Para el momento en que Gutiérrez asumió, el 57 % de los ciudadanos se sentía seguro o relativamente seguro de acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad. El propósito del Plan de Desarrollo era más que ambicioso: llevar esa cifra al 100 %. Sin embargo, para 2018 apenas llegaba al 50 %, de acuerdo con los datos de la mencionada encuesta de percepción.

Daniel Yepes es politólogo y fue, hasta junio, el director del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía de Medellín. Tiene una visión opuesta a la del oficial retirado en relación con el impacto político del homicidio. Nos dijo que ese es el delito por el que se mide la gestión en seguridad de cualquier administración municipal en Medellín. “Usted puede estar bajando todos los indicadores de seguridad, y la percepción de seguridad puede ser mayor porque está bajando el hurto, que es el delito que más afecta a la gente, pero si los ciudadanos ven que los indicadores de homicidio van subiendo, evalúan mal a una administración”.


Desde su punto de vista, la estrategia de capturas promovida por Gutiérrez se quedó corta por la falta de condenas efectivas por homicidio. “Así volvemos mucho más caro ese delito. Si no hacemos las dos cosas, capturas y condenas, nos pasa lo de ahora, que las capturas suben como suben los homicidios”.


Yepes es crítico con la administración de la que hizo parte. Primero, por atribuirse funciones que no le corresponden: “Pudo haber pasado que quienes asesoraban al alcalde desconocían cómo comunicar cuáles son las competencias de cada institución o las conocían y el alcalde no les paró bolas”.


Segundo, por la forma como se definieron los objetivos en materia de seguridad y las metas del Plan de Desarrollo: “Es que la cagamos. El SISC recomendó una tasa de homicidios cercana a 19, bajar un punto frente a lo que encontramos y ni Planeación ni el alcalde lo tuvieron en cuenta”.


Tercero, por la postura frente al homicidio. Yepes recuerda que a principios de 2019 recibió del secretario de Seguridad, Andrés Tobón, que a su vez seguía una directriz del alcalde Gutiérrez, la orden de dejar de contabilizar como homicidios los casos de personas muertas por procedimientos de la fuerza pública.


Esa determinación, afirma —y su versión coincide con la de otro funcionario de la Secretaría de Seguridad consultado bajo reserva—, fue el resultado de la presión que durante los tres años anteriores ejerció la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. La decisión finalmente fue reversada por el alcalde luego de que varias organizaciones sociales y grupos de activistas en contra del homicidio se manifestaran.


Finalmente, el balance de la política de homicidios de la administración de Gutiérrez está marcado por sus contradictorias declaraciones a la hora de referirse a algunos homicidios ocurridos en la ciudad.


En marzo de 2018, luego de que un hombre arrolló con su camioneta a dos atracadores que acababan de robarle, Gutiérrez publicó un trino en el que afirmó que quienes debían ir a la cárcel eran los victimarios y no las víctimas, en referencia a la posibilidad de que el conductor fuera judicializado. El colectivo No Copio envió al alcalde una carta en la que le pidió rectificar y no legitimar la justicia por mano propia y, en su respuesta, Gutiérrez escribió: “Lo he dicho en diferentes escenarios y lo repetiré las veces que sea necesario: nada justifica el homicidio”.


Las palabras de uno de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad corroboran que al interior de la administración ha existido siempre una contradicción: “La Alcaldía tiene declaraciones, pero no tiene un discurso orientador que guíe sus acciones. Entonces un día decimos que ‘toda vida es sagrada’ y al otro día decimos ‘que van a caer uno a uno’. Mientras tanto, estamos pensando en el enfrentamiento directo con las estructuras y en la captura de cabecillas. ¿Qué más les estamos ofreciendo a los jóvenes además de ‘entréguense o los cogemos’?"


“Un montón de personas dormidas, hipnotizadas”


A Henry Arteaga le dicen el JKE. Es fundador, la cara más visible y una de las voces detrás de Crew Peligrosos, una agrupación de hip hop que también tiene una academia gratuita y colaborativa: 4 Elementos Skuela. Ahora, 20 años después de haberse convertido en uno de los raperos más reconocidos del país, nos recibió en una casa que funciona como estudio de grabación en el barrio Aranjuez, en la zona nororiental de Medellín.


Hablamos de la violencia de la ciudad y de lo que significa resistirse a ella, de su postura frente a la idea de seguridad basada en la vigilancia, la presencia de policía, las cámaras y la tecnología para enfrentar el crimen. También de “seguramente algo debía”, esa frase de la cultura popular que explica uno, dos o cientos de asesinatos.

“Existe un prototipo del buen muerto. Mucha gente dirá: ‘¿Por qué no habrá parado?’ Algo llevaría". El JKE se refiere a un episodio de hace ya más de ocho meses en Envigado, al sur del Valle de Aburrá. El 11 de noviembre de 2018, Gonzalo Montoya, de 21 años, iba en una moto, no atendió una señal de pare y un patrullero de la Policía reaccionó a tiros.


La noticia de la muerte de un “fletero” se regó en internet hasta que un video de alguien que se acercó al sitio donde murió el joven dejó ver su morral con libros y la presión de varias personas para que los agentes no manipularan la escena. Y ahí está el papel de la ciudadanía que reclama el JKE. Dice que Medellín “es como un montón de personas dormidas, hipnotizadas” por los discursos de seguridad que simplifican el problema a una guerra de buenos y malos. “Lo que han hecho los políticos es generar miedo para dar seguridad. Se muestran en sus redes sociales venciendo la delincuencia y muchos se tragan eso”, dice.


Su hija, de unos tres años, aparece en la sala cubierta de grafitis donde conversamos. Él interrumpe, dice que ella es su proyecto frente a esos discursos. Que cuando cumpla 15 años entenderá si sirvió para algo promover el cuidado de la vida.

 

Este reportaje fue escrito por Juan David Ortíz, Elisa Castrillón y Santiago
Rodríguez, del laboratorio periodístico de De La Urbe, para Mutante y con apoyo
de La Liga Contra El Silencio.

 

La caravana tendrá tres recorridos simultáneos, en los que se recogerán testimonios y evidencias de las condiciones de vida de estas comunidades que habitan en un territorio estratégico y biodiverso como lo es el Bajo Atrato.  

 

El próximo cinco de agosto partirá desde Medellín la Caravana Humanitaria por la Vida que recorrerá el Bajo Atrato chocoano, con el objetivo de visibilizar la situación de crisis humanitaria y abandono estatal en que se encuentran las comunidades de esta región.

La caravana, en la que participarán más de 38 brigadistas internacionales y representantes de otras 70 organizaciones nacionales junto con pobladores locales, visitará territorios estratégicos y biodiversos donde el despojo y las amenazas por parte de grupos armados, así como la pobreza extrema por la falta de inversión social del Estado, reflejada en precarias condiciones de salud, vivienda, educación y alimentación, ponen en riesgo la permanencia de la población.

Según los organizadores de esta Caravana, “las fuentes de pobreza son múltiples, el conflicto armado ha desplazado decenas de veces a sus pobladores, y en muchos casos como parte de un plan de reorganización territorial a favor de la explotación de los recursos del territorio, ya sea las plantaciones ilegales de palma aceitera, la explotación de la madera o del oro, o las multinacionales. Además, como lo han mencionado en los últimos años las mismas instituciones colombianas, el Chocó es uno de los departamentos más vulnerables al cambio climático, y vive año tras año las consecuencias devastadoras de los daños ambientales cometidos no solo en su territorio sino también a nivel mundial”.

Por eso el propósito de esta caravana, además de denunciar nacional e internacionalmente esta situación, es contribuir al fortalecimiento de las propuestas que las comunidades han construido para defender el territorio y la vida.

Los caravanistas se dividirán en tres recorridos para visitar simultáneamente las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó – Chintadó, y Curvaradó – Jiguamiandó. “Las comunidades que vamos a recorrer en la Caravana corresponden a los municipios del Carmen del Darién y Riosucio, que junto con Acandí, Unguía, y Belén de Bajirá, componen el Bajo Atrato. Son comunidades que están viviendo un contexto de guerra muy fuerte, debido a los enfrentamientos entre los actores armados del conflicto (Ejército nacional, paramilitares y guerrilla), lo que ha conllevado a que estas comunidades afrodescendientes e indígenas se encuentren muchas confinadas, amenazadas, desplazadas y sus líderes y lideresas asesinados”, manifestaron.

En estos territorios, además de generar un diálogo con las comunidades y recolectar sus testimonios, se harán actividades artístico-culturales, así como una misión médica que recogerá las necesidades más urgentes en materia de salud, y brindará algunas medicinas útiles para la población.  Los tres recorridos confluirán de nuevo el día 12 de agosto en la cabecera municipal de Riosucio, donde en un acto público se presentarán las conclusiones y exigencias construidas durante la Caravana. 

Presentación

Periferia es una corporación que nació en el 2004 como un proyecto de comunicación popular, y cuyo producto principal es la edición mensual del Periódico Periferia, una publicación construida con colaboradores y reporteros populares de diferentes regiones del país. Desde hace diez años también publicamos anualmente una agenda que en principio recogió los aportes fotográficos del periódico, pero que a lo largo del tiempo se ha perfilado como una apuesta estética y como un espacio de difusión del trabajo de fotógrafos, colaboradores y amigos que trabajan en la periferia con las comunidades, con un enfoque temático en cada edición. A su vez, esta agenda es una manera de autogestión de la Corporación para el trabajo periodístico y formativo.

 

Tema

En esta ocasión, queremos retratar a la Colombia que construye y teje propuestas de transformación en sus territorios, como una forma de resistir y superar el modelo de desarrollo que destruye los tejidos sociales y despoja a las comunidades de sus bienes comunes. Mercados, huertas, acueductos y proyectos productivos comunitarios, procesos educativos populares, agroecología, permacultura, guardias interétnicas, proyectos de excombatientes o personas en proceso de reincorporación, territorios colectivos, y muchas más propuestas son bienvenidas a participar, desde la fotografía, en esta convocatoria que dará vida a nuestra Agenda 2020.

 

Bases

  • Pueden participar fotógrafos profesionales o aficionados
  • Se pueden enviar entre una y cuatro fotografías
  • Las fotografías deben estar en alta calidad (300ppp)
  • Cada fotografía debe llevar un pie de página que contextualice dónde se tomó y cuál es la propuesta para la vida digna o buen vivir que se intenta retratar en la fotografía (máximo 30 palabras).
  • Las fotografías deben enviarse al correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. con el asunto: Convocatoria - Agenda 2020
  • Fecha límite: 6 de septiembre

 

Selección

La selección estará a cargo del comité editorial del periódico Periferia Prensa Alternativa.

 

Reconocimiento

A los autores de las fotografías seleccionadas se les hará saber a través del correo electrónico, igualmente se publicará en la página web www.periferiaprensa.com. Los ganadores recibirán un certificado de su participación, dos agendas y colección de libros. Los autores de las fotografías seleccionadas para portada y contraportada de la agenda, recibirán además un bono para impresión de 10 piezas en papel fotográfico, redimible únicamente en la Litografía Periferia

 

Fechas

Convocatoria:  5 junio – 6 de septiembre de 2019

Publicación de resultados: 20 de septiembre de 2019

Entrega de reconocimientos: diciembre de 2019

 

Derechos de autor

La Corporación Periferia es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es visibilizar las luchas y apuestas de las comunidades en la Periferia. El propósito de este concurso no es comercial y la inscripción para participar es gratuita.  Los autores de las obras que resulten finalistas y entren a formar parte de la selección final aceptan ceder a Periferia –de manera no exclusiva– el derecho de uso y reproducción de las imágenes. El derecho de uso que asume Periferia sobre las fotografías finalistas no enajena la propiedad patrimonial e intelectual de los autores y su campo de acción está limitado para fines educativos y sociales. Periferia se compromete a reconocer los respectivos créditos de autor cuando las fotografías sean publicadas.

 

La Sede Social del Cabildo Indígena Chibcariwak es un comodato que comunidades indígenas tienen desde hace 23 años con la Alcaldía de Medellín y cumple funciones de residencia estudiantil universitaria, centro cultural y centro ceremonial.

Sin embargo, este espacio está a punto de desaparecer ya que el predio donde se encuentra está dentro del área en la que se proyecta construir un parque para el barrio Prado Centro. Aunque este proyecto está en la agenda municipal desde hace más de 10 años, hasta el momento la Alcaldía no ha planteado alternativas para reemplazar el espacio de esta Sede Social.

Es por eso que las comunidades Indígenas de Medellín (Cabildo Inga, Cabildo Quillasingas-Pastos, Cabildo Indígena Universitario de Medellín y Cabildo Indígena Chibcariwak) están alzando la voz en contra de lo que consideran un atropello e irrespeto a las comunidades Indígenas.

Es por eso que exigen  que antes de iniciar con las obras del barrio Prado Centro se den garantías de un nuevo escenario que brinde las condiciones para el desarrollo pleno de las actividades de la Sede Social Indígena. La importancia de este espacio, según manifiestan, es que son muchas las actividades y beneficios que cumple para las diferentes comunidades indígenas que habitan en la ciudad de Medellín.

 

            

 

 

         

 

 

 

 

En el Putumayo, la Minga Indígena no ha terminado. Ya se cumplen aproximadamente dos meses de unión y resistencia, desde que bastones, banderas y plegarias se convirtieron en el arma de los pueblos indígenas para enfrentar cualquier amenaza y reclamar sus derechos.

Aunque la minga cumple 46 días, sus antecedentes se remontan al 2010, cuando gracias al liderazgo de José Homero Mutumbajoy, del resguardo Inga de Tunguillo, las comunidades se alzaron contra la violencia. La minga resurgió en el 2012 y se consolidó en el Resguardo de Condagua, donde llegaron a acuerdos con el Gobierno nacional que hasta el momento han sido incumplidos; por eso renació la “Minga de Resistencia”, un movimiento que hoy busca la creación de mesas de diálogo que permitan resolver las problemáticas en materia de territorio, derechos humanos, consulta previa, cultivos ilícitos, seguridad de líderes y lideresas, entre otros.

Los guardianes

En medio de la vía que desde Pitalito conduce al departamento del Putumayo, a 18 kilómetros de la ciudad de Mocoa, está la vereda Yunguillo, donde este proceso de resistencia ha tenido lugar. Sobre su carretera, se encuentran aproximadamente 200 personas que conforman la “Guardia Indígena”, es decir, los encargados del cuidado de la comunidad.  

Entre bastones y filas, la guardia visualiza a las personas que transitan su territorio, pero además da a conocer los motivos de esta movilización a los conductores de camiones, volquetas, carros, buses y motos por medio de volantes y de sus voces.

La cultura y la ancestralidad para muchos tienen poca importancia, pero para los pueblos indígenas siguen siendo vigentes. Los Cofán, Awá, Pastos, Inga, Yanacona, Coreguaje, Kamentsá, Siona, Kichwa, Murú, Emberas, Pijaos y Kiyasingas, buscan fortalecerlas en sus niños y niñas, y es por eso que en la Guardia Indígena se puede participar desde los siete años hasta los 150. En Putumayo son aproximadamente 700 participantes, de los cuales hacen presencia 200, acompañados por su bastón de mando. Su chaleco posee el nombre del pueblo al cual pertenecen y sus cintas identifican los colores de su bandera.  

La Guardia Indígena “es la parte fundamental del equipo humano para apoyar a las autoridades con el proceso de protección del territorio. Es la autoridad que protege los lugares sagrados, la parte espiritual de nuestros Mayores, las cordilleras donde nace el agua, la medicina, las montañas. Ese es el valor de ser guardia dentro de las mingas”, añade Luis Jansasoy Quinchoa, coordinador del grupo Cuidadores de la Madre Tierra. A su lado está Sinaida Yucurujaca, una mujer guardiana. Ella muestra la importancia de su rol dentro de la familia, dice que ser guardiana es una manera de mostrar la equidad, de apoyarse mutuamente con el hombre, y que ellas también son capaces de cuidar a su comunidad.

La comitiva de la Minga

Entre kioscos y senderos está reunida otra parte de la familia. Unos descansan mientras sigue su turno en la guardia, los otros organizan la comida y la bebida para sus compañeros y compañeras. En la hoguera hay una olla grande, la denominada “olla india”, mujeres y hombres preparan los ingredientes, pican la papa, la yuca y otros cargan el agua, porque se encuentra en un tubo a unos seis metros de la carretera.  

Cuando el almuerzo está listo, Luis hace el llamado. “El fisco -nombre que le dan al alimento- ya está para que pasen primero”, les dice a las mujeres. Luego, el grupo de “los “tigres” se dirige a la hoguera, y así sucesivamente va avanzando la comitiva indígena. Un hombre alegre, risueño y amigable es quien sirve la comida. Con un plato sopero saca el alimento de la olla para servirlo a las demás personas.

Se escuchan risas y chistes mientras comparten la comida: “Ya vienen los antimotines, para que les guarden la comida”, haciendo referencia a lo sucedido el lunes 29 de abril, cuando fueron atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). El arroz se acabó y los últimos de la guardia esperan. Unas 12 personas rodean la hoguera esperando el arroz, y otras más, pendientes por si se podía repetir. La comida en la minga es otro de los temas para recordar el trabajo en equipo. Siempre se acompañan mientras se alimentan. Entre adultos, niños y niñas, se mandan razones y así llegan al kiosco por el “fisco”.

El lugar sagrado, el lugar espiritual

A cinco minutos de la vía nacional, está ubicado el resguardo Condagua. “Este espacio particular es un resguardo tradicional, sagrado, que le pertenece a los Inga. Siempre buscamos un espacio de territorio propio, es aquí donde está la armonía, la espiritualidad y el ejercicio de la territorialidad”, expresa Mary Rojas, hija del pueblo Pastos, mientras el sol empieza a salir y los niños y niñas juegan descalzos en medio del barro.  

Al lado izquierdo del territorio, está la tienda Samuych Suma Samay –Bienvenidos a la casa de la sabiduría– de don Ramiro Silvino Chindoy, médico ancestral, quien da el conocimiento espiritual por medio de la medicina de la ayahuasca o yagé, al comenzar algún evento. Ramiro cuenta que en cada reunión busca orientar el pensamiento, darle amor a la palabra junto a la ayuda de los abuelos y la medicina, para que todos lleguen a un equilibrio y así se pueda tener unidad en la minga.

Mientras sonríe y muestra sus dientes blancos, dice que la toma del yagé también es importante, pues por medio de ella se brinda apoyo a los hermanos que están al frente para fortalecer cada comunidad. En su casa construida en madera hay una habitación con todas sus plántulas, bebidas, piedras y demás elementos. Allí hay una silla con forma de cama, y un ventanal para visualizar el horizonte, adornado con árboles, montañas y animales. Ramiro narra la historia y el uso de cada una de las plantas presentes. “Estas son las que permiten la armonización”, dice. Cuando reciben los ataques del ESMAD, se encarga de ayudar a eliminar todo el gas tóxico dejado por los gases lacrimógenos; por medio de alguna bebida para vomitar inicia la limpieza. La medicina “es la unidad de pensamiento de la Minga de Resistencia”.

Frente a la casa de Ramiro hay un salón comunal, ahí se reúnen gobernadores y autoridades de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), y representantes del gobierno de la ciudad de Mocoa. Está presente la Defensoría del Pueblo. La comunidad da a conocer las agresiones recibidas y presentan los cartuchos con los que fueron agredidos varios indígenas. Los funcionarios mencionan las denuncias recibidas y manifiestan que los indígenas han atacado con disparos a los del ESMAD, acción refutada por los y las gobernadoras. La “única arma física ha sido el bastón”, dicen.

Mientras cae la noche en el resguardo Condagua y la reunión continúa, la guardia empieza a llegar, se sientan alrededor del salón, en una cancha de barro con poca iluminación. Entre los murmullos se escuchan personas que hablan sobre la reunión con delegados del Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo frente a las falencias presentadas y por la defensa de su territorio. Pero una vez más, y por quinta vez en estos dos meses, el gobierno dejó la silla vacía.  

Por Oficina de Prensa del Congreso de los Pueblos

Este domingo 28 de abril se instaló en Bogotá el Refugio Humanitario por la Vida, evento que permanecerá hasta el 2 de mayo, y en el que participantes de todo el país pretenden denunciar el asesinato sistemático y la estrategia de judicialización hacia los líderes y lideresas sociales.

Cerca de 3000 personas llegaron al Planetario Distrital, en donde se realizó un acto cultural de bienvenida que culminó con una movilización hasta el Parque Nacional. Desde allí, los líderes y lideresas marcharon hasta la Plaza La Santamaría, en donde se instaló oficialmente el Refugio Humanitario. Allí, de manera simbólica, los participantes rebautizaron el lugar como Plaza de la Vida.

Según Roberto Peña, líder social proveniente de la comunidad El Guayabo, ubicada en Puerto Wilches, Santander, su propósito en este Refugio es “visibilizar primero que nos están asesinando y judicializando a los líderes sociales. Yo estuve seis meses y tres días huyendo, y todavía tengo persecución judicial, entonces además de visibilizar el caso de El Guayabo, creo que este es un espacio que nos puede blindar a nosotros como líderes”.

Además, Peña puntualizó que no solo se trata de hacer visible el tema de liderazgo, sino lo que hay detrás: “porque también hay despojo de tierras, hay desplazamientos, hay amenazas contra las mujeres, y por defender los derechos de la tierra, de la gente, por defender el agua y los humedales es que nos criminalizan, por eso necesitamos buscar garantías para la comunidad y para los líderes, y esperamos que con las actividades que se van a realizar esta semana en embajadas y en el Congreso de la República logremos eso, garantizar la vida de los líderes”.

Según los organizadores del evento, el balance de este primer día de Refugio es positivo, pues llegaron participantes de regiones con fuertes problemáticas y donde los líderes sociales más desprotegidos se encuentran.

Este 29 de abril, segundo día de Refugio Humanitario, los participantes visitarán las embajadas de Alemania, Francia y España para hacer una solicitud masiva de medidas de protección internacionales. Desde allí marcharán hasta la Unión Europea, donde expondrán la situación ante todos los embajadores de este organismo político, buscando comprometerlos con la protección a los líderes y lideresas. Finalmente, en el marco del refugio, se realizará un velatón en la Plaza de Bolívar desde las 6:00 p.m.

 

Por Oficina de Prensa Congreso de los Pueblos

 

Organizaciones sociales y políticas de Colombia anunciaron jornadas de movilización y Paro nacional para este 25 de abril. Dicho paro, planeado desde el Encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas realizado el pasado mes de febrero, se plantea como la continuidad de las movilizaciones sociales que iniciaron el año pasado con las protestas estudiantiles, y que tuvieron un segundo momento con la Minga del Suroccidente de abril.

Sin embargo, este paro, según expresaron las organizaciones convocantes durante rueda de prensa, busca poner de manifiesto el descontento por las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, así como por el creciente asesinato y judicialización a líderes sociales, y por el incumplimiento de los acuerdos pactados desde años anteriores con las organizaciones sociales.

Algunos puntos problemáticos del Plan Nacional de Desarrollo

Según Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, uno de los puntos problemáticos en el Plan Nacional de Desarrollo “es el fortalecimiento de un modelo económico basado en el extractivismo y sus implicaciones para el campesinado. El sector minero-energético es el tercer sector que más inversión tendría en el PND, con 122,5 billones, con lo que se desconoce la necesidad que tiene el país de hacer una transición energética. Artículos como el 18, que avala la licencia minera exprés de 30 días, dan cuenta del afán por profundizar el modelo extractivista sin medir los daños sociales y ambientales”.

A esto se suma el aparente desinterés del Gobierno por el campesinado al nombrarlo como trabajador rural, y por no haber incluido las propuestas presentadas por este sector en el “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”. Así mismo, en contraste con el presupuesto destinado para el sector minero-energético, para el agro se destinaron 21 billones de pesos.

Otro de los puntos polémicos del Plan Nacional de Desarrollo, según manifestaron las centrales obreras y organizaciones de pensionados, es el recorte a los derechos sociales, específicamente para el caso de la salud y pensiones. “Nos preocupa la reforma laboral contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, porque elimina el contrato laboral como se conoce en Colombia, y elimina el salario mínimo con la formulación de contratación por horas, por lo que es un ataque directo a las convenciones colectivas”, manifestó Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.

Por su parte, Jhon Jairo Díaz, vocero de la Confederación Democrática de Pensionados, manifestó que los pensionados se movilizan este 25 de abril “para rechazar la reforma pensional disimulada que ha propuesto el Gobierno en el PND, que ahora no la llama reforma pensional sino protección a la vejez, para garantizar pensiones por debajo del salario mínimo en el futuro, y llevar a los pensionados a la miseria absoluta. Hay que ponerle cuidado a los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, pues dicen que con estos se superaría la pobreza en adultos mayores en el país, como si con un fondo de 120 mil pesos fueran a resolver la problemática de la miseria”.

Frente al Plan Nacional de Desarrollo, otras de las preocupaciones que mencionaron las organizaciones convocantes al Paro Nacional, tienen que ver con el enfoque que se le dará a la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno nacional y las Farc-Ep, pues desconoce el conflicto armado colombiano, y en ese sentido lo pactado por el Estado y dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2016, como lo es el “Pacto por la construcción de la paz” que no tiene asignación en el plan de inversiones.

La vida y libertad de los líderes sociales

El programa Somos Defensores, en su más reciente informe titulado “La naranja mecánica”, denunció que en 2018 incrementaron en un 43.7% las agresiones a líderes sociales, comparado con el año 2017, para un total de 805 agresiones, de las cuales 155 son asesinatos. Por su parte, organizaciones como la Cumbre Agraria han denunciado que en los dos últimos años alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados. A esto se suman las denuncias del Congreso de los Pueblos de una creciente judicialización y estigmatización a los líderes sociales, en especial de esta organización, con aproximadamente 100 casos en departamentos o regiones como Casanare, Sur de Bolívar, Suroccidente, Antioquia y Bogotá.

En ese sentido, el Congreso de los Pueblos manifestó que “es necesario movilizarse para exigirle al Estado genocida y a la comunidad internacional las garantías que se requieran para impedir la muerte de un solo líder o lideresa en Colombia, y para acabar con la persecución, la criminalización de la lucha social y la judicialización de sus líderes”. Es por eso que en el marco de las jornadas de movilización, también están impulsando el Refugio Humanitario por la vida y libertad de los líderes y lideresas sociales, que se realizará en Bogotá del 28 al 2 de mayo, con la participación de más de 3000 líderes de todo el país.

Acuerdos incumplidos

Otro de los temas importantes que motivan el Paro Nacional es la exigencia al Gobierno para que cumpla los acuerdos que desde años atrás ha pactado con las organizaciones sociales y políticas. Es el caso de los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria tras las movilizaciones del 2014 y 2016, que según Eduardo León, vocero del Congreso de los Pueblos en esta organización, incluye puntos como la creación de un decreto para reconocer otras figuras territoriales campesinas y los derechos del campesinado en Colombia, y que el Dane incluyera la categoría campesinado en el Censo como primer paso para esto; la consulta sobre la reforma a la ley 160 para el tema de tierras; el principio de anualidad respecto a la financiación de proyectos productivos a través del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura; la financiación del Diálogo Nacional Minero-energético, que solo se financió en una primera etapa incumpliendo el acuerdo presupuestal; la creación de la comisión mixta para la revisión de licencias ambientales de los proyectos minero-energéticos, entre otros.

En el caso de FECODE, los incumplimientos tiene que ver con una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, la modificación del modelo de prestación de servicio de salud, en cuanto a calidad y cobertura, y la reforma educativa pública y de calidad, entre otros puntos.

Además de todo lo anterior, las organizaciones que convocan al paro mencionaron que la movilización de este 25 de abril también busca exigirle al Gobierno que reactive los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que cumpla lo pactado con las FARC, y que pare la agresión política y militar contra Venezuela.

 

San Agustín es un municipio del Huila reconocido por su historia artesanal y arqueológica, y declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Algunos de sus habitantes se han dedicado a conservar y transmitir sus prácticas ancestrales para el fortalecimiento de su identidad cultural. Esta región arqueológica no solo es habitada por sus nativos, pues cantidad de extranjeros se reconocen como hijos adoptivos de ella.

El 14 de abril se dio apertura a la “XIX Feria Artesanal un espacio de arte, naturaleza y espiritualidad”, denominado así por la Secretaría de Cultura. Durante su inicio se homenajearon a maestros artesanos que han dedicado sus vidas a este oficio; la señora Dolores Urbano Muñoz, José Guillermo Urbano Urbano y Rubén Darío Morad Gómez.

La organización y ejecución de este evento está a cargo de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte, quien se articula a la Parroquia municipal, en cabeza del párroco Oscar Javier Vargas, para hacer la programación y el desarrollo de la Feria Artesanal. Sin embargo, algunos artesanos se encuentras insatisfechos con esta decisión, pues consideran que se han encargado de pregonar la religión católica por encima de sus prácticas artesanales.

La noche del martes 16 de abril se llevó a cabo una presentación teatral en la que niños y niñas portaban vestuarios alusivos a las imágenes de los santos de la religión católica. “Se ha mezclado un poco de religiosidad en el tema. Se ha experimentado con grupos de teatro y de niños que hacen su mejor esfuerzo, pero no están acorde al contexto de la feria que es artesanal, sin estar ligada a ninguna religión”, declaró el artesano de pirograbados, Brayan Alexis Rubiano Buendía.

Por la misma línea se manifestó Darwin Fidel Prieto, artesano de lutería: “Yo no digo que ser católico sea malo, yo digo es que las cosas deben tener su identidad y un sentido de pertenencia, y esto acá no se ve. Sencillamente se le ha dado mucha potestad. Esto parece que fueran los años 50, 60 y 70 donde el obispo es el presidente y el padre era el alcalde del pueblo”.

La secretaria de cultura del municipio, Adriana Catherine Adarmes, explicó que “se tuvo en cuenta el turismo religioso por la semana mayor o semana santa para todos los cristianos y la máxima influencia de personas”.  

“La feria esta bonita, pero la feria no es 100% artesanal, eso es lo que se ha podido evidenciar, lo que uno mira como artesano.”, declaró Matías Gastón Blanco Marino, artesano argentino e hijo adoptivo de San Agustín desde hace dos años. Esta aseveración la hace en crítica por los llamados ´revendedores´ que han ocupado gran espacio de esta Feria Artesanal.

 

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El punto de encuentro está en la Plaza Cívica. Cuenta con 90 stands o casetas aproximadamente. Cada uno de estos se dio por sorteo de balotas, según la Secretaria de Cultura. A pesar de ello, los artesanos dieron otra versión sobre el método de repartición. “Se canceló y por orden de pago fueron asignando el puesto”, declaró Daniela Sofía Muñoz. El equipo de Periferia Prensa Alternativa, preguntó si se había hecho algún sorteo para la asignación del puesto, y al respuesta fue la misma: fue por orden de pago.

Por otro lado, algunos artesanos se han sentido excluidos por la ubicación de su caseta, porque para llegar a ellos hay que pasar por una tarima que limita con escombros, bolardos, tubos y con muy poca iluminación. Darwin Prieto indicó: “El espacio está lleno de escombros, la tarima impide que la gente pase, hay dos bolardos y un tubo que prácticamente funcionan de cerco. El circuito de stands está organizado para que la gente de una vuelta y prosiga, eso es gravísimo porque hay sectores donde la gente no va a llegar y las personas no van a hacer ni siquiera para pagar el stand”.

Como si fuera poco, por la falta de organización no se tuvieron en cuenta las prácticas de los participantes respecto al uso de las plazoletas, pues entre las artesanías también están los alimentos, las bebidas y la venta de plantas. Faiber Alfonso Huesaco, vendedor de comidas, afirmó: “Hubiese sido bueno que estuvieran por sector, que queden separas comidas, artesanías o lo que tengan las personas para vender”.

 

¿A quién beneficia la Feria?

Más allá de temas de organización e infraestructura, lo que ha mostrado esta XIX Feria Artesanal es un clientelismo por parte de algunos locatarios. Darwin Fidel, dice: “La artesanía agustiniana no se está viendo, no se está sintiendo. Hay intereses políticos que no permiten que haya una muestra integral de lo que es la artesanía. Es un problema tenaz de fondo, la mala organización, las roscas y los círculos alimentados por la política y los intereses familiares. Esto es una dura crítica que se hace a la organización de esta feria”.

De igual manera, Matías Blanco, lo manifestó al equipo de Periferia Prensa Alternativa: “Segundo Cerón es un concejal de acá, y la mayoría de artesanos son familiares, que cuando hay reuniones llaman a otros familiares, entonces ganan la mayoría de los que “tienen” que ganar, ese ha sido el inconveniente”. Blando no fue el único en denunciar los interesas a favor del concejal. “Un sobrino del concejal Cerón, obtuvo un puesto como “Maestro de Artesanos” y él no lo es”, manifestaron.

De este modo, consultamos con la Secretaria de Cultura qué relación había entre el concejal y el evento. Su respuesta, en vez de ser esclarecedora, siembra dudas sobre la relación que hay entre la Administración municipal, y los concejales, encargados naturales de hacerle control político. “El concejal Segundo Cerón es artesano y tiene a toda su familia que es artesana y pertenece a la administración municipal. Por su puesto, hace parte de la administración municipal y hace parte de la organización por ser artesano”, manifestó la funcionaria.   

Los espacios de participación que buscan el fortalecimiento de la identidad cultural del municipio de San Agustín, se han ido anclando a temas políticos, económicos y con un alto grado de influencia de la iglesia católica. La Feria Artesanal se convirtió en fuente económica para las entidades estatales y de regocijo de la parroquia municipal.

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