Periferia

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Según el columnista y director de Noticias Uno, Daniel Coronel, este año que comienza es el de la consolidación del uribismo. No es el único que tiene un pronóstico oscuro de lo que va a hacer el gobierno este año y en lo que se está convirtiendo el Estado de Derecho en manos del presidente Uribe y sus secuaces. María Ximena Dusán incluso va más allá y habla del amanecer de la dictadura. En realidad no les falta razón y son muchos los elementos y circunstancias que permiten pronosticar esto, sobre todo por la manera descarada como el gobierno ha realizado sus últimas maniobras políticas, ya sin cuidar siquiera la forma ni intentar disfrazar el discurso.
Friday, 06 February 2009 16:10

Medios para el Fascismo

Entre el martes 30 de septiembre y el domingo 5 de octubre, los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión, pretendieron paralizar al país por el secuestro y posterior asesinato del niño Luís Santiago a manos de su propio padre. Aunque el hecho es ciertamente atroz, conociendo el carácter manipulador de estos medios y la indiferencia con que habitualmente han tratado los salvajes asesinatos de muchos niños a manos de la propia fuerza pública y los paramilitares es obligada la pregunta: ¿Acaso hubo un despertar súbito y general de la sensibilidad de los medios por la situación de los niños en Colombia? ¿O en su afán manipulador están invocando la sensiblería de la gente con otros propósitos más viles? Todo parece indicar que esta última es la posibilidad más real.

Justo 15 días antes del caso de Luís Santiago, catalogado por los medios masivos como una tragedia nacional, se cumplían 8 años de la vil masacre de Pueblo Rico, en donde el ejército nacional disparó indiscriminadamente durante más de cuarenta minutos contra un grupo de niños de escuela, entre seis y diez años, que realizaban un paseo ecológico. En este hecho fueron asesinados seis infantes (cuatro niños y dos niñas) e hirieron a dos niñas y dos niños más. En su momento, los medios de comunicación no solo no intentaron sensibilizar al país, sino que encubrieron el hecho resaltando solo la versión de los oficiales asesinos, quienes aseguraban haber respondido a un ataque guerrillero.

Tampoco intentaron los medios promover la sensibilidad de los colombianos ante la masacre cometida por los paramilitares y el ejército nacional el 21 de febrero de 2005 en San José de Apartadó, en donde, junto a cinco adultos, fueron asesinados tres niños, uno de ellos de solo 18 meses. Los otros dos, una niña de cinco años y su hermano de seis, fueron picados a machete delante de sus padres, supuestamente para impedir que se volvieran guerrilleros en el futuro. Pero a pesar de la crueldad de los hechos, a juicio de los grandes medios no eran tan importantes como para generar una conmoción nacional. De hecho, más bien se dedicaron a difundir las versiones de los oficiales del ejército, e incluso las temerarias declaraciones del presidente Álvaro Uribe en las que de alguna manera justificaba la masacre señalando a la comunidad de paz como un refugio de guerrilleros.

A estos, que son apenas dos ejemplos entre muchos, tendríamos que agregar lo que sucede hoy en la comuna trece de Medellín, donde los niños son arrancados de las faldas de sus madres por las bandas paramilitares, antes incluso de cumplir los 9 años. Los convierten en asesinos y drogadictos con la complicidad y el apoyo de la fuerza pública, formando así una cadena de descomposición y muerte en los barrios más pobres de la ciudad. Y a pesar de que esta es una práctica ya sistemática, no ha logrado conmover a los dueños de la gran prensa, tan preocupada de golpe por los derechos de los niños.

¿Qué es lo que buscan entonces los medios masivos con este nuevo espectáculo? A nuestro juicio hay dos propósitos fundamentales, ambos encaminados a afianzar un gobierno y una práctica de poder fascista en el país, proyectada en el mediano plazo. Por un lado, quieren los medios acallar, con el ruido espectacular en torno al asesinato de Luís Santiago, una serie de denuncias sobre prácticas que vienen desarrollando el gobierno y la ultraderecha para afianzar un régimen autoritario y fascista.

Entre ellas podemos mencionar el informe que esa misma semana presentaba el Observatorio de la Coordinación Colombia Europa en el que mostraba un incremento alarmante de las Ejecuciones Extrajudiciales en lo que va del gobierno de Álvaro Uribe, 1.112 casos registrados entre el 2002 y el 2007. Y como para corroborar esta realidad, se empezaba a conocer el caso de un grupo de jóvenes desaparecidos en Soacha, Cundinamarca, y luego encontrados en fosas comunes en Ocaña, a muchísimos kilómetros de distancia, donde fueron presentados por las autoridades como muertos en combate al día siguiente de su desaparición. Esto deja ver como el actual gobierno ha asumido definitivamente la práctica de las ejecuciones extra judiciales como una de las estrategias privilegiadas en su lucha por desarticular las organizaciones sociales, disfrazada de lucha contrainsurgente. La situación es tan grave que la misma fiscalía tuvo que reconocer que los casos similares ocurridos este año son más de 100.

A este horror  habría que sumarle la estrategia de “limpieza social” que está desplegando la fuerza pública en las grandes ciudades, al mejor estilo fascista: desapareciendo los indigentes de las calles, que luego aparecen en cualquier fosa común reportados por las autoridades como muertos en combate. Algunas denuncias aseguran que la estrategia contempla compensaciones para los soldados entre las que destacan una licencia por cada cinco asesinatos de este tipo por mes. Sin embargo, estos hechos pasaron casi inadvertidos en los medios precisamente porque todas sus cámaras y pantallas estaban ocupadas con el espectáculo de Luis Santiago.

Pero lo peor no es siquiera lo que pretenden ocultar los medios sino lo que quieren promover: a través de este espectáculo los medios masivos han querido crear la atmósfera de simpatía pública para que se instaure en Colombia la cadena perpetua o pena de muerte, que de hecho ya está establecida por el propio estado en las ejecuciones extrajudiciales. Los periodistas sobre todo se veían muy insistentes preguntándole a la gente del común cuál era la pena que merecía el asesino del niño, como si fuera esta la forma más expedita para reformar el código penal. La respuesta tenía que ser obvia después de toda la campaña mediática que se ha hecho por legitimar la iniciativa promovida por cierta élite capitalina, con la recolección de firmas para promover un referendo a favor de la cadena perpetua, a raíz del incremento de violaciones a menores.

Lo de los niños es en realidad una disculpa que queda ilustrada con el silencio, la indiferencia e incluso la complicidad de los mismos medios masivos frente a los actos de crueldad y barbarie cometidos contra los niños por el propio estado a través de sus fuerzas legales e ilegales. Así que el propósito real es la promoción de la cadena perpetua – y si se puede la pena de muerte- a secas. Y la idea es irla extendiendo hacia  otras prácticas delictivas sobre las que se pueda incentivar igual sensiblería. Ya el mismo Fiscal General ha propuesto que tal castigo se extienda a los secuestradores. Y no es difícil advertir que con los mismos argumentos empezará a legitimarse su aplicación contra todos aquellos actos que el estado considere “terroristas” y poco a poco se convertirá en el arma privilegiada para combatir la oposición política.

El caso no ilustra solo la doble moral de la élite colombiana. Lo más preocupante es la forma de legislar que empieza a ponerse de moda, al servicio de la élite gobernante. Hoy en Colombia, apelando a la fórmula del fascismo desplegada magistralmente por Musolini y Hitler, la legislación desecha el escenario del debate público en el Senado y apela al sentimiento directo del pueblo, manipulado previamente por los medios de comunicación a favor de los intereses particulares de la élite y sus gobernantes. Esta es la columna vertebral de una dictadura populista, que pretende traslapar la voluntad del gobierno bajo el manto de voluntad del pueblo. Precisamente sobre esta columna se acaba de instaurar, de la forma más burda y descarada, un Estado de Conmoción Interior para darle facultades extraordinarias al gobierno en el manejo del orden público. Aunque la medida tiene como única disculpa un paro de la rama judicial, fue con antelación promovida, casi exigida por los medios masivos en el mismo cubrimiento que hicieron del paro.. Y es que con la propaganda de los medios masivos servida, la racionalidad no es necesaria, cualquier cosa es disculpa para acabar de darle forma a este régimen autoritario y fascista.
Friday, 09 January 2009 13:48

Editorial 35 La minga somos todos

En estos últimos meses se ha revitalizado el movimiento popular en Colombia de una manera impresionante: Las movilizaciones de los trabajadores estatales, el paro camionero, la febril actividad estudiantil, etc. Pero son sobre todo la huelga de los corteros de caña en el Valle del Cauca y la Minga indígena los que le han devuelto la beligerancia y ansias de dignidad al movimiento popular. Sobra decir que, además del espíritu combativo de las organizaciones populares, son las mismas condiciones asfixiantes que este régimen perverso nos impone las que han disparado las movilizaciones, y que en ellas mismas se ha hecho todavía más evidente ya no solo el talante represivo de este gobierno sino su proyección decidida hacia una dictadura civil.

En estas movilizaciones varios indígenas han sido asesinados por la fuerza pública y algunos de los corteros de caña han sido judicializados. Como si fuera poco, en los últimos días, el coordinador de la Unidad contra el terrorismo, de la Fiscalía, ordenó investigar las bases de datos de los estudiantes de varias universidades públicas de Bogotá desde 1992, con la absurda pretensión de identificar a 55 miembros de las FARC, vinculados a las universidades, según los hallazgos en un computador de ese grupo guerrillero, en donde supuestamente se mencionan con nombre y foto (y en razón de esta pretensión ya empezaron las capturas masivas: Entre el 13 y el 14 de noviembre, la policía hizo efectiva en Bogotá la captura de 8 personas entre estudiantes y profesores, de 30 órdenes que hay por ejecutar). La estigmatización generalizada de los estudiantes de estas universidades, en vez de la individualización en la investigación, es una clara torcedura de la lógica común. Justo en momentos en que estos centros educativos vienen movilizándose de manera continua por la reivindicación de la educación pública, son centros dinámicos de la oposición al gobierno y de solidaridad con el movimiento popular.

Pero eso no es nuevo. La estigmatización ha sido una estrategia recurrida para deslegitimar a las organizaciones sociales, y la represión de la protesta social ha sido una constante de todos los gobiernos en Colombia, aunque este la haya llevado a niveles definitivamente dramáticos con su política de seguridad democrática. Lo singular de esta coyuntura, sin embargo, es que en ella el gobierno inaugura con sagacidad una manera frontal para neutralizar el ejercicio político de la oposición y cortar sus vínculos con las organizaciones populares que luchan por la transformación social.

Desde estas mismas páginas le hemos criticado al Polo Democrático, como partido de oposición, mantenerse aislado de las luchas populares y no poner su fuerza al servicio de la movilización, sino más bien utilizar al movimiento popular como simple caudal electoral. Pero ahora, cuando Alexander López, miembro de esa colectividad y senador de la república, asesora e impulsa la huelga de los corteros de caña en el Valle del Cauca, el gobierno lo acusa como si el acto fuera delictivo. De hecho, la propia Fiscalía, siguiéndole el juego al presidente, le abrió proceso penal a varios de los asesores del senador e incluso logró privar de la libertad temporalmente a algunos de ellos. En la misma dirección se orientaron las declaraciones públicas del Ministro de Protección Social contra el presidente de la CUT, Tarcisio Mora, acusándolo de querer desestabilizar al gobierno concertando una serie de movilizaciones de los trabajadores oficiales.

Pero ¿Cuál es el delito que comete un dirigente político de oposición impulsando y asesorando la protesta social de los trabajadores contra los empresarios que los denigran o contra el gobierno mismo que hace lo propio? ¿No es acaso una de las funciones estratégicas de un directivo de una central obrera coordinar las acciones y movilizaciones de los trabajadores en la lucha por sus reivindicaciones? ¿Y no es acaso este un ejercicio que no solo debe tolerar sino demandar una democracia, incluso la democracia de papel como es la burguesa? Estas preguntas, desde luego, no fueron formuladas por los periodistas de los medios masivos de comunicación, que se limitaron a hacerle eco a la vocinglería oficial. Si se las hicieran dejarían al descubierto que lo que hacen estos dirigentes populares es ejercitar de verdad la democracia y que de lo que realmente los acusa el gobierno es de ejercer la oposición en el terreno real, en la organización de las luchas populares.

Y como para que no quede duda de que la apuesta del gobierno es por aplastar la oposición política, el senador Gustavo Petro logró develar un plan de seguimiento fraguado desde las altas instancias del DAS, el escenario de la inteligencia estatal: una orden impartida a todas las unidades para vigilar al senador y dar cuenta de todas sus acciones y todas sus relaciones. Y otros dos en los que se ordena un seguimiento a toda la colectividad. Aquí se pedía información acerca de la identificación plena de los delegados al II Congreso nacional y sus posibles vínculos con organizaciones terroristas, las proyecciones estratégicas para desestabilizar al gobierno, alianzas con organizaciones sociales (sindicatos y ONGs), etc. Siempre al acecho de cualquier desliz que le posibilite al gobierno armar el montaje, como es su costumbre, para implicar penalmente a los miembros del Polo y de paso desprestigiar a todo el partido.

Lo que vemos en estas estratagemas es ya una embestida brutal y grosera en donde sin ningún discurso justificatorio se busca penalizar la oposición política por el mero hecho de ser oposición. Así quiere el gobierno cerrar definitivamente el mínimo espacio que hasta ahora se le había concedido a la democracia en este ordenamiento burgués. Ni siquiera esto puede tolerarlo la derecha recalcitrante que hoy gobierna, y eso es precisamente lo que la empuja hacia la dictadura, para garantizar su pervivencia en el poder.

Por fortuna la movilización de los indígenas y de los corteros hoy tiene unos niveles de claridad y decisión que le permiten avanzar incluso por encima de estas barreras y beber de las fuentes de otras inconformidades. El esclavismo latente al que están sometidos los corteros y las vicisitudes de sus familias ha logrado conmover un grueso importante de la población colombiana. Y la férrea decisión de los indígenas, su organización y capacidad de planificación ha logrado despertar simpatía y admiración en las demás organizaciones populares, que parecen dispuestas a acompañarlos en esta lucha, confiados en su fuerza y entusiasmo.

La solidaridad que estas movilizaciones han despertado en el grueso de las organizaciones sociales permite pensar en un proceso amplio, sobre todo ahora que los indígenas nos invitan a una minga popular que una a las demandas de su organización todas aquellas que siguen pendientes en los sectores populares. Nosotros creemos conveniente y pertinente esta minga popular como movimiento que se irradie por todos los territorios del país y presione y busque salidas a la actual crisis humanitaria. Pero además creemos necesario que ponga a la cabeza de sus demandas la renuncia del presidente Álvaro Uribe Vélez. No solo por la crisis humanitaria en que hunde al país cada vez más con total despotismo, sino por la dictadura civil criminal y sangrienta que construye para imponernos la crisis como norma. Además, porque los escándalos recientes por las ejecuciones extrajudiciales dejan ver que esta es una de las estrategias privilegiadas de la política de seguridad democrática para imponer esa dictadura. Un gobierno que se basa sistemáticamente en el asesinato y el terror no puede permanecer incólume, tiene que ser derribado y juzgado por el pueblo.
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