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A las tres de la mañana se rompió la poca calma que se respiraba en el caserío. Entre patadas a la puerta y gritos de “salgan hijueputas”, miembros de la Policía, el Ejército y la Fiscalía allanaron la casa de Isidro Alarcón, en Micoahumado, Sur de Bolívar. A esa hora se encontraban en ella la compañera de Isidro y su nieta, una niña de cuatro años. Los invasores maltrataron a la mujer y a la niña, y dijeron de mala manera que estaban buscando a Isidro y las armas que, según ellos, se encontraban allí. “Voltiaron todo patas arriba pero no encontraron nada, porque nada teníamos escondido”, dice la señora. Era la madrugada del 22 de marzo de 2017.

Dos días antes habían llegado al corregimiento Micoahumado unidades del Ejército y la Policía, acompañados de civiles sin identificar, se dedicaron a patrullar el caserío, a preguntar por los líderes y a vigilar las casas de estos. Preguntaron insistentemente por Pablo Santiago, el líder más reconocido del corregimiento y fiscal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar; Pablo estaba de viaje, pero eso no los detuvo, consiguieron su número de teléfono y lo llamaron con la excusa de que lo necesitaban para que convocara a la comunidad a una reunión para “conversar sobre la situación de seguridad del caserío”. Similar procedimiento siguieron con Arisolina Rodríguez, lideresa del mismo corregimiento que tampoco se encontraba allí; presionaron a su familia hasta obtener su número de teléfono y también le insistieron en que regresara para que estuviera en la mencionada reunión.

Mientras se llevaba a cabo el allanamiento en la casa de Isidro y el corregimiento se encontraba sitiado, se adelantaba un operativo sin antecedentes en la región y simultáneamente fueron detenidas varias personas. Allí mismo fueron detenidos dos jóvenes, hombre y mujer, a quienes obligaron a recorrer semidesnudos el trayecto que había desde el sitio donde fueron detenidos, hasta donde se encontraba el helicóptero en que se los llevaron.

La noche del 21 de marzo, en el casco urbano del municipio de Arenal, ya había sido detenido Isidro Alarcón, quien ha liderado procesos organizativos desde 1985 y fue uno de los fundadores de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado. En la madrugada del 22 de marzo fue detenida Milena Quiroz, a quien le invadieron su casa por el techo en un operativo digno de película. Milena es vocera de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y directiva de la Cooperativa Multiactiva de Arenal. A Floro Edilberto Díaz, el conductor que presta servicio de transporte hacia Mina Proyecto, lo capturaron en Aguachica en la tarde del 21. Floro desde hace muchos años ha sido quien, sin importar las circunstancias, ha puesto su vehículo al servicio de las personas que lo requieran, sea para transportar carga, para sacar enfermos al hospital más cercano o para mover a una persona así no tenga con qué pagar el pasaje.

En el corregimiento Casa de Barro, del municipio de Norosí, fue capturado en la madrugada del 22 Manuel Francisco Zabaleta. Kito, como es conocido por todos, es tal vez el líder más antiguo y reconocido del Sur de Bolívar. Es uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, fundador junto a otros campesinos de Fedeagromisbol, vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y presidente de la Asociación Agrominera de Casa de Barro.

Ese mismo 22 de marzo fue detenida Nubia Gómez en el municipio de Arenal, y allanada la finca del señor Joaquín Gómez Quiñonez, padre de Nubia y directivo de la Junta de Acción comunal de la vereda Unión Doradas. Joaquín fue detenido en mayo de 2017.

Ese operativo fue ordenado por la Fiscal Tercera Especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes, quien basándose en dichos de supuestos desmovilizados del Ejército de Liberación Nacional, actuó contra los líderes comunitarios que presuntamente eran miembros o auxiliadores de esa organización insurgente. Es de resaltar que pocos meses después de ordenar estas capturas, la fiscal María Bernarda fue detenida por graves hechos de corrupción vinculados con organizaciones paramilitares de la Costa Caribe.

Los líderes y pobladores capturados fueron trasladados a la ciudad de Cartagena. En la audiencia de legalización de las capturas y allanamientos, que duró 12 días, uno de los argumentos utilizados por la Fiscalía fue que “organizaban marchas y eran un peligro para la sociedad”. El juez de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscal y ordenó el encarcelamiento de todos los capturados por los delitos de rebelión y otros conexos.

Ocho meses después de las capturas, un juez de segunda instancia concedió la libertad a varios de los detenidos y reconoció que la actuación de la Fiscalía Tercera de Cartagena se asimilaba a un falso positivo judicial en contra de reconocidos líderes de la región. Sin embargo el proceso sigue su curso y catorce meses después de las detenciones aún no se inicia el juicio en contra de los imputados.

La arremetida contra líderes regionales no paró allí: en septiembre de 2017 en otro operativo espectacular, que incluyó helicópteros, la Fiscalía Primera Especializada del Magdalena Medio intentó capturar a la lideresa de Fedeagromisbol, María Antonia Rangel, bajo el pretexto de ser la determinadora de dos homicidios cometidos por las FARC años atrás. La firmeza de la comunidad y de los líderes de la región impidieron la captura, y meses después la Fiscalía se vio obligada a suspender esta orden ante lo endeble de las pruebas que tenían en este caso.

Sin embargo, mientras se judicializaba a los detenidos, en operativos repetidos y sistemáticos, el Ejército nacional intimidó a los líderes que no habían sido capturados y a sus familias, bajo el argumento de que eran guerrilleros y tenían orden de captura. Fueron más de 365 días y noches en los que esta situación irrumpió con su tranquilidad. La presión nunca se detuvo, tanto por la presencia de los llamados “zorro solos” que vigilaban las viviendas, o por la actitud de miembros del Ejército nacional que “no dejaban de joder noche y día acusando de guerrilleros a los líderes”.

Fue tal la presión que el 11 de abril de 2018, y después de un año de soportar los continuos hostigamientos a que fueron sometidos, cinco líderes regionales decidieron presentarse voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación “para de una vez por todas saber qué estaba pasando con nosotros que no nos dejaban en paz”.

Pablo de Jesús Santiago, Eugenio Gómez Quiñonez, Raúl Balmacea, Julio Arboleda y Andrés Trillos llegaron hasta Bogotá y se presentaron en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata ubicada en el búnker de la Fiscalía. El trámite fue atendido por Leonor Merchán, Fiscal Segunda Especializada Delegada para Seguridad Ciudadana. Realizada la consulta en los diferentes sistemas de antecedentes, se constató que ninguno de los líderes que hizo su presentación registraba algún tipo de requerimiento judicial.

Aunque esa verificación dio un parte de tranquilidad temporal a los líderes y sus familias, queda en el aire la inquietud acerca de las intenciones de la Fuerza Pública que durante un año los señaló y persiguió, y de lo que pueda pasar ahora que la Fiscalía General de la Nación ha dicho que desde lo jurídico no hay requerimientos contra estos líderes, que en su momento le hicieron el quite a las capturas masivas que se adelantaron en la región.

Un capítulo de violencia está viviendo nuevamente, desde hace algunos meses, el Bajo Cauca, subregión de Antioquia históricamente ocupada por grupos paramilitares. Los grupos en disputa no son pocos, y tienen como escenario de confrontación un corredor que empieza en los municipios de Ituango y Valdivia (último municipio del Norte antes de comenzar el Bajo Cauca), atraviesa Tarazá, Cáceres, y Caucasia, y llega hasta San José de Uré, municipio de Córdoba que limita con estos. A raíz de las confrontaciones armadas en estos municipios, 732 familias (2.192 personas) han sido desplazadas, según la Defensoría del Pueblo.

¿Cuáles son los grupos armados que actúan en esta región? En Tarazá y en Cáceres hay presencia de la Compañía Móvil Héroes y Mártires de Tarazá y del Frente de Guerra Compañero Tomás, del ELN. En los límites entre Tarazá e Ituango está la disidencia del Frente 36 de las FARC-EP. Sin embargo, los dos actores que encendieron la violencia en la región fueron el Frente Virgilio Peralta Arenas de las Autodefensas Campesinas, los llamados caparrapos, un reducto paramilitar que viene desde la desmovilización de las autodefensas del Bajo Cauca, y el grupo que tiene mayor dominio en la zona, el mismo que se ha convertido en el centro de la persecución criminal del Estado colombiano: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-. Los caparrapos estaban subordinados a las AGC, pero el año pasado se sublevaron y decidieron enfrentarlas.

Las AGC se adueñaron de la región
Según el informe “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Antioquia”, realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, Nodo Antioquia, las AGC tienen presencia en 22 departamentos del país, y están en 97 municipios de Antioquia.

Su incursión en esta región empezó en el 2008, año en que tuvo que enfrentarse –según un informe de la Fundación Ideas para la Paz– “a dos estructuras herederas de las AUC, particularmente a 'Los Paisas', una extensión rural de la llamada 'Oficina de Envigado' conformada por antiguos miembros del Bloque Mineros, y a una facción de 'Los Rastrojos', integrada por ex paramilitares del Bloque Central Bolívar (BCB)”. Esta primera confrontación ocasionó el retiro de “Los Rastrojos”, y el fortalecimiento en la región de las AGC.

Hubo un tiempo de relativa calma, signada por el empoderamiento de las AGC y por la salida de las FARC-EP de algunos terrenos circundantes al Bajo Cauca. Pero al finalizar el 2017 dicha calma se rompió, primero, por confrontaciones internas de las AGC, y segundo, por la incursión de otros grupos que querían hacerse al control de las rentas ilícitas. Estos grupos, según Oscar Yesid Zapata, representante en Antioquia de la CCEEU, no son solo locales. Para él hay una relación entre las confrontaciones en la región y los carteles internacionales de la droga. “Por informaciones que hemos recibido sabemos que eso también debe estar relacionado con carteles mexicanos de la droga, que pueden estar apadrinando a uno de estos dos grupos. Eso puede estar generando una explosión criminal en Bajo Cauca”, explica. Dice además que estas rentas ilícitas son de los cultivos de coca, la minería, el tránsito de sustancias de uso ilícito, y la extorsión.

Pero de estas, la principal economía ilícita por explorar es la producción de la coca. Por eso, cuando se vio reducida en el 2017 por los planes de sustitución del Gobierno, las confrontaciones y el control sobre la población se intensificaron. Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, “el principal objeto de disputa de las estructuras asociadas a las AGC, está centrada en las necesidades de control de la cadena del narcotráfico”. Agrega que son precisamente “los territorios del cultivo de coca vinculados al PNIS –Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito–, el escenario principal de riesgo de las comunidades rurales en los municipios de Tarazá y Cáceres”.

El centro de la confrontación
En los corregimientos y en la zona urbana de Cáceres y Tarazá, fue donde inició la confrontación. Tarazá, por ejemplo, fue noticia los primeros dos meses del año, luego de que se conociera que hubo 26 asesinatos, cuando en el mismo periodo del año pasado solo hubo seis. Se trata de un incremento del 383%. Además de eso, en cuatro eventos de desplazamiento se produjeron cerca de 1600 víctimas, como muestra de lo que la Defensoría llama “una clara estrategia de vaciamiento del territorio”.

En este pueblo, además de los desplazamientos, hay serias restricciones a la movilidad, pues según registra la Defensoría, los residentes no pueden movilizarse hacia algunos lugares aledaños. También ha habido toque de queda: “Desde marzo de 2018 circula un panfleto firmado por el Bloque Virgilio Peralta Arenas, en el que se restringe la movilidad a partir de las 7:00 p.m. en los sectores en los que tiene injerencia”. Además, se han visto afectadas las dinámicas económicas de estos municipios, donde en dos ocasiones varios grupos de mineros han sido expulsados de sus lugares de trabajo por miembros de las AGC y los caparrapos.

No es distinto el panorama en Cáceres. Según un comunicado de Derechos Humanos sobre la situación de seguridad en este municipio durante los primeros meses del año, en la población hay temor a causa de los enfrentamientos y por el límite en el control territorial que ejercen los grupos armados ilegales, por lo que los sitios públicos y establecimientos comerciales permanecen vacíos, afectando las actividades económicas.

Poder político y grupos ilegales
Según Oscar Yesid, “ha existido en el correr de este tiempo una serie de nexos entre las AGC y las autoridades locales. Todavía hay una connivencia que les facilita accionar en este territorio. El problema está dentro del mismo Estado”. No son pocos los casos que sustentan esta idea. En enero fue capturado el alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrío, por nexos con las AGC. Según la Fiscalía, Berrío llegó en las elecciones del 2014 al cargo gracias a una alianza con este grupo.

En febrero, el capturado fue Mario Eliecer Sierra Correa, vicepresidente del Concejo de Tarazá, a quien la Fiscalía señala de dar información a “polocho”, un cabecilla del Frente Julio César Vargas, para que este supiera cuándo habría operativos en su contra. Alias “polocho” fue abatido por la policía ese mismo mes y ejercía su control en el corregimiento Barro Blanco de Tarazá. Además de ellos dos, ya habían sido capturados desde el año pasado el concejal de Tarazá, Carlos Mario Mira, el jefe de personal del hospital de dicha localidad, Boby Bedoya, y una enfermera del hospital.

Lo más grave es que al parecer vienen más capturas en camino, precisamente en Cáceres, Tarazá y Caucasia. Esto cuenta Leiderman Ortiz, periodista de Caucasia que ha denunciado a los dirigentes políticos por sus nexos con los grupos criminales: “A la alcaldesa de Tarazá están que la capturan. Al de Caucasia están que lo capturan por concierto para delinquir, por nexos que tiene con grupos armados, y por corrupción. Eso ya está que revienta”.

El Bajo Cauca, históricamente fortín paramilitar, está volviendo a vivir las manifestaciones de violencia que vivió a finales de los noventa y principios de la década pasada. Según Leiderman, a la zona, que está intervenida militarmente desde hace unos meses, va a llegar una nueva intervención grande, de inteligencia, contrainteligencia, ejército”. Por esto, una compleja situación de derechos humanos, y el riesgo de desplazamiento para las comunidades, siguen latentes. A esto se suma la reciente tragedia a causa de las fallas del proyecto Hidroituango, en donde resultaron afectadas las comunidades de estos mismos municipios.

Este domingo 27 de mayo de 2018, por primera vez en la historia nacional, una propuesta social interpretada por un colombiano venido de la lucha popular pasó a segunda vuelta en las elecciones presidenciales, a pesar del miedo impuesto por las élites a través de los medios masivos de comunicación. Ganó en las urnas el valor de los humildes y su anhelo por encontrar un camino que les permita vivir mejor en su país; en esa Colombia saqueada y depredada por los de siempre, por las élites de la derecha, los liberales y los conservadores, los del Centro Democrático, los de Cambio Radical y la U.

Y no es cualquier triunfo, es uno que eriza la piel, que da esperanza, que permite recuperar el amor propio, la autoestima y el auto-reconocimiento de los desposeídos; es David elevando su onda al viento y descargando la piedra contra el gigante Goliat. Es la periferia haciéndose sentir.

En nueve de los 32 departamentos del país ganó Gustavo Petro, pero lo que hay que destacar es que son nueve de los más pobres, azotados por el conflicto armado y por el paramilitarismo. Varios de ellos aún viven bajo el control y la amenaza paramilitar o de mafias locales poderosas, como Córdoba y La Guajira; y otros como Nariño, que en su región pacífica sufren una guerra sin cuartel entre carteles mexicanos, paramilitares, y disidencias guerrilleras, bajo la mirada cómplice de las Fuerzas Militares y de la Policía. Los demás tienen de todo un poquito, corrupción, desigualdad, hambre, abandono estatal, racismo y exclusión, entre otros flagelos.

Hay que analizar otros elementos que confirman la tesis de que en las zonas que han sufrido la violencia y el control en carne propia, es donde la gente quiere el cambio y vota por alternativas que le juegan a la paz con justicia social. Por ejemplo en Antioquia, donde arrasó el uribismo en cabeza de Duque, en municipios como Vigía del Fuerte, Segovia y Remedios ganó Fajardo; mientras que en Turbo, Apartadó y Murindó, municipios con antecedentes de extrema violencia y control paramilitar, pero también de gran resistencia social, ganó Petro; han de sentirse con mucho deseo de salir de ese control mafioso para retar al establecimiento y apostarle a propuestas alternativas como la de la Colombia Humana o la de la Coalición Colombia, que junto a la de Humberto De La Calle alcanzaron casi diez millones de votos.

Perdieron en estas elecciones la extrema derecha y los medios que quisieron asustar a la población con el Castrochavismo, y estigmatizando a Petro; se sorprenden hoy los grandes opinadores y los analistas con el incremento de las votaciones, pero no reconocen que en esta contienda hubo un animador de primer orden que obligó a todas las campañas a hablar temas serios, los que la gente quería escuchar hace rato. Gustavo Petro y toda la gente que lo apoyó son responsables de animar la democracia, y poner al centro un discurso lleno de contenido humano. Los que tenían miedo eran otros, no la gente de la periferia; los que polarizaban eran otros, que en los territorios habían montado un ambiente de desolación en donde nadie pudiera creer en las transformaciones.

Yann Basser, director del observatorio de representación política de la Universidad del Rosario, manifestó en una entrevista para la Silla Académica del 9 de marzo de 2018, que “...la clave de la polarización está en los territorios, no en el discurso de Petro…”. Basser además de acertado en la mayoría de sus vaticinios electorales, señala al uribismo como el responsable de la polarización entre centro y periferia, ya que las bases del Centro Democrático se beneficiaron de su gobierno, mientras las regiones alejadas en el Norte y Sur del país sufrieron la intensificación de la guerra y la pobreza. Y las poblaciones jóvenes de estos territorios, y las de las zonas urbanas de las grandes ciudades se sentían excluidas y no veían la razón de participar en elecciones; la aparición de una propuesta que los incluyera garantizó que se rescataran para la democracia, y jugaran como sujeto político en estas presidenciales.

Como sea, y pase lo que pase en la segunda vuelta, este proceso ha sido muy interesante y deja muchas enseñanzas y también mucha gente desnuda. A la izquierda tradicional le enseña a que no se vive del discurso y del sectarismo, sino que los programas políticos hay que aterrizarlos en propuestas concretas, y que es necesario hacer los mayores esfuerzos por reconciliarse con las corrientes afines al cambio social si no quiere que la posibilidad real de ser gobierno se esfume. Quedan desnudos y de cuerpo entero los de Cambio Radical por su doble moral frente a la paz, y los liberales con Santos a la cabeza por su evidente mala intención y ruindad a la hora de aplicar los acuerdos de paz firmados con las FARC.

Aunque haya ganado el Centro Democrático, no ganó el discurso contra la paz; por el contrario viene en franco ascenso el concepto de la paz con justicia social, y eso se evidenció en medio de los debates televisados, en las entrevistas radiales y en las plazas públicas, en donde quién lo creyera, hasta los candidatos de la derecha que le quitaron la salud, las pensiones y los derechos laborales a la mayoría de colombianos y colombianas, terminaron hablando y comprometiéndose de manera muy “incluyente” con reformas en la educación, la salud, el empleo; y hasta se vieron de lo más diversos y antipatriarcales en sus intervenciones. Todos los candidatos se acordaron que las mujeres, los sectores Lgtbi, los jóvenes, los afros, los campesinos y los indígenas, sí existen.

Un día después de la primera vuelta presidencial en Colombia, se siente la resaca de la derecha. Ellos ya llegaron a su techo, y los votos de Vargas Lleras no son todos para Duque. El nerviosismo de los encuestadores y los directores de medios de comunicación, como Darío Arismendi, que en su programa radial de caracol recriminó fuertemente a Darcy Quinn por insinuar que si se juntan los votos de Petro, Fajardo y De la Calle, ganarían el 17 de junio; Arizmendi desea que las cosas sigan como hasta ahora, y más parece un jefe de campaña angustiado, que un periodista.

Pero para nadie es secreto que la Colombia Humana necesita del compromiso de la Coalición Colombia y de los liberales de base que acompañaron este bloque democrático; y especialmente de la gente de la Colombia profunda que aún está rezagada e indiferente. Hay esperanza en la periferia colombiana, hay razones para sacudirse y salir a apoyar una propuesta de cambio, de buen vivir. Hay que seguir pilas vigilando y denunciando las jugarretas de la Registraduría, la compra de votos, y lo que seguramente va a ser una guerra a fondo de la derecha para ganar a cualquier precio. Ojalá que los que no se han decidido a votar lo hagan, y que los que ya lo hicieron se metan a trabajar a fondo estas tres semanas que quedan. No hay nada que perder; es cierto que cuando más se oscurece es porque va a amanecer.

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