(13)

Esta es la historia de un hombre que se hizo viejo cuando era un niño –uno de tantos–.

Mauricio García tenía 13 años. Vivía en una finca en la vereda La Estrella, cerca al corregimiento Santa Ana de Granada, municipio ubicado en el Oriente antioqueño. La suya era una típica familia campesina colombiana: su mamá era ama de casa y su papá agricultor. Cultivaban café, molían caña, y vendían panela en el pueblo.

No solo los cuerpos, las almas también envejecen. La de Mauricio empezó a aviejarse un lunes, el lunes 13 de enero de 2003. Ese día su hermano, Alejandro García, estaba en el pueblo. Sonaron varios disparos, uno impactó en la espalda y otro en la pierna de Alejandro. El Ejército echó su cuerpo en una bolsa, como algo que ya no sirve, luego en un ataúd, y después en una bóveda como si fuera un NN. Se llamaba Alejandro, tenía 16 años, y sueños, y esperanzas, tenía un futuro.

Desde 1995 todo fue horror. Las primeras masacres y amenazas se expandieron por el Oriente antioqueño desde la zona del altiplano, el corazón urbano y económico de la región. Las FARC y ELN estaban concentradas en las zonas rurales de los municipios que no integran el altiplano. A partir del 95, las Fuerzas Militares, con ayuda de grupos paramilitares, emprendieron la recuperación del territorio y el exterminio de las guerrillas. Para lograrlo, la Fuerza Pública incursionó con una consigna: todo el que viviera en esos municipios hacía parte de la guerrilla, había que sacarlos de los territorios, sin importar si era hombre o mujer, todos eran el enemigo.

Los militares y los paramilitares cercaron la población. Los campesinos quedaron sitiados, no podían ir a las cabeceras municipales. Los hombres, que acostumbraban ir los fines de semana al pueblo para hacer el mercado, dejaron de ir por miedo a que los asesinaran. Les encomendaron esa tarea a las mujeres y también las mataron. La responsabilidad recayó luego sobre niños y jóvenes que fueron retenidos por sus captores hasta que los padres no fueran por ellos. El plan era cortarle el suministro básico de subsistencia a la población. Los paramilitares se encargaron del bloqueo económico en las zonas rurales mientras los militares controlaban los cascos urbanos.

Los campesinos fueron asesinados por incluir en el mercado un medicamento, unas pilas, unas botas de caucho o un paquete de cigarrillos, en los retenes consideraban que estas eran raciones de abastecimiento para las guerrillas. Además de asesinar campesinos y campesinas, militares y paramilitares también destruyeron bienes esenciales para la permanencia de las comunidades: los puestos de salud, las escuelas, las tiendas rurales, y a los cultivos, por ejemplo, les echaban gasolina o veterina. La región vivía una crisis humanitaria, en el momento más crítico fueron en total siete batallones, dos unidades aéreas y cuatro frentes guerrilleros los que hacían presencia en el territorio.

El Oriente antioqueño empezó a reportar las ejecuciones extrajudiciales una vez las Fuerzas Militares coparon el territorio, pero los asesinatos de civiles reportados por los soldados como guerrilleros muertos en combate incrementaron con la desmovilización de los bloques paramilitares entre 2003 y 2006. Mauricio dice que creció “viendo muertos”, muertos que eran ajenos hasta que el conflicto le robó la niñez. Primero fue su hermano mayor, después su papá: Nicolás Emilio García.

Fue un lunes, el lunes 14 de junio de 2004. Mauricio estaba en la sala de la finca haciendo las tareas del colegio, cuando escuchó un estruendo “demasiado fuerte”. Se asustó, salió al patio, y vio a varios soldados apuntándole a su papá que estaba tirado en el suelo. Segundos después su madre llegó a los gritos intentando evitar el atropello. Los militares doblegaron a Mauricio y lo tiraron al piso al lado de su padre. Don Nicolás pidió clemencia, “no, él es un niño”, les dijo. Mauricio no entendía nada. Los soldados no escucharon las súplicas de su madre. A su papá le dieron una patada “súper fuerte que recuerdo perfecto”, lo amarraron y lo llevaron a la parte trasera de la casa. A él y a su mamá los metieron en un baño. “Ahí pensamos que nos iban a hacer algo –recuerda Mauricio–, esperamos unos minutos, cuando salimos no vimos a nadie”.

Luego fueron al pueblo porque sabían que allí estaba asentado el Ejército. Su mamá logró hablar con uno de los comandantes. “Si él debe algo, preséntelo ante una entidad competente que en este caso sería la justicia”, le dijo ella. “No se preocupe que a él no le va pasar nada, a él solamente le estamos haciendo unas preguntas. A él no le va pasar nada, tranquila, váyase para su casa, él va estar bien”, respondió el militar. Mamá e hijo intentaron salir de Granada, pero no había transporte y las vías estaban bloqueadas. El viernes 18 lograron llegar a Medellín en la noche y se contactaron con la Corporación Jurídica Libertad para notificarles el caso. “La primera recomendación que nos hace el abogado es visitar anfiteatros porque habían subido muertos desde la zona. Como para descartar, lo hicimos, y en el segundo anfiteatro lo encontramos, ya mi papá estaba muerto”.

Una habitante de Granada declaró que vio cuando el Ejército bajó con Nicolás hasta la parte baja del pueblo, donde quedaba el puesto de salud, y que a los cinco minutos escuchó una balacera. La mayoría de ejecuciones extrajudiciales en esta región de Antioquia compartían el mismo modus operandi. Fernando Valencia, que en aquellos años era abogado de la Corporación Jurídica Libertad y acompañó a las comunidades y organizaciones del Oriente antioqueño asediadas por el conflicto armado, recuerda que llamaban a la corporación a decirles que habían detenido un pariente, se lo habían llevado y más adelante habían escuchado un tiroteo. “Retenían la persona, la llevaban hasta un lugar apartado, simulaban un enfrentamiento, una explosión, o disparaban un largo rato, y luego la sacaban en una mula o la llevaban a un paraje muy distante de la captura para entregarla como guerrillero”. En el museo Casa de la Memoria de Medellín, durante la presentación del informe Ni descuidos ni manzanas podridas, ejecuciones extrajudiciales en Antioquia una política de Estado, Fernando afirmó también que era común encontrar los cadáveres desfigurados. A las mujeres, por ejemplo, les cortaban el cabello o se lo tinturaban, también solían cambiarle la ropa a las personas y dejarlas en lugares donde nadie las conociera o que fueran muy alejados, incluso en otros municipios, para que el sol y el agua las desfiguraran y así ni los parientes pudieran reconocerlas.

Ese procedimiento explica en parte el auge de los asesinados no identificados en el Oriente antioqueño. Sin embargo, si la justicia penal militar no hubiera ocultado pruebas para defender el comportamiento de los soldados, o los inspectores de Policía municipales hubiesen realizado con rigor los levantamientos de cadáver, o los médicos no hubiesen pasado por alto detalles importantes como tatuajes, fracturas o características de la dentadura en las historias clínicas, muchas personas habrían podido ser identificadas.

El Oriente antioqueño es una de las regiones con más desapariciones forzadas registradas, solo en San Luis, municipio ubicado a tres horas de Medellín, 180 personas permanecen desaparecidas. Según la cantidad de víctimas registradas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Oriente, el Magdalena Medio y el Valle de Aburrá suman 10.377 de las 60.630 personas desaparecidas forzosamente entre 1970 y 2016. En sus informes la institución determinó que, a nivel nacional, los grupos paramilitares o grupos pos-desmovilización son responsables de más de la mitad de los casos.

 

***


El 27 de mayo decenas de familiares de los asesinados entregaron el informe sobre ejecuciones extrajudiciales a Catalina Díaz, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y a Max Yuri Gil, coordinador de la macro región Antioquia - Eje Cafetero de la Comisión de la Verdad. El informe elaborado por la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Jurídica Yira Castro, la organización Equitas y la organización Humanidad Vigente Corporación Jurídica, da cuenta de 112 casos cometidos en el Magdalena Medio, el Oriente y el Nordeste antioqueño que dejaron 154 víctimas.

El informe está dividido en dos periodos. El primero documenta 65 hechos que arruinaron 97 vidas entre el 17 de diciembre de 2003 y el 27 de noviembre de 2004, los cuales están siendo investigados por la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, y se le atribuyen al Batallón de Artillería Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez que en aquellos años comandaba el coronel retirado Juan Carlos Barrera Jurado, quien solicitó someterse a JEP y, según los investigadores, fue contratado como asesor para el diseño de la actual doctrina militar llamada 'Damasco'. El segundo periodo de la investigación lo integran 47 casos ocurridos entre 2007 y 2008 que dejaron un saldo de 57 víctimas. De ellos, 15 casos son responsabilidad del Batallón Bomboná que operaba en Anorí, Amalfi, Vegachí, Yalí, Cisneros y San roque; 15 fueron perpetrados por el Batallón Calibío que operaba en la zona rural de Yondó, Puerto Berrío, Cimitarra y Puerto Parra; 10 son atribuidos al Batallón Especial Energético y Vial número 8 que operaba en Remedios y Segovia; 4 señalan como responsable al Batallón Bárbula que operaba en Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Boyacá y Caracolí; 1 culpa al Batallón de Servicios número 14; y de los 2 restantes aún no hay responsables identificados.

No solo hay cifras, el informe también detalla los patrones criminales. La mitad de las víctimas fueron presentadas por los soldados como personas no identificadas para evadir la justicia y evitar que iniciaran las investigaciones. Los investigadores también encontraron que la mayoría de víctimas eran retenidas de forma ilegal en sus casas o en los lugares de trabajo frente a sus familiares. En muchos de los casos, aseguran, hubo selección previa de las víctimas y se utilizaron guías o informantes, el Batallón Calibío, por ejemplo, destinó más de 20 millones de pesos al pago de estos. La investigación es una de las tantas pruebas que pretende confirmar que las ejecuciones extrajudiciales fueron una política de Estado que contemplaba la muerte como único resultado aceptable de las Fuerzas Militares para posicionar la idea de que la Fuerza Pública estaba siendo la vencedora del conflicto armado interno.

“Este informe y las pruebas que lo acompañan tiene una finalidad: develar la responsabilidad de los comandantes en las ejecuciones extrajudiciales. Hemos tenido conocimiento de que aquí en Antioquia la justicia solo ha escalado la responsabilidad hasta los soldados rasos”, manifestó Sergio Gil, abogado de la Corporación Jurídica Libertad. Los comandantes a quienes el informe y los investigadores también responsabilizan son Wilson Hernández Cedeño, Oscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, y Mario Montoya Uribe.

Mientras muchos soldados ganaban viajes y vacaciones extras por cada inocente reportado como guerrillero muerto en combate, el miedo florecía en el alma de las comunidades. Mientras algunos comandantes eran ascendidos y recibían medallas por cada orden ejecutada por sus subalternos, el campo se quedaba sin campesinos. Mientras los guionistas de esta novela sangrienta hacen todo lo posible por destruir el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, las víctimas que han puesto los muertos les piden a los militares que digan la verdad.

Antioquia es el departamento con más ejecuciones extrajudiciales. A pesar de todo, a pesar de tanto, las víctimas confían en que la memoria, las evidencias y la Jurisdicción Especial para la Paz, acaben con una parte de su calvario. “Esto no es solo un informe, es la reivindicación de la dignidad de las víctimas, es la posibilidad de reconstruir la verdad”, manifestó Fernando Valencia en el evento de lanzamiento.

Mauricio García ahora hace parte de la organización Tejiendo Memoria. Alejandro García, su hermano, y Nicolás Emilio García, su padre, no morirán mientras él siga vivo. “Está plenamente identificado qué batallón fue el que realizó el operativo. También tenemos conocimiento de nombres y apellidos de la patrulla que hizo la visita a nuestra vivienda (…) Me he dado a la tarea de hacer visible esto porque siento que mucha gente en el país no lo conoce. En conversaciones con amigos, con gente cercana, me he dado cuenta que incluso ellos no saben que hay víctimas del Estado en el país. Nosotros como víctimas merecemos ser escuchados, reconocidos y reparados en todos los sentidos porque hay una gran afectación. Mi misión en este momento es hablar por las víctimas, perder el miedo, porque al principio no lo hacía por temor, otras veces por indiferencia, pero en estos momentos estoy comprometido plenamente con este escenario de la JEP que se abre para mostrarle la realidad al país (…) No es fácil, la política de Estado afectó mi familia y afectó mi integridad, mi futuro; no solo es el muerto que queda en el cajón y se llora, es lo que viene después, es cómo empezar a reconstruirse y seguir avanzando, porque igual la vida continúa”.

Después de escuchar a Mauricio en la rueda de prensa solo supe decirle gracias y abrazarlo. Ojalá no sea cierto –como él cree– que 15 años después, el caso de su hermano esté “durmiendo en un expediente de la Fiscalía”.

 

*Contenido realizado para la alianza de medios Periodismo de Verdad

David Berrío regresó con la caña en su mano y se detuvo antes del puente de más de cien metros sobre el río Samaná Norte.
-Primo –le gritaron–, ¿y los peces?
-En el río –respondió automático–.

Una mujer le contó que su esposo pescó una dorada de varias libras. Notó su pesimismo e intentó consolarlo, le dijo que esa tarde o al día siguiente tendría su desquite.

David no pareció reconfortarse con el comentario. Cruzó el puente con la caña en la mano y su cara desconsolada. La pregunta que escuchó desde las primeras casas no dejarían de repetirla hasta la puerta de la suya.
-¿Y los peces?

***


En 1880 el alemán Friedrich Von Schenck cruzó el río Samaná en un viaje que lo llevaría a Medellín. En su primer día de viajes le tocó cruzar “el torrentoso Samaná sobre caminos muy pendientes, parecidos a trochas para cabras”.

Ese camino al que se refiere el alemán, David Berrío lo llama Camino real. Lo recorrió por décadas hasta que los embalses, las carreteras de las hidroeléctricas y la guerra misma contribuyeron a su desaparición. David es hijo de los bosques de San Carlos, un pueblo a 113 kilómetros de Medellín. Su papá nació en Donmatías y su mamá en Guatapé. Y él, cerca del corregimiento El Jordán, de San Carlos.

Tiene 70 años y conoce el Samaná desde que tenía 8. Aprendió a pescar con machete porque no existía atarraya. Conoció Puerto Garza, el corregimiento en el que vive, cuando no era pueblo, cuando solo era monte y selva, cuando no había carretera, cuando solo había una que otra casa regada en medio de la nada. David recuerda los años en los que construyeron Jaguas, Playas y San Carlos, recuerda la carretera que abrieron para conectar con Puerto Nare y así construir más pronto la central San Carlos. Y con esa carretera y ese puente de más de cien metros que cruza todos los días, una y tantas veces, vio nacer este pueblito a principios de los 70, en donde ahora viven poco más de mil personas.

Entonces el río Samaná se volvió el patrón de todos los que construyeron su casa al lado de la carretera y al lado del río. El patrón o les daba pescado o les daba oro. Y así ha sido por décadas. El pueblo que surgió por una carretera que abrieron para construir una hidroeléctrica, hoy está sentenciado a su desaparición si sobre el patrón construyen un muro de 140 metros para generar 352 megavatios de energía (el 3% de la energía nacional).

La energía los llevó al pescado y al oro. Con más energía no habrá bagre, picuda, dorada, pataló ni bocachico.

 

 Fotografía: Fundación Yumaná

 

***


El Samaná es verde en verano, verde cuando la central San Carlos no le descarga agua oscura, verde cuando está bajo y brioso. Claro que hubo un tiempo que no era tan ancho, porque el que es hoy en Puerto Garza fue transformado por las aguas y arenas ajenas que recibe.

En épocas de lluvia es un rugido oscuro y alborotado. Sus rápidos se ven gigantes y los lancheros deben cruzarlo con pericia, recordando las piedras monumentales y acelerando en los remolinos y embestidas. Razón tiene Joanna Andrea Barrera, ingeniera en recursos hidráulicos, al decir que los ríos tienen personalidad, que laten como si tuvieran un corazón. No humano, porque el del Samaná varía con las épocas del año: la subienda, la bajanza, la mitaca, el invierno, el verano. Es lo que ella llama el hidrograma: es propio y esencial de cada río. Si este se altera significa cambiarle su personalidad y, por tanto, su flora y su fauna.

Tanto sabemos ahora del Samaná por investigadoras como Joanna, por hidrólogos, biólogos, defensores de derechos humanos, por gente del Oriente de Antioquia, por pescadores como David Berrío, e incluso por los que quieren volverlo una fábrica de energía.

La empresa Integral hizo el estudio de impacto ambiental para el proyecto Porvenir II, el que construiría un muro de 140 metros sobre el Samaná. Hablaron de bocachico, dorada, bagre y pataló, pero se olvidaron de nombrar el comelón, las sardinas, el mazorco, el bagre rayado, el blanquillo, la vizcaína, la arenca, el barbudo, el capaz, la picuda, todos esos peces que David Berrío ha pescado y comido en su casa. En 2014, Integral averiguó la producción de pescado de acuerdo con el mes: febrero es el de más pesca (11.8 toneladas), seguido por julio (1.7). Con base en esos datos identificaron el valor del negocio, quiénes son los pescadores y cuánto podrían darles como indemnización.

Fotografía: Sandra Ramírez Giraldo

Joanna Andrea Barrera concluye en un estudio sobre el Samaná, que si se construye el muro o los muros, habrá cambios en los caudales, no habría intercambio de sedimentos y nutrientes de los que viven animales y plantas, y el río perdería su conectividad con el Magdalena y los peces mismos que suben contra la corriente. Sería un aislamiento: los peces atrapados a un lado del muro y los peces que no volverían a migrar del otro lado. Y eso traería problemas sociales para las comunidades que viven del río, como Puerto Garza.

David Berrío no podría volver a pescar: no habría peces migratorios ni lo dejarían Celsia, Isagén o las empresas que se adueñen del río. El Samaná cambiaría su personalidad, cambiaría sus latidos, dejaría de ser.

 

***

Fotografía: Sandra Ramírez Giraldo


David Berrío miró el río desde el puente. Turbio, violento, crecido. Bajó hasta la orilla y sobre una roca destripó un comelón. Cortó un trocito y lo enganchó en la caña. Tiró el cebo al Samaná y no hubo pez que jalara. Lo hizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y siempre regresó con el trozo de carne encogido.

-Hoy no parece que es el día –dijo–.
Se recostó en una roca rumiando la impotencia. Miraba el agua furiosa, los rápidos alborotados.
- ¿Vio cuerpos bajar por el Samaná? –le pregunté–.
-Del puente de aquí tiraron mucha gente. Nosotros veíamos los cuerpos en los remolinos de agua. En esa violencia, tiraban gente que uno no conocía, y uno los dejaba pasar.

Los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara también hicieron del Samaná una fosa común. Los paramilitares y las guerrillas y el Ejército también hicieron desplazar a David de Puerto Garza. A sus hijos los querían reclutar, él ya sabía la historia de otros vecinos que engrosaron bandos contrarios. Prefirió perder sus cultivos de aguacate e iniciar la huida.

Pero regresó y los cultivos de coca pululaban. Tenía 100 árboles de mandarina y las avionetas también regaron sus litros de glifosato y lo dejaron sin sus arbustos.

David tiró de nuevo la cuerda, tan resistente como para soportar la fuerza de un pez de 20 libras, y siguió hablando del desplazamiento, de uno de sus hijos que a veces le gana en la pesca, de la coca, de las lanchas que se han volteado capoteando el río con sus rápidos, hasta que la cuerda se tensó. A veinte metros una dorada saltó sobre el agua, pero se llevó el trozo de comelón.

No era el día, estaba claro, por eso prefirió nombrar los concursos en los que ha ganado en las Fiestas del Bocachico, cuando la subienda es alegría en Puerto Garza. En el 2017 pescó un bagre de 8 libras y quedó primero. “Un señor se enamoró de él y se lo vendí por 70 mil pesos”, dijo.

La mañana fue una tertulia al lado del Samaná. David se encaramó entre las rocas y ascendió hasta la carretera, llegó a un extremo del puente y empezaron las preguntas por sus manos vacías. Estaba desanimado, claro, pero sabía que el río siempre da su recompensa.

-El Samaná nunca nos ha pagado mal. Es una riqueza de vida. Dios quiera que no lo vayan a represar. Nos echan con las manos vacías y eso da desconsuelo. Fuimos desplazados y esta vez, viendo toda la vida que tiene el río, lo van a privatizar, si es la cuna de nosotros.

Fotografía: Fundación Yumaná

Frente al incremento y abuso de la criminalización y judicialización de líderes y lideresas sociales en todo el país, coinciden las organizaciones de abogados como el Equipo Jurídico Pueblos, la Fundación para la promoción de la justicia Javier Alberto Barriga, y los asesores jurídicos de la Corporación Sembrar y del Movimiento de Masas del Centro Oriente colombiano, entre otros, que los organismos de inteligencia como la Dijin, la Sijín, el Ejército y la Fiscalía se encargan de vigilar, interceptar, hostigar, amenazar y finalmente encuadrar en tipos penales y capturar a los líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios, los derechos humanos, y organizan a los trabajadores y a las comunidades, para sacarlos del medio y así debilitar y exterminar los procesos sociales y populares. En casi todos los casos utilizan a los desmovilizados y falsos testigos para incriminarlos y ganar beneficios legales.

Son muchas las organizaciones y procesos sociales víctimas de esta modalidad, por lo que amerita indagar e investigar a fondo la magnitud de la situación que sufren muchos líderes y lideresas en todo el territorio nacional. Por ahora trabajaremos sobre los casos, datos y fuentes que pudimos recoger.

Sur de Bolívar
En marzo 22 de 2017 fueron capturadas Nubia Gómez Jaimes, Milena Quiroz, José Lemus Jaimes, Isidro Alarcón, Manuel Sabaleta, Félix Muñoz, Joaquín Gómez Quiñones y Santos González Pimienta en el Sur de Bolívar.

Jorge Reales, quien se desempeña como abogado de la Corporación Sembrar y tiene a su cargo la defensa de la mayoría de procesos en contra de estos líderes sociales comenta que “el proceso de los ocho primeros casos es de conocimiento del Juzgado Primero Penal especializado de Cartagena… Las personas fueron capturadas y judicializadas con base en informaciones de personas desmovilizadas del ELN. Es decir, repitiendo el patrón de casos anteriores de detenciones masivas”. La precariedad de las pruebas y las irregularidades legales de las capturas obligó a los jueces a dejar libres, meses después, a los capturados, aunque siguen procesados.

En el Sur de Bolívar ya se habían presentado falsos positivos judiciales en el año 2007 y 2008. Con montajes y falsos testigos las autoridades incriminaron a Teófilo Acuña y Alirio Salgado, lo cual fue demostrado en medio de sus procesos. La estigmatización y la presión de las Fuerzas Militares y la Fiscalía sobre los líderes de la región no cesó, en 2018 cinco de los principales líderes del corregimiento de Micoahumado se vieron obligados a presentarse ante el ente investigador en la ciudad de Bogotá para exigir que se les presentaran los cargos y si era del caso fueran capturados o se les dejara en paz de una vez por todas, la Fiscalía General de la Nación certificó que no tenían orden de captura.

Suroccidente, Nariño y Valle
El 21 de abril de 2018, fueron capturados 33 líderes del Suroccidente colombiano, en especial del departamento de Nariño, la mayoría ex servidores públicos de reconocida trayectoria social entre las comunidades, lideresas indígenas y afrodescendientes. En este caso 27 de ellos tuvieron que ser dejados en libertad por la misma razón: precariedad en las pruebas e irregularidad en las capturas. Los cargos en este caso eran concierto para delinquir, narcotráfico, porte de armas, rebelión, entre otros que vinculaban a los y las lideresas con el ELN. Sin confirmar está la versión de que esas capturas estuvieron coordinadas y presionadas por la DEA.

Hoy se encuentran privadas de la libertad Sara Quiñones y Tulia Marys Valencia Quiñones, madre de Sara, las dos lideresas reconocidas del Proceso de Comunidades Negras, PCN, de la junta de gobierno del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, y defensoras de derechos humanos, quienes, según el PCN, llevan más de 257 días injustamente privadas de la libertad por vencimiento de términos, y en total cumplen más de un año en una cárcel de Cali. La lideresa Alejandra Dizú también está privada de la libertad en un centro de armonización por la jurisdicción indígena.

Nororiente de Colombia
Las conclusiones de un informe sobre judicialización del Equipo Jurídico Pueblos, con sede en Bucaramanga, pero que atiende profesionalmente toda la región norte y sur de Santander y parte del Cesar, es contundente: “una vez revisadas las zonas más afectadas con las detenciones masivas, todas ellas son regiones donde concurren intereses económicos y/o político-militares claros, que requieren ser “pacificadas” o “estabilizadas”. Tal es el caso de los pozos petroleros alrededor de Caño Limón, explotados por las empresas petroleras Oxy, Repsol-YPF y la British Petroleum (BP); o el Sur de Bolívar donde la Anglogold Ashanti está explorando minas de oro; Sabana de Torres, que hace parte del enclave petrolero, donde además existen grandes sembrados de palma y hoy en día la famosa “RUTA DEL SOL” con el proyecto “DIAMANTE CARIBE SANTANDERES”, el cual ha generado varias capturas de campesinos que reclaman derechos al Estado colombiano y Multinacionales que desarrollan estos proyectos”.

En este marco, en enero y febrero de 2014 fueron capturados tras los testimonios de desmovilizados que obtuvieron beneficios judiciales por su colaboración con la justicia, los campesinos Wilson Becerra Becerra, Alonso Serrano Arias y Jairo Ramírez, del municipio de La Gloria, Cesar. La Fiscalía renunció a las declaraciones de los desmovilizados, quienes no pudieron ser contrainterrogados por la defensa; dos y cuatro años más tarde Wilson y Jairo recuperaron su libertad, pero continúan vinculados al proceso judicial, mientras que Alonso continúa detenido. También, bajo declaraciones de desmovilizados corrieron igual suerte en agosto de 2015 el campesino Manuel Antonio Cardozo de Curumaní, Cesar, y en diciembre del mismo año los campesinos Matilde Ureña y Otoniel Caballero de El Carmen, Norte de Santander.

En junio de 2016, en Becerril, Cesar, la Sijín y el Ejército nacional (Batallón Energético y Vial, en adelante BAEV2), acompañados de cuatro personas que cubrían sus rostros y portaban armas, capturaron a los campesinos Luis Oscar Galvis Sánchez, Erasmo Galvis Sánchez, Wilson Paredes, Cristo Humberto Calderón Rozo, Cristo Pineda Castillo, Ubernel Duran Riogó, Jorge Enrique Mieles y William Paredes Aguilar. El desmovilizado que declaró contra ellos fue asesinado posteriormente por miembros del BAEV2 del Ejército, sección de inteligencia. Hoy todos los campesinos están libres, pero con un proceso abierto. Otros 17 casos, la mayoría con montajes judiciales y declaraciones de desmovilizados, bajo los mismos patrones o similares condiciones, se presentaron entre el 2012 y 2018. Todos fueron atendidos por el Equipo Jurídico Pueblos, y la mayoría de imputados están hoy en libertad, pero siguen judicializados.

También el Equipo Jurídico Pueblos representó a la joven defensora de derechos humanos Natalia Trujillo Nova, en medio de su captura y la de nueve jóvenes más acusados de actos terroristas, a través de un irregular proceso de captura, conocido mediáticamente como el caso del Centro Comercial Andino.

Bogotá
Desde el año 2015 trece líderes y lideresas estudiantiles fueron judicializados y capturados en medio de un show mediático, tres de ellos por los presuntos delitos de terrorismo, rebelión y violencia contra servidor público; los diez restantes por porte ilegal de armas (papas bombas), y violencia contra servidor público; a pesar de recobrar su libertad por la debilidad probatoria, todos siguen judicializados. Situación similar sufrió el joven estudiante y líder Mateo Gutiérrez, judicializado y llevado a la cárcel en marzo de 2017 acusado de atentados con explosivos en la capital. A Mateo también querían involucrarlo en el atentado del Centro Comercial Andino, aunque fue demostrado que no participó en estos hechos pues estuvo tras las rejas 20 meses.

El seis de junio de 2018 fue capturado el secretario técnico y líder social del Congreso de los Pueblos Julián Andrés Gil Reyes. Según su proceso organizativo local Quinua y el Congreso de los Pueblos, las autoridades judiciales utilizaron como “informante” a un excompañero de Universidad, Andrés Felipe Ospina Guarín, quien con testimonios injuriosos y calumniosos, y con el fin de obtener beneficios jurídicos, involucró a Julián en acciones bélicas con explosivos y armas, en las que jamás estuvo presente. La Fiscalía pretende propinar un “falso positivo judicial” imputando delitos que son de competencia de la justicia especializada.

Arauca, Casanare y Meta
El abogado Alex Arguello del equipo especializado de derechos humanos del Centro Oriente de Colombia, recuerda que las judicializaciones no son asunto nuevo. En noviembre de 2002 bajo el gobierno de Uribe Vélez, llevaron a la cárcel a cientos de líderes en todo el país, con casos emblemáticos como el de Arauca en donde un total de 2000 personas, incluidos menores de edad y amas de casa, fueron trasladadas al coliseo Jacinto Jerez, donde fueron encerradas mientras se verificaban las ordenes y se hacían efectivas las capturas de más de 90 personas, la mayoría líderes sociales. Fue la primera captura masiva a nivel nacional, tras la expedición del Decreto 1837 del 2002, y la realizaron personal del Ejército y el Gaula de la Policía. Pretendían según ellos desmantelar las redes de apoyo a la guerrilla del ELN. Aún varios de estos procesos siguen sin resolver. Igual sucede con el caso del líder Jorge Sanabria, de la organización juvenil Anjeco de Arauca, que fue capturado desde septiembre de 2016.

Arguello también informa que el 30 de septiembre de 2018 en Casanare y Arauca fueron detenidos cinco líderes sociales del Movimiento de Masas del Centro Oriente, pertenecientes a las organizaciones Asonalca y Asmuc; y el 20 de octubre de 2018 fue capturado en Arauquita el afiliado de Asonalca, Horacio Lizarazo Bernal. El 27 de noviembre de 2018 también fueron capturados ocho líderes comunales más y en abril de 2019 a otros trece se les inició proceso penal. En la actualidad ya suman 27 los lideres judicializados en la región, la mayoría líderes y lideresas reconocidas por su lucha contra las petroleras que explotan los recursos en esas zonas del Centro Oriente.

La Estructura Especial de Apoyo, EDA, cuerpo especializado de la Fiscalía al servicio exclusivo de las empresas petroleras nacionales o extranjeras, pagado por estas, se encarga, como en otras regiones, de hacer seguimiento y perseguir a los líderes de las comunidades que adelantan acciones reivindicativas y de protesta social, exigiendo que respondan por sus obligaciones legales y económicas en los territorios donde explotan los hidrocarburos. La EDA se encarga de enmarcar las acciones legítimas de las comunidades en tipos penales, con el fin de vincularlos con estructuras del crimen organizado y llevarlos a la cárcel. Así ocurrió el 12 de septiembre de 2018 en Acacias, Meta, con siete líderes de las comunidades que exigían el cumplimiento de los acuerdos firmados con Ecopetrol. En este caso, aunque lograron su libertad, siguen procesados por varios delitos.

Antioquia
El 8 de marzo de 2019, fue capturado el concejal de San Francisco, Ancísar Morales, campesino oriundo de esa región del Oriente antioqueño y reconocido desde su adolescencia por el liderazgo social y popular con la Asociación Campesina de Antioquia y con el Congreso de los Pueblos. Su abogado Johan Giraldo, la comunidad, y hasta las autoridades locales, no salen del asombro porque conocen a Ancísar y lo respaldan, todos creen que es un montaje judicial o un grave error de la justicia. Ancísar es una persona dedicada de tiempo completo al bienestar de su comunidad, ha luchado frontalmente contra el flagelo de la drogadicción y el micro tráfico que afecta a los jóvenes de su comunidad, y un montaje judicial lo tiene hoy en la cárcel, presuntamente por estar implicado con delitos de distribución de droga y porte ilegal de armas porque en su residencia campesina tenía una escopeta.

Sin cubrir la totalidad de casos de judicialización que sufren las organizaciones sociales y populares en Colombia, estos procesos, que superan los cien casos de abuso del derecho penal, son apenas una muestra y estarían enmarcados en las prácticas genocidas del Estado colombiano que hoy lo tienen en la palestra internacional por los más de 702 casos de ejecuciones extrajudiciales contra líderes y lideresas.

Son las 6:20 de la mañana. Bayron Andrés Quinayas se despierta como de costumbre para empezar su jornada escolar. Luego de organizar su cama, se viste. Mientras, su mamá Tirza Quinayas le organiza el café y el pan para que desayune. Se sienta, se alimenta y a eso de las 6:50 se dirige a su colegio. Bayron vive en el Cabildo Intillagta que fue asentado hace 16 años en la vereda Cabuyal del Cedro. Ahí mismo está la Institución Educativa PachaKuti, sede Yachaiwasi –Casa del conocimiento–, construida hace seis años. Entre sonrisas, saluda a sus compañeros, compañeras, profesores y profesoras. El colegio cuenta con pocos salones de ladrillo y cemento, está construido entre montañas y árboles. Hay salones en tablas, y otros en guadua y tejas de zinc, como en el que está Bayron.

Bayron es un joven de 14 años, tiene cuatro hermanos, él es el penúltimo. Su piel es morena y su sonrisa blanca. Es extrovertido, cariñoso e inteligente. Sus profesores dicen que es un chico pilo, comprometido y muy solidario. La relación con sus compañeros y compañeras es buena. Hace aproximadamente un mes fue postulado para ser el gobernador estudiantil de su colegio, espacio que ganó con 64 votos. Hoy hace parte de la directiva estudiantil, conformada por gobernador, vicegobernador, secretaria y tesorera, un equipo que –explica él–, busca trabajar por su colegio, profesores, profesoras y estudiantes. Cuando estaba en cuarto de primaria también lo fue.

Son las 9:40 a.m., la hora de salir al descanso. Los niños y niñas corren, unos van a la tienda y otros van a la cocina por un tinto y maíz, pero Bayron se dirige a su casa a comer. A las 10:00 a.m. ingresa de nuevo a clases, esta vez en la Biblioteca Kusi Kilkakatina que significa “Leer con alegría”. Allí inicia la clase de lenguaje y filosofía, orientada por el profesor Carlos Julio Bolaños Ordóñez. Dentro de la biblioteca hay aproximadamente 15 estudiantes de grado octavo y noveno, es un solo grupo. Como en todo salón de clase, hay unos que atienden lo que dice el profesor o sus compañeros (porque están en exposiciones), y otros que solo se ríen y murmuran.

Actualmente, la sede Yachaiwasi cuenta con seis profesores y aproximadamente 115 estudiantes. Las asignaturas están trabajadas mediante proyectos y reciben los nombres de interculturalidad y gobernabilidad (ciencias sociales y geografía), lenguaje y filosofía, chagra (ciencias naturales), arte y expresión del espíritu (artística), yupana (ciencias exactas) y runa shimi (lengua nativa). Bayron cuenta que cada una de ellas maneja sus propios enfoques y que lo que más le gusta es que permiten que los temas sean de libre elección, la educación de su comunidad no es impositiva y es muy práctica. Mientras sus compañeras terminan de exponer, una de las niñas que se encuentra en el público le informa al profesor que ya son las 12 p.m. y que tienen hambre. Todos y todas se dirigen al restaurante escolar, donde les dan la comida y comparten con el resto de la comunidad.

En la cancha hay niños y niñas jugando microfútbol, otros corren, gritan, cantan y algunos están en sus celulares al lado de la biblioteca, el único lugar con acceso a internet. Bayron, aunque no tiene celular, está sentado en el muro que queda afuera de la biblioteca, charla con uno de sus compañeros más cercanos y con quien más hace trabajos. Miran la hora y a eso de las 12:20 p.m. corren apresurados al restaurante. No recordaban que ya casi su descanso terminaba y debían volver a la clase. A la 12:30 p.m. arrancan otra vez las exposiciones con mapas conceptuales que dibujan en el tablero, otras con apoyos en diapositivas y otras sencillamente charladas y guiadas por apuntes del cuaderno. Allí se habla de la colonización, la historia del imperialismo y los burgueses que han hecho que los pueblos indígenas desaparezcan. Esta historia no es narrada como en las aulas de la educación tradicional, donde niños y niñas se disfrazan para representar a La Niña, La Pinta y la Santamaría. Aquí cuentan esa historia en el que los pueblos indígenas se volvieron más resistentes y perseverantes por la defensa de su cultura y de su territorio. Octavo y noveno están en exposición, pero décimo y once inician su clase de voleibol. Arman los equipos y empieza el juego. La profesora lleva el puntaje, marca su cuaderno mientras los chicos y chicas gritan y ríen de lo bien que juegan unos y de lo mal que lo hacen otros.

Bayron cuenta que la educación de su colegio le gusta mucho, dice que llegó a estudiar en tercero de primaria, cuando tenía ocho años de edad. Al principio fue complicado, le daba pena porque era un colegio indígena, pero gracias al profesor Lino Hernando –rector del colegio–, aprendió a amar su cultura. Él nació en el Cauca, su madre también es nativa de esas tierras, pertenecía a un cabildo. Cuando llegaron al Huila estuvieron en Bruselas, un corregimiento de Pitalito, allí Bayron inició sus estudios en la I. E. José Eustasio Rivera, pero cuando su mamá supo que estaba el Cabildo Intillagta no dudó en llegar. Así es como ahora Bayron, en grado noveno, sigue siendo parte de la I.E. Pachakuti, sede Yachaiwasi.

Bayron ama su educación, porque le enseñan a querer, valorar y respetar los derechos de los indígenas. En el colegio existe el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con el que buscan relacionar a cada persona con la investigación enfocada en el respeto de su cultura. La educación propia no es un capricho, la Constitución Política de Colombia la ampara como un derecho de los pueblos indígenas en sus artículos 7 y 10 donde reconoce la diversidad y los lenguajes de los grupos étnicos como oficiales en sus territorios. Los temas se hacen con libertad, los profesores no los imponen y siempre buscan fortalecer su identidad y memoria. “Siempre se hacen los trabajos porque les gusta y no porque toque y así rinde más, el aprendizaje es diferente”, dice Bayron mientras sonríe, y agrega que le ayuda a salir de la categoría de alumno, que significa “un ser sin luz”, para volverse un estudiante.

La tarde está fresca, la brisa mueve las hojas de los árboles y el pasto de las montañas, empieza a caer la lluvia y los estudiantes salen de sus salones. Las clases terminan. Recogen la malla y el balón de la cancha, y en la biblioteca organizan sillas, libros, computadores, y el televisor. Bayron y su amigo hacen el aseo, barren, trapean, recogen sillas y luego de terminar, todo vuelve a su sitio, porque a las dos de la tarde inicia un curso sobre manicure y pedicure. Los cursos que dictan suelen hacerse en la biblioteca, el único lugar con el espacio suficiente, donde se guardan adecuadamente las herramientas.

Bayron se dirige a su casa, saluda a su mamá y a sus hermanos, organiza los cuadernos y revisa las tareas para el otro día. Tiene una pasión por escribir poemas, por expresar a través del papel y del lápiz esas cosas que con su boca no puede. Los poetas lo envuelven fácilmente y se pregunta cómo hacen para escribir cada palabra. El amor a la poesía se lo debe al profesor Yovani Delgado, uno de los profesores que más le agradan. Aunque antes se dejaba llevar por comentarios como “el profesor es aburrido”, ahora dice que no es así. Gracias al profesor Yovani sabe que cada palabra o pensamiento que tenga, lo puede llevar directo a su cuaderno, y luego leer otros autores para perfeccionar sus poemas. Bayron admite que le da pereza leer historia o textos para las tareas, pero que si se trata de poesía, es otra cuestión, así como hablar de la música. Él es apasionado por el arte.

Después de haber terminado sus tareas, Bayron sale a jugar con sus amigos un deporte que práctica en motos y se llama stun. Son aproximadamente las 5:00 de la tarde y la lluvia se pone un poco más tensa. A eso de las 6:00 p.m., Bayron vuelve a su casa para organizar lo que necesita para iniciar un nuevo día escolar.

Desde hace mucho tiempo la humanidad se ha inclinado, al parecer, por la consigna de creerle al poderoso y negar al humilde. Si los gremios económicos sienten que sus ganancias no son acordes a lo esperado, proponen reformas para ajustar sus expectativas, y sus gobiernos, los congresos, “sus instituciones”, y por supuesto los medios masivos de comunicación, salen a vociferar miles de razones para convencer a los pueblos sobre la necesidad de esos cambios. La mayoría de los afectados con esas transformaciones simplemente no se dan cuenta del engaño ni del daño causado.

Así convencieron a casi todo el mundo de que lo privado era mejor que lo público, que lo público era corrupto, ordinario, de mala calidad e ineficiente. Con ese argumento baladí, las familias más poderosas, los ricos, los empresarios y los políticos corruptos, convirtieron en negocio el agua y la tierra, se llevaron a sus bolsillos toda la riqueza natural, la comida de los humildes. También se apropiaron de la riqueza producida por el trabajo de miles de asalariados y explotados, en especial de la plata de sus pensiones, la de sus ahorros de cesantías, sus primas de servicio, la salud, vivienda y educación de sus hijos e hijas; les esculcaron los bolsillos a los pobres para salvar bancos y banqueros, para engordar ladrones de cuello blanco. Toda la riqueza de esta nave espacial llamada planeta tierra cae a chorros en sus arcas y de allí extraen migajas para continuar un ciclo interminable de injusticia.

Y la cosa no para allí. Cuando los humildes y desposeídos se organizan y exigen con justicia sus derechos, y protestan y reclaman, los que se han enriquecido a costillas de estos, los poderosos, arremeten de nuevo: se necesita mano dura, orden, moral y honor para defender la patria de la amenaza populista que podría expropiar los harapos y los tiestos de los pobres. Ahora no bastan los aparatos de engaño masivo, se requiere la fuerza física y la violencia legítima del régimen, el crimen, el desplazamiento, la masacre, la cárcel, el robo; y de nuevo los empobrecidos aplauden a “las instituciones”.

Aun así, hay quienes no aplauden, se organizan, denuncian, investigan, escriben, y a gritos informan y argumentan seriamente, y llaman a los empobrecidos y explotados al cambio. Pero a pesar de su esfuerzo casi nadie los escucha, a veces ni siquiera se creen entre ellos; sus medios de comunicación e información son débiles, marginales y en lugar de fortalecerlos y luchar unidos por recuperar el derecho a la comunicación y a la autonomía, se desalientan, huyen, se apartan, critican sin hacer nada por resolver el asunto de fondo, o esperan que la ética o la decencia de algún periodista de los medios masivos los rescate. Mientras tanto, los libros con grandes e impecables investigaciones, o las propuestas y sueños de nuevo país se quedan en las bibliotecas de sus oficinas, en los escritorios, o en los periódicos madurando aguacates; al parecer para generar el cambio están las redes sociales: tal vez un día una buena convocatoria provocará la revolución.


Una que otra vez, alguno de los grandes aparatos de engaño masivo reconoce el daño causado a la humanidad, y denuncia, señala y confronta en apariencia a sus dueños, tratan de decir que sí hay democracia en estos aparatos de engaño y que así como se alteró la realidad en favor de los poderosos podría hacerse en favor de los humildes. Entonces ocurre lo inesperado, los inconformes asumen que hay un cambio sincero dentro de los medios, se olvidan por completo que tienen dueños y que estos son los mismos que provocaron el caos y la injusticia, y creen que es posible que un par de comunicadores éticos y periodistas íntegros puedan cambiarlo todo. Así nace y crece una nueva esperanza, en realidad un nuevo engaño, pues mientras estos periodistas no se metan con el problema de fondo, el aparato les va a permitir hacer su trabajo, pero el día que toquen la cereza del pastel los van a despedir sin contemplación, o tal vez algo peor.

Y así como sucede dentro de cada país, ocurre en el ámbito internacional. Los ires y venires de la geopolítica de vez en cuando le permitirán a un poderoso decir más cosas que a otro; algunos mandarán a callar a los menos grandes, como hizo el New York Times. Duele saber que los crímenes del Estado que por décadas han padecido y denunciado los humildes, solo tengan eco y credibilidad cuando lo dice un poderoso.

Es lamentable que la suerte de una sociedad esté en manos de los poderosos, pero es peor que los inconformes estemos esperando que la solución llegue como por arte de magia de estos poderes que nos han socavado la dignidad. La salida del gran periodista Daniel Coronell de la poderosa revista Semana es un ejemplo, más no es el primero que ocurre en Colombia, del poder que maneja la economía, la política y la ideología en nuestro país. Pero a la vez es la demostración de la debilidad que acompaña la propuesta política de cambio y transformación de las fuerzas progresistas y democráticas.

La comunicación popular, la prensa alternativa, las iniciativas culturales y creativas que existen en nuestro entorno social siguen viendo cómo las marginan los mismos que las deberían fortalecer. Las posibilidades de construcción de autonomía, poder popular y democracia pasan por ser dueños de nuestra propia realidad, por poder construir coyuntura y no salirle al paso a la de los poderosos. Hay que voltear la mirada a lo que tenemos en nuestras colectividades, procesos y organizaciones y creer en esas propuestas.

No debemos poner sobre los hombros de la comunicación popular y las iniciativas alternativas toda la responsabilidad del cambio social, pero sí hay que darle la importancia que se merecen. Siempre cabrá la esperanza de ver juntos en un gran proyecto comunicativo y cultural a las decenas de periodistas, intelectuales, artistas, fotógrafos, cineastas, escritores, músicos y creadores en general que hacen parte del sueño transformador. ¿Cuándo sucederá?

 

Ilustración: Juan David Gil Villegas

Page 2 of 2

Nosotros

Periferia es un grupo de amigos y amigas comprometidos con la transformación de esta sociedad, a través de la comunicación popular y alternativa en todo el territorio colombiano.

 

Por ello comprendemos que la construcción de una sociedad mejor es un proceso que no se agota nunca, y sabemos qué tanto avanzamos en él en la medida en que las comunidades organizadas fluyan como protagonista. Es en este terreno donde cobra siempre importancia la comunicación popular.

Litografía Periferia

 

Ubicación

 

 

Medellín - Antioquia - Colombia

Calle 50 #46-36 of. 504

(4) 231 08 42

periferiaprensaalternativa@gmail.com

Apoye la Prensa Alternativa y Popular

o también puede acercarse a nuestra oficina principal en la ciudad de Medellín, Edificio Furatena (calle 50 #46 - 36, oficina 504) y por su aporte solidario reciba un ejemplar del periódico Periferia y un libro de Crónicas de la Periferia.