Periferia

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Thursday, 19 March 2009 09:36

¿No pasa nada en Medellín?

¿No pasa nada en Medellín?

La noche del martes 3 de marzo fue quizá una de las peores que vivió en los últimos 10 años la familia Tapias, del barrio Las Palmas. Eran pasadas las nueve de la noche y una de las niñas, menor de trece años, estaba todavía en la calle, sin atender los llamados para que se entrara. Eso tenía esta familia al borde de un ataque de nervios. Es cierto que las nueve y media no era una hora escandalosa, ni era la primera vez que la niña estaba afuera con sus amigos a esa hora, pero esta noche la situación era de otro color, más todavía cuando la calle estaba completamente sola, situación extraordinaria en el sector y sobre todo en la calle más movida del barrio. Y es que algo raro pasaba en la ciudad, algo que al parecer anunciaba un nuevo tiempo de zozobra en Medellín.

 

Esa misma noche, a las nueve, terminaba sus actividades de la jornada la Escuela de Formación Popular, en el centro de la ciudad. Carlos, uno de sus facilitadores, no pudo evitar el asombro al ver que los jóvenes participantes de la escuela salían disparados a tomar el transporte para sus barrios. Procuró por lo menos seguir el paso de uno de ellos para enterarse de lo que acontecía.
- Es que tengo que coger el bus rápido- le dijo con preocupación el muchacho-. No ve que no podemos llegar al barrio después de las nueve de la noche- remató mientras se encaramaba en el bus.

De camino hacia su casa, Carlos pudo comprobar que el centro de la ciudad estaba vacío. Al cruzar Junín encontró la única chacita que seguía abierta a esa hora y se acercó a comprar un cigarrillo para mitigar el frío.
- Vea esto como está de horrible, tan temprano y ya no se ve un alma - le comentó la señora que atendía. Carlos aprovechó entonces para preguntarle qué pasaba.
- Yo no sé bien, pero es como si hubiera toque de queda.

En realidad, la preocupación de la familia Tapias, en el barrio Las Palmas, obedecía a un panfleto que habían metido esa mañana por debajo de su puerta, anunciando, con un discurso grotesco, una campaña de limpieza social en la ciudad, dirigida sobre todo contra las prostitutas que, según los autores del panfleto, estaban propagando el sida por todas partes. Igualmente amenazaba a todos los hombres, clientes de los bares donde estas mujeres trabajaban, y en general a los vagos, viciosos y ladrones. “Para ellos va también la limpieza sin contemplaciones”, anunciaba el panfleto. Además, advertía a los padres de familia para que no permitieran que sus hijos estuvieran en la calle después de las diez de la noche porque “no respondemos si caen inocentes”. El panfleto no estaba firmado por ninguna organización, pero en todo caso se refería a que, dado que la limpieza social se necesitaba, “La Organización” así lo había decidido.  Anunciaban pues que en poco tiempo arreciarían las masacres y- cosa extraña- pedían por anticipado perdón a la sociedad por los inocentes que pudieran caer en esta cruzada.

Este mismo panfleto había sido ya distribuido en muchísimos barrios populares de Medellín, y era el mismo que mantenía y que aún mantiene vacío el centro de la ciudad y las calles de los barrios después de las nueve o nueve y media de la noche.

La respuesta del gobierno municipal
A pesar del terror que se respira en la ciudad, el gobierno ha optado por restarle importancia al asunto, sugiriendo que posiblemente se trata de inventos de algunos ociosos. En un artículo publicado por el diario El Mundo, de Medellín, referente a la situación, el secretario de gobierno, Jesús María Ramírez, afirmó que la publicación de este panfleto no debía generar ningún temor. Su afirmación se fundaba en el hecho de que el panfleto no cuenta con slogan ni emblemas ni firmas que identifiquen el grupo armado. Esto, desde luego, no toma en cuenta en que el panfleto original (porque de él se distribuyeron copias resumidas) la organización se identifica como Ogdis y va acompañado de dos imágenes que hacen referencia a las autodefensas. El panfleto lo encabeza una bandera con un fusil atravesado en la esquina izquierda, y un combatiente caminando de frente a ella. Casi finalizando la página, a lado derecho, está la imagen de un hombre vestido de camuflado, con el brazalete de AUC y con la cara apoyada en la mira del fusil que apunta a corta distancia.

“De esos panfletos hemos conocido muchos- explica el secretario de gobierno al periodista de El Mundo- firmados por las Farc, autodefensas o Águilas Negras. Los hemos encontrado siendo utilizados para extorsionar y generar temor en la comunidad justificando las vacunas de grupos de vigilancia privada ilegal. En otros casos hemos encontrado problemas vecinales que se resuelven por la vía de estos panfletos como en un caso reciente del barrio La América donde el papá de un adolescente que se la pasaba en una tienda de su sector tomando licor, escribió y distribuyó un comunicado de estos sólo para que el joven se le quedara en casa temprano”.

Por su parte, el alcalde Alonso Salazar, en declaraciones para el diario El Tiempo, asegura que los volantes son parte de una campaña para desestabilizar a la ciudad en vísperas de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. "Enemigos de la ciudad, desde la criminalidad, nos seguirán haciendo daño, pero las instituciones están fuertes para enfrentarla".

Sin embargo, algunos analistas consultados por Periferia, que prefirieron mantener en reservas sus nombres debido a lo complicado del momento, ven en esta campaña un objetivo distinto, incluso muy funcional para la institucionalidad en la víspera de la asamblea número 50 del Banco Interamericano de Desarrollo, a realizarse próximamente en la ciudad. “Más bien se puede esperar que la campaña de terror desatada tenga como propósito presentar la ciudad como una tacita de plata para los inversionistas extranjeros que estarán atentos a la asamblea, y sobre todo amedrentar a las organizaciones sociales y populares, previniendo así de paso cualquier brote de protesta contra la realización de la asamblea”.

En todo caso, cualquiera que sea la causa por la que las autoridades municipales desestiman los alcances de esta campaña de terror, lo que es cierto es que la ciudad está prácticamente en un toque de queda decretado por un grupo ilegal, la gente anda temerosa por todas partes porque de hecho ya son muchos los testimonios que dan cuenta de la materialización de estas amenazas. De hecho, una de las pruebas fehacientes del terror en la ciudad es que no solo se vacía indefectiblemente antes de las 10 de la noche, sino que los albergues desde estas horas están a reventar. Los habitantes de la calle están aterrorizados. Muchos de ellos cuentan que ya se han salvado de milagro, porque han podido correr a tiempo cuando han visto a los hombres armados que se roban a sus compañeros o compañeras.

Los testimonios que hablan del terror
En el barrio La Libertad hay una esquina muy tradicional donde los jóvenes acostumbraban parcharse por las noches a conversar. En su mayoría son estudiantes que han crecido juntos en el barrio y ahora en su tiempo de universitarios aprovechan las horas frescas de la noche para reencontrarse y compartir anécdotas. Hace días allí no se ha vuelto a parchar nadie. Eso fue después de que una de estas noches, no hace mucho, salieron como por arte de magia cuatro encapuchados y los increparon con el panfleto en la mano. Allí mismo han sido desaparecidas tres jovencitas. Recientemente también han desaparecido una niña, estudiante del colegio Héctor Abad Gómez, cerca de la Plaza de Flores.

Hace poco, dos mujeres que trabajan como vendedoras, estaban llegando a sus casas en el barrio Aures, al occidente de Medellín, después de salir de su trabajo; fueron abordadas por tres tipos armados al momento de abandonar el bus, mostrándoles el panfleto. Las mujeres intentaron explicar que venían de trabajar, pero los tipos decidieron que una debería contar el cuento para que vieran que la amenaza era real. En frente de ella asesinaron a su compañera.

En el parque de Boston se encontró también a dos jovencitas muertas, descuartizadas, en lo que parece la modalidad preferida por estos asesinos. También en el sector de Palos Verdes, en lo que ha sido utilizado como un botadero de basura y donde hoy todavía se realizan trabajos del Metroplus, se encontraron dos jóvenes asesinadas de la misma forma. Incluso cerca de la estación Niquía, un barrio estrato 4, al frente de uno de los almacenes más grandes del Éxito, se han encontrado a varias mujeres descuartizadas.

En la comuna 8 se ha puesto a circular otro panfleto dirigido a mujeres infieles, con una lista concreta de 17 mujeres declaradas objetivo militar, entre ellas una señora de 63 años y una niña de 13. Los jóvenes del sector aseguran que ya es normal ver a los encapuchados patrullar  por las calles después de las diez de la noche e incluso han sacado a algunas personas de su casa. También esto parece estarse generalizando en los barrios populares. Se tiene testimonios de que esto ocurre en Manrique, Aranjuez, Caicedo, entre otros.

La situación de terror es tan evidente que el comercio se apaga prácticamente a las nueve de la noche en todos los barrios. Un caso paradigmático es el del Café Manrique, un sitio que tradicionalmente ha sido un referente en la ciudad y reconocido por estar abierto las 24 horas; ahora lo están cerrando a las diez de la noche.

Lucha territorial
Como para mostrarle a la alcaldía de Medellín que los panfletos no han sido producidos por algún padre de familia desocupado y que tienen una dimensión más amplia de lo que los funcionarios han querido reconocerle, los panfletos se han esparcido hasta muy lejos de Medellín y su área metropolitana, y no solo los panfletos sino las acciones. En la zona del Bajo Cauca estos panfletos han sembrado también el terror. En Puerto Valdivia, por ejemplo, casi inmediatamente aparecidos los panfletos aparecieron también  dos mujeres, reconocidas en el pueblo como prostitutas, descuartizadas. Esto fue el sábado 7 de marzo; ese mismo día en la noche mataron a dos hombres en la calle principal. También han aparecido los mismos panfletos en Soacha, Cundinamarca, en Buenaventura y en Cali.

Sin embargo, la situación en Medellín se complica todavía más porque la campaña de limpieza social se realiza en medio de una abierta lucha por el control territorial entre dos mafias que en distinto momentos han estado al servicio de la ultraderecha en Colombia: las estructuras heredadas de Don Berna y las estructuras de don Mario. De hecho, algunos analistas están convencidos que por ahora esta campaña de limpieza social puede ser una estrategia de posicionamiento y legitimación de los grupos al servicio de don Mario en territorios donde antes ejercía el control la estructura de don Berna. “Esta siempre ha sido una estrategia empleada por los grupos que han querido hacerse con el territorio en toda esta larga historia de violencia en Medellín- explica uno de los analistas entrevistados-. El terror es la forma de generar respeto y la supuesta limpieza social la manera como se presentan tal cual si le hicieran un favor a la comunidad librándola de sujetos indeseables e incómodos”

Pero en los barrios donde la arremetida de don Mario encuentra todavía resistencia de las viejas estructuras, el terror puede ser incluso peor, aunque de otro tipo. Los habitantes no pueden pasar de una cuadra a otra, en cualquier momento del día o la noche se arma una balacera como si se soltara un aguacero, y la gente vive encerrada no solo en la noche sino todo el día.

La situación de zozobra generalizada en la ciudad por el panfleto y por las acciones que vienen materializando las amenazas, se complican todavía más con un panfleto aparecido en la Universidad de Antioquia el pasado viernes 6 de marzo. Quienes lo realizaban se identificaban como un grupo de paramilitares pertenecientes al Bloque Antioqueño de las Autodefensas, infiltrado en la Universidad. Allí acusaban de guerrilleros a todos los responsables de los tropeles, las marchas, los paros en la Universidad y las asambleas, además declaraban objetivo militar a las oficinas estudiantiles de las diversas facultades y agregaban una lista de 29 estudiantes, junto con todos los que entran y salen de las oficinas estudiantiles y los que con ellos se reúnen. Al final del panfleto advertían que ya tendrían noticias de ellos en el transcurso de la semana.

Y como para no desmentirse, el jueves 12 de marzo asesinaron a un estudiante, cuando estaba departiendo con sus amigos en una de las mesas de estudio de la Facultad de Derecho. Esa misma noche el noticiero RCN transmitió la noticia acompañada de un perfil superficial del estudiante en el que destacaban que este había sido más bien un estudiante mediocre, como si fuera una forma de justificación del asesinato. En el mismo sentido se pronunció ante los medios de comunicación el vicerrector de la Universidad Martiniano Jaimes, destacando también en el perfil del estudiante, a manera de justificación del crimen, que tenía antecedentes judiciales por concierto para delinquir, hurto agravado y porte ilegal de armas. Haciendo caso omiso de todo el contexto de la ciudad y, particularmente de la Universidad, el vicerrector convocó a continuar normalmente las actividades académicas al día siguiente porque, según él, lo ocurrido era apenas un caso aislado.

Así pues, en la vida social de Medellín se cierra una tenaza de terror contra su población en donde las autoridades encargadas de afrontar el problema no solo no hacen nada para solucionarlo y prevenir las masacres ya anunciadas, sino que en sus declaraciones hacen todo lo posible por minimizarlo y vendernos la idea de que en esta ciudad, modelo de pacificación, no pasa nada. Lo peor es que, tal como muestra el desdoblamiento de los panfletos que anuncian la limpieza social, esta campaña parece concentrarse en Medellín para tomar vuelo en todo el país, sin que tampoco las autoridades nacionales parezcan dispuestas a reconocer la dimensión del problema que hoy ahoga sobre todo a los habitantes de los barrios populares.

Thursday, 19 March 2009 09:34

En Medellín la cosa está que arde

En Medellín la cosa está que arde

 

Medellín es una caja de Pandora. Al mejor estilo de la mitología griega, es atrayente, bonita y seductora, por fuera,  pero por dentro contiene males que traen consigo la desgracia.  Y es que si nos acercamos lo suficientemente a ella y la miramos con profundidad y detenimiento, nos encontramos con que es un hervidero del cual son víctimas la mayoría de quienes la habitan. La ciudad ha sido mostrada al resto del país y al mundo como un ejemplo de que el miedo se puede convertir en esperanza, como lo pregona el ex alcalde Sergio Fajardo y se lo ha hecho creer a muchos dentro y fuera del país, sin embargo la realidad es otra: en Medellín siguen vigentes el temor, la desconfianza y el miedo.

 

El pasado no perdona

La Medellín de hoy, en la que se están viviendo situaciones parecidas a las de los años 90 en términos de violencia, confrontación armada, asesinatos, inseguridad, amenazas y desplazamiento intra urbano, es producto de su propia historia. Esta ha sido una ciudad en disputa que se la han peleado narcotraficantes, guerrilleros, delincuencia común, paramilitares y la llamada delincuencia de cuello blanco. Sin embargo, desde finales de 2002 se inició una gran campaña mediática por parte de las autoridades nacionales y locales, donde se decía que Medellín estaba recuperando su tranquilidad, que se estaban desactivando todos los factores de violencia e inseguridad y que estaba tomando el rumbo hacia la paz y el progreso. Pero la realidad es otra, para muchos observadores y estudiosos de la realidad de Medellín, esa ciudad que se pregona es sólo un efecto publicitario para ocultar cosas muy graves y de mucho fondo.

                                                

Para Fernando Quijano, de la Corporación para el Desarrollo Social - Corpades, el hasta hace poco único patrón de Medellín, don Berna, se hizo al poder en la ciudad y su área metropolitana gracias a los servicios prestados a las autoridades civiles y militares, primero en su participación en el grupo llamado los Pepes, enemigos de Pablo Escobar y quienes finalmente posibilitaron que fuera dado de baja por la policía; como reconocimiento a este servicio, dice Quijano, las autoridades le permitieron a don Berna consolidar su naciente imperio narcotraficante que posteriormente llevó a la conformación del llamado Bloque Cacique Nutibara, agencia de los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia.

 

Años más tarde, según explica Quijano, más exactamente a finales del año 2002, el recién posesionado presidente Uribe da la orden terminante de atacar las milicias y guerrillas que aún permanecen en la ciudad. A juicio de Quijano, esta orden tiene el propósito de mostrar que la pregonada política de seguridad democrática se puede aplicar en los grandes centros urbanos y Medellín es el centro piloto para ello. Así se llega a la conocida operación Orión, que fue un operativo militar de gran envergadura que presentó la combinación de fuerzas entre el ejército nacional, la policía y los hombres del Bloque Cacique Nutibara, al mando de don Berna, y además contó con el apoyo de las autoridades judiciales, las cuales le dieron piso legal a todos los atropellos y crímenes que allí se presentaron.

 

En términos del propósito militar y político que se tenía, Orión fue un éxito para las autoridades, éxito que en gran parte se le debe a los paramilitares al mando de Don Berna. A partir de esto y como un nuevo reconocimiento a su colaboración con las autoridades civiles del orden nacional y local, se le otorga a Don Berna el dominio absoluto sobre la ciudad. Esto se concreta en lo que a juicio de Quijano es un pacto para la “pacificación” de Medellín y su área metropolitana. Un año más tarde se presenta en esta misma ciudad la primera desmovilización de un bloque paramilitar, producto de unos acuerdos entre el gobierno nacional y la comandancia de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y es precisamente el Bloque Cacique Nutibara el que desmoviliza cerca de 900 personas, aunque hoy se sabe que la mayoría nunca habían sido combatientes y que los que sí lo eran se mantuvieron en sus actividades.

 

Controlar, controlar y controlar

Es justo en este momento en que ese pacto adquiere rostro propio a través de la llamada Corporación Democracia, una ONG de desmovilizados que entra, de hecho, a cogobernar la ciudad. A principios de 2004 comienza la alcaldía de Sergio Fajardo, quien prefiere mantener el pacto existente ya que a juicio de algunos analistas, no tenía la suficiente fuerza ni política ni militar para combatir la ilegalidad que imperaba en Medellín. Según testimonios obtenidos de varios analistas que prefieren no ser identificados, Fajardo optó por la vía fácil, mantuvo y, dicen algunos, profundizó los pactos que ya existían.

 

Como prueba de ello estos analistas aseguran que en las comunas de Medellín quienes controlaban el orden público y ejercían labores de control social y económico eran los paramilitares agrupados en la Corporación Democracia y mencionan algunos ejemplos de esto: las casas de expendio de drogas, dice uno de ellos, eran y aún hoy son controladas por desmovilizados; ellos mismos establecieron sitios donde se podría consumir los narcóticos y si alguien lo hacía en otro lugar era sometido a castigos por parte de los desmovilizados. Así mismo, y en cumplimiento de su compromiso de mantener la ciudad tranquila, se ejerció “justicia” por parte de los desmovilizados, quiénes eran los que decidían  sobre asesinatos, amenazas y desplazamientos de aquellos a quienes ellos veían como un riesgo para la supuesta tranquilidad de la ciudad.

 

Estos analistas cuentan además que una porción del presupuesto municipal, el que se manejaba a través del llamado presupuesto participativo, era manejado en buena parte por desmovilizados que se afincaron en las juntas de acción comunal, desbancando a los líderes naturales de los barrios, y las controlaron para poder tener acceso a estos recursos que se le entregaban supuestamente a las comunidades para el desarrollo de obras definidas por ellas mismas. Ha habido múltiples denuncias de que este presupuesto participativo sirvió para el fortalecimiento de las actividades ilegales en la ciudad, e incluso hay líderes comunitarios que fueron asesinados para apropiarse de cuantiosos recursos del presupuesto participativo. Así mismo, la Corporación Democracia creó una serie de corporaciones pequeñas en cada uno de los sectores donde tenían presencia los desmovilizados y, tanto desde ella misma como desde esas otras corporaciones, se llevaron a cabo procesos de contratación con la alcaldía de Fajardo. Contratación en la que, según estudios preliminares que están adelantando algunas organizaciones de la ciudad, se presentó un inmenso desvío de recursos tanto para compra de armas como para el montaje de nuevas plazas de vicio.

 

Pero las formas de control de la ciudad no terminan ahí. Hemos recibido testimonios de que los problemas entre vecinos e incluso intrafamiliares no se llevaban ante las autoridades competentes sino que eran los desmovilizados quiénes intervenían en ellos para resolverlos, eran ellos quienes imponían castigos y sanciones en los casos que se les presentaban; las autoridades sabían de esto, sin embargo lo toleraban porque así se mantenía la imagen de tranquilidad de la ciudad.

 

Muchas actividades económicas también son controladas por el paramilitarismo en Medellín, por ejemplo las apuestas permanentes, cuyos empresarios tradicionales sufrieron un proceso de exterminio que culminó con la conformación de un solo grupo que hoy monopoliza este negocio en la ciudad; también los negocios de maquinitas son controlados por los paramilitares, los famosos préstamos paga diario o gota a gota, las vacunas a los negociantes y comerciantes, los almacenes donde se vende todo a 1000 pesos, las panaderías que aparecieron en los barrios, que parecen todas copias de una sola, el control a la venta de minutos de celular y, obviamente, las casas de expendio de drogas. Para hacernos una idea somera de lo que significa en términos de ingresos  controlar estas actividades miremos sólo un caso: según la policía metropolitana, en Medellín existen aproximadamente 500 casas de vicio, aunque algunos aseguran que son más. Según el estimativo de la policía cada una de estas casas arroja una ganancia diaria de 600.000 pesos, el resto de la cuenta es bastante fácil y nos muestra que sólo con esta actividad mensualmente se obtienen unos ingresos de 9 mil millones de pesos.

 

Durante este periodo todo esto fue manejado por un solo actor hegemónico, el emporio de Don Berna que actuaba, bien en la legalidad a través del proceso de desmovilización con la Corporación Democracia o en la ilegalidad a través de aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron en armas para garantizar el control económico, social y militar de la ciudad y su área metropolitana. Esto era un secreto a voces, en Medellín se comentaba pero en voz baja, algunos denunciaron lo que estaba sucediendo y, sin embargo, fueron ignorados o maltratados por la administración municipal, incluso se les llamó enemigos de la nueva ciudad que estaba en construcción.

 

Todo tiene su final

Pero la hegemonía de Berna estaba destinada a acabarse, dice Fernando Quijano, porque a pesar de la gran porción de poder que tenía en la ciudad y de que varios de sus hombres cogobernaban en algunos temas, el patrón no se conformó con eso y, a pesar de estar en la cárcel, se mostró arrogante y quiso una porción más grande de poder. Por eso, según este analista, las autoridades empezaron a minar su capacidad de maniobra. Desde la cárcel de Itagüí, donde se comunicaba y recibía la visita y los informes de sus hombres, fue trasladado a la cárcel de Combita y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Esto fue, a juicio de Quijano, una maniobra destinada a arrebatarle el poder que las mismas autoridades le habían reconocido y habían aceptado.

 

Sin embargo, otros analistas dicen que no es sólo un problema de arrogancia y ansias de mayor poder y aseguran que lo que realmente pasó es que la cara visible de la ilegalidad que manejaba don Berna, la famosa oficina de Envigado, tenía a su interior algunos jefes que conocen al detalle y tienen pruebas de los vínculos del presidente Uribe con actividades paramilitares y de narcotráfico. Algunos de ellos fueron asesinados y sólo uno de los más importantes aún sobrevive, salió del país y en Argentina se entregó al gobierno de los Estados Unidos. Este es Rogelio. Aseguran quienes hacen este análisis que ante el riesgo que corría el presidente de ser puesto en evidencia, declaró públicamente la guerra a la oficina de Envigado y le dio la orden a la fuerza pública de acabar con esa estructura, en una jugada, dicen, a tres bandas. Y lo explican así: primero, porque si Rogelio se atrevía a delatarlo, el Presidente podría decir que eso obedecía a una retaliación por haberles declarado la guerra; segundo, porque con la disminución del poder de Don Berna, el control de la ciudad estaba en disputa y había un nuevo patrón peleándose el territorio, éste es don Mario con el que sería posible hacer algún tipo de pacto para una nueva pacificación de la ciudad, y tercero, porque, como aseguran estos observadores, al presidente poco le importa que Medellín vuelva a unos altos índices de violencia porque siempre tendrá la posibilidad, mediante un pacto con el nuevo patrón, de ordenar una nueva operación Orión que vuelva a “pacificar” a la ciudad y a darle un segundo aire a la fracasada política de seguridad democrática.

 

Mientras duerme la ciudad

El control de Medellín está en disputa desde que la hegemonía de don Berna entró en crisis. Muchos han querido apropiarse del jugoso premio que ofrece la ciudad; dicen algunos que el jefe paramilitar Macaco intentó apoderarse de las casas de vicio y no pudo, el cartel del Norte del Valle también lo ha intentado, al parecer sin mayores éxitos; pero quien más ha puesto interés por quedarse con la ciudad es el llamado don Mario, hermano del comandante paramilitar conocido como “el alemán”, y que ahora se disputa barrio a barrio el control de la ciudad.

 

Cuenta un desmovilizado que mantiene contacto cercano con el llamado “bajo mundo” en una de las comunas de la ciudad, que don Mario llega hasta los barrios, contacta a los coordinadores de desmovilizados y les ofrece salario, armas y patrocinio a cambio de que ellos tomen esa zona para él, y además les autoriza exterminar a todos aquellos que sea necesario para lograr este propósito. Es así como ha ido haciéndose al control de muchas zonas de la ciudad: por ejemplo, en la comuna 13 los barrios Antonio Nariño, El Socorro y El Salado ya están bajo su dominio. En la zona nororiental de la ciudad se disputa cuadra a cuadra el control de los barrios San Blas, Manrique, Campo Valdés y Santo Domingo. En la zona noroccidental ha venido haciéndose con el control del corregimiento San Cristóbal y de los barrios Robledo, Castilla, Pedregal y el Picacho. En la zona centro oriental se asegura que el barrio La Sierra y sus alrededores están totalmente dominados por don Mario. En el centro de la ciudad, en lo que va corrido del año, se han presentado más de 15 muertes de personas presuntamente vinculadas a los combos conocidos como “convivires”, que son los que han ejercido el dominio de la zona céntrica; se dice que estas muertes obedecen a que el ofrecimiento que se les está haciendo a estas personas es bastante simple: o trabajan con don Mario o se van o se mueren. Algunos han preferido morirse.

 

Como hemos visto anteriormente, la disputa por el control de Medellín no tiene que ver única y exclusivamente con el control del espacio, aunque éste es importante, pero las condiciones para el accionar ilegal en la ciudad son bastante favorables y justifican adelantar una guerra como la que actualmente se vive en la ciudad porque el trofeo que se obtiene así lo amerita.

 

 

 

En Medellín se evidencian las falencias de la seguridad democrática

El doctor Jorge Mejía Martínez fue secretario de gobierno del departamento de Antioquia en la gobernación de Aníbal Gaviria, ha sido columnista de varios diarios, profesor universitario y analista político. También fue candidato a la alcaldía de Medellín para el periodo 2004-2007 por el Partido Liberal. Por su conocimiento de la ciudad, conversamos con él para que nos hiciera su propio análisis sobre la situación de Medellín.

 

Periferia: Para usted, ¿cuál es la situación actual de Medellín?
Jorge Mejía: Hay dos indicadores que llaman la atención y que dan cuenta de la problemática que hoy se vive en Medellín. Uno de ellos es el incremento de los homicidios del año pasado, que es un incremento superior al 15% luego de varios años de tener una tendencia a la reducción, tendencia que se quebró a partir de mediados de 2007. El otro indicador es el desplazamiento intraurbano que también está disparado; según la Registraduría, en 2008 tuvimos un desplazamiento intraurbano superior al de los últimos años, hubo por lo  menos 22.000 personas que fueron desplazadas en la ciudad y todavía está pendiente de escudriñar las características y modalidades de ese desplazamiento, aunque lo cierto es que ocurre al interior de Medellín donde de una comuna a otra, de una manera forzada, las personas se tienen que desplazar.

Yo creo que ese desplazamiento urbano tiene que ver con la confrontación, con la disputa que hay en la ciudad por el control del narcotráfico, por el control de los sitios de expendio de alucinógenos, el control de los lavaderos de carros, la extorsión, los juegos de maquinitas, el chance etc. y que una parte de esos desplazados fueron desmovilizados de los bloques diferentes de las autodefensas. Estamos viviendo una disputa territorial entre sectores claramente definidos como don Mario y don Berna, pero también hay otra disputa “intra Berna”, porque al interior del sector llamado de don Berna también hay confrontación. Estas disputas son las que llevan a que se haya incrementado la sensación muy real de inseguridad en la ciudad.

Periferia: ¿Por qué se llega a esta situación en la ciudad?
Jorge Mejía: Yo creo que son varias cosas. Primero la seguridad democrática demostró sus falencias para atender la seguridad ciudadana, particularmente la seguridad urbana. Yo creo que la seguridad democrática ha sido exitosa para recuperar la seguridad en las vías y en algunas zonas rurales, así como para la confrontación con la guerrilla. Pero no ha tenido igual éxito para brindarle a los habitantes de los centros urbanos y de algunas zonas rurales la protección que ellos requieren.

Segundo, el proceso de desmovilización de las autodefensas fue un proceso que arrancó con muchas debilidades que jamás fueron superadas, además de ser un proceso muy centralizado en Bogotá y en el gobierno nacional. De otra parte, el marco jurídico de este proceso se adoptó muy posteriormente al inicio del proceso mismo, en esa desmovilización no se contempló la exigencia del gobierno a la comandancia de las autodefensas de que desmontaran la estructura y las actividades ilícitas. Entonces esas estructuras y esas actividades ilícitas pervivieron y quedaron en manos de los mandos medios, que hoy son los grandes capos en el país; y son ellos los que están agenciando esta nueva oleada de violencia que estamos viviendo.

Tercero, las autoridades nuestras hoy tienen una gran impotencia para controlar la actividad de bandas y combos que actúan en la ciudad, lo cual se nota en el incremento de la criminalidad.

Además, el resurgimiento de esos grupos emergentes, si bien no se pueden caracterizar como estrictamente paramilitares, sí tienen una connotación de ese tipo en cuanto buena parte de sus integrantes son desmovilizados que le hicieron conejo al proceso de desmovilización. Aunque es importante destacar que estos nuevos grupos emergentes no tienen una clara vocación antisubversiva o antiguerrillera; al contrario, la tendencia es que tanto estos grupos, como una parte de la guerrilla, se identifiquen alrededor de preservar sus negocios ilícitos que los alimentan, como, por ejemplo, el narcotráfico. Y no tiene nada de raro que, por ejemplo, don Mario hoy éste siendo protegido por las Farc en el Urabá chocoano.

Periferia: ¿Por qué es insuficiente la seguridad democrática para garantizar la seguridad ciudadana? Se lo pregunto porque hay opiniones que dicen que lo que pasó en 2002 con la operación Orión fue un pacto tripartito entre el gobierno nacional de Uribe Vélez, recién posesionado, el alcalde Luis Pérez y el Bloque Cacique Nutibara liderado por don Berna, para sacar adelante una prueba piloto de que la política de seguridad democrática sí era efectiva.
Jorge Mejía: Yo creo que indudablemente la operación Orión implicó la consolidación del paramilitarismo en Medellín, precisamente de la mano de esa confabulación o complicidad de sectores de la fuerza pública con don Berna y seguramente sectores de la institucionalidad local. Esa confluencia produjo resultados inmediatos en la comuna 13 pero implicó que en el resto de la ciudad se consolidara un sector armado como las autodefensas con todas las consecuencias que posteriormente hemos vivido en la ciudad.

Ahora, sobre las falencias de la seguridad democrática tienen que ver con el excesivo énfasis que se ha puesto en la confrontación militar con la guerrilla, en considerar que el copamiento territorial es con fuerza pública dejando a un lado la atención a las comunidades que de una u otra manera estuvieron sometidas a la presencia de los paramilitares o de la misma guerrilla; o sea que la inversión social no acompañaba ese copamiento territorial por parte de la fuerza pública, lo que ha permitido que persistan las condiciones sociales, económicas, y culturales que constantemente están alimentando a los distintos grupos armados ilegales por cuanto mucha gente no tiene otra opción para sobrevivir a la de vincularse a esos grupos.

Periferia: ¿Existe o existió en Medellín la llamada “donbernabilidad”?
Jorge Mejía: Yo sí creo que en Medellín en años anteriores ha sido real la existencia de la llamada donbernabilidad, y precisamente uno de los problemas que ha tenido Alonso Salazar luego de su posesión como alcalde fue que él quiso romper con esa modalidad y cuando, en buena hora, decidió romper, se le han presentado los problemas que todos hemos conocido. Se le vinieron encima los paramilitares, igualmente un sector de la clase política tratando de originar procesos de revocatoria de su mandato y en general tratando de impedir el ejercicio de gobierno a nivel local.

En años anteriores se adoptó la actitud de que el conflicto o la paz se pueden comprar, lo que ha sido la tónica por parte de las administraciones anteriores. Comprar en el sentido de darle plata a los delincuentes, y se ha creído que eso es suficiente para garantizar la convivencia y su salida de la criminalidad, lo que no ha sido cierto. Por ejemplo, Luis Pérez planteó que él estaba dispuesto a comprar la guerra, eso fue en las postrimerías de su mandato y creo que durante la administración de Fajardo ocurrió esa misma modalidad. Esa misma visión persistió y, de hecho, hoy es muy clara la situación que se presenta. Tenemos cerca de 5000 muchachos que son financiados con recursos de la administración local; de esos, 3700 desmovilizados que reciben una mesada sin mayor control y entre 1100 y 1500 muchachos que hacen parte del programa de Jóvenes en Riesgo, que también reciben una mesada. Se ha logrado establecer que buena parte de esos muchachos destinan parte de esos recursos para comprar armas.

Mientras tanto, hay otro programa para incentivar muchachos que se destaquen en la actividad académica pero que no tienen ni la remuneración que se le da a los pillos y delincuentes de la ciudad, ni la sostenibilidad que los delincuentes sí tienen. Y es que cada año estos muchachos tienen que estar sometidos a justificar con notas sobresalientes su permanencia en ese programa, lo que no se le exige a los que ya hemos mencionado.

Periferia: Medellín es una ciudad que ha estado en disputa hace muchos años, se la han disputado el narcotráfico, las milicias y el paramilitarismo, entre otras. ¿Por qué es tan importante Medellín?
Jorge Mejía: Yo creo que Medellín es importante por varias cosas. Primero, es un corredor estratégico, por Medellín pasa buena parte de la droga que circula hacia Centroamérica y Norteamérica; igualmente Medellín es un centro muy importante de mercado negro de armas. Además, la cultura de la ilegalidad igualmente es un caldo de cultivo significativo en Medellín; aquí la cultura antioqueña se resquebrajó con la consolidación de expectativas que buscaban resolver rápidamente, y con atajos, el afán de enriquecimiento. Entonces esa quiebra de valores de la cultura antioqueña trastocó en casi 180 grados y se convirtió en una cultura permisiva con la delincuencia, en una cultura sumamente complaciente con la delincuencia en aras de lograr resultados a toda costa. Aquello de que el fin justifica los medios tiene una gran base de apoyo entre nosotros.

Periferia: Hoy Alonso Salazar no puede gobernar. Está enfrentado con sectores de la clase política, enfrentado con sectores muy poderosos de la delincuencia y en la ciudad uno puede sentir que hay quienes lo ven como una víctima de una serie de factores que atentan contra la posibilidad de que pueda gobernar, pero hay otros que dicen que parte de esa situación es responsabilidad de él porque mientras estuvo en la administración de Sergio Fajardo permitió de alguna manera que este tipo de cosas se dieran y no dio la voz de alerta frente a lo que se estaba presentando en Medellín debajo de esa aparente tranquilidad que se pregonaba en la ciudad. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
Jorge Mejía: Yo creo que Alonso con muchas dificultades sí ha estado gobernando en Medellín, de pronto le podría ir mejor si no tuviera que dedicar esfuerzos y atención a esas escaramuzas que se le han presentado tratando de ponerle zancadillas a su labor. Sin embargo, reitero que lo deseable es que hubiese habido normalidad porque indudablemente el plan de desarrollo que Alonso Salazar logró aprobar en el Concejo de la ciudad, es un excelente plan de desarrollo, tiene un contenido muy importante para la ciudad, pero ha tenido ese problema.  Lo otro es que al equipo de gobierno le ha faltado más dinamismo, le ha faltado más fuerza, de tal manera que el alcalde no se viera tan sólo, tan aislado. A este equipo le falta experiencia y formación política, lo que en circunstancias tormentosas como las actuales es importante y es necesario. Lo otro es que, lógicamente, Alonso tiene que estar salpicado del pantanero en que estuvo la ciudad en años anteriores, fruto de esa cierta connivencia de la autoridad civil y la fuerza pública con estos sectores ilegales, pero lo importante a destacar aquí es la decisión que tomó, cuando se posesionó como alcalde, de romper toda esa herencia que se traía y que de una u otra manera lo tenía salpicado. Al fin y al cabo no era él quien tenía en sus manos los destinos de la ciudad, no era él quien decidía las políticas públicas que en este campo de la convivencia y la seguridad se adoptaban en Medellín, lo que sí hizo cuando tuvo esa oportunidad.

Periferia: Hay un ambiente muy pesado en Medellín, una sensación de intranquilidad, de inseguridad, de no saber qué va a pasar, esto producto de la confrontación por el poder territorial, del reacomodamiento de diferentes grupos ilegales y del resurgir de lo que en Medellín se ha conocido como los combos. Frente a esta realidad, ¿Cómo podemos mirar a Medellín en el futuro inmediato, en medio de una situación que, aunque la gente no quiera, le está tocando vivir nuevamente?
Jorge Mejía: Otra falencia del proceso de desmovilización, cuyas consecuencias hoy estamos observando, fue la no existencia de un marco jurídico que permitiera atender a los jóvenes que han hecho parte de los combos y las bandas en la ciudad. La ley de justicia y paz y toda la normatividad que hay alrededor de ese proceso básicamente ha estado orientada a atender jurídicamente a los desmovilizados, pero esos otros sectores, esas otras redes que eran reguladas por los paramilitares, no se atendieron, no tuvieron espacio en esa negociación. Por ello, mientras don Berna y compañía tenían las riendas, esas bandas y combos estaban apaciguadas, pero cuando ese control desapareció y se abrió campo para la confrontación y la disputa por el control, se revivió nuevamente la actividad criminal de esas organizaciones. De allí que programas como jóvenes en Alto Riesgo, mientras no exista ese marco jurídico que permita negociar, que permita brindarle alternativas judiciales a los miembros de esas organizaciones, serán programas que no podrán resolver el problema.

El otro asunto es la necesidad de una mayor depuración de la institucionalidad en lo local. Lo ocurrido con la Fiscalía seccional; lo ocurrido con algunos funcionarios de la administración local, desde Mateo el guerrillero de las FARC, que hacía parte de la junta de EPM, hasta Gustavo Villegas y sus vínculos con sectores de la sociedad civil proclives a la delincuencia desde el empresariado y la corrupción que todavía existe en la fuerza pública. Particularmente, en la policía local hay sectores que han sido sumamente complacientes con estos grupos ilegales. Mientras todo ese panorama persista, difícilmente vamos a salir de esta coyuntura.

Tuesday, 10 March 2009 16:50

Cristianismo y revolución

Tuesday, 24 February 2009 16:27

Editorial No. 37 La fiesta del engaño

 
 
Hace aproximadamente un año se empezaron a escuchar las primeras noticias sobre la crisis que estaba afectando la economía norteamericana. Primero se habló de la crisis de las hipotecas, posteriormente se informó sobre la crisis del sistema financiero en su conjunto, y a finales del año anterior se dijo que la crisis era generalizada en el mundo capitalista desarrollado y no solo en Estado Unidos. Uno a uno los países llamados desarrollados han ido reconociendo la crisis y presentando “planes de salvamento” para sacar a las grandes empresas capitalistas de la quiebra en la que están.
Según el columnista y director de Noticias Uno, Daniel Coronel, este año que comienza es el de la consolidación del uribismo. No es el único que tiene un pronóstico oscuro de lo que va a hacer el gobierno este año y en lo que se está convirtiendo el Estado de Derecho en manos del presidente Uribe y sus secuaces. María Ximena Dusán incluso va más allá y habla del amanecer de la dictadura. En realidad no les falta razón y son muchos los elementos y circunstancias que permiten pronosticar esto, sobre todo por la manera descarada como el gobierno ha realizado sus últimas maniobras políticas, ya sin cuidar siquiera la forma ni intentar disfrazar el discurso.
Friday, 06 February 2009 16:10

Medios para el Fascismo

Entre el martes 30 de septiembre y el domingo 5 de octubre, los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, pretendieron paralizar al país por el secuestro y posterior asesinato del niño Luís Santiago a manos de su propio padre. Aunque el hecho es ciertamente atroz, conociendo el carácter manipulador de estos medios y la indiferencia con que habitualmente han tratado los salvajes asesinatos de muchos niños a manos de la propia fuerza pública y los paramilitares es obligada la pregunta: ¿Acaso hubo un despertar súbito y general de la sensibilidad de los medios por la situación de los niños en Colombia? ¿O en su afán manipulador están invocando la sensiblería de la gente con otros propósitos más viles? Todo parece indicar que esta última es la posibilidad más real.

Justo 15 días antes del caso de Luís Santiago, catalogado por los medios masivos como una tragedia nacional, se cumplían 8 años de la vil masacre de Pueblo Rico, en donde el ejército nacional disparó indiscriminadamente durante más de cuarenta minutos contra un grupo de niños de escuela, entre seis y diez años, que realizaban un paseo ecológico. En este hecho fueron asesinados seis infantes (cuatro niños y dos niñas) e hirieron a dos niñas y dos niños más. En su momento, los medios de comunicación no solo no intentaron sensibilizar al país, sino que encubrieron el hecho resaltando solo la versión de los oficiales asesinos, quienes aseguraban haber respondido a un ataque guerrillero.

Tampoco intentaron los medios promover la sensibilidad de los colombianos ante la masacre cometida por los paramilitares y el ejército nacional el 21 de febrero de 2005 en San José de Apartadó, en donde, junto a cinco adultos, fueron asesinados tres niños, uno de ellos de solo 18 meses. Los otros dos, una niña de cinco años y su hermano de seis, fueron picados a machete delante de sus padres, supuestamente para impedir que se volvieran guerrilleros en el futuro. Pero a pesar de la crueldad de los hechos, a juicio de los grandes medios no eran tan importantes como para generar una conmoción nacional. De hecho, más bien se dedicaron a difundir las versiones de los oficiales del ejército, e incluso las temerarias declaraciones del presidente Álvaro Uribe en las que de alguna manera justificaba la masacre señalando a la comunidad de paz como un refugio de guerrilleros.

A estos, que son apenas dos ejemplos entre muchos, tendríamos que agregar lo que sucede hoy en la comuna trece de Medellín, donde los niños son arrancados de las faldas de sus madres por las bandas paramilitares, antes incluso de cumplir los 9 años. Los convierten en asesinos y drogadictos con la complicidad y el apoyo de la fuerza pública, formando así una cadena de descomposición y muerte en los barrios más pobres de la ciudad. Y a pesar de que esta es una práctica ya sistemática, no ha logrado conmover a los dueños de la gran prensa, tan preocupada de golpe por los derechos de los niños.

¿Qué es lo que buscan entonces los medios masivos con este nuevo espectáculo? A nuestro juicio hay dos propósitos fundamentales, ambos encaminados a afianzar un gobierno y una práctica de poder fascista en el país, proyectada en el mediano plazo. Por un lado, quieren los medios acallar, con el ruido espectacular en torno al asesinato de Luís Santiago, una serie de denuncias sobre prácticas que vienen desarrollando el gobierno y la ultraderecha para afianzar un régimen autoritario y fascista.

Entre ellas podemos mencionar el informe que esa misma semana presentaba el Observatorio de la Coordinación Colombia Europa en el que mostraba un incremento alarmante de las Ejecuciones Extrajudiciales en lo que va del gobierno de Álvaro Uribe, 1.112 casos registrados entre el 2002 y el 2007. Y como para corroborar esta realidad, se empezaba a conocer el caso de un grupo de jóvenes desaparecidos en Soacha, Cundinamarca, y luego encontrados en fosas comunes en Ocaña, a muchísimos kilómetros de distancia, donde fueron presentados por las autoridades como muertos en combate al día siguiente de su desaparición. Esto deja ver como el actual gobierno ha asumido definitivamente la práctica de las ejecuciones extra judiciales como una de las estrategias privilegiadas en su lucha por desarticular las organizaciones sociales, disfrazada de lucha contrainsurgente. La situación es tan grave que la misma fiscalía tuvo que reconocer que los casos similares ocurridos este año son más de 100.

A este horror  habría que sumarle la estrategia de “limpieza social” que está desplegando la fuerza pública en las grandes ciudades, al mejor estilo fascista: desapareciendo los indigentes de las calles, que luego aparecen en cualquier fosa común reportados por las autoridades como muertos en combate. Algunas denuncias aseguran que la estrategia contempla compensaciones para los soldados entre las que destacan una licencia por cada cinco asesinatos de este tipo por mes. Sin embargo, estos hechos pasaron casi inadvertidos en los medios precisamente porque todas sus cámaras y pantallas estaban ocupadas con el espectáculo de Luis Santiago.

Pero lo peor no es siquiera lo que pretenden ocultar los medios sino lo que quieren promover: a través de este espectáculo los medios masivos han querido crear la atmósfera de simpatía pública para que se instaure en Colombia la cadena perpetua o pena de muerte, que de hecho ya está establecida por el propio estado en las ejecuciones extrajudiciales. Los periodistas sobre todo se veían muy insistentes preguntándole a la gente del común cuál era la pena que merecía el asesino del niño, como si fuera esta la forma más expedita para reformar el código penal. La respuesta tenía que ser obvia después de toda la campaña mediática que se ha hecho por legitimar la iniciativa promovida por cierta élite capitalina, con la recolección de firmas para promover un referendo a favor de la cadena perpetua, a raíz del incremento de violaciones a menores.

Lo de los niños es en realidad una disculpa que queda ilustrada con el silencio, la indiferencia e incluso la complicidad de los mismos medios masivos frente a los actos de crueldad y barbarie cometidos contra los niños por el propio estado a través de sus fuerzas legales e ilegales. Así que el propósito real es la promoción de la cadena perpetua – y si se puede la pena de muerte- a secas. Y la idea es irla extendiendo hacia  otras prácticas delictivas sobre las que se pueda incentivar igual sensiblería. Ya el mismo Fiscal General ha propuesto que tal castigo se extienda a los secuestradores. Y no es difícil advertir que con los mismos argumentos empezará a legitimarse su aplicación contra todos aquellos actos que el estado considere “terroristas” y poco a poco se convertirá en el arma privilegiada para combatir la oposición política.

El caso no ilustra solo la doble moral de la élite colombiana. Lo más preocupante es la forma de legislar que empieza a ponerse de moda, al servicio de la élite gobernante. Hoy en Colombia, apelando a la fórmula del fascismo desplegada magistralmente por Musolini y Hitler, la legislación desecha el escenario del debate público en el Senado y apela al sentimiento directo del pueblo, manipulado previamente por los medios de comunicación a favor de los intereses particulares de la élite y sus gobernantes. Esta es la columna vertebral de una dictadura populista, que pretende traslapar la voluntad del gobierno bajo el manto de voluntad del pueblo. Precisamente sobre esta columna se acaba de instaurar, de la forma más burda y descarada, un Estado de Conmoción Interior para darle facultades extraordinarias al gobierno en el manejo del orden público. Aunque la medida tiene como única disculpa un paro de la rama judicial, fue con antelación promovida, casi exigida por los medios masivos en el mismo cubrimiento que hicieron del paro.. Y es que con la propaganda de los medios masivos servida, la racionalidad no es necesaria, cualquier cosa es disculpa para acabar de darle forma a este régimen autoritario y fascista.
Friday, 09 January 2009 13:48

Editorial 35 La minga somos todos

En estos últimos meses se ha revitalizado el movimiento popular en Colombia de una manera impresionante: Las movilizaciones de los trabajadores estatales, el paro camionero, la febril actividad estudiantil, etc. Pero son sobre todo la huelga de los corteros de caña en el Valle del Cauca y la Minga indígena los que le han devuelto la beligerancia y ansias de dignidad al movimiento popular. Sobra decir que, además del espíritu combativo de las organizaciones populares, son las mismas condiciones asfixiantes que este régimen perverso nos impone las que han disparado las movilizaciones, y que en ellas mismas se ha hecho todavía más evidente ya no solo el talante represivo de este gobierno sino su proyección decidida hacia una dictadura civil.

En estas movilizaciones varios indígenas han sido asesinados por la fuerza pública y algunos de los corteros de caña han sido judicializados. Como si fuera poco, en los últimos días, el coordinador de la Unidad contra el terrorismo, de la Fiscalía, ordenó investigar las bases de datos de los estudiantes de varias universidades públicas de Bogotá desde 1992, con la absurda pretensión de identificar a 55 miembros de las FARC, vinculados a las universidades, según los hallazgos en un computador de ese grupo guerrillero, en donde supuestamente se mencionan con nombre y foto (y en razón de esta pretensión ya empezaron las capturas masivas: Entre el 13 y el 14 de noviembre, la policía hizo efectiva en Bogotá la captura de 8 personas entre estudiantes y profesores, de 30 órdenes que hay por ejecutar). La estigmatización generalizada de los estudiantes de estas universidades, en vez de la individualización en la investigación, es una clara torcedura de la lógica común. Justo en momentos en que estos centros educativos vienen movilizándose de manera continua por la reivindicación de la educación pública, son centros dinámicos de la oposición al gobierno y de solidaridad con el movimiento popular.

Pero eso no es nuevo. La estigmatización ha sido una estrategia recurrida para deslegitimar a las organizaciones sociales, y la represión de la protesta social ha sido una constante de todos los gobiernos en Colombia, aunque este la haya llevado a niveles definitivamente dramáticos con su política de seguridad democrática. Lo singular de esta coyuntura, sin embargo, es que en ella el gobierno inaugura con sagacidad una manera frontal para neutralizar el ejercicio político de la oposición y cortar sus vínculos con las organizaciones populares que luchan por la transformación social.

Desde estas mismas páginas le hemos criticado al Polo Democrático, como partido de oposición, mantenerse aislado de las luchas populares y no poner su fuerza al servicio de la movilización, sino más bien utilizar al movimiento popular como simple caudal electoral. Pero ahora, cuando Alexander López, miembro de esa colectividad y senador de la república, asesora e impulsa la huelga de los corteros de caña en el Valle del Cauca, el gobierno lo acusa como si el acto fuera delictivo. De hecho, la propia Fiscalía, siguiéndole el juego al presidente, le abrió proceso penal a varios de los asesores del senador e incluso logró privar de la libertad temporalmente a algunos de ellos. En la misma dirección se orientaron las declaraciones públicas del Ministro de Protección Social contra el presidente de la CUT, Tarcisio Mora, acusándolo de querer desestabilizar al gobierno concertando una serie de movilizaciones de los trabajadores oficiales.

Pero ¿Cuál es el delito que comete un dirigente político de oposición impulsando y asesorando la protesta social de los trabajadores contra los empresarios que los denigran o contra el gobierno mismo que hace lo propio? ¿No es acaso una de las funciones estratégicas de un directivo de una central obrera coordinar las acciones y movilizaciones de los trabajadores en la lucha por sus reivindicaciones? ¿Y no es acaso este un ejercicio que no solo debe tolerar sino demandar una democracia, incluso la democracia de papel como es la burguesa? Estas preguntas, desde luego, no fueron formuladas por los periodistas de los medios masivos de comunicación, que se limitaron a hacerle eco a la vocinglería oficial. Si se las hicieran dejarían al descubierto que lo que hacen estos dirigentes populares es ejercitar de verdad la democracia y que de lo que realmente los acusa el gobierno es de ejercer la oposición en el terreno real, en la organización de las luchas populares.

Y como para que no quede duda de que la apuesta del gobierno es por aplastar la oposición política, el senador Gustavo Petro logró develar un plan de seguimiento fraguado desde las altas instancias del DAS, el escenario de la inteligencia estatal: una orden impartida a todas las unidades para vigilar al senador y dar cuenta de todas sus acciones y todas sus relaciones. Y otros dos en los que se ordena un seguimiento a toda la colectividad. Aquí se pedía información acerca de la identificación plena de los delegados al II Congreso nacional y sus posibles vínculos con organizaciones terroristas, las proyecciones estratégicas para desestabilizar al gobierno, alianzas con organizaciones sociales (sindicatos y ONGs), etc. Siempre al acecho de cualquier desliz que le posibilite al gobierno armar el montaje, como es su costumbre, para implicar penalmente a los miembros del Polo y de paso desprestigiar a todo el partido.

Lo que vemos en estas estratagemas es ya una embestida brutal y grosera en donde sin ningún discurso justificatorio se busca penalizar la oposición política por el mero hecho de ser oposición. Así quiere el gobierno cerrar definitivamente el mínimo espacio que hasta ahora se le había concedido a la democracia en este ordenamiento burgués. Ni siquiera esto puede tolerarlo la derecha recalcitrante que hoy gobierna, y eso es precisamente lo que la empuja hacia la dictadura, para garantizar su pervivencia en el poder.

Por fortuna la movilización de los indígenas y de los corteros hoy tiene unos niveles de claridad y decisión que le permiten avanzar incluso por encima de estas barreras y beber de las fuentes de otras inconformidades. El esclavismo latente al que están sometidos los corteros y las vicisitudes de sus familias ha logrado conmover un grueso importante de la población colombiana. Y la férrea decisión de los indígenas, su organización y capacidad de planificación ha logrado despertar simpatía y admiración en las demás organizaciones populares, que parecen dispuestas a acompañarlos en esta lucha, confiados en su fuerza y entusiasmo.

La solidaridad que estas movilizaciones han despertado en el grueso de las organizaciones sociales permite pensar en un proceso amplio, sobre todo ahora que los indígenas nos invitan a una minga popular que una a las demandas de su organización todas aquellas que siguen pendientes en los sectores populares. Nosotros creemos conveniente y pertinente esta minga popular como movimiento que se irradie por todos los territorios del país y presione y busque salidas a la actual crisis humanitaria. Pero además creemos necesario que ponga a la cabeza de sus demandas la renuncia del presidente Álvaro Uribe Vélez. No solo por la crisis humanitaria en que hunde al país cada vez más con total despotismo, sino por la dictadura civil criminal y sangrienta que construye para imponernos la crisis como norma. Además, porque los escándalos recientes por las ejecuciones extrajudiciales dejan ver que esta es una de las estrategias privilegiadas de la política de seguridad democrática para imponer esa dictadura. Un gobierno que se basa sistemáticamente en el asesinato y el terror no puede permanecer incólume, tiene que ser derribado y juzgado por el pueblo.
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