Periferia

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Cerca de 317 líderes sociales asesinados en los últimos 15 meses. 134 excombatientes de las FARC asesinados, 11 desaparecidos, y 34 familiares de reinsertados también asesinados. 14 integrantes del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –solo en el departamento de Córdoba– asesinados entre enero del 2018 y julio de 2019. Este es el saldo que hasta ahora nos deja la paz que nos está costando muchas vidas.

El establecimiento que representa Iván Duque ama el dinero y los privilegios, pero odia a la gente. El presidente Duque no gobierna, cumple órdenes. Y ese servilismo amenaza con extinguir la esperanza de un país cansado de batirse a diario entre la vida o la muerte. Un país que suplica honestidad, tolerancia, y un poco de solidaridad. Un país que quiere cerrar la brechas sociales y económicas que provocaron un conflicto armado sin precedentes en el mundo. 11 meses necesitó Duque para devolvernos al país que queríamos dejar atrás: aumentaron los homicidios, el Ejército ordena asesinatos a toda costa, las instituciones persiguen y encarcelan al que piensa diferente, los grupos criminales y paramilitares controlan pueblos y regiones enteras, vuelven a tronar bombas y fusiles.

No hay peor futuro que aquel que está hecho de desesperanza. Y no hay un pueblo más fácil de oprimir que aquel que está resignado. Por eso los ataques frontales de Álvaro Uribe y el Centro Democrático a las negociaciones con las FARC y el ELN. Y por eso el empeño de Iván Duque en poner todo tipo de trabas jurídicas, burocráticas y económicas para hacer trizas el Acuerdo de Paz, tal como lo prometió Fernando Londoño en las pasadas elecciones presidenciales. Con este gobierno queda demostrado que si la implementación de la paz no avanza, el país tampoco.

Según el Instituto Kroc, entidad internacional que realiza estudios y veeduría sobre conflictos armados y condiciones para su solución pacífica y sostenible, el Acuerdo Final para la Paz contiene 578 compromisos concretos, medibles y observables. 39 de ellos, es decir el 6,5% de lo acordado, corresponden a la reincorporación política, social y económica de los excombatientes de las FARC. En abril, informes del mismo instituto advertían que hasta febrero del 2019, 35% de los compromisos habían alcanzado niveles avanzados de implementación, 34% estaban en un estado de implementación mínima, y del 31% restante no había avance alguno.

Visitando las regiones hemos comprobado que los análisis del Instituto Kroc se corresponden con la realidad. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) se quedaron en diagnósticos y promesas. Los proyectos productivos nunca llegaron a las zonas cocaleras, ni a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR's) donde se asentaron los excombatientes de las FARC. Las 16 Circunscripciones Especiales Transitorias en la Cámara de Representantes fueron desechadas en el Congreso. El presupuesto para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –integrado por Justicia Especial para La Paz, la Comisión de la Verdad, y la Unidad de Búsqueda a Personas Dadas por Desaparecidas– se redujo drásticamente. Y el 10 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una carta a los embajadores y miembros de los cuerpos diplomáticos en Colombia en la que solicita que en caso de querer visitar algún ETCR deben, “con por lo menos tres semanas de anticipación”, solicitar la aprobación del Gobierno nacional, por medio de la Dirección de Cooperación Internacional de ese ministerio. En la carta también exigen que se garantice “la disponibilidad de espacios para representantes del Gobierno nacional en los arreglos logísticos”. Además fijan fechas y días para las visitas, las cuales “se desarrollarán solamente la segunda y cuarta semana de cada mes, de miércoles a viernes”.

Poco le importan a Duque el asesinato y la judicialización de líderes sociales, y el caos político, social y económico provocado, en parte, por los incumplimientos del Acuerdo. Sus prioridades son utilizar la crisis venezolana como cortina de humo e intentar ocultarle al mundo el nuevo genocidio que hoy mira por televisión el país. Ese discurso negacionista y simplista del subpresidente, es apoyado y patrocinado por una organización como la OEA que dice defender los derechos humanos y la democracia, pero que no es otra cosa que una plataforma que utiliza la derecha continental para hacer propaganda y lobby político.

Días antes de la 49ª Cumbre de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Medellín, Luis Almagro, secretario general de la OEA, aplaudía el “compromiso del gobierno del presidente Iván Duque con la paz”. Las desafortunadas afirmaciones de Almagro generaron malestar entre movimientos ciudadanos y sectores que defienden con ahínco el proceso de paz, entre ellos el movimiento Defendamos la Paz quien invitó al secretario para que hiciera una “aproximación más objetiva y realista a la paz en Colombia”. Esta exigencia es demasiado ambiciosa para una institución miope que condena con todo su arsenal diplomático al gobierno de Nicolás Maduro, pero guarda silencio ante el trato inhumano que reciben los migrantes por parte de Estados Unidos, o ante la represión y la corrupción rampante que reina en países como Honduras y Guatemala.

A este desgobierno le quedan 36 meses para robarnos una oportunidad única, una de las pocas que la sociedad colombiana ha tenido en las manos. Cada líder defensor de derechos humanos muerto o encarcelado es un golpe a la moral, pero nos negamos a normalizar el asesinato y la captura de esos hombres y mujeres que el país necesita vivos y libres. Los recordaremos y los nombraremos hasta que sea necesario. Son ellos y ellas –sus ausencias, y nuestras pérdidas– quienes deben ser el centro de atención de la opinión pública, no una pelota, ni el reality show que protagonizan los funcionarios del Gobierno y los Senadores de algunos partidos. Toda la sociedad colombiana debe atender el llamado que nos hacen los movimientos sociales y ciudadanos para que este 26 de julio salgamos a las calles en defensa de nuestros líderes y de la paz. Es en las calles donde se le tuerce el brazo al poder. Es la sociedad la única que puede mantener viva su posibilidad de soñar.

Presentación

Periferia es una corporación que nació en el 2004 como un proyecto de comunicación popular, y cuyo producto principal es la edición mensual del Periódico Periferia, una publicación construida con colaboradores y reporteros populares de diferentes regiones del país. Desde hace diez años también publicamos anualmente una agenda que en principio recogió los aportes fotográficos del periódico, pero que a lo largo del tiempo se ha perfilado como una apuesta estética y como un espacio de difusión del trabajo de fotógrafos, colaboradores y amigos que trabajan en la periferia con las comunidades, con un enfoque temático en cada edición. A su vez, esta agenda es una manera de autogestión de la Corporación para el trabajo periodístico y formativo.

 

Tema

En esta ocasión, queremos retratar a la Colombia que construye y teje propuestas de transformación en sus territorios, como una forma de resistir y superar el modelo de desarrollo que destruye los tejidos sociales y despoja a las comunidades de sus bienes comunes. Mercados, huertas, acueductos y proyectos productivos comunitarios, procesos educativos populares, agroecología, permacultura, guardias interétnicas, proyectos de excombatientes o personas en proceso de reincorporación, territorios colectivos, y muchas más propuestas son bienvenidas a participar, desde la fotografía, en esta convocatoria que dará vida a nuestra Agenda 2020.

 

Bases

  • Pueden participar fotógrafos profesionales o aficionados
  • Se pueden enviar entre una y cuatro fotografías
  • Las fotografías deben estar en alta calidad (300ppp)
  • Cada fotografía debe llevar un pie de página que contextualice dónde se tomó y cuál es la propuesta para la vida digna o buen vivir que se intenta retratar en la fotografía (máximo 30 palabras).
  • Las fotografías deben enviarse al correo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. con el asunto: Convocatoria - Agenda 2020
  • Fecha límite: 1 de agosto

 

Selección

La selección estará a cargo del comité editorial del periódico Periferia Prensa Alternativa.

 

Reconocimiento

A los autores de las fotografías seleccionadas se les hará saber a través del correo electrónico, igualmente se publicará en la página web www.periferiaprensa.com. Los ganadores recibirán un certificado de su participación, dos agendas y colección de libros. Los autores de las fotografías seleccionadas para portada y contraportada de la agenda, recibirán además un bono para impresión de 10 piezas en papel fotográfico, redimible únicamente en la Litografía Periferia

 

Fechas

Convocatoria:  5 junio – 1 de agosto de 2019

Publicación de resultados: 15 de agosto de 2019

Entrega de reconocimientos: diciembre de 2019

 

Derechos de autor

La Corporación Periferia es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es visibilizar las luchas y apuestas de las comunidades en la Periferia. El propósito de este concurso no es comercial y la inscripción para participar es gratuita.  Los autores de las obras que resulten finalistas y entren a formar parte de la selección final aceptan ceder a Periferia –de manera no exclusiva– el derecho de uso y reproducción de las imágenes. El derecho de uso que asume Periferia sobre las fotografías finalistas no enajena la propiedad patrimonial e intelectual de los autores y su campo de acción está limitado para fines educativos y sociales. Periferia se compromete a reconocer los respectivos créditos de autor cuando las fotografías sean publicadas.

 

Desde hace mucho tiempo la humanidad se ha inclinado, al parecer, por la consigna de creerle al poderoso y negar al humilde. Si los gremios económicos sienten que sus ganancias no son acordes a lo esperado, proponen reformas para ajustar sus expectativas, y sus gobiernos, los congresos, “sus instituciones”, y por supuesto los medios masivos de comunicación, salen a vociferar miles de razones para convencer a los pueblos sobre la necesidad de esos cambios. La mayoría de los afectados con esas transformaciones simplemente no se dan cuenta del engaño ni del daño causado.

Así convencieron a casi todo el mundo de que lo privado era mejor que lo público, que lo público era corrupto, ordinario, de mala calidad e ineficiente. Con ese argumento baladí, las familias más poderosas, los ricos, los empresarios y los políticos corruptos, convirtieron en negocio el agua y la tierra, se llevaron a sus bolsillos toda la riqueza natural, la comida de los humildes. También se apropiaron de la riqueza producida por el trabajo de miles de asalariados y explotados, en especial de la plata de sus pensiones, la de sus ahorros de cesantías, sus primas de servicio, la salud, vivienda y educación de sus hijos e hijas; les esculcaron los bolsillos a los pobres para salvar bancos y banqueros, para engordar ladrones de cuello blanco. Toda la riqueza de esta nave espacial llamada planeta tierra cae a chorros en sus arcas y de allí extraen migajas para continuar un ciclo interminable de injusticia.

Y la cosa no para allí. Cuando los humildes y desposeídos se organizan y exigen con justicia sus derechos, y protestan y reclaman, los que se han enriquecido a costillas de estos, los poderosos, arremeten de nuevo: se necesita mano dura, orden, moral y honor para defender la patria de la amenaza populista que podría expropiar los harapos y los tiestos de los pobres. Ahora no bastan los aparatos de engaño masivo, se requiere la fuerza física y la violencia legítima del régimen, el crimen, el desplazamiento, la masacre, la cárcel, el robo; y de nuevo los empobrecidos aplauden a “las instituciones”.

Aun así, hay quienes no aplauden, se organizan, denuncian, investigan, escriben, y a gritos informan y argumentan seriamente, y llaman a los empobrecidos y explotados al cambio. Pero a pesar de su esfuerzo casi nadie los escucha, a veces ni siquiera se creen entre ellos; sus medios de comunicación e información son débiles, marginales y en lugar de fortalecerlos y luchar unidos por recuperar el derecho a la comunicación y a la autonomía, se desalientan, huyen, se apartan, critican sin hacer nada por resolver el asunto de fondo, o esperan que la ética o la decencia de algún periodista de los medios masivos los rescate. Mientras tanto, los libros con grandes e impecables investigaciones, o las propuestas y sueños de nuevo país se quedan en las bibliotecas de sus oficinas, en los escritorios, o en los periódicos madurando aguacates; al parecer para generar el cambio están las redes sociales: tal vez un día una buena convocatoria provocará la revolución.


Una que otra vez, alguno de los grandes aparatos de engaño masivo reconoce el daño causado a la humanidad, y denuncia, señala y confronta en apariencia a sus dueños, tratan de decir que sí hay democracia en estos aparatos de engaño y que así como se alteró la realidad en favor de los poderosos podría hacerse en favor de los humildes. Entonces ocurre lo inesperado, los inconformes asumen que hay un cambio sincero dentro de los medios, se olvidan por completo que tienen dueños y que estos son los mismos que provocaron el caos y la injusticia, y creen que es posible que un par de comunicadores éticos y periodistas íntegros puedan cambiarlo todo. Así nace y crece una nueva esperanza, en realidad un nuevo engaño, pues mientras estos periodistas no se metan con el problema de fondo, el aparato les va a permitir hacer su trabajo, pero el día que toquen la cereza del pastel los van a despedir sin contemplación, o tal vez algo peor.

Y así como sucede dentro de cada país, ocurre en el ámbito internacional. Los ires y venires de la geopolítica de vez en cuando le permitirán a un poderoso decir más cosas que a otro; algunos mandarán a callar a los menos grandes, como hizo el New York Times. Duele saber que los crímenes del Estado que por décadas han padecido y denunciado los humildes, solo tengan eco y credibilidad cuando lo dice un poderoso.

Es lamentable que la suerte de una sociedad esté en manos de los poderosos, pero es peor que los inconformes estemos esperando que la solución llegue como por arte de magia de estos poderes que nos han socavado la dignidad. La salida del gran periodista Daniel Coronell de la poderosa revista Semana es un ejemplo, más no es el primero que ocurre en Colombia, del poder que maneja la economía, la política y la ideología en nuestro país. Pero a la vez es la demostración de la debilidad que acompaña la propuesta política de cambio y transformación de las fuerzas progresistas y democráticas.

La comunicación popular, la prensa alternativa, las iniciativas culturales y creativas que existen en nuestro entorno social siguen viendo cómo las marginan los mismos que las deberían fortalecer. Las posibilidades de construcción de autonomía, poder popular y democracia pasan por ser dueños de nuestra propia realidad, por poder construir coyuntura y no salirle al paso a la de los poderosos. Hay que voltear la mirada a lo que tenemos en nuestras colectividades, procesos y organizaciones y creer en esas propuestas.

No debemos poner sobre los hombros de la comunicación popular y las iniciativas alternativas toda la responsabilidad del cambio social, pero sí hay que darle la importancia que se merecen. Siempre cabrá la esperanza de ver juntos en un gran proyecto comunicativo y cultural a las decenas de periodistas, intelectuales, artistas, fotógrafos, cineastas, escritores, músicos y creadores en general que hacen parte del sueño transformador. ¿Cuándo sucederá?

 

Ilustración: Juan David Gil Villegas

Monday, 13 May 2019 00:00

El país avanza cuando para

Con piedras, palos y llantas la vía quedó taponada en instantes. Habían transcurrido ya cinco días desde que las comunidades campesinas de Norte de Santander iniciaran una movilización desde La Gabarra, corregimiento de Tibú, hacia Cúcuta, en el marco del Paro Nacional, exigiendo atención del Gobierno departamental para resolver sus necesidades. Los llamados, sin embargo, eran infructuosos, y por el contrario recibían cada vez más militarización y hostigamientos por parte de la Fuerza Pública.

Ese 28 de abril, la única salida que parecían tener era bloquear y defenderse del tratamiento militar que en Colombia acostumbra recibir cualquier protesta social. Por eso, neumáticos se convirtieron en chalecos, y las señales de tránsito que decían 30, PELIGRO y CURVA PELIGROSA, fueron utilizadas como escudos.

El gobernador de Norte de Santander no demoró en llegar al punto de concentración, y luego de una hora y media de diálogo con los voceros, las partes se comprometieron a instalar formalmente una mesa de negociación que iniciaría al día siguiente. Cesar la militarización en el territorio, tener garantías para construir la paz en condiciones de vida digna, y exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores, eran algunos de sus principales reclamos. Con la instalación de esta mesa culminó la protesta en la que participaron alrededor de 1300 personas de la región del Catatumbo.

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Eran días de movilización en todo el territorio nacional, la Minga del Suroccidente dejó encendidos los motores. Mientras la protesta ocurría en el Norte de Santander, relativamente cerca –si se mira en el mapa– otros 1500 campesinos del Sur de Bolívar, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño se movilizaban sobre la Ruta del Sol, en el punto La Lizama, departamento de Santander.

Estos se sumaron al paro desde el 24 de abril, agobiados por la falta de garantías para habitar su territorio, la estigmatización y persecución hacia toda forma organizativa y la criminalización de la pequeña minería, principal fuente de sustento. Allí, con bloqueos parciales y jornadas pedagógicas bajo el sol inclemente, buscaron hacerles entender a quienes transitaban la vía el por qué se habían concentrado en este punto.

Igual sucedía hacia el Oriente del país, donde comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del departamento de Arauca iniciaron movilizaciones desde el 22 de abril sobre la entrada a los complejos petroleros de Caño Limón, Caricare, Corocito y Banadías, los cuales significan para los habitantes de esta región su mayor amenaza por el deterioro ambiental y social que generan.

Y desde este llano hasta las selvas chocoanas, al occidente del país, se sintieron también las protestas. Resguardos indígenas y comunidades negras del Medio San Juan y del Tamaná salieron a movilizarse sobre las vías Quibdó–Pereira y Quibdó–Medellín, pidiendo educación, vías e infraestructura, vivienda, saneamiento básico, salud, soberanía alimentaria, garantías para las guardias interétnicas e inversión para las comunidades. Luego de varios días de bloqueo, también lograron interlocutar con las autoridades locales buscando resolver sus demandas.

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Un tejido de protestas e indignación se fue formando en todo el país. El 25 de abril una sola voz se escuchó en los territorios rurales, urbanos y populares que por cientos de años han sido excluidos de los centros de poder políticos y económicos. El Caribe, Pasto, Buenaventura y Puerto Carreño fueron algunos de esos lugares periféricos que, junto a otros casi 20 puntos, salieron a marchar ese día. Aunque en algunas regiones las comunidades tenían reivindicaciones puntuales, sus motivaciones eran políticas.

Por eso, el 25 de abril las comunidades mostraron su descontento con el Plan Nacional de Desarrollo, por priorizar al sector minero-energético (con una inversión de 122,5 billones) sobre el agro (con 21 billones de inversión), y de paso desconocer al campesinado; por recortar derechos sociales, como el caso de la salud y las pensiones; por contener implícitamente una reforma laboral y pensional nociva para los trabajadores colombianos; y por el enfoque y tratamiento que le da a la paz, dado que desconoce el conflicto armado, y anula en el plan de inversiones la implementación de los Acuerdos de Paz.

También, durante las protestas, las comunidades exigieron reactivar la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN; rechazaron el creciente asesinato y judicialización hacia los líderes sociales; y exigieron el cumplimiento de los acuerdos pactados. Crear un decreto para reconocer otras figuras territoriales campesinas y los derechos del campesinado en Colombia; incluir en el censo del DANE la categoría campesinado como primer paso para esto; realizar una consulta sobre la reforma a la ley 160; establecer el principio de anualidad para la financiación de proyectos productivos a través del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura; financiar completamente el Diálogo Nacional Minero-energético; y crear una comisión mixta para la revisión de licencias ambientales de los proyectos minero-energéticos son, por ejemplo, algunas de las deudas que el Gobierno nacional tiene con los movimientos campesinos y populares desde hace años.

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El pasado 2 de mayo, a pupitrazo, el Senado de la República aprobó el Plan Nacional de Desarrollo contra el que masivamente protestaron las comunidades, y que trae consigo el fracking, la desfinanciación para el agro y la destrucción de las pensiones, entre otros puntos no menos lesivos. Eso significa, por ahora, que las comunidades y sectores sociales no se quedarán quietos. En Bucaramanga los defensores del páramo de Santurban continuaron la movilización rechazando la minería de oro sobre este ecosistema estratégico para el país. También los transportadores y cafeteros ya anunciaron movilizaciones para mayo y junio. Por lo menos, en la historia quedará esta constancia.

Sunday, 12 May 2019 00:00

Vivos y libres los queremos

Fueron días intensos. Días alargados que empezaban muy temprano y que quizás para algunos no acaben de terminar nunca. Fue uno de esos sucesos históricos que la desmemoria, el vértigo y la indolencia colombiana son capaces de convertir en una anécdota más, una anécdota menos.

Más de 1000 lideresas y defensores de derechos humanos del norte, del sur, del oriente y del occidente del país viajaron hasta Bogotá para participar del Refugio Humanitario por la Vida. Los corazones de quienes mantienen vivos los territorios y las comunidades olvidadas por el Estado latieron con más fuerza entre el 28 de abril y el 2 de mayo. Salir de los territorios es un peligro, regresar también. Por eso viajaron hasta la capital con la esperanza de que el simbolismo instara al Gobierno a implementar medidas que acaben con el peligro de encontrarse una bala o una orden de captura en el camino.

Más de 600 líderes y lideresas fueron asesinados entre el 2016 y el 2019. Durante el gobierno de Iván Duque hemos perdido a 147, y el 90% de estos asesinatos siguen impunes. Los asesinatos son la cara más visible de la crisis humanitaria que vive Colombia. La muerte resulta insoslayable, pero perder la libertad es otra forma de morir, más indigna, más tortuosa, más arbitraria. La judicialización de los liderazgos además de infundir miedo y decapitar los procesos, pretende que la sociedad satanice las justas causas. La mayoría de asesinatos son cometidos por grupos al margen de la ley, mientras que la judicialización es una manera legal de institucionalizar la violencia contra el movimiento social.

Uno de los casos más emblemáticos del Refugio Humanitario que personificó la persecución judicial contra los liderazgos sociales fue el de José Murillo, detenido en el 2003 por culpa de un montaje judicial enmarcado en la modalidad de las capturas masivas ejecutadas por la Fiscalía, que cumplía órdenes del gobierno de Álvaro Uribe, quien por ese entonces implementaba las Zonas de Rehabilitación y Consolidación. Murillo sería liberado en el 2006.

–Yo nací el 1 de abril de 1977, en la cuna de una familia humilde, pobre, trabajadora, en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca (…) Gracias a la crianza, a los principios y valores que mis padres me inculcaron desde muy pequeño, he podido tener una sensibilidad social y estar comprometido con las causas de los más necesitados, eso llevó a que en la secundaria ejerciera un liderazgo en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)– relata José Murillo.

Del liderazgo estudiantil y la juntanza con otros estudiantes de Arauca, surgió en 1997 la Asociación Juvenil Estudiantil Regional (Asojer). Años después, Murillo puso su empeñó en defender los derechos humanos en el Centro Oriente colombiano a través de la Fundación Joel Sierra. Una vez liberado continuó articulado al movimiento social, y retomó el liderazgo que las comunidades campesinas le habían delegado. Desde entonces participa en escenarios de interlocución con el Gobierno y compañías transnacionales, siempre reclamado el cumplimiento de la deuda histórica, social, ecológica y humanitaria que han tenido con las comunidades afectadas por megaproyectos minero energéticos. En el 2014 fomentó la participación en el gran paro nacional agrario, del cual surgió el Decreto 870 que creó de manera legal a la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

La región Centro Oriente que con valentía ha defendido y dignificado Murillo –conformada por Arauca, Casanare, Meta, y Boyacá– es víctima del despojo, la miseria, y los daños ambientales provocados por la lujuria extractiva de las multinacionales que, gracias al beneplácito del Estado, explotan petróleo, madera, oro, plata, entre otros bienes naturales en los diferentes departamentos. Ni los gobiernos neoliberales, ni las empresas que fundamentan este modelo, la han tenido fácil. El Centro Oriente cuenta con una tradicional herencia organizativa y comunitaria que tonifica la identidad y anima a defender el territorio, aunque sea necesario dar la vida misma para preservarla.

El arraigo no tiene precio, y eso, argumenta Murillo, ha traído una ola de violencia estatal a la región: “El gobierno utiliza varias técnicas: amenazar a los dirigentes y sus organizaciones; la técnica de matarlos a través de sus fuerzas militares y pasarlos como guerrilleros; la técnica de acciones de guerra sucia para achacárselas a agentes externos del Estado, que en últimas es el mismo Estado; también la técnica de elaborar burdos montajes judiciales para detener y tener tras las rejas, tres, cuatro, cinco años a los dirigentes del movimiento social. Lo que hay en el fondo no es contra una persona en específico, sino que apunta a exterminar al movimiento social, apunta a callarle la voz a las comunidades, a dejar sin representación, sin vocerías a las comunidades organizadas en el movimiento social”.

Los gobiernos que nos han gobernado pueden ser ágiles, diligentes e implacables cuando de acallar al que piensa diferente se trata. Que el desgobierno de turno tenga en la mira a Murillo no es algo nuevo, es más de lo mismo. Desde hace varios meses organismos del Estado lo han seguido, lo han estigmatizado, lo han grabado y fotografiado; han intentado recoger la información útil y necesaria para preparar otro montaje judicial en su contra.

–A pesar de lo cruda o dura que pueda ser la cárcel o la muerte, por encima de la muerte y de la cárcel hay un valor supremo que es la dignidad de un pueblo, que es la justeza de nuestras luchas. A pesar de que nos maten, a pesar de que nos asesinen, desaparezcan, encarcelen y hagan lo que acostumbran a hacer, debemos sostenernos, no claudiquemos, no renunciemos, no desfallezcamos. Podrán arrebatarnos la vida, podrán arrebatarnos la libertad, podrán arrebatarnos lo que quieran, pero jamás podrán arrebatarnos la dignidad de un pueblo, eso es invaluable, eso es incontable, eso no tiene precio, y como tiene un valor para nosotros como pueblo, pues lo defendemos hasta con la vida misma–, asegura Murillo convencido.

Son incómodas las terquedades que no tienen precio. Más incómodos aún los tercos que dicen lo que piensan y hacen lo que dicen. En el marco del Refugio Humanitario por la Vida, los corazones congregados en Bogotá realizaron un plantón al frente de la sede de la Fiscalía General de la Nación en rechazo a la estigmatización institucional y las masacres judiciales. Ni el Fiscal, ni sus subalternos, le dieron la cara a los y las que preguntaban por qué los encarcelaban si ser líder social no es un delito.

“Señor Fiscal aquí estoy en sus puertas (…) No nos van a detener las mazmorras del régimen, no nos van asustar con eso, y no nos van asustar con las balas asesinas. Un pueblo digno así sea en el lecho de la muerte, si tiene dignidad, no es derrotado”, dijo Murillo, bajo el sol lacerante capitalino, al pie de las instalaciones de la Fiscalía cercada con vallas y protegida por un cordón policial. Al terminar la intervención Murillo ingresó al edificio. Si la institución tenía en sus despachos alguna orden de captura o algún proceso en su contra, él venía a entregarse voluntariamente. Horas después, salió por la misma puerta que había ingresado.

“Dicen lo mismo que respondieron al derecho de petición del 11 de marzo: que en mi contra no aparece ninguna investigación, ni como indiciado, ni como imputado”, anunció Murillo, con la frente en alto, y seguro de que tal respuesta no lo libraba de una futura captura, o un asesinato.

***
Durante el refugio, los más de 1000 líderes y lideresas también visitaron las embajadas de España, Francia y Alemania. A diferencia del Fiscal, los diplomáticos abrieron las puertas de las embajadas para que los voceros de los diferentes procesos pudieran denunciar con mayor detalle las problemáticas particulares que componen la crisis humanitaria. Mientras que en la audiencia pública realizada en el Congreso de la Republica, exigieron mecanismos integrales de protección y demostraron por qué resultan insuficientes las medidas implementadas hasta el momento. El refugio sirvió además para reafirmar que las calles y la movilización seguirán siendo la trinchera desde donde el movimiento social y los sectores alternativos recuperarán lo que históricamente les han robado en los despachos de la Casa de Nariño.

En estas páginas convergen el periodismo y una postura política ante la realidad de nuestro país. Se necesitan y se justifican la una con la otra. Estuvimos en el refugio escuchando y acompañando a quienes emprenden esas luchas que no son pagas, a quienes hacen lo que hacen por la dignidad sus comunidades, la dignidad del ser humano y de la naturaleza, esos cuyo mayor anhelo es que las comunidades puedan vivir en sus territorios, y puedan cumplir sus sueños, sus planes de vida, en los territorios que les pertenecen.

Volvimos a encontrarnos con esas mujeres y esos hombres que conocimos recorriendo la periferia de este vertiginoso país. Con esas historias que en estas páginas hemos plasmado, y que nos han llenado de ilusión, y también de rabia y desesperanza. Nos emociona volvernos a encontrar con el calor de su abrazo y su sonrisa. Nos frustra que sus angustias y sus dolores de cabeza –meses o años después– sigan siendo los mismos. Pero nos reconforta –y nos dan razones para seguir imprimiendo mes a mes este periódico– esa convicción y esa fuerza que continúan intactas.

Mirando a los ojos a Lars Bredal, jefe adjunto de la delegación de la Unión Europea, nuestro director dijo: “Nosotros somos los que le damos la riqueza a este país. Este país nos pertenece. El gobierno tiene que entender que aquí estamos los que queremos el país, no los que se lo roban. Por eso tenemos derecho a vivir y a estar en libertad”.

A nuestros hombres y mujeres más necesarios los queremos vivos y libres. Si los asesinan o los encarcelan: asesinan y encarcelan el futuro –y el porvenir– de este marchito país.

Por Oficina de Prensa del Congreso de los Pueblos

Este domingo 28 de abril se instaló en Bogotá el Refugio Humanitario por la Vida, evento que permanecerá hasta el 2 de mayo, y en el que participantes de todo el país pretenden denunciar el asesinato sistemático y la estrategia de judicialización hacia los líderes y lideresas sociales.

Cerca de 3000 personas llegaron al Planetario Distrital, en donde se realizó un acto cultural de bienvenida que culminó con una movilización hasta el Parque Nacional. Desde allí, los líderes y lideresas marcharon hasta la Plaza La Santamaría, en donde se instaló oficialmente el Refugio Humanitario. Allí, de manera simbólica, los participantes rebautizaron el lugar como Plaza de la Vida.

Según Roberto Peña, líder social proveniente de la comunidad El Guayabo, ubicada en Puerto Wilches, Santander, su propósito en este Refugio es “visibilizar primero que nos están asesinando y judicializando a los líderes sociales. Yo estuve seis meses y tres días huyendo, y todavía tengo persecución judicial, entonces además de visibilizar el caso de El Guayabo, creo que este es un espacio que nos puede blindar a nosotros como líderes”.

Además, Peña puntualizó que no solo se trata de hacer visible el tema de liderazgo, sino lo que hay detrás: “porque también hay despojo de tierras, hay desplazamientos, hay amenazas contra las mujeres, y por defender los derechos de la tierra, de la gente, por defender el agua y los humedales es que nos criminalizan, por eso necesitamos buscar garantías para la comunidad y para los líderes, y esperamos que con las actividades que se van a realizar esta semana en embajadas y en el Congreso de la República logremos eso, garantizar la vida de los líderes”.

Según los organizadores del evento, el balance de este primer día de Refugio es positivo, pues llegaron participantes de regiones con fuertes problemáticas y donde los líderes sociales más desprotegidos se encuentran.

Este 29 de abril, segundo día de Refugio Humanitario, los participantes visitarán las embajadas de Alemania, Francia y España para hacer una solicitud masiva de medidas de protección internacionales. Desde allí marcharán hasta la Unión Europea, donde expondrán la situación ante todos los embajadores de este organismo político, buscando comprometerlos con la protección a los líderes y lideresas. Finalmente, en el marco del refugio, se realizará un velatón en la Plaza de Bolívar desde las 6:00 p.m.

 

Por Oficina de Prensa Congreso de los Pueblos

 

Organizaciones sociales y políticas de Colombia anunciaron jornadas de movilización y Paro nacional para este 25 de abril. Dicho paro, planeado desde el Encuentro de Organizaciones Sociales y Políticas realizado el pasado mes de febrero, se plantea como la continuidad de las movilizaciones sociales que iniciaron el año pasado con las protestas estudiantiles, y que tuvieron un segundo momento con la Minga del Suroccidente de abril.

Sin embargo, este paro, según expresaron las organizaciones convocantes durante rueda de prensa, busca poner de manifiesto el descontento por las políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque, así como por el creciente asesinato y judicialización a líderes sociales, y por el incumplimiento de los acuerdos pactados desde años anteriores con las organizaciones sociales.

Algunos puntos problemáticos del Plan Nacional de Desarrollo

Según Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos, uno de los puntos problemáticos en el Plan Nacional de Desarrollo “es el fortalecimiento de un modelo económico basado en el extractivismo y sus implicaciones para el campesinado. El sector minero-energético es el tercer sector que más inversión tendría en el PND, con 122,5 billones, con lo que se desconoce la necesidad que tiene el país de hacer una transición energética. Artículos como el 18, que avala la licencia minera exprés de 30 días, dan cuenta del afán por profundizar el modelo extractivista sin medir los daños sociales y ambientales”.

A esto se suma el aparente desinterés del Gobierno por el campesinado al nombrarlo como trabajador rural, y por no haber incluido las propuestas presentadas por este sector en el “Pacto por la equidad rural y el bienestar de la población campesina”. Así mismo, en contraste con el presupuesto destinado para el sector minero-energético, para el agro se destinaron 21 billones de pesos.

Otro de los puntos polémicos del Plan Nacional de Desarrollo, según manifestaron las centrales obreras y organizaciones de pensionados, es el recorte a los derechos sociales, específicamente para el caso de la salud y pensiones. “Nos preocupa la reforma laboral contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, porque elimina el contrato laboral como se conoce en Colombia, y elimina el salario mínimo con la formulación de contratación por horas, por lo que es un ataque directo a las convenciones colectivas”, manifestó Diógenes Orjuela, presidente de la CUT.

Por su parte, Jhon Jairo Díaz, vocero de la Confederación Democrática de Pensionados, manifestó que los pensionados se movilizan este 25 de abril “para rechazar la reforma pensional disimulada que ha propuesto el Gobierno en el PND, que ahora no la llama reforma pensional sino protección a la vejez, para garantizar pensiones por debajo del salario mínimo en el futuro, y llevar a los pensionados a la miseria absoluta. Hay que ponerle cuidado a los Beneficios Económicos Periódicos – BEPS, pues dicen que con estos se superaría la pobreza en adultos mayores en el país, como si con un fondo de 120 mil pesos fueran a resolver la problemática de la miseria”.

Frente al Plan Nacional de Desarrollo, otras de las preocupaciones que mencionaron las organizaciones convocantes al Paro Nacional, tienen que ver con el enfoque que se le dará a la implementación de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno nacional y las Farc-Ep, pues desconoce el conflicto armado colombiano, y en ese sentido lo pactado por el Estado y dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2016, como lo es el “Pacto por la construcción de la paz” que no tiene asignación en el plan de inversiones.

La vida y libertad de los líderes sociales

El programa Somos Defensores, en su más reciente informe titulado “La naranja mecánica”, denunció que en 2018 incrementaron en un 43.7% las agresiones a líderes sociales, comparado con el año 2017, para un total de 805 agresiones, de las cuales 155 son asesinatos. Por su parte, organizaciones como la Cumbre Agraria han denunciado que en los dos últimos años alrededor de 600 líderes sociales han sido asesinados. A esto se suman las denuncias del Congreso de los Pueblos de una creciente judicialización y estigmatización a los líderes sociales, en especial de esta organización, con aproximadamente 100 casos en departamentos o regiones como Casanare, Sur de Bolívar, Suroccidente, Antioquia y Bogotá.

En ese sentido, el Congreso de los Pueblos manifestó que “es necesario movilizarse para exigirle al Estado genocida y a la comunidad internacional las garantías que se requieran para impedir la muerte de un solo líder o lideresa en Colombia, y para acabar con la persecución, la criminalización de la lucha social y la judicialización de sus líderes”. Es por eso que en el marco de las jornadas de movilización, también están impulsando el Refugio Humanitario por la vida y libertad de los líderes y lideresas sociales, que se realizará en Bogotá del 28 al 2 de mayo, con la participación de más de 3000 líderes de todo el país.

Acuerdos incumplidos

Otro de los temas importantes que motivan el Paro Nacional es la exigencia al Gobierno para que cumpla los acuerdos que desde años atrás ha pactado con las organizaciones sociales y políticas. Es el caso de los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria tras las movilizaciones del 2014 y 2016, que según Eduardo León, vocero del Congreso de los Pueblos en esta organización, incluye puntos como la creación de un decreto para reconocer otras figuras territoriales campesinas y los derechos del campesinado en Colombia, y que el Dane incluyera la categoría campesinado en el Censo como primer paso para esto; la consulta sobre la reforma a la ley 160 para el tema de tierras; el principio de anualidad respecto a la financiación de proyectos productivos a través del Fondo de Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura; la financiación del Diálogo Nacional Minero-energético, que solo se financió en una primera etapa incumpliendo el acuerdo presupuestal; la creación de la comisión mixta para la revisión de licencias ambientales de los proyectos minero-energéticos, entre otros.

En el caso de FECODE, los incumplimientos tiene que ver con una reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, la modificación del modelo de prestación de servicio de salud, en cuanto a calidad y cobertura, y la reforma educativa pública y de calidad, entre otros puntos.

Además de todo lo anterior, las organizaciones que convocan al paro mencionaron que la movilización de este 25 de abril también busca exigirle al Gobierno que reactive los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que cumpla lo pactado con las FARC, y que pare la agresión política y militar contra Venezuela.

 

Sunday, 14 April 2019 00:00

Territorio en disputa

La selva en llamas, las explosiones de bombas de gas cilíndricas, la tierra quemada, los helicópteros militares y los disparos nocturnos aterrorizan a Aserrío, un caserío pequeño en el lado de las aguas rocosas del río Catatumbo en el Norte de Santander.

Miedo, desplazamientos, y un toque de queda marcan las vidas de las familias de esta comunidad, y también de San Pablo, municipio que queda más arriba en el cañón del río, a menos de 100 kilómetros de la frontera con Venezuela.

Sobrecogidas entre las plantaciones de coca, las violaciones a los derechos humanos y las confrontaciones entre los guerrilleros del ELN y El ejército colombiano, las vidas inciertas y precarias de los campesinos del Catatumbo desmienten las afirmaciones de los medios de comunicación de que Colombia ha logrado la paz.

“Para los medios de comunicación no pasa nada aquí. Los periodistas dicen que nuestro territorio está militarizado, pero nunca dicen por qué, o cómo se ve afectada la gente”, relató un líder de la Junta de Acción Comunal en una reunión realizada en el corregimiento El Aserrío entre campesinos, defensores de derechos humanos del Equipo Jurídico Pueblos (EJP), y observadores internacionales de la Red de Hermandad y Solidaridad (Redher).

El día anterior, los insurgentes del ELN habían intentado atacar a los militares en las montañas de este pueblo, con bombas, cilindros de gas y morteros. El Ejército respondió con morteros y granadas que causaron incendios en la selva y en las plantaciones de coca que ardían mientras los campesinos relataban la confrontación 30 horas después.

Los soldados dispararon indiscriminadamente durante horas, impactando las casas de El Aserrío con balas que atravesaron los techos frágiles de hojalata y golpearon las paredes de las habitaciones de los niños. Una campesina mostró a los defensores del EJP el video que tomó en su celular; una escena que recuerda a las grabadas por los civiles atrapados en sus hogares en la primera línea de la guerra civil en Siria.

El terror golpeó a los niños acurrucados bajo una cama cubierta de peluches, mientras que las fuertes ráfagas de fuego de rifle automático y explosiones de granadas sacudieron las ventanas de su habitación. “La gente estaba desesperada por los disparos, hubo pánico, los niños estaban muy asustados”, relató la mujer.

Otros campesinos informaron cómo las fuerzas de seguridad de la empresa petrolera estatal colombiana, Ecopetrol, acompañados por soldados, patrullan sus tierras para hacer cumplir, en efecto, un toque de queda. “Ellos declaran que nadie puede moverse durante la noche o serán fusilados”, porque, según relata un hombre, para los militares “los que están afuera en la noche son guerrilleros”.

“Nos preocupa que nos maten un muchacho de la vereda y lo pasen como guerrillero, sabemos que vivimos en una zona difícil, pero no somos guerrilleros y de eso nos tildan, y por eso vivimos las consecuencias de la guerra, los abusos de la fuerza pública”, afirmó.

De otro lado, las comunidades describieron cómo Ecopetrol explotó la riqueza petrolera de su territorio, pero no contribuyó a la comunidad. “La presencia militar y el dinero para protegerlos a ellos son excesivos, pero Ecopetrol nunca está interesada en nosotros, no se molesta en capacitar la gente de aquí y nunca emplea a trabajadores de aquí”, explicó otro hombre.

En San Pablo la población cuestiona la fuerte presencia militar y el incumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado: “En el Catatumbo hay un soldado por cada 100 campesinos, pero solo un médico por cada 6.000 personas. Los militares tratan este territorio como si lo estuvieran ocupando, y como si todos los que estamos aquí fueran el enemigo”, comentó un habitante del lugar.

Las campesinas que se refugiaron en San Pablo luego de ser desplazadas de sus tierras informaron que los soldados ocuparon su finca. “Había combates y estaban pasando las balas y las explosiones cerca a la casa, el helicóptero llegó y comenzó a hacer ráfagas de disparos. Eso nos preocupó porque podían caer en la casa. No teníamos más remedio que irnos, y ahora perdimos nuestra cosecha”.

La evidencia proporcionada a los defensores del EJP y a los observadores internacionales en El Aserrío, San Pablo y también en El Tarra, donde más de 100 campesinos han sido desplazados por el aumento de las incursiones militares y las ocupaciones de fincas, desmiente la afirmación del Gobierno de que no hay conflicto en Colombia; además evidencia que existe una violación sistemática de los derechos humanos.

“Se están produciendo olas de desplazamientos masivos debido a amenazas de muerte, hostigamientos y enfrentamientos… se está haciendo notoria la aplicación de la doctrina del enemigo interno, en el marco de la cual las comunidades se consideran adversarias del Estado”, declaró el abogado del EJP, Rommel Durán Castellanos, quien finalmente advirtió que “el aumento en casos de detención arbitraria, la estigmatización y la presión crean un ambiente de angustia y ansiedad para la gente”

Es una verdad por todos compartida. Un debate aplazado. Una falla estructural que integra esa deshonrosa lista de realidades de las cuales se habla, única y superficialmente, cuando sucede una tragedia o un hecho estrambótico.

La crisis carcelaria en Colombia cada vez es más crítica. La población carcelaria del país podría poblar un municipio o fundar uno nuevo. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, hasta el 18 de febrero de 2018, 115.792 personas estaban privadas de la libertad en el país.

La cifra que con los años tiende a incrementar, se justifica, dicen, por la constante migración del campo a la ciudad, el desplazamiento forzado, la industrialización mal planeada, la concentración desmesurada de tierra, capital y bienes, el desempleo, las necesidades básicas insatisfechas, entre otras fallas estatales que incitan a la violencia y al aumento de los índices de criminalidad.

Incrementar la cantidad de inquilinos de las sobrepobladas cárceles colombianas, pareciera ser la orden de Iván Duque. Recientemente el Equipo Jurídico Pueblos publicó su informe anual sobre la política penal y la situación carcelaria del país, en el cual concluyen que diversos proyectos de ley y actos legislativos pretenden mantener la “tendencia punitivista y populista que ha marcado la política criminal del país”.

El informe, condensado y sintetizado a continuación, alerta sobre la militarización de la vida civil, las acciones policiales invasivas, “el endurecimiento de penas, la prolongación del tiempo en prisión y el recrudecimiento del régimen de detención preventiva”. Asegura también que se mantiene el concepto de “seguridad entendido desde una perspectiva represiva y restrictiva de los derechos individuales y colectivos, pero que es además discriminatoria de amplios sectores sociales”.

Abogados, nuevo objetivo de la política de seguridad Duque
Bajo el supuesto de someter al grupo paramilitar denominado como Clan del Golfo, se profirió la Ley 1908 de 2018. Esta crea el delito de Asesoramiento a Grupos Delictivos o Armados Organizados (art. 340A), penalizando a quien ofrezca o preste conocimientos jurídicos de manera ocasional, “con el propósito de contribuir a los fines ilícitos” de tales grupos. La norma asegura que no perseguirá penalmente a quien preste sus servicios de defensa técnica, pero ello impide que el abogado acredite el origen lícito de sus honorarios puesto que hay una suposición previa sobre la procedencia ilegal de los recursos.

Además, la Ley extiende a tres y cuatro años las medidas de aseguramiento a quienes se les impute cargos relacionados con la presunta pertenencia a Grupos Delictivos o Armados; medida que desconoce el plazo razonable determinado por la jurisprudencia internacional, y que modifica la Ley 1786 de 2016 que impone un año prorrogable.

Muertes de primera clase y entierro definitivo del delito político
Álvaro Uribe quiere modificar el Código Penal promoviendo un proyecto de ley que tipifica un nuevo tipo de homicidio cuyo sujeto pasivo son los integrantes de la Fuerza Pública. En otras palabras, lo que pretende el expresidente es que sea más grave asesinar a un militar o policía que a una mujer o un niño.

Este proyecto tiene el claro objetivo de “negar la existencia del conflicto” mediante la eliminación del delito político. Desde la tradición jurídica demo-liberal en la rebelión se emplean armas que ocasionan muertes a la contraparte, por ese motivo, los homicidios ocurridos en combate están eximidos de responsabilidad penal; desde 1997 se consideran homicidio agravado, pero ahora es un delito autónomo que aumenta severamente las penas para los rebeldes que ocasionen muertes en combate de integrantes de la Fuerza Pública.

Mientras avanza la agonía del delito político en la legislación colombiana, ahora se pretende restringir los beneficios jurídicos a integrantes de esa insurgencia ante un eventual acuerdo.

Criminalizar el consumo de drogas y la pobreza
El Proyecto de Ley 060/2018 mantiene la tendencia a crear delitos, incrementar penas, incorporar agravantes, restringir beneficios y otras disposiciones que generan consecuencias directas en la prolongación de la privación de la libertad y por ende agravan la crítica situación carcelaria. Dicho proyecto se propone, en primera instancia, incorporar un parágrafo al artículo 376 del Código Penal para penalizar el porte de dosis superiores a la dosis mínima sin considerar su propósito.

Así mismo, pretende incrementar las penas al tráfico de estupefacientes, y otras infracciones como la modificación de medios de transporte para ocultarle las sustancias a las autoridades. El aumento de la pena la convierte, en términos cuantitativos, en una sanción desproporcionada. Transportar estupefacientes (art. 376 del C.P.) en la caleta de un vehículo (art. 4-e del P.L.060/2018), tendría una pena que oscila entre 21.3 y 45 años. Tal comportamiento se sancionaría con mayor severidad que asesinar o torturar una persona.

El proyecto también propone anular los beneficios contemplados en el artículo 68 A del Código Penal, y restringir los permisos penitenciarios para personas con antecedentes penales. Hay claras intenciones de negarle el acceso a prisión domiciliaria (art. 38 G) y libertad condicional (art. 64) a esta población.

Prevenir militarizando
Buenaventura León León, representante del partido Conservador, presentó un proyecto para crear “una estrategia en el marco de la convivencia y seguridad ciudadana en el territorio nacional, con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de la previsión, prevención y control de las lesiones personales, homicidios y delitos cometidos con armas cortopunzantes y/o blancas…”.

Preocupa el enfoque del proyecto porque conlleva una suposición delictiva sobre el portador del arma blanca (considerando como tal un amplio y ambiguo catálogo de elementos que cumplen usos lícitos diversos como machetes, garfios, mazos, hachas y martillos), asumiendo anticipadamente que esta sería usada para perpetrar una conducta delictiva.

En contraste con lo incipiente del componente pedagógico contemplado en la iniciativa, se plantean facultades amplias a la policía local y departamental para realizar registros y controles indiscriminados de las y los ciudadanos, bajo la premisa de detectar y prevenir el uso anticipado de armas blancas en la ejecución de delitos.

Esto crearía un escenario propicio para el abuso de poder, la normalización de la presencia y la acción policial invasiva y represiva en escenarios públicos, transportes públicos e individuales, y espacios públicos en general.

Avanzada contra el sistema de responsabilidad penal de adolescentes
El Proyecto de Ley 019 de 2018, presentado por Alfredo Rafael Deluque Zuleta, Representante a la Cámara del Partido de la U, busca, entre otras cosas, modificar la normativa para los menores de 14 a 18 años declarados responsables de los delitos de “homicidio doloso, secuestro extorsivo, hurto calificado, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual”. De otro lado, los Proyectos de Ley 085 y 034 de 2018-S tienen propósitos similares, y pese a contener disposiciones que difieren en algunos aspectos, adoptan el mismo enfoque regresivo.

Por otra parte, los Proyectos de Ley 085 y 034 de 2018-S proponen la creación de antecedentes penales para menores infractores entre los 14 y 18 años, e incluir la reincidencia entre los criterios para aplicar sanciones penales; medidas que afectarían la posibilidad de reintegración social del adolescente.

¿Lucha contra la corrupción o populismo regresivo?
La corrupción es abordada a partir de las fórmulas jurídicas para combatirla y prevenirla. El marco de interpretación se centra en responsabilidades individuales, que obvian que la corrupción es una práctica estructural derivada de la naturaleza misma del actual sistema económico y su relación con la institucionalidad del Estado.

Desde esta perspectiva es posible entender la existencia de fórmulas de corrupción institucionalizadas, legalizadas y socialmente aceptadas. Por ejemplo, la institucionalización de un modelo de salud privatizado que favorece los intereses de las Empresas Prestadoras del Servicio, las políticas tributarias que favorecen a emporios económicos, las normas hechas a la medida de las multinacionales mineras, la legislación que favorece la impunidad de criminales de Estado, etc.

El Proyecto de Acto Legislativo 012/2018 presentado por el Gobierno nacional pretende modificar la Constitución para convertir en imprescriptibles los delitos de peculado, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad, usurpación y abuso de funciones públicas, y la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública. Es decir que no existe límite de tiempo para que el Estado persiga a una persona por haber cometido este tipo de delitos.

Lo llamativo de esta iniciativa es que desde la perspectiva del derecho penal internacional, delitos como el genocidio o los crímenes de lesa la humanidad (CLH) son imprescriptibles. Colombia, como es sabido, ni siquiera ha incluido en el ordenamiento penal el CLH, pero sí acude a la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con actos de corrupción, propuesta populista que busca generar legitimidad del gobernante de turno y los políticos que la promueven.

En este mismo paquete de reformas, el Proyecto de Ley 164 de 2018 fomenta la restricción de beneficios y derechos para quienes resultan asegurados o condenados por delitos que afecten el patrimonio del Estado y la administración pública, y “los que atentan contra la eficaz y recta impartición de justicia”. Para ellas y ellos se prohíben la detención y prisión domiciliaria, y la libertad condicional. Al respecto, el Equipo Jurídico Pueblos reiteró que es un falso dilema aquel de la lucha contra la impunidad y la restricción de derechos y garantías y el endurecimiento punitivo.

Las reformas propuestas en términos procesales encaminadas a “fortalecer y hacer más eficientes los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y control de gestión pública en el país”, también van dirigidas a impedir el acceso a beneficios cuando se trate de los delitos ya mencionados. Se prevé la privación de la libertad en un establecimiento de reclusión como única medida de aseguramiento, desestimando la suspensión condicional de la pena, libertad condicional, rebajas por preacuerdos y negociaciones, y otros beneficios penales. Dicho paquete también pretende introducir reformas a garantías constitucionales como la prescripción.

El retorno al castigo físico como pena
Implementar “el procedimiento de castración química obligatoria, complementando la pena privativa de la libertad en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, en menor de 14 años”, es lo que quiere implementarse con el Proyecto de Ley 051/2018.

No existe discusión alguna sobre el reproche social que merecen estas conductas delictivas, de las cuales el Estado tiene una corresponsabilidad importante en la protección y garantía efectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes. La creación de penas degradantes no comulga con los compromisos que en materia de derechos humanos ha asumido el Estado, por ello la gravedad del delito y el daño que se causa con este no pueden ser la razón para legitimarlas y justificarlas.

 

Varios estudios sobre el tema coinciden en que a pesar de la diversidad de perfiles de los agresores, han sido identificados varios elementos desencadenantes que originan la violencia sexual, entre los que señalan: elementos biológicos, el fracaso del aprendizaje inhibitorio, actitudes socioculturales favorecedoras o tolerantes de la agresión sexual, pornografía violenta o infantil, circunstancias próximas facilitadoras tales como estados de estrés prolongado, excitación, consumo abusivo de alcohol, etc., distorsiones cognitivas sobre sexualidad adquiridas por agresores en su desarrollo infantil y juvenil, y circunstancias próximas de oportunidad. En las investigaciones se mencionan los factores de reincidencia contenidos en el Manual de valoración del riesgo de violencia sexual - SVR-20. Con este puede identificarse información del sujeto que constituya elementos y variables que hacen más probable el mantenimiento de la actividad delictiva. La guía contiene 20 ítems que deben ser cuidadosamente analizados por profesionales idóneos.

Tampoco hay informes que den cuenta de la eficacia de los tratamientos intramurales que se aplican a los condenados por estas conductas delictivas. El Proyecto de Ley, entonces, carece de total fundamentación empírica y científica que permita justificar la necesidad y proporcionalidad de una medida tan invasiva y deshumanizante como la planteada.

Más penas y disciplina para solucionar problemas sociales
Quienes prefieran la minucia y el detalle pueden quedar satisfechos leyendo el completo informe del Equipo Jurídico Pueblos. En pocas palabras –para los y las que prefieren el resumen, lo realmente “importante” de lo importante– la política punitiva de Iván Duque tiene tintes clasistas, persigue a quien disiente, y niega la violencia y el terrorismo de Estado.

Además, siguen siendo insuficientes las medidas adoptadas y las propuestas del nuevo Gobierno para atender la deficiente y precaria infraestructura de los establecimientos carcelarios colombianos que son incapaces de satisfacer derechos básicos elementales como la alimentación, la salud, la recreación, entre otros.

Los programas de resocialización ejecutados por el INPEC no contribuyen a mejorar la salud emocional y psicológica de las personas privadas de la libertad. Los programas de redención de penas a cambio de trabajo y educación son poco diversos y cuentan con limitaciones de acceso de tipo económicas y administrativas.

La forma en que el Estado sanciona al delincuente dice mucho del Estado. Pero dice mucho más lo que hace o deja de hacer el Estado para que sobren cárceles y falten delincuentes.

 

 

Friday, 22 March 2019 00:00

Audre Lorde versos desde la periferia

A menudo pensamos que la periferia está ubicada en un lugar geográfico al que es posible desplazarse, o que se trata de poblaciones alejadas de los grandes centros urbanos que crean relaciones e independencias con el paisaje que les rodea. Sin embargo, esta palabra guarda un significado que desde lo simbólico puede habitar cualquier espacio; hablamos entonces de las fuerzas que surgen a las márgenes del poder establecido, de las diferencias que se manifiestan en la cotidianidad y que no tienen cabida en las instituciones, pero que aun así constituyen una parte fundamental de la sociedad.

La poeta Audre Lorde habitó estas periferias del significado, identificándose después de muchos cuestionamientos personales como mujer, negra, lesbiana, y feminista; categorías que dejaban entrever su verdadero carácter: el de una luchadora incansable por la vida y los derechos humanos que dedicó su vida a darle fuerza y palabra a las mujeres de su tiempo.

Nació en Nueva York en 1934, lugar donde vivió gran parte de su vida, en una familia de migrantes afrocaribeños que sembraron en ella el amor y respeto por sus raíces africanas, condición que determinó su forma de ver el mundo. Fue en este momento donde comenzó a descubrir la poesía como un lenguaje propio, siendo esta un aprendizaje, su forma de darse a entender al mundo. Se formó en diversas instituciones académicas universitarias de Estados Unidos y cuestionó desde estos lugares, recintos donde se da forma a las ideas y donde convergen las manifestaciones de la cultura, los privilegios de unos humanos sobre otros y la latente muerte que esto conlleva.

Fue en el entendimiento de la diferencia, en el habitar estos bordes de los esquemas establecidos tradicionalmente, donde Lorde encontró su centro de poder dentro de un mundo que se le presentaba contradictorio, enfocando su lucha en tres ejes fundamentales: la liberación afroamericana, la liberación de la mujer y la liberación de la comunidad LGTBI. Todas estas sustentadas en una visión de servicio y justicia social que fluía junto a su obra poética e intelectual, llevando las teorías hacia acciones liberadoras. Su visión audaz sobre el futuro de los movimientos sociales a los que perteneció planteaba duras críticas hacia las formas de opresión que estos guardaban como vestigios de los poderes establecidos; acuñando la expresión “las herramientas del amo no tumbarán la casa del amo”, planteaba la necesidad de crear nuevos entendimientos para la palabra libertad, el trabajo colectivo y las formas posibles de lucha contra la tiranía del pensamiento occidental. Es por esto que sus visiones han servido de base para los movimientos que buscan la visibilidad de la mujer y las multiplicidades sexuales, y que se plantean la emancipación y el cambio del sistema económico y cultural imperante como asuntos indispensables para llegar a una verdadera libertad de ser.

Su producción poética e intelectual es abundante, publicó gran parte de su obra, insertándola a los debates de su contemporaneidad. Tal es el caso de su libro “Sister, outsider”, traducido al español como “La hermana, la marginal” o “La hermana, la extranjera”, en el que aborda desde su experiencia personal como mujer divergente las diferentes formas de desigualdad y omisión a las que se ve enfrentada, a la vez que abre ventanas para una posible liberación cotidiana. Sin embargo, su gran aporte podría ser el entendimiento del conocimiento, no como una proyección de la realidad como lo plantea el mito de la caverna de Platón, donde el ser humano se deleita con su propia sombra provocada por una luz exterior y ajena, sino como un poder que reside en la oscuridad de las propias entrañas, por lo que se hace necesario descender a ese interior sombrío de nuestro ser para entender sus contradicciones y encontrar allí la luz para irradiar el mundo. En esta filosofía se vislumbra la necesidad de volver a la raíz del pensamiento humano mediante el quebrantamiento de las lógicas occidentales que nos alejan del mundo y nos llevan a su destrucción.

En esta liberación se establece a la mujer, o al pensamiento femenino, como potencia transformadora. Audre nos enseña cómo transformar el miedo, la ira y el dolor que históricamente se ha enquistado en los cuerpos, que es invisibilizado a través de repetidos discursos, en una fuerza en potencia. Esto se hace evidente en sus escritos alrededor de la enfermedad que la llevó a la muerte en 1992; un cáncer con el que libró una batalla de 14 años. Es en ese momento que habla de la necesidad de abandonar el silencio, de hacer consciente sus causas comunes a todas, de la importancia de decir y decidir sobre el mundo que nos rodea, y de crearnos una red, una comunidad en la que se teja un apoyo colectivo, en el que el conocimiento de las diferencias y contradicciones sea el motor del movimiento hacia la emancipación. Con esta última conciencia partió de este mundo a sus 54 años, después de una ceremonia africana en la que tomó el nombre de Gambda Adisia, que en español traduce “Guerrera que hace saber su significado”.

Los escritos de Audre Lorde, a pesar de ser poco difundidos en Latinoamérica, han tenido una repercusión universal, es por esto que en el contexto que hoy vivimos en Colombia, donde las fuerzas de la muerte se empeñan en acabar con la vida y con quienes la defienden, en el que mediante la manipulación de la verdad pretenden dividirnos y crear distancias cada vez más amplias entre los seres humanos, a la vez que nos alejan de nuestra esencia y de la naturaleza, hay que recurrir a su lectura, a su poesía iluminadora, para alimentar el poder que nos habita, para fortalecernos y llevar a la acción colectiva nuestra potencia transformadora.

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