Durante la última semana del mes de agosto se materializó el paso a la vida política y social legal de la organización guerrillera FARC-EP, dejando atrás la guerra militar que le declaró hace 53 años al régimen colombiano y a la tradicional élite política y económica que ha ostentado el poder por más de 200 años.
Tras un largo y tortuoso camino de diálogo y negociaciones iniciado hace seis años entre FARC-EP y el Gobierno nacional en La Habana- Cuba, para poner fin al conflicto armado colombiano, el pasado 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá se oficializó la culminación de la Mesa de Negociaciones. Allí se firmó y se dio a conocer al país y a la comunidad internacional el Documento del “Acuerdo Final para la Terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera” compuesto por más de 300 páginas y en el que se reseña todo lo acordado entre las partes para materializar la solución política y social al conflicto armado que por más de 50 años ha azotado al país.
Superando la pequeñez
La construcción del Acuerdo Final entre los delegados del Gobierno nacional, los integrantes de las FARC-EP y los sectores sociales que también allí participaron, estuvo marcado por diferentes y diversos episodios desafortunados que pusieron en grave riesgo el proceso mismo a tal punto de llevarlo, en varias ocasiones, casi a su fracaso. Casos como los constantes saboteos guerreristas de un gran sector de la élite colombiana, la ya reconocida intransigencia y mezquindad del Estado y del Gobierno nacional para ceder en temas económicos y sociales en beneficio de millones de víctimas del modelo económico, y el resultado del plebiscito –producto de la desinformación y la mentira- no lograron, en esta primera etapa, derrotar la perseverancia y los anhelos de paz con justicia social que reclama el pueblo colombiano.
Camino hacia las zonas veredales
A partir del 1 de diciembre de 2016 se dio inicio al traslado y concentración de toda la militancia (guerrilleros/as y milicianos/as) de las FARC-EP a las 26 Zonas Veredales Transitorias y de Normalización (ZVTN) y a los ocho Puntos Transitorios de Normalización (PTN) localizados en la geografía rural nacional donde mayor presencia e incidencia había ejercido esta guerrilla durante su actividad político-militar. En tales zonas se dio el proceso de conteo del armamento, de censo de los militantes, de todo lo pertinente a la cedulación, de certificaciones para las amnistías e indultos, de compromisos individuales por escrito de no volver a tomar las armas para confrontar al Estado, recepción y registro de información para asunto de víctimas del conflicto militar, de capacitaciones académicas y jornadas de pedagogía del Acuerdo Final con comunidades de todo tipo que visitaban las zonas, y de muchas otras funciones propias del proceso de reincorporación de esta guerrilla a la vida civil consignadas en el Acuerdo Final y sus respectivos protocolos.
A pesar de los incumplimientos: ¡adiós a las armas!
La culminación de las ZVTN, igual que el retiro del armamento que ya reposaba en los respectivos contenedores de cada una de las ellas, se extendió 75 días más en el calendario acordado, debido a los constantes y sistemáticos incumplimientos por parte del Estado y del Gobierno nacional a lo acordado en La Habana, en lo que respecta a la entrega e infraestructura de las zonas veredales; la sentencia de inconstitucionalidad que hiciera la Corte Constitucional al llamado Fast Track (vía rápida) –dos meses después de que esta misma magistratura la hubiese avalado–, lo cual ha hecho vulnerable y frágil el Acuerdo Final en manos del Congreso de la República y de los enemigos acérrimos del mismo; los obstáculos y freno a la libertad de los presos; la lentitud en la cedulación, entre otros. El 16 de agosto la ONU certificó la dejación total de las armas de esta organización guerrillera y se oficializo por tanto el fin de las FARC-EP en su carácter de ilegal y militar.
Congreso fundacional
A pesar de los muchos temas que aún reposan en la mesa del Gobierno para su cumplimiento, de los ya reiterativos ataques, señalamientos y acusaciones ”malaleches” provenientes de la narco-parapolítica incrustada en el Congreso de la República, de la Fiscalía General de la Nación en cabeza de Néstor Humberto Martínez, y de RCN y Caracol, las FARC, con más de 1.200 delegados de todo el territorio nacional, por fin pudieron llevar a cabo el Congreso Fundacional del partido político con el que ingresarán a la vida civil política y social para disputarse, junto con el pueblo colombiano, el poder político para una Colombia con justicia social y dignidad.
El Congreso fundacional de las FARC sesionó durante cinco días sin pausa, y luego de sus deliberaciones y decisiones democráticas le presentó al país, entre muchas otras conclusiones, su nombre: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, un partido comprometido con la lucha de clase, su confrontación al capitalismo y al imperialismo; su símbolo: una rosa roja en fondo blanco; una Dirección Nacional compuesta por 111 integrantes en la que se refleja la representatividad de toda la guerrillerada, del PCCC (Partido Comunista Colombiano Clandestino) y del Movimiento Bolivariano (estos últimos apéndices de la organización insurgente en su trabajo social y político en la clandestinidad); y la Plataforma Estratégica del Partido. En un gran evento político cultural llevado a cabo el primero de septiembre en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y en presencia de más de 15.000 asistentes, se clausuró este congreso y se hizo el lanzamiento público y oficial del partido FARC y su compromiso a apostarle, en esta coyuntura, a una Gran Convergencia Nacional hacia un Gobierno de Transición para el periodo 2018-2022.
La política ética más difícil que la guerra misma
Sin duda alguna, dos amenazas fuertes acechan al nuevo partido político FARC y a sus integrantes en el escenario de legalidad a asumir: una es la sombra de la muerte, ya sea por parte de la derecha oligárquica o la derecha narco-paramilitar (o ultraderecha, que en todo caso favorece a la primera), como ya sucedió, en casos recientes, con el exterminio de la Unión Patriótica, el asesinato en 1.990 de Carlos Pizarro –comandante del M-19 y candidato presidencial- y de innumerables líderes y lideresas sociales y políticos asesinados por el Estado colombiano de manera directa o a través de sus reconocidos escuadrones de la muerte; y la otra amenaza es la cooptación que el sistema hace de sus contradictores, como también ya sucedió con algunos jefes altos y medios de las cuatro organizaciones guerrilleras (M-19, PRT, EPL, CRS) que dejaron sus armas a inicios de los años 90 y quienes no sólo se desmovilizaron ideológicamente, sino que terminaron legitimando, con sus cuestionados procederes políticos y personales, al sistema social y político oligárquico que decían confrontar, e incluso, algunos de ellos terminaron asociados con la narco parapolítica.
Ojalá esta nueva luz de esperanza para una Nueva Colombia, recreada en la justicia social, la libertad, la dignidad, la soberanía y el poder popular, se haga realidad y no pase a ser un capítulo más del libro gordo de las frustraciones que alimenta la memoria amarga de nuestra martirizada patria.
