"Para arepa de maikki morado: Maikkika, maikki, molina, echa queso, masar con leche, ichi (sal) y fogón", cuenta la vieja apoyada de gestos. "En lluvia, nace ahuyama, frijol, patilla, yuca, guanábana y aceitunas. Todos "paliamos" pa' come cosecha", dice, soltando entre sus arrugas una carcajada juguetona, sabia. Con su lengua aferrada al Wayuú, intenta hablar español fluidamente.

Mercedes Uriana, indígena Wayúu, vive entre chivos, cabras y gallinas en la ranchería El Tablazo del corregimiento Nazareth, en la vía que comunica a Maicao con Riohacha en La Guajira. La abundante vegetación que surge de la arena y la diversidad de aves, reptiles y mamíferos de la zona, contrasta con la imagen que muchos se hacen de La Guajira: un desierto árido sin árboles ni animales.

Mercedes vive con sus hermanos Gabriel y Nelly, y sus sobrinos, en un rancho con áreas independientes. La cocina, con techo de zinc, es rodeada de madera, el dormitorio es de bahareque, el baño es en adobe y hay una maloca hecha en madera y palma. Dos ranchos más son cuna en las tardes. Hasta en la cocina hay chinchorros; estos son la cama favorita de los Wayúu.

"En verano, tejemos chinchorros y mochilas, hacemos vasijas con totumas y recolectamos leña", cuenta Nelly. "La chicha de maíz morado, la arepa con queso, los frijoles con ahuyama (saprana) y la carne de chivo condimentada son algunas comidas típicas", apunta. La yuca con queso es otro manjar que se disfruta con los Wayúu. Nelly sale eventualmente a Maicao a vender arepas para encuentros comunitarios; con esta y otras labores, sostiene el hogar.

Al preguntarle a Nelly por sus creencias, voltea su mirada a varios lados, y algo insegura responde: "Te cuento las creencias de nuestros abuelos, pero hoy nosotros creemos en dios. Los abuelos creían mucho en los sueños. Ellos veían revelaciones en ellos. Decían a veces, al levantarse a las tres de la madrugada, que había que bañar los niños para limpiar energías. Hoy nosotros no creemos en eso, yo creo en dios todo poderoso que me ha ayudado a salir adelante con mis hijos y mi negocio. Yo soy evangélica".

Gabriel, hermano de Nelly, poco recuerda de los ritos de sus ancestros. Al llevar una vida dedicada a la pesca, conoce más del mar que del desierto, sin embargo, no se pierde entre los laberintos que se forman entre la vegetación guajira, así se haya tomado la mitad de su botella de chicha. “Este se llama dividivi, este otro es guamacho y ya sabés que este es un cactús", comenta Gabriel mientras camina descalzo alrededor de la ranchería.

Aunque quizás poco sepa de sus ancestros, Gabriel contempla la flora como si se tratase de su dios: acaricia las hojas, ofrece datos de algunos frutos y sus aplicaciones, y sonríe con las flores exóticas. "Está seca, pero en invierno, los flamencos la visitan", apunta, refiriéndose a una laguna gigante, habitada en el momento por decenas de cabras. Al observar con inquietud varios postes medianos de color amarillo, en distintos puntos del recorrido por El Tablazo, comenta Gabriel: "Yo ayudé a guiar a los hombres que pusieron estos palos. Fue hace como tres años. Ellos decían que aquí había petróleo y que en el futuro lo iban a sacar". No parecía preocupado ante semejante afirmación, más bien parecía interesado en saber cuándo llegaría ese momento.

Nelly tiene una pequeña tienda en la ranchería donde vende agua y mecato a sus vecinos. El plástico y la doctrina se pasean de ranchería en ranchería, representando el establecimiento mercantil, dejando basura en el camino y apadrinando el miedo, el sometimiento religioso y el abandono de costumbres ancestrales.

Esta región, una de las más abandonadas históricamente por el Estado, es fiel muestra de la diversidad infinita de nuestro país. Es contradictorio tener que llorar de alegría ante un atardecer único y llorar de tristeza porque ya es la noche y el agua hoy no llegó como es común cada ocho días.

 

Trabajadores y trabajadoras tercerizadas están en Sabana de Torres, junto a la entrada principal de Indupalma. “¡Exigimos un contrato laboral digno! Nos encontramos en una huelga contra el empleador, estaremos aquí dispuestos a seguir luchando por cada uno de nosotros, por un contrato digno, por mejores condiciones de vida para nuestras familias”, expresa Luis Alfredo Bautista. Lo complementa doña Gloria Pérez: “Exigimos a Indupalma la formalización laboral de todos los tercerizados que le hemos prestado por 22 años los servicios a esta empresa”. “¡Viva la huelga!”, gritan sus compañeros, que con alegría y una sonrisa en su rostro guardan la esperanza de que su legitima lucha se vea reflejada en el logro de sus reclamos.

Una mujer sindicalizada
Conversamos con doña Gloria Pérez Carvajalino, una mujer que desde nuestra llegada nos recibió con una sonrisa, nos brindó almuerzo, y se dispuso a conversar con nosotros para contarnos los motivos de la huelga.

“Estoy sindicalizada hace siete meses. Esto inició el 11 de junio del 2017 a causa de lo que como trabajadores estamos viviendo en estos momentos. Me gusta lo que estoy haciendo, es algo muy bonito, es algo que no había vivido en mi vida, y ahí estaré hasta que Dios me lo permita.

Tengo 36 años, y trabajo en La Palma hace 10. Las mujeres realizamos trabajos pesados, prácticamente nosotras hacemos los trabajos que hacen los hombres. Lo único que no hacemos las mujeres es cortar un corozo, un gajo, eso es lo único que no hacemos, pero de resto hacemos la labor de abono, de micro-inyección, de fumigación. Hay mujeres que hacen “guachapeo” con guadaña, la labor de estratego, pero lo que nos diferencia de los hombres es la cortada del gajo.

En este momento hay conmigo 250 mujeres afiliadas al sindicato. Hay más mujeres trabajando en La Palma pero no se afilian al sindicato por temor, hay algunos gerentes de cooperativas que les dicen: “no se meta allá que de pronto las vetan”. Como es el caso mío que fui vetada por Indupalma hace siete meses solo por pertenecer al sindicato”.
Gloria explica que Indupalma se encarga de pasar una carta a cada representante de las cooperativas y les da el nombre de las personas que no pueden trabajar. “En estos momentos estamos vetados tres personas porque la cooperativa para la cual trabajábamos se acabó, y cuando la empresa se dio cuenta que la cooperativa se había acabado enviaron cartas a las otras cooperativas solicitando que a las personas del sindicato no nos contrataran. Es un derecho pertenecer a un sindicato, pero bueno, me he defendido y aquí estoy, pa' lante!”

Una historia de dificultades y aprendizajes
“He aprendido a valorar los trabajadores, que uno no debe mendigarle nada a nadie, y que uno tiene que pelear por los derechos. Con la huelga logramos mucho, porque para estar aquí donde estamos hoy en día, nos tocó luchar con la gente, madrugar, visitar campo, montarnos en los buses para hablar con la gente. Nos reuníamos primero 15 o 20 personas, de ahí fueron subiendo a 50 y 100, y poco a poco fuimos avanzando hasta que la gente entendió por qué estábamos luchando. Me satisface en estos momentos tener a mis compañeros y sus familias luchando por la causa. En un futuro podrán decir: mi mamá o mi papá estuvieron luchando para que nosotros tuviéramos una mejor alternativa, un mejor futuro”.

Con nostalgia recuerda cómo ingresó a trabajar a las parcelas de Indupalma. “Yo entré a trabajar en las cooperativas el 22 de febrero de 2009. Ese año, el 9 de junio, tuve un accidente dentro de las parcelas, recuerdo que estaba cayendo un aguacero y la moto se resbaló. Estuve prácticamente dos años incapacitada, los médicos me enviaban a re-ubicación y la cooperativa nunca cumplía. Indupalma le decía a uno que si la cooperativa no tenía en qué más reubicarlo, pues que pasara la carta de renuncia. En el 2011 ya el diagnóstico médico indicaba que estaba mejor. Entré a laborar otra vez, pero el 22 de abril del 2011 le cancelan los contratos a la cooperativa Nuevo Horizonte, decían que era por cuestiones de administración pero realmente hubo otros inconvenientes de Indupalma con esta cooperativa.


Después, en el 2013, entré a trabajar en una cooperativa que se llamaba S6C, ahí duré trabajando hasta el año pasado que la cooperativa se terminó por pago de seguridad. No tuvimos para pagar la seguridad, fuimos 23 personas que quedamos en ese momento sin trabajo, duramos un mes parados hasta cuando pudimos recoger la plata para la seguridad, que se nos volvió a acabar el 12 de junio del 2017”.

“He sentido temor por mi vida”
A raíz de esto Gloria y sus compañeros hicieron, el 11 de junio de ese año, la asamblea donde se conformó el sindicato de la Unión General de Trabajadores Tercerizados de la Agroindustria -Ugtta-. Fue ahí cuando Indupalma les canceló los contratos. Gloria, al igual que sus compañeros, intentó trabajar en otras cooperativas, pero en todas le dijeron que no. Indupalma amenazó las cooperativas con bajarles puntos, y con quitarles los contratos, si los recibían. “Eso me dio más fuerza para seguir en la Ugtta y hoy en día me enorgullece pertenecer a este sindicato”, expresó.

Una anécdota de Gloria es que el día que se declaró la hora cero de la huelga, tuvo un altercado con un abogado de Indupalma. Al “doctor Lara” le dijo lo que sentía, lo que le dolía por las condiciones de tantos trabajadores en tantos años de trabajar con Indupalma, a lo que él les dijo que no los reconocía como trabajadores. También cuenta el dolor que sintió cuando el Ministerio de Trabajo llegó a verificar el cese de actividades de los trabajadores, pero poco le importaron los reclamos que estos estaban haciendo.

Gloria, que ahora está liderando la creación de unos talleres de formación para las mujeres, cuyo enfoque es la importancia y el sentido político de estar sindicalizadas, afirma que ha temido por su vida. Su municipio ha sido muy golpeado por la violencia, han matado muchos líderes sociales. Además, es víctima: ha perdido a varios amigos, y uno de sus hermanos fue asesinado. Aun así afirma con entereza que el único que puede decidir sobre su vida es Dios, y que si le toca morir por estar peleando una lucha digna, por algo que le nace, ella lo asumirá.

Son pocos los temas mediáticos que están tan mal contados como sucede con Venezuela. La ola de migrantes venezolanos que cruzan a diario el puente Simón Bolívar, por culpa de la fractura económica planeada desde países y organizaciones internacionales contra el vecino país, ha sido un tema banalizado por los medios de comunicación. El abordaje mediático –mucho más político que analítico– ha puesto poco interés en los matices y antecedentes de la crisis migratoria. Día a día los medios se convierten en cómplices y promotores de la xenofobia que empieza a impregnar a la sociedad colombiana.

La nobel de literatura Svetlana Alexiévich dijo alguna vez que “solo el amor puede salvar a los que están contagiados por la ira”. Armados de amor y fraternidad, movimientos sociales de todo el país convocados por la Mesa Social para La Paz, se dieron cita el uno y dos de marzo en Cúcuta y San Antonio del Táchira para discutir y proponer soluciones políticas al drama migratorio; hacer un llamado simbólico al hermanamiento entre ambos países; y darles un fraterno abrazo a los hermanos venezolanos.

Los padres de Bladimir Agudelo, asistente al evento Uniendo Pueblos por la Paz, fueron dos de los seis millones de colombianos que desde los 70's migraron a Venezuela huyendo de la violencia, el hambre, o la falta de oportunidades. A pesar de ser venezolano, para Bladimir las fronteras políticas y genéticas solo son mentales:

–Esto de colombianos y venezolanos para mi significa realmente muy poco, no siento ninguna diferencia. Mis viajes constantes con mis padres a Cúcuta han construido una imagen mental según la cual estoy pisando mi territorio, mi territorio es esta frontera hermosa. No siento que aquí haya ninguna línea divisoria, que humanamente seamos especies distintas, por el contrario, he construido una identidad que va de la mano. Regiones como el oriente de Venezuela o el occidente colombiano son más extrañas que este conjunto de connacionales que han sido mi vida. Desde mi primo en La Guajira hasta mi novia en el Casanare es un solo país.

Distinto a lo que muchos piensan, el puente Simón Bolívar no es el principio y el fin de dos países, sino el corredor que une dos habitaciones de una misma casa. El pasado dos de marzo, la mayoría de colombianos que asistieron al evento cruzaron por primera vez la frontera. Lo que para muchos fue una novedad, para Bladimir es un ritual familiar que le eriza la piel:

–Después de muchos años en Venezuela mi papá tenía cédula de residente y mi mamá no tenía ningún documento. Yo ya tenía alrededor de 10 años. Nosotros teníamos la costumbre de ir casi todos los fines de semana a Cúcuta y regresar a Venezuela. Los domingos en la noche era terrible porque en cualquier momento podían pedirle documentos a mi mamá y devolverla. Ella les decía a los guardias: “no tengo documentos, pero mis hijos son venezolanos, tienen cédula, partida de bautizo”, y pasaba. Había una especie de petición a los dioses: “Ay coño, que esta vez no nos pidan la cédula porque todo el hijueputa pedo allí”. Lo mismo pasaba cuando cruzaban los tíos o los primos que no tenían documentos. Mi familia se fue para Venezuela en la gran migración de finales de los 70s. Me acuerdo cuando venía todos los fines de semana. A mí me daban 10 bolívares de merienda, aquí eran algo así como 120 pesos. Con eso yo compraba chocolates, caramelos, invitaba a mis primitos, hacíamos cualquier cantidad de cosas. Para este último viaje yo tuve que sacar tres salarios mínimos de Venezuela, para pagar el transporte o los cigarrillos aquí en Colombia.


En San Antonio del Táchira, sobre la Avenida Venezuela, los asistentes al evento se congregaron en torno a una tarima donde artistas locales y colombianos pregonaron consignas en favor de la unidad, la solidaridad, y la resistencia de los pueblos. El momento más emotivo de la jornada tuvo lugar cuando los connacionales de ambos países se dividieron en dos grupos, de un lado los colombianos agitaban banderas rojas, del otro ondeaban banderas amarillas en manos de los venezolanos. Una vez dieron la señal en la tarima, los asistentes se mezclaron en un solo abrazo y gestos de camaradería que dejaron al descubierto el lado más humano de ambas naciones.

La xenofobia entre venezolanos y colombianos no es un fenómeno nuevo. Desde la separación de la Gran Colombia en el siglo diecinueve han existido interesados en popularizar la idea de que somos pueblos antagónicos. Sin embargo, la historia nos recuerda que juntos fuimos capaces de arrojar un imperio al mar y hacerlo devolver para España. Y la masiva asistencia al evento Uniendo Pueblos por la Paz confirma que todavía tenemos un futuro en común.

Desde Trinidad hasta La Venturosa hay tres horas de carretera destapada, en medio de morichales y cultivos de arroz. Cada cierto tiempo aparece un carro tanque. Unos van a recoger el crudo y otros ya regresan cargados. Hemos ido compañeros de Asonalca, la asociación campesina filial del Coordinador Nacional Agrario CNA en la región del centro oriente, y compañeros de la Unión Sindical Obrera.

Es un trabajo conjunto que empezamos hace años, con el propósito de avanzar propuestas unitarias entre trabajadores y campesinos. En la reunión trabajamos sobre las necesidades de la zona y la construcción del pliego. Eran las primeras reuniones, hacia mediados del 2017; mezcla de talleres y diálogos sobre las alternativas que podía tomar el comité de Asonalca y las Juntas de Acción Comunal frente a los abusos de la industria.

Las denuncias de la comunidad no se hicieron esperar. Los trabajadores se quejaban de los cambios en las condiciones de trabajo, los salarios precarios y la falta de posibilidades de transporte para ir a los lugares a desempeñar sus funciones. Las juntas denunciaban los daños ambientales y los incumplimientos en materia de inversión social. Por eso no fue difícil comprender el titular del noticiero de Caracol Televisión cuando anunció las protestas y los 'maltratos' de los campesinos hacia los miembros de la Policía.

Como era de esperar, los del noticiero no llegaban cuando las compañías petroleras abusaban de los trabajadores, ni cuando se presentaron las denuncias por los daños ambientales o los incumplimientos en materia de inversión social. No. Ellos llegaban solo cuando la Fuerza Pública se veía agredida, esa misma Fuerza Pública que escoltaba las tractomulas que sacaban el crudo y a los trabajadores prestigiosos de la compañía.

La historia no era nueva, ni en la provincia del Pauto ni en el departamento. Hacia el 2010, los trabajadores de Tauramena habían liderado protestas y establecieron los derroteros de un pliego que ha venido emergiendo en diferentes lugares del departamento: inversión social, compensación ambiental, derechos humanos, bienes y servicios y condiciones laborales. Se trataba de aspectos que habían sido vulnerados por las compañías de manera sistemática desde el momento en que irrumpían en las veredas. Era justamente el revés de las promesas con las que llegaban y con las cuales habían vencido las resistencias de las comunidades.

En el 2012 unos campesinos de la zona adelantaban protestas por incumplimientos de las compañías. La represión no se hizo esperar. En adelante, los miembros del ESMAD utilizarían, pagados por las compañías petroleras, las instalaciones del internado de Trinidad para prevenir cualquier levantamiento en contra de las operaciones de las compañías.

Hacia el 2015 fuimos junto con Daniel Abril al corregimiento de El Convento. Los casos de violaciones de derechos humanos por miembros de la SIJIN aparecieron ante la misión de verificación, encabezada por compañeras de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia. Alentados por las compañías, miembros de la SIJIN habían seguido a campesinos de la zona, los habían amedrentado señalándolos de responsables de las acciones de protesta, y algunos fueron judicializados. Lo mismo sucedía para ese año en Paz de Ariporo y El Morro, donde algunos procesos de judicialización contra líderes comunales continúan vigentes. Daniel Abril fue asesinado el 13 de noviembre de 2015 en el municipio de Trinidad, lugar en donde había liderado diferentes denuncias por contaminación al río Pauto por parte de compañías petroleras y por la negligencia de las autoridades ambientales.

Por eso, después de la persecución liderada por las autoridades, y de las denuncias y el lento proceso de recomposición que se había iniciado, acompañado por las organizaciones sociales que hacíamos presencia en el departamento, no era raro que las protestas se presentaran nuevamente.

En Yopal, durante el 2017, campesinos se manifestaban en contra de un pozo petrolero ubicado a escasos 200 metros de la zona urbana, amenazando los pozos profundos que surten de agua a más del 60% de los habitantes del municipio. En Aguazul, Orocué, Trinidad y Paz de Ariporo la situación era igual. Las compañías, avaladas y blindadas por las instituciones y autoridades del Estado, trataban con arrogancia las demandas de los trabajadores y habitantes de sus zonas de influencia.

El Estado, de manera descarada negaba la posibilidad de las consultas populares, avalaba el Fracking en contra de las protestas lideradas por los habitantes de San Martin en Cesar, y restringía aún más, a través del nuevo Código de Policía, las posibilidades del ejercicio de la protesta social. En estas condiciones, la democracia representa más la posibilidad de elegir un títere que de pensar un modelo económico distinto, como lo ha venido proponiendo la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y cuyos pliegos han sido sistemáticamente negados por el Gobierno. Otra democracia sólo es posible al calor de la organización, la unidad y la lucha decidida en las calles y las veredas.

Las movilizaciones no las hace el pueblo por necedad. Los viejos problemas entre el Gobierno nacional y FECODE traen nuevos capítulos que suponen un reto para la reivindicación de la educación pública, y un motivo para que los maestros denuncien en las calles del territorio el incumplimiento de los acuerdos pactados el 16 de junio de 2017 con el demagógico y displicente gobierno de Juan Manuel Santos.

Antioquia no es ajena a esta situación, así lo demuestra el plantón llevado a cabo el primero de febrero en la plazoleta del centro administrativo La Alpujarra. En dicha protesta, los maestros reclamaron los salarios del tiempo recuperado luego del paro nacional de 2001, y las primas departamentales que no fueron pagadas durante el gobierno del fallecido Guillermo Gaviria Correa.

En principio, el secretario de educación de Antioquia, Néstor David Restrepo Bonnet, mencionó la existencia de una mesa técnica entre la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) y la administración departamental con el fin de proceder al pago de estos dineros, lo que hasta ahora no ha sido posible porque las primas departamentales están demandadas por el Ministerio de Educación ante las cortes y están sujetas a los recursos del Sistema General de Participación, el cual no cuenta con presupuesto disponible.

Luis Fernando Ospina Yepes y Omar Arango Jiménez, directivos de ADIDA, manifestaron que las consultas y las mesas técnicas solo logran dilatar el compromiso con los maestros antioqueños. Además, aseguraron que Antioquia es el único departamento que ha incumplido estos pagos atrasados, y denunciaron la falta de coherencia ética por parte del gobernador Pérez Gutiérrez, pues esta problemática hace parte de sus promesas electorales incumplidas hasta hoy.

Por otra parte, el 21 de febrero tomaron fuerza las inconformidades por el deficiente servicio de salud que brinda, en la zona 8 (Antioquia-Chocó), el nuevo operador Red Vital quien reemplazó a la Fundación Médico Preventiva el 23 de noviembre de 2017.

Testimonios como el de Gerardo Antonio Gaviria Rivera explican la crítica situación: “En el papel el contrato entre Fiduprevisora y Red Vital tiene todo, pero en la práctica no hay nada porque carece de infraestructura en general. Las citas médicas y los medicamentos de control se demoran hasta ocho días, o más, cuando deberían estar en 24 o máximo 48 horas”. John Piedrahita, por ejemplo, asegura que su madre padece cáncer de seno y no ha sido atendida por un especialista porque Red Vital no se los proporciona. Y como si fuera poco, el presidente de ADIDA, Luis Fernando Ospina Yepes, agrega que existen 12.500 cirugías represadas desde que funcionaba la Fundación Médico Preventiva. A esto se suma la no atención de enfermedades crónicas y de alto costo, la no aparición de las historias clínicas, y la no firma de contratos con hospitales municipales, siendo Buriticá y Zaragoza los casos más emblemáticos.

Dicha situación, más la violación de los 23 puntos pactados entre el Ministerio de Educación y FECODE, demuestran que la protesta a nivel nacional es un llamado de atención al Gobierno nacional para que cumpla el acuerdo, en el que se destacan puntos como: la reforma estructural al Sistema General de Participación para garantizar la financiación de la educación pública; la implementación de la jornada única; la reforma conceptual al estatuto único docente, y la inclusión de una integración salarial equitativa que nivele a los maestros del 2277 con los del 1278, procurando que haya la menor afectación financiera posible; la inclusión de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa (ECDF), evitando así la imposición de la Evaluación por Competencias; el mejoramiento de la infraestructura educativa, deteriorada principalmente en zonas rurales o barrios populares; y las garantías sindicales y laborales que protejan el derecho a la participación sin que haya represalias.

Carlos Rivas, presidente de FECODE, declaró que: “La educación es un derecho fundamental al igual que el derecho de asociación, aunque el Gobierno insiste en que la educación es un derecho público esencial”. Rivas agregó que si el Gobierno no cumple los 23 puntos acordados tras el paro magisterial de 2017, el gremio irá a “paro indefinido”.

81 años después de la reforma agraria promulgada por el presidente Alfonso López Pumarejo, las actuales demandas que el campesinado le hace al Estado siguen siendo las mismas. A pesar del potencial productivo de un país con la diversidad climática y topográfica de Colombia, las cifras demuestran la incapacidad estatal para hacer del campo un proyecto de vida rentable y digno.

Teniendo en cuenta los desafíos que implica este contexto agrario, del 24 al 29 de noviembre del 2017, en San Alberto, Cesar, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) celebró su VI Asamblea, con 600 representantes de sus 61 procesos campesinos adscritos. Las plenarias celebradas durante la asamblea arrojaron algunas conclusiones sobre los DESCAS, el uso y posesión de la tierra, los escenarios de participación política, los territorios campesinos agroalimentarios (TCAM), y los mecanismos de protección: ejes que fundamentan la plataforma política del CNA.

Uso y posesión de la tierra
Según lo manifestado por los asambleístas, la ley Zidres y la ley segunda de 1959, que hasta el momento han delimitado 59 áreas protegidas y 22 páramos, representan una amenaza para los intereses campesinos porque fomentan el despojo, los conflictos inter-étnicos, y estigmatizan al campesino como depredador de los ecosistemas. Además del inconformismo con los programas de sustitución de cultivos ilícitos, que no garantizan condiciones de subsistencia dignas, entre los elementos problemáticos referidos a este eje se mencionaron las trabas institucionales para acceder a la titulación de tierras, lo que contrasta con el aumento de concesiones otorgadas a multinacionales mineras y petroleras.

Para darle solución a estas problemáticas se propusieron vías de hecho políticas y metodológicas, entre ellas realizar un censo propio de tierras; compras colectivas de tierras; darle un enfoque de género a la comisión de tierras del CNA; establecer la producción de alimentos como la principal vocación productiva de la tierra; hacer uso de las consultas populares –y las consultas previas étnicas- para garantizar la autonomía y la permanencia en los territorios; incluir en el código minero un capítulo sobre minería artesanal; derogar la ley 1757 de páramos; construir una medida que proteja los páramos sin desplazar las comunidades que los habitan; dignificar el uso medicinal, alimentario, agroindustrial y cultural de la hoja de coca; y alcanzar la autonomía en materia económica y de gobernanza por medio de los territorios campesinos agroalimentarios.

Plan de vida endógeno
El deseo de organizar el territorio con dinámicas económicas y sociales autónomas, se ha materializado hasta el momento en cinco territorios campesinos agroalimentarios. A los que ya están constituidos -dos en Arauca y tres que abarcan municipios de Nariño y Cauca- el Coordinador Nacional Agrario espera sumarle, como mínimo, otros treinta.

En materia económica, esta figura organizativa permite diseñar un sistema que le otorgue al campesinado el control de la producción, la transformación, la distribución, y la comercialización de los productos, y que además garantice la soberanía alimentaria, y la distribución equitativa de la ganancia.

Robert Daza manifiesta que en el caso del TCAM ubicado entre el Norte de Nariño y el Sur del Cauca: “Las comunidades controlan los mercados para garantizar la soberanía alimentaria. Controlar los mercados locales es saber cuánto consumimos, cuánto producimos, y cuánta comida está llegando al territorio”. El integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano agrega que: “Antes de declarar los territorios campesinos agroalimentarios, nosotros hacemos unas mingas de armonización y soberanía. Estos procesos no son únicamente políticos y organizativos, tienen que ir más allá; recuperar la espiritualidad perdida del campesinado, aprender a escuchar con nuestro corazón los latidos de la madre tierra, porque si no estamos conectados con la naturaleza no tenemos ninguna motivación para defenderla”.

Con respecto a la dimensión político-social, el CNA vislumbra en los territorios campesinos agroalimentarios una oportunidad de alcanzar la paz territorial. Un proyecto tan ambicioso, lo sabe el CNA, requiere de infraestructura para crear una gran red de mercados campesinos; coherencia entre la práctica y el discurso; auto reconocer la identidad y la cultura campesina; contextualizar y adaptar las ayudas gubernamentales a las dinámicas particulares de los territorios; gestar un modelo educativo que fomente la investigación y el diálogo de saberes, y que cualifique al campesinado con modelos y contenidos pedagógicos acordes a la idiosincrasia campesina.

Seguridad y protección
Finalizada la confrontación con la guerrilla de las FARC, varias organizaciones sociales presentes en la VI Asamblea consideran que ahora son ellas las señaladas como el nuevo “enemigo interno” del Estado. Diferentes procesos adscritos al CNA afirmaron que la fuerza pública no es sinónimo de seguridad para ellos. Debido al incremento exponencial de las judicializaciones y los asesinatos, que cobró la vida de 73 líderes sociales en 2017, resulta indispensable diseñar un mecanismo que garantice el derecho a la vida y el pleno funcionamiento de los territorios campesinos agroalimentarios.

Desde la V asamblea realizada en San Lorenzo Nariño en el 2012, el CNA está creando una guardia nacional campesina interétnica y popular, cuyo marco normativo de conducta sea definido por el propio Coordinador Nacional Agrario.

A diferencia del Ejército Nacional, cuyo principio fundacional es la seguridad y la defensa, las guardias campesinas están pensadas como un mecanismo preventivo de protección y cuidado colectivo que permite resolver conflictos, canalizar denuncias y alertas tempranas cuando se presenten violaciones a los derechos humanos. A su vez, la guardia está pensada como una fuerza de defensa ante cualquier caso de agresión o vulneración durante las movilizaciones.

Para consolidar la propuesta de guardias campesinas, Walter Quiñonez –representante de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (ORDEURCA)- asegura que el CNA debe ocuparse primero de “la formación pedagógica de sus potenciales integrantes, legitimar la existencia y, sobre todo, la autoridad de las guardias en las comunidades, y establecer normas de comportamiento y resolución de conflictos”.

Solución política
La legitimidad y la incidencia del movimiento social en la esfera institucional aún es limitada. Consciente de ello, el CNA aprovechó la asamblea para discutir cuál es la concepción de paz que tienen los diferentes procesos y cuáles son los escenarios de participación política más pertinentes para aportar a la construcción de esa paz ideal.

Finalizada la VI Asamblea queda claro que para el CNA la palabra paz va más allá del silencio de los fusiles. Mientras no hayan garantías para la movilización de sectores populares, no se respete el disfrute pleno de la territorialidad campesina, no se garantice el derecho a la propiedad de la tierra, y no se erradique la exclusión y la desigualdad, más que una realidad la paz será letra muerta.

En este sentido, el Coordinador Nacional Agrario no quiere ser un invitado ocasional sino un protagonista en la construcción de la paz. La organización propone afianzar la participación en las juntas de acción comunal, crear consensos que cohesionen intereses, y hacerle veeduría activa a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) consignados en los acuerdos de La Habana. Por último, en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, el CNA sugiere crear una mesa temática llamada tierra, territorio y campesinado, que sea interétnica, intersectorial e intergremial.

Sobre la cordillera central, a sesenta y seis kilómetros de Pereira, capital de Risaralda, se encuentra el municipio de Apía. Enclavado sobre montañas verdes que constituyen un formidable sistema biológico, viven gentes dedicadas a la ancestral labor de la agricultura.

Apía es un municipio cuya economía se deriva principalmente de la producción y comercialización agropecuaria. Allí se cultiva y cosechan frutales como granadilla, pitahaya, aguacate, lulo, mora y tomate de árbol, así como plátano, yuca, arracacha, hortalizas varias, café y caña panelera. También cuenta con un comercio bien organizado, que ayuda a suplir las necesidades fundamentales de esta población.

Apía consta de su cabecera municipal y de 45 veredas, las cuales constituyen más del 90% de los 214 kilómetros cuadrados de su extensión. Allí se pueden encontrar variados pisos térmicos como el medio que abarca 97 kilómetros cuadrados, el frío que abarca 108 kilómetros cuadrados y el páramo con una extensión de 9 kilómetros cuadrados en el Parque Nacional Natural de Tatamá (el abuelo de las aguas). Cuenta con tres ríos, el Apía, el Guarne y el San Rafael. De los cerca de 17.000 habitantes, en su área rural dispersa la mayor parte del campesinado productor se encuentra entre los 55 y 59 años.

Allí, en ese municipio de ancestro campesino, se desarrolla desde hace más de quince años un proceso comunitario llamado Asociación Centro de Gestión Alto San Rafael, en el cual campesinos y campesinas se encuentran para capacitarse, para decidir acerca del tipo de producción agropecuaria que desean trabajar y para buscar canales de distribución que los beneficie como productores, pero también que permita a los usuarios finales adquirir alimentos de calidad con producción limpia, sana, de carácter orgánico y agroecológico.

Un proyecto para buscar la soberanía y seguridad alimentarias
Luego de cubrir el trayecto desde Pereira y sorteando bastantes derrumbes en la vía, llegué al municipio de Apía. Los derrumbes y el estado precario de esta carretera, que aspira conectar el desarrollo industrial y agropecuario del país con el pacífico a través del Chocó, no han sido atendidos debidamente por las diferentes administraciones departamentales y nacionales.

Silvio Orozco Giraldo, ingeniero ambiental que lidera como representante legal esta asociación al lado de otras personas campesinas del municipio, me cuenta que “desde hace cerca de dos años se viene desarrollando un proyecto de huertas comunitarias, el cual fue formulado y presentado ante el Ministerio de Agricultura, para que este destinara los recursos financieros como fruto de los paros agrarios campesinos e indígenas de los años 2013 y 2014, a través de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Dicho proyecto busca mejorar la cantidad, calidad y oportunidad de los alimentos a que acceden las noventa familias beneficiadas, en Risaralda, Quindío y Norte del Valle”.

“Porque la familia campesina tradicionalmente ha cosechado su siembra y destina lo mejor de su producción al comercio, al mercado, dejando para sí lo de menor calidad. Aquí se trata de que el campesino y la campesina separe lo mejor de su producción para alimentarse y alimentar a su familia, que esa producción orgánica y agroecológica permita entregar excedentes de gran calidad a los consumidores finales, comida limpia, saludable”, agrega Silvio.

El territorio lo ordenamos los habitantes
En este proceso de asociatividad campesina, se han dado importantes avances de carácter político, por cuanto estas gentes de forma organizada han entendido y aprendido que el territorio donde ellas habitan se ordena de acuerdo a sus intereses, sueños y necesidades.

Jhon Jairo Rodas es otro de los socios fundadores de la asociación y quien también ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de estas comunidades. “Nosotros nos hemos juntado para trabajar y mejorar las condiciones de las gentes del pueblo. Hemos organizado un plan de vida, hecho por las gentes de aquí, y con ese plan de vida hemos influido en la organización del plan de ordenamiento territorial del municipio. Con la asociación logramos conseguir ese proyecto, para hacer huertas y que las familias beneficiarias tengan comida de forma permanente, comida de calidad y sana. Y de paso, se pueda comercializar lo que queda de las cosechas y conseguir unos pesos”.

Con Jhon Jairo me encontré un domingo luego de haber un recorrido desde la cabecera municipal hasta la vereda Alto San Rafael, a bordo del característico jeep Willis, pasando carreteras a través de bosques de niebla, pájaros y la presencia siempre imponente y mística del gran Cerro de Tatamá. Un real paseo por las nubes. Me enseñó entre otras cosas un manual formador para formadores que se trabaja en la escuela de la vereda, un módulo de agroecología que enseña a las nuevas generaciones el valor del campo y de la autodeterminación de sus gentes. Me enseñó su finca y me habló de sus sueños realizados, de su familia y de la alegría de estar con ellos en ese paraíso amado.

Una chamán y curandera
Subiendo hasta la vereda Alto Campana, en una casita rodeada de bosque nativo, encontré a doña Bertha, integrante del proyecto, y quien tiene en su finca una de las huertas. Ella es una mujer de ascendencia indígena, cuyos ancestros han cuidado desde tiempos en que no había historia, al protector de estas tierras: el Tatamá. Allí se refugiaron sus ancestros y ella misma, luego de abrir un portal que los llevó a una ciudad de luz. Ella regresó a este mundo porque debía descubrir su misión y cumplirla, nos cuenta a quienes conversamos con ella. Luego de caminar muchos años por diversas partes de este país, y de criar hijos, logró entender su misión y se regresó cerca de su cerro protector para entregar y recibir amor, y compartir su sabiduría ancestral, la curación de los cuerpos y de las almas.

De regreso a Apía, hablé con Mario Vergara, propietario de ferretería Depósito San Judas y quien ha hecho llave con la asociación para apalancar financieramente el desarrollo del proyecto, mientras que el Ministerio realiza los desembolsos (que siempre llegan posteriores a la ejecución de las actividades). De esta manera el proyecto de huertas campesinas contribuye también a la dinámica económica de una región y un municipio, en donde las gentes se empoderan de las soluciones a sus problemáticas, con dignidad.

No queda duda que Jhon Jairo, Mario Vergara, Hugo León y demás en Apía, así como doña Ana Lucía, don Félix y demás familias en Dosquebradas, Evelio en Calarcá, y demás participantes de este proyecto, con su hospitalidad, cariño e iniciativas, nos conectan de nuevo con el campo y con la vida.

Por Lina Álvarez - El Cuarto Mosquetero

Hace más de 60 años sus familias habitan allí, en esas fincas llenas de diversos cultivos que se distribuyen por todo el Meta; son campesinos, orgullosos de su descendencia, de los caños que surcan sus territorios y la variedad de fauna y flora. Por esto llevaban más de un año intentando interlocutar de manera pacífica con Ecopetrol, empresa que pretende desarrollar el proyecto Trogón I. Sin embargo, se vieron obligados desde hace seis meses a crear un campamento permanente para no permitir la entrada de los funcionarios. Aun así, estos desconocieron el rechazo a la extracción petrolera por parte de los habitantes Pio XII en Guamal y con apoyo de las fuerzas represivas del Estado, lograron irrumpir en sus predios.

Inició el conflicto
Todo empezó hace cuatro años, cuando Ecopetrol llegó a la vereda Pio XII intentando comprar predios. Todos son pequeños propietarios, viven de los procesos agropecuarios, quieren su territorio y por ende, rechazaron las ofertas; pero no se imaginaron que una habitante que al parecer se dedicaba a las urbanizaciones piratas y a quien se le presentaban problemas a la hora lotear el terreno (en el que en algún momento se pretendió desarrollar un proyecto de interés social), vio como salvadora a la empresa y se lo vendió. Así, esta comunidad enfrentó su primera derrota, y aunque no podría decirse que era la comunidad más organizada, desde ese momento se lo propusieron. Muchos de ellos incluso estaban impidiendo que continuara la plataforma Lorito 1 en su municipio, y tenían muy claro por qué no querían extracción de petróleo allí, por más que les dijeran que Guamal tendría más “oportunidades” laborales.

En Trogón I se buscará confirmar el potencial del bloque CPO-9 que cuenta con su respectiva licencia, sin importar que allí existe uno de los acuíferos subterráneos más grandes de la región, del cual se surten acueductos comunitarios o municipios como Castilla La Nueva y la vereda Humadea. Pero ni la riqueza hídrica que debería ser protegida como lo establece la sentencia T-652/13 respecto al derecho fundamental del agua potable, logró ser argumento suficiente para que no continuaran con el proceso de “socialización”.

En repetidas ocasiones intentaron mostrar el respaldo de la comunidad al proyecto, convocando al parecer a habitantes de los alrededores de Guamal (más no de Pio XII) para que lo aprobaran. Aunque la comunidad denunció las irregularidades, como no ser convocados, que el espacio fuera insuficiente para que todos pudieran participar, o que se respaldaran en las oportunidades laborales pero no hablaran del verdadero impacto que finalizaría con su vocación agrícola, Ecopetrol siguió avanzando, sin tener en cuenta su inconformismo.

La comunidad empezó a manifestarse
Cuando el Concejo Municipal emitió una resolución en la que cambiaba la naturaleza del uso del suelo de la vereda Pio XII que históricamente había sido de tradición agropecuaria a zona de ampliación urbana, facilitando lo planeado por Ecopetrol, la comunidad sintió desfallecer. Sin embargo, con la ventaja legal de llegar a sus predios, los habitantes de esta zona decidieron realizar un plantón permanente y pacífico para impedir el ingreso a los funcionarios. Durante más de seis meses hicieron turnos, ollas comunitarias, durmieron en hamacas bajo un improvisado techo de plástico. Su defensa parecía segura, pero la fuerza pública empezó a hacer presencia en múltiples ocasiones, ultrajándolos, amenazándolos, hasta que una madrugada llegaron con el Esmad y no pudieron enfrentarlos más.

“Llegó el Esmad, recogió todas las sillas que teníamos en la propiedad, se acomodó con los escudos y comenzó a empujar la gente”, comenta un habitante de la tercera edad quien se encontraba en el campamento, quien además denuncia que no es la primera vez que los golpean. Justamente a él, un supuesto contratista de Ecopetrol le dio un planazo en la espalda hace algunas semanas, y las denuncias fueron en vano.

Ellos no esperaban la pronta llegada Esmad, como le señaló una de las lideresas del sector a los funcionarios: “Nosotros nos comunicamos con el ingeniero Juan Naranjo y acordamos respeto (…) Nosotros somos de aquí, llevamos más de 60 años, yo creo que lo primordial es que se comuniquen con nosotros, y venir aquí a decirnos tenemos licencia pero sin dejarnos leer no es válido (…) Nosotros nos hemos leído las 300 hojas de esa licencia y sabemos que ustedes no pueden estar aquí en este momento”, ya que además esperaban que llegarían a los predios después del pronunciamiento del Tribunal frente a la acción popular que presentaron. Exponen además que ni siquiera hubo presencia de la Defensoría Pública o personal de derechos humanos.

Interpusieron la acción popular porque aparte de los múltiples derechos que les han vulnerado durante el proceso, consideran que la exploración de Trogón I es inviable: “Entendiendo que esta vereda es una zona de alto riesgo, estamos ubicados a una altura de 570 metros sobre el nivel del mar; la Licencia 466 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA señala en sus páginas 16 a 21 que 23 de los 29 municipios del departamento presentan riesgo a los 575 metros de altura por estar ubicados en la falla geológica de Villavicencio”, manifiesta Diego Enrique Salcedo Ladino, miembro de la comunidad. En esta falla también están los municipios de Acacías, Guamal y Cubarral que además presentan especial riesgo aún por debajo de los 575 metros, “es por esa razón que las comunidades atendiendo la precaución nos manifestamos en contra de ese proyecto”.

Por ahora siguen organizándose, cuentan con el apoyo del movimiento ambiental y se apoyan entre ellos para no caer en la desesperanza; Ecopetrol con el apoyo del Esmad continúa entrando maquinaria y los elementos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Ya perdieron la ilusión de recibir ayuda del Alcalde, pues en múltiples ocasiones intentaron hablar con él, pero este no se ha interesado en apoyarlos. La solución pacífica al problema que les está representando el proyecto Trogón I, les ha traído represión por parte del Esmad, militarización de la zona, incluso consideran una falta de respeto que los soldados estén acampando en las inmediaciones del colegio.

Todavía realizan turnos las 24 horas, diferentes actividades para fortalecer el tejido social, como jornadas lúdicas, cine plantón, compartires, y en general procesos para culturalizar y entender la problemática que están viviendo y la importancia de resistir: “Nosotros estamos hasta el final, porque estamos luchando por una causa justa; por el agua, por la vida y por el medio ambiente, entonces seguiremos aquí, a pesar del abuso de las autoridades municipales y departamentales seguiremos ahí, en la lucha, hasta que mi diosito nos dé fuerzas”, comentan los habitantes de esta vereda.

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