Juan Alejandro Echeverri

Juan Alejandro Echeverri

La estrategia de criminalizar la protesta y los liderazgos sociales llegó al Oriente antioqueño. El viernes 8 de marzo integrantes del C.T.I de la Fiscalía detuvieron a Ancísar de Jesús Morales en el parque principal de San Francisco, municipio ubicado en la subregión bosques del Oriente de Antioquia.

Ancísar es concejal del municipio, hace parte de la junta directiva de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), organización que a su vez hace parte del Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete).

Todo indica que Ancísar seria víctima de un montaje judicial. La Fiscalía le imputó cargos por tráfico de estupefacientes, utilización de menores y tenencia de armas, pues en el allanamiento realizado a su casa, en la zona rural, fue encontrada una escopeta que culturalmente es utilizada para cazar. Son extraños los señalamientos puesto que las denuncias fueron realizadas por una fuente que no se identificó, y corroboradas por una persona que Ancísar había denunciado ante la Policía por vender sustancias ilícitas.

La captura fue motivo de sorpresa y de repudio al interior de la ACA y demás organizaciones y procesos sociales del Oriente antioqueño. Meses atrás Ancísar había manifestado a las autoridades del municipio su preocupación por el aumento del micrótrafico en San Francisco y la participación de los jóvenes en la venta y el consumo. El Alcalde del municipio, el Comandante de Policía, el Presidente del Concejo, el Párroco y el Coordinador del colegio certificaron que Ancísar promovió campañas de prevención en favor de los menores de edad, sin embargo, el juez de control de garantías desestimó tales afirmaciones.

En una carta, los jóvenes del área de comunicaciones de la Asociación Campesina de Antioquia ratificaron el liderazgo de Ancísar, quien desde el 2008 impulsa “el proceso de formación y capacitación audiovisual con jóvenes campesinos en el municipio de San Francisco”. Su principal motivación, manifiestan los jóvenes en la carta, “siempre ha sido propiciar en los demás jóvenes arraigo y sentido de pertenencia por el campo, desde el desarrollo de semilleros artísticos y creativos con niños, niñas y jóvenes de veredas en su municipio y en otros de la región. Buscando generar procesos de permanencia en el territorio, mediados por la comunicación y el arte. Damos fe de la transparencia y del trabajo comprometido de Ancísar, de su sensibilidad, liderazgo y constante preocupación por las problemáticas ambientales y sociales en el municipio”.

José Ariel Rueda, representante de la Asociación Campesina de Antioquia, definió a Ancísar como un constructor de comunidad y sociedad que lleva 14 años desarrollando y apoyando estrategias de producción agrícola orgánica. Ancísar, aseguró Ariel, también participó en la sustitución de cultivos ilícitos en el municipio, y hace parte de la asociación productora de chocolate ASOFAGUA. “Sabemos que es un falso positivo que busca apagar el liderazgo que lleva en el municipio, porque hay algunos grupos que se perjudican con esto que él ha venido haciendo”.

Tal parece que los únicos que se benefician con la captura de Ancísar son los verdaderos criminales. Por eso la ACA y el Movete exigen su libertad inmediata: porque ser líder social no puede seguir siendo un delito. 

Friday, 15 February 2019 00:00

Que no muera la esperanza

De nada sirve tener vida si no hay esperanza. 22 años después la llama de la esperanza sigue viva. La esperanza de que volverán, que les dirán por qué se los llevaron, y quién ordenó que se los llevaran. La esperanza de que algo así no vuelva a suceder nunca más.

Entre el 21 de junio de 1996 y el 27 de diciembre del mismo año, paramilitares del Magdalena Medio comandados por Ramón Isaza y un grupo de soldados que integraban la Fuerza de Tarea Águila incursionaron en la vereda La Esperanza del Carmen de Viboral y apresaron a Aníbal de Jesús Castaño, Oscar Hemel Zuluaga, Juan Crisóstomo, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Irene de Jesús Gallego, Juan Carlos Gallego, Jaime Alonso Mejía, Javier de Jesús Giraldo, Hernando de Jesús Castaño, Octavio de Jesús Gallego, Orlando de Jesús Muñoz, Leonidas Cardona Giraldo y a Andrés Gallego Castaño. Desde entonces nadie los volvió a ver.

En 1996 un tramo de aproximadamente 60 kilómetros de la autopista Medellín-Bogotá, que iniciaba en el sector Alto Bonito del municipio del Santuario y finalizaba en el sector Montebello de San Luis, fue catalogado por las autoridades departamentales como un punto crítico por la presencia de grupos guerrilleros. El Ejército creó entonces la Fuerza de Tarea Águila para recuperar y ejercer control en la autopista. La unidad especial, actuando de manera conjunta con los paramilitares del Magdalena Medio, cometió graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición de 12 personas y el asesinato de un campesino de la vereda La Esperanza, ubicada al borde la autopista.

Los esperanzados de La Esperanza denunciaron los hechos ante las autoridades. El personero del Carmen de Viboral, Helí Gómez Osorio, asumió el caso y de manera valerosa denunció la participación del Ejército. Helí fue asesinado el 26 de noviembre de 1996.

Pasaban los años y con ellos el silencio y la impunidad. Los familiares continuaron reclamando justicia. Buscaron el apoyo de organizaciones de derechos humanos y en 1999 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Nunca dejaron de acudir a las instancias judiciales colombianas, y lograron obtener la versión de los responsables en las audiencias de Justicia y Paz, luego de que los paramilitares se desmovilizaran entre el 2003 y 2006. Quienes testificaron aceptaron su responsabilidad y admitieron que actuaron conjuntamente con el Ejército. La verdad fue una verdad a medias. Ocultaron los nombres de los militares que participaron y ordenaron las acciones, y tampoco dieron luces sobre el paradero de los desaparecidos. 

El 31 de agosto de 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia donderesponsabiliza al Estado colombiano por violar el derecho a la vida y el derecho a las garantías judiciales. La Corte también ordenó al Estado “continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso que correspondan a efectos de determinar los hechos y las responsabilidades correspondientes”; y “efectuar una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar, a la mayor brevedad, el paradero de las doce víctimas”.

No son más de 12 los casos colombianos que cuentan con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, hasta el día de hoy, el Estado no manifiesta intenciones de cumplir la sentencia.

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Cada año las familias de La Esperanza le recuerdan al Carmen de Viboral, al Estado y a sus desaparecidos, que para ellas siguen y seguirán vivos; “que la memoria es el alma de los que no están”. En el primer memorial el Ejército realizó varios disparos cerca al lugar donde estaban congregados. En la conmemoración de los diez años pintaron los rostros de cada desaparecido, celebraron una eucaristía y construyeron un monumento. En 2008 depositaron en las aguas del río Cocorná sus anhelos de encontrarlos. Y en 2011 realizaron una caminata.

El año pasado, en el casco urbano del municipio, también realizaron el acto de memoria característico. Además de la carga emotiva, el acto contó con el respaldo de la Comisión de la Verdad representada por Alejandro Valencia. “Estoy aquí como una muestra de reconocimiento a ellas y ellos. Lo que más me sorprende es su capacidad de resistencia, de organización, su capacidad de estar juntos, de caminar y también de recordar”, manifestó al inicio de su intervención el comisionado.

Valencia también aprovechó para recordarles a los que ya lo sabían, y aclararles a quienes no, cuál es la razón de ser de la Comisión de la Verdad, organismo incluido en los acuerdos firmados con las FARC cuyo funcionamiento empezó a finales de noviembre del año pasado. Uno de los propósitos centrales, dijo el comisionado, es promover los ejercicios de memoria que enaltezcan la dignidad y el valor de las víctimas. La Comisión además aspira promover la convivencia en los territorios, y ofrecer una verdad histórica que explique qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y a quién benefició lo ocurrido en el conflicto armado.

Consciente del manto de impunidad que cobija a Colombia, el abogado defensor de derechos humanos, quien ha participado en iniciativas nacionales e internacionales de verdad y memoria, explicó que la Comisión de la Verdad no posee facultades penales ni judiciales, ambos temas son competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

La intervención dejó claro que la Comisión no escuchará las más de ocho millones de víctimas. “Imposible que una entidad como la nuestra, que tiene un mandato de tres años y bastantes limitaciones humanas y financieras, pueda esclarecer todos los casos. Por eso la Comisión ha decidido que se va dedicar al esclarecimiento de ciertas dinámicas de violencia que se presentaron en épocas determinadas, en regiones determinadas, perpetradas por unos actores armados específicos, y así arropar un número significativo de casos”.

Para identificar tales dinámicas, los 11 integrantes de la Comisión visitarán los territorios e instalarán 26 Casas de la Verdad donde “todos y todas, de manera voluntaria, pueden ir a dar su relato”. En Antioquia habrá tres: una en Medellín, otra en Urabá, y la tercera fue proyectada en Caucasia pero por las condiciones de seguridad que se viven en el Bajo Cauca su instalación fue postergada. “Queremos proponer un gran ejercicio de habla y de escucha. Tenemos un gran desafío porque no solo debemos escuchar a las víctimas, también a los responsables. La única forma de completar la verdad es hablar con empresarios, paramilitares, políticos, policías, militares, y guerrilleros de diversas organizaciones”, finalizó el comisionado.

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El meridiano de la violencia pasa por el Oriente antioqueño. Bombas, masacres, tomas, homicidios, desapariciones, reclutamiento, desplazamiento y campos minados dejaron cicatrices y conmoción a lo largo y ancho del territorio.

Las comunidades han construido una rica memoria del conflicto en la región después de enfrentarse con su pasado. Fue tan cruda y tan compleja la violencia que quedan muchos dolores y voces por documentar.

Fernando Valencia, director de Conciudadanía, aprovechó la presencia del comisionado de la verdad en la conmemoración para hacerle un llamado a tener en cuenta las memorias de las comunidades en el momento de buscar el esclarecimiento de la verdad, y para pedirle a él y a su equipo de trabajo que estudien el calvario que los conductores de servicio público, conocidos en la región como 'chiveros', sufrieron durante el conflicto. Según Fernando, Conciudadanía logró registrar el asesinato de 55 conductores entre 1996 y 2003 en el Carmen de Viboral.

La principal puerta de acceso al Carmen es la carretera que comunica el municipio con Rionegro, la capital industrial y el centro de servicios del Oriente antioqueño. Su zona rural es muy extensa: se extiende al sur hacia la parte más montañosa de la región, la cual fue retaguardia estratégica de las FARC y el ELN. El municipio limita con Cocorná, territorio rico en agua ubicado a un costado de la autopista Medellín-Bogotá, y con Sonsón, el corredor que comunica al Oriente antioqueño con el Magdalena Medio.

Los chiveros fueron, y en algunas partes siguen siéndolo, el único transporte público en las zonas rurales. Los conductores de esos jeeps cuadrados, trompones, capaces de soportar el peso de un remordimiento y serpentear cualquier trocha, fueron involucrados en una guerra ajena. 

Hace 20 años todos encontraban utilidad en ellos. Las rutas que conducían a la cabecera urbana les servían a las guerrillas como línea de abastecimiento y de logística para el desplazamiento. Para no entrar en zona de guerra, quienes necesitaban hablar con las guerrillas encontraban en los chiveros el mejor canal de comunicación. Y para los campesinos era la única forma de mantener viva su economía y acceder a diferentes servicios.

En el Carmen y en toda la región hubo una agresión contra este sector. La guerra paró el transporte, bloqueó veredas, acabó con la vida de los conductores y de las flotas. Las culpas recayeron sobre el gremio. Los administradores públicos y la Fuerza Pública los presionaban para que no suspendieran el transporte cuando había un paro armado o para que interrumpieran sus actividades cuando querían bloquear una zona. Los paramilitares los señalaban por colaborar con la guerrilla, y la guerrilla los señalaba por colaborar con los paramilitares.

“Quisiéramos estudiar la situación de los chiveros en el Carmen. Hacer una conversación de territorio: ¿qué pasó en el territorio con los conductores de servicio rural? ¿Qué pasó en el territorio con el servicio de transporte? Aquí hubo un patrón particular que valdría la pena tener en cuenta en la construcción de los ejercicios de memoria”, manifestó Fernando Valencia.

La zona rural del Carmen y del Oriente antioqueño, al igual que cualquier zona rural del país, se caracterizaba por la ausencia estatal. Las veces de Estado las hacían las guerrillas encargadas de tomar decisiones logísticas o de solucionar conflictos. Contra su propia voluntad los chiveros tenían que relacionarse con los grupos insurgentes. 

Otro factor que complejizó los hechos fue la llegada de un grupo residual del EPL. Aunque esa guerrilla se desmovilizó parcialmente en Urabá en 1991, la fracción que no se desmovilizó fue hostigada y se vio obligada a migrar al Oriente antioqueño. El frente Elkin González del EPL se instaló en la zona rural del Carmen. Intensificó el secuestro y la extorsión sobre la autopista, y emprendió el reclutamiento de campesinos que ocasionaría varios muertos entre la población por culpa de los señalamientos. El EPL duró poco tiempo en el territorio. Algunos se desmovilizaron, otros se enrolaron en las filas paramilitares y el resto se convirtió en informante del Ejército.

Todas las expresiones armadas hicieron presencia en el territorio: las FARC que ejercían presión sobre los grupos residuales, el ELN caracterizado por sus campañas de reclutamiento, el sobrante del EPL que debía cumplir con cuotas de señalamiento, las Autodefensas del Magdalena Medio, el Cacique Nutibara y varios batallones del Ejército.

Las autoridades departamentales también participaron de la maraña bélica. Uno de los gobernadores de la época afirmó que había varios municipios guerrilleros gobernados por administraciones guerrilleras, entre ellas la del Carmen de Viboral. La estigmatización fracturó los territorios. Se hizo evidente la división y la desconfianza entre las cabeceras municipales, controladas por los paramilitares, y la zona rural, plagada de presencia guerrillera. Se multiplicaron los bloqueos y las amenazas al transporte y al comercio. La población entró en estado de zozobra, “en el silencio profundo”. 

Analizar la afectación a los chiveros, aseguró Fernando, permitiría esclarecer hechos que perjudicaron a toda la sociedad. Por ello, reiteró la necesidad y la voluntad de trabajar de la mano con la Comisión de la Verdad. “Cuesta mucho que ese tipo de víctimas silenciosas se reconozcan como gremio en una afectación colectiva. Hay muchas ganas de hacer cosas para comprender estos contextos del conflicto”.

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Colombia se acostumbró a hacer memoria en medio de las balas. Las memorias construidas y las que faltan por construir están en disputa. Hay igual número de personas que anhelan verdad como personas interesadas en enterrar y adulterar el pasado.

Las fechas son una combinación de números, no son motivos. Los que quedaron construyen las memorias todos los días, porque ni el dolor ni los muertos que están vivos dan descanso. Las palabras de Flor Gallego, bandera de persistencia y dignidad en el Oriente antioqueño, demuestran que el fin de la lucha de una víctima es el comienzo de otra: “El día que yo encuentre a mis hermanos y a mi esposo, ese día me voy caminar para buscar a todos los desaparecidos que tiene Colombia. Es que no solo es mi dolor, son miles y miles que tenemos el mismo dolor”

Buenaventura grita que don Temis sigue vivo, carajo 

Muerte es una palabra que sabe a piedra. Pronunciar la palabra muerto es sentir que se desencaja un hueso o tratar de tragarse un cuchillo. 

Hace un año lo esperaban en una reunión a la que nunca llegó. Él sabía que el nudo de esta historia solo podría tener este desenlace. Pero nunca retrocedió. Hace un año dos personas que se desplazaban en una moto asesinaron a Temístocles Machado. Apagaron el alma negra que más brillaba en Buenaventura, el puerto por el que entran y salen el 50% de las importaciones y las exportaciones del país.

Don Temis era un cartógrafo social empírico. Un memorioso. Un padre, hermano y esposo noble que “tuvo la habilidad y la sabiduría de tejer lazos. Sabía qué quería, cómo lo quería y quién le podría ayudar (...) Iba por cada barrio buscando a los líderes para recordarnos que nosotros no podemos interiorizar un discurso de afuera, que no somos una cuna de delincuentes”, recuerda emocionada una lideresa que lo conoció.

Defender los esteros en los que quieren construir plataformas portuarias, denunciar la ocupación ilegal de terrenos, exigir la garantía de servicios básicos y la titulación de tierras para los habitantes de las comunas 5 y 6, denunciar los vicios de corrupción, politizar los vecindarios, entutelar y radicar cuanto derecho de petición fuera necesario, exponer las penurias y las demandas de los bonaverenses en Bogotá, afirmar que “esta tierra es nuestra, totalmente nuestra, y de aquí no nos vamos” le costó la vida a Don Temis.

Buenaventura tiene a Temístocles en la punta de la lengua. A un año del asesinato, el Proceso de Comunidades Negras (PCN), el Comité del paro cívico, la asociación Nomadesc y las juntas de acción comunal realizaron del 25 al 27 de enero varias actividades para honrar su memoria. Entre ellas torneos deportivos, presentaciones culturales y un recorrido territorial por lo esteros del puerto que demostró la degradación natural y los impactos socio ambientales causados por las plataformas comerciales.

Se avecina un año clave para Buenaventura. Las elecciones regionales serán la oportunidad de dejar atrás una estela de malas administraciones, y arriesgarse a tomar un camino distinto para materializar todo lo que soñó don Temis. Quienes los asesinaron solo hacían el trabajo por el cual les pagaron. Esas personas sin nombre ni rostro que dieron la orden lamentarán que después del 27 de enero del 2018, el legado de Temístocles Machado vive y arde en los corazones de los bonaverenses.

Sin negros –sin su memoria, sin su cosmovisión–, no habrá paz. Por el puerto entran y salen las esperanzas del país. Buenaventura vibra. Es digna, recursiva y creativa ante la adversidad. Buenaventura reclama la atención que merece. Él ya no está, pero enseñó el camino, por eso Buenaventura grita que “Don Temis sigue vivo, carajo”.

Thursday, 06 December 2018 00:00

La violencia biodegradable del Sur de Bolivar

Dependiendo de la parte donde esté el pie en el mapa, el Sur de Bolívar queda al norte: al norte de Antioquia, al occidente del oriente colombiano, al centro-oriente de la costa occidental, al norte de la zona selvática del sur, y al sur de la región Caribe ubicada al norte del mapa.

El Sur de Bolívar no es monótono. Partes de la zona baja, dedicada a la agricultura, están rodeadas por circuitos acuáticos, playones y humedales. En la porción montañosa, consagrada a la minería artesanal, la luna llena posada en el horizonte es un círculo de fuego que deja estelas naranjas de luz sobre y bajo la circunferencia, cual sol derretido sobre la infinitud del mar. Los tajos amarillentos, que parecen las venas varices del bosque montañoso, son trochas pedregosas, viscosas y lisas cuando llueve, con desvíos inesperadamente sinuosos, y minadas de huecos que solo pueden soportar suspensiones y riñones hechos para el vértigo y el rigor del zarandeo durante eternas horas. Luego de un giro, o de conquistar una empinada, surgen islotes de casas de madera y techos de lata empotradas entre los filos de las montañas. Palafitos que desafían todas las teorías de la gravedad y pueden venirse abajo después de que suspire el destino o estornude la tierra. Al parecer, en cada casa hay más de un par de botas pantaneras y un menor de cinco años.

Si el Estado es incapaz de ejercer control y ofrecer garantías en las zonas bajas y planas, en la región montañosa, donde se multiplican las dificultades de acceso, el Estado es como Jesucristo: alguien de quien todo el mundo habla, pero que jamás nadie ha visto.

Los vacíos estatales los llenan las armas y el autoritarismo de personas y grupos que imponen su voluntad utilizando la violencia. El Sur de Bolívar tiene secuelas profundas que volvieron a arder cuando un grupo de 20 hombres armados caminaron varios asentamientos presentándose como una disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

 

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La región está bordeada por el río Cauca y el río Magdalena. La población es una pintoresca mezcla de costeños, santandereanos y paisas. En el extremo sur, el municipio de Cantagallo limita con Yondó, Antioquia. Al extremo norte, San Martín de Loba y Barranco de Loba comparten linderos con Magangué, Bolívar. 12 son los municipios que integran el Sur del Bolívar, atravesados por el millón de hectáreas que abarca la Serranía de San Lucas.

A partir del año 97 la serranía sufrió una ofensiva paramilitar que sitió los cascos urbanos. El asalto no ocupó las zonas rurales de la parte alta por el alto nivel organizativo de las comunidades y la presencia de las FARC y el ELN. Hubo confrontación armada, masacres, quemas de pueblos y caseríos, desplazamiento, desapariciones, y muchos asesinatos.

La violencia desató en el 98 una movilización masiva llamada Éxodo campesino del Magdalena Medio y Sur de Bolívar. 12.000 personas salieron a diferentes centros urbanos, entre ellos Barrancabermeja, el referente poblado más importante y cercano del Sur de Bolívar. Algunos desplazados llegaron a Bogotá, se manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos y luego buscaron refugio en la Universidad Nacional. Reclamaban el cumplimiento de la inversión en educación, salud, vivienda y servicios públicos pactada con el Gobierno nacional en 1987. Además exigían el derecho a la vida y a la permanencia en el territorio.

Después de tres meses, la movilización alcanzó un nuevo acuerdo firmado por Andrés Pastrana un mes y medio después de posesionarse como Presidente. Firma que jamás se cumplió. Meses después arreció la represión paramilitar. El Sur de Bolívar quedó acorralado y fragmentado. Los habitantes de los cascos urbanos señalaban de guerrilleros a los habitantes de las zonas rurales, y los campesinos llamaban paramilitares a quienes les decían guerrilleros.

En el 2000 las comunidades organizadas se declararon en resistencia. Generaron mecanismos preventivos y un autogobierno para regular la vida, la producción, y los demás aspectos de la cotidianidad. Estrategias fortalecidas un año después gracias a la Caravana por la Vida y Contra el Despojo en el Sur de Bolívar, organizada por la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher). El cronograma de la caravana sufrió modificaciones porque los paramilitares impidieron la circulación de los participantes, muchos de los cuales eran servidores públicos, periodistas y representantes de organizaciones europeas. La presión mediática internacional obligó a que el Gobierno prestara atención a la problemática, y a que los paramilitares desescalaran su accionar en la región.

Han pasado 18 años y los tambores de guerra no retumban como antes, pero la violencia, las amenazas de despojo y desplazamiento cambiaron de piel.

Además de la riqueza en flora y fauna, el Sur de Bolívar cuenta con grandes reservas de oro y agua. Recursos no renovables que hacen de ella una zona muy apetecida por las multinacionales que aspiran obtener títulos mineros para apropiarse del territorio y explotar a gran escala sus riquezas.

A esta amenaza de despojo se le suma el auge que ha tenido desde el 2008 la agroindustria de palma de aceite utilizada para producir biocombustibles. En las partes bajas y ribereñas de la serranía incrementan con los años las hectáreas sembradas con esta planta que esteriliza la tierra porque absorbe y seca los minerales del suelo. Las estrategias empresariales y otras formas de presión convencen a los campesinos para que vendan sus tierras dedicadas a la siembra de pan coger. Los gremios empresariales, las administraciones locales y nacionales proyectan multiplicar el número de hectáreas, lo cual generaría un problema de desabastecimiento y una dependencia alimentaria de lo que se produce en otras partes del país y podría ser sembrado en la región.

Las amenazas no terminan allí. Parte de la Serranía de San Lucas, donde habitan comunidades que realizan prácticas económicas de baja escala para su subsistencia, hace parte de Parques Nacionales, una figura de conservación y protección ambiental diseñada por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Este modelo no permite la presencia de campesinos en los territorios a conservar, considerando como destructores de los ecosistemas a quienes han cuidado de ellos históricamente. La gente de la región sospecha que la intención no es proteger sino desplazar las comunidades para que luego entren multinacionales a sacar provecho de los recursos.

La violencia no solo la ejerce el Estado mediante leyes y propaganda engañosa, el Ejército desde algunos meses viene amedrentando los caseríos Mina Viejito, Mina Gallo, Mina Café y Mina Espada que hacen parte del corregimiento San Pedro Frío, el cual no tiene fronteras claras pues está ubicado en jurisdicción de los municipios de Santa Rosa, Morales, y Arenal. San Pedro Frío hace parte de todos pero no pertenece a ninguno, las fronteras difusas son utilizadas como excusa por las Administraciones municipales para no invertir en el corregimiento.

Lo que sí está claro es que el Batallón de Selva número 48 es el responsable de ejercer control en la zona. La relación con el Ejército hizo corto circuito. La primera de las situaciones que provoca molestia es que la base capta y contamina el agua que utiliza el corregimiento y los demás caseríos. Y hace unos meses, dicen los pobladores, mandos del Ejército amenazaron a la población diciendo que van a utilizar el corregimiento como un centro de operaciones y que "lo que viene para acá no lo han visto nunca".

Las comunidades además aseguraron que incrementaron los retenes militares y los puestos de control donde preguntan a los arrieros de dónde vienen, para dónde van y qué llevan. Dicen también que el Ejército entabla relación con los jóvenes para conseguir drogas y les da dulces y dinero a los niños a cambio de información. Los líderes sociales también identificaron otro patrón de comportamiento. Cuando ocurrió un caso de abuso sexual y un homicidio, los culpables se presentaron a la base militar. El Ejército llamó a los líderes para que se encargaran de los culpables, para que hicieran las veces de Estado. Los líderes temen que el Ejercito pretenda involucrarlos en este tipo de situaciones con el fin de tener argumentos para controlarlos o judicializarlos.

El último hecho que les recordó las épocas del conflicto sucedió la semana del 20 al 27 de octubre. Alrededor de 20 hombres armados se presentaron en Mina Gallo, Mina Viejito, Mina Café y Mina Espada diciendo que eran una disidencia de las FARC que llegaba para quedarse en el territorio.

Un joven moreno de mirada sigilosa que no supera los 25 años manifestó que mientras estaba en su casa, cerca de Mina Viejito y a cuarenta minutos en carro de San Pedro Frío, vio a un muchacho blanco que se le acercó al cruzar la puerta. El desconocido le preguntó al joven si sabía quién era, y ante la negativa dijo que hacía parte de una disidencia. Con vehemencia el presunto guerrillero dijo que necesitaban hablar con él porque era señalado de integrar el ELN. Yo no, yo trabajo por acá, mi papá tiene minas, respondió.

Le pidieron que los acompañara y no manifestó oposición. Atemorizado, el joven caminó con ellos aproximadamente 100 metros desde su casa. Allí un negro alto lo agarró con furia del cuello y lo "jodió".

–Canta pues gonorrea, canta. Di pues quiénes son los guerrilleros. Si usted nos colabora nos va muy bien –, dice que le dijeron.
–Si yo de aquí no conozco a nadie. Yo trabajo, mi familia es de por acá–, respondió.
–Este carechimbita nos está mintiendo. Vamos a cogerlo y a matarlo por allá.
Lo llevaron treinta metros más adentro. Otro tipo moreno sacó un cuchillo e hizo señales de que lo iba a apuñalar. Un compañero de baja estatura le recomendó que no lo hicieran.
–Si esta gonorreita no canta, nos va tocar a las malas.
En el momento del juicio unos aserradores bajaban con sus mulas por el camino más cercano. Los hombres armados los pararon, les quitaron los bolsos, esculcaron y les regaron todo. Se presentaron y mencionaron la razón de su presencia en la zona. ¿Ustedes conocen este carajo?, preguntaron luego. Nosotros lo distinguimos, él es el paisa, trabaja en la mina, la familia está por acá muy cerca, respondieron los aserradores asustados.
—Bueno carechimba, usted se salva porque esos manes hablaron por usted. Pero el día que nosotros lo cojamos, lo vamos a pelar. No le vaya a decir a nadie. Lo que sí diga es que vamos a hacer una reunión el domingo en [Mina] café.

La reunión jamás se hizo. Los armados caminaron por los asentamientos. Entraron, rebujaron, cocinaron y amanecieron en las casas. Preguntaron por el territorio. Intentaron averiguar quién pagaba vacuna al ELN. Y pidieron cédulas en los rumbeaderos de Mina Viejito. La última vez que los vieron caminaban rumbo a La Guarapería, sector ubicado a treinta minutos de donde se encontraba el Ejército por aquellos días, quienes desestimaron las denuncias hechas por la comunidad.

Las fuentes de la región escuchadas para este escrito están convencidas de que los hombres mencionados no integran una disidencia de las FARC. En primer lugar, los frentes 24 y 37 de las FARC que hacían presencia en el Magdalena Medio se concentraron hace dos años en la Zona Veredal Transitoria de Carrizal, localizada en Remedios, Antioquia. Por otro lado, después de convivir tantos años con las guerrillas, los pobladores identificaron características particulares y comportamientos muy similares a los que tiene el Ejército en la región.

Quienes tuvieron un trato directo con ellos aseguran que una parte del grupo vestía de civil y otros de uniforme militar sin ninguna insignia. Algunos tenían acento que relacionan con las personas del golfo de Urabá, no había jerarquía clara y se comunicaban por medio de silbidos.

Los supuestos disidentes se fueron, la zozobra y el recuerdo de las épocas del paramilitarismo quedó vivo.

 

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La violencia en nuestro país desarrolló los anticuerpos para reinventarse, encontrar patrocinadores, y justificar lo injustificable. Es casi imposible dar un paso por el país profundo y no pisar un huérfano, una viuda, una madre que perdió un hijo, una fosa, un verdugo, un dónde está mi desaparecido, un rencor, la cocción de una venganza, proyectos de vida que murieron el día que nacieron, hombres y mujeres que no fueron para la historia sujetos de sus propias decisiones.

La violencia más publicitada es la empapada y manchada de sangre. Nuestra sociedad no acepta reconocer una violencia distinta a la que dice conocer y le han mostrado los medios de comunicación.

San Pedro Frío –al igual que los demás caseríos mencionados– es un asentamiento hecho con la creatividad necesaria para sortear las inclemencias geográficas. El corregimiento no tiene agua potable, ni luz eléctrica –Dumek Turbay, antiguo gobernador de Bolívar, malversó los 17.000 millones que costaba construir una estación eléctrica en el corregimiento–, ni puesto de salud, ni alcantarillado, ni una comisaría de familia, ni psicólogo, ni huellas de progreso o cemento.

Allá, en el sur, se produce y circula mucho dinero, no hay manifestaciones de opulencia pero hay un consumo frenético. La drogadicción, la prostitución y la llegada de venezolanos, tanto en la zona urbana como rural, viene en aumento; al igual que los infiltrados de inteligencia de la fuerza pública que buscan información sobre la actividad minera, las organizaciones y los líderes sociales.

Hay comunidades del país que cien años después viven en condiciones propias del siglo diecinueve, inundados por objetos del siglo veintiuno: lavadoras, antenas de DirecTV, celulares, computadores, bafles estridentes y gigantones: materia que moderniza la pobreza y desvía la atención de lo realmente urgente y necesario.

La violencia más primigenia, la más nociva y envilecedora nunca se ejerce con armas. El Estado incompetente e hipócrita inventó un país que nos obliga a luchar contra las desventajas, contra la geografía y contra nosotros mismos. Somos más territorio que Estado. La violencia es el fin, pero también el medio. Un fósil sin fecha de vencimiento.

A Hermes José Burgos le arrebataron la libertad por algo que no hizo. El domingo 30 de septiembre, a eso de las 2:30 de la tarde, lo capturaron en el municipio de Arauquita porque la Fiscalía General de la Nación lo acusa de concierto para delinquir y rebelión.

Hermes hace parte de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca). Lideró proyectos productivos, organizativos y políticos en el departamento de Arauca y en el Centro Oriente de Colombia. Y defendió los intereses del campesinado en las mesas de interlocución con el Gobierno nacional.  Esos son, para el Estado, sus verdaderos delitos.


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No hay cifra exacta de cuántos líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido capturados por delitos que nunca cometieron. En los primeros meses del año fueron judicializados 12 integrantes de asociaciones campesinas, mineras y pesqueras del Sur de Bolívar. En el Suroccidente, región que comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, llegaron a registrarse 20 líderes judicializados, entre los que se encontraban alcaldes, concejales y personeros. De zonas como la Costa Caribe o los santanderes no hay registro, pero existe la certeza de que hay casos de montajes judiciales.

Defensores de derechos humanos plantean que el sistema culpa a las personas y desconoce la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la fuerza pública, instituciones encargadas de investigar mas no de condenar, hacen un juzgamiento a priori. La persecución judicial en el Centro Oriente y en Colombia es una estrategia tan vieja como la democracia. Liderazgos como los de Hermes Burgos son una piedra en el zapato para el Estado y las empresas que negocian los territorios como si fueran una mercancía.

En Casanare, Meta y Arauca, zona de trabajo de Hermes, la ley Zidres perpetúa el histórico problema de concentración de la tierra en estos departamentos. El Estado, legalizando lo ilegal, permite que conglomerados económicos se apropien de vastas extensiones de tierra que le pertenecen a medianos y pequeños productores, y además les entrega terrenos baldíos para la producción agroindustrial de celulosa, etanol, o para la producción de cárnicos como es el caso de Fazenda.
 
Las comunidades en sus diferentes formas organizativas le han hecho resistencia a este modelo de país, y han construido un plan de vida propio que privilegia la dignidad, la solidaridad, la equidad y el buen vivir. Intereses que van en contravía de la concentración de la riqueza y de la explotación de los recursos naturales por parte de la industria petrolera. Son dos interpretaciones del mismo territorio que se oponen. Mientras Hermes intentaba imponer la suya a través del trabajo comunitario, el Estado y el sector privado trata de salvaguardar la suya rompiendo el tejido social con los falsos positivos judiciales.

“El blanco objetivo ya no son las FARC. Entonces [el Estado] tiene que cambiar de enemigo, y ha identificado al movimiento social como su enemigo interno (…) [Hermes] está siendo señalado de pertenecer a las guerrillas. Ese es un discurso viejo que siempre han utilizado para encartar cualquier persona, sobre todo a los líderes sociales”, aseguró uno de los defensores entrevistados para este artículo.



***


Arauquita, finales de los 90.
Hermes José Burgos termina sus estudios secundarios en el bachillerato agrario de Arauca. Estudia, trabaja su finca, y al mismo tiempo lidera los comités de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en las veredas Las Gaviotas y San Isidro. Ese liderazgo lo catapulta a la Inspección de Panamá de Arauca que tiene a su cargo 24 veredas. En el 2000, estalla un carrobomba puesto por las FARC en la ye de Pueblo Nuevo, jurisdicción de Arauquita. Diez soldados muertos, varios civiles heridos, entre ellos Hermes, es el saldo que deja la explosión.

El ecosistema hostil no logra amedrentarlo. Años después, Hermes abandona la ANUC y se integra a Asonalca. Vende su finca en Arauquita, y se asienta en Fortul. Participa activamente en el trabajo comunitario y en las asambleas de Asonalca. Poco a poco la suya comienza a ser una voz relevante en la región. Por ello, más tarde, le encargan responsabilidades en la conducción regional y departamental de la asociación campesina.

2007. Año bisagra para Arauca.
Los campesinos deciden erradicar voluntariamente las 2.116 hectáreas de coca que hay en el departamento. Tanto la coca como la marihuana, explican quienes están a la cabeza de la iniciativa, son una amenaza para la vocación agrícola de la zona. Si bien resulta más fácil producir coca, porque para cultivar plátano o yuca es necesario ciencia, tecnología e infraestructura, los campesinos son los que menos se benefician de la cadena productiva del narcotráfico.

(“Nosotros teníamos un plan de vida, y decíamos que la coca no era posible; porque la coca era utilizada como un sofisma del Estado para perseguirnos, para estigmatizarnos, entonces el campesino sufría mucho”, recuerda Carlos Núñez, compañero de Hermes en el bachillerato agrario y en los diferentes procesos organizativos; testigo del exitoso proceso de erradicación gracias al cual Arauca pasó de tener 2.116 hectáreas de coca en el 2007, a tener nueve en el año 2016).

Los gremios productivos, las cooperativas agrícolas y, sobre todo, la pedagogía política, logran que la coca pase de ser una rentable e ilegal opción de vida a ser una amenaza para la tranquilidad de las comunidades. Y, por supuesto, la contribución de Hermes es fundamental en ese cambio de paradigma.

No contento con esto, años más tarde, se empeña en dinamizar la actividad comunitaria y política de Asonalca en el Casanare. Allí encuentra un departamento dependiente de la economía petrolera con graves problemas de vivienda, salud, educación e infraestructura.

Junto a Miriam Aguilar –que también fue su compañera en el bachillerato agrario y también fue capturada en Yopal el mismo día que capturaron a Hermes– entablan relación con las lideresas de los asentamientos urbanos La Bendición y Mi Nueva Esperanza de Yopal. El 19 de febrero de 2015, representantes de Asonalca, líderes y lideresas de diferentes barrios construyen un pliego compuesto por cuatro puntos: el rechazo a los intentos de desalojo efectuados por la fuerza pública, la exigencia de proyectos de reubicación, el seguimiento de las violaciones a los derechos humanos, y el aumento de la cobertura y calidad de los servicios públicos.

A eso: a exigir condiciones de vida digna para los campesinos de Arauca y los habitantes de Yopal se dedicaron Hermes y Miriam hasta el día que los capturaron.

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En la mitología griega Hermes es el dios de los viajeros, del ingenio, de la astucia, de la prudencia, era el único dios que tenía permitido entrar al inframundo porque les ayudaba a los difuntos a encontrar su camino al más allá. Por su elocuencia, se le atribuía una habilidad especial para hacer uso de la palabra, por ello hacía las veces de mensajero de los demás dioses.

En el Centro Oriente colombiano, Hermes también era la voz de muchas voces. Fue formador de formadores. La palabra fue la única arma que utilizó en su lucha: “Siempre trabajaba al lado de la olla. En las mingas y movilizaciones nos contaba las luchas que había dado. Él cuenta con orgullo cómo en ese momento [año 2003] lograron que la cartera de educación nacional fuera al departamento y reconociera la deuda que tenían con el Arauca. En ese momento se sentía en las veredas la crisis de la canasta educativa (…) Don Hermes era una persona que enseñaba con el ejemplo. No era de tanta carreta. Era más de cumplir los acuerdos. De ser muy cumplido con su palabra”, dice Carlos Roa, joven integrante de Asonalca que conoció a Hermes Burgos mientras trabajaba con las comunidades de Yopal.

Hermes, el griego, era el dios de las ganancias y las riquezas. Era el responsable de fertilizar la tierra. Personificaba el intercambio: de bienes, de información, de palabras. Por su pericia para el canje también se le conoce como el dios del comercio. Hermes, el araucano integrante de la Federación de Cacaoteros, demostró que si a lo político se le agregan practicas productivas, puede germinar algo rentable que dignifique la vida campesina: “Hermes es un líder campesino integral. Porque una cosa es ser líder, y otra cosa es ser líder y tener finca. Él tiene finca y tiene la experiencia de los aciertos y los desaciertos en la producción. Una cosa es la teoría y otra la práctica –dice Carlos Núñez–.  Eso ha sido Hermes, un campesino con tesón, muy aferrado al trabajo campesino, y con mucha experiencia en el tema agrario”.

Hay hombres que se convierten en dioses. Y hay dictaduras disfrazadas de democracias.

Wednesday, 24 October 2018 00:00

Con-suma responsabilidad

Decidir es también renunciar, elegir solo una posibilidad, descartar formas distintas de hacer las cosas. Muchas veces, aunque el curso del tiempo impida comprobarlo, las decisiones tienen consecuencias significativas por aquello que se descarta más que por aquello que se elige.

Comer —ingerir las calorías necesarias para que funcionen estas cáscaras complejas rellenas de carne— es una necesidad biológica: una obligación. Hace miles de años —cuando no existían los refrigeradores, el hombre no conocía la sal, ni los conservantes— el dueño del granero donde se almacenaban los granos tenía el control sobre aquellos que necesitaban comer esos granos, porque podía decidir el valor de cada grano, podía decidir cuándo comía él y cuándo comían los demás.

Lo que hoy es normal, años atrás no lo era. Históricamente el elemento principal de la dieta humana fueron los cereales. Como estos no aportan la cantidad de proteínas necesarias, los acompañábamos de leguminosas, luego de tubérculos y, si la capacidad adquisitiva lo permitía, acudíamos a los aceites; solo cuando el nivel de vida era lo suficientemente alto se podía acompañar de un trozo de carne. Comer carne fue —y lo sigue siendo— sinónimo de poder. Comían carne no quienes querían sino quienes podían pagar o eran dueños de ella. Comer carne fue una de las primeras fronteras que separó a pobres y ricos.

No solemos darnos cuenta de que lo aparentemente normal, no es tan normal. En apariencia son muchas las posibilidades que tenemos de saciar el hambre: existen 250.000 especies de vegetales de las cuales unas 50.000 son comestibles, pero comemos 250: cereales, raíces, tubérculos, frutas, verduras, hierbas, nueces, especias… El noventa por ciento de nuestras calorías provienen de 15 especies vegetales, dos tercios de ellas producidas por tres plantas: arroz, maíz, y trigo. La mitad de toda la comida que los 7000 millones de humanos comemos cada día es arroz.

El humano fue el primer animal capaz de transformar el alimento. La perfección de la técnica de producción, recolección y preparación, con el paso de los años, encogió nuestro repertorio gastronómico.

Nunca antes fuimos capaces de producir tantos alimentos: —nunca antes fuimos capaces de producir tantos hambrientos: 821 millones— nunca antes fuimos capaces de hacerlo tan mal. Antes comíamos lo que sembrábamos, y vendíamos o intercambiábamos lo que nos sobraba con otros que también sembraban. Ahora compramos lo que comemos a multinacionales que producen alimentos a gran escala, alteran genéticamente los frutos y las semillas, sobreexplotan los suelos y destruyen los ecosistemas, especulan con los alimentos en la bolsa de Nueva York y utilizan agrotóxicos y herbicidas nocivos para la salud.

Es por culpa del uso indiscriminado de agroquímicos que lo que comemos cada vez tiene más toxinas y menos minerales. Anualmente Colombia fabrica 78.469 toneladas de plaguicidas, importa 64.000 y exporta 23.000. De estas, 119.486 toneladas son para consumo interno. Lo que quiere decir que a cada colombiano le corresponderían 2,5 kilos de plaguicidas. Los agroquímicos atracaron en el país en 1962. Actualmente existen 2490 productos con aval para ser utilizados en territorio nacional. Son 376 las empresas nacionales e internacionales que producen este tipo de venenos en Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Palmira. Las ciudades envían el veneno al campo, y los campesinos lo devuelven a la ciudad transformado en alimento. Dice el adagio que uno recibe lo que da.

Según cifras compiladas por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), de los 39.709 casos de intoxicación por sustancias químicas registrados en el país en el 2017, 8423 fueron causados por plaguicidas. El informe sobre Antioquia, publicado en 2016 por la misma institución, indica que, de las 2419 intoxicaciones registradas, 501 corresponde a plaguicidas; siendo el químico con mayor número de casos después de los fármacos. En el Norte, Nordeste y Magdalena Medio la mitad de intoxicaciones fueron provocadas por plaguicidas.

Los estudios sobre las consecuencias de los pesticidas en la salud humana escasean en Colombia. Sin embargo, los pocos análisis realizados han demostrado que, por ejemplo, las mujeres expuestas a este tipo de químicos presentan menores índices de colinesterasa —la enzima que permite que una neurona se comunique con otra para que los órganos funcionen e una manera adecuada—. Tambien También se ha comprobado que los problemas respiratorios, la alteración del sistema nervioso, y la degradación de los neurotransmisores que segrega el intestino están íntimamente relacionados con los plaguicidas.

Este no solo es un problema de salud pública, también cultural y económico. La agroindustria promovida por las multinacionales reemplazó las formas ancestrales de cultivar y relacionarse con la tierra. Relegó al campesino al último eslabón de la cadena productiva, le paga poco por su trabajo y lo obliga a pagar grandes cantidades de dinero por los venenos.

El sistema obliga al campesino a resignarse y aceptar sus reglas de juego. Desde que la publicidad empezó a ser utilizada en la industria alimentaria, el primer mordisco lo damos con los ojos. Al mercado —y al consumidor— le interesa la factura —el color, el tamaño—, no los nutrientes del producto. Y la única manera de cumplir con esos estándares publicitarios, según las grandes multinacionales, es utilizando pesticidas y agrotóxicos.

Pasan los años y la agricultura sigue resumiéndose en cinco procesos básicos: seleccionar plantas utilizables, manejar el agua, renovar y enriquecer los suelos, proteger los cultivos de las pestes, usar fuerza de trabajo para recogerlos. Las actuales prácticas agrícolas cada vez utilizan menos plantas, hacen mal uso del agua, alteran los ciclos de la materia orgánica, y envenenan a quien cultiva y a quien consume para evitar las plagas.

“Como se interpreta una crisis determina como se actúa ante ella”, dice Martín Caparrós. El campesino debe replantear sus formas, y el consumidor asumir su responsabilidad en esta cadena de errores. Cuando preferimos ir a un supermercado de cadena en lugar de ir a la plaza de mercado, estamos siendo cómplices del mercado. Algunos comen lo que pueden, el resto cree que puede comer lo que quiere. Muchas veces las decisiones no dependen de nuestra voluntad y nuestro deseo, sino de los factores económicos y culturales que las condicionan. Ante una situación tan penosa, mientras encontramos una idea clara para cambiar eso, la indignación y el arrepentimiento son el primer paso que nos comprometen a inventar algo mejor. Recuperar la propiedad absoluta de nuestras decisiones —de las consecuencias— tal vez sea el norte que tanto hemos buscado: esa es la verdadera emancipación.

No sabemos quiénes son, cuántos, cuáles son sus verdaderos nombres, qué música escuchan, dónde viven, por qué hay tanto odio en su gramática, y por eso nos generan tanto miedo; porque se comportan como la muerte: no sabemos cuándo llegarán, cómo aparecerán, ni en qué lugar.

Se autodenominan águilas –que todo lo ven– negras –el distintivo de su política terrorífica–. Escriben panfletos. Y en uno de sus panfletos, que circuló la semana pasada, prometieron exterminar a los colegas de El Macarenazo, El Turbión, Clarín Colombia, Desde Abajo y Colombia Informa. La sentencia venía firmada por el Bloque Capital, quien justificó que los amenazados son “sapos”, “informantes y voceros de la guerrilla”, “hijueputas traidores de Colombia”, entre otros adjetivos injuriosos escritos con mala ortografía.

No es la primera, ni la última vez que las águilas más negras de Colombia hacen este tipo de advertencias. El nombre de defensores de derechos humanos, líderes comunales y sindicales también ha aparecido en esos dantescos panfletos.

Según un artículo publicado en El Espectador, el vuelo mortuorio de las águilas se remonta a 2006, año en que prometieron desmovilizarse los grupos paramilitares. Desde entonces, 589 personas fueron amenazadas en un total de 282 panfletos, 67 de ellos escritos este año. Cauca con 35, Valle del Cauca con 24, Atlántico con 23, Antioquia con 21 y Cundinamarca con 19, son los departamentos donde más notificaciones fúnebres han circulado. 20 de ellas firmadas por el Bloque Occidental, 10 por el Bloque Norte, y seis por el Comando Central.

En agosto la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó las conclusiones de su investigación sobre las águilas negras. La organización determinó que “no existen como estructura criminal. No hubo ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia (…) Algunos grupos criminales cuando van a hacer operaciones criminales que dejen muchos muertos o que sean muy violentas, se ponen el nombre de Águilas Negras para no ser identificados (…) Hay sectores en la legalidad, como supuestos empresarios, políticos o particulares, que contratan sicarios para asesinar o amedrantar personas, y se hacen colocar el nombre de Águilas Negras”.

Que sabemos muy poco de ellos –¿ellas? – es la única certeza. Su forma etérea es la prueba de su existencia. La efectividad pedagógica del miedo radica en su misterio.

Los grupos de inteligencia del Gobierno solo ofrecen respuestas a medias, cuya parte más importante es aquella que permanece oculta. En esta negra historia la institucionalidad es arte y parte. En ocasiones se han disfrazado de águilas –o han pagado a las verdaderas– para deshacerse de las piedras que tallan en sus zapatos. Sin embargo, cuantas veces sea necesario, reiteramos que su obligación es hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de aquellos que exigen lo que todos deberíamos: la defensa y cumplimiento de los derechos humanos.

Es muy diciente la celeridad con la que actuó la Fiscalía cuando periodistas de Caracol y RCN Radio fueron amenazados el pasado mes de julio. Como diciente y sintomático es la falta de solidaridad y colegaje de los líderes de opinión de los grandes medios con los colegas amenazados. ¿Acaso por ser medios con agendas mediáticas alternativas no vale la pena defender su derecho a la libertad de expresión?

El desgobierno y el odio que reina en nuestro país demuestra que Colombia es más territorio que Estado. El Gobierno hace las veces de espectador mientras la sociedad hace justicia con sus propias manos. La clase política socializa su proyecto de país con una pistola en el bolsillo. La violencia se convirtió en nuestro medio y nuestro fin.

Democracia, decía Estanislao Zuleta, es el derecho del individuo a diferir contra la mayoría. La diferencia además de legítima es necesaria. Los derechos humanos no deberían tener dueño, ni color, ni ideología. Por eso, aunque las águilas negras digan lo contrario, ser líder social o periodista independiente no es –ni puede ser– un delito o una razón para justificar la muerte.

 

Wednesday, 05 September 2018 00:00

La retoma de Caño Limón

Esta historia comenzó aproximadamente en los años 80 cuando estas tierras fueron colonizadas y la gente subsistía de la naturaleza y del trabajo de sus manos. En el 90 se vino el boom petrolero para el departamento de Arauca, que jugó con la inocencia y la ignorancia de los campesinos, que pensaron que el petróleo iba a traer prosperidad a nuestros terrenos. Nunca se imaginaron que las empresas transnacionales y el Estado iban a desplazarlos, que los campesinos iban a pasar de ser pobres a ser miserables; porque un campesino sin tierra no es campesino.

El Estado usó la Policía nacional y el Ejército contra los campesinos. Tumbaban las casas, arrancaban los cultivos, los envenenan, llevaban a la gente a la cárcel de la capital, los tenían tres meses y luego los soltaban. En el 91, cuando yo nací, mi padre estaba en la cárcel. Por ese acoso constante la gente decidió salir de los territorios, pero con una promesa del Estado. Hay un acta firmada por el Incora [extinto Instituto Colombiano para la Reforma Agraria], la empresa Occidental Petroleum -OXY, y las comunidades, donde el Estado se comprometió a reubicar la gente en un plazo máximo de 30 días. Le pagaron unos dineros irrisorios a la gente, y esos treinta días se volvieron una eternidad. 175 familias se desplazaron de este territorio. En ese tiempo el tema de la planificación no era muy común, entonces las familias eran numerosas.
Un campesino metió una tutela para que restablecieran el derecho a la tierra. Inmediatamente el Consejo de Estado le dio la orden al Incoder [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] que reubique a los campesinos. Los campesinos pensaron que era una victoria, que todos íbamos a tener nuestro pedazo de tierra. Pero el Estado no podía titular un terreno donde existiera petróleo. Y desafortunadamente para nosotros los campesinos araucanos, estamos parados encima del petróleo. Eso se nos convirtió en un martirio y en una burla hacia nosotros. Cuando pasaban los campesinos buscando dónde comprar, decían: “ahí van los compradores de tierra”.

El ocho de octubre del 2013 decidimos recuperar el territorio. Entramos e inmediatamente nos encontramos con la Policía, el Ejército, la Sijín, y la seguridad privada de la empresa. Nosotros empezamos a talar y a sembrar, y la Policía detrás a arrancar y envenenar. Era tal la humillación que nosotros no reconocemos a la Policía y al Ejército como una institución, para nosotros son unos mercenarios. Tenemos un compañero que no hace mucho salió de una cirugía, le estaban sacando una bala del cráneo. Otro compañero tiene como veinte tiros.

Tumbaban los cambuches, botaban la comida, se repetía la historia del 95. Hasta que decidimos que si nos iban a sacar de aquí tendría que ser con los pies de pa' delante. Decidimos usar nuestras armas de trabajo y empuñarlas para defendernos. El campesino dijo: “si usted me pega un tiro, yo le pego un machetazo”. El mensaje no era agresivo, sino decirles que estábamos decididos a morirnos por el territorio.

Nos hicieron miles de propuestas. La compañía nos ofreció otros territorios, pero nosotros queríamos nuestro territorio. Muchos de nosotros nacimos aquí, o al menos aquí nos hicieron los papás. El día que mi padre me trajo acá… uno siente como una energía. Él me decía: “mire papá, aquel era el palo, se acuerda, aquí había un zorrocuco, si usted se ponía a llorar lo callábamos era con eso”; que mire, nos encontramos la piedra donde hace veinte años afilaba la rula. Era ese llamado, ese sentimiento, ese interactuar con la tierra lo que nos aferraba más al territorio.

La OXY demanda 16 campesinos por cuatro delitos: daño ambiental, hurto, daño a la propiedad privada, y amenaza a la fuerza pública; nosotros amedrentando a esos pobres señores que llegan aquí como cuando Rambo va a los otros países: fusil, pistola, un cuchillo, granada, chaleco antibalas, cascos, mira telescópica.

***


La voz es de Nixon Torres, presidente de junta de la retoma de tierras del complejo petrolero Caño Limón; el drama también.
Estamos reunidos en lo que los habitantes de la vereda El Vivero, del municipio de Arauquita, llaman escuela: aproximadamente 40 metros cuadrados de tierra pura y dura, bancas sin espaldar hechas de madera, 12 vigas también de madera y un techo formado con láminas metálicas. El bochorno anestesia el cuerpo. Un perro negro y famélico es asediado por un ejército de moscas que no lo dejan dormir. El alarido de los insectos y el canto de las aves invade la instancia como una marejada.

A metros de nosotros, al lado de una masa de agua marrón sin oxígeno, entre plataneras y árboles nativos, un cambuche que hace las veces de casa y una cocina artesanal. Según Nixon, el charco en mención es uno de los 29 esteros y ríos navegables que componían la Laguna de Lipa, un santuario de fauna y flora destruido por la OXY cuando instaló los más de 200 pozos del complejo petrolero Caño Limón.

De las más de 100.000 hectáreas que componen Caño Limón, Nixon y otras 98 familias han recuperado 4000. Allí siembran plátano, maíz, ahuyama, yuca, cacao, lechuga, maracuyá, papaya, guanábana, y cítricos. Actualmente la comunidad discute la posibilidad de declarar sus tierras como un Territorio Campesino Agroalimentario. Aunque el territorio está en proceso de división, se ha acordado que en el momento de la repartición se les dará la misma cantidad de tierra a todas las familias, sin importar si en el pasado eran dueñas de tres o de 40 hectáreas.

La vocación de Nixon y sus paisanos demuestra que Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Tanto Colombia como Arauca son territorios campesinos, agrícolas y pecuarios. Las comunidades no viven del petróleo, subsisten de lo que produce la tierra y la cría de especies menores. Lo que trajo el petróleo a las zonas donde hay reservas, oleoductos o refinerías, es crisis ambiental, social y humanitaria.

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Primero en el vocabulario de la gente era la invasión de Caño Limón. De la invasión cambiamos a la retoma. Hoy en día se habla de la vereda El Vivero. Hemos ido progresando en el lenguaje también.
Han utilizado toda clase de estrategias. Fuimos amenazados con el paramilitarismo. En la entrada de la vereda amanecieron un día los árboles pintados con letreros de las AUC. Manipularon a la inspectora de Arauca para hacer un desalojo en un territorio que no le correspondía. También amenazaron a Jesús Hernando Mancera, personero de Arauquita, porque defendió nuestros derechos, le tocó irse del municipio. Han aparecido personas armadas con ganas de joder a los líderes de la retoma. A mi particularmente me ha tocado salir como tres veces.

En la entrada de la vereda nos pusieron una reja con candando. Después nos hicieron una manga con alambre de púa. Ellos nos tapaban un camino y nosotros nos metíamos por otro. Cuando nos ponían la seguridad ahí, nos pasábamos por los esteros, porque nosotros sí conocíamos el territorio, porque era nuestra casa.
En el trayecto entre Caño Verde y La Yuca no se podía bajar ningún pasajero (el campo petrolero está ubicado entre estos dos sectores. En cada punto existía un retén militar que hasta el día de hoy se mantiene). Era un problema para que los carros lo trajeran a uno. Se metía en líos el conductor porque allá tenía que decir cuántos pasajeros iban, y cuando usted pasaba La Yuca revisaban si se había bajado alguien. Cuando ya sabían que estábamos aquí nos hacían quitar las botas. Se llevaban las cédulas y les tomaban fotos. La compañía tenía un bloqueador de señal, la señal de los celulares y de internet se iba. En los desalojos era un problema para que pudieran entrar al territorio las personas que venían a apoyarnos jurídicamente.

Ahorita les tocó aceptar que estamos aquí, que somos una realidad. A veces se ponen cansones pero El Vivero también se ha ganado una fama de que, si me grita lo grito, y si me toca dar puño pues doy puño.

La compañía nos ha llamado para que pactemos unas reglas de convivencia. Nosotros les decimos que no tenemos nada qué pactar con ellos. Que no se metan con nosotros y nosotros no nos metemos con ellos. Nosotros lo que hacemos es labrar la tierra. Quisiéramos que no sacaran el petróleo, pero desafortunadamente ya lo están sacando. En estos días se nos viene una batalla bastante campal con la compañía. La OXY va a construir unas plataformas en unos territorios donde no hay plataformas. Esa va ser nuestra lucha ahorita: no dejar que exploten ese pozo. Yo creo que los jurídicos tienen que irse preparando.

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Esta retoma continuará…

Wednesday, 05 September 2018 00:00

El evangelio según Wacoyo

Entonces, el mundo era otra cosa: no era de nadie porque era de todos. La propiedad privada era un concepto de otro mundo. No existían las cercas ni las fronteras, tampoco los porteros 24 horas. Todo era para todos.

Los Sikuani hoy pernoctaban en Puerto López - Meta, y la próxima semana en la frontera con Venezuela. Eran nómadas, dueños de una casa que no tenía medidas claras. Así era, así se lo contaron los mayores a Sebastián Yepes, capitán de la comunidad Fundobonito del resguardo indígena Wacoyo.

Las cosas han cambiado. Ahora, cuenta Sebastián –54 años, líneas profundas en la frente que parecen surcos, celular en el bolsillo izquierdo de la camisa azul, pantaloneta negra, y croc's rojos–, la casa está parcelada.

Fueron las espadas de acento español las primeras que alteraron las leyes de ese mundo. Luego las biblias y los crucifijos que empuñaban los cristianos. Años después, las guerrillas y con ellos los cultivos de coca. Más tarde la furia paramilitar. Ahora, las multinacionales.

Wacoyo, ubicado a cuarenta minutos de Puerto Gaitán - Meta, es uno de los nueve resguardos que existen en el municipio, asociados en la organización indígena Unuma. Según resoluciones gubernamentales, los indígenas de los pueblos Sikuani, Piapoco y Saliba asentados en Puerto Gaitán, son dueños de más de 50.000 hectáreas. De estas, 8050 pertenecen al resguardo Wacoyo, una cantidad irrisoria comparada con el tamaño de la casa de sus ancestros.

Sebastián tenía 16. Eran 187 familias y tres comunidades donde actualmente hay 1730 personas repartidas en 34 comunidades. Durante un año administró una tienda familiar. Terminó quinto de primaria y su comunidad lo nombró docente bilingüe de los niños menores de diez años. Terminó bachillerato, ejerció la docencia durante 14 años, conoció a su esposa, tuvieron descendencia, y formaron hace un año la comunidad de la que hoy es la máxima autoridad.

Para Sebastián el español es una patria ajena. Un mecanismo de defensa ante la codicia de los empresarios que ofrecían dinero, falsas promesas, y objetos desconocidos para quedarse con el territorio, para hacerlos sentir extranjeros en su propia tierra. Los empresarios empezaron a llegar en bandada hace 15 años, y se convirtieron en vecinos incómodos.

–Ahora las multinacionales nos obligan a pedir permiso para movernos por el resguardo.

Cuando Sebastián dice multinacionales, se refiere a empresas como Ecopetrol y Fazenda. La primera realiza exploraciones petroleras en el territorio, y la segunda tiene 22.000 hectáreas sembradas con maíz y soya para alimentar los más de 70.000 cerdos de su megacriadero.

El auge de la agroindustria agudizó un problema histórico en los Llanos, y especialmente en el Meta: la concentración de la tierra. Gente de la región cuenta que Víctor Carranza, esmeraldero y patrocinador de grupos paramilitares, hizo una celebración monumental cuando se supo dueño de un millón de hectáreas entre los departamentos de Meta y Vichada.

Los pastizales infinitos del paisaje llanero, vacíos y estáticos, cada tanto se convierten en miles de hectáreas de caña –que la empresa Bioenergy utiliza para producir etanol y biocombustible–, de maíz, arroz, caucho, palma de aceite y árboles maderables.

–Estamos cultivando 1.000 hectáreas de maíz (…) Hemos logrado algunos ingresos económicos para seguir mejorando el bienestar nuestro –dice Sebastián sentado en una silla plástica, con un cigarrillo en la mano, escoltado por un cielo estrellado. De fondo, el gemido monocorde de la planta eléctrica.

Después de tortuosas negociaciones, los Sikuani le arrendaron algunas tierras a Fazenda con el compromiso de que el 78% de las ganancias sean para ellos, y las personas de la zona representen el 70% de la mano de obra no calificada. Con ese dinero, asegura Sebastián, han puesto en marcha proyectos y convenios educativos, sanitarios, y alimentarios. Sin embargo, la empresa es sinónimo de problemas:

–A través de esos marranos han llegado las afectaciones ambientales como la mosca y el olor. Aquí vivimos con epidemias, se nos han muerto niños, mayores de la tercera edad (…) El río Muco lo taponó el estiércol de los cerdos. Era un río donde nosotros salíamos a pescar. Hoy en día no se puede. Los chigüiros, los cachicamos, los animales se fueron…

***


Las cinco y media marca el reloj. El cielo opaco parece disolverse. Perros y patos vagan por la tierra ácida y húmeda como si todo aquello que pisan fuera suyo. Sopla, el frío es liviano, apenas perceptible. Alrededor, diez chozas hechas con madera y láminas de metal, todas con la misma forma, todas con los mismos metros de largo y de ancho. La niebla fugaz convierte los pastizales infinitos, y todo el horizonte, en siluetas.

Horas más tarde, Edwin Sarmiento me dirá que: “Culturalmente ha sido una etnia muy guerrera que ha defendido principalmente su tradición oral y esto les ha permitido pervivir. A pesar de la presencia de empresas petroleras, de la agroindustria, se han mantenido y siguen practicando sus rituales. Uno de ellos es el rezo del pescado, se les hace a las muchachas apenas les baja su primera menstruación, en su creencia esto permite la reproducción y el mantenimiento de la comunidad. Pero esta cultura se ha visto afectada principalmente por el narcotráfico. Es muy difícil combatir el dinero, la mafia… digamos que se han venido acercando más hacia el consumo. Cuando no había petroleras, cuando no había coca, los líderes, capitanes, y autoridades, caminaban diez, ocho horas, dos, tres días para ir a una reunión. En estos momentos si no tienen una moto, si no les colocan una camioneta, si no les dan viáticos hay dificultades y nace el rechazo. Otra cuestión que ha debilitado la cultura es la perdida de…”.

Edwin interrumpe el relato. En ese instante se acerca Onorio Ruiz, el médico ancestral de la comunidad que tiene 120 años y una corona hecha con plumas de guacamaya. Onorio pregunta dónde está el baño.

–Allá donde está la lona, al fondo, al lado de la mata de plátano–, le responde Edwin.
Onorio Ruiz mira hacia la parte señalada, duda, y vuelve a preguntar, en un español apenas audible y entendible, dónde está el baño.
–Allá en esa lona verde hay un hueco. Hace popó y tapa, como los gatos.

Edwin –un joven fumador que debe pesar más de 120 kilos– es el representante legal de la Corporación Choapo, organización que desde el 2009 estrechó lazos con los Sikuani, Piapoco y Saliba de Puerto Gaitán para realizarle un “juicio ético” a las empresas petroleras. El hecho de que los pueblos indígenas sean dueños de grandes extensiones, convivan con empresas que generan sumas millonarias explotando las tierras, y sus condiciones de vida no sean dignas, es una contradicción que aviva la llama filantrópica de Choapo.

–Otro tema muy complejo es la religión. La religión, sobre todo la evangélica, ha cautivado mucho con el mensaje de que se les va a acabar el mundo y que tienen que irse para el reino de Dios. Los líderes que se vuelven religiosos no van a las reuniones porque es del mundo, así lo dicen.

La misión evangelizadora inició hace diez años y desde entonces nada volvió a ser igual. Cuenta Edwin que prácticas nunca antes vistas, como la imposición del diezmo y el bautizo, ahora son comunes. No me queda claro si se justifica destruir una cultura para salvar una vida, lo cierto es que la religión entorpece los procesos de soberanía y permanencia promovidos por Edwin y Choapo.

–¿Cuando dicen que eso es del mundo, a qué se refieren? – Edwin balbucea, luego se ríe.
–Cuando dicen que es del mundo es porque produce pecado y los puede condenar. Una reunión para discutir que se mantenga la cultura de los payés [médicos ancestrales], ellos la relacionan con brujería.
–¿Con qué interés entra la religión a los territorios?
–Con el interés de… pongamos el ejemplo del resguardo El Tigre que queda a seis horas o siete horas de Puerto Gaitán. Muy difícilmente una persona va a venir desde allá a un culto, entonces hacen brigadas de evangelización, van cautivando los líderes y establecen iglesias dentro de los territorios. El líder se va convirtiendo en el pastor. Líderes que proponían ir a la minga a pelear por sus derechos, ahora dicen “Dios lo quiso así”.

Los indígenas encabezan el ranking de poblaciones sobre diagnosticadas. Las oenegés nacionales e internacionales, las instituciones gubernamentales, y la sociedad en general que mira al indígena con lástima y morbo, inocularon entre los pueblos originarios el asistencialismo. Siempre fue más popular ante los ojos de Dios un “pobre” sumiso dependiente de la limosna, de las migajas del que tiene de sobra, que un pobre que se pregunta por las causas de su pobreza y se revela contra ellas.

El mensaje de Edwin y Choapo –autonomía, vida digna, movilización– es impopular. Romántico, anacrónico si se quiere. Para el indígena, con justa razón, el blanco es y será un agente invasor que ante todo genera desconfianza. Resulta llamativo que, sin ofrecer cosas materiales o dinero, Edwin pueda neutralizar las profundas diferencias y parecer un indígena más, al punto de pedir agua, saludar, y despedirse en lengua Sikuani, ser convidado a sorber yopo o mascar una planta sagrada como el capi, o ser recibido con la cabeza de un araguato –un mico– en cada comunidad que visita. Edwin no es un blanco cualquiera. Esa camaradería no es fruto de la típica superioridad académica y moral que destila el occidental, sino del respeto y la admiración por una cultura que nos puede demostrar que todo este tiempo estuvimos equivocados.

–Una cuestión que me ha llamado mucho la atención es lo espiritual, sus rituales, sus rezos, sus armonizaciones; cosas que uno dentro de toda esa teoría del materialismo desconoce. Es muy sorprendente mirar que está a punto de llover y el payé reza y se va el agua, o necesita que llueva y hace llover.

Aún quedan humanos así, de esos que lo dan todo por nada. Que lo dan todo por otros sin esperar nada a cambio. Edwin no suele preguntarse por qué hace lo que hace. Proyectos de vida como estos –pienso mientras lo escucho– pierden el encanto cuando uno trata de explicarlos, porque –como decía Piglia cuando le preguntaban cómo se convierte alguien en escritor– “no es una vocación, no es una decisión tampoco, se parecen más bien a una manía, un hábito, una adicción, si uno deja de hacerlo se siente peor, pero tener que hacerlo es ridículo, y al final se convierte en un modo de vivir (como cualquier otro)”.

Dirá luego que su única retribución es sentir que la comunidad también es su casa: venir a chinchorrear, que lo inviten a pescar, compartir, hablar, estar en el territorio, ver los amaneceres y los atardeceres salvajemente coloridos, aprender qué dicen las estrellas… Dirá, luego, que con eso es suficiente.

–¿Han cambiado ideológicamente desde que trabajas con ellos?
–Decir que han cambiado ideológicamente su forma de pensar y concebir la realidad es muy difícil asegurarlo. Sí se ha sembrado una semilla, y la semilla es venga no pidamos tanto, no mendiguemos, no esperemos que la petrolera nos dé, no esperemos que Fazenda nos dé, sino que es al calor de la lucha, al calor de la movilización, al calor de la organización que se logra. Ellos llevan 39 años organizados. Y se han dado cuenta que la petrolera fue un engaño (…) Que hoy se atrevan a denunciar y decir el nombre de Pacific Rubiales, de Ecopetrol, de Frontera Energy, es un adelanto, es una ganancia. Porque antes era la empresa que les daba, hoy es la empresa la que les está quitando el territorio.
–¿Son muy tensas las reuniones con la empresa?
–A la empresa no le gusta reunirse dentro del territorio. Siempre es lejitos, por allá en una vereda porque temen que les hagan algo, que los secuestren. Pero son tensas. Y como el indígena no maneja ni leyes ni normas, entonces fácilmente se burlan y dicen “no, es que la ley no lo permite”. Además, les ponen camionetas, bufets, platos deliciosos, y los hacen firmar cosas mientras están comiendo. Son todas las artimañas de estos empresarios para no brindarles garantías de vida digna a los indígenas, y sacar el mayor usufructo del territorio.
Los violentos terminan siendo otros.

***


Participó en la fundación de la asociación indígena Unuma. Fue Presidente del Concejo municipal de Puerto Gaitán. Fundó una IPS. Su papá era oficial del Ejército venezolano. Ahora representa los nueve resguardos, es líder, es cacique; y dice que vive aquí “hace 398 años”.

Cada sílaba que pronuncia Mauricio Rosales está llena de pasión. Habla con fervor. Habla como hablan los que están convencidos de ser dueños de la verdad, y la repiten cada que pueden. Habla español, y cuando habla –como todos los Sikuani aquí citados– pone conjunciones, a veces preposiciones, en el lugar equivocado. Habla de cosas que para él son sencillas, pero muchos no entienden. Habla como si pensara todo el día en lo que va decir. Habla.

Mauricio cree tener una idea, una luz, una forma distinta de hacer las cosas, un destino. La esperanza de que el mundo sea otra cosa: menos irritante, menos vulgar. La certeza de que la ausencia permite el deterioro de la tradición.
–El mundo occidental al indígena no nos va matar con plomo, ni a cuchillo, ni a espada, es con elementos, con inteligencia que nos va acabar. Sobre eso es que tenemos que despertarnos, es ahí donde está la necesidad de elaborar el plan de vida.

El plan de vida que predica Mauricio prioriza cuatro ejes: unidad, tierra, cultura y autonomía. Da cuenta de las principales necesidades indígenas, y está compuesto de tres momentos: el pasado: analizar qué elementos culturales se han perdido; el presente: determinar qué prácticas siguen vivas y cuáles corren el riesgo de perderse; el futuro: trazar una meta y multiplicar aquello que vale la pena ser rescatado.

–De lo que vale la pena rescatar, ¿qué sería prioritario?
–La parte intelectual es lo primordial. O sea, la formación, la educación, la lengua, el pensamiento: transcripción de pensamiento en la escritura. Es primera necesidad para que no se pierda la etnia, el pensamiento indígena. En segundo lugar, están los elementos materiales. La yuca amarga, por ejemplo; alimento propio de la tradición indígena porque tiene una historia, tiene un origen. Es el elemento primordial de alimento para el pueblo para que no haya etnocidio.

Mauricio afirma, convencido de sí, que los planes de vida elaborados por las alcaldías y gobernaciones son colecciones de información que carecen de tres ingredientes: las concepciones socioeconómicas, socioculturales, y sociopolíticas. Ingredientes que solo pueden aportar las comunidades. Si el plan de vida no incluye las normas, los usos y costumbres de los indígenas, no sirve, no funciona.

–Nuestras normas son consuetudinarias, cosmovisionales, tradicionales, ágrafas, colectivas y espirituales. Viene una avalancha más grande, más rara, que es la evangelización. La secta religiosa acaba con la parte espiritual, acaba con la etnia, diciendo “no ame a esta tierra porque es del diablo, ame a dios que es del cielo”, pero cuándo él va a llegar al cielo, me pregunto yo, o quién vino del cielo para contar la historia. No hay, simplemente es un engaño para ellos apropiarse de su territorio. También es una manera de tomar el poder, porque el indígena aplica justicia no como toma de poder, sino como decisión para acabar con el mal. Ustedes los blancos utilizan leyes artificiales, nosotros utilizamos leyes naturales. Los usos y las costumbres son una manera de gobernarse. El gobierno propio ya no existe. Hay es propio gobierno que es distinto. Lo único que existe en el Unuma, aquí en lo Sikuani, es la justicia propia.

Está en un hilito, llega a reventarse ese hilito… adiós pueblo indígena, se acabó. La justicia la manejan los médicos tradicionales. Voy a poner un ejemplo contundente y claro. A usted le hicieron un mal, lo mataron por x o y razón. Materialmente o espiritualmente lo matan. Usted dice: “médico mataron a mi pariente, vengo a que usted le devuelva el mal”. Él dice: “bueno, si usted dice eso voy hacerle, yo no soy el que voy a matar, espiritualmente el que la hace la paga”. Esa persona que mató a la otra persona, vaya donde vaya, se muere. Esa es la justicia que aplica.

–El que la hace la paga.
–En tierra, vaya donde vaya, en el país que quiera allá le llega. Esa es la justicia que maneja el indígena. Eso es lo que quiere el evangélico, acabar con eso, ese es el reto del evangelismo: la espiritualidad. Porque si el hombre indígena no tiene la espiritualidad se acabó como indio, no tiene defensa.

Se acabó el gobierno propio. Y el evangelio según Wacoyo dicta que el responsable debe pagar las consecuencias. De esa condena no lo salva ni el más poderoso de los todopoderosos –aunque su Dios diga lo contrario.

Wednesday, 08 August 2018 00:00

La unidad es el mandato

Los Congresos mandatan. Moldean, reforman y avalan normas que ordena la sociedad: los Congresos determinan el por-venir de millones. El Parlamento colombiano ha estado compuesto por amigos de paramilitares, hijos y sobrinos de políticos, de ricos, de terratenientes, de empresarios, de almas déspotas, ambiciosas, individualistas, cínicas y clasistas. La mayoría de Parlamentarios colombianos han mandatado para una minoría rica, déspota, ambiciosa, individualista, cínica y clasista, idéntica a ellos.

La minoría enquistada en el poder deambula por los salones del Estado y saquea los territorios, con el consentimiento de ese Congreso que mandata en contra de los intereses y las exigencias de esa mayoría oprimida.

Pero los pueblos son soberanos, son el verdadero gobierno. Hace ocho años el Congreso de los Pueblos se consolidó como un entramado de sectores, fuerzas políticas, movimientos sociales, y procesos organizativos diversos y singulares que no se sienten representados por la clase política tradicional. Mandatar y construir una propuesta de país que privilegie la vida digna antes que la acumulación y la explotación, es y sigue siendo la razón fundamental que moviliza al Congreso de los Pueblos.

Los tiempos han sido adversos, y lo seguirán siendo estos próximos cuatro años. La crisis ambiental, alimentaria, energética y territorial que atraviesa el mundo desató una lucha de rapiña entre capitalistas –Estados Unidos, Rusia, China, entre otros países árabes y europeos– que se disputan los alimentos, el agua, la energía, el territorio, la fuerza de trabajo, el capital y la ganancia. La solución de una crisis –¿inevitablemente? – genera otras crisis; unos casi siempre ganan, otros casi siempre pierden: así es la matemática infalible del capitalismo.
El capitalismo es la empresa transnacional con más sedes en el mundo, Colombia es una de ellas. La llegada de Ivan Duque al poder –del uribismo, del capitalismo más ortodoxo– perpetúa un modelo que amplía la brecha entre ricos muy ricos y pobres muy pobres, que se apropia de los territorios y los sobreexplota, que ejerce violencia política a través de la judicialización, los asesinatos y las amenazas, que financia y aplaude grupos armados paraestatales, que instrumentaliza el rol de la mujer en la política, que asocia el disenso y la desobediencia con el delito. La reforma pensional, laboral y tributaria, más la privatización de la industria petrolera, la continuación del extractivismo, las zancadillas al acuerdo de paz y la regulación del derecho a la protesta social que pretende implementar el próximo gobierno, lo confirma.

Cada día trae su afán y cada gobierno sus intereses. El modelo opresor no se derrota con fórmulas mágicas ni con saludos a la bandera. El momento histórico nos exige volvernos a encontrar, con nuestras diferencias y nuestros anhelos comunes, para deliberar y construir una propuesta de país.

Hemos demostrado que no somos salvajes. Podemos autogobernarnos. Las guardias indígenas, afros y campesinas, los territorios campesinos agroalimentarios, las zonas de reserva campesina, los resguardos indígenas, los territorios colectivos afros, entre otras figuras, son experiencias exitosas que nos han permitido avanzar en la construcción de poder popular, autoprotegernos, ejercer soberanía, cuidar los bienes de uso colectivo, establecer normas de convivencia, ordenar colectivamente el territorio y la economía. Construyamos sobre lo construido. Hemos sentado precedente con las mingas, los paros y las movilizaciones. En las calles reclamamos lo que nos niega el Estado burgués, y nos han tenido que escuchar. Aunque no quieran, nos han tenido que escuchar.

Sabemos que necesitamos precisar agendas, saldar debates y diferencias. Expandir la fuerza social y política. Convertir la expectativa en proyecto, en propuesta y en ejercicio de poder. Atrevernos a teorizar, aprovechar el saber y la filosofía populares para combatir la deslegitimación del pensamiento. Empoderar a nuestras mujeres y nuestros jóvenes, reconocer su necesidad y su importancia en esta lucha. Defender la paz, no como mercancía política sino como un derecho fundamental y emancipador de la sociedad. Establecer un diálogo, una comunión, entre el campo y la ciudad, entre el obrero y el campesino. Incidir en la opinión pública, pujar en la lucha de sentidos y defender el derecho a comunicar e informarse. Superar la brecha entre la democracia formal y la democracia real. Movilizar las bases y las voluntades desde las causas, no desde los nombres ni los colores. Y aunque la muerte y el terror acechen en cada esquina, es hora de recurrir a la valentía, a las convicciones, que al fin y al cabo también son esperanzas.

Es momento de la madurez. Mientras la derecha se une en torno a lo fundamental –la riqueza, el cristo, la mentira, la muerte, y el poder–, la izquierda pelea entre ella. La Asamblea Legislativa de los Pueblos es la oportunidad para reivindicar lo que nos une –la soberanía, la equidad, la justicia, la dignidad, la diversidad, la vida– y discutir aquello que nos divide. Estamos gobernados por el “futuro más antiguo: el que no cambia”. Un escritor argentino contemporáneo dijo que “lo difícil no es conseguir algo que parece imposible; lo difícil es definir ese algo”. Nosotros mandatamos porque tenemos nociones de ese algo. Somos muchos, más de los que creemos, pero solo seremos juntos.

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