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Las negociaciones entre el gobierno y el ELN están bloqueadas, y es probable que el impasse se prolongue durante meses; no es imposible que esto termine por inmovilizar a las partes y suspender indefinidamente el proceso público anunciado. Aún así, si el proceso se desatasca tendrá que darse con unos Acuerdos de La Habana en fase de implementación. Es necesario que desde el campo popular analicemos cómo la participación de la sociedad –que las partes han acordado deberá ser protagónica y determinante– abordará la identificación de las llamadas “transformaciones necesarias para la paz”, ante el hecho cumplido de los Acuerdos con las FARC.

Se trata, como es natural, de una disputa. El movimiento popular –que por necesidad tiende a pensar la paz como justicia social– espera que se trate de todas las reformas democráticas pendientes en un país inequitativo. El establecimiento en el mejor de los casos las entiende como un remozamiento de las instituciones y una modernización de algunos renglones de la economía. Si hemos de llegar a un acuerdo entre adversarios de clase para realizar una negociación sobre tales transformaciones y facilitar la terminación de la guerra revolucionaria, lo más lógico es encontrar un lugar intermedio entre estas posiciones, siempre que garanticen mínimamente que los sectores subalternos podamos tener la posibilidad cierta de ser oposición y ser gobierno, sin que este establecimiento acuda a la violencia política y el crimen para impedirlo. Determinar el alcance de esas transformaciones depende no solo del acuerdo sobre su pertinencia para superar el conflicto armado, y de la correlación política de fuerzas entre ELN y el Estado, sino esencialmente de la correlación en términos sociales, en tanto la agenda de negociaciones de Quito incluye la participación determinante de la sociedad.  

A mi juicio son cuatro las transformaciones necesarias para la paz, en tanto representan cambios sustantivos en las formas del conflicto social y su logro tiene impacto directo en la superación de la acción armada revolucionaria y en la terminación del terrorismo de Estado: 1. Garantías democráticas para el movimiento popular, social y político (opinión, movilización, protesta, participación política y electoral), que implica: a. Función, composición y orientación de las fuerzas armadas (depuración); b. Desmantelamiento del paramilitarismo; c. Justicia, seguridad y convivencia ciudadana; d. Reforma electoral y estatuto de la oposición. 2. El ordenamiento territorial, emparentado con: a. Reasignación de competencias a los entes territoriales; b. Incorporación de nuevas figuras como los territorios campesinos y las regiones autónomas; c. Ajuste del régimen municipal y local (competencias sobre la economía y el orden público). 3. El equilibrio entre modelos de economía y sustentabilidad ecológica, que implica: a. Reforma Agraria; b. Política minero-energética y ambiental; c. Solución a las economías ilegales. 4. Los planes para el cumplimiento y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC.

En La Habana se avanzó en algunos de estos puntos. Hay algunas críticas desde el campo popular a lo allí acordado. La  mayoría corresponden a expectativas infundadas sobre lo que puede resultar de una finalización negociada del conflicto militar o una lectura infantilmente optimista sobre la correlación de fuerzas; en otros casos se confunden las razones por las cuales se justifica una rebelión armada con las condiciones para imponer en una mesa de diálogo nuestro programa de transición a la democracia. Por ejemplo, la impunidad de de crímenes cometidos por las fuerzas armadas y los paramilitares, la moderada afectación del carácter terrorista del Estado colombiano o la casi segura profundización del extractivismo minero-energético en nombre de la paz, han sido presentadas por algunos críticos como déficit insalvables de los acuerdos. Planteado escuetamente, la crítica resulta sólida, pero el asunto resulta menos desequilibrado si se reconoce que los militares deberán confesar sus crímenes para acceder a un tratamiento benévolo de la justicia, que la insurgencia tampoco aceptó ser tratada como una organización terrorista –como quería el gobierno–, que no habrá cárcel para los excombatientes guerrilleros responsables de crímenes de guerra, y que una Comisión de la Verdad independiente caracterizará los rasgos centrales del conflicto armado –que desde nuestra óptica incluye el terrorismo de Estado–. Otras críticas son puramente voluntaristas, como la que cuestiona que las FARC acepten que ese Estado (terrorista) sea el nuevo escenario de su acción política; cualquiera sabe que luego de una negociación el Estado permanecerá, y sugerir que la insurgencia podría lograr otra cosa en una mesa de negociaciones es mero sofisma.  En otras partes  he señalado que el problema no radica tanto en que lo logrado en La Habana tenga alcances limitados -expresión de una correlación de fuerzas desfavorable-, sino más bien en que sectores del campo popular lo quieran presentar como una victoria modélica que no admite pronta superación.

La fase pública de los diálogos del ELN y el gobierno debería entenderse (sobre todo por el movimiento popular) como la continuación de las negociaciones en el marco de un solo proceso; lo nuevo es que la agenda será abordada con una participación de la sociedad más amplia y determinante, la cual generará una correlación de fuerzas más favorable para el campo popular y democrático. El gobierno pretende imponerle al ELN los Acuerdos de La Habana como un límite inamovible y hasta el momento no expresa interés en que la participación de la sociedad sea algo más que un ritual descafeinado (y aunque aceptó acordar con la Cumbre Agraria un mecanismo de participación de la sociedad en el proceso de paz, su verdadera voluntad se conocerá cuando tal mecanismo deba adoptarse), pero resultaría equivocado desarrollar un proceso de participación social sin atender esos avances conquistados. Más allá de cómo se evalúen dichos acuerdos, lo cierto es que serán parte central del contexto en que se desarrollará la participación. La participación vinculante de la sociedad en los diálogos de Quito debería incidir por tanto en: complementar lo que es parcial, corregir lo que pudo ser deficiente, y hacer cumplir lo que siendo correcto merece un esfuerzo de implementación. Una propuesta de participación de la sociedad para la terminación de la guerra debe atender ese escenario, so pena de desconocer a los actores que lo conquistaron, de aislarse a título de despreciar los acuerdos, y en últimas de no dialogar con amplios sectores de la sociedad popular que ven en éstos un quiebre histórico.

El mecanismo de participación de la sociedad en los diálogos de Quito debe incorporar por tanto un componente explícitamente relacionado con la implementación de los Acuerdos de La Habana, en tanto éstos son evidentes desarrollos de varias de las transformaciones para la paz que el ELN y el gobierno han acordado discutir. Me refiero en primer lugar a los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, que se pueden ver inicialmente como planes para el cumplimiento y garantía de los DESC. Es entendible que gobierno y FARC prioricen 16 zonas campesinas de presencia de esta insurgencia; pero el acuerdo también prevé la posibilidad de extender esta modalidad a otras regiones. En clave del diálogo de Quito y de la participación de la sociedad, es posible acordar la inclusión de otras zonas campesinas y zonas urbanas de elevada conflictividad, y adoptar la modalidad de planeación participativa como formato permanente para el diseño de Planes Regionales. Más allá de eso, los PDET pueden ser una referencia útil para pensar en Proyectos de Región como la forma de concreción de los diálogos que se den en el seno de la sociedad para acordar las transformaciones necesarias para la paz y como forma-espacio de los acuerdos del Estado con el ELN; incluso tomando prestado el concepto gubernamental de la “paz territorial” se puede dialogar, si se entiende que un Proyecto de Región para la paz obliga a las transformaciones en materia de ordenamiento territorial que hemos señalado, así como los ajustes institucionales y normativos del orden territorial, municipal y de competencias locales; de hecho, los acuerdos que la Comisión Mixta de Implementación deberá hacer para concretar los acuerdos de La Habana serían más sólidos en esta clave.

El nivel más detallado de los acuerdos en los otros asuntos agrarios deja menos espacio a la incidencia del movimiento social para enfocarlos en su fase de implementación o para ampliarlos en un proceso de participación social como el que se puede abrir con el ELN. Por eso las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, generan inquietudes ya resueltas con pueblos indígenas y comunidades afro, y conciliables con algunas organizaciones campesinas que tienen enfoques diferentes. A mi juicio hay tres desafíos que pudieran abordarse en la fase de participación de la sociedad y que ampliarían el alcance de éstas: su carácter de entidad territorial, su posibilidad de ser una figura de “protección dura” frente al extractivismo y la posibilidad de que los planes de desarrollo agroalimentarios tengan un respeto y un apoyo más visible por parte del Estado; de todos modos, en materia territorial el horizonte sigue siendo los territorios campesinos, con similar alcance que las Entidades Territoriales Indígenas. En cuanto al Fondo Nacional de Tierras, dos elementos podrían ser complementarios: la exigencia de que haya continuidad física de las tierras recuperadas, de modo que pueda haber proyectos viables de economía campesina, y obviamente que su monto coincida mínimamente con los 6 y medio millones de hectáreas que el propio Estado reconoce como apropiadas ilegalmente por el narcotráfico y el paramilitarismo.

Similar situación tenemos con la Comisión de la Verdad. Difícilmente podríamos acordar en una nueva negociación otra Comisión de la Verdad y resultaría una torpeza no contribuir al éxito de la que fue pactada. Se trata más bien de profundizar en los temas centrales que no pudieron resolverse en la negociación de La Habana. Con la participación de la sociedad, la Comisión de la Verdad puede resolver la caracterización del conflicto mismo, cuyo rasgo central es el terrorismo de Estado, siendo pertinente documentar la responsabilidad de las fuerzas armadas, limitada por el acceso solo parcial a los archivos militares y de inteligencia. En segundo lugar, en la Comisión de la Verdad la participación de la sociedad debe apuntar a superar el discurso oficial de la equivalencia entre los victimarios y posicionar el carácter masivo y sistemático de la violencia oficial y paraestatal. En tercer lugar, hacer que el sistema educativo y los medios de comunicación se comprometan con la verdad, mediante propuestas de implementación urgente que traduzcan los resultados de la Comisión de Esclarecimiento y la Comisión de la Verdad en un nuevo relato histórico que impacte en la cultura política del país. Superar el “victimismo” producido por la política oficial -que nos oculta como organizaciones y comunidades con proyectos políticos alternativos que deben ser reconstruidos y cuyas experiencias de “resistencia” son más relevantes que los hechos victimizantes-, y fortalecer los ejercicios de memoria de las organizaciones y sus enfoques propios de reconstrucción histórica, permitirán que la “memoria para el apaciguamiento” no capture a las comunidades. A partir de los acuerdos, deberíamos apuntar a que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad tengan un carácter vinculante, ética y normativamente. Nada de esto es contradictorio con los Acuerdos de La Habana.

También es compatible abordar en clave complementaria la Reforma electoral y el Estatuto de la oposición, cuyas comisiones de trabajo vienen avanzando; se requeriría un rediseño del mecanismo de concertación para ampliarlo al conjunto de actores sociales populares y darle un carácter decisorio a sus resultados; pero no tiene sentido hacer una nueva negociación para conquistar ese mecanismo. Algunos actores han sugerido que la Comisión de Diálogo con voceros y voceras de las organizaciones y movimientos sociales (previsto en los Acuerdos de La Habana) podría incluso considerarse como espacio de la participación de la sociedad en los diálogos con el ELN; aunque esta Comisión es muy limitada para abordar esa tarea, la idea no debería ser desestimada de plano, siempre que haya disposición del gobierno a que el espacio suponga un diálogo nacional con otros actores, que la agenda temática incluya todas las transformaciones para la paz y que los resultados de esa comisión tengan el carácter vinculante que venimos reclamando.

Es claro que asuntos centrales y necesarísimos para la paz no fueron concretados en los Acuerdos de La Habana. Con el argumento de que el Estado no discutía con las FARC (y se supone que tampoco con el ELN) la composición de las fuerzas armadas ni su doctrina, estos temas claves para una paz estable y duradera siguen pendientes. El gobierno no podrá objetar discutir el papel de las fuerzas armadas en la transición hacia la democracia en un proceso de participación ciudadana, pues se trata de un tema ineludible. Otros temas relacionados con  las garantías democráticas fueron abordados con muchas limitaciones por ese axioma gubernamental de no tocar los asuntos militares: el desmantelamiento del paramilitarismo, el desmonte del ESMAD, la normativa de seguridad ciudadana, etc. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Pacto Político contra el paramilitarismo, junto a la Unidad Especial de Investigación y el Cuerpo Élite contra Organizaciones Criminales, pueden ser reforzadas en un proceso de participación de la sociedad para que tengan dientes explícitos para perseguir a los miembros de la fuerza pública involucrados; y la comisión que revisará las normas de seguridad (donde el Código de Policía y la Ley de seguridad ciudadana será discutidos) bien puede ser incluida dentro del proceso general de participación social en el marco de los diálogos de Quito.

El acuerdo del último día entre el gobierno y las FARC, de convocar a los partidos, movimientos políticos y sociales, y en general a la sociedad colombiana, para concertar un Acuerdo Político Nacional donde se definan las reformas y ajustes institucionales necesarios la paz, es totalmente compatible con el acuerdo de la agenda de Quito de lograr un Consenso Nacional para la Paz y con la propuesta de sectores sociales para lograr un Acuerdo Nacional por la Paz donde se concreten las transformaciones necesarias para la paz. Este acuerdo puede servir para instalar el Diálogo Nacional que proponemos y para concretar las transformaciones de la transición a la democracia. Obviamente para eso debe incorporarse un nuevo convocante de ese Acuerdo Político, que bien podría ser un  Comité de Impulso del Diálogo Nacional.

Para terminar, debemos recordar que algunas alternativas para superar problemas claves del país y que son necesarios para la paz fueron planteadas por las FARC en La Habana; se quedaron en el llamado cuarto frío de los diálogos, congeladas por una correlación de fuerzas político-militar que debemos valorar adecuadamente para modificarla con la participación de la sociedad en la fase siguiente del proceso de paz. Nuestras propuestas para solucionar los problemas de las economías ilegales, avanzar hacia una Reforma Agraria, lograr un ordenamiento territorial democrático, garantizar la sustentabilidad ecológica del país o consolidar una política minero-energética y ambiental soberana e inteligente, que son parte de las “transformaciones necesarias para la paz”, deberán recoger las propuestas presentadas por las FARC, muchas de las cuales fueron a su vez producidas en espacios de participación ciudadana. 

“Los paramilitares operaron con el imperativo de ejercer el control territorial a cualquier costo, imponer violentamente un nuevo orden social y defender la propiedad privada a sangre y fuego, con el auspicio de militares y ganaderos”.  Tribunal Especial de Medellín, citado en “Justicia investiga 12.000 empresarios que financiaron a paramilitares”, El Tiempo, mayo 15 de 2015.

 

Tras la firma del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP va quedando en evidencia el verdadero sentido de lo que el bloque de poder contrainsurgente (en el que los “empresarios”, vaporoso nombre en el que se encuentran, entre otros, industriales, comerciantes, ganaderos, exportadores, terratenientes y firmas transnacionales) entiende por paz y por fin del conflicto armado. Para esos “hombres de bien” que serían los empresarios, como los denomina cierta jerga periodística, la paz quiere decir simplemente que se desmovilice la insurgencia, se le juzgue por haber ejercido el derecho a la rebelión y no pase nada más. Esto significa que el país sea como siempre ha sido, antidemocrático, desigual e injusto, que no haya ninguna reforma y ellos, los empresarios –los verdaderos dueños de Colombia– sigan tranquilamente con sus negocios, acumulando capital y obteniendo jugosas ganancias (como lo hace a sus anchas el capital financiero y los grandes cacaos, como Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila Lulle, o Alejandro Santo Domingo), sin interesar los métodos violentos que muchos de ellos han utilizado para conseguirlas. Para estar tranquilos, esos empresarios exigen que ni siquiera se pretendan establecer los mecanismos que muchas empresas utilizaron para apoyar y financiar a grupos paramilitares, cuyas acciones causaron miles de muertos, torturados y desaparecidos en todo el país, violencia de la cual finalmente ellos se lucraron para ampliar sus propiedades y riquezas.

La gran prensa –también de “empresarios de bien”, responsables directos de la guerra– ha difundido la falacia de que el responsable exclusivo del conflicto interno ha sido la guerrilla y que tanto el Estado como las clases dominantes (ambos forman el bloque de poder contrainsurgente) son unas “mansas palomas”, que habrían actuado en “defensa propia” en el peor de los casos o simplemente son víctimas indefensas en esta guerra. Esta mentira pretende lavar la imagen y absolver a los poderosos empresarios de cualquier responsabilidad en los numerosos crímenes escenificados en la geografía nacional en los últimos 60 años.

Ahora cuando se habla de una “justicia transicional” que incluya entre los responsables del conflicto armado a empresarios, estos y sus voceros han dicho que eso es inaudito. Con desparpajo sostienen que eso forma parte de la estrategia del castro-chavismo de tomarse el país, con la complicidad de Juan Manuel Santos y con el objetivo de ahuyentar la inversión privada del territorio colombiano. Desde luego, no interesa que hasta los manipulados procesos de “Justicia y Paz” con los paramilitares hayan generado 12 mil procesos de investigación que comprometen a empresas como financiadoras del paramilitarismo y sus múltiples crímenes y masacres.

Según la Revista Semana, una defensora incondicional de los empresarios, a estos les preocupa que se desate una “cacería de brujas”, un pánico que se funda en tres temores: “El primero es que quienes tuvieron que pagar extorsiones para operar en ciertas regiones terminen siendo juzgados como financiadores y cómplices de los paramilitares. El segundo, que se creen unas mafias de falsos testigos que terminen por salpicar a empresarios en la búsqueda por encontrar la 'verdad'. Y el tercero es que el sistema está hecho solo para admitir una responsabilidad y que la única forma de eludir la cárcel será confesar crímenes no cometidos”. Estos temores simplemente demuestran que “a confesión de parte, relevo de pruebas”, porque nadie les estaba preguntando sobre cómo medir su responsabilidad. Si lo confiesan por anticipado es que esos temores simplemente revelan hasta dónde ha llegado su financiación de los paramilitares. Además, lo significativo es que dichos temores se hagan públicos a partir de mentiras, lo que indica ya la “seriedad” de los empresarios, de los políticos de la BACRIM de los 'uribeños' y de sus periodistas. En efecto, la noticia que generó revuelo sobre el supuesto juicio a los empresarios se originó no en declaraciones de la Fiscalía o alguna instancia del Estado sino en una investigación académica en la que se hablaba de 57 empresarios que han sido mencionados por los paramilitares, pero que se le imputó en forma mentirosa y con premeditación al Tribunal de Justicia y Paz.

Y a partir de esa indagación académica se ha armado un escándalo, con la perspectiva de reforzar la mentira de que tras ese acuerdo de justicia transicional se encuentra el castro-chavismo y se pone en peligro la santa propiedad privada en este país. Como para que no queden dudas, la misma Revista Semana – ¿será que teme que también pueda ser juzgada por su responsabilidad directa en nuestro conflicto interno?– sostiene sin ningún recato que “en el sector privado existe una prevención de que la justicia en general, y particularmente los expertos en paz y en derechos humanos suelen tener una tendencia inclinada a la izquierda”. Como quien dice, el solo hecho de hablar de paz y defensa de los derechos humanos les produce escozor a los empresarios, por aquello de que la justicia es para los de ruana, pero jamás debe tocar a los poderosos, algo que siempre ha caracterizado a la sociedad colombiana.

Haciendo eco de la sorpresa que produce cualquier acusación contra los empresarios, el propio Juan Manuel Santos ha dicho: “Francamente yo no conozco ningún empresario, y conozco muchos, que uno se imagine que esté abrazado de Mancuso queriendo masacrar un pueblo, eso a nadie le cabe en la cabeza”. O Santos se hace el ingenuo o el ignorante, porque el mismo Salvatore Mancuso en reiteradas ocasiones ha manifestado que empresarios, ganaderos y militares, de los cuales dio nombres, fueron financiadores y promotores de los paramilitares tanto en Córdoba como en otras regiones de Colombia. Además, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín en el 2015 señaló en una sentencia contra desmovilizados del bloque de Salvatore Mancuso que los empresarios y comerciantes que promovieron o financiaron el paramilitarismo en el país debían pedir perdón y reparar a las víctimas. Incluso, para esos investigadores ciertos empresarios debieron desmovilizarse con las autodefensas paramilitares, “porque hicieron parte de sus estructuras de apoyo”. Para desmentir la afirmación antes mencionada de Juan Manuel Santos, en el expediente citado aparece un testimonio de Salvatore Mancuso en el que señala que “cuando nació el bloque Norte se reunió con ganaderos en un club en el centro de Medellín en donde ellos se comprometieron a financiar el grupo, que sabían que era una organización ilegal'”.


Aparte de Juan Manuel Santos, en los últimos días han aparecido “defensores de oficio” de los empresarios, entre los que cabe mencionar al vicepresidente de la República, Vargas Lleras, quien manifestó su preocupación por los probables excesos de la justicia transicional que llevan a que los tribunales especiales cometan arbitrariedades contra “civiles y empresarios”. Entre esos defensores de oficio, que no hablan gratis pues siempre cobran por sus servicios, se encuentra el nuevo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien indicó: “La realidad es que la gran mayoría de los empresarios fueron víctimas de la extorsión de las FARC y de los paras. Quienes hayan sido víctimas en medio de la guerra no tienen deudas con la justicia. Por ello, no tienen que comparecer ante la Jurisdicción Especial para la paz, como lo dice el acuerdo y tampoco ante la Fiscalía General de la Nación”. Es decir que este individuo ya sabe de antemano qué sucedió y quiénes fueron los responsables. No por azar, su labor se ha centrado en lavar la imagen de grandes grupos económicos, tales como los cacaos Ardila Lulle, Sarmiento Angulo, y el Grupo Gilinski, entre otros.

Lo que se pretende es que los crímenes de los financiadores de la guerra queden en la completa impunidad y no se conozca ni una parte de los numerosos delitos de que son responsables. No cabe lugar para preguntarse sobre los culpables corporativos del asesinato de tres mil sindicalistas, entre los que se encuentran transnacionales del banano (La Chiquita Brands), del carbón (La Drumond), y de las bebidas y alimentos (Coca-Cola y Nestlé). Tampoco se debe averiguar ni dar a conocer los nombres de los “ilustres empresarios” que se han beneficiado con el despojo de millones de hectáreas de tierras –y la expulsión de millones de campesinos y la muerte de otros miles–, entre los que se encuentran las empresas del azúcar, de la palma aceitera, del banano, los ganaderos, y los bancos y grupos financieros. Mucho menos debe preguntarse sobre las empresas mineras y sus socios locales, que han destruido ecosistemas y han expulsado de sus territorios a indígenas, afrodescendientes y campesinos a lo largo y ancho del país, empresas entre las que se encuentran la Pacific Rubiales o la Anglo Gold Ashanti.

Para que no se conozca ni siquiera una parte de la verdad sobre la participación directa de los empresarios en el conflicto interno de nuestro país es que se está organizando esa campaña de auto-victimización, en donde los que han financiado y armado ejércitos paraestatales, ahora aparecen como unos mansos e indefensos corderos, que no rompen ni un plato. Por eso, el temor a la verdad que tienen los empresarios, los periodistas de los grandes medios (como RCN, de propiedad de Ardila Lulle, una de cuyas empresas, Postobón, fuera denunciada en el 2007 por Salvatore Mancuso de darle contribuciones económicas a los paramilitares de la Costa Atlántica) y todos los políticos ligados a esos “prósperos y patrióticos empresarios”. No sorprende, en ese sentido, el cinismo del presidente de la Anif -Asociación Nacional de Entidades Financieras-, Bruce Mac Master, quien aseguró que “no podemos llamarnos a equívocos, no puede haber juegos políticos que pretendan convertir las víctimas en victimarios”.

Razón tenía Bertolt Brecht cuando decía que "con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencio de los hombres".

La violencia por razones políticas ha sido determinante en la conformación de los diferentes poderes y del sistema político del país. Esta violencia, que ha influido en el sistema electoral, en la elección de presidentes, en la forma como el ciudadano colombiano entiende la política y en la no incorporación de sectores sociales políticos alternativos en los principales escenarios del poder, ha ido perdiendo terreno como forma de resolver los conflictos y como expresión de la lucha social, quien ahora ha buscado dentro del sistema democrático que sus exigencias sean tenidas en cuenta y ha pedido al Estado que garantice la diversidad ideológica y no haya connivencia con la violencia política, que se ha sido principalmente hacia sectores de izquierda. Recuérdese la negociación con las guerrillas, entre ellas el M-19 a finales de la década de los 80, que fue la posibilidad para ampliar justas luchas por los derechos que distintos sectores venían reclamando durante todo el siglo XX y que se plasmaron en la Constitución de 1991.

Pero al no quedar incluidas en este pacto todas las guerrillas, sucedieron 21 años más de intensificación del conflicto armado y añadido a esto, la presencia y ofensiva paramilitar desde la década de los 90. Pero desde el año 2012 Colombia volvió a escoger un modelo de negociación política, no de sometimiento a la justicia, en donde las partes construyeron una agenda de conversaciones para llegar a un acuerdo sobre seis puntos que son trascendentales para el futuro político del país. Uno de ellos, el sexto, plantea la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos y con este panorama vale preguntarse ¿Cuál ha sido el espacio de participación social en el desarrollo de este acuerdo? ¿Cuál es el lugar de las organizaciones políticas, sociales y de la ciudadanía en general en la implementación y posterior desarrollo de lo acordado? ¿Por qué es importante la refrendación social en el plebiscito del 2 octubre como una forma de fortalecer la participación y vinculación política de los distintos sectores?

La participación en el Acuerdo
El inicio de la negociación estuvo marcado por la falta de participación de la sociedad civil en las propuestas a la Mesa de conversaciones. Pero poco a poco fueron viajando comisiones (de mujeres, de víctimas, congresistas, líderes sociales, entre otros) y presentaron diferentes propuestas que fueron recogidas y construidas desde Colombia. También la ONU y la Universidad Nacional realizaron diferentes Foros con presencia de representantes de organizaciones de todo el país, y en febrero de este año presentaron un compendio de las propuestas recogidas a la Mesa, entre las que se incluían: participación de la sociedad civil en todo el proceso incluyendo la implementación, medidas para combatir la corrupción y los grupos criminales, y reformas que atiendan a los procesos locales y más afectados por el conflicto armado.

En todos los seis puntos del Acuerdo se hace mención a la necesidad de ampliar los espacios democráticos de participación aludiendo a organizaciones sociales y políticas que serán las principales encargadas de la materialización de muchos propósitos de lo acordado. Verbigracia, el punto sexto (6.1.4) menciona la promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la ejecución e implementación; esto supone una nueva oportunidad para dar un viraje en las relaciones entre el Estado y la Sociedad civil y organizada, reconociendo que solamente el desarrollo de las comunidades es posible cuando el Estado valora la importancia de construir endógena y localmente, teniendo en cuenta las necesidades, historia y cultura de donde se implementen las estrategias que pretende generar luego de refrendado el Acuerdo. Esto es un reto significativo para hacer real la Paz territorial, pues serán muchos Planes y Programas para el desarrollo rural, para el fortalecimiento democrático, para luchar contra la corrupción, para la sustitución de cultivos y otros aspectos, que si no se construyen socialmente con las comunidades y no se asegura una institucionalidad local comprometida con el cuidado de lo público, será una fallida implementación de la cual depende el éxito de lo que se acordó en La Habana.

Las normas en sí mismas pueden ser sólo letras. Volverlas realidad y apostar por la materialización de los derechos es un asunto de luchas y conquistas sociales, de encuentros y movilización. Este Acuerdo Final posee un gran poder simbólico: es el texto político más importante producido en Colombia en los últimos años, que recoge, en el siglo XXI exigencias, peticiones y luchas que vienen desde el siglo XX y que con un masivo apoyo el próximo 2 de octubre se convertirá en una norma jurídica directora, guía, que complementa vacíos de la constitución frente a campesinas y campesinos desprovistos de derechos, de tierra, de producción.

Tendremos todos el deber de conocer, socializar y darle sentido, desde los territorios, a este nuevo intento de pacto político en el cual están en juego razones tan indispensables para nuestro futuro, tales como: a) la garantía de que la reforma rural sea una oportunidad para el desarrollo del campo colombiano, la recuperación de sus saberes, el fomento al comercio del pequeño cultivador y el reconocimiento de sus derechos como sujeto político; b) La exigencia social de que el Estado garantice el ejercicio político de todos los partidos y movimientos, incluido el que surja luego de las FARC dejar las armas, promoviendo el respeto por los derechos humanos y la defensa de una cultura que resuelva sus conflictos de forma no violenta; y c) la posibilidad real que las comunidades locales y la ciudadanía en general pueda incidir de manera directa en los planes de gobierno y de desarrollo; es decir, que haya un fortalecimiento del principio democrático de la participación, de manera incluyente, amplia y atendiendo a las necesidades de cada población.

Lo anterior es posible en tanto el Sí gane el próximo 2 de octubre, pues sería el acto de refrendación final, la firma social, el apoyo ciudadano a lo acordado en La Habana. Esto es importante por tres razones: primero, es la primera vez que en el marco de la Constitución de 1991 se activa el mecanismo de participación del plebiscito, en el cual se nos preguntará si apoyamos el Acuerdo; segundo, porque después de discutir si se debía convocar a una constituyente, a una consulta popular, a un referendo o a un plebiscito, se llegó a un acuerdo en la mesa de conversación de acatar la sentencia de la Corte que dio vía libre a la realización del plebiscito, siendo también un paso más de reconocimiento de las FARC a la normativa e institucionalidad colombiana. Y tercero, el Sí en el plebiscito será el inicio del compromiso social y ciudadano con lo político, el que llenará de legitimidad social el Acuerdo Final y permitirá que en los próximos 8 meses se realicen todos los cambios legislativos e institucionales para garantizar la implementación de todo lo acordado.

Con todo esto, los colombianos y colombianas asumen que este Acuerdo Final es un punto de llegada, un lugar de los consensos, en el cual dos partes que se enfrentaron en armas durante 52 años, decidieron darle una salida a la confrontación bélica. Pero también, el Acuerdo es un punto de inicio: todo está por hacer. Implementar significa reformar las condiciones actuales de marginalidad del campo, promover el respeto por las distintas ideologías políticas sin estigmatizarlas. Implementar es exigir al Estado que garantice la seguridad personal de todos los integrantes de las FARC, proteger sus vidas y fomentar un verdadero desarme en la visión de la sociedad y el Estado al trato entre comunidades, y a la búsqueda alternativa de resolver conflictos sin el uso de la violencia. Implementar este Acuerdo es, más aún, ser partícipes de la construcción de la verdad, la reparación y de todas las medidas que garanticen la no repetición de todos los hechos atroces de esta guerra.

Estamos frente a un Acuerdo, a una negociación, conversación, diálogo, donde se pusieron en común los disensos, y por fuera de la guerra fueron consensuadas. Ahora nos encontramos en una oportunidad para un nuevo y renovado pacto democrático. La responsabilidad es atender al llamado a participar activamente en la construcción de la democracia que queremos para nuestros territorios e implementar desde la lucha cotidiana, desde los escenarios del día a día una transformación profunda de la forma en que nos relacionamos y construimos lo político. El Estado en Colombia tiene una oportunidad histórica: construir la paz con las comunidades y organizaciones que llevan una vida entera luchando por conseguirlo.

El Acuerdo Final, pactado en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno Nacional, definió como mecanismo para resolver el tema de la justicia una Jurisdicción Especial para la Paz, basada en el concepto de justicia transicional y afrontando la exigencia de los estándares internacionales en materia de verdad y derechos de las víctimas.

Este sigue siendo uno de los temas más debatidos, toda vez que se discute si lo que en realidad se acordó fue un intercambio de impunidades entre los miembros de las FARC y los agentes estatales, argumento en el que coinciden algunos sectores de diversas orillas políticas.

En realidad, el acuerdo sobre víctimas es mucho más amplio y se definió como un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, compuesto por cinco medias: 1. La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; 2. La creación de una Unidad Especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas; 3. La definición de medidas para la No Repetición; 4. La puesta en marcha de medidas de reparación integral para la construcción de la paz, que incluyen los derechos a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y la no repetición; y 5. La creación e implementación de una Jurisdicción Especial para la Paz.

Dichas medidas responden a las demandas sociales que las víctimas hicieron a la Mesa de Conversaciones, en el sentido de ser reconocidas como sujetos de derechos y por ello se propone garantizar y promover los derechos de las víctimas del conflicto, propiciar el respeto por los Derechos Humanos y el reconocimiento de la verdad de lo ocurrido.

De lo anterior se desprende la importancia que las partes le dieron al principio de que las víctimas debían estar en el centro del acuerdo, lo que se complementa con el enfoque de género y étnico transversal a todos los puntos del Acuerdo Final, atendiendo a las propuestas de las organizaciones de mujeres, indígenas y afrodescendientes del país que hicieron parte del proceso.


Los puntos definidos en cada una de las medidas responden a una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado, la cual no fue saldada con la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011), que se propuso realizar una reparación integral y transformadora y la restitución de las tierras y territorios despojados a cerca de siete millones de campesinos. Esta política pública ha fracasado, pues de las 8.131.269 víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas, solo han recibido indemnizaciones alrededor de 600.000, y expertos afirman que con la actual política se necesitarían 500 años para devolver la tierra despojada a las personas y comunidades desplazadas forzadamente (El Espectador, 21 de abril de 2015). De allí la importancia de que el Acuerdo permita contar con una política de Estado que propicie que las personas agredidas en desarrollo o con ocasión del conflicto puedan restablecer sus proyectos de vida individual y colectivo.

Las medidas relacionadas con las víctimas de desaparición forzada han sido bien recibidas por las organizaciones de familiares de víctimas y de derechos humanos, ya que la creación de una Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas permitirá contar con un mecanismo eficaz para avanzar en la búsqueda, exhumación, identificación y entrega digna de las más de 45 mil personas, Según datos de la Unidad Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, de las que hoy no se sabe su paradero, o por lo menos poder esclarecer los hechos.

El Acuerdo también establece que, teniendo en cuenta el carácter humanitario de las medidas, se avanzará en la búsqueda de los propios combatientes (guerrilleros, soldados, policías, paramilitares) que pudieron haber muerto en medio de las hostilidades y sepultados sin identificación en cementerios, brigadas, campamentos u otros lugares, negándole la posibilidad a sus familiares de saber qué paso con ellos. Esto sin negar el derecho de los familiares de las víctimas de desaparición forzada a priorizar sus casos.

En cuanto a la Jurisdicción Especial para la Paz, la discusión está centrada en lo que entendemos por justicia. El Acuerdo Final ha permitido que en el país se abra un debate que ha estado pendiente y que es clave en la construcción de la democracia y que guarda relación con la política criminal. Colombia históricamente ha optado por la justicia retributiva como la única forma de sanción de cualquier tipo de delito. Además, ha reformado el Código Penal, con la idea de endurecer las penas, y así enfrentar el conflicto social y política.

Las cárceles en Colombia están llenas de rebeldes y otros actores del conflicto que purgan condenas en lugares donde se desconoce la dignidad humana y se violan todos los derechos humanos, como lo ha señalado la Corte Constitucional al declarar el Estado de Cosas Inconstitucionales (Sentencia T-762 de 2015). Es decir, la cárcel no es la solución, representando un imposible jurídico y político en cualquier proceso de negociación, pues ningún rebelde aceptaría desmovilizarse a cambio de condenas que pasan los 20 años. De allí la importancia de contar con una Jurisdicción Especial de Paz que posibilite penas alternativas a cambio del compromiso de aceptar responsabilidades, contar toda la verdad y garantizar la no repetición de los crímenes. Es oportuno que el país comprenda la importancia de promover otras propuestas de justicia que superen la idea de que la cárcel garantiza la no impunidad.

El Acuerdo prevé que los guerrilleros de las FARC recibirán la amnistía más amplia posible, garantizando que hagan el tránsito a ejercer la política sin armas. Pero también establece que la Jurisdicción podrá aplicarse a terceros –políticos, empresarios, ganaderos, entre otros- que hayan participado directa o indirectamente en el conflicto, permitiendo que se pueda avanzar en la verdad de lo que ha sido el desarrollo de la guerra en el país.

Asimismo señala que los agentes estatales no recibirán amnistía ni indulto, pero sí un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo de conformidad con el principio de favorabilidad, con el compromiso de que digan la verdad, reconozcan su responsabilidad y se comprometan con la no repetición de los crímenes. Es decir que todos los actores se podrán beneficiar de dicha Jurisdicción, lo que deja descontentos a muchos que sienten que serán premiados los delitos de unos o de otros.

Sin embargo, la tarea de las víctimas y de las organizaciones es lograr una incidencia que obligue a los actores a decir la verdad, principalmente a los agentes estatales que se han negado a reconocer sus crímenes. Simultáneamente debemos mantener una agenda de lucha para que se elimine la doctrina militar del enemigo que propicia la represión y la violación de los derechos humanos, se desestructure la estrategia paramilitar y se respete el pensamiento crítico. Agendas que están más allá del proceso de negociación. Como lo dice el profesor Michael Reed: “El futuro de la paz y la justicia no se determina con una decisión expresada con un sí o un no. Tanto la paz como la justicia son procesos complejos en los que intervienen múltiples factores a través del tiempo. Ninguna consulta, sin importar su robustez o superficialidad, determinará si se obtiene la paz o la justicia. La consecución de ambas solo es posible mediante un largo y complejo proceso participativo, dinámico y no lineal”.

El problema de los cultivos de uso ilícito, establecido como punto de acuerdo entre la insurgencia de las FARC –EP y el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y su equipo negociador, expresa la relevancia que tiene el problema del narcotráfico dentro de la sociedad colombiana, y la necesidad de garantizar su extinción como práctica económica subterránea, si es que en verdad se quiere garantizar la promoción de condiciones de bienestar colectivo para el conjunto del pueblo colombiano y en especial para las comunidades rurales que se ven afectadas por las dinámicas de la droga.

Con esa intencionalidad, en los acuerdos de La Habana se puede encontrar un trato diferencial al problema de las drogas a través de tres elementos: atacar el problema del cultivo, atender el tema del consumo, y castigar su comercialización.

En este orden de ideas, el acuerdo contiene una serie de apuestas políticas que buscan atacar el problema desde un enfoque mucho más humanista, en el que no se condena al campesino por su participación en el negocio de la droga, sino que se comprenden las condiciones económicas y sociales que llevan a que un gran número de trabajadores del campo se sumen a la cadena del narcotráfico, en la búsqueda incansable por mejorar las situaciones de miseria y exclusión que llevan a cuestas, en un país cuyo modelo capitalista de corte neoliberal se ha encargado de profundizar la desigualdad. No tratar al campesino como delincuente sino como damnificado social, es tal vez uno de los mayores aportes de este punto a la discusión nacional del problema de las drogas, en tanto permite una mirada mucho más real sobre la implementación de una solución acertada en el territorio.

El acuerdo invita a comprender el tema del consumo desde un enfoque de salud pública, que entienda el rol del consumidor no como el criminal que atenta contra la sociedad, sino como el afectado mental y físicamente por el consumo, y a su vez, lleva a reconsiderar y promover la construcción de una nueva política pública que intente dar otras respuestas y soluciones a los consumidores. Dicho ejercicio tiene antecedentes exitosos en el continente europeo y en la alcaldía de Bogotá durante el periodo 2011 – 2015, en la cual la atención al consumidor arrojó resultados favorables en términos de la reintegración social que el consumidor necesita.

Finalmente, el castigo a los carteles y al crimen organizado busca atacar a los grandes mercaderes de la droga, responsables de la promoción del narcotráfico y promotores de esta vejación humana.
En síntesis podríamos decir que la posibilidad de implementación de los acuerdos vislumbra un escenario de nueva política antidrogas con logros más efectivos que la tradicional visión guerrerista y destructora que se ha promovido desde la geopolítica mundial.

Sin embargo, los retos para que dicha implementación logre trascender son altos, pues romper la cadena de valor pasa necesariamente por destruir la criminalidad institucional que existe alrededor del narcotráfico; por atacar los carteles de la droga que no darán su brazo a torcer en esta disputa por mantener el papel que juega Colombia como productor dentro del mercado global; por la gestación de nuevas opciones reales de economía campesina, efectiva y auto sostenible que distancien al campesino del negocio de la droga, y por la capacidad institucional para comprender y hacer realidad el enfoque de salud pública a lo largo y ancho del territorio nacional.

El flagelo de las drogas necesita entonces del empoderamiento social y popular, para que las comunidades y movimientos sociales asumamos la implementación de lo acordado, pero a su vez generemos una estrategia que vaya más allá y profundice de manera radical un accionar capaz de transformar la visión actual sobre el problema, construya una nueva política antidrogas, y geste opciones económicas en las que el campesino colombiano pueda, a través de modelos productivos sostenibles y de soberanía alimentaria, construir una nueva realidad rural. Si queremos Paz real, esta será una de las principales batallas que debe librar el campo popular.

En el marco de los acuerdos de paz, el punto tres de la agenda denominado fin del conflicto, trae consigo la ubicación de los elementos centrales para que el proceso de ceses de fuego y culminación del conflicto armado se lleve a cabalidad en nuestro país.

Habría que destacar que en la práctica el ejercicio del silenciamiento de los fusiles se ha venido desarrollando, pero que su acallamiento final pasa por la materialización e implementación de una serie de medidas y reformas contenidas en los acuerdos, que permitan la profundización de la democracia y posibiliten reducir las brechas de desigualdad existentes en nuestro país, así como la apertura democrática que durante tanto tiempo los movimientos alternativos han exigido al régimen colombiano.

Esta tesis se expresa en tres momentos centrales del proceso de negociación que se ha desarrollado, a saber: una dinámica inicial de cese unilateral de fuego por parte de la insurgencia de las FARC –EP, un proceso de cese bilateral de fuegos entre los dos ejércitos, que inicia con el desminado conjunto y se ratifica el pasado 29 de agosto, y un proceso de dejación de armas y reintegración a la vida civil que pasa por la implementación de lo expresado en La Habana.

El primer momento nos lleva a comprender la voluntad política de la insurgencia para ganar legitimidad dentro del proceso; una jugada táctica que representó en términos políticos la posibilidad real de disminuir las muertes como resultado del conflicto, tal como se puede verificar en fuentes como CERAC, quien destaca la reducción a solo cuatro muertos en el último año; pero también la posibilidad de reorganizar su tropa en función de la discusión política de los puntos de la agenda, y la concentración de sus cuadros en función del proceso de paz. Esta decisión hizo del cese unilateral un arma política que le permitió a la insurgencia potencializar su fuerza interna hacia la discusión de lo político, y que a su vez representó para el país la posibilidad de evidenciar de manera palpable la reducción del conflicto armado y la generación de una atmosfera donde es posible silenciar las armas; ambiente que se respiró principalmente en las zonas en las que se concentra dicha conflictividad.

El segundo momento expresó un avance significativo en el sentido manifiesto de los dos bandos en contienda para acabar el conflicto armado. Este ejercicio representó un golpe a la cultura guerrerista que intenta a través de los belicistas mantenerse en el país, pero a su vez un cambio en la cultura del conflicto, al hacer de la consigna de la solución política y negociada, una expresión real para la sociedad colombiana. La orden emanada por Timoleón Jiménez y Juan Manuel Santos, como comandantes de sus respectivos ejércitos, para decretar la hora cero al fin de hostilidades a partir del 29 de agosto, representó uno de los puntos más altos en términos de la materialización del fin del conflicto. Este hecho permite entender hoy, que más allá de los resultados del plebiscito del dos de octubre, las dos partes han asumido silenciar las armas y continuar la batalla ideológica desde otras aristas en el marco de la disputa del poder.

Finalmente, está la necesidad de la materialización del tercer momento, en el que los puntos del acuerdo de “Fin del conflicto” se implementen como condición necesaria para hacer del fin del conflicto armado con esta guerrilla una realidad. Esto se expresa en la generación de condiciones de reinserción real para los excombatientes, buscando a toda costa la no reincidencia en el uso de las armas. El punto tres de Fin del conflicto señala entonces la necesidad de brindar garantías expresadas en subsidios económicos, promoción de proyectos productivos y la posibilidad de formarse técnica y académicamente para mejorar sus condiciones de vida. La experiencia nacional ha mostrado que esta inversión se hace necesaria, toda vez que evitará el regreso a la guerra como forma de subsistencia económica para los ex combatientes.

Sin embargo, la garantía del cese al fuego pasa a su vez por la implementación de los demás acuerdos, toda vez que la decisión de las FARC – EP de convertirse en un nuevo partido político, implica la implementación de condiciones institucionales capaces de preservar la vida de los miembros del nuevo movimiento político, así como de los sectores alternativos que hemos sufrido el flagelo de la violencia paramilitar y la represión estatal. La apropiación de una reforma agraria integral que genere nuevas condiciones para el campo, la titulación de tierras, la implementación de proyectos productivos que integren al campesino y lo alejen de la cadena de valor del narcotráfico, la construcción de vías, de hospitales, la apertura de nuevas ofertas laborales y educativas, la reparación a las víctimas, y la apertura política a la construcción de una nueva sociedad, son elementos centrales para permitir que la lucha armada como táctica de confrontación ocupe otro espacio en el ejercicio político de las fuerzas de la izquierda en Colombia.

Dejar de matarnos, para un país que ha vivido un conflicto armado por más de sesenta años no es nada sencillo, pero observar un cese bilateral de fuegos que se ha construido a lo largo de estos años de manera real, permite pensar que el fin de la guerra es posible y que efectivamente podemos generar las condiciones para que nuevas formas de acción política expresen el sentir de la lucha social y la necesidad por construir un país diferente.

Un punto clave en el Acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC, es el relativo a la participación política, las garantías y la democracia. En todo proceso de paz, las insurgencias buscan espacios que les permitan desarrollar su acción política por otros medios. Si en palabras de un famoso General, la guerra es la continuación de la política por otros medios, un proceso de paz procura que la política se convierta en la continuación de la guerra por otros medios, como afirmó un filósofo.

El alcance
En materia de participación política, el Acuerdo no cobija solamente a las FARC ni al nuevo movimiento que surja del proceso de paz. Los apartes incluidos en el punto 2 procuran cambios para todas las fuerzas políticas y sociales, en especial para los movimientos de oposición. Las curules en Senado y Cámara para las FARC, por ejemplo, se encuentran en el punto 3 llamado “Fin del conflicto”.

El punto 2 tiene tres partes: A) Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general. B) Mecanismos de participación ciudadana, incluidos los mecanismos de participación directa. C) Promoción de participación en el sistema político, en especial en lo relativo al ejercicios electorales.

Los puntos clave de este eje son:
-La conformación de una comisión plural, que incluye al Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica, que establezca lineamientos para la redacción del Estatuto de oposición.
-La creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, que buscará evitar la estigmatización de los movimientos sociales y desarticular cualquier fuente de amenaza o de violencia contra quienes participan de la política.
-El gobierno presentará un proyecto de ley relativo a garantías y promoción de la participación ciudadana y otras actividades que puedan realizar las organizaciones sociales.
-El reconocimiento de la movilización y la protesta como formas legítimas del ejercicio de derechos, y la revisión de las normas que limiten el derecho a la protesta.
-La promoción de la participación ciudadana en los medios de comunicación comunitarios, regionales y públicos.
-Desliga la obtención y conservación de la personería jurídica de los partidos políticos del requisito del umbral que amenaza el ejercicio de las minorías políticas.
-Promueve una campaña nacional de cedulación e instalación de puestos de votación en regiones apartadas.
-Crea un Tribunal Nacional de Garantías Electorales, organismo con tribunales especiales y seccionales en los lugares donde se registre más fraude electoral.
-Promueve mecanismos electrónicos en los procesos electorales y promueve mayor transparencia en la financiación de las campañas electorales.
-Establece una Misión Especial, compuesta por expertos de universidades y centros de pensamiento, que hará recomendaciones para reformar el sistema electoral colombiano.
-Establece dieciséis (16) circunscripciones especiales para zonas especialmente afectadas por el conflicto armado. En cada una de esas regiones se elegirá un Representante a la Cámara, adicional a los ya establecidos, por dos períodos electorales (2018-2022 y 2022-2026). En tales circunscripciones no podrán competir los partidos que cuentan con representación en el Congreso.
-Se establece la puesta en marcha de un Programa de Protección Especializada para el nuevo movimiento político impulsado por las FARC.

Disputas y limitaciones
El Acuerdo genera nuevas posibilidades para el accionar de los movimientos sociales y políticos de oposición, entregando herramientas y espacios de disputa del poder en un régimen político que se ha caracterizado por tener una democracia restringida. El esfuerzo por avanzar hacia un nuevo Estatuto de la oposición, de abrir espacios para mayores garantías a los movimientos sociales, o la representación política para regiones afectadas por el conflicto, son avances muy importantes. Sin embargo, el Acuerdo no trae transformaciones que vayan más allá del espíritu de la constitución actual, pues la apertura democrática promovida por el Acuerdo busca materializar las promesas incumplidas tras la constitución de 1991.

Las reformas promovidas para alcanzar la apertura democrática entran en tensión con el modelo de Estado que se ha reorganizado ante las exigencias de los promotores del modelo económico vigente. Mientras el acuerdo está orientado a generar garantías en el seno de la democracia liberal, la reconfiguración silenciosa del Estado fraguada por el gobierno de Santos apunta a cerrar las instancias de participación que se oponen al modelo extractivista. Por otro lado, tal modelo se ha afincado en muchas regiones gracias a la violencia contra los lideres sociales y los defensores del territorio.

El Acuerdo busca que los movimientos políticos postinsurgencia avancen en la persecución del poder político local, pero ello se dará precisamente cuando las agencias del gobierno nacional (Licencias ambientales, Hidrocarburos, Minería) actúan por encima de las competencias de municipios y departamentos. En La Macarena, Caño Cristales, Ibagué, o el norte del Caquetá, los mandatarios locales se han unido a la movilización contra las políticas del Estado central. Muchos alcaldes y concejales que promueven Consultas Populares frente a la explotación minera y petrolera han entrado en rivalidad con el gobierno nacional y los organismos de control. Encontramos una tensión entre la apertura que promete el Acuerdo y la configuración de un nuevo Estado corporativo que busca frenar la democracia local, así como una tensión entre la promoción de garantías para la oposición en un contexto en el que arrecian los atentados contra los movimientos sociales que defienden los territorios.

El logro del Acuerdo consiste en promover espacios para disputar la democracia. Su limitación radica en que no ofrece herramientas para detener un modelo económico en el que el Estado socava la democracia. Muchos pueden decir que esa aspiración no puede ser alcanzada en un proceso de paz, y ese argumento es sólido. Sin embargo, no puede hablarse de apertura democrática sin evaluar el modelo de Estado donde se disputa la vida política.

Las luchas venideras podrán aprovechar los espacios abiertos por el Acuerdo, pero el esfuerzo crucial radicará en buscar modificar la organización actual del Estado, intentando frenar el despojo, defender el territorio y cambiar el modelo económico que bloquea la democracia.

Los seis puntos de la agenda de La Habana tocan de manera directa con los intereses y las vidas del campesinado. Esto tiene su razón porque el conflicto social armado que hemos vivido no sólo tuvo su origen en el campo, sino que también allí se libró de manera más aguda.

El punto sobre Reforma Rural Integral – RRI – es, por supuesto, el que aborda de manera particular los temas referidos a la problemática del campesinado. Vale la pena aclarar de entrada, antes de analizar su contenido y las salvedades que quedan de él, que lo acordado por sí solo no resuelve los problemas que se han generado durante siglos, por la persistencia de un modelo de desarrollo rural a todas luces contrario a los intereses del campesinado. Sin embargo, es preciso entender que el contenido del acuerdo plantea la posibilidad de contar con mecanismos que nos permitirán trabajar para superar muchas de las trabas que los pobladores rurales hemos tenido para alcanzar mejores niveles y calidad de vida.

El acuerdo sobre el punto uno de la agenda, denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, contiene aspectos profundamente positivos para la vida futura de toda la población colombiana. De los once principios que sustentan este acuerdo, podemos destacar como fundamentales los dos primeros:

“Transformación Estructural: es decir la transformación de la realidad rural con equidad y democracia”.

“Bienestar y Buen vivir: el objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía en las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos y las comunidades, incluidas las afrodescendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos y se alcance la convergencia entre la calidad de vida urbana y la calidad de vida rural, respetando el enfoque territorial y la diversidad étnica y cultural de las comunidades”.

Se parte entonces de estos principios, para plantear una serie de programas dirigidos a sentar las bases para la superación de las causas económicas, sociales y políticas que desde lo rural dieron origen al conflicto en nuestro país.

Tres grandes pilares sobre los que se sustentará la transformación estructural de la realidad rural son:
1. “Acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva”.
2. “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”.
3. “Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral”.

La implementación de cada uno de ellos dará la posibilidad de reversar las causas y efectos del conflicto, cambiando las condiciones que facilitaron su persistencia. Así mismo, en la RRI se da un reconocimiento expreso al papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general el desarrollo de la nación. Dos aspectos esenciales del contenido de los acuerdos para este punto son:

La integralidad: parte de entender que la superación de la pobreza en el campo debe ir más allá de la dotación de tierras y el mejoramiento de los ingresos y por lo tanto es compromiso del Estado el mejoramiento de la infraestructura vial, de riego, eléctrica y de conectividad, así como la inversión en salud, vivienda, educación y agua potable, y el apoyo a la economía solidaria y cooperativa, la asistencia técnica, el crédito y los subsidios para mejorar el nivel de ingresos, el mercadeo y la formalización laboral, entre otras.

La participación comunitaria: establece la participación como principio para garantizar la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI, dada en espacios institucionales participativos y democráticos, que tendrán como consecuencia la capacidad transformadora de las comunidades en aspectos como la planeación, implementación (ejecución) y el seguimiento. Plantea también que la totalidad de planes y programas que integran la RRI tienen un enfoque territorial, definido este como: “reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales y garantizar la sostenibilidad socio ambiental”.

Sin embargo, algunas de las dudas que genera este acuerdo es lo que puede estar pensando el Estado, por ejemplo llevar al campesinado hacia el capitalismo por la vía de los programas que recomienda el BID, el BM, el FMI y la OMC, y destruir sus formas tradicionales de producción e intercambio. Precisamente, el punto 1.1.10. Cierre de la frontera agrícola y protección de Zonas de Reserva Campesina, genera muchas dudas sobre las verdaderas intenciones del Gobierno, pues existen suficientes evidencias para pensar que el capitalismo no protege ni conserva, sino que acumula. Es decir que creer que como resultado de los acuerdos de La Habana el Gobierno renunciará a su política de convertir en mercancía todos los bienes naturales (flora, fauna y agua), es por lo menos una ingenuidad. La política de ordenamiento de páramos y cuencas hidrográficas ha tenido como propósito realizar un inventario de las especies vegetales, animales y de la cantidad de agua, sustrayéndolas del control y manejo comunitario para convertirlas en mercancías que pasarán al control de la empresa privada.

Aunque lo acordado genera la posibilidad y la esperanza de modificar en parte las relaciones sociales hasta ahora existentes en el campo, son varios los aspectos sobre los cuales no se logró llegar a acuerdos. Estos han quedado incluidos en las denominadas salvedades que seguirán haciendo parte de las luchas agrarias y populares, y no por capricho sino porque en ellos se encuentran temas estructurales de la problemática rural colombiana. Está, entre otros, el asunto del latifundio, que según coinciden varios de los académicos convocados a la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas, fue uno de los originarios del conflicto. Acabar el latifundio fue un tema de reciente exigencia por los campesinos en el paro agrario de agosto de 2013, y ha sido una petición concreta de las organizaciones campesinas agrupadas en la Cumbre Agraria.

Para todos es claro que el gobierno de Santos no acepta negociar el latifundio porque ya ha empeñado su palabra a los dueños del capital extranjero, que prefieren invertir en un país sin conflicto armado. De ahí se desprenden las otras salvedades del primer acuerdo como: la regulación de la explotación del territorio para la generación de agro combustibles; la revisión y renegociación de los Tratados de Libre Comercio; los ajustes al Ordenamiento Territorial, etc.

Queda entonces a las organizaciones rurales en particular y al movimiento popular en general, el inmenso reto de hacer uso de los mecanismos de participación comunitaria y ciudadana incluidos en el acuerdo, para que en la implementación se imponga la visión de soberanía y justicia social que requiere la paz para ser estable y duradera.

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