Las comunidades del Catatumbo

Para las comunidades del Catatumbo, Norte de Santander, el 2018 llegó con el incremento de la confrontación militar y política entre actores armados en distintos municipios de la región, que trae como consecuencia la incertidumbre y zozobra en las comunidades. La situación, sin embargo, se ha estado gestando desde hace varios años a raíz del abandono estatal, causa principal de la violencia en el Catatumbo. En el marco de este escenario, se encuentran la guerra entre insurgencias, el silencio del Estado y una comunidad que ha generado propuestas sociales que buscan, entre tanto, una paz estable y duradera, y un territorio en el que se respeten sus derechos y en el que se viva dignamente.

Para quienes la guerra ha cambiado sus prácticas cotidianas, las razones del conflicto no han sido del todo claras. El desconocimiento acerca de los orígenes de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), deja a la población a la expectativa de un cese armado. “Las gentes del Catatumbo no vivimos como se vivía anteriormente; hemos vivido entre pobreza, hemos vivido entre abandono estatal, pero vivíamos tranquilos”, dice un líder social del municipio de San Calixto.

En correspondencia con lo anterior, las mismas comunidades han sido partícipes activas en la construcción de la paz, creando escenarios de participación social e institucional, como lo son el gran Encuentro de El Tarra, que hizo un llamado a no involucrar a la población civil en la confrontación armada, y que tuvo como resultado la creación de la Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo. Dicho escenario está conformado por el Comité de Integración Social del Catatumbo-CISCA, la Asociación Campesina del Catatumbo-ASCAMCAT, El Movimiento por la Constituyente Popular-MCP y el Movimiento Comunal de la región.

La Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo desarrolló desde su creación la Misión de verificación, acompañada por el Gobierno nacional, organizaciones defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales y medios de comunicación, quienes reconocieron la crisis humanitaria ocasionada por el conflicto. Igualmente, se conformó la Comisión mediadora para generar una interlocución, respaldada institucionalmente, con los actores del conflicto. Esto dio paso a la instalación de la Mesa Humanitaria, que tiene el propósito de articular un trabajo con la institucionalidad, además de generar un escenario de seguimiento a los acuerdos pactados con el Gobierno y las comunidades en las movilizaciones campesinas.

La Mesa Humanitaria y su apuesta por la paz
La Mesa Humanitaria, originada por la preocupación social frente al conflicto armado, busca realizar un balance de las situaciones que han ocurrido en la región como resultado de la confrontación entre el ELN y el EPL. Del mismo modo, tiene como prioridad atender asuntos de orden estructural con la institucionalidad, detonante de la crisis social de la región, y a su vez, ratificar el compromiso de esta con las comunidades del Catatumbo.

Para la Mesa Humanitaria, la salida a la crisis actual se materializa con el diálogo entre las partes, por lo que es prioritario exigir a las entidades gubernamentales una intervención social, no militar, a través de la creación de una Comisión Mediadora, garante, para resolver problemáticas netamente humanitarias. “La salida de este conflicto no son las armas. La confrontación la resuelve el diálogo”, afirma el presidente de una Junta de Acción Comunal, quien tiene la confianza puesta en la Comisión.

Exigencias para el cese de la guerra en el Catatumbo
Parar la guerra representa la máxima tarea de la Mesa Humanitaria. Para ello, las comunidades exigen a los principales actores –Gobierno nacional y grupos armados– ser escuchadas a través del escenario validado por la población civil del Catatumbo: la Comisión por la vida, la reconciliación y la paz del Catatumbo.

El Catatumbo ha exigido, por muchos años, salud, educación y vida digna. La garantía de los derechos básicos posibilita a las comunidades el crecimiento social, económico y cultural; sin embargo, la escasa inversión social ha obstaculizado el desarrollo comunitario en el territorio catatumbero. El levantamiento armado en el territorio colombiano es, según la historia y las voces de quienes han tenido que hacerle frente, la consecuencia de estos hechos. Por esta razón, las comunidades de base, representadas por las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones sociales, exigen al Gobierno nacional detener las agresiones al territorio, consecuencia de la deuda histórica reflejada en la falta de garantía de los derechos y en los problemas de orden estructural.

Pese a que “la región tiene su plan de vida, su plan de desarrollo y su gobierno local construido, el Gobierno ha hecho oídos sordos a la región y ha demostrado poco interés en escuchar”, manifiesta un líder social. La población, que conoce la situación porque la está viviendo, sabe que las declaraciones del Ministerio de Defensa representan la negación de la crisis humanitaria que envuelve al Catatumbo.

La guerra ha implicado graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), manifestadas en las afectaciones a la población civil, como el sembradío de minas antipersona, confrontaciones en viviendas, desplazamientos y amenazas a los líderes y lideresas sociales y comunales. La población civil hace un llamado urgente a los grupos armados en cuestión, a resolver, con voluntad, sus diferencias a través del diálogo y a excluir de la guerra a las comunidades, respetando los Derechos Humanos.

Las comunidades en medio del conflicto
La gente del Catatumbo se ha caracterizado por su resistencia, por la capacidad de organizarse, social y comunitariamente, para buscar salida a los problemas y recomponer el tejido social que las diferentes olas de violencia han querido eliminar. Hoy, mientas hay un silenciamiento selectivo de quienes se atreven a defender la vida de las comunidades, convirtiéndose en un estorbo para los enemigos de la paz, la posición del Estado se acentúa en la indiferencia.

La guerra en el Catatumbo ha puesto de manifiesto la crisis social, mostrando un panorama desalentador en un territorio de riqueza. La crisis se está reflejando en la salud, en los caminos y vías ahora poco transitadas, en la cotidianidad de la población, lo que genera desesperanza en un territorio que ve lejos la paz. En la Mesa Humanitaria se recalca que “no hay médicos, se necesita un plan de contingencia de salud, […] hay atentados, hay amenazados, no hay tranquilidad”.

En consecuencia, se hace un importante llamado a la protección y garantía del derecho a la vida y a la integridad de las y los habitantes de la región de Catatumbo.

“La comunidad sabe que la presencia institucional ha sido siempre de carácter militar, reflejando una mayor vulneración de los DDHH”, cuentan las comunidades que están sumergidas en la confrontación y afectadas en términos económicos, políticos y sociales.

“La guerra contra las drogas es también una guerra contra la gente”. Con esta sentencia, el representante de Estados Unidos cerraba su intervención en la asamblea general extraordinaria que convocó Naciones Unidas para abordar el problema mundial de las drogas en el 2016.

Cada que la ONU publica su informe anual sobre el tema, se escucha decir en Colombia y en el mundo que la lucha contras las drogas “la estamos perdiendo”; los expertos saben, aunque no lo digan, que si no se modifica la actual política antidrogas la guerra estará perdida, y solo se podrá escalar el problema a proporciones manejables –aunque no haya consenso sobre dónde empieza y dónde termina el termino manejable–.

Históricamente Colombia ha combatido las drogas, en especial la siembra y producción de coca, con un enfoque prohibicionista y punitivo. Las cifras de kilos incautados, la cantidad de áreas cultivadas y el número de personas judicializadas permiten determinar avances o retrocesos y justificar dicho enfoque, pero impiden abordarlo de forma integral y atacarlo con medidas a largo plazo que erradiquen el problema de raíz.

Los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno nacional y la desmovilizada guerrilla de las FARC planteaban la posibilidad de resolver conflictos históricos con la ayuda de las comunidades, sin necesidad de recurrir a medidas represivas ni militares. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), consignado en el punto cuatro de los acuerdos, pretendía ofrecer alternativas productivas para que de manera voluntaria los campesinos reemplazaran la coca por otra actividad agrícola que les permitiera tener condiciones de vida digna y los integrara a la economía formal del país.

Pero una firma resuelve poco y nada. Por culpa de las trabas burocráticas y la incapacidad del gobierno Santos para poner en marcha lo pactado, los cultivos de coca se multiplicaron y la aspersión aérea de glifosato se consolidó como medida coyuntural ante la presión del norte. Según cifras del gobierno estadounidense, las hectáreas de coca pasaron de 188.000 en 2016 a 209.000 en 2017, un incremento del 11%. Análisis de la fundación Paz y Reconciliación determinaron que 10 municipios concentran el 50% de la coca sembrada en el país. En el listado de territorios con mayor cantidad de hectáreas aparecen ranqueados Tumaco, en Nariño, Tibú, en Norte de Santander, El Tambo, en Cauca, Valle del Guamuez, en Putuyamo, entre otros municipios de estos cuatro departamentos que tienen altos índices de violencia, desempleo y necesidades básicas insatisfechas.

En octubre del 2015, sin haberse firmado el acuerdo de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la aspersión del glifosato acatando el fallo de la Corte Constitucional que prohibió la erradicación de cultivos ilícitos con este método, tras estudiar una tutela de la comunidad indígena de Carijona, del resguardo de Puerto Nare en Guaviare, que alegaba estar siendo afectada por el uso del herbicida, que según estudios de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer tiene efectos cancerígenos en el cuerpo humano.

El rechazo a las soluciones caídas del cielo no es nuevo. En 1978 el extinto Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) alertó al gobierno de turno por las consecuencias negativas para la salud humana y los recursos naturales que provocaría fumigar 19.000 hectáreas de marihuana en la Serranía de Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta, tal como lo proponía Estados Unidos. La presión estadounidense aumentó con los años influenciando negativamente nuestra política anti-drogas. Entre 1984 y 1987 más de 30.000 hectáreas de marihuana fueron fumigadas con glifosato.

El cultivo neto de marihuana aumentó más de 150% entre 1985 y 1987. Desde el gobierno de Ernesto Samper, cuyo mandato terminó en 1998, se han fumigado cerca de dos millones de hectáreas en el país. Entre 2003 y 2007 las hectáreas de coca se mantuvieron entre 85.000 y 90.000 hectáreas. Los años posteriores, sobre el Putumayo las lluvias de glifosato fueron las mismas durante cuatro años y las hectáreas de coca se triplicaron. En Antioquia la fumigación se triplicó entre 2013 y 2014, y las hectáreas de coca se duplicaron. En 2014, disminuyó un 30% la aspersión en Meta y Guaviare, y las hectáreas sembradas disminuyeron un 3%.

Aunque las cifras demuestran que además de cancerígeno, el glifosato es costoso y poco efectivo, el 26 de junio del presente año el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprobó el uso de drones de baja altura para que las Fuerzas Militares y la Policía fumigaran con este químico los cultivos ilícitos. Cabe señalar que en septiembre del año pasado Trump amenazó con descertificar al país debido al aumento de hectáreas cultivadas. Santos justificó la medida del CNE afirmando que: “Son avioncitos no tripulados y por su altura se asimilan a una aspersión terrestre”.

Los cultivos ilícitos engrosan la larga lista de fracasos y promesas incumplidas del gobierno Santos: hoy el país tiene 140.000 hectáreas de coca más que las que tenía en 2010 cuando se posesionó el Presidente saliente. En estos ocho año,s Santos le allanó el camino al uribismo. Durante la campaña presidencial el Centro Democrático, Álvaro Uribe y su alfil Iván Duque prometieron enfrentar con todo el rigor necesario los cultivos de coca, considerando las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada como las soluciones más viables al problema, pues la estrategia de erradicación voluntaria la consideran una concesión a las FARC.

Las comunidades del Catatumbo, de Antioquia y del Cauca han manifestado públicamente su voluntad de erradicar de manera voluntaria los cultivos de coca. El pasado cinco de julio, Eduardo Díaz, director del PNIS, aseguró que hasta la fecha 124.745 familias se habían acogido al programa. Sin embargo, a principios de marzo, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) manifestó que la judicialización y los incumplimientos del gobierno los obligaba a reconsiderar su participación y su confianza en el PNIS. Además, entre el primero de junio del 2017 y el 26 de junio de 2018, asesinaron 36 cultivadores y líderes que apoyaban iniciativas de sustitución voluntaria, 12 de ellos en el Cauca, 11 en Nariño, y seis en Antioquia.

La coca nunca ha sido un proyecto de vida para el campesinado colombiano; sí un método de supervivencia. Allí donde el Estado solo hace presencia con fusiles y metralletas, donde sembrar café o plátano genera más perdidas que ganancias, donde el puesto de salud y la comercializadora más próxima está a tres horas de camino, las comunidades no tienen otra alternativa que insertarse en la cadena productiva del narcotráfico.

En zonas remotas del Catatumbo y el Putumayo siguen esperando el alumbrado público, la maquinaria, y las vías terciarias que les prometieron hace veinte años para conformar un mercado local que sea productivo y legal. Los campesinos siembran la coca, raspan la hoja, la mezclan con cal, cemento, y gasolina, la cristalizan, la filtran con ácido sulfúrico y amoniaco, la secan hasta que quede la pasta, la escurren, la presan, la secan, y la empacan al vacío. Son ellos los que hacen el trabajo sucio, los que son fumigados con veneno, los que son estigmatizados, perseguidos y judicializados. Son ellos los que reciben la porción más pequeña del negocio.

Hace veinte años el periodismo le demostró a la sociedad colombiana que el narcotráfico —el cartel de Cali— financió la campaña presidencial de Ernesto Samper. Mientas Samper presidía la secretaría general de UNASUR, viajaba muy majo por todo el continente y daba clases de moral en Universidades, los cocaleros de la periferia temían ser envenenados, arrestados o asesinados: la guerra contra la coca es, sobre todo, una guerra contra la gente.

Francia Elena Márquez Mina es lideresa afrodescendiente, fue desplazada de su pueblo en 2014 tras recibir amenazas por participar de las movilizaciones en contra de la gran minería. Integra el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, en el Norte del Cauca. Participó como víctima en las audiencias en La Habana, en las negociaciones Gobierno-FARC. Actualmente es integrante del Consejo Nacional de Paz y Convivencia, instancia destinada al seguimiento de los acuerdos de paz.

Recientemente Francia recibió el premio Goldman, un reconocimiento a las iniciativas comunitarias por proteger y mejorar el medio ambiente. Esta entrevista hace parte de “Final abierto: 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018)”, libro lanzado en abril durante la Feria del Libro de Bogotá.

Usted, su familia y su comunidad fueron víctimas del conflicto armado. ¿Se siente satisfecha con los alcances del acuerdo de paz firmado en La Habana?


El proceso que se dio en La Habana es importante en términos de disminuir el conflicto armado, que ha afectado sobre todo y de manera desproporcionada a los pueblos étnicos, afros e indígenas. Digo que es importante porque a nuestros pueblos les ha tocado vivir en medio del conflicto armado. Fuimos nosotros los que vivimos los enfrentamientos, las tomas guerrilleras en muchos de municipios, la siembra de minas antipersonas, el desplazamiento forzado… Lo hemos vivido como pueblo afrodescendiente, y creo que desde allí hemos considerado importante el proceso que se dio.

Los acuerdos en sí no son la paz. Son un paso, un camino para orientar el rumbo de conseguir una paz estable y duradera en este país, pero no son en sí mismos la paz. Para mí la paz implica inversión social, transformación de las brechas que han generado el conflicto armado, y esas brechas son el empobrecimiento, el despojo territorial de las comunidades, la implementación de megaproyectos que han empobrecido a la gente en sus territorios y que en nombre del desarrollo han terminado destruyendo la vida de mucha gente. Por eso para mí la paz tiene que ver con la justicia social, y si hablamos de justicia social eso implica hacer una revisión de la historia, porque el conflicto armado contemporáneo, para nosotros como pueblos, es parte del conflicto histórico colonial, por tanto hacer la paz implica erradicar las brechas de desigualdad generadas por la colonización y el racismo estructural, enfrentar las injusticias generadas por la esclavitud y la colonización, las generadas por el conflicto armado e injusticias ocasionadas por las violencias del Estado.

Esas brechas de desigualdad son las que han generado que hoy haya cientos de víctimas afrodescendientes indígenas y campesinas en este país, cientos de desplazados de sus territorios; esas brechas no se han cerrado. En el país existe el Decreto 4635 del 2011 que se creó para víctimas afrodescendientes, y sin embargo hoy, en términos de reparación colectiva, no hay una sola comunidad afrodescendiente que se haya reparado en forma integral. Lo que se ha entregado han sido indemnizaciones económicas, pero no el restablecimiento de los derechos de la comunidad. Yo salí desplazada forzosamente del territorio hace ya 4 años y nunca recibí ningún apoyo del Estado. Lo único que recibí fue un esquema de protección, pero de ahí en adelante, en términos de asistencia y de restablecimiento de los derechos, nada. Una esperaría que la paz que se estuviera dando en el país le permitiera regresar a su territorio, pero hoy no tengo garantías para decir que voy a retornar a mi territorio de forma segura. Mucha gente que ha salido desplazada de sus territorios hoy no tiene las garantías reales para volver y retornar. Eso quiere decir que el acuerdo firmado en La Habana es insuficiente, no porque no se hayan firmado puntos importantes, sino porque no hay garantías en términos de la aplicación desde el Gobierno nacional.

Como víctima estuve en La Habana en los diálogos de paz, y desde mi condición de mujer afrodescendiente, racializada y victimizada en este país, creo que avanzar en la paz en este país implica cerrar las brechas que ha generado el racismo estructural; eso implica pensar en reparación histórica, y en este país de eso no se habla, ni siquiera hay la posibilidad de que la gente empiece a discutir sobre el tema. Por eso para mí es insuficiente el proceso de paz. Como comunidades y pueblos afrodescendientes hicimos un capítulo étnico que no ha tenido ningún efecto en términos de cambiar las condiciones de vida de la gente ahora, en tiempos de paz, por así decirlo. Entonces, le corresponde a la sociedad construir la paz; desde ahí nosotros seguiremos empujando estos procesos. La paz hoy no ha llegado a los territorios étnicos, afros. Todos los días siguen matando gente en nuestros territorios… Si bien el número de enfrentamientos entre actores armados disminuyó, el número de líderes y lideresas asesinados, de jóvenes asesinados, de mujeres asesinadas en nuestros territorios, de comunidades que resisten, no ha disminuido. Desde ahí podemos decir que la paz no es una realidad en nuestras comunidades, en nuestros territorios.

¿Por qué cree que tras los acuerdos de La Habana y la entrega de armas de las FARC los asesinatos de líderes sociales se incrementaron?


Yo creo que hay varias razones por las que todavía se sigue asesinando a líderes y lideresas en los territorios. Si bien se ha avanzado en la dejación de las armas por parte de las FARC, el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno nacional está haciendo que muchos actores armados estén promoviendo eso que llaman las «disidencias». Varios jóvenes e integrantes de estos grupos se han ido saliendo porque no ven garantías, no hay cumplimiento de la palabra por parte del Gobierno nacional. Por otro lado, la mesa de diálogos con el ELN no ha logrado avanzar. Todavía el ELN y el Gobierno con su fuerza armada se siguen enfrentando en territorios donde la gente sigue sufriendo y se sigue desplazando forzosamente. En esos mismos territorios se siguen asesinando a líderes y lideresas, porque el paramilitarismo no se ha desmontado.

Muchos de los líderes y lideresas han sido asesinados por la decisión de defender los territorios como espacio de vida, por defender el medio ambiente, la vida. A los líderes y lideresas los están matando por tener una posición clara de defensa del territorio. En Buenaventura, por poner el caso de Temístocles Machado, a él lo asesinaron porque estaba teniendo una pelea con el Puerto de Buenaventura que estaba despojando a la gente de sus territorios ancestrales. Yo salí de La Toma, el lugar donde vivía, porque decidí enfrentar la minería a gran escala, la minería ilegal, auspiciada por la corrupción institucional. Entonces a nosotros nos persiguen, nos amenazan y nos matan, porque quienes nos hemos estado oponiendo a ese modelo de desarrollo de muerte somos un estorbo para los intereses de muchos privados que, en nombre del Estado, dicen que nos oponemos al desarrollo.

En últimas una dice, ¿cuál desarrollo, si en nombre del desarrollo nos expropian, en nombre del desarrollo contaminan, en nombre del desarrollo generan grandes impactos sociales, pero no generan mejores condiciones de vida? Hoy no tenemos salud, no tenemos agua potable, no tenemos saneamiento básico… En este país hay alrededor de 80 ríos envenenados con mercurio, ¿entonces cuál desarrollo? A muchos de los líderes sociales los están matando actores armados con complicidad institucional, porque el Estado no hace nada para evitarlo. El Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, tiene la responsabilidad de garantizar la protección a todos sus ciudadanos, pero no hace nada. Todos los días toca lamentarse por el asesinato de un líder o lideresa, pero no sólo eso, porque también los jóvenes están siendo asesinados. En el oriente de Cali, por ejemplo, se ve cómo la violencia rural se ha trasladado a la ciudad: en una semana han matado a 11 jóvenes.


¿Cree entonces que las FARC podrían haber llegado a un mejor acuerdo, y que el ELN debería ser más exigente en el reclamo de garantías y cumplimientos por parte del Estado?


Mucha gente dice que los acuerdos quedaron así por la correlación de fuerzas de dos partes en conflicto sentados en una mesa. De eso yo no entiendo mucho… Creo que frente al tema de recursos mineros faltó mucho más, sobre hidrocarburos y sobre explotación de minería faltó, eso no fue discutido en La Habana y no sé si con el ELN se va a discutir. Ahora el ELN ha planteado la necesidad de la participación de las comunidades, participación directa de distintos sectores sociales, y ha planteado que cada acuerdo que se haga se vaya implementando. Las FARC hicieron su papel. Como comunidades étnicas llegamos a última hora, porque el Gobierno había planteado un no rotundo a la participación de los pueblos afrodescendientes e indígenas en el proceso de paz, bajo el argumento de que el acuerdo que se estaba haciendo en La Habana era un acuerdo general, que por eso como pueblos étnicos no teníamos el derecho a participar allá y que los derechos nuestros ya estaban reconocidos en la Constitución. Sin embargo, creo que ese argumento del interés general ha sido un argumento para expropiar los derechos de la gente, para violentar los derechos de los pueblos que «somos particulares». Como si la protección de la diversidad étnica y cultural en esta nación no fuera parte de interés general, ese ha sido un argumento racista para excluir y destruir.

En nombre del interés general se han concedido títulos de explotación minera sin consulta previa, en el marco del conflicto armado, en territorios étnicos sin ningún control y sin ninguna condición más que la del desarrollo. Porque según ellos el desarrollo es el interés general, entonces hay que violentar los derechos de un pueblo específico, de una comunidad específica. Ese fue el argumento para decir que no había que participar y bueno, nosotros creamos una comisión étnica a la que llamamos Comisión Étnica para la Paz. Desde ahí empezamos a hacer incidencia para poder presionar hasta que, a última hora, al momento de firmar el acuerdo, quedaron tres páginas de las que hacen parte unas reglas, unos principios y unos mecanismos de cómo se deben implementar los acuerdos en territorios étnicos. Ahora que se hizo el plan marco, no sé si refleje las garantías reales para que los acuerdos de paz se implementen con ese enfoque diferencial que se planteó en el capítulo étnico. Creo que estamos ante un desafío muy grande. Toca seguir empujando la paz, pero sobretodo seguir construyendo la paz desde nosotros, porque no creo que sean los actores armados quienes vayan a construir la paz, creo la paz la debe construir la sociedad colombiana.

¿Qué valoración general tiene de los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante estos últimos ocho años?


Me resulta increíble entender que en una sociedad como la nuestra todavía haya gente oponiéndose a que se pueda hacer un proceso de paz, estable y duradero. Esa paz, repito, no está terminada con los acuerdos, pero los acuerdos son un paso importante. Me da tristeza saber que los que lucraron con la violencia, con la guerra, con el desangre de muchas vidas, con la destrucción de nuestros territorios, hoy sean quienes se oponen a ese proceso de paz. Gente que nunca ha vivido la violencia y la guerra real, porque estaban en la ciudad o porque solo vieron la guerra por la televisión: esos son los que salen hoy a decir que hay que volver añicos los acuerdos, porque es más fácil para ellos seguir generando violencia, porque no son ellos quienes han puesto los muertos. Los muertos de un lado o de otro salieron de nuestros territorios, de nuestras comunidades empobrecidas y marginadas; fueron los hermanos nuestros, los sobrinos, los amigos, los compañeros, los que fueron a la guerra a hacer una guerra absurda; no fueron los hijos de los millonarios, y ahora son ellos los que más se oponen a este proceso.

Es triste ver cómo han polarizado al país, como han fraccionado a la comunidad y sobre todo cómo han puesto a la gente más empobrecida a defender una ideología estúpida y absurda que no permite tener bienestar. También han usado la fe religiosa, entonces vemos a los que hablan de Dios y a los que profesan el amor, promoviendo el odio frente a un sector «x», que cometió errores, pero que hoy está dispuesto a abrirse camino para transformar esas realidades.

El acuerdo estableció 16 curules para las comunidades que habían vivido hechos victimizantes, para los ocho millones de víctimas que tiene este país, para que tuvieran una voz allá y para que de alguna manera esa voz fuera parte del pago de esa deuda histórica y esa reparación. Pero los sectores que se oponen a la paz simplemente terminaron diciendo que eso no está bien, que las víctimas no tienen derecho a tener voz allá. Quienes tienen derecho a hablar por las víctimas son los mismos victimarios.

Tras 60 años de conflicto armado —para ellos, porque para nosotros son 500 años—, en donde en este continente no ha parado la violencia, para los pueblos originarios, llamados indígenas hoy, la violencia no empezó ahora, ha sido una violencia histórica que no ha parado. Visiono un futuro muy incierto, pero seguiremos caminando, tejiendo caminos de esperanza y de vida digna para nuestros pueblos, para este país y para el mundo.

Con el recrudecimiento de la violencia socio-política, la llegada del cese bilateral pactado entre el Gobierno colombiano y el ELN fue un respiro, y generó una gran expectativa entre las comunidades afectadas por el conflicto, las organizaciones sociales y en especial para los presos políticos pertenecientes o acusados de pertenecer al ELN. Esto porque el Gobierno durante este cese bilateral anunció que “se adelantará un programa de carácter humanitario entre la población carcelaria de militantes del ELN que permita mejorar sus condiciones de salud, ubicación cerca de sus núcleos familiares y evaluación de su seguridad en los recintos carcelarios en que están recluidos”.

Por ello, la gestoría de paz del ELN, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas iniciaron una serie de labores para establecer la situación particular de los presos políticos y las problemáticas que se viven de manera generalizada en todas las cárceles colombianas.

Las visitas que se llevaron a cabo durante el mes de noviembre de 2017, arrojan un panorama que podría calificarse como desolador, pues a pesar de que la población de presos políticos es pequeña en comparación con los 114.750 presos que hay en total en las cárceles colombianas –según datos del INPEC al 31 de diciembre pasado–, no deja de ser una muestra representativa de la dramática situación que implica estar privado de la libertad en Colombia.

Al indagar por el estado de salud de estos presos políticos pertenecientes o acusados de pertenecer al ELN, que son alrededor de 700, encontramos que 64.2% manifestaron tener alguna enfermedad física o dolencia de algún tipo, situación que prende las alarmas y ratifica que la inasistencia médica en los establecimientos penitenciarios y en general en Colombia es una de las mayores problemáticas sociales que afectan la calidad de vida de las personas.

De igual manera se identificó que el 47.9% dice tener enfermedades o síntomas de trastornos psicológicos o emocionales. Esta cifra es desalentadora si se tiene en cuenta que la atención que recibe este tipo de afectaciones es mínima y siempre se invisibiliza. La mayoría de las veces, las afectaciones emocionales se atribuyeron al distanciamiento con sus núcleos familiares y la desesperanza que motivan las condenas a penas muy altas. También se encontró que varios de los trastornos psicológicos son derivados del rigor del conflicto armado y a graves violaciones de Derechos Humanos ocurridas en la prisión.

Tal es la situación de salud mental de Juliana Barrera*, recluida en la cárcel desde el año 2013 sin que se resuelva aún su condición jurídica. Ella presenta un severo caso de depresión, le han ordenado el suministro de medicamentos psiquiátricos y en seis oportunidades su remisión a establecimiento especializado para su enfermedad, pero estas órdenes nunca se han hecho efectivas.

Especialmente llamativo resultó el número de personas con enfermedades y problemas gastrointestinales como colon irritable, úlceras gástricas, gastritis, infecciones intestinales, entre otras enfermedades, que pueden tener origen en los horarios de alimentación impuestos en prisión, así como en la pésima calidad de la alimentación. En la totalidad de los establecimientos penitenciarios la denuncia más recurrente tenía que ver con los alimentos, lo cual no es de extrañar, si se tiene en cuenta que varias cárceles han tenido que cerrar sus restaurantes por tener comida en descomposición, tal como sucedió en junio de 2017 en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá.

También se identificó que el 20.3% de los presos políticos tiene algún tipo de discapacidad, en especial la motora, es decir, personas con dificultad para desplazarse o realizar algún movimiento. En su mayoría estas discapacidades son fruto de heridas causadas en el marco del conflicto armado. Es el caso de un joven preso en la cárcel de Picaleña, Ibagué, quien por varios impactos de tiros de fusil resultó herido en su brazo, con fractura de húmero. Hace dos años recibió intervención quirúrgica, pero nunca tuvo tratamiento, no se le retiró el tutor, ni ha tenido terapias, razón por la que el brazo puede llegar a perder la movilidad y dejar de ser funcional.

Respecto a la atención médica, se evidenció que el 43.3% de estos presos políticos manifiesta tener procedimientos médicos pendientes, ya sea en espera de un diagnóstico inicial, citas con especialistas y tratamiento o intervenciones quirúrgicas. El 53.3% de personas aludieron necesitar medicamentos, los cuales no se les suministran de manera regular o no se les suministran. De otro lado, es muy frecuente la discapacidad visual y auditiva.

Al indagar por las acciones humanitarias iniciadas por el Gobierno nacional para aliviar la situación de los presos políticos, se sabe que hasta el momento se realizaron nueve brigadas médicas en las cárceles de mayor concentración de presos políticos.

A pesar de lo positivo de la iniciativa de las brigadas médicas, esta atención resultó limitada y no puede considerarse como un alivio humanitario significativo. Las brigadas médicas solo prestan una atención básica, con una capacidad resolutiva nula, en la cual no se pueden realizar diagnósticos acertados de varias patologías y dolencias que requieren análisis de laboratorio o remisión con especialistas. Tal es el caso de las colonoscopias, rayos X, ecografías, exámenes de cuello uterino, entre otros.

Ante la evidente vulneración sistemática y generalizada del derecho a la salud y una vida digna por parte del Estado colombiano, resulta de vital importancia que se establezca un mecanismo o ruta de atención de carácter prioritario, en el cual se estudien los casos más graves en salud identificados en las visitas realizadas y se les brinde la atención médica que requieran de manera expedita.

También se deben realizar valoraciones por parte de Medicina Legal en los casos más graves de salud, con el fin de demostrar, donde sea posible, su incompatibilidad con la vida en reclusión. Esto podría facilitar el uso de una medida sustitutiva a la privativa de la libertad en centro de reclusión.

De reanudarse la mesa de diálogos en Quito, es fundamental la creación de una mesa de seguimiento que permita realizar una vigilancia a la gestión del Estado colombiano, y los criterios para hacerlo deben orientarse en el goce efectivo de derechos y de salud integral, es decir sobre los criterios del mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de los presos políticos, y no en la mera gestión. Este escenario también permitirá agilizar las atenciones médicas y resolver dificultades que se presenten en el camino, y los actores llamados a conformarlo son los entes de control, Fiduprevisora, el INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, ONG's acompañantes, el Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Salud, y representantes de presos políticos. Jamás se puede olvidar que sin importar las razones por las que estén allí los casi 120.000 presos, todos y todas siguen siendo seres humanos.

*Se cambió su nombre por seguridad y respeto a su intimidad.

Periferia conversó con Benedicto González, antes conocido como Alirio Córdoba, del bloque Martín Caballero de las FARC-EP, hoy Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Habló, entre otras cosas, de los incumplimientos del Estado y la falta de garantías para la reincorporación a la vida civil de exguerrilleros.


PO: ¿Cree que el Estado les ha cumplido los acuerdos pactados en La Habana, y desde su punto vista cómo cree que lo ven los elenos en estos momentos de negociación?
BG: Este momento de implementación, nosotros preferiríamos denominarlo como una suerte de renegociación de los diferentes compromisos adquiridos por el Estado colombiano en ese pacto de paz. Es así como temas cruciales, como el presupuesto de la paz, hoy tiene una suma inferior a la expectativa, no solamente de las Farc sino el del pueblo colombiano. Ese presupuesto ha sido recortado, y en contradicción con el aumento del presupuesto de guerra para el año 2018 que se ha incrementado. Eso demuestra que no existe una voluntad política de avanzar hacia la paz de Colombia, que no existe una decisión de la clase política de atacar las condiciones sociales, económicas y políticas que han generado este conflicto. No existe ningún propósito, ninguna intención de ceder sus fortunas, lujos, poder, que han caracterizado a esta oligarquía. Es una situación lamentable y delicada porque no solo el proceso con las Farc podría fracasar, sino que en vísperas de un acuerdo con el ELN, desmotiva e invita a esta organización insurgente a mirar con desconfianza un posible acuerdo.

PO: ¿Por ejemplo, en lo jurídico y económico se está cumpliendo lo pactado?
BG: Hay inseguridad jurídica, y un ejemplo de ello fue el gran operativo policial por aire y tierra que se desarrolló en la variante, en la antigua zona veredal hoy espacio de capacitaciones y reincorporación Ariel Aldana, en Tumaco, donde lidera nuestro querido compañero Edilson Romaña. Con cualquier pretexto, y acusado por narcotráfico fue capturado uno de nuestros compañeros, integrante del partido que acabamos de fundar, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, y existe la posibilidad y la amenaza de la extradición. Eso hizo que más de ciento cincuenta hombres y mujeres militantes de las Farc abandonaran el lugar, porque se sienten amenazados, sienten que no hay garantías.

En materia de seguridad socio económica para la reincorporación, tenemos la ausencia no solo de recursos sino de medidas y políticas para que los antiguos combatientes puedan adelantar las diferentes actividades que se requieren en una adecuada y exitosa reincorporación, por ejemplo en materia educativa, en materia de salud, y fundamentalmente socioeconómica, en la producción o la puesta en marcha de los proyectos productivos que incluyen la necesidad de la disposición de tierras, para que esta población del prolongado conflicto tenga sus propios sustentos de manera sostenible y digna.

Por otro lado, en cuanto al proceso, el Gobierno dijo que dispondría de ciento 29.5 billones de pesos a quince años para poner en práctica cada uno de los mandatos de la reforma rural integral, participación en política, fin del conflicto, sustitución de cultivos, y derechos de las víctimas. Según cifras publicadas por Fedesarrollo, solo para la implementación del primer punto del acuerdo de la reforma rural integral del nuevo campo colombiano, se requerirían 20 billones de pesos anuales. Entonces estamos encontrando la contradicción y la falta de decisión de la clase política colombiana para acabar con esa gran brecha de desigualdad y pobreza que reina en el país.

PO: ¿Qué pasa con las zonas donde tenían presencia, y cómo ven las garantías de seguridad?
BG: Es lamentable que esos territorios en los que ejercíamos control político y militar, una vez que hiciéramos el repliegue de nuestra fuerza hacia las llamadas zonas veredales, hoy espacios territoriales de capacitaciones y reincorporación a la vida civil, estén siendo copados y tomados por bandas y grupos paramilitares que actúan de manera libre, con la mirada cómplice del Estado colombiano. Estos grupos ponen en riesgo la seguridad y la vida de la población y en especial la de estos dirigentes. Es lamentable porque se demuestra que el Estado colombiano tiene una incapacidad para garantizar la seguridad y que sus mayores esfuerzos se han dado a combatir las movilizaciones y la protesta social de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, que exigen garantías, seguridad social, salarios dignos, educación pública y apoyo a la labor rural. Cuando se hacen esas exigencias, hace presencia ese gran componente que pasa de los quinientos mil efectivos, ese pie de fuerza no se destina a garantizar la seguridad de los territorios sino a reprimir la protesta social.

PO: ¿Cómo interpretan los homicidios de sus miembros y los más de 120 asesinatos a líderes de derechos humanos y sociales desde que se inició el proceso de paz?
BG: En materia de seguridad física personal, los ejemplos abundan, no solamente se atenta contra la vida de líderes sociales, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, sino que se viene atentando contra la vida de antiguos combatientes con la falsa matriz de que los hechos criminales provienen de las llamadas disidencias. Es una estrategia del estado gobernante para sabotear los esfuerzos de paz, de esperanza y de reconciliación de la mayoría de los colombianos.

PO: ¿Cree usted que después de los acuerdos existe alguna estrategia por parte del Gobierno para diezmarlos en el terreno político?
BG: En conclusión, para cerrar este primer capítulo, todo indica que la política y estrategia del Estado, del gobierno de Juan Manuel Santos y de la clase política es la de dispersar nuestra fuerza, es la de fragmentar, desunir, romper la cohesión de nuestra organización y sus militantes, aplicando o retomando sus estrategias de la desmovilización y la reinserción que tanto hemos debatido, porque para las Farc como organización, y para nosotros como integrantes, como individuos, no existe una desmovilización dado que nunca fuimos vencidos en la guerra, en la confrontación, igualmente en el tema de las armas, pues se trata de su no uso, pero no una entrega de las mismas. El acuerdo todo es el resultado de un consenso, de un pacto y por lo tanto es nuestra plataforma para nuestra movilización política

PO: ¿Cuál es la exigencia de los acuerdos de parte de los del común frente al paramilitarismo?
BG: Este es el punto del acuerdo que contiene las medidas, las garantías para el desmonte del paramilitarismo y la creación de una unidad especial dedicada a su investigación y desmantelamiento, la creación de un cuerpo élite de policía dedicado a combatir el paramilitarismo y las medidas para encontrar la verdad del conflicto, que deben garantizar que no se repita este periodo oscuro en Colombia. Todo eso está contenido en el tercer punto del acuerdo que se llama fin del conflicto. Lo único es que estas medidas han encontrado enemigos poderosos como el propio fiscal Nector Humberto Martínez y otros sectores de la vida militar en Colombia que no aceptan que se esté viviendo un momento histórico, que Colombia sigue anhelando la construcción de una paz estable y duradera, y la no repetición del conflicto.

Periferia contactó a la delegación de paz del ELN, con el objetivo de conocer sus apreciaciones sobre el cese al fuego bilateral que terminó el pasado nueve de enero, y las perspectivas sobre la mesa de negociación con el Gobierno colombiano. Aureliano Carbonell respondió algunas de nuestras preguntas.

Periferia: ¿Cuál es el balance general del cese al fuego? ¿Qué aspectos positivos y negativos resaltan?
Aureliano Carbonell: Positivo es que por primera vez el ELN, en 52 años, hace un cese al fuego de carácter bilateral, temporal y nacional. Es positivo el clima que se generó en las regiones donde ha sido más agudo el enfrentamiento. Es positivo también el efecto que tuvo sobre el país y el impulso que le dio al proceso de conversaciones. Lo negativo es que después de que hicimos los acuerdos sobre el cese y los protocolos, el Gobierno le dio su propia interpretación, de tal manera que él se eximía de ser examinado en cuanto al cumplimiento sobre los componentes humanitarios. Eso parece que se aplicara solamente al ELN. Por ejemplo cuando se dio la muerte del gobernador indígena del Chocó, ese caso sí era objeto de verificación en el cese. Nosotros reconocimos ese como un error, el Frente de Guerra Occidental así lo planteó, pidió perdón, y sobre todo reconocimos nuestra responsabilidad y nuestra autoría.

El Gobierno no tuvo la misma conducta. Se dieron los hechos de Tumaco donde murieron campesino por disparos de la fuerza pública; también la muerte el ocho de octubre de la periodista del resguardo Kokonuko en medio de un enfrentamiento entre indígenas y ESMAD; así mismo, un tratamiento de guerra a la protesta social que se realizó por parte de los campesinos y de los indígenas a fines de octubre y principios de noviembre. Son hechos graves en los que no se cumple el propósito del cese, de llevar alivios humanitarios a la población, y tampoco el Gobierno aceptó que fuera examinado dentro de los acuerdos de cese al fuego. Nosotros esperábamos que en el cese al menos el Gobierno generase unas medidas especiales, que disminuyeran el número de líderes sociales asesinados en esos tres meses, pero realmente eso no pasó.

El Gobierno en esos meses, especialmente en el último mes, saturó o llevó un gran volumen de tropa a distintas regiones donde nosotros hacemos presencia. Eso alteraba el estado militar y no está dentro del espíritu de lo acordado. Así mismo la fuerza pública asaltó dos de nuestros campamentos en el mes de noviembre, protestando que allí se estaba en flagrancia. Eso contradecía los protocolos y los acuerdos, lo que llevó a que nosotros nos retiráramos del mecanismo de veeduría y verificación, porque este ya no tenía una base para actuar. Sin embargo, decidimos mantener el cese hasta el nueve de enero.
P: ¿Consideran que se lograron alivios humanitarios importantes para la sociedad colombiana?
AC: En las comunidades o regiones donde más agudo es el conflicto, el hecho de que no hubiera una actividad militar mutua, creaba una situación más positiva en la región, y en ese sentido es algo bueno. De todas maneras, por ejemplo el paramilitarismo en distintas regiones seguía actuando, la fuerza pública en muchas de ellas tiene una complacencia con esa actividad, y por eso no había una mejor situación humanitaria.


P: ¿El cese favoreció el avance de la mesa? Si esto fue así, ¿en qué va el primer punto de la agenda?
AC: Durante el tiempo del cese, en el mes de noviembre, se realizaron las que se han conocido como audiencias preparatorias, y eso que es un prólogo, digámoslo así, hacia la participación, la gran participación de la sociedad. Pues es positivo que se haya realizado, porque allí la mesa consultaba a distintos sectores de la sociedad sobre qué propuestas tenían para la participación, cuáles pensaban que eran los mecanismos más apropiados, la metodología, de tal manera que esos elementos jugaran de una manera decisiva en los diseños que vamos a hacer de participación de la sociedad.

P: Falta muy poco para que se acabe el mandato Santos. ¿Cuáles creen que son los avances necesarios para que cuando haya cambio de mandato presidencial se pueda sostener la negociación? ¿Cómo lograrlo?
AC: Efectivamente ya queda este semestre para que termine el mandato del presidente Santos. Con la delegación del Gobierno que estuvo hasta el mes de diciembre, hablamos de tratar de dejar el proceso en un punto avanzado que haga que deba ser continuado por el próximo gobierno, gane quien gane. Esperamos en lo que resta, logremos hacer un diseño como mesa, las dos delegaciones, de lo que sería propiamente la participación de la sociedad, y también esperamos que se haga un primer escalón de esta participación, que se den unos primeros pasos. Vemos que el tiempo se agota, y con estos impasses que se han presentado para iniciar el quinto ciclo, se hace más crítico. La participación como tal no se va a lograr en forma plena, pero si hay voluntad de parte del Gobierno, podemos dar unos primeros pasos, y eso sería positivo porque mostraría un camino, le daría un aliento al proceso, a ese ambiente de participación que hay en algunos sectores.

P: Si se rompen los diálogos, ¿qué piensa hacer el ELN?
AC: En este proceso, y lo mismo sucedió en el caso de La Habana, hay momentos en los que el Gobierno ha querido imponer sus propias condiciones, es decir, asumir un condicionamiento unilateral, e imponer por fuera de las conversaciones de las mesas posiciones y aspiraciones que tiene. Aquí hay dos partes que están enfrentadas, y por lo tanto tiene que regirse por la bilateralidad, igualmente si hay una mesa, entonces los problemas se examinan, se abordan y se resuelven en la mesa, y no por fuera de ella. Ahora pasa que en la medida en la que no prolongamos un cese al fuego, que para nosotros estaba en crisis, y en el cual ellos estaban incumpliendo lo acordado, entonces viene de nuevo el condicionamiento por fuera de la mesa. Un proceso en esa forma no es positivo, no logra sus objetivos.

De todas maneras, nosotros por la situación del país, por la situación en que se encuentra este Gobierno, por la presión que hay desde distintos sectores de la sociedad y de la comunidad internacional, pensamos que esta crisis se va a superar y que el proceso va a seguir para adelante. La paz es algo positivo, que tenemos que seguir buscando. Nosotros estamos en ese camino, pero la paz necesita de transformaciones, necesita de nuevas realidades. Siempre y cuando el Gobierno se disponga a ello, podremos avanzar, y aspiramos a lograr una nueva situación para Colombia, más promisoria, de cambios, de equidad, y por lo tanto de paz.

Después de nueve meses de iniciada la fase pública del proceso de negociación y diálogos de paz en Quito, entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, este 30 de octubre de 2017 en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, a una media hora de Bogotá, se dio inicio al proceso de consulta sobre el punto uno de la agenda acordada desde el 30 de marzo de 2016 en Venezuela: Participación de la Sociedad en la Construcción de Paz en Colombia.

Lo primero que hay que dejar claro, según palabras del comandante Pablo Beltrán, y de Consuelo Tapias de la subcomisión de participación del ELN, es que esta no es la participación sino un espacio de consulta con organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, para construir un mecanismo y un diseño que permita desarrollar el proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz. No debe ser el Gobierno o el ELN el que diga cómo participa la sociedad sino la misma gente la que lo proponga.

En principio, este ejercicio de escuchar a cerca de 225 personas, representantes de igual número de organizaciones e instituciones de la sociedad civil y algunas del Estado, se haría en la ciudad de Quito, pero debates alrededor de la metodología, la logística y los altos costos los condujeron a desarrollar el proceso en Colombia. Por eso decidieron conjuntamente enviar a la subcomisión de participación de la Mesa de Quito integrada por dos negociadoras del ELN: Consuelo Tapias y Silvana Guerrero, y dos del Gobierno: Luz Elena Sarmiento y Juan Sebastián Betancur, para cumplir con la importante tarea de escuchar y tomar atenta nota sobre las propuestas.

Las partes nombraron seis relatores que se encargaron de escuchar detenidamente, sistematizar y sintetizar las exposiciones de cada participante, que duraban 15 minutos cada una. Este delicado trabajo será el insumo a partir del cual las partes de la Mesa de Quito definirán cómo es que se adelantará el proceso de participación de la sociedad en la construcción de paz de Colombia. Un trabajo que no será fácil, pues a pesar de importantes consensos o coincidencias entre las propuestas, las líneas rojas del Gobierno y los gremios que allí se presentaron, se mantienen.

También, vale anotar que existió descontento entre algunos miembros de la Mesa Social para la Paz, que reúne más de 200 organizaciones sociales y comunidades de fe, por el formato tan conservador que asumió la Mesa de Quito para adelantar estas audiencias previas a la participación. No hubo publicidad en los principales medios de comunicación ni por parte del Gobierno ni del ELN, tampoco fueron invitados los medios al cubrimiento periodístico de las audiencias, y para colmo de males, los jefes de delegación no se presentaron de manera directa a la instalación de un proceso que según el ELN y el Gobierno es la columna vertebral de la negociación. Según la Mesa Social para la Paz, fue una gran falla no aprovechar el inicio de las audiencias para animar a la sociedad y crear un ambiente propicio a la paz en un momento complicado en la implementación de los acuerdos de La Habana, y para la visibilización de la Mesa de Quito que ha pasado de bajo perfil.

Consensos y líneas rojas
Consultados algunos de los participantes en las audiencias, y miembros de la subcomisión de participación del ELN, coinciden en que las audiencias fueron exitosas y que las exposiciones en su gran mayoría cumplieron el objetivo de ofrecer propuestas de participación. En este sentido aseguran que hubo coincidencias incluso entre sectores, gremios y regiones que conservan diferencias políticas e ideológicas.

Algunos consensos son: la participación se debe desarrollar desde los territorios, que es donde se vive con mayor intensidad el conflicto armado y las dificultades de injusticia social. Así mismo, que debe ser de abajo hacia arriba, es decir desde lo local a lo departamental, regional y nacional. Partiendo desde los espacios territoriales como veredas y municipios. También debe ser amplia y plural, o sea que participen todos y todas sin importar partido, etnia, condición económica; en este sentido la propuesta de Gran Diálogo Nacional desde el movimiento social retoma fuerza. Debe aprovechar el enfoque diferencia acordado en La Habana. La mayoría de participantes también propusieron prorrogar y proteger el Cese Bilateral del Fuego.

Aunque no fue consenso, se escuchó de manera mayoritaria que el proceso de diálogos debería trasladarse a Colombia para estar cerca de la sociedad, que es la que recibirá los frutos de un eventual acuerdo. Esto además permite rodear el proceso y dinamizarlo. El otro tema que fue reiterado en casi todas las intervenciones fue el carácter de la participación, para la mayoría debe ser vinculante, o sea decisorio, o sino, dice la gente, para qué se le invita a participar si no es para decidir. Sin embargo, el Gobierno y algunas instituciones y gremios hablan de incidente, o que simplemente recomiende.
Las líneas rojas, que son los temas que según el Gobierno y los empresarios invitados no se pueden ni deben tocar por ningún motivo, y que también se plantearon en el proceso de La Habana, en este caso también fueron defendidos con vehemencia. Por ejemplo que el Modelo no se discute, tampoco la propiedad privada, ni la política minero energética, ni la doctrina militar.

Formas de participar
El 16 de noviembre, con la participación de la región Caribe, los sectores urbanos y las organizaciones indígenas y afros que habían aplazado su participación, finalizaron las audiencias. Las propuestas presentadas, algunas complejas, otras completas y otras muy puntuales, dejan un insumo muy importante en donde se señalan cómo, cuándo y dónde se debe realizar lo que sería un novedoso y dinámico proceso de apertura a la democracia en un país como Colombia que lo pide a gritos.

El concepto asambleario es el más mencionado, es decir la herramienta de reunión en grandes colectivos que permita construir propuestas a partir de temas concretos. Entre ellos se habló de congresos populares, mesas temático territoriales y poblacionales, y cabildos abiertos. En este sentido las mujeres, el sector minero energético y los trabajadores llevaron propuestas concretas. Otros plantearon que estas dinámicas deberían caminar a través de un proceso hacia una gran constituyente.

El Gran Diálogo Nacional y el minero energético y ambiental, son tal vez las herramientas más importantes que se recogen en este ejercicio, porque es a través de estos que se podría llegar a acuerdos básicos y fuertes, entre sectores antagónicos, para adelantar este proceso de participación, al cual aún le falta establecer con claridad los temas centrales, los que deberían salir justamente del ejercicio de diálogo. Sin duda el país merecía haber escuchado y observado en vivo tan importante ejercicio.

Actualmente Colombia se encuentra oscilando entre la desinformación de los medios de comunicación y la esperanza de superar tantas décadas de violaciones a los Derechos Humanos -DDHH-y al Derecho Internacional Humanitario -DIH-.

Con el propósito de generar escenarios de justicia transicional, se ha acordado el diseño e implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), como una oportunidad histórica para develar los factores que dieron origen y han determinado el desarrollo del conflicto que vive el país.

Este sistema contiene diez principios que nacen en el acuerdo de La Habana y son desarrollados mediante el Acto Legislativo 01 del cuatro de abril del 2017, donde se ubica a las víctimas en el centro de este andamiaje de justicia transicional, concibiéndolas como el actor principal en el restablecimiento de sus derechos y la contribución para que los actores -grupos insurgentes, paramilitares, terceros que se han beneficiado por el conflicto y principalmente agentes del Estado-, no vuelvan a repetir los hechos victimizantes.

Uno de los escenarios del Sistema será la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), la cual obedece a los principios de equidad, equilibrio y simetría en el tratamiento a todas aquellas personas que tienen responsabilidad en la comisión de delitos configurados como graves violaciones a los DDHH y al DIH.

Bajo esa lógica se diseñó la ley 1820 de 2016, una iniciativa legislativa que busca aplicar algunos beneficios tanto a insurgentes como a agentes del Estado, con el fin de reducir la utilización de medios retributivos de la justicia, y de esa manera instar a los actores armados a contribuir a la materialización de los derechos de las víctimas, siempre bajo la premisa de generar un trato simétrico, equilibrado y equitativo.

Conforme a estas condiciones, se crean tres figuras aplicables a los integrantes de la insurgencia, a saber: amnistía de iure, libertad condicionada y traslado a zona veredal. Al transcurrir los 180 días (prorrogados) de la existencia de las zonas veredales, los excombatientes de las FARC-EP adquirieron la libertad condicionada mediante Decreto 1274 de 2017. Asimismo, se crean tres figuras aplicables para los agentes del Estado: renuncia a la persecución penal, libertad condicionada y traslado a guarnición militar. Cada una de ellas con requisitos exigibles de manera simétrica y equilibrada.


Tanto la amnistía iure como la renuncia a la persecución penal son destinadas para delitos no graves; la libertad condicionada ha sido diseñada para aquellos casos graves como crímenes de lesa humanidad o de guerra, siempre y cuando el implicado (insurgente o agente de Estado) se encuentre privado de su libertad por cinco años o más.

Por último, el traslado a zonas veredales o a guarnición militar (según sea aplicable), únicamente se puede predicar para delitos graves como crímenes de lesa humanidad o de guerra, siempre y cuando el implicado lleve menos de cinco años privado de su libertad.

Sin embargo, por iniciativa y discurso engañoso del señor Néstor Humberto Martínez Neira, fiscal general de la nación, se impulsó por parte del Gobierno nacional el Decreto 706 de 2017, cuya pretensión era aplicar únicamente a agentes del Estado otros beneficios sumados a los ya desarrollados mediante la Ley 1820.

Figuras como la revocatoria y la sustitución de las medidas de aseguramiento para agentes del Estado, hacían parte del cúmulo de nuevos beneficios para estos, cuyo sustento no era más que, según el análisis miope del fiscal general, equilibrar la balanza en el tratamiento para los militares, toda vez que, a diferencia de los insurgentes, estos aún se encontraban privados de la libertad.

Nada más alejado de la realidad que lo afirmado por el fiscal general de la Nación; la Ley 1820 desarrolló figuras equilibradas para todos aquellos actores que pretendan sujetarse a la JEP. Además, según cifras de la Secretaría de la Jurisdicción especial Para la Paz, son 1.751 Agentes del Estado que se encuentran en el censo de esta dependencia. De dicha cifra, 1.693 personas, es decir el 96%, han suscrito actas de compromiso de sometimiento a la JEP, de estas, 669 personas han sido beneficiadas con la libertad condicionada y 87 con el traslado a alguna guarnición militar.

En otras palabras, y en concordancia con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, la aplicación de la revocatoria y sustitución de la medida de aseguramiento, contenidas en el Decreto 706, únicamente para los agentes del Estado, estaría creando un trato asimétrico y ventajoso a favor de los militares. No obstante, hasta hoy han sido beneficiados con estas figuras 243 castrenses.

La problemática se tornó más grave aún tras la expedición de la Circular 0005 del 19 de mayo del año en curso, suscrita por la señora María Paulina Riveros Dueñas, vicefiscal general de la Nación, donde imparte una directriz a sus funcionarios delegados ordenándoles solicitar de manera inmediata la revocatoria y/o sustitución de la medida de aseguramiento a favor de los militares involucrados en casos de lo que la opinión pública ha conocido como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, aseverando que los únicos requisitos de ley que se deben considerar para aplicar estos beneficios son la solicitud presentada por el agente del Estado dirigida a la Fiscalía y la suscripción de un acta de compromiso de sometimiento a la JEP.

Esta situación evidencia que el espíritu del acuerdo de paz celebrado entre las FARC-EP y el Estado colombiano, se ve desdibujado una vez ingresa al Congreso de la República y al Gobierno, los cuales han modificado elementos determinantes de las normas que han surgido alrededor de esta oportunidad de alcanzar la paz en el territorio nacional.

La reglamentación e implementación de los acuerdos, mediante el proceso legislativo, no puede convertirse en un escenario donde se cambien las reglas de juego a quienes participaron de los acuerdos de paz, no se trata de una renegociación de los acuerdos.

Aunque ya se han elegido los 51 magistrados que conformarán la JEP, aún se encuentra en trámite la ley estatutaria que le dará reglamentación y existencia material a este escenario de justicia transicional, ya que si bien se expidieron los Actos Legislativos 01 y 02 de 2017, estos se han configurado como parámetros generales que exigen un nivel más específico de regulación por parte del legislador colombiano.

Hasta la fecha se han aprobado 102 artículos de 160 que contiene la ley estatutaria, en medio de álgidos debates y shows mediáticos de algunos partidos políticos, quienes de manera cínica se han escudado en un falso discurso en el que se abanderan de las luchas de las víctimas para negar su respaldo a la Justicia Transicional.

La ausencia de Cambio Radical y el Centro Democrático no es una situación fortuita, se consideran detractores de la ley estatutaria debido a su supuesta “defensa de las víctimas”, empero, tras bambalinas esconden su intención de proteger los intereses de terceros beneficiados con el conflicto colombiano, e incluso cuidar los suyos, toda vez que ambos partidos han tenido una larga trayectoria de relación con el paramilitarismo y la corrupción. No en vano, muchos de sus integrantes y cercanos, han sido sancionados penalmente por parapolítica, paramilitarismo, narcotráfico, homicidios, entre otros hechos victimizantes que ponen en tela de juicio la imparcialidad y seriedad de estos partidos políticos

A esto se suma las declaraciones del señor Germán Vargas Lleras, integrante también del partido Cambio Radical, quien ha aseverado de manera engañosa que la JEP juzgará 48 millones de colombianos, intentando polarizar la sociedad civil frente al rechazo de la legitimidad de la JEP, maquillando las relaciones paramilitares de su partido político.

Asimismo, el fiscal general de la Nación, señalado en los escándalos de corrupción en los debates del Congreso, ha sido un obstáculo más para la aprobación de la ley estatutaria, pues ha centrado su discurso mediático en la responsabilidad de la insurgencia, pero de otro lado imparte directrices a sus delegados para que otorguen beneficios a los agentes del Estado, generando tratamientos asimétricos y ventajosos, haciendo venia al cinismo del ente acusador mediante entuertos jurídicos que dan la espalda a la ley y la constitución.

La ratificación de las víctimas como centro del sistema de justicia y la participación de las mismas, si bien era un aspecto poco claro hasta el momento, quedaron consignadas en el articulado aprobado, que ha establecido que estas mínimamente tendrán una participación como intervinientes especiales, y las normas que se expidan en el futuro podrán considerarlas más que esto.
También se deja claro que el juzgamiento y sanciones se generarán conforme a una interpretación complementaria del Derecho Internacional de los DDHH y del DIH, asumiendo la responsabilidad estatal de materializar la protección y respeto por las garantías fundamentales de los ciudadanos.

Asimismo, ha quedado con carácter explícito el compromiso del Estado colombiano de no repetir hechos victimizantes como lo ocurrido con la Unión Patriótica, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la creación, promoción o apoyo a grupos paramilitares.


A pesar de ello, aún se encuentra en tela de juicio el compromiso del Estado con la paz y las garantías de no repetición, pues el discurso que se ha querido posicionar ante la opinión pública invisibiliza su responsabilidad como principal actor victimizante. Las constantes declaraciones en las que se asevera que las víctimas son falsas o se pretenden mostrar a los militares como mártires de la justicia colombiana son muestra de ello.

No en vano el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de Policía ha manifestado que la JEP es un instrumento para continuar la guerra jurídica que se ha generado en los estrados judiciales contra los agentes del Estado. Pronunciamientos irresponsables que buscan mostrar a los victimarios como víctimas.

Las FARC-EP hasta la fecha han llevado a cabo actos tempranos con carácter reparador, como el perdón pedido a las víctimas de Bojayá y de Granada, mientras que el Estado colombiano sigue negando su responsabilidad.

Aun así, la sociedad colombiana no puede caer en el pesimismo absoluto. En este momento de nuestra historia existe una pugna para definir quién la escribe y cuál verdad se posiciona. Las víctimas de crímenes de Estado han asumido esta disputa mediante el ejercicio de la memoria colectiva, negándose a que el victimario (Estado) escriba la historia del conflicto que ha vivido el país, batallando para que las generaciones venideras escuchen sus voces y conozcan la realidad de esta historia de dolor y lucha.

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