Crisis de la educación pública se toma la Universidad del Tolima

La Universidad del Tolima, UT, institución de carácter público, atraviesa una situación crítica desde el año 2002, pero manifiestamente agravada desde marzo del 2015, luego de que estudiantes de la Facultad de Educación se pronunciaran frente a una eventual crisis financiera. Se realizaron cierres de la universidad y de esta facultad, y convocaron a una asamblea triestamentaria para socializar la situación, tras lo cual distintas facultades empezaron a denunciar la mala calidad académica y de infraestructura, y se evidenció la falta de presupuesto. Paralelamente docentes, estudiantes y trabajadores pidieron datos exactos y cifras del manejo financiero de la institución con el fin de verificar la situación.

Para finales del semestre B – 2015, docentes y catedráticos de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios -ASPU-, cerraron la universidad por adeudarles dos meses de salario y por falta de garantías del pago de liquidación y prestaciones laborales. Además la administración no reconoció la crisis financiera y mencionó que era un problema de flujo de caja. Posteriormente surgió un periodo asambleario triestamentario, y el rector hizo pública la crisis y el hueco fiscal de aproximadamente 22.000 millones de pesos ubicando posibles soluciones por medio de la autorregulación y austeridad.

El 14 de enero de 2016, al iniciar actividades laborales, funcionarios del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia -SINTRAUNICOL- pararon actividades y se tomaron el Campus universitario, por adeudarles el salario de diciembre y la prima. A esto se sumaron los profesores de ASPU y los estudiantes. El 29 de enero, en el primer consejo del año, se posesionó en la presidencia del Consejo Superior de la universidad el nuevo gobernador del Tolima Oscar Barreto; allí decidieron pedir una comisión de acompañamiento financiero al Ministerio de Educación para dar claridades sobre el monto real del déficit. El 3 de febrero llegó esta comisión, amparada por la Ley 1740 de inspección y vigilancia, pero los estamentos (estudiantes, trabajadores y profesores) impidieron su entrada al campus, porque contrario a lo que pretende, esta ley no garantiza la autonomía universitaria.
Según debates realizados por académicos y estudiantes, la situación de la Universidad del Tolima es reflejo de la ley 30 de 1992 y su hundida reforma en el 2011, posteriormente “Acuerdo por lo Superior 2034”. Esto significa que las universidades públicas de Colombia están sufriendo la agudización de su crisis financiera producto de los recortes presupuestales que los gobiernos de Juan Manuel Santos y mandatarios anteriores han realizado en la consolidación de un modelo neoliberal, que en tema de educación (una de las principales banderas del gobierno actual) busca la privatización del sector público.

Mario Vera, profesor y funcionario de la Universidad del Tolima, plantea que el déficit general de la universidad pública en el país, está entre 5 y 6 billones de pesos. En la Universidad Nacional supera los 90 mil millones de pesos; en la universidad de Caldas los 25 mil millones de pesos; y se estima que el déficit de la Universidad del Tolima está en 28 mil millones de pesos.

¿Cómo va la crisis de la UT?
Además del tema financiero, las causas de la crisis de la UT son políticas, asegura Mario Vera, pues existe “una disputa por el poder y el control de la UT, donde el gobernador Oscar Barreto es uno de los actores claves. Durante su primer periodo hace ocho años, se caracterizó por nunca haberle girado lo que por ley 30 le correspondía girar a la universidad, y por haber bloqueado las diferentes iniciativas que desde la Universidad se agenciaban para captar recursos”. Cabe recordar que el gobernador es actualmente el presidente del Consejo Superior.

Desde el año 1993 el gobierno departamental tiene una deuda con la UT, que al día de hoy suma 12 mil millones de pesos. Barreto, buscando mostrarse como partidario de la solución, giró este año 3.400 millones de pesos, pero esta cifra no representa ni el 3% del presupuesto global del Alma Máter; además, paralelo a esta medida, el mandatario ordenó en el Consejo Superior el recorte del presupuesto del 2016 a 19 mil millones de pesos, cuyo monto original era de 26 mil millones de pesos.

Estefany Andrade, también funcionaria de la UT, explica que “las transferencias de la nación corresponden al 45% del presupuesto total, y las transferencias departamentales a un 3%, es decir, a la Universidad se le asigna el 48% del presupuesto, y un 52% debe ser gestionado con recursos propios para que pueda sostenerse; en ese sentido la Universidad cada vez tiene que hacer mayores esfuerzos para poder garantizar sus actividades”. Esta realidad es similar para las demás universidades públicas del país, con lo que se justifica que tengan que recibir inversión privada, y por lo tanto, dejar de ser instituciones de carácter completamente público.

Ante esta situación, Andrade propone rescatar la autocrítica en todos los actores universitarios, porque hay excesos no solo en los niveles administrativos, sino también en los sujetos involucrados dentro de la universidad. Sugiere entonces tener un ejercicio ético en todos los estamentos, no con el ánimo de generar mayores fracturas entre todos, sino para generar puntos de articulación y unidad en aras de crear un movimiento nacional en defensa de la universidad pública. Es necesario reflexionar sobre el carácter público de la educación, y exigir su financiación total por parte del Estado colombiano.

El déficit presentado por la Viceministra de Educación Superior al Consejo Superior fue aforado en $22.638.616.000 en tesorería, dado que cubrió con el recaudo 2015, obligaciones rezagadas de vigencias anteriores, lo cual cuestiona la viabilidad en funcionamiento y el inicio de clases en este primer semestre del 2016 por parte de la comunidad universitaria.

Ante este panorama, el presupuesto inicialmente aprobado para el 2016 por $126.670.183.373 fue controvertido por el Consejo Superior, sobre el cual decidió realizar un ajuste presupuestal y reducción por $18.948.105.860 para la presente vigencia, que implicó un ajuste en cambio de fuente de financiación por $8.295.039.468 referidos los gastos de inversión a la docencia, investigación y proyección social que se cubrirán a través de proyectos formulados con recursos CREE del Ministerio de Educación. Los $10.653.066.392 restantes, se reflejan en la reducción de gastos de personal, gastos generales y gastos de inversión.

Tal situación ha generado que cada estamento universitario construya sus propuestas por separado, defendiendo sus intereses y en detrimento de los otros estamentos. Esta situación obstaculiza el fortalecimiento y la articulación de la comunidad universitaria. La administración actual ha mediado entre los distintos intereses con el propósito de darle viabilidad a la universidad y dio inicio al semestre académico el pasado 14 de marzo.

La unidad es justa y necesaria
El sector estudiantil de la UT se ha movilizado y organizado para salir de la crisis actual. Luisa Fernanda Arango, estudiante de Historia e integrante del proceso Identidad Estudiantil, insiste en estrechar lazos de unidad entre la comunidad educativa y la comunidad ibaguereña y departamental para defender la única universidad pública del Tolima. A su vez, plantea la necesidad de crear un frente común por la universidad pública con el apoyo del pueblo colombiano, pues en el periodo actual donde el tema de la paz hace parte de la agenda nacional, se requiere una formación académica para todos. En eso coinciden trabajadores de SINTRAUNICOL y profesores.

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