Olimpo Cárdenas Delgado

Olimpo Cárdenas Delgado

Tuesday, 17 November 2020 00:00

La Caravana que el miedo no pudo detener

Mataron a Carlitos Navia en Argelia, informaba un mensaje de WhatsApp mientras discutíamos con la Procuraduría, el Ministerio del Interior, y los responsables de derechos humanos del Ministerio de Defensa, la importancia de proteger las vidas de los líderes y lideresas de las comunidades de la región, y también a los cientos de participantes que pretendíamos llevar una voz de aliento y esperanza a nuestros hermanos y hermanas del Cañón del Micay, un hermoso lugar entre los municipios de Argelia y El Tambo, empalizado por gigantescas y afiladas montañas que se tejen unas con otras en el bello pero desangrado departamento del Cauca.

Ese 26 de octubre, tres días antes de iniciar la Caravana, la noticia caía como balde de agua fría. Era una advertencia de los grupos armados a los organizadores de la acción humanitaria y a las comunidades para que no se involucraran en la preparación ni participaran. Cobrar vidas a los concejos comunitarios de los Pueblos Negros, a los liderazgos sociales, a campesinos y campesinas que se oponen a la fumigación con glifosato, defienden la sustitución voluntaria de la hoja de coca, y piden la implementación del Acuerdo de Paz, es moneda corriente en el Cañón del Micay, y en casi todo el departamento del Cauca. Esa era la principal razón que nos empujaba a viajar desde diferentes regiones del país hacia un lugar desconocido donde se asesinan a nuestros hermanos y hermanas en medio del mayor abandono estatal. Abrazar, mirar sus rostros, ofrecer una voz de esperanza y llamar la atención de la sociedad y el mundo sobre esos rostros era nuestro objetivo. También sacudir a los entes estatales y gubernamentales, cuya acción y omisión son cómplices del genocidio que allí se adelanta.

Nada iba a detener la Caravana, mucho menos el miedo. Pero el día 29 de octubre, después de cerrar una reunión con la gobernación del Cauca y con las fuerzas militares y de policía en Popayán, justamente para coordinar todos los asuntos de seguridad y debatir sobre la grave situación de violencia y falta de soluciones, llegaron más malas noticias. Al senador indígena Feliciano Valencia, quien anunció públicamente su presencia en la Caravana, le hicieron un atentado, tres impactos de arma de fuego penetraron en el fuselaje de su vehículo blindado en Tacueyó, norte del Cauca. Al mismo tiempo, en el corregimiento de El Plateado, a donde pretendíamos llegar el 31 de octubre, se presentaban hechos que lamentar: el asesinato de un hombre mayor, invidente y muy apreciado en su comunidad por ser un boticario, al que hombres uniformados y fuertemente armados sacaron de su casa y ultimaron a bala; la quema de un vehículo frente a una estación de servicios y un enfrentamiento armado entre los grupos que imponen su ley allí. Al fuego le caía más combustible.

Para aumentar la tensión y convencernos de que no debíamos continuar, con excusas todas las instancias del gobierno y las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos y la integridad de las personas se negaban a acompañar de manera directa la acción humanitaria. También la Mapp OEA y otros entes internacionales que solo se remitieron a estar atentos y dispuestos a levantar su voz para prevenir y denunciar cualquier hecho grave. El techo de tanta irresponsabilidad y mala voluntad gubernamental llegó con las declaraciones salidas de la boca sucia del consejero presidencial Emilio Archila, quien manifestó públicamente que la acción humanitaria de la Caravana no era más que politiquería, y que lo que pretendíamos era aprovechar la muerte de los líderes y gente de la región para dividir a los colombianos, hágame el favor.

A pesar de todo la Caravana encendió el motor, solos íbamos nosotros, el pueblo. El 30 de octubre, siete chivas repletas de valor y dignidad negra, campesina, indígena y mestiza. Tambores que no dejaban de latir como los corazones de los cerca de 500 entusiastas y valientes armados de solidaridad y amor. Del frío al calor, de la montaña al valle, del verde oscuro al claro. De las curvas suaves de la carretera gris pavimentada, a las pronunciadas, estrechas y empinadas de la carretera destapada que bordeaba los precipicios. No tomen fotos, si nos encontramos a los armados dejemos que los encargados hablen, no los miren, a ellos no les gusta, cuando lleguemos nadie puede andar solo, orientaban los encargados de derechos humanos. Y así, entre alegrías, cantos y el retumbar de las tamboras que alejaban al miedo, llegamos entrada la noche al municipio de Argelia. Nos esperaban chicas y chicos jóvenes, en motos y vehículos con banderas blancas y avisos de bienvenida, también, curiosamente, los caballistas del Micay, quienes en hermosos ejemplares conducían al grupo que daba la bienvenida.

Era de noche, y sin embargo la gente salía a las puertas y ventanas para mover sus manos y mostrar su sonrisa en señal de saludo y aprobación. Llegamos al colegio que nos hospedaría, en el que nos juntaríamos por tres días a convencernos de que el poder de la unidad y la solidaridad era capaz de superar hasta la muerte. Cada uno y cada una armó su carpa, sacó su plato y su cuchara, comimos, los que pudieron se bañaron. Esa noche dormimos profundamente, en los sueños también nos acompañamos y nos dimos fuerza para seguir con nuestra aventura en la madrugada siguiente.

El 31 de octubre todos a bañarse y desayunar muy temprano. Nos esperaba un caluroso día en el parque central de Argelia. Mientras unos coordinaban con los procesos y autoridades civiles del municipio, otros y otras afilaban sus pinceles, pulían sus artes de ventrílocuos, peinaban sus muñecos, afinaban sus instrumentos musicales, hacían sus últimos ensayos de baile y canto. Era un día para conocer a la gente de Argelia, jugar con los niños y las niñas, dejar huella en las paredes y en la memoria de sus habitantes, hablar desde el lenguaje del arte. Había que ponerse presentable para la ocasión.

Jonathan, el alcalde, dijo aquí estoy para las que sea, cuenten conmigo. Y así fue, él y su secretaria Natalia se pusieron la diez, como dicen. Participaron en las actividades, asistieron y saludaron los actos. Nos contaron que en Argelia han asesinado este año 51 personas, 30 en el municipio de El Tambo, y en los alrededores por lo menos 20 personas más, o sea que las muertes violentas en esa región superan los 100 casos. También nos compartieron su pesar y malestar por la falta de compromiso gubernamental con la implementación del Acuerdo de Paz. Es una pena que mientras en su municipio más de 11.400 familias campesinas trabajaron de manera comprometida la propuesta para el programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), el gobierno no haya salido con nada, pero si haya sacado pecho públicamente diciendo que ha trabajado en ese programa en la región, cuando sus propuestas son para tan solo 150 familias.

Desde las 10 de la mañana el parque central se colmó de actividades culturales, musicales, artísticas, murales, clases de percusión, de malabares, y elaboración de pancartas, fue un día del color y el tamaño de los sueños de la noche anterior. Los excombatientes y procesos sociales del corregimiento El Mango tenían preparada una sorpresa, una invitación a almorzar y compartir con esa comunidad, allí los rostros de alegría y esperanza también le dieron la bienvenida a la Caravana. El sol se ocultó tras las siluetas de los artistas, los comunicadores y comunicadoras, los defensores y defensoras de derechos humanos, y las manos levantadas diciendo adiós y gracias.

La noche cerró tensa, aunque no se dijo nada públicamente, en la Asamblea convocada para preparar la salida de madrugada hacia El Plateado, nuevos mensajes de amenaza y advertencia llegaban desde ese corregimiento. No vengan por aquí o aténganse a las consecuencias; el que asista o apoye la Caravana será declarado objetivo militar. Como si hubiera sido una orden, el colectivo omitió hablar del tema, nadie quería negarse la posibilidad de asistir en cuerpo y alma a percibir con sus sentidos el dolor de esos compatriotas que en la oscuridad de sus miedos esperaban ansiosos las voces, los abrazos y los mensajes de paz y de esperanza. La decisión estaba tomada, no ir al Plateado significaría dejar que venciera el miedo y la violencia, dejar un mensaje de derrota en la comunidad.

Por eso muy temprano estábamos desayunados y montados en las chivas, ahora eran 10 totalmente repletas, unas 700 personas. Durante casi cinco horas transitamos por un paisaje lleno de retazos de diferentes tonalidades verdes, cadenas interminables de montañas, empinadísimas todas sembradas de coca, ni una mata de plátano o de comida, siete estaciones de servicio de gasolina, ventas de insumos. Entre la maleza asomaban tímidos soldados de rostros imberbes. Antes de llegar al Plateado pasamos por varios poblados, El Mango, Puerto Rico, Sinaí, entre otros, llenos de negocios de toda clase víveres, ropa, aparatos electrónicos. La gente salía a las aceras y a las ventanas a saludar la Caravana con banderitas blancas en sus manos o fijadas en sus ventanas. Para ellos, la coca no es cocaína, es una mercancía que hace parte de su vida cotidiana, es la base de su economía familiar. Hay otros, los que están detrás del negocio transnacional del narcotráfico, que sacan provecho del trabajo de los que la cultivan y la cosechan, gente muy poderosa, que no vive por allí cerca, que la compran, la comercializan y la trafican, que cobran por dejarla pasar o miran para otro lado mientras entran los insumos, las redes delincuenciales, y sale la cocaína.

Llegamos al Plateado, mucha gente en las calles. Nos miraban tratando de evitar nuestras miradas, evitando la sonrisa, pero los niños, las niñas, y sus manitas, no sabían mentir, se movían para saludar ese extraño montón de gente sobre los techos de las chivas tocando tamboras y derramando colores y sonrisas. Igual que en el casco urbano de Argelia, el parque central se colmó. Nada resiste a la música, la fotografía, el arte creador. Aunque la intervención del alcalde de Argelia fue interrumpida por un coincidencial corte del fluido eléctrico, la actividad no se detuvo, las tamboras y las baterías del pueblo negro venían recargadas. De nuevo la galería de la memoria acercó a los habitantes de El Plateado que querían recordar los rostros de los que ya no están por causa del genocidio.

Salimos casi tres horas después de nuestro arribo. Esta vez había más gente despidiendo la Caravana, el miedo ya no estaba ni siquiera en los hombros tensos de la mayoría, el peso de la tensión se aligeró y dio paso a un sentimiento de éxito, de satisfacción por el deber cumplido, ese que solo paga la alegría y el agradecimiento de la gente a la que queremos, la que se parece a nosotros, la gente del pueblo.

Llegamos de nuevo a Argelia, embriagado de satisfacción, la evaluación fue en general positiva. Hay que seguir adelante, la Caravana no termina aquí, hay que hacer una o varias audiencias en el Congreso de la República, como acordamos con el senador Feliciano Valencia, Colombia y el mundo debe saber de las voces de las propias comunidades del cauca, las verdaderas razones de su desgracia y, por supuesto, las propuestas para parar la muerte y detener el genocidio.

“Ya tenía vejigas en las manos de tanto escarbar”, dice doña Natalia refiriéndose a la angustiosa labor de abrir huecos en una extensión de tierra denominada Los Pinos, en Tibú, Norte de Santander, en donde los paramilitares del Bloque Catatumbo, bajo el mando de Salvatore Mancuso, acostumbraban llevar a sus víctimas para enterrarlas. En esa gigantesca fosa común ella duró meses escarbando, buscando el cuerpo de su esposo William asesinado y desaparecido por los paramilitares en el año 2001.

William Wallens era vallecaucano y llegó a finales de los años 70 a Tibú, para trabajar en Ecopetrol, empresa a la que ingresó gracias a las recomendaciones de un primo suyo, ingeniero de la petrolera. William empezó como perforador y pronto se afilió a la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo, fue buen activista, pero no llegó a ser directivo del sindicato. Un par de años después sufrió un accidente grave en su labor de perforador de pozos y tuvo que ser reubicado en la sección de seguridad como vigilante - alcabalero.

William, además de trabajar para Ecopetrol, era amante de la buena salsa, hincha furibundo del América de Cali, árbitro de fútbol aficionado y un hombre bueno y solidario que disfrutaba organizando a los chiquillos en equipos de fútbol, y dirigiendo un programa de radio sobre deportes.

Doña Natalia recuerda casi todos los detalles de su vida familiar con William, y estaba muy al tanto de los ires y venires de la región en materia de orden público y de conflictividad laboral. Aunque William se sentía muy tranquilo, a ella siempre le inquietó su seguridad por trabajar en Ecopetrol y estar afiliado a la USO, por eso tiene mucha claridad de los hechos que antecedieron a su desaparición. Ella es una mujer campesina, muy inteligente y con carácter, que no ahorró esfuerzos para encontrar toda la verdad, así como los autores materiales y determinadores de la desaparición y trágica muerte de William.

Por ejemplo, recordó el 29 de mayo de 1999, cuando llegaron los paramilitares provenientes de Urabá y perpetraron la masacre de ocho personas en pleno centro de Tibú, a pocas cuadras del comando de Policía y de todas las instituciones estatales. Ese sería el preámbulo de una serie de crímenes abominables contra los campesinos de la región, e inexplicablemente el hecho que fijaría el conteo regresivo para la tranquilidad de la familia Wallens y para el ocaso de la vida de William.


El 17 de julio de 1999, a pesar de la alerta que las autoridades tenían por la llegada de los paramilitares y la masacre perpetrada en sus propias narices, estos arremetieron de nuevo. En pleno corazón de Tibú asesinaron a siete personas señaladas de ser auxiliadoras de la guerrilla, y se llevaron en camiones a otraspersonas del pueblo. Cuenta doña Natalia que esa misma noche, muy lejos de allí, William se encontraba trabajando en su turno de vigilante en la alcabala número dos. Allí observó la llegada de unos camiones de los que se bajaron hombres uniformados y armados, exigiéndole que abriera el paso y les orientara el camino hacia La Gabarra, una vereda del municipio de Tibú.

Ingenuamente, William prestó resistencia, y les dijo que no les podía abrir porque ese era un campo petrolero de propiedad de Ecopetrol, y que además por esa ruta no llegarían a La Gabarra. Los hombres ofuscados lo insultaron y lo obligaron a quitarse la ropa para verificar supuestas marcas que dejan los equipos y las armas en los cuerpos de los combatientes, acusándolo de guerrillero. Al no encontrar las marcas procedieron a raptarlo para que les sirviera de guía, y horas más tarde lo dejaron a kilómetros de allí, amenazándolo por la suerte que pudieran correr en su camino hacia La Gabarra. William regresó a pie a Tibú para contar su historia.
William advirtió la presencia de gente tirada boca abajo en el piso de los camiones en que los paramilitares se lo llevaron secuestrado esa noche. Lo que no supo sino hasta el día siguiente, era que los habían asesinado vilmente en el mismo camino donde fue abandonado en la oscuridad. Muchos días después de esa horrible noche se enteró que una de las víctimas de la masacre había sobrevivido, milagrosamente, al hacerse el muerto tras un disparo que le propinaron cerca de su oído derecho. Sería ese hombre, llamado Andrés Bermonth Martínez, quien destaparía un escándalo que para los pobladores de Tibú ya no era ningún secreto: los paramilitares del recién nacido Bloque Catatumbo venían actuando con la complacencia de las autoridades policiales y militares, y con el apoyo de empleados de Ecopetrol.

De hecho, Bermonth Martínez señaló la complicidad del vigilante de la alcabala que esa noche dejó pasar sin problema los camiones hacia el interior del campo petrolero, por donde ingresaron al batallón del Ejército para torturar a las víctimas, antes de llevarlas por el camino a La Gabarra donde fueron ultimadas. William fue llamado por la Fiscalía para que rindiera su testimonio de los hechos y despejara dudas frente a su posible complicidad esa noche, pero el propio Bermonth Martínez dejaría claro que William nada tenía que ver, porque el vigilante cómplice estaba en la alcabala uno y William trabajaba en la dos. Casi un año después fueron puestos tras las rejas varios oficiales del Ejército y de la Policía vinculados a estos grupos paramilitares y a las masacres.

Sin embargo, no fueron esos terribles hechos los que le costarían la vida a William dos años más tarde. Doña Natalia, con mucha seguridad, sostiene que durante ese tiempo estuvieron muy tranquilos en su casa y sobrellevaron el ambiente de violencia desatado en toda la región. Aunque el control paramilitar seguía a ojos de todos, a William no lo molestaron para nada.

– ¿Entonces qué pasó doña Natalia, por qué se llevaron a William y por qué lo mataron?
–No sé, no sé, William no tenía líos con nadie –responde ella entre sollozos–. El último día que lo vi era un 29 de mayo de 2001, me dijo que pediría permiso en el trabajo porque esa noche jugaba el América en la Copa Libertadores, y a él le gustaba ver los partidos en casa conmigo y con los niños, pero pasó el primer tiempo, y el segundo, y los niños se quedaron dormidos esperando a su papá. Jamás regresó, pero mi esperanza era que estuviera en el hospital, porque andaba con una molestia en su pierna y yo antes de salir de casa ese día lo regañé, le exigí que fuera al médico. Me dije a mí misma: eso fue que lo dejaron hospitalizado, mañana iré a llevarle las chanclas y una pantaloneta para que esté cómodo.

A la madrugada, Natalia se levantó a preparar las cosas para llevarle a William al hospital, pero cuando iba saliendo notó algo raro: uno de sus compañeros, Fernando Contreras, al que le decían el tailandés, llegó a su casa con el uniforme de trabajo, lo que suscitó algo de extrañeza en ella. El tailandés le preguntó por William y Natalia le respondió que él no estaba, y que por qué venía tan temprano y con uniforme de trabajo, pero este la evadió y con excusas se fue retirando. Luego, en el camino hacia el hospital, se encontró con un jefe de William, quien desde su carro la abordó y le preguntó por él y por sus amigos más allegados, ella aún más extrañada le dijo que iba para el hospital a buscarlo, el jefe se ofreció a llevarla y le dijo que habían rumores de que William se había ido al bar América a ver el partido y se había emborrachado, pero ella le dijo que eso era imposible, conocía muy bien a William y esas no eran sus costumbres. Él sí tomaba, pero en la casa, enfatizó doña Natalia. Fueron al bar, pero su moto no estaba allí. El jefe se ofreció a verificar: William no estaba allí. El jefe insistió que la noche anterior había salido con un amigo de apellido Cantor. Luego fueron al hospital, pero allí tampoco dieron noticia de su esposo.


Fueron donde Cantor, con quien supuestamente había salido en la moto la noche anterior, y él confirmó que cuando salieron de la empresa otro compañero de trabajo llamado Armando Montaño lo había llamado para decirle algo en privado, y como se demoró y William estaba afanado para ver el partido, se fue solo en su moto. A partir de ese momento empezó el calvario. Los amigos, que eran muchos, organizaron grupos de búsqueda, sospechaban de los paramilitares. Natalia no dudó, agarró a sus niños y se fue directo para la casa de alias Mauro, jefe de los paramilitares, quien vivía en barrio Barco en el casco urbano de Tibú. Todo el mundo sabía que esa era su casa, y según dice doña Natalia, la Policía cuidaba a los paramilitares cuando iban a disfrutar en el río.

Doña Natalia se metió a casa de alias Mauro sin permiso y sin mediar palabra le dijo:
–Entrégueme a mi esposo o dígame en dónde está.
–Nosotros no lo tenemos–, respondió.
–Desde que llegaron a esta región, ustedes son los únicos que matan y desaparecen aquí, entréguemelo o dígame dónde está su cuerpo.
–Voy a investigar y la mando a llamar – dijo alias Mauro y le pidió a un guardaespaldas que la sacara junto con sus hijitos.

Antes de salir, doña Natalia le advirtió a “Mauro” que no descansaría hasta encontrar la verdad, y que algún día él mismo le tendría que decir dónde estaba el cuerpo de su esposo, por qué lo habían matado y quiénes estaban detrás de su desaparición y muerte.

Como si fuera un designio, esa campesina casi iletrada, pero de abundante inteligencia y llena de valor y de amor, fue a todo lado a denunciar y a preguntar. Llegó el día en que la Ley de Justicia y Paz le dio la posibilidad de encontrarse cara a cara con alias Mauro, pero esta vez sería Natalia quien llevaría las riendas. “Mauro” no se había sometido, sino que fue capturado con sus secuaces. En la audiencia ella le habló firme, le recordó el episodio de su casa en Tibú, y le exigió ante los reproches del juez que le confesara todo. “Mauro” aceptó que él dio la orden de asesinarlo, y que sus hombres lo habían raptado, torturado y asesinado por ser guerrillero, pero que luego, cuando ya era tarde, se dieron cuenta que era una buena persona. Además, manifestó que los determinadores eran tres empleados de Ecopetrol, uno de ellos de alto rango, pero que no sabía sus nombres. Señaló a alias El Oso como el autor material y dijo que él sabía el nombre de quienes habían determinado su muerte.

Un año más tarde doña Natalia encaró a “El Oso”, y este finalmente confesó que los tres determinadores de su asesinato eran el ingeniero Juan Carlos Chamorro, y los empleados Fernando Contreras apodado el tailandés, y Armando Montaño, el mismo que engañó a Cantor el día de la desaparición de William para que este se fuera solo en su moto. Ellos informaron falsamente a los paramilitares que William era jefe guerrillero y organizador de paros armados. “El Oso” señaló el presunto lugar donde habían enterrado los restos de William: Los Pinos, el terreno donde una y otra vez Natalia escarbó con sus uñas dentro de la tierra buscando a su compañero inerte.

Solo hasta septiembre 11 de 2009, después de agotar casi por completo las esperanzas, Natalia no solo encontró el cuerpo de William, sino el de muchas otras personas. Natalia se convirtió en una suerte de sabuesa a la cual seguían otras personas que también buscaban a sus seres queridos. Días antes también había encontrado la moto de William enterrada en otro lote que estaba en construcción, y había descubierto las verdaderas causas de la desaparición y muerte de su amado. Una noche, William halló un cargamento de armas y uniformes que pretendía ingresar Armando Montaño en una camioneta para guardarlos en el club de Ecopetrol, el mismo club donde los paramilitares eran atendidos como reyes, y hasta usaban la ropa oficial de los ingenieros de Ecopetrol. Esa noche, en desarrollo de sus funciones, William exigió revisar la camioneta que conducía Montaño, y aunque este se negó, finalmente se vio en la obligación de dejarlo. William encontró armas y uniformes, y le advirtió a Montaño que eso quedaría consignado en su libro de control. Con esto William firmó su sentencia de muerte.

A pesar de las confesiones de los paramilitares, los determinadores de la muerte de William nunca fueron procesados; al parecer fueron trasladados por la empresa Ecopetrol y gozan de libertad. Natalia aún llora desconsolada en medio de los amargos recuerdos, su voz se entrecorta cada que menciona el nombre de William y cada vez que recuerda que le faltaban solo meses para salir pensionado. Sus planes frustrados eran regalar su casa de Tibú a una familia humilde que él ya había escogido, e irse para Cali a vivir con su padre viudo en compañía de su inseparable Natalia y sus pequeños hijos.

Frente al incremento y abuso de la criminalización y judicialización de líderes y lideresas sociales en todo el país, coinciden las organizaciones de abogados como el Equipo Jurídico Pueblos, la Fundación para la promoción de la justicia Javier Alberto Barriga, y los asesores jurídicos de la Corporación Sembrar y del Movimiento de Masas del Centro Oriente colombiano, entre otros, que los organismos de inteligencia como la Dijin, la Sijín, el Ejército y la Fiscalía se encargan de vigilar, interceptar, hostigar, amenazar y finalmente encuadrar en tipos penales y capturar a los líderes y lideresas sociales que defienden sus territorios, los derechos humanos, y organizan a los trabajadores y a las comunidades, para sacarlos del medio y así debilitar y exterminar los procesos sociales y populares. En casi todos los casos utilizan a los desmovilizados y falsos testigos para incriminarlos y ganar beneficios legales.

Son muchas las organizaciones y procesos sociales víctimas de esta modalidad, por lo que amerita indagar e investigar a fondo la magnitud de la situación que sufren muchos líderes y lideresas en todo el territorio nacional. Por ahora trabajaremos sobre los casos, datos y fuentes que pudimos recoger.

Sur de Bolívar
En marzo 22 de 2017 fueron capturadas Nubia Gómez Jaimes, Milena Quiroz, José Lemus Jaimes, Isidro Alarcón, Manuel Sabaleta, Félix Muñoz, Joaquín Gómez Quiñones y Santos González Pimienta en el Sur de Bolívar.

Jorge Reales, quien se desempeña como abogado de la Corporación Sembrar y tiene a su cargo la defensa de la mayoría de procesos en contra de estos líderes sociales comenta que “el proceso de los ocho primeros casos es de conocimiento del Juzgado Primero Penal especializado de Cartagena… Las personas fueron capturadas y judicializadas con base en informaciones de personas desmovilizadas del ELN. Es decir, repitiendo el patrón de casos anteriores de detenciones masivas”. La precariedad de las pruebas y las irregularidades legales de las capturas obligó a los jueces a dejar libres, meses después, a los capturados, aunque siguen procesados.

En el Sur de Bolívar ya se habían presentado falsos positivos judiciales en el año 2007 y 2008. Con montajes y falsos testigos las autoridades incriminaron a Teófilo Acuña y Alirio Salgado, lo cual fue demostrado en medio de sus procesos. La estigmatización y la presión de las Fuerzas Militares y la Fiscalía sobre los líderes de la región no cesó, en 2018 cinco de los principales líderes del corregimiento de Micoahumado se vieron obligados a presentarse ante el ente investigador en la ciudad de Bogotá para exigir que se les presentaran los cargos y si era del caso fueran capturados o se les dejara en paz de una vez por todas, la Fiscalía General de la Nación certificó que no tenían orden de captura.

Suroccidente, Nariño y Valle
El 21 de abril de 2018, fueron capturados 33 líderes del Suroccidente colombiano, en especial del departamento de Nariño, la mayoría ex servidores públicos de reconocida trayectoria social entre las comunidades, lideresas indígenas y afrodescendientes. En este caso 27 de ellos tuvieron que ser dejados en libertad por la misma razón: precariedad en las pruebas e irregularidad en las capturas. Los cargos en este caso eran concierto para delinquir, narcotráfico, porte de armas, rebelión, entre otros que vinculaban a los y las lideresas con el ELN. Sin confirmar está la versión de que esas capturas estuvieron coordinadas y presionadas por la DEA.

Hoy se encuentran privadas de la libertad Sara Quiñones y Tulia Marys Valencia Quiñones, madre de Sara, las dos lideresas reconocidas del Proceso de Comunidades Negras, PCN, de la junta de gobierno del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, y defensoras de derechos humanos, quienes, según el PCN, llevan más de 257 días injustamente privadas de la libertad por vencimiento de términos, y en total cumplen más de un año en una cárcel de Cali. La lideresa Alejandra Dizú también está privada de la libertad en un centro de armonización por la jurisdicción indígena.

Nororiente de Colombia
Las conclusiones de un informe sobre judicialización del Equipo Jurídico Pueblos, con sede en Bucaramanga, pero que atiende profesionalmente toda la región norte y sur de Santander y parte del Cesar, es contundente: “una vez revisadas las zonas más afectadas con las detenciones masivas, todas ellas son regiones donde concurren intereses económicos y/o político-militares claros, que requieren ser “pacificadas” o “estabilizadas”. Tal es el caso de los pozos petroleros alrededor de Caño Limón, explotados por las empresas petroleras Oxy, Repsol-YPF y la British Petroleum (BP); o el Sur de Bolívar donde la Anglogold Ashanti está explorando minas de oro; Sabana de Torres, que hace parte del enclave petrolero, donde además existen grandes sembrados de palma y hoy en día la famosa “RUTA DEL SOL” con el proyecto “DIAMANTE CARIBE SANTANDERES”, el cual ha generado varias capturas de campesinos que reclaman derechos al Estado colombiano y Multinacionales que desarrollan estos proyectos”.

En este marco, en enero y febrero de 2014 fueron capturados tras los testimonios de desmovilizados que obtuvieron beneficios judiciales por su colaboración con la justicia, los campesinos Wilson Becerra Becerra, Alonso Serrano Arias y Jairo Ramírez, del municipio de La Gloria, Cesar. La Fiscalía renunció a las declaraciones de los desmovilizados, quienes no pudieron ser contrainterrogados por la defensa; dos y cuatro años más tarde Wilson y Jairo recuperaron su libertad, pero continúan vinculados al proceso judicial, mientras que Alonso continúa detenido. También, bajo declaraciones de desmovilizados corrieron igual suerte en agosto de 2015 el campesino Manuel Antonio Cardozo de Curumaní, Cesar, y en diciembre del mismo año los campesinos Matilde Ureña y Otoniel Caballero de El Carmen, Norte de Santander.

En junio de 2016, en Becerril, Cesar, la Sijín y el Ejército nacional (Batallón Energético y Vial, en adelante BAEV2), acompañados de cuatro personas que cubrían sus rostros y portaban armas, capturaron a los campesinos Luis Oscar Galvis Sánchez, Erasmo Galvis Sánchez, Wilson Paredes, Cristo Humberto Calderón Rozo, Cristo Pineda Castillo, Ubernel Duran Riogó, Jorge Enrique Mieles y William Paredes Aguilar. El desmovilizado que declaró contra ellos fue asesinado posteriormente por miembros del BAEV2 del Ejército, sección de inteligencia. Hoy todos los campesinos están libres, pero con un proceso abierto. Otros 17 casos, la mayoría con montajes judiciales y declaraciones de desmovilizados, bajo los mismos patrones o similares condiciones, se presentaron entre el 2012 y 2018. Todos fueron atendidos por el Equipo Jurídico Pueblos, y la mayoría de imputados están hoy en libertad, pero siguen judicializados.

También el Equipo Jurídico Pueblos representó a la joven defensora de derechos humanos Natalia Trujillo Nova, en medio de su captura y la de nueve jóvenes más acusados de actos terroristas, a través de un irregular proceso de captura, conocido mediáticamente como el caso del Centro Comercial Andino.

Bogotá
Desde el año 2015 trece líderes y lideresas estudiantiles fueron judicializados y capturados en medio de un show mediático, tres de ellos por los presuntos delitos de terrorismo, rebelión y violencia contra servidor público; los diez restantes por porte ilegal de armas (papas bombas), y violencia contra servidor público; a pesar de recobrar su libertad por la debilidad probatoria, todos siguen judicializados. Situación similar sufrió el joven estudiante y líder Mateo Gutiérrez, judicializado y llevado a la cárcel en marzo de 2017 acusado de atentados con explosivos en la capital. A Mateo también querían involucrarlo en el atentado del Centro Comercial Andino, aunque fue demostrado que no participó en estos hechos pues estuvo tras las rejas 20 meses.

El seis de junio de 2018 fue capturado el secretario técnico y líder social del Congreso de los Pueblos Julián Andrés Gil Reyes. Según su proceso organizativo local Quinua y el Congreso de los Pueblos, las autoridades judiciales utilizaron como “informante” a un excompañero de Universidad, Andrés Felipe Ospina Guarín, quien con testimonios injuriosos y calumniosos, y con el fin de obtener beneficios jurídicos, involucró a Julián en acciones bélicas con explosivos y armas, en las que jamás estuvo presente. La Fiscalía pretende propinar un “falso positivo judicial” imputando delitos que son de competencia de la justicia especializada.

Arauca, Casanare y Meta
El abogado Alex Arguello del equipo especializado de derechos humanos del Centro Oriente de Colombia, recuerda que las judicializaciones no son asunto nuevo. En noviembre de 2002 bajo el gobierno de Uribe Vélez, llevaron a la cárcel a cientos de líderes en todo el país, con casos emblemáticos como el de Arauca en donde un total de 2000 personas, incluidos menores de edad y amas de casa, fueron trasladadas al coliseo Jacinto Jerez, donde fueron encerradas mientras se verificaban las ordenes y se hacían efectivas las capturas de más de 90 personas, la mayoría líderes sociales. Fue la primera captura masiva a nivel nacional, tras la expedición del Decreto 1837 del 2002, y la realizaron personal del Ejército y el Gaula de la Policía. Pretendían según ellos desmantelar las redes de apoyo a la guerrilla del ELN. Aún varios de estos procesos siguen sin resolver. Igual sucede con el caso del líder Jorge Sanabria, de la organización juvenil Anjeco de Arauca, que fue capturado desde septiembre de 2016.

Arguello también informa que el 30 de septiembre de 2018 en Casanare y Arauca fueron detenidos cinco líderes sociales del Movimiento de Masas del Centro Oriente, pertenecientes a las organizaciones Asonalca y Asmuc; y el 20 de octubre de 2018 fue capturado en Arauquita el afiliado de Asonalca, Horacio Lizarazo Bernal. El 27 de noviembre de 2018 también fueron capturados ocho líderes comunales más y en abril de 2019 a otros trece se les inició proceso penal. En la actualidad ya suman 27 los lideres judicializados en la región, la mayoría líderes y lideresas reconocidas por su lucha contra las petroleras que explotan los recursos en esas zonas del Centro Oriente.

La Estructura Especial de Apoyo, EDA, cuerpo especializado de la Fiscalía al servicio exclusivo de las empresas petroleras nacionales o extranjeras, pagado por estas, se encarga, como en otras regiones, de hacer seguimiento y perseguir a los líderes de las comunidades que adelantan acciones reivindicativas y de protesta social, exigiendo que respondan por sus obligaciones legales y económicas en los territorios donde explotan los hidrocarburos. La EDA se encarga de enmarcar las acciones legítimas de las comunidades en tipos penales, con el fin de vincularlos con estructuras del crimen organizado y llevarlos a la cárcel. Así ocurrió el 12 de septiembre de 2018 en Acacias, Meta, con siete líderes de las comunidades que exigían el cumplimiento de los acuerdos firmados con Ecopetrol. En este caso, aunque lograron su libertad, siguen procesados por varios delitos.

Antioquia
El 8 de marzo de 2019, fue capturado el concejal de San Francisco, Ancísar Morales, campesino oriundo de esa región del Oriente antioqueño y reconocido desde su adolescencia por el liderazgo social y popular con la Asociación Campesina de Antioquia y con el Congreso de los Pueblos. Su abogado Johan Giraldo, la comunidad, y hasta las autoridades locales, no salen del asombro porque conocen a Ancísar y lo respaldan, todos creen que es un montaje judicial o un grave error de la justicia. Ancísar es una persona dedicada de tiempo completo al bienestar de su comunidad, ha luchado frontalmente contra el flagelo de la drogadicción y el micro tráfico que afecta a los jóvenes de su comunidad, y un montaje judicial lo tiene hoy en la cárcel, presuntamente por estar implicado con delitos de distribución de droga y porte ilegal de armas porque en su residencia campesina tenía una escopeta.

Sin cubrir la totalidad de casos de judicialización que sufren las organizaciones sociales y populares en Colombia, estos procesos, que superan los cien casos de abuso del derecho penal, son apenas una muestra y estarían enmarcados en las prácticas genocidas del Estado colombiano que hoy lo tienen en la palestra internacional por los más de 702 casos de ejecuciones extrajudiciales contra líderes y lideresas.

Saturday, 11 May 2019 00:00

Sobran razones para vivir

Fue la angustia la que llevó a los defensores y defensoras de derechos humanos de diferentes organizaciones sociales, populares y de algunas ONG a pensar en una acción política, una iniciativa de gran envergadura, que mostrara la magnitud de la tragedia que deja el genocidio de los que luchan por defender la vida, la libertad y dignidad en los territorios.

Al llamado acudieron miles desde Cauca, Chocó, Valle, Nariño, Arauca, Bolívar, Norte y Sur de Santander, Cundinamarca, Casanare, Meta, Putumayo, Atlántico y Magdalena, entre otros. Dejaron temerosos sus parcelas para apostarle al Refugio Humanitario por la Vida, una forma de protestar desde sus corazones buscando conmover a todo aquel o aquella que aún tiene en su pecho un corazón latiendo. Su objetivo era llamar la atención de una sociedad que ve los toros desde la barrera sin percatarse de su crisis humanitaria, y dar cuenta del genocidio que desde el primero de enero de 2016 y hasta hoy le ha costado la vida a más de 620 de sus hermanos y hermanas, y la libertad a otros cientos.

Llegaron a Bogotá en caravanas desde muy temprano el día 28 de abril. Y aunque la cita era para resistir a la muerte, las sonrisas reflejadas en sus rostros retaban con humildad la adversidad que cargaban en sus maletas llenas de dolor, sacrificio y pesar ante la pérdida de sus líderes, aquellos que habían dejado enterrados, amenazados, o tras las rejas de una mazmorra inhumana de esas que solo abren sus puertas a los pobres y se mantienen cerradas para los criminales de cuello blanco.

Fue una protesta digna, no era para llorar y pedir compasión al Gobierno, era para mirar a los ojos de la sociedad que los ignora y mostrarle su valor y compromiso con la vida, y con el país. También para exigir a las instancias nacionales e internacionales su obligación ética y legal de garantizar sus derechos humanos y decirle al mundo entero que en Colombia no hay autoridades que puedan y quieran detener el asesinato sistemático y selectivo de líderes y lideresas; para denunciar que incluso los miembros de la fuerza pública asesinan con alevosía a quienes le apostaron a la paz.

Una semana antes de instalar el Refugio Humanitario por la vida de líderes y lideresas, el 22 de abril, en Convención Norte de Santander el Ejército le quitó la vida a Dimar Torres, un excombatiente de las Farc, sin razón alguna. El hecho fue descubierto y enfrentado por la comunidad que pudo confirmar el homicidio y detener la consumación de un falso positivo. El cuerpo de Dimar, visiblemente torturado, iba a ser enterrado en una fosa que acababan de abrir los uniformados, pero lo peor de todo fue que el Ministro de Defensa, quien representa al más alto Gobierno, no solo justificó el asesinato, sino que trató de evadir la responsabilidad de la tropa inventando versiones que dejaban en el ambiente que todo había sido un accidente. A pesar de que los propios generales de división responsables de esas tropas reconocieron el grave crimen y pidieron perdón, hoy el ministro Botero permanece campante en su cargo y el presidente Duque guarda silencio.

Y en Nariño, el 28 de abril fue asesinado por desconocidos Marco Agrada, otro líder social integrante de la JAC de Leiva, que se disponía a participar en el Refugio Humanitario de Bogotá. Lo mataron antes de viajar. Tal vez los asesinatos viles de Dimar y de Marco son una respuesta cínica y despiadada del Estado y de los sicarios a la protesta, o simplemente un mensaje cruel a la humanidad que clama justicia.

Sin embargo, el Refugio cumplió sus objetivos, millones en Colombia y el mundo siguieron a través de los medios la valiente y digna jornada que contenía un programa de cinco días con acciones culturales, políticas, movilizaciones, audiencia en el Congreso de la República y visitas a embajadas y a la Unión Europea para pedir masivamente medidas de protección internacional, algo que jamás había ocurrido en Colombia, a pesar de los miles que han abandonado el país para proteger su vida.

Las tamboras de los pueblos negros retumbaron con más fuerza, los bastones de los pueblos indígenas se hincaron más alto, las banderas campesinas hondearon con orgullo, los cánticos de los jóvenes y los estudiantes se escucharon con más brillo, y las consignas dignas de las mujeres tuvieron mayor nitidez. Se escucharon en medio de las conversas cotidianas, a la hora de descanso dentro del Refugio, las valoraciones espirituales y filosóficas de algunos que compararon el refugio con el útero: “es la vida, aquí juntos y juntas apoyándonos entre todos y todas se siente uno más protegido como cuando uno está en el vientre de la madre”.

Protegernos y autoprotegernos, cuidarnos mutuamente, formar más guardias indígenas, cimarronas y campesinos para defender el territorio y la vida, construir refugios humanitarios territoriales para que los líderes y lideresas amenazadas o perseguidas puedan guarecerse allí, exigir al Gobierno la reinstalación de las mesas de garantías y otras instancias preventivas que eviten que el genocidio continúe, y adelantar asambleas humanitarias para hacer realidad todas estas ideas en los territorios. Al final, eso fue lo que discutieron y aprobaron los líderes y las lideresas que sesionaron durante un día completo en la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá.

Apenas estaban llegando a sus territorios los pueblos afros, agotados por las exigentes jornadas del Refugio, no se acababan de acomodar y deshacer de sus maletas, cuando recibieron en medio de su territorio, en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, la terrible noticia del atentado con fusil y granadas que casi le cuesta la vida a sus mejores mujeres y hombres. Allí Francia Márquez y un puñado de sus compañeros y compañeras vieron de cerca a la muerte, palparon el desprecio que en Colombia se tiene por la vida. Sin embargo, el mismo cinco de mayo, día del atentado, desde muchos rincones del mundo y de Colombia se escucharon voces y mensajes repudiando el hecho, avivando la lucha y el valor del pueblo afro, haciéndoles entender que no están solos y solas. Hay que juntar a las colombianas y colombianos, al planeta entero si es necesario, en una sola voz, en un solo corazón para que entre todos y todas impidamos, sin más reparos, que se riegue más sangre de los perseguidores de sueños y utopías.

Tuesday, 09 April 2019 00:00

Un pueblo que resiste en lucha

Es evidente el cambio de ciclo que trajo consigo el gobierno de Duque. Pasamos de la posibilidad de solucionar políticamente el conflicto armado –alternativa que venía posicionándose en la sociedad colombiana–, a la propuesta de salida militar ante la “amenaza terrorista” adoptada por los uribistas para negar la existencia del conflicto político, social y armado que no cesa en Colombia desde hace décadas, y al cual sus dos gobiernos anteriores le vaciaron muchos ríos de sangre.

Este tercer des-gobierno de la seguridad democrática se jugó todo para fortalecer las fuerzas militares, dándoles recursos suficientes para incidir en obras públicas, educación, seguridad empresarial, protección, campañas de salud, y vías libres para realizar actividades cívico militares, que les permiten no solo condicionar a las comunidades en sus territorios, sino participar en jugosos y multimillonarios negocios. De otro lado, la lealtad del uribismo con los altos mandos militares que incurrieron en delitos de lesa humanidad, crímenes de Estado, y falsos positivos, llevó a Duque a nombrar a varios de ellos en cargos poderosos, y responsabilizarlos de tareas absurdas como garantizar la protección a los líderes y lideresas sociales perseguidos y estigmatizados precisamente por esta clase de oficiales.

Aunque las armas solo deben estar en manos del Estado, según las normas constitucionales y legales, en Colombia estas normas son un buen chiste. Arsenales se mueven en la ilegalidad y se nota desidia por parte de las fuerzas militares a la hora de perseguir, capturar y judicializar a los miembros de grupos paramilitares, bandas criminales, carteles de narcotraficantes nacionales y extranjeros, a quienes se les permite el libre tránsito por todo el territorio nacional, en especial en los territorios que antes eran ocupados por la guerrilla de las FARC, donde imponen su ley sin obstáculo alguno. La cereza del pastel de la militarización de la sociedad está en la propuesta de otorgar el uso de armas a la “gente de bien” como preámbulo a la estrategia muy conocida del millón de amigos, es decir, la participación de civiles en el conflicto armado y la creación del semillero paramilitar, medidas que consolidan un pensamiento reaccionario en toda la sociedad.

Departamentos como Arauca, territorios como el Catatumbo en el Norte de Santander o Micoahumado y sus alrededores en el Sur de Bolívar, son ejemplos concretos de la política de militarización que le permite al Estado perseguir, asesinar y judicializar a los líderes sociales y estigmatizar a sus procesos organizativos. Miles de soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) cumplen su papel y lo hacen uniformados o de civil, a punta de plomo y represión o a través de campañas cívico militares para arreglar caminos, construir escuelas, centros de salud o canchas de fútbol. El Estado administrado por los militares. Injustas, ridículas y perversas medidas tomadas por el gobierno de Duque en un país que sigue viendo sin inmutarse cómo aumenta el contador de líderes y lideresas sociales asesinados, judicializados, amenazados y perseguidos por el Estado.

Una vez el Estado y sus agentes combinan todas las formas de lucha contra los líderes y los procesos que defienden el territorio y protestan contra las medidas antipopulares del nuevo Gobierno, los medios corporativos de comunicación hacen su trabajo que consiste en invisibilizar o tergiversar las causas de las problemáticas en los territorios, como hicieron con Hidroituango. O peor aún, afianzar la política de estigmatización de la protesta social, señalando a los líderes y lideresas como terroristas o desadaptados que impiden el progreso, el desarrollo y la inversión extranjera en los territorios.

Es bueno remitirse al caso del departamento del Cauca, donde el Gobierno y los medios señalan a los indígenas y campesinos de ser responsables por el desabastecimiento de víveres, gasolina y medicamentos que requieren los más necesitados. Los mismos a los que el Estado y los medios jamás prestan atención en materia social y económica. Duque se niega a ir a los territorios porque según él no acepta las vías de hecho, sin embargo, sus fuerzas militares y el escuadrón del ESMAD lo hacen cada tanto con sus acciones represivas. Tal vez sucede que a Duque no le da réditos visitar a los indígenas y a los campesinos y conversar con ellos, cosa que sí sucede cuando le busca camorra a Maduro. En suma, Duque ofrece ayuda humanitaria a una oposición mafiosa y ladrona en Venezuela, pero se niega a hacerlo con su propio pueblo humilde al que le da tratamiento de guerra.

Lo que este Gobierno y sus asesores guerreristas no comprenden es que el pueblo y sus procesos están lo suficientemente curtidos y dispuestos a soportar muchos días o meses en las carreteras, en los puertos y en sus territorios hasta que se les escuche y se les resuelvan, entre otras cosas, los acuerdos que desde los gobiernos de Uribe y Santos les han incumplido. La Minga y el Paro Cívico Nacional que se prepara para el 25 de abril en todo el país no pretende regalos, ni plata para palear las agudas crisis. Tiene fines políticos acordes al momento, para defender la vida y la libertad, la no injerencia militar en Colombia o contra los vecinos, la desmilitarización de los territorios, el respeto e implementación de los Acuerdos de Paz, adoptar la solución política como única medida para solucionar los conflictos sociales y armados, y detener las políticas regresivas contra el pueblo, en especial las contenidas en el actual Plan Nacional de Desarrollo.

En abril se viene el Paro y se viene el Refugio Humanitario para garantizar la vida de líderes y lideresas sociales, y le corresponde a toda la sociedad acudir al llamado de los pueblos que se levantan por la justicia social.

Sunday, 10 March 2019 00:00

Zapatero a sus zapatos

No tenía qué decir ni qué hacer el señor Iván Duque en sus primeros meses de mandato, iba de tumbo en tumbo haciendo el oso en sus giras internacionales, llevando razones de su jefe a la monarquía española, y ofreciendo conferencias sobre los siete enanitos en el foro de la Unesco; también adueñándose a su conveniencia de los resultados del Acuerdo de paz en Europa, mientras aquí en Colombia los hacía trizas. Llegó a tener tan solo el 23% de favorabilidad después de anunciar una reforma tributaria disfrazada, de respaldar abiertamente al corrupto y criminal jefe de la Fiscalía, y luego de pagar favores a los expresidentes a través de nombramientos de sus esposas o exesposas: una embajada para doña Nohra Puyana, otra para doña Ana Milena Muñoz; la mermelada se le agotó muy pronto cubriendo las deudas de campaña electoral. Duque se quedó a merced de Álvaro Uribe, ese que sí sabe cómo subir en las encuestas a punta de odio, guerra y señalamiento.

Hay que reconocer que las acciones armadas de la insurgencia del ELN en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, y la arremetida mediática y económica del imperio contra Venezuela le dieron respiración artificial a un Gobierno desorientado como el de Duque, que con cada acto demostraba su falta de experiencia y de gobernabilidad. El discurso de Duque claramente influenciado por Uribe y sus asesores se puso a la ofensiva. Y los medios masivos, los compinches y cómplices de fechorías rápidamente se montaron en la estrategia de señalar los enemigos a enfrentar. Ahora Duque y los uribistas tenían qué decir y que hacer, jugar a la guerra con la sangre y la vida de los demás, práctica en la que les sobra experiencia y experticia.

No obstante, el nivel de popularidad de Duque inflado a punta de encuestas y de la sumisa postración de los medios masivos no alcanzó los niveles esperados. El desprecio por los problemas del país y su claro respaldo a las élites y a los responsables de desfalcos y desastres ambientales como el de Hidroituango, así como el ataque a la JEP, y su silencio ante el genocidio contra líderes y lideresas sociales le sigue pasando cuenta de cobro en un país que trata de sacar la cabeza y reaccionar ante el desgobierno.

El discurso de la guerra sin duda le dio réditos a Duque por unas semanas y lo sacó parcialmente del lodazal en que se encontraba, pero sus cartas jugadas sin cautela y con tal fanatismo y servilismo a los designios del polémico Donald Trump le podrían pasar una nueva cuenta de cobro ante el fracaso del 22 y 23 de febrero, donde actuó como general invasor sin éxito.

Iván Duque creyó ciegamente en el poder omnímodo del imperio norteamericano, y se envalentonó con el precario apoyo de un grupo de países que los medios masivos se encargaron de calificar a los cuatro vientos como “mayoría”, cuando en realidad no son ni la cuarta parte del sistema de universal de naciones; el mismo Duque se tragó el anzuelo mediático que tendría la tarea perversa de convencer a la humanidad sobre la “tragedia humanitaria” que vivía el pueblo venezolano y desviar la atención de las verdaderas intenciones gringas sobre su petróleo.
Los medios, en especial, ocultaron las consecuencias fatídicas de la guerra mundial que podría desatarse por la confluencia de factores de poder global, como los que representa no solo EEUU, sino Rusia, China, Irán, entre otros países que tienen intereses en la región y poseen armas nucleares.
Lo cierto es que a Cúcuta y al concierto por Venezuela no llegó Donald Trump, pero sí sus peones Piñera de Chile, Abdo de Paraguay, y más nadie. Duque se quedó solo, con su sonrisa socarrona y nerviosa, escuchando a los destemplados “artistas” que fueron convocados para el concierto “Venezuela Aid Live”. Ni el concierto, ni los camiones o gandolas, como dicen los venezolanos, llenos de supuestas ayudas “humanitarias” que nadie pudo ver ni saborear, lograron calentar la temperatura de las personas que se encontraban en las inmediaciones de los puentes fronterizos, como para atreverse a pasar por encima de la guardia venezolana e introducirlas por la fuerza al vecino país.

Tampoco fueron capaces de insurreccionar a las masas “desesperadas” y hambrientas que anunciaban los medios masivos, a los cientos de jóvenes encapuchados contratados por la oposición venezolana, ni a los paracos entrenados ofrecidos gustosamente por el Gobierno colombiano, con el fin de generar el ambiente propicio de guerra, caos, muertos y heridos, de los que se culparía a la guardia y a los agentes de seguridad chavistas.

Todo esto se llevó a cabo sin éxito, y las pruebas navegan por decenas en las redes sociales que en directo fueron testigos de la anarquía vivida en territorio colombiano y a la vista de las autoridades. Por lo menos dos camiones con supuestas ayudas humanitarias fueron incinerados por los propios “manifestantes” bajo la mirada cómplice de servidores públicos colombianos.

Las críticas contra el mandatario colombiano no se hicieron esperar, ya que muchos colombianos y colombianas sufrían el rigor de las tragedias invernales en Chocó y otros puntos del país, sin recibir la misma atención y solidaridad que su Presidente ofrecía en otras latitudes.

Algunos diputados de la oposición venezolana que se vinieron a Colombia a dirigir el desorden y pagar a los vándalos, fueron agarrados a trompadas por no cumplir su compromiso; y uno de ellos, Freddy Superlano, investigado por corrupción a manos de Odebrech, por andar bebiendo y celebrando por anticipado la caída de maduro, fue drogado junto a su primo Carlos Salinas en un motel de Cúcuta por dos mujeres, causándole la muerte a Salinas. El senador republicano, Marco Rubio, quiso utilizar esta situación mediáticamente para dejar en el ambiente un asesinato por envenenamiento en su desayuno. Es la catadura de quienes están detrás de la provocación militar contra Venezuela.

La resaca del lunes 25 de febrero llevó a los alicaídos presidentes de 10 países que hacen parte del debilitado grupo de Lima a reunirse en la ciudad de Bogotá en medio de protestas contra la intromisión imperialista en América Latina, y en contra de la guerra con Venezuela. La declaración que salió de esta reunión es tan larga como insípida y babosa; 18 puntos que refuerzan y explican de diferentes maneras que Maduro debe salir, y que afianzarán el “cerco diplomático”.

Tal vez toda esta novela haga reflexionar a los colombianos y colombianas frente a los problemas que aquejan al país, y le exijamos con movilización y protesta a Duque que gobierne y resuelva la grave situación de pobreza, hambre y violencia que cunde en los territorios de Colombia. Para eso fue que lo eligieron, no para andar jugando a la guerra y al invasor con la vida de los demás

Saturday, 09 February 2019 00:00

¡Basta Ya!

Gilberto Valencia, líder juvenil de Suárez, Cauca, fue el primer líder asesinado en el 2019. El dos de enero, en la trágica lista continuó Jesús Adier Perafán, en Caicedonia, Valle del Cauca. La muerte siguió su tenebrosa ronda en Cajibío, Cauca, llevándose la vida de Wilder Antonio Miranda el cuatro de enero. Igual suerte corrió José Solano en Zaragoza, Antioquia. A la luchadora por la tierra Maritza Quiroz los asesinos le cobraron su osadía de justicia el cinco de enero, en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y a Wilson Pérez Ascanio en Hacarí, Norte de Santander.

El desangre de líderes continuó la noche del siete de enero en Cartagena de Chairá, Caquetá, con Miguel Antonio Gutiérrez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Victoria. El diez de enero la comunidad indígena Awá de Nariño sufrió por su primer líder asesinado, Leonardo Nastacuás Rodríguez. Un día después fue hallado, en límites entre Cauca y Nariño, el cuerpo de Faiber Manquillo Gómez, líder campesino, desaparecido desde el 26 de diciembre. Cuatro días después la comunidad de Puerto Guamo, Bolívar, denunció el asesinato de Víctor Manuel Trujillo.

Pero el genocidio no paró allí. El cuerpo de Maritza Ramírez, de Tumaco, fue encontrado en inmediaciones de El Tigre, Tumaco, el 24 de enero, con visibles signos de violencia, y en el Oriente antioqueño un par de jóvenes apuñalaron al también joven y valiente Samuel Gallo en El Peñol, el 25 de enero. El 28 de enero fue baleado por sicarios José Jair Orozco, en Cartago, Valle del Cauca, y al otro día fue encontrado el cuerpo de Dilio Corpus Guetio, en Suárez, Cauca. El primer mes del año cerró con 14 líderes sociales asesinados.

El asesinato sistemático o, mejor dicho, el genocidio perpetrado contra defensores de derechos humanos, líderes de restitución de tierras, indígenas, afros y en especial integrantes de juntas de acción comunal, viene en ascenso desde el primero de enero de 2016, año en el que sicarios, paramilitares y otros grupos armados cobraron la vida de entre 80 y 120 líderes y lideresas sociales, según cifras del programa Somos Defensores, Marcha Patriótica, Indepaz, y la Defensoría del Pueblo.

Se suponía que la cifra pararía allí por la protección del Estado y la firma del proceso de paz entre gobierno Santos y las Farc, pero no fue así. En el año 2017 la escalada criminal de estos grupos, por la omisión del Estado y los organismos internacionales, incrementó esta cifra, que según el programa Somos Defensores fue de 106; Indepaz asegura que fueron 170 y la Defensoría del Pueblo reporta 206. Las cifras varían de acuerdo a las variables que las organizaciones utilizan para recolectar los datos, y según perfiles o métodos de investigación. El 2018 cerró, según la Defensoría, con 172 asesinatos (158 hombres y 14 mujeres).

Así las cosas, desde el primero de enero de 2016 hasta hoy, el terrorismo de Estado y sus prácticas genocidas, por acción u omisión, recorrieron 27 de los 32 departamentos de Colombia, quitándole la vida a cerca de 500 colombianos y colombianas dedicadas a transformar el país; a darle valores humanistas, a luchar contra las injusticias que padece uno de los rincones más desiguales del mundo. Un genocidio de esta naturaleza contra líderes sociales no se presenta hoy en ningún lugar del mundo, sin embargo, no ha logrado un solo rechazo del jefe de Estado Iván Duque, de su vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, y mucho menos del señor ministro de Defensa o la ministra del Interior, quienes han optado por menospreciar el tema, lo han negado o hasta ridiculizado. Tampoco la llamada comunidad internacional ha hecho algo contundente que logre parar el genocidio, y el movimiento social reacciona entre indignado y temeroso en jornadas simbólicas de mayor o menor calado que los asesinos que dirigen el país observan de manera burletera.

Recientemente, las redes sociales le cobraron el oportunismo a la vicepresidenta Ramírez, que envió condolencias a la familia de un joven fallecido en Venezuela supuestamente en medio de los disturbios de los últimos días, pero no ha tenido la cortesía de hacerlo con el medio millar de víctimas del genocidio colombiano. Los muertos por acciones violentas y protestas sociales de los últimos años en Venezuela no llegan ni a la mitad de los que perdieron su vida en la “democrática” Colombia.

Los medios de comunicación actúan aun con mayor cinismo. Los asesinatos cotidianos, que son muestra de una tragedia humanitaria, son tratados como intrascendentes por los principales medios tradicionales; son reducidos a simples notas sin contexto; son cifras, fácilmente superadas en la agenda noticiosa por secciones banales, o por chivas que muestran como primicia la podredumbre de la corrupción que carcome al país y que es practicada por lo más granado del establecimiento. Chivas noticiosas, superficiales, que terminan ocultando la responsabilidad y los crímenes de los poderosos, para la muestra un fiscal.

Sin embargo, los terribles y condenables hechos de violencia perpetrados por el ELN en la Escuela General Santander de Bogotá, que segaron la vida de 22 cadetes, sí fueron seguidos en detalle y condenados hasta la saciedad por todas las instancias del Estado, los medios tradicionales de comunicación, y velozmente resueltos por los organismos de inteligencia y de justicia. Reacciones calculadas políticamente, y aprovechadas por los carroñeros que conducen el país y que esperaban una oportunidad para promover de nuevo la guerra, para saciar su apetito de cadáveres. Los mismos carroñeros que en medio de la marcha del dolor de miles de colombianos y colombianas fueron sorprendidos por las cámaras riendo a carcajadas. Los que ahora juegan a varias bandas para involucrar a los más humildes en guerras internacionales contra los vecinos; los que inoculan odio y polarizan; los que nos ponen a mirar para las fronteras mientras saquean el patrimonio nacional, y acaban con la dignidad y la soberanía de la nación.

Es verdad, no se puede ocultar, en Colombia existen muertos de primera, segunda y tercera categoría, para los cuales no hay ceremonias, ni homenajes, ni honores, ni marchas de condolencia convocadas por los medios tradicionales y patrocinadas por las instituciones del Estado; a estos otros héroes y heroínas solo los lloran sus pueblos, sus territorios y sus familiares; los lloramos sus compañeros, que no tenemos reparo en condenar las muertes de todos y todas los que sufren las guerras ajenas que provocan los poderosos, que jamás enviarán a sus hijos e hijas a los frentes de batalla. Muy pronto tendremos la oportunidad de salir a las calles y protestar masivamente en defensa de la vida y la paz, por nuestros líderes y lideresas, y en contra de los corruptos; y de regocijarnos con el triunfo de la justicia social.

 

El pasado 10 de septiembre, siete líderes y lideresas sociales de los municipios Castilla La Nueva y Acacías, Meta, fueron capturados por supuestamente pertenecer a bandas delincuenciales cuyo objeto es organizar las protestas para perjudicar a Ecopetrol y atentar contra la fuerza pública. Lo cierto es que allí, donde Ecopetrol explota varios pozos mientras evade su responsabilidad de invertir socialmente en la zona y proveer empleo a los habitantes del territorio, las comunidades se han organizado para desarrollar jornadas de protesta, en las que han exigido a la petrolera que cumpla con sus obligaciones.

¿Protestar es delito?
En mayo de 2016, julio de 2017 y febrero de 2018, “las comunidades de Acacías y Castilla La Nueva (Meta) realizaron movilizaciones para exigir a Ecopetrol la contratación de mano de obra en el área, pues revelaban que mientras en la región hay altos índices de desocupación, la petrolera empleaba mano de obra de otras regiones del país y hasta del extranjero; igualmente denunciaban los incumplimientos de Ecopetrol en la inversión social acordada anteriormente con las comunidades. Como ha sido costumbre de empresarios y gobernantes, en vez de dialogar para encontrar soluciones, les arrojaron las fuerzas del Esmad, cometiendo todo tipo de atropellos en viviendas, fincas y contra motos y vehículos de la comunidad, dejando decenas de heridos”. Así lo afirmaron el pasado 12 de septiembre los miembros del sindicato de la Unión Sindical Obrera, de la seccional Meta, en una denuncia pública realizada a través de las redes sociales.

A pesar de que la mayoría de estas protestas se sellaron con la firma de actas y acuerdos entre las comunidades y Ecopetrol, con presencia de las autoridades, lo que no sabían ni se imaginaban los líderes y lideresas es que entre la Fiscalía General de la Nación y la empresa estatal Ecopetrol existen convenios y contratos de cooperación por miles de millones de pesos. Y estos contratos buscan acabar con este tipo de protestas a través de la judicialización de sus promotores.

Son muchos contratos “que se desprenden de un contrato marco, que dice que [la Fiscalía y las autoridades] proveerán todos los funcionarios y elementos necesarios para el trabajo [de colaboración], por ejemplo nos sorprendió muchísimo la presentación de videos grabados por la fuerza aérea; porque mover un avión encima de una zona durante media o una hora cuesta millones de pesos, y tienen muchos de esos videos”, afirma la abogada Liria Manrique, refiriéndose a las supuestas pruebas que presentó la Fiscalía en medio de la audiencia que se adelantó el 12 de septiembre en contra de estos tres líderes y cuatro lideresas capturadas.
Entre estas personas, informa el comunicado de la USO Meta, está “la líder comunitaria Sandra Patricia Ruiz Riaño, de quien la Policía dice: “inició su actuar delictivo al estar como presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda del Municipio de Acacias”, no sabemos a qué horas se volvió delito presidir una organización comunitaria; también fueron detenidos el líder de los oficiales civiles y las mesas de concertación laboral, Flaminio Mendoza, Jorge Hugo Sarmiento, José Fernando Barbosa Corredor, Doris Sánchez, Gustavo Carrión, Nidia Janeth Martínez y Jessica Hernández Quevedo”.

Los cargos
Luego de la captura de los líderes y las lideresas, que son ampliamente conocidos en la zona y apoyados por las comunidades en sus labores de veedurías, negociaciones y representación legal de las juntas de acción comunal, el 11 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, y el día 12 de septiembre la audiencia de imposición de la medida de aseguramiento. Sorprendió allí la cantidad y complejidad de los cargos que se le imputan a los líderes; según la Fiscal, los detenidos hacen parte de “una banda criminal” y les imputó nueve delitos: concierto para delinquir, homicidio agravado en la modalidad de tentativa, terrorismo, violencia contra servidor público, constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones.

Según Liria Manrique, quien es asesora penal de la USO seccional Meta, “nos hemos enterado que existe una campaña de desprestigio por parte de la Policía nacional contra los líderes, ya que informa y denuncia públicamente que han capturado una banda criminal, cuando saben que se trata de líderes de las comunidades; todo este proceso es impulsado por la Fiscalía General de la Nación a través de la estructura especial de apoyo EDA, que es financiada y pagada por Ecopetrol. La empresa lo que busca es eliminar toda clase de obstáculos a sus políticas económicas en los territorios, como son los líderes… hemos dicho que en estos procesos hay una asimetría judicial ya que en lo corrido de este año han asesinado más de 30 defensores de derechos humanos, todos en absoluta impunidad, mientras tanto una estructura como la EDA destina fiscales especializados, recursos y funcionarios, solo para investigar a los líderes y vincularlos irregularmente con el crimen organizado, tratándolos como delincuentes”.

Debido a las extensas intervenciones de la Fiscalía y de la defensa de los imputados durante la audiencia del 12 de septiembre, la Juez encargada pidió un plazo, que se cumplió el pasado 25 de septiembre, para tomar la decisión. En esta fecha, la defensa presentó la consideración que no se podían imputar cargos tan delicados pues no era posible comprobar la vinculación entre el hecho y los detenidos. Atendiendo a estos argumentos y al material probatorio, la Juez consideró que una medida intramural no era la adecuada y ordenó la libertad de los detenidos, imponiendo unas medidas no intramurales.

A pesar de que estos líderes recobraron la libertad desde las 6:00 p.m. de este mismo día, la Fiscal y el abogado de Ecopetrol interpusieron un recurso de apelación, porque consideran que deben estar privados de la libertad durante el proceso, calificándolos como un peligro para la sociedad y la empresa. Sin embargo, explica la abogada Manrique, “la Procuraduría apoyó la solicitud de la defensa de que se mantuvieran en libertad, e incluso mencionó que el proceso era el típico proceso judicial espectáculo donde la Fiscal detuvo los líderes y lideresas más por hacer llamar la atención que porque tuviera material para ello”.

La estrategia de criminalizar la protesta social no es nueva es este departamento ni tampoco son nuevos los actores. Ya en septiembre de 2017 la líder Marisol Parra Ramos, de Guamal - Meta, tuvo que enfrentar además de una fuerte golpiza por parte de la policía, una imputación penal de las mismas características derivada de un conflicto entre las comunidades y Ecopetrol, por las afectaciones ambientales que provocaba la empresa Repsol en la zona. De este intento de judicialización Marisol salió ilesa gracias a la defensa legal de la abogada Manrique.

El 14 de agosto de 2018 la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo USO, y la estatal petrolera Ecopetrol dieron inicio al proceso de negociación del pliego de peticiones de los trabajadores. Este conflicto laboral se desarrolla en medio de un clima tenso y complejo por la grave situación que atraviesa la empresa de petróleo de los colombianos, y por las poderosas voces de los gremios económicos que le piden al gobierno nacional de Iván Duque la venta de Ecopetrol, o como mínimo de sus principales activos.

La USO, por su parte, se empeña en la defensa de Ecopetrol como empresa pública y Estatal, en la no venta de la sección de transporte Cenit, en la modernización de la refinería de Barrancabermeja y en la no venta de los campos de producción, entre otros aspectos que no tocan asuntos estrictamente laborales sino políticos y sociales.

La venta de Ecopetrol
En julio del presente año Jorge Humberto Botero, actual presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos – Fasecolda, anunció su propuesta para el gobierno de Iván Duque de vender la totalidad de Ecopetrol, por una suma que ronda los 130 a 160 billones de pesos, para invertir este dinero en proyectos de infraestructura. Según lo informó Cesar Loza, actual presidente de la USO, en una reunión con organizaciones sociales y populares realizada en Bogotá el 17 de agosto, esta es una propuesta idéntica al modelo que usaron para vender Isagen en el gobierno de Santos, en donde Botero fungía como miembro de su junta directiva. Aunque públicamente no hubo consenso, al parecer se trata de una propuesta del Consejo Nacional Gremial que agrupa a los 21 sectores más poderosos del país, incluida la banca, la industria, y el comercio, entre otros. Los mismos que hoy conducen el gobierno de Duque, afirma Cesar Loza.

Y tienen razón los obreros de la industria petrolera de estar preocupados. Desde hace más de tres años revistas especializadas como Dinero vienen hablando de la necesidad de la venta de activos de Ecopetrol, y en especial de la que llamaron “La joya de la corona, Cenit, que es uno de los activos clave de la industria petrolera colombiana… Con un precio que podría superar los 10.000 millones de dólares”. Recientemente la revista Semana confirmó en un artículo lo que los propios trabajadores y sus asesores vienen denunciando desde hace años: la desmembración de Ecopetrol o su privatización por partes, que es casi lo mismo. En efecto, en la primera edición de agosto la revista Semana publicó el artículo titulado ¿Cómo tapar el hueco fiscal en el próximo gobierno? Allí vuelve a aparecer Cenit como uno de los activos a enajenar por más de 2000 millones de dólares. Cenit es la red de tubos, el área de transporte de hidrocarburos… mejor dicho, el negocio pulpito de Ecopetrol.

La situación actual de Ecopetrol
Dice Cesar Loza que salir de Cenit es como si a una mesa de tres patas se le quitara una, lo más seguro es que se cae. Las tres patas de Ecopetrol son Cenit, los campos de producción, y la refinería de Barrancabermeja, y a esta última se le ha sacado el cuerpo desde 2007 para su modernización.

Según un informe financiero presentado en medio de la campaña Unidos por Ecopetrol, defiende lo que es tuyo, Cenit es la red de oleoductos más grande del país con 4543 km distribuidos en 15 oleoductos. Tiene una red de poliductos de 3635 km con capacidad de evacuación de 1.215.000 barriles por día; y una capacidad de transporte de 335.000 barriles diarios. Cenit en los últimos cinco años ha obtenido utilidades por 11,7 billones de pesos, siendo el 47,1% de todas las utilidades de Ecopetrol, las cuales ascienden a 24,8 billones de pesos, en este período. Dentro del segmento de negocio transporte, Cenit representa el 99,1% de las utilidades, a pesar de que Ecopetrol cuenta con una amplia red de oleoductos (17 en total).

Eso solo en transporte, pero existe una cifra que debe poner a pensar a los colombianos: entre 2007 y 2016 Ecopetrol recibió 184 billones de pesos en regalías, impuestos y utilidades (casi la mitad de esa plata es de utilidades), y esta descomunal cifra entró a subsidiar y financiar innumerables áreas sociales. Entonces ¿qué pasaría si la petrolera se vende? Pues que el gasto público que hoy cubre Ecopetrol de todas maneras hay que financiarlo, y al no tener los recursos de Ecopetrol habría que conseguirlos a través de impuestos. De manera que no habría razón para vender los activos de Ecopetrol, y mucho menos aquellos que le proporcionan utilidades nada despreciables tanto a la empresa como al país. Ahora mucho menos si se tiene en cuenta que el precio del petróleo se recuperó y que en el primer trimestre Ecopetrol obtuvo utilidades por casi un billón de pesos.

Una estrategia mediática en contra de los trabajadores
No es la primera vez que los trabajadores de Ecopetrol, representados en su sindicato USO, se enfrentan a situaciones tan críticas en medio de los conflictos laborales, y tampoco la primera en la que tienen que desvirtuar las falsas noticias, o las verdades dichas a medias o sin contexto por parte de los medios masivos de información.

En esta oportunidad, denuncia Cesar Loza que “los medios masivos reproducen la falsa noticia, orientada por las directivas de Ecopetrol, que el pliego de peticiones de los trabajadores en 2018 cuesta dos billones de pesos, y es obvio que si la empresa viene de una crisis económica causada por los bajos precios del petróleo, la opinión pública se les va a echar encima. Pero esa cifra no es cierta y está descontextualizada”.

En 2016 la nómina de Ecopetrol, según Loza, costó 2,1 billones de pesos con todos los beneficios; y en 2017 los gastos laborales de los 9282 trabajadores, incluido el presidente de Ecopetrol, costaron 2,3 billones, lo que significa que hubo un incremento anual del 7% entre 2016 y 2017, como es normal. Es decir que los costos para el 2018 se incrementarían en una suma similar, que estaría alrededor de 200 mil millones de pesos; no dos billones como afirman Ecopetrol y los medios masivos.

Es claro que lo que persigue la estrategia mediática de desprestigio es ocultar las verdaderas intenciones del Estado de vender Ecopetrol; y de paso opacar las poderosas argumentaciones de los trabajadores en su defensa. Así como en 1948 con una huelga los obreros presionaron la creación de Ecopetrol, esta vez, según Cesar Loza, los trabajadores están dispuestos a acudir nuevamente a esta para defender a la estatal petrolera de los apetitos del capital privado, de las intenciones y la doble moral de los corruptos que ayer criticaron la venta de Isagen, pero que hoy se les hace agua la boca con el billonario negocio que significaría para ellos vender Ecopetrol.

La calidad del roble, de la ceiba roja, el cedro, la tolúa y la melina, principalmente, persuadían a cientos de campesinos pobres, la mayoría liberales desplazados por la violencia bipartidista de los años 50, a adentrarse en las selvas del Sur de Bolívar. Desde Antioquia, Santander y la Costa Caribe llegaban por el río Magdalena para internarse días enteros en la manigua y cortar gigantescos árboles de finas maderas, que posteriormente se llevaban los barcos de vapor hacia otras latitudes. Así levantaban el sustento para ellos y sus familias, y aunque la marañosa montaña se iba convirtiendo en su hábitat natural, de vez en cuando les recordaba el poder de su embrujo, el enigma de sus profundidades y la oscuridad de sus secretos. Perderse en la selva siempre fue un riesgo, aún para los más avezados aserradores, y sobrevivir a cualquier precio incluso matando micos y ahumándolos en la hoguera para no morir de hambre, una opción; las historias, las anécdotas y los azares de los colonos fueron uno solo con la espesura y permanecen estampados para siempre en sus montañas; los hombres se quedaron con Micoahumado, la selva se alejó y se llevó a los micos choibos que muchas veces les sirvieron de alimento.

Primero lo colectivo
Eso cuentan las montañas, los ríos de la región, y también don Julio Arboleda y don Isidro Alarcón, descendientes de los viejos colonos que sembraron sus raíces hace más de cinco décadas en la tierra libre de ese corregimiento del Sur de Bolívar, al cual le dieron hasta el nombre que lleva; Micoahumado fue construido palmo a palmo por ellos, y por las pisadas rebeldes de jóvenes guerrilleros que caminaban sus sueños de revolución en los años 60. Algunos, como Fabio Vásquez, uno de los fundadores del ELN, y el “viejo Raúl”, oriundo de la región, gastaron sus botas, dejaron su sudor en esas trochas, y se compenetraron con los primeros habitantes de la región que se congregaban en el nuevo caserío. Hacia el año 1964 entre todos convirtieron a Micoahumado en centro de encuentro, trueque y mercado, en hogar de muchas familias. Primero fue la colectividad y la solidaridad; luego la población y su cultura liberal y revolucionaria. La institucionalidad siempre estuvo ausente, por eso las necesidades desde entonces se resuelven en comunidad.

“Mi papá fue el primer presidente de la junta de acción comunal —comenta Isidro—, vean como es la vida, el Estado nunca hizo presencia, pero cuando vieron que las cosas marchaban bien gracias a la comunidad entonces ahí sí llegaron, pero con la Policía para desalojar a la gente de las fincas y las casas, porque esa zona había sido declarada reserva forestal desde el año 59. Entonces había enfrentamientos directos entre los campesinos y la Policía, por eso tenemos fama de rebeldes y nos estigmatizan como guerrilleros, pero lo que hemos hecho siempre es defender la autonomía y la forma de vida que construimos en el territorio. Aquí desde el principio casi todo fue colectivo; si se mataba un cerdo se repartía, si se cogía buen pescado se distribuía, se intercambiaban productos porque la región tiene tres pisos térmicos y la comida nunca faltó. Igual si una borrasca le tumbaba el techo a una casa, todos íbamos en convite y la reconstruíamos. Somos ricos viviendo aquí, así no tengamos riquezas materiales, pero sí autonomía y autoridad propias”.

De problema en problema
Por allá en 1973, gracias a la pujanza de sus habitantes, Micoahumado fue elevado a corregimiento, y un tío de Isidro fue el primer Inspector; resolver las necesidades de primer orden como los servicios públicos, la salud, la carretera, los profesores, seguía siendo tarea de todos y todas. El primer acueducto fue hecho con el trabajo de la comunidad, y ante la demanda de esta, la tubería fue donada por la institucionalidad. Al mismo tiempo que los valores colectivos construían comunidad, las amenazas afloraban. La bonanza marimbera atentaba contra la cultura laboriosa, el modelo productivo y la solidaridad de la gente de Micoahumado, pero fue sorteada gracias no solo a la solidez del proceso social, sino también a la aparición a mediados de los 80 de otro problema mayor, la siembra de coca, las montañas de dinero y la cultura traqueta.

“La situación se puso muy complicada, porque empezó a entrar mucha gente extraña a la región. La plata “fácil” se enquistó en casi todo, afectando las costumbres y prácticas de la gente. Las guerrillas de las FARC y el ELN tenían visiones diferentes frente al manejo de la coca: mientras el ELN prohibía su siembra, las FARC, recién llegadas al territorio, eran permisivas no solo con la siembra sino con el negocio. La cosa se puso tan difícil que tocó promover un debate: las FARC, la coca, o el ELN? La comunidad decidió que las FARC tenían que irse, y los cultivos de coca sustituirse. Entonces se llegó a un acuerdo con el ELN en la vereda La Guácima: las comunidades se comprometían a sustituir los cultivos, y el ELN a construir las carreteras para que la gente sacara sus productos; las semillas, las cerdas de cría, y otras iniciativas productivas las donaba el ELN, y luego compraba parte de la producción para su propio consumo. La gente cumplió y el ELN construyó todas las carreteras que hoy día comunican a Moralitos con Micoahumado y sus veredas”, relata Isidro.

Llegan los paracos
Detrás de la economía del narcotráfico estaban los grupos paramilitares; el manejo y provisión de los químicos se hacía desde los municipios de Morales y Arenal. La estrategia de penetración que inició con el cultivo de la hoja de coca y su comercialización, ahora se complementaba con la amenaza psicológica y luego con su presencia física en el territorio. Después de incursiones aisladas y amenazas de masacres, cientos de paramilitares entraron a Micoahumado.

“Eso fue terrible —manifiesta don Julio Arboleda—, era el dos de diciembre de 2002 y cerca de 600 paramilitares entraron al pueblo apoyados por las Fuerzas Militares y sus helicópteros. Empezaron a meterse en las casas de la gente y se aprovechaban de todo lo que había. La guerra con el ELN estalló, duraban todo el día dándose plomo. A los líderes les tocó meterse montaña adentro y cuando la cosa mejoraba regresaban; el proceso organizativo evitó el desplazamiento permanente, como ocurrió en otros lugares. El ELN exigía que nos saliéramos del pueblo para poder entrar y sacar a los paramilitares, pero nosotros no estábamos dispuestos a dejar lo que mucho nos había costado. Y más encima los paras acusándonos y amenazándonos por guerrilleros. Estábamos entre la espada y la pared”.

La Asamblea Popular Constituyente
En 2001, el sacerdote Joaquín Mayorga fue a celebrar la eucaristía a Micoahumado. Él había estado en Mogotes, Santander, en el proceso de Constituyente Popular, y le dijo a don Julio que iría en diciembre de 2002 a pasar navidad y que le reuniera gente para trabajar el proceso constituyente también allí. Pero cuando llegó ese diciembre de 2002, ya los paramilitares se habían tomado el pueblo.

“Sin embargo —comenta don Julio—, con Octavio Gil, Andrés Trilloz y con el apoyo de gente y organizaciones de varias regiones, entre ellos Pacho de Roux, la gente de Desarrollo y Paz, y el obispo Gómez Serna, creamos una comisión de diálogos de la comunidad de Micoahumado, para entablar conversaciones con la guerrilla. Se pudo conversar con los comandantes Samuel y Mosquera, y acordar que levantaran varias medidas que perjudicaban a la comunidad, como el bloqueo al ingreso de alimentos, desminar las zonas aledañas al acueducto, y permitirle a la comunidad resolver de manera autónoma la salida de los paramilitares. El ELN accedió. Entonces hablamos con los paras y les tocó también aceptar. Luego los diálogos fluyeron de manera permanente y el 15 de enero del 2003 se fueron del corregimiento los paras”.

El proceso constituyente continuó y el 14 de marzo de 2003, con una Asamblea de unos 80 delegados del corregimiento y sus veredas, se instaló oficialmente la Asamblea Popular Constituyente por la justicia, la vida y la paz; en ese entonces había más de 200 casas, más de mil personas. La Asamblea proyectó colectivamente el corregimiento. Se pusieron unas reglas de juego, unas normas de convivencia y unos principios de respeto a su territorio.

“Lo más importante –continúa don Julio— fue recuperar la memoria de lo que se había hecho en comunidad, la importancia del trabajo colectivo y solidario, la autonomía del proceso y la defensa del territorio. A partir de ese momento mandatamos que la gente no pelearía, ni se mataría, ni se robaría entre sí. No admitiríamos presencia de gente armada ni uniformada, ni ingiriendo licor. Nadie se prestaría para trabajar como informante de ningún grupo armado legal o ilegal. Establecimos un aporte económico de todo mayor de 15 años que trabajara para invertir en las necesidades del corregimiento. Y así muchas cosas para recuperar la convivencia, la autonomía y el amor por nuestro proceso”.

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