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Palabras que matan

El 16 de diciembre de 2017, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó sin inmutarse que los asesinatos de dirigentes sociales, líderes comunitarios y ex guerrilleros no estaban relacionados con sus actividades, sino que, en su “inmensa mayoría”, “son fruto de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas”.

Esta afirmación, aparte de ser completamente irresponsable, se convierte en una legitimación de los cientos de asesinatos políticos que siguen sucediendo en Colombia. Declaraciones de este tipo forman parte de la muralla desinformativa que se ha erigido en este país, y la cual no se quiere derribar por parte de los voceros del Estado ni de los grandes medios de incomunicación.

Este tipo de lenguaje denota que la lógica terrorista del Estado no se ha atenuado ni una pizca, a pesar de que se genere una retórica paralela de paz y de concordia, que no logra ocultar las dimensiones del lenguaje contra-insurgente y de enemigo interior que se ha creado en este país durante el siglo XX, y que se niega a desaparecer, como lo muestran las infames declaraciones del Ministro de Ofensa (perdón, de Defensa).

Al respecto, vale la pena recordar en forma rápida algunos de los peores ejemplos del uso de un lenguaje que justifica el crimen de los que son considerados como adversarios y enemigos, y cuyas vidas no tendrían ningún valor en esa lógica criminal de tipo contra-insurgente. El asunto se remite a lo sucedido desde 1918, con las primeras manifestaciones y protestas obreras y artesanales, las cuales fueron catalogadas –como sucedió con las huelgas en la costa atlántica y la masacre de artesanos en Bogotá en marzo de 1919– como producto de la acción del bolchevismo. Utilizar ese mote justificaba la muerte de obreros y trabajadores humildes, a los que se les indilgaban propósitos desestabilizadores que estaban muy lejos de su sentir.

El hecho más lamentable en esta misma dirección fue el de la Masacre de las Bananeras, cuando cientos de trabajadores fueron asesinados en diciembre de 1928 por el Ejército colombiano con el pretexto de que los huelguistas se habían convertido en una “cuadrilla de malhechores” que ponía en peligro la estabilidad del país, como producto de la acción de comunistas y anarquistas.

De ahí en adelante, hasta el día de hoy, esa lógica anticomunista y contrainsurgente se ha mantenido, siendo una de sus manifestaciones esenciales el uso de cierto tipo de lenguaje, descalificador, peyorativo y señalador, para legitimar la muerte o la desaparición de aquellos que deberían ser eliminados física y espiritualmente, porque así lo consideran los “colombianos de bien”.

Lo cierto es que ese lenguaje ha sido reiteradamente usado por presidentes de la República, Ministros, parlamentarios, sacerdotes de las altas jerarquías, militares, empresarios…, siempre con las mismas consecuencias. Los ejemplos abundan.

Cuando en junio de 1954 fueron masacrados varios jóvenes en el centro de Bogotá, los voceros del régimen militar se inventaron la versión de que los militares se defendieron de una agresión realizada por miembros del comunismo internacional y por eso dispararon contra inermes estudiantes. En agosto de 1959, durante una pacífica marcha de trabajadores de la caña de azúcar que se dirigía a Cali, fueron asesinados dos corteros en forma aleve por tropas del Ejército. Inmediatamente, el presidente Alberto Lleras Camargo adujo que “los dirigentes del paro son responsables de la tragedia y el desorden”.

En febrero de 1963, luego de que fueron masacrados doce personas en el municipio de Santa Bárbara (Antioquia), entre ellas una pequeña niña, cuando huelguistas intentaban impedir la circulación de camiones con cemento, la prensa, y los voceros del gobierno de Guillermo León Valencia señalaron que el Ejército se había visto obligado a disparar porque había sido atacado por trabajadores “revoltosos, agitadores comunistas y subversivos”.

En septiembre de 1977, el paro cívico nacional fue reprimido sangrientamente y en la ciudad de Bogotá dejó un saldo de una veintena de muertos, los que fueron calificados por los voceros del gobierno de Alfonso López Michelsen como “personeros de la subversión y traficantes de la inconformidad popular”.

El 22 de marzo de 1990 fue asesinado el candidato presidencial de la Unión Patriótica Bernardo Jaramillo. Dos días antes, Carlos Lemos Simonds, Ministro de Gobierno, señaló: “el país ya está cansado y una prueba de ese cansancio es que en estas elecciones votó contra la violencia y derrotó al brazo político de las Farc que es la Unión Patriótica”. En este caso, el lenguaje oficial se convirtió en una orden para matar a un candidato de la izquierda.


Más recientemente, cuando fueron asesinados varios dirigentes sindicales en Arauca, el cinco de agosto de 2004, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, los catalogó como terroristas que habían muerto en combate con el Ejército.

La joya de la corona, por sus dimensiones, cinismo e impunidad, se la lleva Álvaro Uribe Vélez cuando hablando del asesinato de varios miles de colombianos, en lo que de manera eufemística se denominó “falsos positivos”, justificó ese crimen diciendo que los muertos “no estaban precisamente recogiendo café”.

La lista podría extenderse hasta llenar cientos de páginas. Solo se trataba de recordar algunos ejemplos del empleo de un lenguaje agresivo que se usa como un arma de guerra, para destruir física y/o moralmente a los adversarios. Con la utilización de dicho lenguaje ya se siembra duda y cizaña sobre una persona determinada, antes o después de matarla.

Por esa razón, declaraciones como las del Ministro de Defensa simplemente proyectan un comportamiento de larga duración, sustentando en la impunidad que genera cinismo y desfachatez, que recurre a un lenguaje deshumanizante y que bestializa a los adversarios. Si dicho lenguaje no tuviera las consecuencias criminales que conocemos y padecemos en este país, el asunto no pasaría de ser meramente anecdótico, pero por desgracia no es así. Y en tal sentido es una manifestación de una lógica contrainsurgente que impregna el comportamiento de las clases dominantes de este país, reafirmada con las influencias de una lógica traqueta, para la cual la vida de los luchadores sociales y políticos no vale nada.

Para ellos, además, se agrega el estigma que tiene efectos aprobatorios entre la población, de señalar que si a alguien lo matan… por algo será, algo habrá hecho. En el caso que comentamos, simplemente decir que a los líderes sociales los aniquilan por líos de faldas, quiere decir que son crímenes pasionales aislados, y no una práctica genocida y sistemática, en la que tiene una responsabilidad central el Estado, las fuerzas armadas y sus socios paramilitares.

81 años después de la reforma agraria promulgada por el presidente Alfonso López Pumarejo, las actuales demandas que el campesinado le hace al Estado siguen siendo las mismas. A pesar del potencial productivo de un país con la diversidad climática y topográfica de Colombia, las cifras demuestran la incapacidad estatal para hacer del campo un proyecto de vida rentable y digno.

Teniendo en cuenta los desafíos que implica este contexto agrario, del 24 al 29 de noviembre del 2017, en San Alberto, Cesar, el Coordinador Nacional Agrario (CNA) celebró su VI Asamblea, con 600 representantes de sus 61 procesos campesinos adscritos. Las plenarias celebradas durante la asamblea arrojaron algunas conclusiones sobre los DESCAS, el uso y posesión de la tierra, los escenarios de participación política, los territorios campesinos agroalimentarios (TCAM), y los mecanismos de protección: ejes que fundamentan la plataforma política del CNA.

Uso y posesión de la tierra
Según lo manifestado por los asambleístas, la ley Zidres y la ley segunda de 1959, que hasta el momento han delimitado 59 áreas protegidas y 22 páramos, representan una amenaza para los intereses campesinos porque fomentan el despojo, los conflictos inter-étnicos, y estigmatizan al campesino como depredador de los ecosistemas. Además del inconformismo con los programas de sustitución de cultivos ilícitos, que no garantizan condiciones de subsistencia dignas, entre los elementos problemáticos referidos a este eje se mencionaron las trabas institucionales para acceder a la titulación de tierras, lo que contrasta con el aumento de concesiones otorgadas a multinacionales mineras y petroleras.

Para darle solución a estas problemáticas se propusieron vías de hecho políticas y metodológicas, entre ellas realizar un censo propio de tierras; compras colectivas de tierras; darle un enfoque de género a la comisión de tierras del CNA; establecer la producción de alimentos como la principal vocación productiva de la tierra; hacer uso de las consultas populares –y las consultas previas étnicas- para garantizar la autonomía y la permanencia en los territorios; incluir en el código minero un capítulo sobre minería artesanal; derogar la ley 1757 de páramos; construir una medida que proteja los páramos sin desplazar las comunidades que los habitan; dignificar el uso medicinal, alimentario, agroindustrial y cultural de la hoja de coca; y alcanzar la autonomía en materia económica y de gobernanza por medio de los territorios campesinos agroalimentarios.

Plan de vida endógeno
El deseo de organizar el territorio con dinámicas económicas y sociales autónomas, se ha materializado hasta el momento en cinco territorios campesinos agroalimentarios. A los que ya están constituidos -dos en Arauca y tres que abarcan municipios de Nariño y Cauca- el Coordinador Nacional Agrario espera sumarle, como mínimo, otros treinta.

En materia económica, esta figura organizativa permite diseñar un sistema que le otorgue al campesinado el control de la producción, la transformación, la distribución, y la comercialización de los productos, y que además garantice la soberanía alimentaria, y la distribución equitativa de la ganancia.

Robert Daza manifiesta que en el caso del TCAM ubicado entre el Norte de Nariño y el Sur del Cauca: “Las comunidades controlan los mercados para garantizar la soberanía alimentaria. Controlar los mercados locales es saber cuánto consumimos, cuánto producimos, y cuánta comida está llegando al territorio”. El integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano agrega que: “Antes de declarar los territorios campesinos agroalimentarios, nosotros hacemos unas mingas de armonización y soberanía. Estos procesos no son únicamente políticos y organizativos, tienen que ir más allá; recuperar la espiritualidad perdida del campesinado, aprender a escuchar con nuestro corazón los latidos de la madre tierra, porque si no estamos conectados con la naturaleza no tenemos ninguna motivación para defenderla”.

Con respecto a la dimensión político-social, el CNA vislumbra en los territorios campesinos agroalimentarios una oportunidad de alcanzar la paz territorial. Un proyecto tan ambicioso, lo sabe el CNA, requiere de infraestructura para crear una gran red de mercados campesinos; coherencia entre la práctica y el discurso; auto reconocer la identidad y la cultura campesina; contextualizar y adaptar las ayudas gubernamentales a las dinámicas particulares de los territorios; gestar un modelo educativo que fomente la investigación y el diálogo de saberes, y que cualifique al campesinado con modelos y contenidos pedagógicos acordes a la idiosincrasia campesina.

Seguridad y protección
Finalizada la confrontación con la guerrilla de las FARC, varias organizaciones sociales presentes en la VI Asamblea consideran que ahora son ellas las señaladas como el nuevo “enemigo interno” del Estado. Diferentes procesos adscritos al CNA afirmaron que la fuerza pública no es sinónimo de seguridad para ellos. Debido al incremento exponencial de las judicializaciones y los asesinatos, que cobró la vida de 73 líderes sociales en 2017, resulta indispensable diseñar un mecanismo que garantice el derecho a la vida y el pleno funcionamiento de los territorios campesinos agroalimentarios.

Desde la V asamblea realizada en San Lorenzo Nariño en el 2012, el CNA está creando una guardia nacional campesina interétnica y popular, cuyo marco normativo de conducta sea definido por el propio Coordinador Nacional Agrario.

A diferencia del Ejército Nacional, cuyo principio fundacional es la seguridad y la defensa, las guardias campesinas están pensadas como un mecanismo preventivo de protección y cuidado colectivo que permite resolver conflictos, canalizar denuncias y alertas tempranas cuando se presenten violaciones a los derechos humanos. A su vez, la guardia está pensada como una fuerza de defensa ante cualquier caso de agresión o vulneración durante las movilizaciones.

Para consolidar la propuesta de guardias campesinas, Walter Quiñonez –representante de la Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (ORDEURCA)- asegura que el CNA debe ocuparse primero de “la formación pedagógica de sus potenciales integrantes, legitimar la existencia y, sobre todo, la autoridad de las guardias en las comunidades, y establecer normas de comportamiento y resolución de conflictos”.

Solución política
La legitimidad y la incidencia del movimiento social en la esfera institucional aún es limitada. Consciente de ello, el CNA aprovechó la asamblea para discutir cuál es la concepción de paz que tienen los diferentes procesos y cuáles son los escenarios de participación política más pertinentes para aportar a la construcción de esa paz ideal.

Finalizada la VI Asamblea queda claro que para el CNA la palabra paz va más allá del silencio de los fusiles. Mientras no hayan garantías para la movilización de sectores populares, no se respete el disfrute pleno de la territorialidad campesina, no se garantice el derecho a la propiedad de la tierra, y no se erradique la exclusión y la desigualdad, más que una realidad la paz será letra muerta.

En este sentido, el Coordinador Nacional Agrario no quiere ser un invitado ocasional sino un protagonista en la construcción de la paz. La organización propone afianzar la participación en las juntas de acción comunal, crear consensos que cohesionen intereses, y hacerle veeduría activa a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET's) consignados en los acuerdos de La Habana. Por último, en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, el CNA sugiere crear una mesa temática llamada tierra, territorio y campesinado, que sea interétnica, intersectorial e intergremial.

Hay algo que a mí me duele en el alma: ver cómo mochaban los cultivos, eso es un asesinato. Eso siempre me ha dolido a mí en la vida. Con tanta hambre que hay en un país como Colombia, por cada árbol que usted mocha está asesinando a cien personas.

Yo estaba escondido, mirando todo, llorando, impotente. Viendo cómo sacaban a mi mujer, a mi mamá, a mi hermano, a la gente. Si tan siquiera hubiera tenido un palo para tirarle al ESMAD, me hubiera sentido un poco feliz. Pero hasta eso me quitaron.

Mi familia tenía más o menos 50 reses, sembrábamos maíz, yuca, vivíamos del pancoger, con eso le di estudio a mi hija. De esas 25 hectáreas dependía todo este corregimiento: los propietarios de las tierras, los arrendatarios, los que vendían la leche, los que hacían el quesito. Todos nos beneficiábamos. Si nosotros perdemos esas tierras que hemos trabajado por más de 50 años, a la mayoría nos toca irnos de acá. El día del desalojo el pueblo quedó en silencio, como si hubieran matado a alguien.

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Son más de un centenar de campesinos iracundos, afligidos, insumisos. No es la primera ni la última vez que intentan recuperar lo que les arrebataron: los predios San Felipe y Altamira. La mayoría lleva trapos sobre la cabeza y un machete o una estaca en la mano.

Una parte del grupo peregrina durante cuarenta minutos por un camino entorchado de verdes y serenos pastizales. El resto irrumpe por los potreros para flanquear la casa. Nadie sabe qué se va a encontrar -tal vez llueva gas lacrimógeno, quizá suenen disparos al interior de esas cuatro paredes naranjas- pero todos, como yo, van preparados para lo peor.

En la parte trasera de la casa, un hombre echa varios barriles en la canasta de una moto y abandona el predio antes de que los guayaberos se hagan con el control territorial del lugar. Más tarde nos enteramos que con él escaparon varias armas cortas.

Una pareja con dos bebés en brazos, un anciano con el esternón desnudo que no aparenta sus 67 años, y un joven de 18 años son inmovilizados sin violentar su integridad física. Tienen los ojos aindiados, harapos sucios, y la mirada perpleja de quien nunca ha sido dueño de su propio destino.

Mientras los guardias campesinos interrogan a los ocupantes del predio, los dueños legítimos sacan las pertenencias de la casa: colchones, la ropa de los retenidos, un ventilador, un aire acondicionado, elementos de arriería, frenos para caballos, ollas, el esqueleto de una cama, una escopeta y 28 cartuchos que, según reconocieron los ocupantes del predio más tarde, habían sido traídos hasta la finca por Rodrigo López Henao el 13 de diciembre del año pasado, después de que la fuerza pública desalojara violentamente a las personas que allí se encontraban trabajando.

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A orillas del río Magdalena, uno de los cementerios vivos más grandes del país, queda El Guayabo, corregimiento de Puerto Wilches, Santander. Si este río hablara, solo hablaría de muertos, de llanto, de dolor, de injusticias, de victimarios impunes.

En El Guayabo vivimos una familia de casi 600 personas; en invierno, las calles de tierra se convierten en lodazales; los niños solo pueden estudiar hasta octavo de bachillerato; los enfermos de gravedad los llevamos a Simití porque Puerto Wilches está a 3 horas en lancha; las gallinas desfilan por las salas de las casas; los marranos casi siempre están empantanados; los vallenatos de Diomedes Díaz son nuestro himno nacional; nos burlamos de nuestro propio miedo. Aquí nunca viene el Estado, solo el ESMAD y la fuerza pública para atacar a los campesinos.

Antes de que Rodrigo López apareciera el 17 de septiembre del 2002, los paramilitares ya habían entrado a la comunidad. Los campesinos les teníamos que pagar una vacuna de diez mil pesos por hectárea, veinte mil pesos por cabeza de ganado y dos mil pesos por cada bulto de lo que usted cultivaba. Los campesinos resistimos, dijimos “no, aquí mandamos nosotros”. Ellos maltrataban a la gente, la llevaban obligada a los paros, les pegaban, y nos sacaban de las tierras. Llegaban cada cinco días haciendo disparos, la base paramilitar la tenían en Vijagual, a veinte minutos de aquí. Siempre la intención de ellos fue venir a asesinar a alguien… pero cuando venían a matar preguntaban: “¿qué es lo que pasa en este pueblo que cuando uno viene a asesinar las ganas de matar se le quitan?”. Ellos no entendían por qué siempre se ponían a tomar.

Mi nombre es Erick, Erick Yesid Payares, líder del corregimiento El Guayabo. Estoy motilado con una precisión milimétrica. Soy alto y macizo. A veces voy por la vida descalzo. Han intentado matarme tres veces. Hace unos años emitieron una orden de captura en mí contra, estuve seis meses y tres días huyendo de la autoridad. Me presenté a la Fiscalía y en estos momentos tengo libertad condicional. Sonrío, sonrío todo el tiempo, porque tal vez sea el mayor acto de rebeldía contra tantas injusticias.

Yo era un pelado muy penoso, le huía a la gente. Era el 2002. Estábamos en los playones y nos avisaron que había llegado el dueño de la tierra, un tal Rodrigo López Henao acompañado por un inspector de policía que en estos momentos tiene detención domiciliaria. Cuando escuché que ese señor estaba tratando a la comunidad de guerrillera, diciendo que al papá lo habíamos desplazado nosotros con la ayuda de 60 hombres armados de la guerrilla… de mí salió como una rabia: “Ellos no son guerrilleros. Guerrillero usted que llegó con los paramilitares y trataron de asesinar al señor Alfredo, ¿no se acuerda?”, le dije. Ese día comenzó mi liderazgo.

En el 2012 apareció Rodrigo López con unos procesos jurídicos, con amenazas, con ayuda del poder político. Cuando salió la ley de víctimas, la 1448, Rodrigo fue incluido como víctima de desplazamiento forzado. Nos tocó hacer incidencia en Bogotá. Le expusimos el caso a la Unidad de Víctimas, gracias a Dios se demostró que fue él quien llegó con los paramilitares y lo excluyeron de la ley. También tenía las tierras blindadas en el registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente. Restitución de Tierras también le tumbó eso. Los representantes del Gobierno que participan de la mesa de interlocución han dilatado las medidas para darle solución a la problemática. Llevamos cinco años en este litigio jurídico y los abogados dicen que puede tardar diez años más.

Después que le desalojaran la finca a 'El Profe', el 11 de noviembre del 2014, ese señor metió 11 tipos armados haciéndolos pasar como una empresa de seguridad privada, pero eran puros paracos. Amenazaban a la comunidad, hacían retenes, atropellaban a la gente. Instalamos un campamento humanitario como acto de resistencia, porque estaban mochando los cultivos de cacao, las matas de plátano. Apenas alcanzamos a estar un mes en el campamento. Tener doscientas personas en un campamento requiere recursos, apoyo político, y no lo hubo. Los 11 paramilitares, que todo el tiempo estuvieron ahí, se dieron cuenta de nuestra debilidad. Tumbaron el campamento, pero la comunidad reaccionó. Ellos comenzaron a hacer disparos y la comunidad tomo la decisión de entrar, eran como 300 personas. Ellos salieron corriendo y los rescató el Ejército.

En varias oportunidades hemos retenido personas armadas en los predios. Más tardamos en dejarlos a disposición de la Policía de Vijagual o Barrancabermeja, que ellos en dejarlos libres. El pasado cinco de enero el señor Rodrigo López volvió con un grupo de hombres armados a amedrentar a la comunidad. Y el ocho de enero miembros del Ejército y la Policía llegaron hasta el corregimiento para fotografiar, requisar y empadronar a los campesinos que estaban trabajando en las parcelas.

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El capitán del Ejército acaba de llamar al celular de Erick para informarle que llegará en la madrugada a El Guayabo. Rodrigo López denunció que guerrilleros encapuchados del ELN secuestraron en horas de la mañana a sus trabajadores, ellos, diligentes y oportunos como siempre, quieren corroborar si la información es cierta.

Amanecemos invadidos por casi 40 miembros de la Policía, el Ejército y el Gaula. Los que llevan fusiles miran como robots que no parecen tener ni un átomo de humanidad. Dan miedo, pero también producen acidez estomacal. La comunidad los increpa tratándoles de hacer entender que desconfían de ellos, que esta no es su casa, que no son bienvenidos, que no son guerrilleros.

Aunque el plan era hacer entrega de los detenidos y del arma a representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o la ONU, estos nunca atendieron el llamado. No queda otra opción que dejarlos a disposición de los invasores. Los retenidos les aseguran a los funcionarios que no están secuestrados y que la comunidad ha sido hospitalaria con ellos. Firman un acta en la cual dejan constancia que quieren quedarse en el pueblo hasta que tengan las garantías de una entidad civil. Horas más tarde –a espaldas de la comunidad y desconociendo el acta que ellos también firmaron– la Policía y el Gaula convencen a los retenidos y se los llevan en una de sus lanchas.

Los ánimos están caldeados. La comunidad se siente traicionada una vez más. Para hacer entrega del arma y los cartuchos también se hace un acta. El capitán de la Policía se quita los guantes y manipula la escopeta con un cinismo retador. Consumado el acto de entrega, el capitán del Ejército dice que ellos “solo cumplen órdenes”.

Los verdugos se van río arriba. Sopla un sinsabor entre los guayaberos, como si tuvieran la certeza que, un día no muy lejano, esa arma pude acabar con la vida de uno de ellos.

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La zona que fue corredor estratégico para el paramilitarismo y el narcotráfico en el Magdalena medio –entre los departamentos de Santander, el sur de Bolívar y el sur del Cesar–, pasó a ser una zona de impacto estratégico de megaproyectos como el puerto multimodal de Barrancabermeja, el ferrocarril del Carare que pasa cerca de los playones, y el dragado del río Magdalena que no es para los campesinos sino para los ricos. Además, estamos seguros de que aquí hay oro y petróleo. También vienen incrementando los monocultivos de arroz y palma de aceite. Un coronel del Ejército y un fiscal de la Nación echaron 1516 búfalos a los playones para secarlos y sembrar palma. Han muerto peces. Destruyeron los pastos naturales. Están destruyendo toda la fauna de un patrimonio de la comunidad.

Mi rol, como líder campesino, es defender los derechos humanos a través del derecho a la tierra, un campesino sin tierra no viviría en este planeta. El alcalde de Puerto Wilches saca pecho diciendo que en diciembre ellos les traen un carrito y una muñeca a los niños. Yo le dije: “Nosotros les hemos dado regalos mejores: el estudio, el amor. Todo lo que ellos visten es de la tierra. Ese es el mejor regalo que usted les puede dar a estos niños: dejar que sus padres trabajen la tierra”.

—¿Erick no te da miedo asumir esa responsabilidad?
—Miedo sí. Yo le tengo más miedo a la cárcel que a la muerte. La cárcel es oprimir a la persona, tenerla ahí encerrada, eso mata más.
—Cuando escuchas en las noticias que mataron a un líder, ¿qué sentís?
—Impacta, es duro. Se pregunta uno: ¿el próximo seré yo? Da miedo. ¿Le digo qué hago? Muchas veces apago el televisor. Lo apago. No soy capaz de ver eso.
—¿Nunca pensaste en salir de El Guayabo?
—No, esta es mi tierra, yo aquí muero. Yo de aquí no salgo jamás. Por otra parte del país no cambio esto.
—¿Cómo te imaginas El Guayabo en diez años?
—Ay hermano, si Dios me tiene con vida, me imagino una comunidad de paz. Una comunidad llena de comida. Una comunidad próspera. Ver feliz a todo el mundo. Que cada campesino tenga tierra, ojalá Dios me diera esa oportunidad. Ojalá cuando ustedes vuelva, no estemos hablando de esto, sino comiéndonos un pescado; que yo le pregunte cómo está su familia y usted me pregunte cómo van mis cultivos.

Sobre la cordillera central, a sesenta y seis kilómetros de Pereira, capital de Risaralda, se encuentra el municipio de Apía. Enclavado sobre montañas verdes que constituyen un formidable sistema biológico, viven gentes dedicadas a la ancestral labor de la agricultura.

Apía es un municipio cuya economía se deriva principalmente de la producción y comercialización agropecuaria. Allí se cultiva y cosechan frutales como granadilla, pitahaya, aguacate, lulo, mora y tomate de árbol, así como plátano, yuca, arracacha, hortalizas varias, café y caña panelera. También cuenta con un comercio bien organizado, que ayuda a suplir las necesidades fundamentales de esta población.

Apía consta de su cabecera municipal y de 45 veredas, las cuales constituyen más del 90% de los 214 kilómetros cuadrados de su extensión. Allí se pueden encontrar variados pisos térmicos como el medio que abarca 97 kilómetros cuadrados, el frío que abarca 108 kilómetros cuadrados y el páramo con una extensión de 9 kilómetros cuadrados en el Parque Nacional Natural de Tatamá (el abuelo de las aguas). Cuenta con tres ríos, el Apía, el Guarne y el San Rafael. De los cerca de 17.000 habitantes, en su área rural dispersa la mayor parte del campesinado productor se encuentra entre los 55 y 59 años.

Allí, en ese municipio de ancestro campesino, se desarrolla desde hace más de quince años un proceso comunitario llamado Asociación Centro de Gestión Alto San Rafael, en el cual campesinos y campesinas se encuentran para capacitarse, para decidir acerca del tipo de producción agropecuaria que desean trabajar y para buscar canales de distribución que los beneficie como productores, pero también que permita a los usuarios finales adquirir alimentos de calidad con producción limpia, sana, de carácter orgánico y agroecológico.

Un proyecto para buscar la soberanía y seguridad alimentarias
Luego de cubrir el trayecto desde Pereira y sorteando bastantes derrumbes en la vía, llegué al municipio de Apía. Los derrumbes y el estado precario de esta carretera, que aspira conectar el desarrollo industrial y agropecuario del país con el pacífico a través del Chocó, no han sido atendidos debidamente por las diferentes administraciones departamentales y nacionales.

Silvio Orozco Giraldo, ingeniero ambiental que lidera como representante legal esta asociación al lado de otras personas campesinas del municipio, me cuenta que “desde hace cerca de dos años se viene desarrollando un proyecto de huertas comunitarias, el cual fue formulado y presentado ante el Ministerio de Agricultura, para que este destinara los recursos financieros como fruto de los paros agrarios campesinos e indígenas de los años 2013 y 2014, a través de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Dicho proyecto busca mejorar la cantidad, calidad y oportunidad de los alimentos a que acceden las noventa familias beneficiadas, en Risaralda, Quindío y Norte del Valle”.

“Porque la familia campesina tradicionalmente ha cosechado su siembra y destina lo mejor de su producción al comercio, al mercado, dejando para sí lo de menor calidad. Aquí se trata de que el campesino y la campesina separe lo mejor de su producción para alimentarse y alimentar a su familia, que esa producción orgánica y agroecológica permita entregar excedentes de gran calidad a los consumidores finales, comida limpia, saludable”, agrega Silvio.

El territorio lo ordenamos los habitantes
En este proceso de asociatividad campesina, se han dado importantes avances de carácter político, por cuanto estas gentes de forma organizada han entendido y aprendido que el territorio donde ellas habitan se ordena de acuerdo a sus intereses, sueños y necesidades.

Jhon Jairo Rodas es otro de los socios fundadores de la asociación y quien también ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de estas comunidades. “Nosotros nos hemos juntado para trabajar y mejorar las condiciones de las gentes del pueblo. Hemos organizado un plan de vida, hecho por las gentes de aquí, y con ese plan de vida hemos influido en la organización del plan de ordenamiento territorial del municipio. Con la asociación logramos conseguir ese proyecto, para hacer huertas y que las familias beneficiarias tengan comida de forma permanente, comida de calidad y sana. Y de paso, se pueda comercializar lo que queda de las cosechas y conseguir unos pesos”.

Con Jhon Jairo me encontré un domingo luego de haber un recorrido desde la cabecera municipal hasta la vereda Alto San Rafael, a bordo del característico jeep Willis, pasando carreteras a través de bosques de niebla, pájaros y la presencia siempre imponente y mística del gran Cerro de Tatamá. Un real paseo por las nubes. Me enseñó entre otras cosas un manual formador para formadores que se trabaja en la escuela de la vereda, un módulo de agroecología que enseña a las nuevas generaciones el valor del campo y de la autodeterminación de sus gentes. Me enseñó su finca y me habló de sus sueños realizados, de su familia y de la alegría de estar con ellos en ese paraíso amado.

Una chamán y curandera
Subiendo hasta la vereda Alto Campana, en una casita rodeada de bosque nativo, encontré a doña Bertha, integrante del proyecto, y quien tiene en su finca una de las huertas. Ella es una mujer de ascendencia indígena, cuyos ancestros han cuidado desde tiempos en que no había historia, al protector de estas tierras: el Tatamá. Allí se refugiaron sus ancestros y ella misma, luego de abrir un portal que los llevó a una ciudad de luz. Ella regresó a este mundo porque debía descubrir su misión y cumplirla, nos cuenta a quienes conversamos con ella. Luego de caminar muchos años por diversas partes de este país, y de criar hijos, logró entender su misión y se regresó cerca de su cerro protector para entregar y recibir amor, y compartir su sabiduría ancestral, la curación de los cuerpos y de las almas.

De regreso a Apía, hablé con Mario Vergara, propietario de ferretería Depósito San Judas y quien ha hecho llave con la asociación para apalancar financieramente el desarrollo del proyecto, mientras que el Ministerio realiza los desembolsos (que siempre llegan posteriores a la ejecución de las actividades). De esta manera el proyecto de huertas campesinas contribuye también a la dinámica económica de una región y un municipio, en donde las gentes se empoderan de las soluciones a sus problemáticas, con dignidad.

No queda duda que Jhon Jairo, Mario Vergara, Hugo León y demás en Apía, así como doña Ana Lucía, don Félix y demás familias en Dosquebradas, Evelio en Calarcá, y demás participantes de este proyecto, con su hospitalidad, cariño e iniciativas, nos conectan de nuevo con el campo y con la vida.

 

“Este cuento se está regando de buena manera por muchas partes del país  y esa es la intención”

En compañía de Yuliet, Yanet, Ferney y Alejandro, el primero de enero molimos caña en una montaña de la vereda El Popo, del municipio de Alejandría. Usamos como motor nuestras manos y el sol fue testigo del delicioso guarapo que saboreamos esa tarde. Aunque Harold no estaba ese día, fue él quien meses antes consiguió la máquina artesanal, y junto a unos amigos la instaló en la cima de su finca, con el fin de empezar a producir el dulce. La caña que sembró un año antes, daba cosecha en medio de piñas, árboles de aguacates, zapotes, guanábanos y papayos.

“Mano de Sol es un espacio que estamos construyendo para promover la evolución de la vida; quisimos hacer este complemento en el nombre, porque consideramos que el sol es un camino de luz hacia la búsqueda de la verdad, promotor de vida; y la mano es manifestación de fortaleza del hombre”, dice Harold Urrea, al tiempo que atiza el fogón de leña para hervir agua de panela. “Aquí hay una pequeña reserva de cinco hectáreas. Buscamos reparar el daño que se hizo. Aquí hubo un potrero de más de ochenta años. Ya llevamos más de cinco años en este proceso. Al inicio solo había grama, y ya tenemos bosque y muchas especies nativas plantadas, estamos trabajando en algunas huertas y en unas construcciones amigables con el medio ambiente, utilizando elementos locales como la madera y el barro. Este espacio busca que las personas se reconozcan en una especie de regreso a ese origen un poco salvaje pero esencial, lleno de magia y contenido espiritual. Aquí seguimos un parámetro fundamental que es la permacultura, es decir, la cultura de lo permanente, de lo que no hay que cambiar”.

La permacultura es un sistema de vida holística (es decir, que busca comprender las cosas desde su totalidad) donde confluye el cuidado de la naturaleza a través de la optimización de sus recursos; el arte como factor de integración social y conexión espiritual, la agricultura orgánica y otros aspectos que buscan hacer diversa e integral la rutina humana. “En Mano de Sol queremos consolidar una Eco-aldea donde varias familias puedan vivir y colaborarse mutuamente en las labores necesarias para mantener el sistema permacultural. Invitamos por diferentes medios a personas para que encuentren conexión con el aire, el agua, el fuego y la tierra, para que vean que sí es posible vivir en una sociedad más sostenible” dice Harold. Allí se hacen eventos puntuales con grupos que quieren aprender y disfrutar. Un sendero ecológico a la orilla de la quebrada y en medio del bosque, donde se aprecian cascadas, charcos, especies animales y vegetales es uno de los atractivos favoritos de Mano de Sol.


La justicia y la igualdad son pilares fundamentales en la estructura social de Mano de Sol. “Sentimos que en una comunidad uno no puede ser más rico que otro, la abundancia debe ser repartida y todos trabajamos por igual, en la medida de lo posible. Otro pilar permacultural es ver a la naturaleza como un ejemplo. En el bosque no hay competencia; un árbol suelta sus hojas y beneficia a otras plantas y hay una correlación donde todos los seres se colaboran mutuamente. El bien común debe ser más importante que el bien individual”.

Milton Herrera es un permacultor que abandonó la universidad porque se dio cuenta que esta no apoyaba la soberanía alimentaria, sino más bien la industria de los agroquímicos. En la actualidad, Milton trabaja con Alma Yoga, una organización en la que coordina procesos de agricultura orgánica en la vereda El Arenal del municipio de San Rafael. En este municipio, también es el cofundador de Savia Orgánicos, una bio-fábrica encargada de producir bio-fertilizantes. “La bio-fábrica fue creada hace unos años con el objetivo de satisfacer la demanda de productos de este tipo. Si queremos que el campesino siembre orgánico, debemos ofrecerle alternativas. La empresa está arrancando y ya empieza a posicionarse en el mercado. Allí también capacitamos a las personas para que aprendan a elaborar los productos”. Milton es un empoderado de la permacultura y siente que “debemos cambiar nuestro chip y transformar los sistemas de vida”.

Milton y Harold son viejos amigos que se han encargado de promover la permacultura en la región. Darío Gómez los conoce y ha compartido muchos saberes con ellos. Darío es un maestro jubilado que decidió unirse a la agricultura orgánica sintiendo que “no es una alternativa de vida, sino la única alternativa de vida si el ser humano quiere prorrogar más la existencia. Hoy en día los recursos naturales se convirtieron en una fábrica de billetes. La agricultura orgánica la hemos ido asumiendo muchos amigos de la región del Oriente antioqueño y del país, con el fin de promover el cuidado del medio ambiente y de la salud humana”.

Después de caminar diez minutos bajo un sendero de árboles medianos, se llega a Maporita, la finca de Darío Gómez, ubicada estratégicamente entre las veredas Piedras y La Pava del municipio de Alejandría, y Camas, de San Rafael. En la entrada de Maporita hay un teatro al aire libre, visitado frecuentemente por aves y mamíferos comunes de la zona. Allí se han realizado eventos de permacultura con campesinos de la región y muestras artísticas que promueven la identidad. “Desde hace cinco años tomé la decisión de unirme a este camino al lado de mi familia por lo que fui aprendiendo con el tiempo y por el legado de mis padres que siempre sembraron sin agroquímicos. En Maporita elaboramos bio-fertilizantes para fortalecer las especies frutales y hortícolas que allí tenemos, y para mejorar la microbiología del suelo” afirma Darío.

Entre 2016 y 2017, Darío, en compañía de otros amigos y representados por la Asociación Pachamama del municipio de San Rafael, gestionaron varios proyectos donde pudieron capacitar a más de cien familias de la región en aspectos permaculturales. “Para el 2018 nos soñamos otras cien familias de siete u ocho municipios del Oriente de Antioquia trabajando en la permacultura”, dice Gómez.

Aunque los impactos deben ser globales, Darío tiene claro que si desde las pequeñas comunidades no se trabaja como es debido, será difícil. Por eso están unidos en una red conformada por familias de Granada, San Carlos, San Rafael, San Roque, Concepción, Santo Domingo y Alejandría, trabajando en pro de la permacultura.

Así como en Alejandría y en San Rafael, en otros municipios de Antioquia se adelantan procesos relacionados con la permacultura. En Entrerríos, Natalia y Andrés alimentan ovejas y cabras con pastos orgánicos, al tiempo que elaboran artesanías; en el Cármen de Viboral, la organización Hojarasca siembra y vende hortalizas orgánicas; en Sonsón, Luis Suaza dejó de usar agroquímicos, tiene éxitos con la agricultura orgánica y produce miel de abeja. En este mismo municipio la organización Arcoíris enseña a los niños de las escuelas rurales buenas prácticas agrícolas, a través del teatro y la lúdica.

Harold dice “la idea no es alejarse y olvidarse del mundo y dejar que la sociedad siga destruyendo la naturaleza, sino más bien compartir con otros seres y entender que todos somos hijos de la tierra y que el valor de este proceso está en guiar y dejarse guiar. Darío Gómez siente que “este cuento se está regando de buena manera por muchas partes del país y esa es la intención”. De otro lado, Milton afirma que “si no empezamos ayer, aún hay tiempo, si empezamos hoy, excelente, pero si dejamos para mañana, puede ser tarde”.

Un tabaco amargo

Ingrid era estudiante de Contaduría Pública, vivía en Bogotá, y no conocía el campo más allá de los paseos familiares. Pero en unas vacaciones hace 18 años, cuando fue a visitar a su tía, quien vivía en la vereda Santa Helena, de Barichara, Santander, se enamoró de los animales, la tierra, las flores… y también de Sergio, su actual esposo y padre de sus dos hijos. Sergio, desde pequeño campesino y tabacalero, como su familia, le enseñó a Ingrid todas las mañas del tabaco durante su proceso, y ella, aunque con dificultad, logró adaptarse y aprender lo propio de esta labor, así como de la vida en el campo.

Mientras habla de su vida, sus flores y sus cultivos, Ingrid sonríe. Sus ojos brillando son el mejor retrato de ese espíritu campesino, que tal vez no heredó de nadie, pero que labra con firmeza. Los días en la finca son, como ella misma lo dice, comunes y corrientes: “Levantarse uno a las 5:00 am, prender fogón, el tinto, alistar a mi hijo que me colabora con el desayuno porque le gusta la cocina, mientras que con mi esposo vamos limpiando el caney (el lugar donde se seca el tabaco), alistar el guarapo, la jarra, los vasos, las cabuyas, las agujas… todo eso antes del desayuno. Cuando ya hemos desayunado, cada uno por su oficio”.

Además de tabaco, Ingrid y su familia cultivan café, maíz, fríjol, yuca y cítricos, aunque es el primero su principal fuente de sustento. El proceso inicia con la preparación de las cubetas para los semilleros, a los que le hacen seguimiento durante 40 a 60 días. En este tiempo, arreglan el terreno para la siembra. El tabaco estará en el lote cuatro meses, durante los cuales hacen riego y fumigación con venenos orgánicos. En la mitad de este tiempo, es decir, dos meses después de la siembra, inicia la recolección, una cada quince días durante los dos meses siguientes. Ya en el caney, el tabaco empieza su proceso de secado, que tarda más de 22 días, y luego es escogido y empacado para la venta. Todo este último proceso, de secado y escogida, tarda alrededor de dos meses, lo que quiere decir que en total son ocho meses desde el semillero hasta la venta.

Con esta labor, y sin imaginarlo, Ingrid hoy hace parte de las pocas familias que han logrado subsistir en Colombia de cuenta del cultivo del tabaco. Y es que desde la llegada en 2005 de Phillip Morris, multinacional hoy dueña de Coltabaco, y en 2012 de British American Tobacco, dueña de la antigua Protabaco, el cultivo de esta materia prima y su transformación, en Latinoamérica, se concentraron en otros países como Brasil, Argentina o México. Para el caso de Coltabaco, empresa que le compra a Ingrid la cosecha, Guillermo Álvarez, actual presidente del Sindicato de la Industria Tabacalera –Sintraintabaco–, cuenta que de 12 mil millones de cigarrillos producidos antes de la llegada de la multinacional, hoy se producen 6.3 mil millones. En ese sentido, de 23.000 familias campesinas que se dedicaban al cultivo del tabaco, calculan que hoy quedan menos de la mitad, y con tendencia a seguir disminuyendo, “porque con lo que producen en Brasil por su gran extensión, por la tecnología y todo, les sale más barato traer el tabaco a Colombia que comprarlo acá mismo”, dice este dirigente sindical.

Algo de esto confirma Ingrid, cuando su entusiasmo al hablar se va convirtiendo en indignación. Contrario a lo que han vivido los trabajadores de la industria en cuanto a la precarización laboral, Ingrid cree que algunas condiciones para los campesinos han mejorado, porque por ejemplo la empresa le presta dinero a cada cultivador al inicio del cultivo y los dota de algunos productos. El problema, cuenta ella, es cuando al momento de la venta lo recibido no se acerca a lo esperado.

Cada kilo de tabaco, según el grado en que se encuentre, puede ser pagado desde 3230 hasta 7692 pesos. Ingrid y su familia, por lo general, alcanzan a recolectar 1000 kilos o un poco más, pagados a un promedio de 6000 pesos, es decir, unos seis millones de pesos, con los que tendrán que cubrir los gastos de ochos meses y pagar las deudas adquiridas para el cultivo. “Eso fue lo peleé la vez pasada, porque en la primera cosecha nos pagaron muy barato, entonces saqué al ingeniero de una reunión que tenían allá, y le dije bueno, con esto qué hago, ¿me compro una miseria de mercado? ¿O pago el transporte? Porque es que con esto no se hizo nada, me descontaron el 70% de la deuda... Uno no se siente satisfecho porque el pago es muy barato para tanto trabajo… ocho meses, porque llevamos ocho meses”.

Ingrid cree que el problema de fondo viene desde el Gobierno, por su abandono estatal y por las políticas que en lugar de fortalecer la economía campesina, favorecen a las multinacionales. “Voy en contra de las políticas del Gobierno totalmente, porque uno no es bruto para caer en esa mentira. ¿Que el comité de cafeteros a quién pertenece? ¿Y las multinacionales con quiénes hacen los convenios? Digo, ahí le dejo la inquietud. Ahoritica el Gobierno le está dando prioridad a las multinacionales para que se vuelvan centros de acopio de todas nuestras cosas y que no tengan valor”.

A inicios del 2017, en Santander, Phillip Morris animó y patrocinó a los cultivadores para que salieran a marchar en las cabeceras municipales en contra de la reforma tributaria y el alza del IVA, con la promesa de sentarse a dialogar sobre los problemas que afrontaban estas familias frente a los precios del tabaco, costos de producción y demás. Los cultivadores marcharon, pero las promesas rápidamente se olvidaron. Ingrid cuenta decepcionada que “nosotros peleamos contra la reforma tributaria, pero de nada nos iba a servir. Eso ya estaba aprobado, entonces jodidos todos, menos las multinacionales. Para mi concepto yo he visto el cambio de la reforma tributaria con las ventas de estos días. Sé que les subieron muchísimo los impuestos a ellos, pero eso a quién se lo achacan, ¿a la empresa o a nosotros? Digo, pequeña pregunta global”.

Muchos cultivadores ahora quieren terminar o achicar sus cultivos, debido a la situación económica. En el caso de Ingrid, la empresa familiar que significa el tabaco, está a punto de acabarse. Sus dos hijos, quienes desde muy pequeños han ayudado en la labor, así como en todos los oficios de la finca, van a graduarse pronto del colegio y tienen menos tiempo, lo que implica gastos extras para contratar otros dos trabajadores. Pero los ingresos no alcanzan para eso, porque “lo que uno cosecha no tiene precio –dice con tristeza–. Tendremos que buscar entradas económicas sin seguir perdiendo tanto dinero”, y la alternativa para ella, esta vez, parecer ser regresar a la ciudad, esa selva de cemento de la que salió hace 18 años, y ahora en compañía de sus hijos y de Sergio.

No puedo recordar a Carlos Pedraza Salcedo como un individuo, porque cada decisión que tomó lo hizo en colectivo. Esto lo corroboro al darme cuenta de todos los grupos de personas con los que mantenía relaciones. Su interés por transformar la realidad hizo que su facilidad para relacionarse con todas las personas fuera una fortaleza política y social, ya que pudo converger en la construcción de los sueños de distintas personas en varios espacios, como el familiar, el universitario, el popular, el político, etc.

No es posible recordar a Carlos sin hacer referencia a la Universidad Pedagógica Nacional, pues en este lugar fue forjando sus mayores pasiones y obsesiones: la política, la pedagogía y la historia. Aunque fue un líder estudiantil prometedor del Colectivo Pensamiento Crítico, su interés era el trabajo popular en los barrios del sur de Bogotá, especialmente en Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe. Varios fueron los días y las noches organizando libros para llevar a bibliotecas comunitarias, ensayando presentaciones artísticas para las comparsas de los carnavales populares, organizando acciones artístico-políticas para convocar a las marchas, haciendo ollas comunitarias para alimentar a las personas que participan en las largas jornadas de estudios, trabajo popular y fiestas.

Carlos consideraba que la formación política era un elemento fundamental en la lucha social, por eso se convirtió en un formador político en todos los rincones del país, desde la Universidad Pedagógica, el barrio en donde vivía, hasta las regiones cercadas por la guerra. En estos espacios aprendió a ser un educador popular, convirtiendo la palabra en un recurso para la conciencia, la charla cotidiana en su salón de clase, las calles en su laboratorio de experimentación y la experiencia en su maestra inseparable.

Además del trabajo popular, la defensa de los derechos humanos a través de la memoria colectiva de los pueblos fue también su gran pasión, es por esto que le apostó al trabajo en el Proyecto Colombia Nunca Más –PCNM–. Allí documentó casos de crímenes de Estado, e investigó el genocidio político como práctica estatal para acabar con la oposición política. De este trabajo comprendió que luchar tiene riesgos, pero que vale la pena enfrentarlos. Siendo parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE–, fue crítico a los ejercicios de memoria que desconocen las apuestas políticas de las personas asesinadas o desaparecidas, de ahí que prefiriera utilizar la memoria como un vehículo para materializar los proyectos políticos de estas personas a las que no le permitieron hacerlo con sus propias manos.

Carlos fue forjando su carácter en medio de la lucha popular; su sencillez iba de la mano con la radicalidad. No importaba en dónde estuviera trabajando, siempre lo hizo con el interés de organizar al pueblo. Trabajó en la Asociación de Educadores Populares, Entre Redes, el Movimiento Político de Masas de Centro Oriente colombiano y el Congreso de los Pueblos. Ser parte de estas organizaciones le permitió aprender la importancia de las particularidades de las luchas de las mujeres, indígenas, campesinos y jóvenes, sin embargo, reconoció que las luchas más importantes se hacen en unidad. Además, evidenció que en todas las zonas geográficas del país, existen sujetos de carne y hueso realizando acciones de resistencia con una convicción enorme, que no desfallecen y que siguen adelante pese a las adversidades.

Carlos fue asesinado hace tres años, y aún seguimos preguntándonos quiénes fueron los responsables y por qué lo hicieron. Además de no encontrar respuesta, corroboramos que no existe voluntad del Estado para resolver las circunstancias de este y otros crímenes que enlutan al movimiento social. Se mantiene el dolor por la impunidad frente a su muerte, y la sensación de rabia sigue creciendo al presenciar la manera violenta en que fue alterada la cotidianidad de una familia humilde, que tiene que soportar además de la muerte de su ser querido, el exilio como alternativa para mantenerse en vida, pues en Colombia, luchar por la justicia es una actividad de alto riesgo.

No obstante, con su muerte sigue floreciendo la esperanza y quedan varias enseñanzas. La primera, reconocer y valorar en vida el aporte que cada persona entrega para la transformación social. La segunda, reconocer que su cualidad más grande, quizás con la que logró ganarse el cariño de muchas personas, fue mostrando que el mejor método de formación es el ejemplo, esto significa recordar que cualquier acto (hasta el más minúsculo) es político, y el discurso debe ser coherente con la práctica. La tercera es que su vida ha terminado siendo una inspiración para que otros sujetos sigan en la lucha. Y finalmente, pelear por hacer realidad lo que con sus propias palabras decía: “que los milenarios segundos que preceden este momento y estos minutos del presente y aun los millares de segundos de vida, siempre tengan no un día, sino todos los días llenos de alegre rebeldía”.

El espíritu de Carlos, sus proyectos, metas y utopías no mueren mientras sigan existiendo personas como su familia, compañeros, compañeras y demás, que tomen su memoria como una inspiración para todos los días pelear por un mejor mañana para el pueblo. Porque para aquellos que por una u otra razón conocemos el horror de la muerte, siempre existirá la posibilidad para alzar la voz contra toda injusticia. Porque la memoria de Carlos seguirá promoviendo la esperanza de los sujetos que pelearán por un mañana más digno para todos y todas, inspirará la alegre rebeldía juvenil en la escuela, las calles, las universidades y los barrios populares, sembrará las semillas de la justicia para las víctimas de crímenes de Estado, motivará el levantarse todos para inventarse la manera de acabar con cualquier forma de desigualdad social, y ayudará a fortalecer la voz de quienes gritarán: ¡No más impunidad!

Aunque se hayan visto en las redes sociales las imágenes de Vargas Lleras cabalgando a sus anchas con asesinos y mafiosos; aunque los jefes de los grupos paramilitares como “don Mario” hayan cumplido el compromiso de denunciar sus crímenes y en ellos involucren a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago; así se haya descubierto toda la red de mermelada que el ex procurador Alejandro Ordoñez distribuía entre familiares y amigos; aun conociendo el poder corruptor y malicioso del Fiscal General, y sus vínculos con transnacionales que han defraudado al Estado; aunque escuchemos el cinismo del Ministro de Defensa planteando que a los líderes sociales los asesinan por líos de faldas, las noticias que toman fuerza en los grandes medios son otras, graves también, pero no de semejante magnitud. Una labor seria, responsable y honesta de estos medios seguramente daría al traste con la maquinaria aceitada de los politiqueros. Por el contrario, los implicados en los escándalos siguen orondos su carrera hacia la presidencia de Colombia en este 2018.

El tema de paz continúa siendo un asunto de segunda o tercera línea para el Gobierno, la oposición de ultraderecha y para los intereses de los grupos económicos más poderosos, en los que se debe incluir a los grandes medios masivos de comunicación. Eso sí, el proceso de paz se vuelve muy importante cuando presenta problemas y entra en crisis, ya que le sirve a los jefes y asesores de las campañas electorales, no para clamar por apoyo a la paz, sino para enfilar su discurso guerrerista en contra de este. Al Gobierno la crisis también le sirve para mostrar su enojo por el daño a la infraestructura y el impacto a la inversión extranjera, a la vez que ignora la muerte de cientos de humildes a manos de fuerzas armadas de todo tipo, engendradas por su histórica estrategia de guerra. Todo esto junto, y perversamente manejado, sepulta la podredumbre que hiede en el mundillo de la clase política y sus poderosos padrinos, los de aquí y los forasteros.

Pocas campañas incluyen la paz como asunto central; algunas como la de Coalición Colombia, liderada por Fajardo, o la de Humberto de la Calle, proponen darle continuidad a la implementación del burlado acuerdo de La Habana, pero en materia de desigualdad, pobreza, salud y desempleo, entre otros, tienen propuestas cosméticas y algunas son más de lo mismo; otra, como la de Gustavo Petro, considera que la paz implica una transformación social y se atreve a tocar asuntos estructurales del modelo económico en materia de salud y pensiones, por ejemplo. Los demás candidatos de la derecha mantienen su idea de resolver el conflicto social, político y armado con más violencia. Como sea, para el pueblo no habrá paz sin empleo, salud, educación, soberanía alimentaria, etc.

Mientras se mantenga el argumento amañado de que resolviendo la confrontación armada con las guerrillas se solucionan los obstáculos “que impiden el desarrollo y el progreso”, y se oculten los verdaderos intereses de la clase política y sus patrocinadores en los meganegocios con las transnacionales, que les dejan jugosas coimas como ocurrió con Odebrech, Isagen, Reficar, Ruta del Sol, entre otros, se podrían suscribir muchos acuerdos de paz entre las guerrillas y los gobiernos para que las armas vayan a un oscuro container, pero nada va a suceder que favorezca las vidas de los millones de compatriotas que padecen penurias, indignidades y ausencias.

Lejos está de acabarse la guerra y el conflicto armado que cobra vidas en los territorios. Miremos no más la situación humanitaria en departamentos como el Chocó, Nariño y Cauca, donde al parecer se incrementaron los grupos armados delincuenciales, el narcotráfico y otros negocios criminales, en la mayoría de los casos con la participación de las honorables fuerzas militares, o ante su omisión. Además, en Cauca y Nariño se han asesinado sistemáticamente a la mayor cantidad de personas cuyo trabajo digno y admirable es el de construir organización social y democracia, por la vía de la protección ambiental, los proyectos de economía campesina, la defensa del territorio, los derechos humanos y la paz, entre otros asuntos de gran valor humano que los colombianos deberíamos apreciar, practicar y defender de manera unánime.

Sin embargo, 2018 es un año interesante. A pesar de la estrategia de bajarle la temperatura al ambiente de corrupción y crimen practicado por la clase política tradicional, a la cual pertenecen los principales partidos y candidatos aspirantes a la presidencia como el Centro Democrático, partidos Liberal y Conservador y Cambio Radical, se siente un ambiente de rabia y desprecio general que no los deja muy bien parados en las encuestas. Es posible que en esta oportunidad y con un poco de dignidad extra, los colombianos y colombianas nos abstengamos de entregarle nuestra cuota de soberanía a estos pillos, tanto en las elecciones de Congreso como en las presidenciales.

Lo otro interesante sería reforzar los actos de protesta que dejan resultados prácticos para las comunidades y brindan ejemplo a las demás, como las consultas populares, la creación de proyectos de economía propia, la construcción de zonas de reserva campesina, afro e indígena, o de territorios campesinos agroalimentarios, las recuperaciones de tierras, entre otras iniciativas que vayan engendrando lo que llaman el poder popular… así se quedarían los politiqueros hablando solos.

También es necesario apoyar a los candidatos y candidatas con experiencia en la lucha social y comunitaria; a los que sus esfuerzos por causas sociales les dan carta de presentación; al menos de esta manera los espacios institucionales se van descontaminando de la hediondez dejada por la clase política tradicional.

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