Juan Camilo Gallego Castro

Juan Camilo Gallego Castro

Tuesday, 17 November 2020 00:00

Una lucha histórica en el Oriente antioqueño

En el Oriente antioqueño hay un nuevo capítulo en la defensa del río Cocorná. A la que Cornare, la autoridad ambiental, insiste en que cumplió la Ley al otorgar el 13 de febrero de 2020 la licencia ambiental a la firma Taborda Vélez & CIA para construir el proyecto Cocorná I, el cual generaría 7.72 megavatios de energía, el Movimiento Social por la Defensa del Agua la Vida y el Territorio (Movete) insiste en que Cornare favoreció a la firma en el proceso de licenciamiento.

Un mes después de otorgar la licencia, el 18 de marzo, Sebastián Agudelo, líder de Cocorná Consciente y profesionales del Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila y la Corporación Jurídica Libertad radicaron ante Cornare la solicitud de revocatoria directa.

La respuesta llegó seis meses después, el 17 de septiembre, en ella Cornare resolvió no acceder a la solicitud, una decisión que suponía la contraparte. Por esta razón es que el 11 de septiembre Sebastián Agudelo, acompañado por la Corporación Jurídica Libertad (CJL), radicó una acción de nulidad en el Tribunal Administrativo de Antioquia y solicitó medidas cautelares para que no se construya la pequeña central hidroeléctrica mientras el Tribunal resuelve de fondo el conflicto.

Una larga disputa
“El Tribunal es la competencia para conocer las acciones que se adelantan contra Cornare, lo que hacemos frente a ello es que declaren la nulidad del acto administrativo que da la licencia”, dice Isaac Buitrago, investigador de CJL.

Parte de la resistencia hacia este tipo de proyectos de energía en Cocorná surgió con la construcción de los proyectos El Popal, El Molino y San Matías, los cuales generaron desplazamiento, destrucción de algunos de los charcos más importantes del pueblo y la destrucción de un complejo panelero.

Además, y es uno de los argumentos del Movete, de que el Oriente antioqueño ya cumplió con su cuota de generación de energía en el país, pues allí se genera casi el 30% del total nacional y la oposición a este tipo de proyectos también fue una de las causas del exterminio del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño.

En esa región se ubican las grandes centrales hidroeléctricas de Guatapé, con el embalse de El Peñol (1972), Playas, en San Rafael (1979), San Carlos y su embalse Punchiná (1984), Jaguas y su embalse San Lorenzo (1988) y la PCH Calderas (1988).

Según el Observatorio de Paz y Reconciliación del Oriente antioqueño, este tipo de proyectos implicó “la inmersión de la región del Oriente antioqueño dentro de las dinámicas y lógicas del conflicto armado del país. Efectivamente y en esta misma época, las guerrillas de orientación marxista y creadas en el contexto del socialismo real y de la revolución cubana, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC y Ejército de liberación Nacional ELN, comienzan a hacer presencia en el Oriente Antioqueño”.

Luego de esto, de la derrota militar de las guerrillas en esa región y de la desmovilización de los grupos paramilitares, allí se dio un auge en la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, de generación estimada de 10.000 KW o menos y construidas a filo de agua y sin embalse. Según la investigadora Nathalia Ávila, esto se da por el auspicio “del Estado Nacional por medio del decreto 2820 de 2010, en el cual se establece que las empresas no tienen que pagar transferencias para estas construcciones y que no necesitan solicitar licencia ambiental, es decir, que no necesitan de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y que los permisos son otorgados bajo la figura de concesión de aguas. De esta manera, no solo los principales ríos del Oriente Antioqueño se encuentran ya intervenidos por estas construcciones, como el río Cocorná con la PCH el Popal, el río Guatapé con las Centrales hidroeléctricas San Carlos, Playas y Guatapé, el río Calderas con la PCH Calderas y el río Nare con la Central Hidroeléctrica de Jaguas, sino también, con el auge de las microcentrales, [han solicitado licencia para proyectos hidroeléctricos en] pequeños afluentes, quebradas y cascadas, el río Santo Domingo, la quebrada de Granada, río La Paloma, la quebrada de Alejandría, el Río Melcocho, entre otras”.

En esa dinámica está inmersa la disputa por el río Cocorná. Mientras algunas organizaciones y colectivos defienden los ríos, empresas públicas, privadas y mixtas continúan pujando por explotar una región propicia para los proyectos hidroeléctricos.

De acuerdo con Cornare, en su jurisdicción (conformada por municipios del Oriente, dos del Nordeste y uno del Magdalena Medio) hay 26 PCH. De estas, 7 están en funcionamiento, una en construcción y las demás sin construir. Todas con licencia ambiental, como la PCH Cocorná I. A lo anterior se le suman 8 proyectos a filo de agua: 5 están generando energía, uno está sin construir, otro no está generando y otro corresponde a una autogeneración.

Medidas cautelares para el río Cocorná
En ese contexto se enmarca la defensa del río Cocorná. Cornare dice que la revocatoria de la licencia ambiental solo aplica si es el titular quien lo expresa por escrito, es decir, Taborda Vélez & CIA, la firma beneficiada. Agrega la corporación ambiental que la firma entregó la información en los tiempos y términos exigidos y que la licencia ambiental sigue en firme.

Por eso es que se radicó la acción de nulidad en el Tribunal Administrativo de Antioquia. Dice el documento que Cornare “desconoció el término señalado en la norma y procedió a extenderlo, pasando este de un mes a cuatro meses tal y como quedó consignado en el Acta de reunión N° 112-0617 fechada el 15 de junio de 2018. Posteriormente, CORNARE lo extendió a cuatro meses más mediante Auto N° 112-0926-2018. Dado que el peticionario no allegó la información completa, nuevamente la autoridad ambiental otorgó un plazo, esta vez de cinco meses según consta en el Auto N° 112-0383-2019. En total, CORNARE, concedió a la empresa TABORDA &VELEZ CIA un plazo de trece meses para la entrega de la información requerida”.

Señala el documento que con los plazos que exceden los establecidos en la ley, Cornare vulneró el principio de imparcialidad. Además, durante el trámite de licenciamiento dicha autoridad ambiental debió negar o archivar la licencia, pues la sociedad Taborda Vélez & CIA “demostró durante todo el trámite su falta de diligencia para acatar los requerimientos hechos por la corporación y esta actitud es, en sí misma, un riesgo insoportable para dejar en sus manos la realización de una obra potencialmente dañina del ambiente y de los derechos de quienes lo habitan”.

Otro de los argumentos es que Cornare otorgó la licencia ambiental sin que Taborda Vélez & CIA hubiera cumplido con todos los requisitos. Oladier Ramírez, secretario general técnico de Cornare, le dijo a la Agencia de Prensa IPC que la norma les permitía otorgar los plazos y que, frente a los requisitos, “quedamos en que de esos 19 [requisitos faltantes] cumplieron 11 totalmente. Y quedaron 8 que no son determinantes para el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, les faltó un capítulo que pueden presentar en la fase de inicio del proyecto. Mal haríamos nosotros decirles que les negamos por esos ocho requisitos que no son determinantes para el proyecto”.

A pesar de lo que dice Ramírez, en la acción de nulidad se asegura que “otorgar la licencia pese a reconocer la incompletitud de la información precisada para evaluar la viabilidad de la obra, constituye una degradación del proceso de licenciamiento puesto que otorgar una licencia no puede ser 'autorizar sin conocer'”.

Además de que se señalan inconsistencias en el estudio de impacto ambiental, asegura el documento que se vulneran derechos colectivos como al medio ambiente sano o el de las víctimas del conflicto armado que están en condición de retornadas. Para María Botero Mesa, integrante de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, “hechos como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la privación arbitraria e ilegal de niños fueron significativas en la vereda La Esperanza [cerca del proyecto hidroeléctrico]. Gran parte de los habitantes de esta vereda son víctimas del conflicto armado. Además, gran parte de la población está retornando a sus territorios y las garantías de seguridad deben estar relacionados con que en su territorio no existan amenazas asociadas a proyectos de desarrollo que las pongan en riesgo nuevamente”.

La acción de nulidad solicita que se rechace la licencia ambiental y que haya un “claro llamado a la entidad y el ministerio público para que se haga una revisión exhaustiva de todas las licencias otorgadas que compartan similares características, pues la entidad misma ha reconocido algunas falencias en otros proyectos de Centrales Hidroeléctricas”.

Dice Isaac Buitrago que le solicitaron al Tribunal que ordene la suspensión de la licencia hasta que no haya sentencia definitiva y que esto se trata de una medida cautelar que busca que no se adelante la construcción para preservar las condiciones actuales del territorio hasta que haya una sentencia. María Botero coincide en que solicitaron esa medida ante el riesgo evidente de la población, especialmente la que está retornando, por lo que “debe haber garantías para ese retorno.”

Que el conflicto sea más fuerte en el Norte del Cauca se debe al incumplimiento de los Acuerdos de Paz, es la opinión de Jorge Eliécer Sánchez, coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). “Lo que pasa es que para nosotros los Acuerdos de Paz fueron un interés por el que veníamos trabajando, porque eso da un grado de estabilidad y genera unas alternativas económicas de transformación, pero el Gobierno simplemente abandonó los intereses de los pueblos indígenas, y otros actores coparon ese espacio, ya con unos intereses alrededor del narcotráfico y de la economía”.

Las dos masacres de finales de octubre y los asesinatos selectivos de las últimas semanas son el recrudecimiento de lo que ha vivido el Norte del Cauca durante el conflicto armado. Al respecto se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien condenó estos ataques sistemáticos y le pidió al Estado que investigara lo que está sucediendo. “La Comisión insta al Estado a tener en cuenta, al momento de tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según la cual los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”, dice.

Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, en esa región de 16 municipios habían sucedido hasta el año pasado 103 masacres, 2225 asesinatos selectivos, 745 casos de desaparición forzada, 2049 acciones bélicas y 59 ataques a las poblaciones.

Por eso, el anuncio del presidente Duque de llevar 2500 hombres más que harán parte de la Fuerza de Despliegue Fudra 4, lo que hace es acrecentar el problema. De acuerdo con Aida Quilcué, consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), “desde el movimiento indígena no estamos de acuerdo con la militarización, porque eso no va a solucionar nuestra problemática”.

Igual opinión tiene Sánchez, quien asegura que el anuncio del Gobierno desconoce las problemáticas social y económica de los pueblos indígenas del Norte del Cauca, “este asunto es una distracción para decir que va a solucionar la problemática, sabiendo que en el Norte del Cauca han estado con sus siete bases militares”.

Además, esto significa desconocer la autonomía de los pueblos indígenas, añade Quilcué Vivas. “Por eso es que nos están matando, porque no les interesa el proceso de autonomía de los pueblos indígenas, no están de acuerdo con las formas propias de protección”, dice, y agrega que lo que hoy vive el Cauca no solo se debe a las disidencias de las Farc, el ELN y el paramilitarismo, sino también al Ejército y al Gobierno “que hace presencia con la política extractiva”.

De acuerdo con un comunicado de la ONIC, luego de una asamblea permanente en Tacueyó, decidieron proponerle al Gobierno del presidente Iván Duque, “iniciar conjuntamente un 'Plan Piloto de Erradicación y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito' de manera inmediata en esta zona del país, en el marco del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.

“Si el Gobierno adelanta este plan que nosotros estamos proponiendo, estoy seguro de que conjuntamente vamos a cercar la violencia y se va a ir la guerra de este territorio”, dice el consejero mayor Luis Fernando Arias. Parte de la insistencia es que se cumpla el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) y la propuesta que quieren presentar.

Con relación al primero, y de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), hasta el 30 de mayo de 2019, en el Cauca estaban inscritas 5685 familias en el Pnis, correspondientes al 5,7% del total nacional. Es, luego de Norte de Santander, el departamento donde menos pagos recibidos tienen las familias. Solo el 30,3% había recibido algún pago. Además, apenas 299 familias habían recibido el total, es decir, el 5%.

Si bien se han levantado 2068 hectáreas de forma voluntaria, Jorge Eliécer Sánchez es escéptico de sus resultados. Así como la militarización del Norte del Cauca, la sustitución de cultivos fue una “distracción” del actual Gobierno, dice, “porque la gente empezó a erradicar los cultivos, pero el Gobierno no cumplió; se vuelve un asunto demagógico. El tema del Pnis ha sido un fracaso, porque la comunidad sí cumplió y el Gobierno no. Esas son las desconfianzas. Los Pnis y Pdet son una política institucional sin mayores resultados porque el Gobierno lo plantea como línea de acción y no de compromiso en el tiempo”.

Al referirse a los actores armados, asegura Sánchez que no han tenido una interlocución con ellos, que hoy están asesinando y masacrando a los indígenas, porque “no sabemos quiénes son, de dónde vienen y cuál es su filosofía, que es matar, masacrar. ¿Cómo vamos a hablar con aquellos que atentan contra la vida?”.

Los líderes indígenas Sánchez y Quilcué coinciden en que el narcotráfico ha tratado de copar los espacios que tenía la guerrilla de las Farc, y que el Gobierno de Duque no atiende las problemáticas de los pueblos indígenas. “La paz pareciera que no interesa al actual Gobierno; le interesa la guerra. Y el narcotráfico trata de copar el territorio, por eso esta problemática, porque hay un interés por el dinero, por el manejo del narcotráfico, por las rutas, porque hoy aparecen actores desconocidos en la región que tratan de manejar a la gente”, concluye Sánchez, coordinador político del CRIC.

Óscar Montero, indígena kankuamo e investigador del informe sobre pueblos indígenas que publicarán en noviembre con el Centro Nacional de Memoria Histórica, asegura que lo que han vivido los pueblos indígenas se trata de un genocidio o un etnocidio. Igual opinión comparten Sánchez y Quilcué. Esta dice que “lo que pasa hoy ha pasado en toda la historia. Hoy es sistemático, porque vienen por nuestros territorios, por las riquezas naturales, por eso quieren acabar con la resistencia de los pueblos indígenas y su autonomía”.

En Antioquia, 12 mil familias se acogieron al Programa de Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, que surgió luego del Acuerdo de Paz. Campesinos cultivadores de coca en Briceño, Tarazá, Cáceres y Anorí se comprometieron a sustituir. En ese proceso estuvo Luis Fernando Pineda como director regional del PNIS, hasta que renunció en mayo pasado.

Entre las razones se cuenta que estaban ad portas de firmar acuerdos colectivos con unas 2500 personas de Yarumal, El Bagre, Nechí y Sabanalarga, “pero la orden fue suspender esos procesos con esas familias”. La decisión del Gobierno contemplaba cumplirles a las 12 mil familias que ya habían firmado sus acuerdos colectivos, pero no se iba a extender a estas nuevas familias dispuestas a hacer parte del proceso. El proceso se detuvo y coincidió con la emergencia ocasionada por Hidroituango. En este contexto, el entrante gobierno del presidente Duque tomó la decisión de “reasignar esos recursos con el compromiso de que este año 2019 se hicieran las inscripciones. Estamos hablando de tres mil personas, de 36 mil millones de pesos”.

Y ese dinero no regresó. En este diálogo Pineda plantea sus diferencias con el nuevo Gobierno, el cambio de enfoque en el PNIS, los logros y dificultades, y los aciertos y desaciertos del programa Antioquia libre de coca, liderado por la Gobernación de Antioquia.

Pregunta: ¿Cuáles fueron las dificultades del PNIS en Antioquia?
Respuesta: El programa tenía dos fases, una de vinculación colectiva con presidentes de las juntas y, posteriormente, una vez se verificaba se pasaba a una vinculación individual, el compromiso del campesino con el Estado. Esas tres mil familias quedaron en acuerdo colectivo y no logramos pasar al individual. Hubo comunidades que empezaron a dilatar. Estamos hablando de las comunidades de Valdivia, entre Puerto Valdivia hasta El 12 y la comunidad de El Aro, comunidades limítrofes, donde los actores sociales tienen una relativa comunicación y que es un corredor de actores ilegales.

Esas comunidades pusieron trabas, empezaron a manipular dos programas que estaban en movimiento que eran el PNIS y Antioquia libre de coca. La gente de Valdivia decía que estaba trabajando con el Gobernador y tenían expectativas puestas en lo que hiciera él. Había una dilación a asumir compromisos como lo hicieron los otros 12 mil.

P: Pero Hidroituango también afectó el proceso…
R: Se presentaron problemas objetivos. Nosotros íbamos a hacer la inscripción individual, íbamos en carretera y sucedió la crisis de Hidroituango, eso afectó la fase de inscripción. Esa situación llevó a que el programa hiciera uso de unos recursos. Estamos hablando de cuatro o cinco meses. Hidroituango fue un problema muy crítico para las comunidades de Puerto Valdivia para abajo. ¡Qué iba a hacer una inscripción en semejante caos! Y El Aro quedó aislado. Entonces Naciones Unidas puso restricciones a la movilidad, basados en la restricción de la Gobernación y la Unidad de Riesgo. Ese tiempo, entre mayo-octubre, tuvimos la plata, pero al ver que la situación no mejoraba, el Gobierno tomó la decisión de reasignar esos recursos.

Sucedió en el Gobierno Duque, yo todavía estaba, pero fue imposible conseguir los recursos para estas personas, porque el Gobierno tomó la decisión de paralizar el programa hasta ordenarlo. Una decisión de Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, con el compromiso de que este año se retomaba.

Entiendo que las 12 mil están vigentes, están muy atrasadas, no digo que conmigo no hubo atrasos, pero ahora los atrasos son más endémicos. Sin embargo, en el gobierno del presidente Duque, se lo dije al consejero Archila, se montó un esquema de PNIS distinto. Yo digo que no voy a tomar partido por uno de los dos modelos. Sí sé cuál es bueno y cuál no.

P: Describa los dos modelos.
R: El que implementamos como modelo del Acuerdo de Paz, se basaba en la confianza que se construía a partir del Acuerdo mismo y la confianza que se generaba por la construcción colectiva y participativa de la materialización de los diferentes desarrollos del Acuerdo.

En un esfuerzo muy duro de llegar a puntos de acuerdo se logró construir una agenda colectiva, acordada, concertada, y esa agenda se pasaba a las agendas locales y a las comisiones municipales de planeación, donde el Gobierno tenía un cierto desarrollo colectivo. Esa confianza fue la que permitió que en momentos difíciles de incumplimiento la gente misma, a pesar de sus críticas y protestas, aceptara continuar en el programa, porque tenía confianza, sabía que nos íbamos a demorar, pero que íbamos a llegar. Ese era el primer elemento del modelo que montamos con el presidente Santos.

El segundo elemento fue el de una relación, inclusive en Antioquia fuimos pioneros, entre los temas de sustitución y erradicación. Hablamos con Antioquia libre de coca y las acciones con el Ejército y la Policía. Nosotros planteamos una fórmula exenta de confrontación violenta entre erradicación y sustitución. Nosotros priorizamos el tema de sustitución sobre la erradicación. Sí utilizamos la erradicación porque el Acuerdo mismo lo dice: primero para aquellos cultivos grandes, y segundo para aquellas zonas en las cuales los campesinos no se hubieran vinculado al PNIS después de haber tenido todas las oportunidades para hacerlo.

Y el tercer elemento, es lo que denominan el orden. Esto no se está haciendo en el barrio Laureles ni en una comuna, esto se está haciendo en zonas dominadas por la ilegalidad y el crimen, esto se está haciendo en zonas donde campesinos han desarrollado cierta resistencia contra el Estado, en algunos casos con razón. Usted tiene dos opciones: entrar con un programa duro, en el que no puede tener controladas todas las variables, o usted se sienta a construir el orden, que le permita manejar todas las variables. Nosotros optamos por lo primero.

La desmovilización de las Farc favoreció infinitamente al programa. Nosotros optamos por meternos en ese contexto de desorden con un programa que no estaba totalmente estructurado y lo importante era llamar a la voluntad de los campesinos y levantar la coca, en un año arrancamos 5000 hectáreas de coca. Pero luego llega el nuevo Gobierno.

P: Usted manifiesta que el Gobierno decidió paralizar el programa hasta organizarlo. ¿A qué se refiere?
R: Llega el nuevo Gobierno, dice que es un desorden imposible y paralizó el programa, aunque no lo dijo, hasta que lo ordenara. Efectivamente, durante todo ese tiempo, hasta enero de este año, desde agosto de 2018 hasta enero y febrero, el Gobierno nacional se dedicó, o nos dedicamos, a ordenar el programa, a esclarecer dónde vivía la gente. Ordenar no quiere decir no verificar el cumplimiento. El ordenamiento implicó la suspensión. Se desfinanció el programa para este año. Una de las decisiones del Gobierno fue disminuir el presupuesto del PNIS. Hubo una reducción de más del 50%. Este Gobierno desarrolla una idea un poco conservadora en el sentido de que el orden es lo fundamental. Tener el control sobre todas las variables antes de actuar.

La segunda diferencia con el modelo anterior está en el tema de la erradicación, este Gobierno entra muy duro, desprestigiando el modelo de sustitución, diciendo mentiras, que los cultivos estaban aumentando. Lo que hicieron fue abrogarse esa disminución en el periodo agosto-diciembre. El periodo fuerte por la sustitución se dio ente enero y agosto. De las 5000 hectáreas, levantamos 3000 entre enero y agosto.

Entonces, digamos que viene la idea de la inoperancia del PNIS, y eso dio paso para invertir la ecuación. Para nosotros era primero la sustitución y luego la erradicación y ahora es al revés. En algunos casos se respetaron acuerdos colectivos. Unas 2500 personas se quedaron con procesos iniciados. Habíamos hecho cartografías, estábamos a punto de firmar acuerdos porque el Gobierno iba a desarrollar nuevas estrategias. Ahí es cuando insinúan las dos estrategias de sustitución que van a ser el marco de referencia del Gobierno, que son las familias guardabosques y la estrategia de sustituir para formalizar, propuesta explorada en el Gobierno de Uribe, la gente erradica y el Gobierno se compromete a titular.

P: Algunos campesinos del Bajo Cauca que firmaron acuerdos están denunciando que la Fuerza Pública erradicó sus cultivos.
R: Ya no hay PNIS porque se imponen otras estrategias del Gobierno. La erradicación empezó a tener mucha más preponderancia. Digamos que en Antioquia no tuvo tanta repercusión. Donde la coca estaba creciendo, era en zonas que no estaban dentro del programa, por ejemplo, en Cáceres, en los límites con Anorí y Valdivia, en Bejuquillo. Cáceres no estaba incluido. Hubo erradicación también en Nechí y El Bagre, y como no tenían acuerdo no podíamos hacer nada. Mientras no haya acuerdo individual no hay acuerdo. El acuerdo colectivo no te garantiza que no haya erradicación.

Yo defiendo a los campesinos que se han metido al programa. Pero no defiendo absolutamente nada la actitud de los campesinos de Valdivia y de El Aro. Mire el informe del Simsci, muestra que Valdivia es el municipio de más crecimiento, pasamos de 1000 a 3000 hectáreas. Eso se llama jugar torcido. Tuvieron toda la oportunidad del mundo.

Sin embargo, hay un tema crucial, y es que esa perspectiva de concertación y acuerdo que construimos, ese trabajo colectivo se desmoronó por una concepción del Gobierno. Ahora la cosa es que no hay plata, que el Gobierno dice que no hay plata. Todas esas fueron las decisiones por las que renuncié, después de 22 meses.

P: El Gobierno aseguró que parte del denominado desorden era que no se sabía cuántas familias iban a entrar al programa…
R: ¿Quién iba a saber cuántos campesinos eran? Hay 100 mil con acuerdo individual y faltan otros 50 o 60 mil por vincular. Ahora dicen que solo le cumplen a los que están inscritos individualmente. Así que saldría Anorí y parte de Ituango.

Pero de los 100 mil, nosotros dejamos 12 mil inscritos. Y los dejamos en el nivel de ejecución más alto del país, ellos a agosto del año pasado tenían una inversión de 105 mil millones de pesos, casi ocho millones por familia vinculada. Además, dejamos a Briceño libre de coca; dejamos a Tarazá con algunos incrementos. La resiembra solo fue del 0.5%.

P: Antes de que se priorizara la erradicación por encima de la sustitución, ¿cómo era la relación con la Fuerza Pública?
R: Siempre hubo un margen de discusión y de interpretación con la Fuerza Pública. Hay que decir que la Fuerza Pública se manejó de manera extraordinaria en su momento, porque los riesgos de la erradicación eran grandes para ellos, y los riesgos de resiembra eran altísimos. El aliado más importante de nosotros fue la Fuerza Pública. Los mismos líderes campesinos pedían que el Ejército entrara en zonas controladas por narcotraficantes grandes. Ese es otro elemento diferenciador de los enfoques.

P: ¿Cómo era la relación con Antioquia libre de coca?
R: Con Antioquia libre de coca tuvimos una relación muy buena. Nosotros nos repartimos el trabajo: hacíamos sustitución y ellos hacían desarrollo, donde el PNIS ya había entrado, ellos le daban sostenibilidad al PNIS. El problema en Valdivia es que entró primero Antioquia libre de coca. Ellos quisieron hacerle competencia al PNIS, pero apenas vieron que no tenían los recursos ni las posibilidades cambiaron de posición.

Sin embargo, el Gobernador se hace el que no entiende, uno le explica diez veces el PNIS y luego dice que no entiende el programa. Ellos definieron como prioridad a Valdivia e Ituango, los lugares donde más problemas tuvo el PNIS. En Valdivia, los campesinos se entregaron de brazos a Antioquia libre de coca. Ese programa en alguna medida facilitó esa mamadera de gallo de la gente de Valdivia y ese incremento de los cultivos.

Ese es un fracaso del Gobernador, que lo implementó en Valdivia, compitiendo con el PNIS, y el resultado es que en los municipios en donde estaba el PNIS, exepto Tarazá, disminuyó la coca, mientras que en Valdivia se multiplicó por tres.

Esa es una visión cruda de la realidad. Mientras el PNIS sustituye hectáreas de coca en Briceño, Tarazá, Caceres y Anorí, a Antioquia libre de coca, en un municipio donde trabajó, se le multiplicaron por tres, de menos de mil a casi tres mil.

P: Después de 22 meses usted decidió renunciar, ¿qué le dijo el consejero Archila y cree que el Gobierno le va a cumplir a los campesinos?
R: Archila no expresa nada. Él piensa y después sale a decir a los medios lo que se le ocurre. Archila no debate, no confronta.

El programa disminuyó su ritmo, pero no se paralizó totalmente, sigue habiendo asistencia técnica, y algunos pagos con interrupciones. Pero finalmente se pagó. No se paralizó completamente porque eso sería una batalla campal. El presidente Duque ha dicho que cumple y yo le creo. Qué es cumplir, es darle los 36 millones de pesos a cada campesino.

No soy fatalista, el Gobierno está tomando dinámica en algunas partes y creo que los PDET tratan de reaccionar. Porque de pronto el Gobierno pensó que esto lo podía hacer trizas, pero se dio cuenta de que esto es norma constitucional, el que se oponga al desarrollo de los acuerdos está violando la Constitución del país.

*Este artículo hace parte de una alianza entre Periferia y la agencia de prensa del Instituto Popular de Capacitación (IPC)

David Berrío regresó con la caña en su mano y se detuvo antes del puente de más de cien metros sobre el río Samaná Norte.
-Primo –le gritaron–, ¿y los peces?
-En el río –respondió automático–.

Una mujer le contó que su esposo pescó una dorada de varias libras. Notó su pesimismo e intentó consolarlo, le dijo que esa tarde o al día siguiente tendría su desquite.

David no pareció reconfortarse con el comentario. Cruzó el puente con la caña en la mano y su cara desconsolada. La pregunta que escuchó desde las primeras casas no dejarían de repetirla hasta la puerta de la suya.
-¿Y los peces?

***


En 1880 el alemán Friedrich Von Schenck cruzó el río Samaná en un viaje que lo llevaría a Medellín. En su primer día de viajes le tocó cruzar “el torrentoso Samaná sobre caminos muy pendientes, parecidos a trochas para cabras”.

Ese camino al que se refiere el alemán, David Berrío lo llama Camino real. Lo recorrió por décadas hasta que los embalses, las carreteras de las hidroeléctricas y la guerra misma contribuyeron a su desaparición. David es hijo de los bosques de San Carlos, un pueblo a 113 kilómetros de Medellín. Su papá nació en Donmatías y su mamá en Guatapé. Y él, cerca del corregimiento El Jordán, de San Carlos.

Tiene 70 años y conoce el Samaná desde que tenía 8. Aprendió a pescar con machete porque no existía atarraya. Conoció Puerto Garza, el corregimiento en el que vive, cuando no era pueblo, cuando solo era monte y selva, cuando no había carretera, cuando solo había una que otra casa regada en medio de la nada. David recuerda los años en los que construyeron Jaguas, Playas y San Carlos, recuerda la carretera que abrieron para conectar con Puerto Nare y así construir más pronto la central San Carlos. Y con esa carretera y ese puente de más de cien metros que cruza todos los días, una y tantas veces, vio nacer este pueblito a principios de los 70, en donde ahora viven poco más de mil personas.

Entonces el río Samaná se volvió el patrón de todos los que construyeron su casa al lado de la carretera y al lado del río. El patrón o les daba pescado o les daba oro. Y así ha sido por décadas. El pueblo que surgió por una carretera que abrieron para construir una hidroeléctrica, hoy está sentenciado a su desaparición si sobre el patrón construyen un muro de 140 metros para generar 352 megavatios de energía (el 3% de la energía nacional).

La energía los llevó al pescado y al oro. Con más energía no habrá bagre, picuda, dorada, pataló ni bocachico.

 

 Fotografía: Fundación Yumaná

 

***


El Samaná es verde en verano, verde cuando la central San Carlos no le descarga agua oscura, verde cuando está bajo y brioso. Claro que hubo un tiempo que no era tan ancho, porque el que es hoy en Puerto Garza fue transformado por las aguas y arenas ajenas que recibe.

En épocas de lluvia es un rugido oscuro y alborotado. Sus rápidos se ven gigantes y los lancheros deben cruzarlo con pericia, recordando las piedras monumentales y acelerando en los remolinos y embestidas. Razón tiene Joanna Andrea Barrera, ingeniera en recursos hidráulicos, al decir que los ríos tienen personalidad, que laten como si tuvieran un corazón. No humano, porque el del Samaná varía con las épocas del año: la subienda, la bajanza, la mitaca, el invierno, el verano. Es lo que ella llama el hidrograma: es propio y esencial de cada río. Si este se altera significa cambiarle su personalidad y, por tanto, su flora y su fauna.

Tanto sabemos ahora del Samaná por investigadoras como Joanna, por hidrólogos, biólogos, defensores de derechos humanos, por gente del Oriente de Antioquia, por pescadores como David Berrío, e incluso por los que quieren volverlo una fábrica de energía.

La empresa Integral hizo el estudio de impacto ambiental para el proyecto Porvenir II, el que construiría un muro de 140 metros sobre el Samaná. Hablaron de bocachico, dorada, bagre y pataló, pero se olvidaron de nombrar el comelón, las sardinas, el mazorco, el bagre rayado, el blanquillo, la vizcaína, la arenca, el barbudo, el capaz, la picuda, todos esos peces que David Berrío ha pescado y comido en su casa. En 2014, Integral averiguó la producción de pescado de acuerdo con el mes: febrero es el de más pesca (11.8 toneladas), seguido por julio (1.7). Con base en esos datos identificaron el valor del negocio, quiénes son los pescadores y cuánto podrían darles como indemnización.

Fotografía: Sandra Ramírez Giraldo

Joanna Andrea Barrera concluye en un estudio sobre el Samaná, que si se construye el muro o los muros, habrá cambios en los caudales, no habría intercambio de sedimentos y nutrientes de los que viven animales y plantas, y el río perdería su conectividad con el Magdalena y los peces mismos que suben contra la corriente. Sería un aislamiento: los peces atrapados a un lado del muro y los peces que no volverían a migrar del otro lado. Y eso traería problemas sociales para las comunidades que viven del río, como Puerto Garza.

David Berrío no podría volver a pescar: no habría peces migratorios ni lo dejarían Celsia, Isagén o las empresas que se adueñen del río. El Samaná cambiaría su personalidad, cambiaría sus latidos, dejaría de ser.

 

***

Fotografía: Sandra Ramírez Giraldo


David Berrío miró el río desde el puente. Turbio, violento, crecido. Bajó hasta la orilla y sobre una roca destripó un comelón. Cortó un trocito y lo enganchó en la caña. Tiró el cebo al Samaná y no hubo pez que jalara. Lo hizo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y siempre regresó con el trozo de carne encogido.

-Hoy no parece que es el día –dijo–.
Se recostó en una roca rumiando la impotencia. Miraba el agua furiosa, los rápidos alborotados.
- ¿Vio cuerpos bajar por el Samaná? –le pregunté–.
-Del puente de aquí tiraron mucha gente. Nosotros veíamos los cuerpos en los remolinos de agua. En esa violencia, tiraban gente que uno no conocía, y uno los dejaba pasar.

Los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara también hicieron del Samaná una fosa común. Los paramilitares y las guerrillas y el Ejército también hicieron desplazar a David de Puerto Garza. A sus hijos los querían reclutar, él ya sabía la historia de otros vecinos que engrosaron bandos contrarios. Prefirió perder sus cultivos de aguacate e iniciar la huida.

Pero regresó y los cultivos de coca pululaban. Tenía 100 árboles de mandarina y las avionetas también regaron sus litros de glifosato y lo dejaron sin sus arbustos.

David tiró de nuevo la cuerda, tan resistente como para soportar la fuerza de un pez de 20 libras, y siguió hablando del desplazamiento, de uno de sus hijos que a veces le gana en la pesca, de la coca, de las lanchas que se han volteado capoteando el río con sus rápidos, hasta que la cuerda se tensó. A veinte metros una dorada saltó sobre el agua, pero se llevó el trozo de comelón.

No era el día, estaba claro, por eso prefirió nombrar los concursos en los que ha ganado en las Fiestas del Bocachico, cuando la subienda es alegría en Puerto Garza. En el 2017 pescó un bagre de 8 libras y quedó primero. “Un señor se enamoró de él y se lo vendí por 70 mil pesos”, dijo.

La mañana fue una tertulia al lado del Samaná. David se encaramó entre las rocas y ascendió hasta la carretera, llegó a un extremo del puente y empezaron las preguntas por sus manos vacías. Estaba desanimado, claro, pero sabía que el río siempre da su recompensa.

-El Samaná nunca nos ha pagado mal. Es una riqueza de vida. Dios quiera que no lo vayan a represar. Nos echan con las manos vacías y eso da desconsuelo. Fuimos desplazados y esta vez, viendo toda la vida que tiene el río, lo van a privatizar, si es la cuna de nosotros.

Fotografía: Fundación Yumaná

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