Juan Alejandro Echeverri

Juan Alejandro Echeverri

Wednesday, 08 August 2018 00:00

Contra la coca, contra la gente

“La guerra contra las drogas es también una guerra contra la gente”. Con esta sentencia, el representante de Estados Unidos cerraba su intervención en la asamblea general extraordinaria que convocó Naciones Unidas para abordar el problema mundial de las drogas en el 2016.

Cada que la ONU publica su informe anual sobre el tema, se escucha decir en Colombia y en el mundo que la lucha contras las drogas “la estamos perdiendo”; los expertos saben, aunque no lo digan, que si no se modifica la actual política antidrogas la guerra estará perdida, y solo se podrá escalar el problema a proporciones manejables –aunque no haya consenso sobre dónde empieza y dónde termina el termino manejable–.

Históricamente Colombia ha combatido las drogas, en especial la siembra y producción de coca, con un enfoque prohibicionista y punitivo. Las cifras de kilos incautados, la cantidad de áreas cultivadas y el número de personas judicializadas permiten determinar avances o retrocesos y justificar dicho enfoque, pero impiden abordarlo de forma integral y atacarlo con medidas a largo plazo que erradiquen el problema de raíz.

Los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno nacional y la desmovilizada guerrilla de las FARC planteaban la posibilidad de resolver conflictos históricos con la ayuda de las comunidades, sin necesidad de recurrir a medidas represivas ni militares. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), consignado en el punto cuatro de los acuerdos, pretendía ofrecer alternativas productivas para que de manera voluntaria los campesinos reemplazaran la coca por otra actividad agrícola que les permitiera tener condiciones de vida digna y los integrara a la economía formal del país.

Pero una firma resuelve poco y nada. Por culpa de las trabas burocráticas y la incapacidad del gobierno Santos para poner en marcha lo pactado, los cultivos de coca se multiplicaron y la aspersión aérea de glifosato se consolidó como medida coyuntural ante la presión del norte. Según cifras del gobierno estadounidense, las hectáreas de coca pasaron de 188.000 en 2016 a 209.000 en 2017, un incremento del 11%. Análisis de la fundación Paz y Reconciliación determinaron que 10 municipios concentran el 50% de la coca sembrada en el país. En el listado de territorios con mayor cantidad de hectáreas aparecen ranqueados Tumaco, en Nariño, Tibú, en Norte de Santander, El Tambo, en Cauca, Valle del Guamuez, en Putuyamo, entre otros municipios de estos cuatro departamentos que tienen altos índices de violencia, desempleo y necesidades básicas insatisfechas.

En octubre del 2015, sin haberse firmado el acuerdo de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la aspersión del glifosato acatando el fallo de la Corte Constitucional que prohibió la erradicación de cultivos ilícitos con este método, tras estudiar una tutela de la comunidad indígena de Carijona, del resguardo de Puerto Nare en Guaviare, que alegaba estar siendo afectada por el uso del herbicida, que según estudios de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer tiene efectos cancerígenos en el cuerpo humano.

El rechazo a las soluciones caídas del cielo no es nuevo. En 1978 el extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) alertó al gobierno de turno por las consecuencias negativas para la salud humana y los recursos naturales que provocaría fumigar 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, tal como lo proponía Estados Unidos. La presión estadounidense aumentó con los años influenciando negativamente nuestra política anti-drogas. Entre 1984 y 1987 más de 30.000 hectáreas de marihuana fueron fumigadas con glifosato.

El cultivo neto de marihuana aumentó más de 150% entre 1985 y 1987. Desde el gobierno de Ernesto Samper, cuyo mandato terminó en 1998, se han fumigado cerca de dos millones de hectáreas en el país. Entre 2003 y 2007 las hectáreas de coca se mantuvieron entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Los años posteriores, sobre el Putumayo las lluvias de glifosato fueron las mismas durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En 2014, disminuyó un 30% la aspersión en Meta y Guaviare, y las hectáreas sembradas disminuyeron un 3%.

Aunque las cifras demuestran que además de cancerígeno, el glifosato es costoso y poco efectivo, el 26 de junio del presente año el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprobó el uso de drones de baja altura para que las Fuerzas Militares y la Policía fumigaran con este químico los cultivos ilícitos. Cabe señalar que en septiembre del año pasado Trump amenazó con descertificar al país debido al aumento de hectáreas cultivadas. Santos justificó la medida del CNE afirmando que: “Son avioncitos no tripulados y por su altura se asimilan a una aspersión terrestre”.

Los cultivos ilícitos engrosan la larga lista de fracasos y promesas incumplidas del gobierno Santos: hoy el país tiene 140.000 hectáreas de coca más que las que tenía en 2010 cuando se posesionó el Presidente saliente. En estos ocho año,s Santos le allanó el camino al uribismo. Durante la campaña presidencial el Centro Democrático, Álvaro Uribe y su alfil Iván Duque prometieron enfrentar con todo el rigor necesario los cultivos de coca, considerando las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada como las soluciones más viables al problema, pues la estrategia de erradicación voluntaria la consideran una concesión a las FARC.

Las comunidades del Catatumbo, de Antioquia y del Cauca han manifestado públicamente su voluntad de erradicar de manera voluntaria los cultivos de coca. El pasado cinco de julio, Eduardo Díaz, director del PNIS, aseguró que hasta la fecha 124.745 familias se habían acogido al programa. Sin embargo, a principios de marzo, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) manifestó que la judicialización y los incumplimientos del gobierno los obligaba a reconsiderar su participación y su confianza en el PNIS. Además, entre el primero de junio del 2017 y el 26 de junio de 2018, asesinaron 36 cultivadores y líderes que apoyaban iniciativas de sustitución voluntaria, 12 de ellos en el Cauca, 11 en Nariño, y seis en Antioquia.

La coca nunca ha sido un proyecto de vida para el campesinado colombiano; sí un método de supervivencia. Allí donde el Estado solo hace presencia con fusiles y metralletas, donde sembrar café o plátano genera más perdidas que ganancias, donde el puesto de salud y la comercializadora más próxima está a tres horas de camino, las comunidades no tienen otra alternativa que insertarse en la cadena productiva del narcotráfico.

En zonas remotas del Catatumbo y el Putumayo siguen esperando el alumbrado público, la maquinaria, y las vías terciarias que les prometieron hace veinte años para conformar un mercado local que sea productivo y legal. Los campesinos siembran la coca, raspan la hoja, la mezclan con cal, cemento, y gasolina, la cristalizan, la filtran con ácido sulfúrico y amoniaco, la secan hasta que quede la pasta, la escurren, la presan, la secan, y la empacan al vacío. Son ellos los que hacen el trabajo sucio, los que son fumigados con veneno, los que son estigmatizados, perseguidos y judicializados. Son ellos los que reciben la porción más pequeña del negocio.

Hace veinte años el periodismo le demostró a la sociedad colombiana que el narcotráfico —el cartel de Cali— financió la campaña presidencial de Ernesto Samper. Mientas Samper presidía la secretaría general de UNASUR, viajaba muy majo por todo el continente y daba clases de moral en Universidades, los cocaleros de la periferia temían ser envenenados, arrestados o asesinados: la guerra contra la coca es, sobre todo, una guerra contra la gente.

(ARTÍCULO PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA No. 136 MARZO 2018)

Eras un hombre pero tenías la determinación de una catástrofe. Nervios y voluntad de acero. Te llamabas Temístocles, pero tu hermana Eloísa te bautizó ‘Temis’ porque a sus compañeras de colegio les parecía muy largo tu nombre, y los bonaverenses tienen la costumbre de acortarlos para hablar más rápido. En el Barrio Oriente, donde fuiste presidente de la Junta de Acción Comunal, creían que eras un desocupado por ir de casa en casa preguntando si las tarifas del agua y la luz habían subido, por recoger los recibos y traerlos de nuevo con las tarifas normalizadas, “ya viene don ‘Temis’ a cansar, dele lo que sea”, decían. Gracias a Maricel Murgueitio te graduaste como Administrador de Empresas, tú estudiabas y trabajabas en Acuavalle al mismo tiempo, ella te hacía las tareas.

Era normal que a las cinco de la tarde aún no hubieras almorzado. Entrabas a las oficinas de la Alcaldía sin necesidad de pedir cita. Lograste intervenir en un consejo comunitario organizado por el ex presidente Álvaro Uribe, cosa que –dicen– era tan difícil de hacer. Tenías un archivo de más de 90.000 folios que contenía leyes, fallos, derechos de petición, y otros documentos que fuiste reuniendo en casi 30 años de lucha. Te lanzaste varias veces al Concejo Distrital, pero las comunidades por las que tanto luchaste no te respaldaron. Trataron de amedrentarte echándole pintura roja a las pancartas de tu candidatura. Estabas convencido de que sin territorio no había vida y que no valía la pena tener vida sin territorio, eso te trajo problemas.

A Luis Bravo y a ti los amenazaron más de seis veces. “Ese man como que tiene algún santo que lo cuida, yo he venido dos veces a matarlo y no lo he encontrado”, respondían los malos cuando iban a tu casa y tu mujer les decía que no estabas. Te ofrecieron un esquema de seguridad pero pediste protección colectiva, “yo necesito que toda la comunidad sea cuidada”, decías. INVÍAS te llevó a hoteles cinco estrellas en Cali y te ofreció cinco mil millones para que “dejaras de joder”. También te ofrecieron puestos en la Alcaldía. Nunca aceptaste. Para muchos –tal vez para ti también– era muy extraño que no te hubieran asesinado antes. Ese sábado 27 de enero, cuando Dionicia Rocendo le dio a su nieta la noticia del asesinato, la niña de seis años respondió: “Ay abuela, ¿por qué mataron a ese señor tan bueno?”.

–Yo creo que a ‘Temis’ no lo vamos a dejar de llorar. A una persona como ‘Temis’ no la deberían de asesinar porque era una persona útil para la sociedad que defendía los derechos de las comunidades. Los barrios por los que él transitaba, y Buenaventura, hoy están como un barco sin timón porque al capitán le quitaron la vida–, asegura Dionicia, líder de la Comuna 2.

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Temístocles Machado nació en Bagadó, Chocó, el 12 de diciembre de 1958.  Fue –algunos dicen que todavía es– uno de los nueve hijos de Juan Evangelista Machado y Raquel Rentería. Estando Temístocles muy chico, su papá vendió sus pertenencias y se trasladó con su familia a Buenaventura, Valle del Cauca.  Los Machado se instalaron en la Comuna 6, que para ese entonces era una zona selvática donde Juan Evangelista les enseñó a sus hijos a cultivar guama, yuca, sandía, coco, cacao y otros productos.

Además de padre, Temístocles también fue madre, pues según cuenta Rodrigo Machado, uno de sus hijos, su mamá abandonó el hogar cuando él y su hermano estaban muy pequeños.

—Él nos cambiaba y nos peinaba para ir a la guardería. No le gustaba que andáramos descalzos ni con los pies sucios–, recuerda Rodrigo.

 

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Nadie sabe cómo nace una vocación, al parecer don ‘Temis’ heredó el liderazgo de su padre, quien fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Isla de La Paz.

Como líder de la Comuna 6 Temístocles logró que los barrios Isla de la Paz, Oriente y La Cima tuvieran acceso al agua y al alumbrado público. Se reunió con los victimarios que asesinaban a los jóvenes de la comuna. Y también gestionó casetas comunales, vías de acceso, y lugares de esparcimiento.

—Gracias a nuestras travesuras [con ‘Temis’], hoy contamos con 3 o 4 horas de agua—, dice Dionicia Rocendo.

—¿Diarias?

—No, cada tres días. Aquí usted abre la llave y se asusta, es más probable que le salga una culebra que una gota de agua.

De aquellos cultivos y matorrales donde trabajaba el papá de Temístocles nada más queda el recuerdo. Hoy en la Comuna 6 truenan las carrocerías y roncan los motores de las tractomulas que transitan día y noche por la zona.

A finales de los 90’s, cuando el INVÍAS propuso construir una arteria vial que atravesaría la Comuna 6 por la mitad, los tres barrios por los que luchaba don ‘Temis’ se convirtieron en territorios estratégicos para dinamizar y expandir la actividad portuaria de la ciudad. Desde entonces –y hasta el día de hoy– los habitantes de Isla de la Paz, Oriente y La Cima han sido hostigados por personas ajenas a la comunidad que alegan ser herederas de los predios donde están construidos los barrios.

Temístocles, indómito y valiente como su padre, asumió la defensa del territorio. De forma empírica se volvió un experto en jurisprudencia. Logró demostrar que el título de propiedad que poseía uno de los reclamantes había sido expedido por el INCODER cuando este organismo aún no existía. Y demostró que la cédula de la abuela –que supuestamente le había sucedido los predios al despojador– era falsa.

—‘Temis’ le podía hablar a usted dos días de leyes y normas –asevera Dionicia.

Para cada alegato Temístocles tenía un documento que lo respaldaba. Durante 18 años viajó un sinfín de veces a Bogotá para exigir la titulación de los predios que les pertenecían y demostrarles a los diferentes organismos estatales que su comunidad estaba enfrentando un intento de despojo.

—Él siempre andaba con tres maletines. Sabía exactamente en qué sitio y en qué maletín estaba la prueba. Y se sabía de memoria el texto. Tenía una memoria fotográfica (…) Hablaba mucho. Era un hombre que necesitaba ser escuchado —dice Daneyi Estupiñán, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), movimiento político que acompañó de cerca la lucha de don ‘Temis’.

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“Irme sería como olvidarme de mí mismo, de mi historia. Las necesidades las he padecido desde niño, no se lo niego. Así también le tocó a mi papá y él nunca se fue, siempre estuvo en el territorio, no le dio miedo. Si yo me llego a ir, los jóvenes que me escuchan dirán que me ganó el miedo a las amenazas, a los grupos armados. Nunca lo haría”, le dijo don ‘Temis’ a un reportero de Pacifista el diciembre pasado.

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Más de 400.000 personas viven en Buenaventura. Esta ciudad –de caos meticuloso, en cuyo firmamento sobresalen grúas gigantes como si fuese atacada por un pulpo de acero, construida con mucho ímpetu y poca planeación, rodeada de mar y esteros, y donde al parecer hay más comercio que capacidad adquisitiva– es un triunfo del hombre sobre la naturaleza.

La mayor parte de lo que hoy es Buenaventura hace siglos fue mar. Con basura, tierra, barro, y piedras los colonos fueron ganándole terreno hasta convertir una selva llena de zancudos en un hervidero humano.

—Eso lo hicimos lo más de fácil. Nosotros le dábamos el voto al político de turno, y él nos daba la basura (…) En el trabajo de relleno nosotros peleábamos, nos enamorábamos…  la mamá le decía a uno: “hoy viene fulanito, póngalo a tirar pala a ver si sirve”. ¿Y el muchacho por visitar la muchacha qué no hacía? –, comenta Dionicia Rocendo entre risas.

Buenaventura también ha sido teatro del crimen y el horror. Según el Centro de Memoria Histórica “entre 1990 y 2012 se cometieron 4.799 homicidios, y entre 1990 y 2014 un total de 152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado”.

—Creemos [como PCN] que nosotros no somos víctimas del conflicto armado, sino que somos víctimas del desarrollo; porque el conflicto armado no es un fin, sino un medio para consolidar la plataforma económica del enclave portuario—, argumenta Daneyi.

Este recodo del pacífico está incluido en 17 Tratados de Libre Comercio. Y cuenta con cuatro plataformas portuarias a las cuales el Gobierno nacional pretende añadirle 14 más. A pesar de los miles de millones que circulan a diario por el puerto de Buenaventura –tal como lo explica Víctor Vidal, integrante del Comité del Paro Cívico y del PCN–, este frenesí económico ha consolidado la desigualdad y la pobreza:

—Nosotros vivimos en conexión con el mundo. Por su ubicación estratégica, en Buenaventura hay dinámicas formales y hay dinámicas informales que mueven gente, mueven droga, mueven armas, etc. Somos conscientes que eso es un potencial y a la vez un riesgo; todo el mundo quiere controlar lo que genera riqueza, y Buenaventura genera mucha riqueza. El tema de Buenaventura no es una cosa de riñas callejeras, ni de pandillas. Aquí hay un control armado que intenta controlar el territorio y la comunidad para controlar negocios. Nosotros insistimos que el problema no es de los grupos armados, el problema es del modelo económico que ve a Buenaventura, simplemente, como un potencial económico.

—¿Proponen algún modelo para evitar esa maldición armada? – le pregunto.

—En un puerto como el de Buenaventura por donde solo pasa la carga –aquí no hay fábricas, aquí no hay nada– es totalmente inequitativa la relación producción portuaria-calidad de vida. Hay un puerto público, pero en concesión a un privado, entonces la actividad portuaria es privada. Toda esa riqueza se genera para unas 20 familias. Controlar a Buenaventura territorialmente es controlar la actividad portuaria, el mercado local, el mercado regional, controlar la política. Por otra parte, cuando usted hace estudios sobre la violencia en Buenaventura, se da cuenta que los barrios con más violencia son aquellos donde hay o se va desarrollar un megaproyecto. Para solucionar la problemática hay que tomar medidas muy grandes: concientizar al Estado, y a los llamados empresarios, de que la vida debe estar por encima de la producción. Nosotros no decimos que no haya actividad económica, pero necesitamos que eso compense a todos. La actividad portuaria no se hace si no hay territorio, si no hay bahía, si no hay canal, y eso es de todos los bonaverenses, no es de la empresa. Para que pueda existir la actividad portuaria los ciudadanos tenemos que sacrificar nuestro medio ambiente, nuestra movilidad, nuestra tranquilidad, nuestra salud. Todos nos sacrificamos para que funcione pero no todos nos beneficiamos. Necesitamos disminuir los impactos pero potenciar los beneficios.

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Estoy reunido en una de las casetas comunales de la Comuna 6 con varios líderes que conocieron a don ‘Temis’. La humedad y el calor se pegan silenciosos por todo el cuerpo. Miradas marchitas, silencio sepulcral y músculos tensos reinan en el salón.

Don ‘Temis’ siempre le aconsejó a doña Ana Campaz que dejara de fumar. Ella lo veía e inmediatamente botaba el cigarrillo. Doña Ana –piel tostada, pelo pajizo, camisa rosada, poseída por el llanto y el dolor– es la primera en invocarlo: “No era un amigo trásfuga. No hemos tenido un líder como él, ni lo conseguiremos así: honesto, respetable, y verdadero”.

Luego interviene Armando Torres: “Por él fue que no nos sacaron del barrio. Este líder no solamente lo perdió Buenaventura sino Colombia. No hay otro líder que lo reemplace. No creo que alguien más dedique el tiempo, y disponga de su capital, para servirle a la comunidad como Temístocles Machado”.

Hablar de don ‘Temis’ duele tanto como escuchar hablar de él. Luis Bravo no recuerda cómo lo conoció, pero asegura que no pasaba más de 15 días sin hablar con él: “He perdido hijos, enterré a mis abuelos –dice tembloroso y preso del llanto–. Pero no sé qué me pasa con ‘Temis’. Creo que no voy a ser capaz de superarlo. Hay mucho que hablar de ‘Temis’, es una cosa infinita”.

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Tu historia con Leila Andrea Arroyo –cofundadora del PCN– comenzó con un regaño. Ella te llamó para proponerte unas capacitaciones sobre jurisprudencia y derechos humanos en la Comuna 6, tú la “vaciaste”. Te molestó que contrataran gente externa para realizar una tarea que tú tenías la capacidad de asumir.

–Después de escuchar a Leila me queda claro que miles de lágrimas, miles de palabras, nunca serán demasiadas–.

—El que se haya concretado el asesinato es demasiado duro. Aunque uno espera que pueda ocurrir por el contexto tan complejo, no perdemos la esperanza de vivir por lo que hemos luchado, y verlo. Los ojos de don ‘Temis’ no lo van a ver; pero creo que era suficiente lo que había hecho. Había días que se sentía extremadamente solo y frustrado. Había que sacar valor, y hablarle muy fuerte, y decirle que no era tiempo de desmoronarse (…) No se fue de cualquier manera. Ese mismo sábado estaba programando una reunión en la Comuna 6 para el día jueves. Murió en su ley. No les dio el gusto a los demás de retroceder. Nunca se vendió. Por sus principios se mantuvo firme y eso solo lo hacen personas honestas. No se llevaron solo al líder, se llevaron a esa persona humana. La mejor forma de honrarlo es promoviendo que haya más gente como él: personas íntegras y de valores, no perfectas. Personas convencidas de que hay que luchar por lo que se es, sin dejarse pisotear por nadie.

 

 

 

 

 

Saturday, 07 July 2018 00:00

Ser líder social no es un delito

“¿Cuántas veces no habremos visto, de [Simón] Bolívar a [Salvador] Allende, la interrupción de la vida por una macabra pantomima que, en nombre de la defensa de la vida, impone la desolación de la muerte? ¿Cuántas veces en nombre de la defensa de la democracia, no se han impuesto dictaduras nugatorias de la misma libertad que decían proteger? ¿Cuántas veces en nombre del orden autoritario, no se ha establecido el desorden desautorizado del secuestro, la cárcel, la tortura, el asesinato?”.

Si el mexicano Carlos Fuentes nos hubiera hecho esas preguntas a los líderes y lideresas sociales, le habríamos respondido que desde hace más de doscientos años la política en Colombia no es un trato —una disputa— entre iguales, sino la humillación del débil por el fuerte.

Durante doscientos años nos negaron la palabra, nos ignoraron, nos satanizaron, nos tergiversaron, nos persiguieron, nos condenaron, nos mintieron, nos torturaron, nos amenazaron, nos volvieron a amenazar, y nos mataron. Doscientos años llevamos viviendo como si fuera el ultimo día, el último año, de nuestras trágicas vidas. Doscientos años —73.000 días— gobernados por el miedo y los prejuicios, por un futuro que nunca cambia, por verdades metafísicas innegables e indemostrables.

Este país sigue prescindiendo de sus mejores hombres y mujeres —de sus colombianos más necesarios—. De colegas que renuncian a sus familias, a los placeres, a sus proyectos de vida para exigir lo que todos deberíamos exigir para todos: una vivienda, un puesto de salud con médicos, un colegio con profesores, un trabajo bien remunerado, agua, luz, alcantarillado, una carretera transitable… oportunidades: condiciones de vida digna.

Nadie nos paga por ser líderes, la mayoría de veces tenemos que destinar parte de nuestro escaso patrimonio para sacar las fotocopias, radicar el derecho de petición, o pagar la chalupa, la moto o el chivero y poder asistir a la reunión con nuestros colectivos, organizaciones o asociaciones, o con los delegados enviados por el Gobierno nacional. Ninguno de nosotros tiene la obligación de evitar que nuestras comunidades, que solo aparecen en el radar de la sociedad y el Gobierno cuando ocurre una tragedia, naufraguen en las inseguras aguas del Estado colombiano, sin embargo, lo hacemos porque el barco necesita un capitán capaz de dar su vida por su tripulación.

Muchos jamás asistimos a un salón de clase, no tenemos un cartón que nos avale como profesionales, conocimos primero el azadón, la escoba, o la atarraya antes que un cuaderno o un libro. De forma empírica nos volvemos expertos en las leyes que nuestra gente desconoce, y que el Gobierno viola; nadie nos paga por eso, pero decidimos renunciar a la tranquilidad que produce aceptar el mundo tal cual es —aceptar que lo que fue es lo que debió ser—.

Aunque lo único que hacemos es trabajar por el bien común y exigir lo que merecemos, sentimos miedo. Miedo de que a la vuelta de la esquina un arma acabe nuestra vida o alguien nos condene a estar muertos en vida en una cárcel. En este país anestesiado que naturaliza y justifica la muerte del prójimo, donde los políticos de rapiña se alían con el diablo para desangrar la nación, ser líder social es cargar con un ataúd a cuestas.

Casos como los de Juli, frustran, desaniman, nos hacen sentir como criminales. Desde el 2006 Juli participó y fomentó escenarios para soñar y construir otro país. Ese año, vinculado a la Corporación Claretiana, acompañó comunidades de Boyacá y Casanare. Mientras estudiaba filosofía en la Universidad Pedagógica Nacional participó en la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (ANJECO), y fue cofundador del Movimiento Juvenil y Popular Quinua. El pasado 6 de junio cinco hombres de civil y otros dos uniformados, que al parecer pertenecen a la Policía Nacional, detuvieron a Juli en Bogotá.

Un testigo que recibe beneficios de la justicia por sus declaraciones, aseguró que Juli pertenecía al ELN por lo que el juez encargado del caso decidió dictar medida de aseguramiento intramural. Hasta el momento de su detención, Juli era responsable de la Secretaría Técnica del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, participaba también en la Comisión de Formación, en la Comisión de Economía Propia y en la Comisión Internacional. Yo conozco a Julián Gil, y estoy seguro que si lo privaron de la libertad fue por decir lo que pensaba y hacer lo que decía, mas no porque sea un delincuente. A sus 31 años, Juli se perfilaba como un pilar fundamental en el Congreso de los Pueblos y otros espacios políticos de movilización. El vacío que ha dejado así lo demuestra. No solo lo recordamos por su compromiso y sus aportes metodológicos; también por su sonrisa silvestre y su fraternidad.

El montaje judicial contra Juli fue un golpe certero que nos tiene abatidos. Aunque sabemos que este tipo de hechos pueden suceder en cualquier momento, nunca vamos a estar preparados para recibir ese tipo de noticias. También nos atormenta la constante persecución a los líderes del Sur de Bolívar o del Suroccidente colombiano, el asesinato de Héctor Santiago Anteliz, líder del municipio Teorama y de la Asociación Campesina del Catatumbo, los casi 400 líderes asesinados entre 2016 y los primeros seis meses de 2018... Cada homicidio, cada trampa jurídica, es una oportunidad de cambio perdida.

Nos hemos convertido en cifras que solo importan por lo que niegan. Entre enero y marzo de 2018, el Sistema de Información de Agresiones contra defensores de derechos humanos Colombia (SIADDHH), hecho por el Programa Somos Defensores, registró 132 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. De esas agresiones 66 fueron amenazas, 12 atentados, seis hurtos de información, una desaparición forzada, una judicialización, y 46 asesinatos —26 más que el año anterior, un incremento del 130%—. ¿Hasta cuándo van a permitir que nos maten? ¿Hasta cuándo ser líder social va ser un delito, una amenaza?

Los verdugos del pueblo suelen recurrir a la trampa y la violencia cuando se sienten derrotados, cuando sienten amenazada su indigna victoria. La brecha entre la democracia formal y la democracia real tardará en cerrarse, pero tarde que temprano la cerraremos. No es con soluciones fáciles que se resuelven problemas complejos, T. W. Adorno nos lo advirtió: “Un mundo justo sería intolerable para cualquier ciudadano de nuestro mundo fallido”. De momento, mientras materializamos ese mundo plural, incluyente, participativo y equitativo, nos aferramos a la tolerancia, la imaginación, la convivencia, la creación y la solidaridad. Recurrir al rencor y a la venganza sería parecernos a ellos.

Si las convicciones son esperanzas, como dicen que decía Bertol Brecht, la nuestra es la más noble de las utopías. Seguiremos “reprehendiendo los vicios ajenos con la virtud propia”. Seguiremos al frente del barco hasta que todo ese desprecio que nos tienen se transforme en admiración.

Hay muchos países en el país que funcionarios y citadinos no conocen ni quieren conocer. Los malos padres como Colombia son así: engendran huérfanos que luego la selva del olvido devora.

En el Catatumbo —país atravesado por un río del mismo nombre, conformado por 10 municipios campesinos del nororiente del departamento de Norte de Santander— el 90% de las prácticas económicas son informales —no pagan impuestos ni están insertas en la macroeconomía del país—; las montañas, monumentales e inmarcesibles, son una colcha hecha de retazos verdes y marrones; los periódicos y el maní son bienes escasos, y el pavimento es tecnología futurista; se pesca, se crían animales, y se siembra tomate, cebolla, pepino, frijol, café, pimentón —no en las mismas proporciones de antes—; la gasolina se empaca en tarros plásticos y se vende en los corredores de las casas; hay un oleoducto, circula mucho dinero, y sobra la pobreza; los conductores enredan cadenas en las llantas de los camiones para sortear las trochas imposibles, abismales, inciertas, peligrosas, que en épocas de invierno dejan veredas y corregimientos incomunicados por quince o más días; izan banderas blancas en casas e iglesias cual manto tutelar; la gente lava la ropa en las quebradas; hay un médico y una enfermera por cada tantos millares de personas; el liderazgo, la pujanza, y la participación en las juntas de acción comunal y otros escenarios organizativos se heredan de padres a hijos; el miedo y los fusiles hacen las veces de ley y Estado; predios cercanos a casas y escuelas están contaminados con minas —soldados perfectos que “no necesitan comida ni agua, no tienen sueldo ni descanso, y esperan a su víctima por treinta años o más”—; no existen los centros comerciales, poco importa la marca de la ropa, y las casas están decoradas con pintas del ELN, el EPL y las FARC. El Catatumbo —que significa casa del trueno en lengua Barí— es más territorio que Estado.

Del Gobierno central y local los catatumberos solo han recibido muestras de indiferencia y soberbia, sin embargo son conscientes que sin la institucionalidad es imposible solucionar las disputas territoriales entre indígenas y campesinos, diseñar y poner en marcha los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y encontrar una alternativa rentable a los cultivos coca, ese enemigo fecundo que entorpece la paz en la región:

—Si aquí no hay inversión social no va a haber paz; en el Catatumbo siempre va a haber guerra. Hoy hay unos armados, pueden entregarse, puede que se acaben, pero mañana se vuelven a armar porque las raíces siguen vigentes, y cuando la raíz queda en la tierra por algún lado retoña nuevamente —asegura Ismael López, integrante de la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo.

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La violencia fue una plaga extranjera que llegó al Catatumbo en las primeras décadas del siglo XX. Hacia 1930 la empresa COLPET llegó a Tibú, municipio que limita con Venezuela, para explotar la riqueza petrolera de la zona. El 90% de los indígenas Barí, ocupantes ancestrales del municipio más pobre de la región, fueron exterminados por la fiebre del oro negro.

Cinco décadas después, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, grupos como la Sociedad de Amigos de Ocaña y La Mano Negra asesinaron y estigmatizaron a campesinos señalados de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), cuya presencia en el Catatumbo se remonta a los años setenta.

A partir de 1998, los paramilitares asediaron la región con el propósito de erradicar cualquier átomo guerrillero. El profundo desprecio por la vida que sentían el Bloque Catatumbo y el Frente Fronteras sembró el terror hasta el 2004. A lo que se sumaron los abusos y las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército y la Policía.

La línea de tiempo pegada en el salón comunal del corregimiento Filo Gringo, municipio de El Tarra, demuestra que la guerra deja miles de víctimas y pocos vencedores. Allí están consignados los momentos más significativos acaecidos entre 1903 y 2013. Hechos puntuales como la masacre de 1985 perpetrada por las FARC en Campo Yuca donde murieron siete personas, la toma del corregimiento San Pablo por parte del ELN y el EPL en 1987, o la toma de los paramilitares que incendiaron el corregimiento de Filo Gringo en el 2000, son solo algunos sucesos. Una línea de tiempo que honre la memoria de cada víctima sería igual o más larga que el río Catatumbo.

Nadie dice conocer las razones específicas, pero todos coinciden en que la confrontación entre el ELN y el EPL se veía venir. Los combates que empezaron después de las elecciones del 11 de marzo y continúan hasta el día de hoy, aunque el Gobierno asegure lo contrario, provocó un desplazamiento interno de más de seis mil personas que se concentraron en 37 refugios humanitarios, de los cuales quedan aproximadamente nueve.

De momento el conflicto tiene pocas probabilidades de acabarse. La coca y las armas son resultado de las carencias educativas, sanitarias, culturales y económicas. Tal abandono es un ecosistema ideal para perpetuar la guerra: por más que ellos no vayan a la guerra, la guerra vendrá hacia ellos. Mientras siga siendo más rentable cultivar coca que sembrar cacao, el control por la comercialización de los insumos para procesar la droga, y las rutas estratégicas para transportarla, seguirá derramando sangre y multiplicando viudas.


(¿Habrá alguien realmente interesado en cosechar los frutos de estas guerras que primero matan y luego preguntan?)

 

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Blanca Ortiz lleva 22 años atendiendo pacientes en este puesto de salud que parece un cascarón hueco. El lugar, compuesto por una sala, tres piezas y paredes impolutas, es amplio, oscuro y subutilizado. Las camillas y los instrumentos médicos son los mismos que Blanca encontró cuando llegó al corregimiento La Vega de San Antonio procedente de Ocaña, municipio ubicado a tres horas en moto y más de cinco horas en bus.

—A mí me toca ser enfermera, ginecóloga y nutricionista al tiempo —dice.

Entre una respuesta y otra, esta madre soltera de 50 años que viste un saco de lana morado, tiene las cejas finas, la papada generosa, mirada escéptica y las piernas llenas de bellos finos que se filtran por las medias veladas como tunas, aprovecha para insistir que el puesto de salud necesita con urgencia un médico y otra enfermera.

El contrato de Blanca no especifica cuántas horas debe trabajar a la semana ni a cuántos días de descanso tiene derecho por año. Durante 22 años ha cargado con abnegación de cristiano su cruz. Sabe que el suyo es un trabajo de 24 horas, pues nadie, por más que quiera, escoge a qué horas enfermarse. Puede que el papá traiga al hijo en la mañana porque lo mordió un perro o que a las doce de la noche una joven llame a su puerta porque a la abuela se le alteró la presión.

A Blanca le sobra voluntad pero sus poderes curativos son limitados. Aparte de que la dotación es escasa, como enfermera no está autorizada para recetar medicamentos, y aquellos que son de venta libre muchas veces no se consiguen en el corregimiento. En caso de que el cuadro médico del paciente sea grave, Blanca no tiene otra alternativa que remitirlo al hospital de La Playa, a dos horas en moto de aquí, siempre y cuando la carretera y el clima lo permitan. Si allí consideran que no es una urgencia, el paciente debe devolverse y pagar los setenta mil pesos que cobra la ambulancia. Por eso, insiste Blanca de nuevo, necesitan un médico de tiempo completo. Las brigadas de salud, asegura, sirven de poco y nada.

—Hicieron una brigada por el refugio humanitario que hubo, pero hace seis meses no venían. Están viniendo cada seis, cada tres meses. Mucha gente pierde el viaje porque ellos no los van atender a todos. Cuando hay brigadas es como arriando mulas. Llegan a las ocho de la mañana y se van a las tres de la tarde, solo atienden a 50 personas —dice, y al instante descarga una catarata de lamentos—. El puesto de salud no es solo esto. De aquí para adentro es inmenso, hay espacio para urgencias, partos, laboratorio… No funciona porque no hay dotación. No hay oxígeno que es algo tan elemental, toca utilizar el oxígeno de la ambulancia. Me tocó conseguir un minutero para estar llamando a La Playa y facturar lo que se va haciendo todos los días. Mira los escritorios que tenemos. A mí no me interesa tanto la dotación, una mesa se consigue, a mi lo que me interesa es que hubiera un médico.

 

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Nunca antes había tenido conciencia de la proximidad de la muerte. Sucedió en la Vereda Mesitas, un caserío del tamaño de una cuadra alargada construido sobre una montaña de Hacarí. Eran las 12:55 del mediodía. Estábamos prestos a almorzar para continuar con la reunión entre los integrantes de la misión humanitaria de verificación, y la comunidad de Mesitas y de otras veredas aledañas.

Cuatro explosiones sucesivas, una de ellas cerca a la escuela donde recibían clase 46 niños, estremecieron el espacio, el tiempo y los nervios. Las detonaciones vinieron acompañadas de ráfagas que chocaban contra las latas de los techos y silbaban en los oídos. Descartado cualquier síntoma de peligro, la reunión se reanudó según lo establecido. La misión fue despedida con otra detonación y más ráfagas que retrasaron la salida de la vereda. Minutos más tarde, la ONU ordenó encender motores y pisar el acelerador si escuchábamos disparos. Finalmente salí de Mesitas con el temor de que en cualquier curva podría estar esperándonos la muerte.

El hecho no le arrebató la vida a nadie. La guerra mata —despacio y en silencio— la capacidad de asombro. No sé si sentí más pavor por el hostigamiento o por lo naturalizados que están los pobladores con la guerra, por la gracia que les producía nuestro miedo, por los chistes ácidos, por preferir grabar un video con el celular antes que refugiarse. Cuando la guerra se va queda el miedo, que es como si la guerra no se fuera nunca. La guerra se enquista como una bacteria, las balas se vuelven otra ave más del paisaje, la noticia no es el tiroteo sino el silencio de los fusiles, los hombres tutean a la muerte, y la vida deja de ser un milagro para convertirse en una casualidad.

 

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Como en casi todos los poblados del Catatumbo, la vía principal es el punto neurálgico de San Pablo, corregimiento de Teorama. Allí se consiguen los condimentos para el almuerzo, el alambre para cercar la finca y el último chisme de la vecina.

Pasado el mediodía el sol reverbera sin misericordia. Luz Marina Rueda nos guía hasta la escuela que lleva el nombre de Henry García Bohórquez, en homenaje al comandante de policía asesinado por la guerrilla. Las instalaciones, sostiene la profesora, son inapropiadas para educar aproximadamente a 300 niños. Hay ocho salones para nueve grupos, el grupo que no tiene salón recibe clases en el corredor central.

—Tenemos hacinamiento. En recreo esto parece la Cárcel Modelo —dice Luz Marina mientras se mueve con agilidad por la escuela.
El salón de preescolar, además de ser estrecho, tiene dos boquetes en el techo y los ventiladores carcomidos por los años. La escuela cuenta con kiosco digital pero faltan computadores. El televisor plasma, el servidor y la impresora son adornos cubiertos de polvo. En estas condiciones se educan las futuras generaciones.

Así mismo se encuentra el colegio del corregimiento. El inmueble está deteriorado y la planta de administrativos y docentes no da abasto para brindarle educación de calidad a 1400 estudiantes. Debido al contexto, Carlos Samuel Rodríguez, rector de la institución, afirma que necesitan con urgencia un psicoorientador capaz de mitigar los efectos inmateriales del conflicto.

—Los niños en primaria son muy agresivos por el ambiente de discordia que se vive entre la misma comunidad y por el conflicto entre los grupos al margen de la ley. Desde muy pequeñitos ellos hacen la parodia de ser narcotraficantes. O dicen yo quiero meterme a tal organización o al ejército para vengar la muerte de mi papá, de mi mamá, de mi hermano.

Le pregunto al rector quién les brinda ayuda psicosocial a ellos, a los profesores que invierten su vida en una batalla que parece perdida cada que un estudiante deja el colegio para dedicarse a raspar coca. Samuel responde que no hay mejor psicólogo que la costumbre, pero advierto que su único apoyo es la esperanza de que todo esto puede y debe cambiar.

—Fuera elegante que no hubiese conflicto en esta zona. Que hubiese tranquilidad para hacer salidas de campo, que los niños pudieran salir a cualquier hora y hacer prácticas pedagógicas por fuera del corregimiento, sin ningún temor de que nos vamos a encontrar con un artefacto explosivo o una mina antipersonal. Fuera lo más elegante tener este pueblo en paz.

 

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30 años después este país llamado Catatumbo sigue reclamando lo mismo que reclamaba en aquel paro de 1987: vías de acceso, servicios públicos, soberanía territorial, proyectos productivos, adecuación de las instalaciones educativas y médicas: condiciones de vida digna. El Gobierno responde a las exigencias con ayudas míseras y escuadrones militares que convierten a la población en escudo y trinchera. Ante tal orfandad el Catatumbo se labra su propio destino: instala peajes comunitarios para recaudar dinero y hacerles mantenimiento a las carreteras; forma cooperativas y asociaciones para comercializar sus productos; hace memoria; otorga el rol protagónico que corresponde a la mujer; establece normas de convivencia; y reclama instancias legales de diálogo con la institucionalidad y las insurgencias.

El Catatumbo abruma, hiela la sangre, inspira, y desvela el lado más humano de ese instinto que nos aferra a lo único valioso que tenemos los colombianos: las ganas de vivir la vida.

La pregunta que queda adherida en la conciencia, como un pegote hecho de remordimiento, es la que nos hizo un campesino en el refugio humanitario de la vereda Tarra Sur a todos los que participamos de la misión humanitaria que recorrió este país durante cinco días, en especial a los representantes de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Departamental de Víctimas y el Ministerio del Interior:
—¿Ustedes cuándo van a volver?

Cinco detonaciones ambientaron el segundo día de verificación de la Misión Humanitaria por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo. A las explosiones ocurridas a menos de 20 metros de la población civil, entre ellos estudiantes que salían de la escuela, se sumaron ráfagas de fusil que desataron el temor en la vereda Mesitas del municipio de Hacarí.

El hostigamiento que confirma la vigencia del conflicto en la zona, comenzó a las 12:55 del medio día justo cuando más de 150 personas compartían un almuerzo comunitario. Aún no hay certeza de las intenciones, ni los involucrados en el hecho, lo que aumenta la zozobra adherida a los integrantes de la misión y la comunidad que se encuentra en medio del conflicto armado entre el ELN y el EPL; en medio de un conflicto que no le pertenece.  

Horas antes del hecho, la misión visitó el refugio humanitario de la vereda Villanueva donde confluyen alrededor de 33 familias de esta y otras veredas de San Calixto. Los voceros de la comunidad manifestaron varias preocupaciones, entre ellas la proliferación de enfermedades estomacales, la escasez de alimentos, las afectaciones psicosociales, la presencia de minas cerca a las escuelas, y, por supuesto, las pesadillas por el trueno de los fusiles.

¨No sabemos porque se están enfrentando ellos. No somos culpables pero estamos llevando del bulto. No vamos a levantar el refugio porque tenemos miedo de caer entre la confrontación o pisar una mina¨, declaró uno de los lideres.

Las necesidades y exigencias en el refugio de Mesitas, donde están ubicadas alrededor de 100  personas, son similares. En el momento que la misión se disponía a continuar su camino rumbo a Teorama, ocurrió otra explosión que anunció la llegada de nuevas ráfagas. Aunque la tensión llegó a su punto más álgido, sorprende la naturalización del conflicto entre los habitantes. Los cuales manifestaron que este es el pan de cada día.

La comisión por la Vida, la Reconciliación, y la Paz del Catatumbo ha exigido que tanto el ELN como el EPL se pronuncien sobre lo sucedido. A pesar del condenable suceso la misión mantiene la convicción de continuar su recorrido y recoger propuestas para lograr de una vez por todas el silencio de los fusiles en el Catatumbo.

HACARÍ, NORTE SANTANDER - La Misión Humanitaria por la vida, la reconciliación y la Paz ya levanta polvaredas por las trochas del Norte de Santander. Más de cincuenta representantes de procesos sociales, procesos comunitarios, grupos de derechos humanos, entidades gubernamentales, y ONG’s internacionales recorrerán hasta el 19 de mayo la región del Catatumbo para evidenciar el abandono estatal y verificar las violaciones a los derechos humanos tras la confrontación armada entre el ELN y el EPL que desató un desplazamiento interno de más de seis mil personas y obligó a formar 37 espacios de refugio momentáneos.

“Nos han acostumbrado a las ayudas humanitarias, pero nunca se buscan soluciones de raíz porque no conocen estas regiones. No es únicamente que nos den arroz, nosotros somos capaces de construir nuestras casas, sacar adelante nuestras familias, pero que el Estado nos garantice lo que nos corresponde”, aseguró Omar Duran, delegado del movimiento comunal del municipio La Playa.

Durante la visita al corregimiento los participantes de la misión pudieron corroborar las precarias situaciones en las que viven las comunidades de esta región: horas y carreteras difíciles de transitar para recibir atención estatal, precariedad sanitaria, educativa y económica, sumada al miedo y la zozobra provocada por el conflicto; circunstancias que el Gobierno pretende solucionar militarizando la región.

Blanca Mireya Ortiz, la única enfermera del puesto de salud de La Vega, lamenta la falta de instrumentos y personal idóneo para atender la población. Según Mireya es urgente la contratación de un médico que haga diagnósticos más rigurosos, realice procedimientos de mediana y alta complejidad, y pueda recetar medicinas. De momento, el puesto de salud solo cuenta con un par de camas, equipos oxidados, una ambulancia, el auxilio de un hospital ubicado a dos horas en motocicleta y la voluntad de Mireya para prestar una atención acorde a la medida de sus posibilidades.

 

Después de La Vega, los integrantes de la misión visitaron el espacio de refugio ubicado en la vereda Miraflores donde aseguran los voceros se encuentran alrededor de 115 familias desde el 27 abril cuando empezó a escucharse el eco de los fusiles. Los líderes del refugio construido entre las veredas Locutama y Los Cedros, que reúne 85 familias registradas, también manifestaron preocupaciones redundantes: miedo de transitar el territorio, cosechas perdidas, escases de alimentos, y ausencia estatal.

-¿Ustedes se siente seguros aquí?

-Uno sinceramente nunca está seguro. Cada día escuchamos rumores de que hay presencia de los grupos armados. Comentarios por WhatsApp. Tiros en la noche –aseguró Diomar Ascanio, vocero del refugio Miraflores.

Aunque la comisión por la vida, la reconciliación y la Paz asegura que hay 11 refugios activos, uno de los propósitos de la misión es verificar esta cifra.  Ayer la misión pernoctó en el municipio de Hacarí, donde el día 13 de este mes fue asesinado un habitante. Hoy la misión visitará la vereda Mesitas y el refugio Villanueva del municipio San Calixto. Al finalizar el primer día, los catatumberos sugirieron que si el país no quiere reciclar el conflicto armado deberá tomarle el pulso a la periferia que exige a gritos una solución de paz integral. 

 

 

 

 

 

 

Sentado en la popa de su canoa que se mece al ritmo del río Sogamoso, Henrique Arias se lamenta porque su empresa quebró quince días antes de semana santa, y tendrán que pasar 20, o quizás más años, para que vuelva a ser productiva.

Desde que el crudo emanó del campo petrolero Lizama y llegó a Caño Muerto –el cauce donde las hembras ponían sus huevos, los machos los fertilizaban, y luego los alevinos salían al río Sogamoso– nadie volvió a comprar pescado en la vereda San Luis de Río Sucio, un caserío pesquero hecho de madera, construido entre un brazuelo del río Sogamoso y la carretera que conduce de Barrancabermeja a la Costa Atlántica.

Desde entonces, las canoas de la vereda quedaron sumidas en un profundo letargo y el Sogamoso, del cual dependían casi 700 pescadores, entre ellos Henrique, es un tapete marrón desierto.

—Tanto trabajo que ha habido con Ecopetrol, la gente ganando plata, y yo en el puerto sentado mirando que otro trabaje, pasando tristezas en la vida… no tener un peso ni para la familia ni para darle a los niños que van al colegio. Estando el pescado contaminado yo no puedo sacarlo y venderlo; porque una persona lo consumió, se enfermó, y lo primero que va a hacer es demandarme a mí como pescador. ¿Y yo dónde voy a parar? A la cárcel. Tras de fracasado, sin trabajo y sin nada, voy a parar preso por haber vendido un pescado contaminado–, dice, quejumbroso, este viejo ajado que tiene 61 años, las orejas puntiagudas, y una deuda bancaria de diez millones con los que compró un motor y una canoa.

Pescar es un arte, una comunión metafísica entre el hombre y la naturaleza: entre el obrero y su patrón. El mejor amigo del pescador es el azar. La pesca –y Henrique lo sabe– es como la vida: hay días que vuelves a casa con las manos vacías, y hay días que puedes pescar hasta dos millones de pesos. Por eso Henrique es capaz de vivir sin su esposa, pero no puede soportar el tedio, no puede dejar de intentarlo.

Nos vamos y San Luis de Río Sucio queda tal como estaba cuando llegamos: naufragando en un río de amargura. William Rojas, otro pescador cesante, termina de remendar la atarraya, agarra el remo, y camina rumbo al embarcadero en busca de la cena de hoy y de los próximos días. Nos dice que si no tenemos afán lo esperemos para que llevemos pescado y le cojamos el sabor a petróleo. De su cara brota una sonrisa que hiela la sangre.

La tragedia
Como de costumbre, el dos de marzo los niños peregrinaban por la zona. No se sabe si iban o venían del colegio. Una vigilante los vio y les preguntó por qué traían los zapatos sucios. Ellos respondieron que había una mancha de petróleo. El pozo 158 del campo petrolero Lizama llevaba horas emanando gases y crudo.

—Los chorros de crudo sobrepasaban la altura de las palmas–, asegura Emilse Ruiz, habitante de la zona que fue reubicada junto a 23 familias en el hotel Olga Lucia, a las afueras de Barrancabermeja, 16 días después de que la tierra empezara a vomitar petróleo.
Las plantaciones de palma se hundieron. En las noches los olores a podrido y a gas se intensificaban, y el cielo quedaba envuelto por un perceptible manto blanco. Y aparecieron los problemas de salud: dolores de cabeza, problemas respiratorios, brotes en la piel, ardor en los ojos y en la garganta.

Inmediatamente los guardias reportaron la emergencia, funcionarios de Ecopetrol llegaron hasta el lugar de los hechos. Pero solo 10 días después, gracias a la naturaleza que tiene sus propios mecanismos de alerta, el país se enteró de lo ocurrido. Después de 63 días sin lluvia, la mancha de crudo endurecida por el calor abrasador que hace en la zona, fue diluida por un torrencial aguacero que duró casi doce horas. El agua rompió las trampas colocadas por la empresa en Caño Muerto, y el petróleo desembocó en el río Sogamoso, el cual luego lo vertió en el río Magdalena. El 27 de marzo, aproximadamente 24.000 barriles de crudo habían llegado hasta los afluentes del Sogamoso. Los videos caseros inundaron las redes y los noticieros. La desgracia, una vez más, nos daba clases de geografía a todos los colombianos.

El daño ambiental es irreparable y las consecuencias incalculables. En una carta el obispo de Barrancabermeja manifestó que: “No hay palabras para expresar la profunda tristeza frente a la magnitud de la tragedia ambiental. Quienes caminábamos por orillas de esas quebradas llenas de vida y paz días atrás, parecía que estuviéramos escuchando el llanto de la naturaleza por la agresiva acción del oro negro”.

Esta no es la única tragedia en la historia de Ecopetrol. En 1966 el pozo 13 del campo Lizama estalló en llamas y mató a cinco trabajadores. Los ecosistemas han sido los más afectados por la extracción del oro negro. Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro del Medio Ambiente que tuvo Colombia, le dijo a Pacifista que: “Ecopetrol ha utilizado las ciénagas del país como depósito para aguas contaminadas por la actividad petrolera. Esto sucedió mucho en los setenta, cuando no existía reglamentación ambiental, pero también ha sucedido después. Ecopetrol ha restaurado algunos de estos daños, otros no. Por eso creo que Ecopetrol es la empresa con más pasivos ambientales en la historia de Colombia”.

Hasta el momento la emergencia del pozo 158 está controlada en un 80%. Para ello Ecopetrol arrasó entre 5 y 10 hectáreas, y contrató cerca de 700 personas, más de la mitad son de las zonas afectadas. Sin embargo, las labores que requieren mayor experticia para sellar el punto exacto del afloramiento están a cargo de unos ocho trabajadores extranjeros conocidos como 'diablos rojos', quienes en total le cuestan a Ecopetrol 90.000 dólares diarios.

Por ahora, en el corregimiento La Fortuna y en la vereda Lizama 2, ubicados a menos de 500 metros del pozo 158, la vida parece llevar su afán natural: los niños asisten a la escuela, el tráfico es constante, y la adrenalina económica que se multiplicó con las posibilidades laborales a raíz de la emergencia no dan tiempo de reflexionar sobre lo ocurrido.

Entre la comunidad se siente zozobra porque no hay una versión oficial sobre las causas de la tragedia. Algunas hipótesis indican que fue producto del mal mantenimiento, de un intento de fracking, o de la presión que ejerce la Hidroeléctrica Sogamoso construida sobre la misma formación terrestre del campo Lizama, alrededor del cual viven 10.000 personas repartidas en más de 20 veredas de Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí. El temor de que ocurra otra tragedia es palpable, pues en el campo hay 77 pozos activos, 70 inactivos, y 120 abandonados.

El fastidio también aflora. Según Rafael Quintero, presidente de la Junta de Acción Comunal de Lizama 2, no se atendieron adecuadamente las afecciones de salud: “Hubo una injusticia porque le daban una fórmula al paciente y la persona debía comprar la droga”. Las exigencias de Rafael a la empresa y al Estado son concretas: un hospital –solo hay un puesto de salud para atender 10.000 personas– y una reparación justa para todas las personas afectadas, desde el señor que sembraba y vendía aguacates hasta los propietarios de las fincas que Ecopetrol dañó sin permiso alguno.

—Donde llega petróleo, y todas esas cosas de oro, llegan es problemas para las comunidades, para los lideres…–, dice Rafael resignado, como quien debe contraer matrimonio por traer al mundo un hijo no deseado.

¿Dónde está el desarrollo?
De noche, desde un cuarto piso, el horizonte de Barrancabermeja, la ciudad del sol, termina en otra ciudad de luces milimétricas y estructuras esqueléticas que expelen finas columnas de humo las 24 horas del día. Es la refinería que transforma el crudo en gasolina y otros derivados, el complejo industrial que, según cifras de Portafolio, generó 820 millones de dólares entre 2015 y 2016.

—Nosotros vivimos en una ciudad hecha un caos. Barrancabermeja es una tierra de nadie, aquí no existe autoridad, no hay Estado. Eso es lo que ha traído el petróleo: una corrupción de todo tipo en cualquier instancia–, las palabras son de Oscar Sampayo, politólogo e integrante del Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio (GEAM).

Los habitantes de Barrancabermeja –una pintoresca mezcla costeña y santandereana– parecen tener siempre en la punta de la lengua las palabras Ecopetrol, petróleo, pozo. La dependencia económica y espiritual de la ciudad es absoluta, por lo tanto, Ecopetrol se convierte en el amo y señor del territorio.

En Barranca la riqueza petrolera es un espejismo porque no trae consigo calidad de vida. La relación costo-beneficio es tan desproporcionada que el matrimonio ciudad-empresa se convirtió en un calvario:

—La explotación minero energética no trae ningún beneficio a las comunidades. Ya hemos vivido 100 años con esta tragedia, otros 100 años nos tendremos que aguantar, es un matrimonio por siempre como dice Ecopetrol. Aceptamos hasta lo convencional, que nos sigan asesinando lentamente con la contaminación diaria, las aguas que consumimos, el aire que respiramos. Pero lo que sí no vamos aceptar es el desarrollo de los yacimientos no convencionales: el fracking–, asegura Sampayo.

A 40 minutos de Barrancabermeja, en el corregimiento El Centro, también esperan la llegada del popular desarrollo. En las 36 veredas que componen el corregimiento, del cual Ecopetrol extrae 46.000 barriles de petróleo diarios, no hay alcantarillado ni red de gas, los paraderos de buses están hechos de madera y las vías de acceso están en pésimas condiciones, tampoco hay plaza de mercado ni un puesto de salud apto para atender a los 26.000 habitantes; pero las unidades de bombeo están ahí, a metros de las casas, sacando petróleo día y noche.

—Ahora que hay más producción de crudo hay más pobreza. El Centro no tiene una perspectiva de proyectos productivos. Si mañana el Gobierno dice “se acabó Ecopetrol”, no sé de qué vamos a vivir–, dice el líder sindical Alex Castro mientras recorremos la zona.

Las fuentes de empleo también escasean. La demanda supera la oferta laboral de las empresas contratistas. La cantidad de personal foráneo viene en aumento, y aunque algunas compañías realizan sorteos cuando hay vacantes, otras se prestan para que los presidentes de las juntas comunales compren y vendan los puestos de trabajo.

Conseguir empleo es una misión mucho más difícil para aquellos que están vinculados a la Unión Sindical Obrera, el sindicado de Ecopetrol. Edgar Jiménez, habitante de la vereda Polo Regado que no trabaja desde hace tres años, manifiesta que a los integrantes de la USO los vetan y los señalan de revolucionarios y malos trabajadores.

Precisamente en la sede local de la USO, Eliseo Gómez, otro líder de la zona, justifica con ahínco la existencia del sindicato:

—Hay un decir del Gobierno: que nosotros, una manada de burros, ganamos mucha plata. Yo solo tengo el bachillerato. Supuestamente pal' Gobierno soy un burro. Pero vaya póngale el culo todo el día a un aparato que le está echando olores y humo en la jeta. Aquí vienen a trabajar ingenieros egresados de la UIS [Universidad Industrial de Santander], y dicen “uy, no marica, esto es arrecho” (…) ¿Cómo se le ocurre que un obrero gana dos millones de pesos al mes y no está contento, si en las ciudades se ganan 800.000, un millón, y están contentos? Pero no ven la diferencia de los trabajos. Este trabajo es de alto riesgo. Usted tiene una duración de 100 años, cuando yo tenga 60 años ya estoy vuelto mierda. Yo tengo un primo que trabajó en esto y está en silla de ruedas. Eso es lo que no ve el Gobierno; porque según tengo entendido ellos dicen: “allá esos hijueputas joden por joder, esos hijueputas están llenos de plata y jodiendo”. Pero vengan a trabajar. Aquí vino un rolo… trabajando por ahí se murió de la calor, lo mató, le dio un infarto. Ahorita estamos en invierno, pero el veranito ese que pasó… a más de uno se le aguaban los ojos, no sabían dónde meterse”.

El ocaso de Ecopetrol
Para Henrique Castro todo pasado fue mejor. 60 años atrás Ecopetrol era autosuficiente. Subsidiaba la gasolina, era dueño de la ladrillera con la que construía sus edificios, de la hielera, de las fábricas donde se hacían los tornos y las forjas, del colegio donde estudiaban los hijos de los trabajadores, del comisariato donde acopiaban la carne y los alimentos. Abundaba el trabajo, los hijos heredaban el puesto de sus padres. Ecopetrol era de todos y para todos.

—Todo eso empezó a desaparecer en 1977, después de una huelga. Pierde fuerza Ecopetrol aquí y pierde fuerza en la nación. Se vende el alma de Ecopetrol: los equipos de perforación. Se vende el nacional 130 que era el emblema de nosotros, el corazón, y se acaba la perforación. Ecopetrol empezó a ser administrador, y otra empresa la operadora–, cuenta Henrique empotrado en una silla de mimbre.

Henrique empezó a trabajar en Ecopetrol a los 18 años, en 1978. Durante 27 años les hizo mantenimiento a los tanques de almacenamiento.

—Cada campo tenía su cancha de fútbol, el campo seis, el campo cinco. Aquí se jugaron nacionales y suramericanos de béisbol. Aquí vino a jugar Panamá, Cuba, Puerto Rico–, recuerda.

Cuando Henrique se jubiló, los primeros años del 2000, la privatización y la decadencia de Ecopetrol era inminente. A pesar de que la USO demostró lo contrario, la empresa y el Estado abandonaron muchos pozos alegando que producir 1.500 barriles diarios no era un negocio rentable. Los privados aprovecharon, hicieron una etapa de recuperación, y hoy Ecopetrol, y el Estado, deben pagarle a una empresa extranjera para que saque el crudo.
—Nosotros éramos una familia privilegiada. Había privilegios porque el petróleo es lo que todavía mueve el mundo.

Tal como lo insinuó Kapuściński 36 años atrás, el petróleo creó en nuestra clase dirigente “la ilusión de una vida gratis”, envenenó y corrompió sus ideas. Una de las empresas más prosperas de nuestra trágica historia se hundió en las engañosas aguas del desarrollo. Los privilegios ya no alcanzan para todos, ni siquiera para los que sacrifican su salud, su río, su proyecto de vida. Tampoco alcanzará para el resto de nosotros.

Monday, 09 April 2018 00:00

Abrazos que derriban fronteras

Son pocos los temas mediáticos que están tan mal contados como sucede con Venezuela. La ola de migrantes venezolanos que cruzan a diario el puente Simón Bolívar, por culpa de la fractura económica planeada desde países y organizaciones internacionales contra el vecino país, ha sido un tema banalizado por los medios de comunicación. El abordaje mediático –mucho más político que analítico– ha puesto poco interés en los matices y antecedentes de la crisis migratoria. Día a día los medios se convierten en cómplices y promotores de la xenofobia que empieza a impregnar a la sociedad colombiana.

La nobel de literatura Svetlana Alexiévich dijo alguna vez que “solo el amor puede salvar a los que están contagiados por la ira”. Armados de amor y fraternidad, movimientos sociales de todo el país convocados por la Mesa Social para La Paz, se dieron cita el uno y dos de marzo en Cúcuta y San Antonio del Táchira para discutir y proponer soluciones políticas al drama migratorio; hacer un llamado simbólico al hermanamiento entre ambos países; y darles un fraterno abrazo a los hermanos venezolanos.

Los padres de Bladimir Agudelo, asistente al evento Uniendo Pueblos por la Paz, fueron dos de los seis millones de colombianos que desde los 70's migraron a Venezuela huyendo de la violencia, el hambre, o la falta de oportunidades. A pesar de ser venezolano, para Bladimir las fronteras políticas y genéticas solo son mentales:

–Esto de colombianos y venezolanos para mi significa realmente muy poco, no siento ninguna diferencia. Mis viajes constantes con mis padres a Cúcuta han construido una imagen mental según la cual estoy pisando mi territorio, mi territorio es esta frontera hermosa. No siento que aquí haya ninguna línea divisoria, que humanamente seamos especies distintas, por el contrario, he construido una identidad que va de la mano. Regiones como el oriente de Venezuela o el occidente colombiano son más extrañas que este conjunto de connacionales que han sido mi vida. Desde mi primo en La Guajira hasta mi novia en el Casanare es un solo país.

Distinto a lo que muchos piensan, el puente Simón Bolívar no es el principio y el fin de dos países, sino el corredor que une dos habitaciones de una misma casa. El pasado dos de marzo, la mayoría de colombianos que asistieron al evento cruzaron por primera vez la frontera. Lo que para muchos fue una novedad, para Bladimir es un ritual familiar que le eriza la piel:

–Después de muchos años en Venezuela mi papá tenía cédula de residente y mi mamá no tenía ningún documento. Yo ya tenía alrededor de 10 años. Nosotros teníamos la costumbre de ir casi todos los fines de semana a Cúcuta y regresar a Venezuela. Los domingos en la noche era terrible porque en cualquier momento podían pedirle documentos a mi mamá y devolverla. Ella les decía a los guardias: “no tengo documentos, pero mis hijos son venezolanos, tienen cédula, partida de bautizo”, y pasaba. Había una especie de petición a los dioses: “Ay coño, que esta vez no nos pidan la cédula porque todo el hijueputa pedo allí”. Lo mismo pasaba cuando cruzaban los tíos o los primos que no tenían documentos. Mi familia se fue para Venezuela en la gran migración de finales de los 70s. Me acuerdo cuando venía todos los fines de semana. A mí me daban 10 bolívares de merienda, aquí eran algo así como 120 pesos. Con eso yo compraba chocolates, caramelos, invitaba a mis primitos, hacíamos cualquier cantidad de cosas. Para este último viaje yo tuve que sacar tres salarios mínimos de Venezuela, para pagar el transporte o los cigarrillos aquí en Colombia.


En San Antonio del Táchira, sobre la Avenida Venezuela, los asistentes al evento se congregaron en torno a una tarima donde artistas locales y colombianos pregonaron consignas en favor de la unidad, la solidaridad, y la resistencia de los pueblos. El momento más emotivo de la jornada tuvo lugar cuando los connacionales de ambos países se dividieron en dos grupos, de un lado los colombianos agitaban banderas rojas, del otro ondeaban banderas amarillas en manos de los venezolanos. Una vez dieron la señal en la tarima, los asistentes se mezclaron en un solo abrazo y gestos de camaradería que dejaron al descubierto el lado más humano de ambas naciones.

La xenofobia entre venezolanos y colombianos no es un fenómeno nuevo. Desde la separación de la Gran Colombia en el siglo diecinueve han existido interesados en popularizar la idea de que somos pueblos antagónicos. Sin embargo, la historia nos recuerda que juntos fuimos capaces de arrojar un imperio al mar y hacerlo devolver para España. Y la masiva asistencia al evento Uniendo Pueblos por la Paz confirma que todavía tenemos un futuro en común.

Eras un hombre pero tenías la determinación de una catástrofe. Nervios y voluntad de acero. Te llamabas Temístocles, pero tu hermana Eloísa te bautizó ‘Temis’ porque a sus compañeras de colegio les parecía muy largo tu nombre, y los bonaverenses tienen la costumbre de acortarlos para hablar más rápido. En el Barrio Oriente, donde fuiste presidente de la Junta de Acción Comunal, creían que eras un desocupado por ir de casa en casa preguntando si las tarifas del agua y la luz habían subido, por recoger los recibos y traerlos de nuevo con las tarifas normalizadas, “ya viene don ‘Temis’ a cansar, dele lo que sea”, decían. Gracias a Maricel Murgueitio te graduaste como Administrador de Empresas, tú estudiabas y trabajabas en Acuavalle al mismo tiempo, ella te hacía las tareas.

Era normal que a las cinco de la tarde aún no hubieras almorzado. Entrabas a las oficinas de la Alcaldía sin necesidad de pedir cita. Lograste intervenir en un consejo comunitario organizado por el ex presidente Álvaro Uribe, cosa que –dicen– era tan difícil de hacer. Tenías un archivo de más de 90.000 folios que contenía leyes, fallos, derechos de petición, y otros documentos que fuiste reuniendo en casi 30 años de lucha. Te lanzaste varias veces al Concejo Distrital, pero las comunidades por las que tanto luchaste no te respaldaron. Trataron de amedrentarte echándole pintura roja a las pancartas de tu candidatura. Estabas convencido de que sin territorio no había vida y que no valía la pena tener vida sin territorio, eso te trajo problemas.

A Luis Bravo y a ti los amenazaron más de seis veces. “Ese man como que tiene algún santo que lo cuida, yo he venido dos veces a matarlo y no lo he encontrado”, respondían los malos cuando iban a tu casa y tu mujer les decía que no estabas. Te ofrecieron un esquema de seguridad pero pediste protección colectiva, “yo necesito que toda la comunidad sea cuidada”, decías. INVÍAS te llevó a hoteles cinco estrellas en Cali y te ofreció cinco mil millones para que “dejaras de joder”. También te ofrecieron puestos en la Alcaldía. Nunca aceptaste. Para muchos –tal vez para ti también– era muy extraño que no te hubieran asesinado antes. Ese sábado 27 de enero, cuando Dionicia Rocendo le dio a su nieta la noticia del asesinato, la niña de seis años respondió: “Ay abuela, ¿por qué mataron a ese señor tan bueno?”.

–Yo creo que a ‘Temis’ no lo vamos a dejar de llorar. A una persona como ‘Temis’ no la deberían de asesinar porque era una persona útil para la sociedad que defendía los derechos de las comunidades. Los barrios por los que él transitaba, y Buenaventura, hoy están como un barco sin timón porque al capitán le quitaron la vida–, asegura Dionicia, líder de la Comuna 2.

***

Temístocles Machado nació en Bagadó, Chocó, el 12 de diciembre de 1958.  Fue –algunos dicen que todavía es– uno de los nueve hijos de Juan Evangelista Machado y Raquel Rentería. Estando Temístocles muy chico, su papá vendió sus pertenencias y se trasladó con su familia a Buenaventura, Valle del Cauca.  Los Machado se instalaron en la Comuna 6, que para ese entonces era una zona selvática donde Juan Evangelista les enseñó a sus hijos a cultivar guama, yuca, sandía, coco, cacao y otros productos.

Además de padre, Temístocles también fue madre, pues según cuenta Rodrigo Machado, uno de sus hijos, su mamá abandonó el hogar cuando él y su hermano estaban muy pequeños.

—Él nos cambiaba y nos peinaba para ir a la guardería. No le gustaba que andáramos descalzos ni con los pies sucios–, recuerda Rodrigo.

 

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Nadie sabe cómo nace una vocación, al parecer don ‘Temis’ heredó el liderazgo de su padre, quien fue el primer presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Isla de La Paz.

Como líder de la Comuna 6 Temístocles logró que los barrios Isla de la Paz, Oriente y La Cima tuvieran acceso al agua y al alumbrado público. Se reunió con los victimarios que asesinaban a los jóvenes de la comuna. Y también gestionó casetas comunales, vías de acceso, y lugares de esparcimiento.

—Gracias a nuestras travesuras [con ‘Temis’], hoy contamos con 3 o 4 horas de agua—, dice Dionicia Rocendo.

—¿Diarias?

—No, cada tres días. Aquí usted abre la llave y se asusta, es más probable que le salga una culebra que una gota de agua.

De aquellos cultivos y matorrales donde trabajaba el papá de Temístocles nada más queda el recuerdo. Hoy en la Comuna 6 truenan las carrocerías y roncan los motores de las tractomulas que transitan día y noche por la zona.

A finales de los 90’s, cuando el INVÍAS propuso construir una arteria vial que atravesaría la Comuna 6 por la mitad, los tres barrios por los que luchaba don ‘Temis’ se convirtieron en territorios estratégicos para dinamizar y expandir la actividad portuaria de la ciudad. Desde entonces –y hasta el día de hoy– los habitantes de Isla de la Paz, Oriente y La Cima han sido hostigados por personas ajenas a la comunidad que alegan ser herederas de los predios donde están construidos los barrios.

Temístocles, indómito y valiente como su padre, asumió la defensa del territorio. De forma empírica se volvió un experto en jurisprudencia. Logró demostrar que el título de propiedad que poseía uno de los reclamantes había sido expedido por el INCODER cuando este organismo aún no existía. Y demostró que la cédula de la abuela –que supuestamente le había sucedido los predios al despojador– era falsa.

—‘Temis’ le podía hablar a usted dos días de leyes y normas –asevera Dionicia.

Para cada alegato Temístocles tenía un documento que lo respaldaba. Durante 18 años viajó un sinfín de veces a Bogotá para exigir la titulación de los predios que les pertenecían y demostrarles a los diferentes organismos estatales que su comunidad estaba enfrentando un intento de despojo.

—Él siempre andaba con tres maletines. Sabía exactamente en qué sitio y en qué maletín estaba la prueba. Y se sabía de memoria el texto. Tenía una memoria fotográfica (…) Hablaba mucho. Era un hombre que necesitaba ser escuchado —dice Daneyi Estupiñán, integrante del Proceso de Comunidades Negras (PCN), movimiento político que acompañó de cerca la lucha de don ‘Temis’.

***

“Irme sería como olvidarme de mí mismo, de mi historia. Las necesidades las he padecido desde niño, no se lo niego. Así también le tocó a mi papá y él nunca se fue, siempre estuvo en el territorio, no le dio miedo. Si yo me llego a ir, los jóvenes que me escuchan dirán que me ganó el miedo a las amenazas, a los grupos armados. Nunca lo haría”, le dijo don ‘Temis’ a un reportero de Pacifista el diciembre pasado.

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Más de 400.000 personas viven en Buenaventura. Esta ciudad –de caos meticuloso, en cuyo firmamento sobresalen grúas gigantes como si fuese atacada por un pulpo de acero, construida con mucho ímpetu y poca planeación, rodeada de mar y esteros, y donde al parecer hay más comercio que capacidad adquisitiva– es un triunfo del hombre sobre la naturaleza.

La mayor parte de lo que hoy es Buenaventura hace siglos fue mar. Con basura, tierra, barro, y piedras los colonos fueron ganándole terreno hasta convertir una selva llena de zancudos en un hervidero humano.

—Eso lo hicimos lo más de fácil. Nosotros le dábamos el voto al político de turno, y él nos daba la basura (…) En el trabajo de relleno nosotros peleábamos, nos enamorábamos…  la mamá le decía a uno: “hoy viene fulanito, póngalo a tirar pala a ver si sirve”. ¿Y el muchacho por visitar la muchacha qué no hacía? –, comenta Dionicia Rocendo entre risas.

Buenaventura también ha sido teatro del crimen y el horror. Según el Centro de Memoria Histórica “entre 1990 y 2012 se cometieron 4.799 homicidios, y entre 1990 y 2014 un total de 152.837 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado”.

—Creemos [como PCN] que nosotros no somos víctimas del conflicto armado, sino que somos víctimas del desarrollo; porque el conflicto armado no es un fin, sino un medio para consolidar la plataforma económica del enclave portuario—, argumenta Daneyi.

Este recodo del pacífico está incluido en 17 Tratados de Libre Comercio. Y cuenta con cuatro plataformas portuarias a las cuales el Gobierno nacional pretende añadirle 14 más. A pesar de los miles de millones que circulan a diario por el puerto de Buenaventura –tal como lo explica Víctor Vidal, integrante del Comité del Paro Cívico y del PCN–, este frenesí económico ha consolidado la desigualdad y la pobreza:

—Nosotros vivimos en conexión con el mundo. Por su ubicación estratégica, en Buenaventura hay dinámicas formales y hay dinámicas informales que mueven gente, mueven droga, mueven armas, etc. Somos conscientes que eso es un potencial y a la vez un riesgo; todo el mundo quiere controlar lo que genera riqueza, y Buenaventura genera mucha riqueza. El tema de Buenaventura no es una cosa de riñas callejeras, ni de pandillas. Aquí hay un control armado que intenta controlar el territorio y la comunidad para controlar negocios. Nosotros insistimos que el problema no es de los grupos armados, el problema es del modelo económico que ve a Buenaventura, simplemente, como un potencial económico.

—¿Proponen algún modelo para evitar esa maldición armada? – le pregunto.

—En un puerto como el de Buenaventura por donde solo pasa la carga –aquí no hay fábricas, aquí no hay nada– es totalmente inequitativa la relación producción portuaria-calidad de vida. Hay un puerto público, pero en concesión a un privado, entonces la actividad portuaria es privada. Toda esa riqueza se genera para unas 20 familias. Controlar a Buenaventura territorialmente es controlar la actividad portuaria, el mercado local, el mercado regional, controlar la política. Por otra parte, cuando usted hace estudios sobre la violencia en Buenaventura, se da cuenta que los barrios con más violencia son aquellos donde hay o se va desarrollar un megaproyecto. Para solucionar la problemática hay que tomar medidas muy grandes: concientizar al Estado, y a los llamados empresarios, de que la vida debe estar por encima de la producción. Nosotros no decimos que no haya actividad económica, pero necesitamos que eso compense a todos. La actividad portuaria no se hace si no hay territorio, si no hay bahía, si no hay canal, y eso es de todos los bonaverenses, no es de la empresa. Para que pueda existir la actividad portuaria los ciudadanos tenemos que sacrificar nuestro medio ambiente, nuestra movilidad, nuestra tranquilidad, nuestra salud. Todos nos sacrificamos para que funcione pero no todos nos beneficiamos. Necesitamos disminuir los impactos pero potenciar los beneficios.

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Estoy reunido en una de las casetas comunales de la Comuna 6 con varios líderes que conocieron a don ‘Temis’. La humedad y el calor se pegan silenciosos por todo el cuerpo. Miradas marchitas, silencio sepulcral y músculos tensos reinan en el salón.

Don ‘Temis’ siempre le aconsejó a doña Ana Campaz que dejara de fumar. Ella lo veía e inmediatamente botaba el cigarrillo. Doña Ana –piel tostada, pelo pajizo, camisa rosada, poseída por el llanto y el dolor– es la primera en invocarlo: “No era un amigo trásfuga. No hemos tenido un líder como él, ni lo conseguiremos así: honesto, respetable, y verdadero”.

Luego interviene Armando Torres: “Por él fue que no nos sacaron del barrio. Este líder no solamente lo perdió Buenaventura sino Colombia. No hay otro líder que lo reemplace. No creo que alguien más dedique el tiempo, y disponga de su capital, para servirle a la comunidad como Temístocles Machado”.

Hablar de don ‘Temis’ duele tanto como escuchar hablar de él. Luis Bravo no recuerda cómo lo conoció, pero asegura que no pasaba más de 15 días sin hablar con él: “He perdido hijos, enterré a mis abuelos –dice tembloroso y preso del llanto–. Pero no sé qué me pasa con ‘Temis’. Creo que no voy a ser capaz de superarlo. Hay mucho que hablar de ‘Temis’, es una cosa infinita”.

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Tu historia con Leila Andrea Arroyo –cofundadora del PCN– comenzó con un regaño. Ella te llamó para proponerte unas capacitaciones sobre jurisprudencia y derechos humanos en la Comuna 6, tú la “vaciaste”. Te molestó que contrataran gente externa para realizar una tarea que tú tenías la capacidad de asumir.

–Después de escuchar a Leila me queda claro que miles de lágrimas, miles de palabras, nunca serán demasiadas–.

—El que se haya concretado el asesinato es demasiado duro. Aunque uno espera que pueda ocurrir por el contexto tan complejo, no perdemos la esperanza de vivir por lo que hemos luchado, y verlo. Los ojos de don ‘Temis’ no lo van a ver; pero creo que era suficiente lo que había hecho. Había días que se sentía extremadamente solo y frustrado. Había que sacar valor, y hablarle muy fuerte, y decirle que no era tiempo de desmoronarse (…) No se fue de cualquier manera. Ese mismo sábado estaba programando una reunión en la Comuna 6 para el día jueves. Murió en su ley. No les dio el gusto a los demás de retroceder. Nunca se vendió. Por sus principios se mantuvo firme y eso solo lo hacen personas honestas. No se llevaron solo al líder, se llevaron a esa persona humana. La mejor forma de honrarlo es promoviendo que haya más gente como él: personas íntegras y de valores, no perfectas. Personas convencidas de que hay que luchar por lo que se es, sin dejarse pisotear por nadie.

 

 

 

 

 

Saturday, 03 February 2018 19:00

El Guayabo: metáfora del despojo

Hay algo que a mí me duele en el alma: ver cómo mochaban los cultivos, eso es un asesinato. Eso siempre me ha dolido a mí en la vida. Con tanta hambre que hay en un país como Colombia, por cada árbol que usted mocha está asesinando a cien personas.

Yo estaba escondido, mirando todo, llorando, impotente. Viendo cómo sacaban a mi mujer, a mi mamá, a mi hermano, a la gente. Si tan siquiera hubiera tenido un palo para tirarle al ESMAD, me hubiera sentido un poco feliz. Pero hasta eso me quitaron.

Mi familia tenía más o menos 50 reses, sembrábamos maíz, yuca, vivíamos del pancoger, con eso le di estudio a mi hija. De esas 25 hectáreas dependía todo este corregimiento: los propietarios de las tierras, los arrendatarios, los que vendían la leche, los que hacían el quesito. Todos nos beneficiábamos. Si nosotros perdemos esas tierras que hemos trabajado por más de 50 años, a la mayoría nos toca irnos de acá. El día del desalojo el pueblo quedó en silencio, como si hubieran matado a alguien.

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Son más de un centenar de campesinos iracundos, afligidos, insumisos. No es la primera ni la última vez que intentan recuperar lo que les arrebataron: los predios San Felipe y Altamira. La mayoría lleva trapos sobre la cabeza y un machete o una estaca en la mano.

Una parte del grupo peregrina durante cuarenta minutos por un camino entorchado de verdes y serenos pastizales. El resto irrumpe por los potreros para flanquear la casa. Nadie sabe qué se va a encontrar -tal vez llueva gas lacrimógeno, quizá suenen disparos al interior de esas cuatro paredes naranjas- pero todos, como yo, van preparados para lo peor.

En la parte trasera de la casa, un hombre echa varios barriles en la canasta de una moto y abandona el predio antes de que los guayaberos se hagan con el control territorial del lugar. Más tarde nos enteramos que con él escaparon varias armas cortas.

Una pareja con dos bebés en brazos, un anciano con el esternón desnudo que no aparenta sus 67 años, y un joven de 18 años son inmovilizados sin violentar su integridad física. Tienen los ojos aindiados, harapos sucios, y la mirada perpleja de quien nunca ha sido dueño de su propio destino.

Mientras los guardias campesinos interrogan a los ocupantes del predio, los dueños legítimos sacan las pertenencias de la casa: colchones, la ropa de los retenidos, un ventilador, un aire acondicionado, elementos de arriería, frenos para caballos, ollas, el esqueleto de una cama, una escopeta y 28 cartuchos que, según reconocieron los ocupantes del predio más tarde, habían sido traídos hasta la finca por Rodrigo López Henao el 13 de diciembre del año pasado, después de que la fuerza pública desalojara violentamente a las personas que allí se encontraban trabajando.

***
A orillas del río Magdalena, uno de los cementerios vivos más grandes del país, queda El Guayabo, corregimiento de Puerto Wilches, Santander. Si este río hablara, solo hablaría de muertos, de llanto, de dolor, de injusticias, de victimarios impunes.

En El Guayabo vivimos una familia de casi 600 personas; en invierno, las calles de tierra se convierten en lodazales; los niños solo pueden estudiar hasta octavo de bachillerato; los enfermos de gravedad los llevamos a Simití porque Puerto Wilches está a 3 horas en lancha; las gallinas desfilan por las salas de las casas; los marranos casi siempre están empantanados; los vallenatos de Diomedes Díaz son nuestro himno nacional; nos burlamos de nuestro propio miedo. Aquí nunca viene el Estado, solo el ESMAD y la fuerza pública para atacar a los campesinos.

Antes de que Rodrigo López apareciera el 17 de septiembre del 2002, los paramilitares ya habían entrado a la comunidad. Los campesinos les teníamos que pagar una vacuna de diez mil pesos por hectárea, veinte mil pesos por cabeza de ganado y dos mil pesos por cada bulto de lo que usted cultivaba. Los campesinos resistimos, dijimos “no, aquí mandamos nosotros”. Ellos maltrataban a la gente, la llevaban obligada a los paros, les pegaban, y nos sacaban de las tierras. Llegaban cada cinco días haciendo disparos, la base paramilitar la tenían en Vijagual, a veinte minutos de aquí. Siempre la intención de ellos fue venir a asesinar a alguien… pero cuando venían a matar preguntaban: “¿qué es lo que pasa en este pueblo que cuando uno viene a asesinar las ganas de matar se le quitan?”. Ellos no entendían por qué siempre se ponían a tomar.

Mi nombre es Erick, Erick Yesid Payares, líder del corregimiento El Guayabo. Estoy motilado con una precisión milimétrica. Soy alto y macizo. A veces voy por la vida descalzo. Han intentado matarme tres veces. Hace unos años emitieron una orden de captura en mí contra, estuve seis meses y tres días huyendo de la autoridad. Me presenté a la Fiscalía y en estos momentos tengo libertad condicional. Sonrío, sonrío todo el tiempo, porque tal vez sea el mayor acto de rebeldía contra tantas injusticias.

Yo era un pelado muy penoso, le huía a la gente. Era el 2002. Estábamos en los playones y nos avisaron que había llegado el dueño de la tierra, un tal Rodrigo López Henao acompañado por un inspector de policía que en estos momentos tiene detención domiciliaria. Cuando escuché que ese señor estaba tratando a la comunidad de guerrillera, diciendo que al papá lo habíamos desplazado nosotros con la ayuda de 60 hombres armados de la guerrilla… de mí salió como una rabia: “Ellos no son guerrilleros. Guerrillero usted que llegó con los paramilitares y trataron de asesinar al señor Alfredo, ¿no se acuerda?”, le dije. Ese día comenzó mi liderazgo.

En el 2012 apareció Rodrigo López con unos procesos jurídicos, con amenazas, con ayuda del poder político. Cuando salió la ley de víctimas, la 1448, Rodrigo fue incluido como víctima de desplazamiento forzado. Nos tocó hacer incidencia en Bogotá. Le expusimos el caso a la Unidad de Víctimas, gracias a Dios se demostró que fue él quien llegó con los paramilitares y lo excluyeron de la ley. También tenía las tierras blindadas en el registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente. Restitución de Tierras también le tumbó eso. Los representantes del Gobierno que participan de la mesa de interlocución han dilatado las medidas para darle solución a la problemática. Llevamos cinco años en este litigio jurídico y los abogados dicen que puede tardar diez años más.

Después que le desalojaran la finca a 'El Profe', el 11 de noviembre del 2014, ese señor metió 11 tipos armados haciéndolos pasar como una empresa de seguridad privada, pero eran puros paracos. Amenazaban a la comunidad, hacían retenes, atropellaban a la gente. Instalamos un campamento humanitario como acto de resistencia, porque estaban mochando los cultivos de cacao, las matas de plátano. Apenas alcanzamos a estar un mes en el campamento. Tener doscientas personas en un campamento requiere recursos, apoyo político, y no lo hubo. Los 11 paramilitares, que todo el tiempo estuvieron ahí, se dieron cuenta de nuestra debilidad. Tumbaron el campamento, pero la comunidad reaccionó. Ellos comenzaron a hacer disparos y la comunidad tomo la decisión de entrar, eran como 300 personas. Ellos salieron corriendo y los rescató el Ejército.

En varias oportunidades hemos retenido personas armadas en los predios. Más tardamos en dejarlos a disposición de la Policía de Vijagual o Barrancabermeja, que ellos en dejarlos libres. El pasado cinco de enero el señor Rodrigo López volvió con un grupo de hombres armados a amedrentar a la comunidad. Y el ocho de enero miembros del Ejército y la Policía llegaron hasta el corregimiento para fotografiar, requisar y empadronar a los campesinos que estaban trabajando en las parcelas.

***
El capitán del Ejército acaba de llamar al celular de Erick para informarle que llegará en la madrugada a El Guayabo. Rodrigo López denunció que guerrilleros encapuchados del ELN secuestraron en horas de la mañana a sus trabajadores, ellos, diligentes y oportunos como siempre, quieren corroborar si la información es cierta.

Amanecemos invadidos por casi 40 miembros de la Policía, el Ejército y el Gaula. Los que llevan fusiles miran como robots que no parecen tener ni un átomo de humanidad. Dan miedo, pero también producen acidez estomacal. La comunidad los increpa tratándoles de hacer entender que desconfían de ellos, que esta no es su casa, que no son bienvenidos, que no son guerrilleros.

Aunque el plan era hacer entrega de los detenidos y del arma a representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la ONU, estos nunca atendieron el llamado. No queda otra opción que dejarlos a disposición de los invasores. Los retenidos les aseguran a los funcionarios que no están secuestrados y que la comunidad ha sido hospitalaria con ellos. Firman un acta en la cual dejan constancia que quieren quedarse en el pueblo hasta que tengan las garantías de una entidad civil. Horas más tarde –a espaldas de la comunidad y desconociendo el acta que ellos también firmaron– la Policía y el Gaula convencen a los retenidos y se los llevan en una de sus lanchas.

Los ánimos están caldeados. La comunidad se siente traicionada una vez más. Para hacer entrega del arma y los cartuchos también se hace un acta. El capitán de la Policía se quita los guantes y manipula la escopeta con un cinismo retador. Consumado el acto de entrega, el capitán del Ejército dice que ellos “solo cumplen órdenes”.

Los verdugos se van río arriba. Sopla un sinsabor entre los guayaberos, como si tuvieran la certeza que, un día no muy lejano, esa arma pude acabar con la vida de uno de ellos.

***
La zona que fue corredor estratégico para el paramilitarismo y el narcotráfico en el Magdalena medio –entre los departamentos de Santander, el sur de Bolívar y el sur del Cesar–, pasó a ser una zona de impacto estratégico de megaproyectos como el puerto multimodal de Barrancabermeja, el ferrocarril del Carare que pasa cerca de los playones, y el dragado del río Magdalena que no es para los campesinos sino para los ricos. Además, estamos seguros de que aquí hay oro y petróleo. También vienen incrementando los monocultivos de arroz y palma de aceite. Un coronel del Ejército y un fiscal de la Nación echaron 1516 búfalos a los playones para secarlos y sembrar palma. Han muerto peces. Destruyeron los pastos naturales. Están destruyendo toda la fauna de un patrimonio de la comunidad.

Mi rol, como líder campesino, es defender los derechos humanos a través del derecho a la tierra, un campesino sin tierra no viviría en este planeta. El alcalde de Puerto Wilches saca pecho diciendo que en diciembre ellos les traen un carrito y una muñeca a los niños. Yo le dije: “Nosotros les hemos dado regalos mejores: el estudio, el amor. Todo lo que ellos visten es de la tierra. Ese es el mejor regalo que usted les puede dar a estos niños: dejar que sus padres trabajen la tierra”.

—¿Erick no te da miedo asumir esa responsabilidad?
—Miedo sí. Yo le tengo más miedo a la cárcel que a la muerte. La cárcel es oprimir a la persona, tenerla ahí encerrada, eso mata más.
—Cuando escuchas en las noticias que mataron a un líder, ¿qué sentís?
—Impacta, es duro. Se pregunta uno: ¿el próximo seré yo? Da miedo. ¿Le digo qué hago? Muchas veces apago el televisor. Lo apago. No soy capaz de ver eso.
—¿Nunca pensaste en salir de El Guayabo?
—No, esta es mi tierra, yo aquí muero. Yo de aquí no salgo jamás. Por otra parte del país no cambio esto.
—¿Cómo te imaginas El Guayabo en diez años?
—Ay hermano, si Dios me tiene con vida, me imagino una comunidad de paz. Una comunidad llena de comida. Una comunidad próspera. Ver feliz a todo el mundo. Que cada campesino tenga tierra, ojalá Dios me diera esa oportunidad. Ojalá cuando ustedes vuelva, no estemos hablando de esto, sino comiéndonos un pescado; que yo le pregunte cómo está su familia y usted me pregunte cómo van mis cultivos.

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